Herramientas de análisis de presupuesto mejoran los servicios de salud pública
Análisis presupuestario informa un caso en la Corte Suprema para proteger la salud de mujeres y niños a nivel local en India, por Prashant Raymus, Center for Enquiry into Health and Allied Themes relacionados
Monitoreo comunitario lucha contra la corrupción y mejora los servicios de salud en la India, por Rocío Campos, International Budget Partnership
Barómetro de ejecución del presupuesto y prestación de servicios mide el compromiso del gobierno hacia los servicios de desarrollo en Zambia, por Faraz Haqqi, International Budget Partnership
Grupos presupuestarios de la sociedad civil llevan a cabo análisis presupuestario con enfoque de género, presupuestos ciudadanos y auditorías sociales en Armenia, Botsuana y Kenia
Presupuestos con enfoque de género en Armenia: desafíos y logros, por Gagik Torosyan, Economic Development and Research Center
La promesa de un presupuesto ciudadano en Botswana, por Gape Kaboyakgosi, Botswana Institute for Development Policy Analysis
Musulmanes por los derechos humanos (MUHURI) de Kenia lleva su éxito en auditorías sociales al siguiente nivel, por Rocío Campos, International Budget Partnership
El análisis presupuestario y el activismo para el gasto social eficiente
Monitoreo del gasto público para la agricultura y la salud en Guatemala, por Alejandro Aguirre, Coordinación de ONG y Cooperativas
Información obtenida a través de una solicitud formal de información revela el escaso gasto de fondos para generar puestos de trabajo en áreas de bajos ingresos en Argentina, por Federico Arenoso, Poder Ciudadano
Una respuesta al presupuesto de Sudáfrica de 2011, por Len Verwey y Saranne Durham, Idasa
El Instituto de estudios socio-económicos usa el análisis presupuestario para incrementar la eficiencia del gasto público de Brasil con enfoque en los derechos humanos, por Atila Roque, Instituto de estudios socio-económicos
Ayuda para el desarrollo
La política detrás de la ayuda para el desarrollo, por Ravi Duggal, International Budget Partnership
Análisis presupuestario informa un caso en la Corte Suprema para proteger la salud de mujeres y niños a nivel local en India, por Prashant Raymus, Center for Enquiry into Health and Allied Themes
El trabajo conjunto a nivel local y distrital para prevenir la desnutrición infantil en Maharashtra del Center for Enquiry into Health and Allied Themes y otras organizaciones voluntarias como KHOJ (Búsqueda del conocimiento, la esperanza, las oportunidades y la justicia, por sus siglas en inglés) comenzaron un programa de orientación con el gobierno local en 2007. El objetivo del programa es mejorar los servicios de salud para mujeres embarazadas y niños en todos los centros de salud del gobierno en Melghat, un área tribal o de bajos recursos en Maharashtra. El programa capacitó a niños y niñas locales de Korku y otras comunidades como consejeros para a) promover la educación para la salud; b) incrementar el acceso a los servicios de salud para personas autóctonas; c) facilitar servicios para reducir las muertes de madres y niños a través de visitas regulares; e d) informar sobre las condiciones de los establecimientos de salud.
Según una evaluación independiente del programa de orientación de 2009 por parte de la organización internacional, Bhavishya Alliance y el grupo nacional, el Centre for Studies in Ethics and Rights, éste había logrado mejoras cualitativas y cuantitativas en los servicios hospitalarios de Melghat, como:
- un aumento del 13 por ciento en el número de pacientes que reciben servicios ambulatorios y de internación, mientras que los gastos aumentaron menos del 5 por ciento;
- un aumento en los servicios hospitalarios;
- internaciones más largas de bebés gravemente desnutridos;
- mejoras en las instalaciones especializadas, los servicios de ambulancia y la calidad de los alimentos para bebés gravemente desnutridos;
- la prestación de servicios hospitalarios las 24 horas; y
- un mejor cuidado del paciente.
A pesar de estas mejoras y de la recomendación de la evaluación de continuar con el programa, en febrero 2010 las autoridades ordenaron cancelar el programa de orientación sin ofrecer ninguna explicación. Ante esto, KHOJ escribió una carta al secretario de admisiones de la Corte Suprema de Mumbai solicitando una investigación y presentó un testimonio por escrito como respuesta a la decisión del gobierno estatal. En el testimonio, KHOJ presentó evidencia presupuestaria sobre la escasa utilización de las asignaciones en áreas de salud fundamentales, la insuficiencia de los fondos asignados a los programas de orientación y de desnutrición infantil, y el bajo nivel del gasto sanitario en Melghat comparado con otros distritos. Entonces, KHOJ recomendó que el gobierno invirtiera recursos óptimos en la Ley nacional de garantía del empleo rural (NREGA, por sus siglas en inglés) para brindar los 100 días de empleo garantizados establecidos por la ley. El ingreso de este empleo, sumado a los beneficios recibidos por el presupuesto alimenticio suplementario para niños desnutridos, permitiría a las familias pobres satisfacer sus necesidades nutricionales. En diciembre de 2010, la Corte Suprema llevó a cabo una audiencia para examinar la evidencia y ordenó la continuación del programa de orientación. La Corte ordenó al gobierno revisar las preocupaciones financieras presentadas por KHOJ y declaró:
“En lo concerniente al suministro presupuestario, se sostiene que durante el corriente año financiero 2010-11, un presupuesto de 4.119.000 rupias [1] queda a disposición de la Sociedad sanitaria del distrito, Amravati, bajo RCH-II PIP 2010-11 para la organización de VCDC (centros de orientación) y CTS (centros de tratamiento infantil).
Los demandantes sostienen que el monto de 4.119.000 rupias no será suficiente para el presente año financiero 2010-11 porque alrededor de 50.000 niños en el distrito de Amravati padecen desnutrición y el monto mencionado significaría 82 rupias por niño para el resto del año. Se sostiene que se requieren 30 rupias por niño por día, es decir, 900 rupias mensuales por niño y, por lo tanto, por cuatro meses (de lo que queda del año fiscal) la cifra mencionada no es suficiente.
De ahí que el Secretario Jefe Adicional declara que el gobierno considerará la sugerencia mencionada anteriormente.”
El 24 de enero 2011 el gobierno llevó a cabo una consulta denominada “Procesos de implementación del plan de salud para tribus y presupuestos,” con varias partes involucradas, incluido Ravi Duggal del International Budget Partnership, quien presentó y moderó la sesión sobre asuntos presupuestarios. En esta reunión, el gobierno anunció que una subvención suplementaria de 5.000.000 rupias se había asignado al programa de orientación en respuesta a la orden de la corte de diciembre 2010 y que se asignarían más recursos para mejorar los servicios de salud. Los participantes acordaron que las asignaciones futuras deberían ser asignaciones adecuadas con base en los costos (es decir, asignaciones que estimen en forma precisa el costo por niño para ofrecer el cuidado adecuado y ofrecerle ese monto a todos los beneficiarios previstos que reúnan las condiciones), equivalentes a 900 rupias por niño por mes (o 15 veces la asignación actual de 135.000.000 rupias, suponiendo un tratamiento nutricional infantil de tres meses).
Como parte de la revisión de los fondos para el programa de orientación, el gobierno del distrito y los secretarios de desarrollo tribal, rural y de salud se dirigieron a varias organizaciones de la sociedad civil para desarrollar un documento guía para el trabajo futuro en Melghat. Una coalición de la sociedad civil discutió cómo participar en este proceso, sobre todo para incrementar el presupuesto del programa.
Para mayor información, contactar a Prashant Raymus a [email protected].
Monitoreo comunitario lucha contra la corrupción y mejora los servicios de salud en la India, por Rocío Campos, International Budget Partnership
En 2005 el gobierno de la India lanzó la Misión nacional de salud rural (NRHM, por sus siglas en inglés) para mejorar la prestación de servicios de salud y brindar acceso universal a los servicios de salud en zonas rurales. Para ello, el NRHM incluyó un proceso de rendición de cuentas donde un componente clave es brindarles la oportunidad a los miembros de la comunidad de monitorear regularmente el progreso de las intervenciones de la NRHM y hacer sugerencias para mejorar la planificación de las actividades de salud. Los nueve estados seleccionados para la fase de monitoreo comunitario de 18 meses fueron Assam, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka, Madhya, Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan y Tamil Nadu. En cada estado se seleccionaron de tres a cinco distritos y así se incluyeron 1,600 pueblos y 300 establecimientos de salud pública.
El Center for Health and Social Justice (CHSJ) trabajó con el Ministro de Salud y Bienestar Familiar para establecer un mecanismo de monitoreo comunitario que incluyó una secretaría nacional y un grupo de consulta sobre acción comunitaria de guía y vigilancia. Además de estos esfuerzos para coordinar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los ciudadanos y los funcionarios del gobierno, la secretaría nacional también designó un grupo de trabajo para desarrollar herramientas de monitoreo comunitario que crearían conciencia sobre el derecho a la salud y la importancia de la participación comunitaria en el plan de la NRHM. Las herramientas incluyen:
- un sitio web (http://www.nrhmcommunityaction.org/) con información, recursos y los hitos de la NRHM;
- un documental de 30 minutos para mostrar los desafíos y logros del proceso;
- tres manuales para gerentes, estudiantes y encargados del monitoreo comunitario; y
- una asociación de medios para periodistas en Hazaribag, Palamu, Ranchi y West Singbhum para sensibilizarlos sobre temas de salud pública, sobre todo la salud materna e infantil.
La comunidad usó libretas de calificaciones para monitorear los servicios de salud pública, en particular la cobertura, acceso, calidad, efectividad y casos de negligencia. Los comités de monitoreo recopilaron la información obtenida y realizaron visitas a los lugares y encuestas para verificar la información y obtener evaluaciones de primera mano de ciertos establecimientos. Cada ciclo de monitoreo a nivel local incluyó debates con la comunidad general y grupos de mujeres, así como entrevistas con pacientes que usaron servicios ambulatorios. Sumado a los debates grupales y las entrevistas de salida también se hizo una encuesta de las instalaciones. Este proceso detallado para obtener y verificar la información logró cambios importantes:
- En el Centro de salud pública de Cherai en el distrito de Jhodpur, Rajasthan, una enfermera fue trasladada por aceptar sobornos de mujeres embarazadas a cambio de habitaciones privadas.
- En las instalaciones públicas de Bomboli en el distrito de Udaipur, Rajasthan, los miembros del comité resolvieron exitosamente el problema de corrupción del programa de bienestar infantil Janani Suraksha Yojana (JSY), donde habían identificado irregularidades en el desembolso a los beneficiarios y en la entrega de medicamentos gratuitos a personas afiliadas por debajo de la línea de pobreza.
- El proceso de monitoreo comunitario de Orissa sensibilizó a los proveedores de los servicios y a los beneficiarios con respecto al impacto negativo de la corrupción. Antes del proceso de monitoreo comunitario, la mayoría de la mujeres que daban a luz en las instalaciones hospitalarias sufrían acoso por sobornos para obtener los beneficios del JSY. Después de la fuerte oposición de los lugareños con base en la evidencia del monitoreo, la comunidad pudo resolver casi el 80 por ciento de los casos de corrupción a nivel primario y comunitario de los servicios de salud.
- En Assam los lugareños de Ratanpur ahora pueden acceder los servicios de salud en una clínica recientemente restaurada, a partir de una de las encuestas de las instalaciones.
Para ver el reporte completo, ir a:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Reviving-Hopes.-Realizing-Rights.-A-Report-on-the-First-Phase-of-Community-Monitoring-under-NRHM.pdf.
Barómetro de ejecución del presupuesto y prestación de servicios mide el compromiso del gobierno hacia los servicios de desarrollo en Zambia, por Faraz Haqqi, International Budget Partnership
La organización de la sociedad civil de Zambia, Civil Society for Poverty Reduction (CSPR), publicó los resultados de su Barómetro de ejecución del presupuesto y prestación de servicios para enero-junio 2010. La CSPR desarrolló el barómetro, aún en su etapa piloto, en 2009 para medir la capacidad del gobierno de Zambia para ejecutar su presupuesto y prestar servicios a los pobres.
El barómetro rastrea la asignación y utilización de los fondos en los proyectos de desarrollo y monitorea la calidad y la disponibilidad de los servicios a nivel comunitario y distrital. Para ello, un panel de expertos integrado por miembros de la sociedad civil, agencias de desarrollo, academia, gobiernos locales y del sector privado examinan una combinación de información oficial del gobierno y opiniones de actores a nivel comunitario, distrital, provincial y nacional. El panel luego califica el desempeño del gobierno conforme a 26 indicadores en seis categorías:
1. participación ciudadana;
2. administración de los recursos en favor de los pobres;
3. transparencia y rendición de cuentas;
4. equidad;
5. desarrollo humano; y
6. administración y prestación de servicios básicos.
El barómetro que espera publicarse trimestralmente, brinda un comentario continuo acerca del desempeño del gobierno. El último informe de la CSPR muestra que de enero a junio 2010 el gobierno de Zambia logró entre 20 y 40 por ciento en la mayoría de los criterios, lo que indica que apenas los alcanzó. El mejor puntaje (54 por ciento) fue para el indicador “el gobierno comparte la responsabilidad en la prestación de los servicios,” que muestra que aunque el gobierno logró muchos aspectos del indicador, el progreso conseguido puede haber sido muy reciente para evaluar su sustentabilidad.
El barómetro brinda a los grupos de la sociedad civil y al público en general una herramienta poderosa que puede usarse para obligar a sus gobiernos a rendir cuentas. La CSPR espera que esta publicación promueva el debate sobre asuntos de reforma en el sector público y que motive al gobierno de Zambia a mejorar su ejecución presupuestaria y prestación de servicios, así como aumentar la asignación de recursos para enfrentar las necesidades sociales de su país. El barómetro puede tener el valor agregado de profundizar la colaboración entre las partes involucradas en diferentes sectores, tales como los representados en el panel de expertos mencionado anteriormente.
Para ver el reporte completo, ir a: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Execution-and-Service-Delivery-Barometer.pdf.
Presupuestos con enfoque de género en Armenia: desafíos y logros, por Gagik Torosyan, Centro de desarrollo económico e investigación
El 1 de junio 2009 el Economic Development and Research Center (EDRC) lanzó el proyecto “Planificación y desarrollo del presupuesto con enfoque de género en Armenia: aprender juntos” para promover la seguridad económica de las mujeres a través de un mejor acceso y control sobre los recursos públicos y privados en Armenia. El proyecto se estableció para fortalecer la capacidad del gobierno a nivel nacional y local en Armenia para aplicar el análisis de género durante la planificación del presupuesto, su monitoreo y evaluación, y la presentación de informes. Funcionó para desarrollar e implementar estrategias para involucrar a las mujeres en los procesos presupuestarios a través del activismo y monitoreo de proyectos y políticas gubernamentales sobre la seguridad económica con enfoque de género. Un equipo de investigación reunió información relevante y creó una base de datos para:
- presentar la orientación de género de los programas del presupuesto público en Armenia;
- resaltar los problemas y logros relacionados con el género en distintos campos; y
- brindar la información para el monitoreo de género de los programas presupuestarios en el país.
Otras actividades del proyecto incluyen:
- crear dos documentos analíticos acerca de los métodos y las herramientas disponibles para el presupuesto con enfoque de género;
- desarrollar módulos de capacitación acerca del desarrollo de presupuestos con enfoque de género tanto para los funcionarios públicos como para las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
- llevar a cabo un seminario para las OSC sobre los derechos de las mujeres en Armenia;
- brindar capacitación a los alumnos locales y potenciales sobre el desarrollo de presupuestos con enfoque de género; y
- dar un taller sobre el desarrollo de presupuestos con enfoque de género para organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, particularmente los miembros de la Red de asociaciones civiles de Armenia para el programa de desarrollo sustentable.
Además de estas actividades, al EDRC le gustaría:
- desarrollar un punto de partida y encuestas de seguimiento para facilitar el monitoreo y la evaluación de los proyectos gubernamentales con enfoque de género;
- monitorear y evaluar los programas de salud materna y los recursos para nacimientos y para el cuidado de niños menores de dos años; y
- usar la próxima reseña del Programa de desarrollo sustentable (SDP, por sus siglas en inglés), que también funciona como el segundo Documento de estrategias para la reducción de la pobreza en Armenia, como una oportunidad para institucionalizar los presupuestos con enfoque de género y proponer indicadores y medidas significativas sobre el enfoque de género para incluir en la versión revisada del SDP.
Si bien el ERDC no tiene los fondos adecuados para realizar estas actividades adicionales, espera atraer nuevos recursos y continuar mejorando los resultados obtenidos hacia el desarrollo de presupuestos con enfoque de género en Armenia.
Para mayor información, ir a www.edrc.am o contactar a Gagik Torosyan a [email protected].
La promesa de un presupuesto ciudadano en Botsuana, por Gape Kaboyakgosi, Botswana Institute for Development Policy Analysis
Después de asistir a la publicación de la Iniciativa del presupuesto abierto 2010 el 26 de octubre de 2010, la secretaría de la Asociación de las autoridades locales de Botsuana (BALA, por sus siglas en inglés) se puso en contacto con el Botswana Institute for Development Policy Analysis para hacer una presentación sobre la transparencia del presupuesto de los gobiernos locales. El evento denominado “Aprender y compartir caminos: desarrollo económico local y transparencia del gobierno local,” se llevó a cabo en Gaborone del 24 al 25 de enero 2011 y reunió a personal profesional y político de los consejos de Botsuana y del sector privado.
Durante la presentación, el BIDPA introdujo el concepto de presupuestos para los ciudadanos y distribuyó una copia del presupuesto para ciudadanos de Sudáfrica. Esto atrajo el interés de los miembros de la BALA, quienes solicitaron capacitación para diseñar presupuestos ciudadanos. Algunos explicaron que muchos de los gobiernos locales de Botsuana que obtienen muchos de sus fondos del gobierno central no conocen realmente el monto total del dinero disponible para ellos, otros dijeron que los consejos podrían hacer más para informar a su electorado sobre cómo se gastará su dinero. Los consejos también expresaron que debido a que el gobierno central no crea un presupuesto para los ciudadanos, ésta es un área que los gobiernos locales pueden liderear.
El BIDPA acordó llevar a cabo un taller de capacitación sobre presupuestos para los ciudadanos y está esperando confirmar las fechas.
Para mayor información, contactar a Gape Kaboyakgosi a [email protected].
Musulmanes por los derechos humanos (MUHURI) de Kenia lleva su éxito en las auditorías sociales al siguiente nivel, por Rocío Campos, International Budget Partnership
Entre 2009 y 2010 Musulmanes por los derechos humanos (MUHURI, por sus siglas en inglés) condujo auditorías sociales de los Fondos de desarrollo para las circunscripciones (CDF, por sus siglas en inglés) en tres circunscripciones de Coast Province. [1] Dos de estas auditorías dieron como resultado mejoras en la administración de los fondos de los CDF. En 2009 en Kaloleni, MUHURI obligó al comité de los CDF a disolverse después de que una auditoría social reveló que el comité había aprobado el pago de trabajo contratado que nunca se terminó. Los miembros del comité fueron llevados ante un tribunal para rendir cuentas de la mala administración de estos recursos comunitarios.
En 2010 en Kisauni, MUHURI descubrió que un dispensario que atendía a pacientes con VIH había cerrado indefinidamente. Cuando fue interrogado, el comité de los CDF alegó que el dispensario necesitaba mejoras. Sin embargo, la auditoría social reveló que no se apartaron fondos para tal propósito, y había indicios de que la tierra donde el dispensario estaba ubicado había sido vendida ilegalmente y que por eso se había cerrado. A través del trabajo de MUHURI con la comunidad en la auditoría social, la venta ilegal fue cancelada y se destinaron fondos para mejorar el dispensario, mismo que ahora está abierto sirviendo al público.
Además de su trabajo de auditorías sociales con las comunidades, MUHURI capacita a las comunidades y a las organizaciones no gubernamentales para emprender sus propios ejercicios de auditoría e incrementar la capacidad para lograr que los miembros del parlamento se responsabilicen del manejo de los fondos de los CDF. Muchas de estas comunidades ahora hacen averiguaciones acerca del gasto de los CDF en sus propias localidades, lo que indica la sostenibilidad del modelo de auditoría social. MUHURI también construye lazos con organizaciones nacionales e internacionales alrededor de los fondos descentralizados como los CDF. Además de su trabajo para mejorar la implementación de los CDF en 2009, MUHURI presentó una demanda ante las cortes de Kenia para cuestionar la constitucionalidad de la ley de los CDF. A pesar de que el caso se abandonó debido a la falta de recursos, la amenaza de una acción legal obligó al gobierno a formar un grupo de trabajo para los CDF y revisar la implementación de la legislación.
MUHURI desea avanzar el éxito de sus auditorías sociales mediante pequeñas auditorías sociales que se centren en proyectos individuales a nivel comunitario. La idea es trabajar con los residentes locales para monitorear los proyectos que están cerca de casa. Las pequeñas auditorías deben de ser menos costosas y requerir un menor esfuerzo por parte de los residentes que ya viven en esas áreas. Otro esfuerzo por ampliar y profundizar el impacto de su trabajo en las auditorías sociales, es el de realizar auditorías sociales conjuntamente con un departamento del gobierno, siguiendo el modelo de la India.
MUHURI espera que al expandir sus esfuerzos para involucrar a las comunidades en las auditorías podrá aumentar el contacto entre los ciudadanos y los funcionarios elegidos y promover diálogo constructivo sobre las prácticas de monitoreo del presupuesto.
Para mayor información, contactar a Musulmanes por los derechos humanos (MUHURI) a [email protected].
[1] Los CDF brindan aproximadamente 1 millón de dólares por año directamente a los miembros del parlamento para gastar en proyectos de desarrollo de sus circunscripciones. Las políticas y los programas como los CDF de Kenia que dan a los legisladores individuales la facultad de determinar cómo se gasta el dinero público en su circunscripción local puede comprometer la doctrina de la separación de poderes y así socavar los sistemas establecidos de rendición de cuentas dentro de los gobiernos. Para saber más acerca de los problemas constitucionales que generan dichos programas, ver la última gaceta del IBP No.12: https://archive.internationalbudget.org/budget-briefs/brief12/.
Monitoreo del gasto público para la agricultura y la salud en Guatemala, por Alejandro Aguirre, Coordinación de ONG y Cooperativas
Desde 2004, la organización de la sociedad civil de Guatemala la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) analiza y monitorea la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto nacional en forma independiente y con el apoyo de algunos miembros del Observatorio del gasto social, como el Centro internacional para investigaciones en derechos humanos. CONGCOOP se ocupa de los procesos presupuestarios para incidir en el aumento de los niveles del gasto social y transparencia fiscal y mejorar la calidad del gasto público. En los últimos años, la CONGCOOP se ha concentrado en el monitoreo del presupuesto de salud y agricultura.
Una vez que la propuesta del presupuesto del ejecutivo está disponible, la CONGCOOP analiza las propuestas para el gasto o ingresos que afectarán la seguridad alimentaria, el acceso a la tierra y el desarrollo rural. Con respecto a la salud, la CONGCOOP analiza los recursos asignados para prevenir la mortalidad materna e infantil, así como las asignaciones a hospitales. CONGCOOP rastrea la ejecución de los recursos en dos informes: uno publicado en enero con el análisis de la ejecución del año anterior y otro en julio con las conclusiones sobre la ejecución del primer cuatrimestre del año presupuestario. También se preparan informes mensuales de evaluación del presupuesto para identificar los descubrimientos importantes a los que debería prestarse atención. Estos informes se preparan con organizaciones de campesinos y de salud para fortalecer la capacidad analítica de la CONGCOOP y la capacidad de respuesta oportuna.
En su análisis, la CONGCOOP usa la misma base de datos que el Ministerio de Finanzas: el “Sistema de contabilidad integrado” o SICOIN y el “Sistema integrado de administración financiera” o SIAF. Esto le da mayor credibilidad a sus informes y fortalece su habilidad de influir en los debates legislativos. Además, la CONGCOOP mantiene relaciones con el congreso, particularmente con las comisiones de finanzas, salud y agricultura y con los centros nacionales e internacionales de investigación, para obtener información a lo largo de todo el proceso presupuestario.
Para difundir sus conclusiones la CONGCOOP organiza conferencias de prensa y participa en diferentes programas de radio y televisión. También colabora estrechamente con organizaciones campesinas y sindicatos de salud para informar sus procesos de movilización social e incidir durante los debates legislativos en favor de políticas para mejorar las condiciones de los pequeños productores y los servicios de salud pública.
Para mayor información, contactar a Alejandro Aguirre a [email protected].
Información obtenida a través de una solicitud de información revela el escaso gasto de fondos para generar puestos de trabajo en áreas de bajos ingresos en Argentina, por Federico Arenoso, Poder Ciudadano
Gracias a la Ley de acceso a la información pública de 2003, Poder Ciudadano de Argentina solicitó y obtuvo información precisa y desglosada del Ministerio de Desarrollo Social sobre la ejecución del presupuesto del programa de empleo “Programa de ingreso social con trabajo” (PRIST). El programa se presentó en agosto de 2009 para dar oportunidades de trabajo a ciudadanos desempleados que no reciben beneficios de otros programas del gobierno.
De acuerdo con la ley de información, cualquier ciudadano puede solicitar información del gobierno, quien por su parte está obligado a brindar esa información, siempre y cuando se haya producido. El período de respuesta es de 10 días hábiles, y el gobierno puede solicitar 10 días adicionales para completar una solicitud de información.
Aunque el gobierno aún necesita ser más transparente y la ley de información no siempre se cumple correctamente, en este caso, la ley le permitió a una organización de la sociedad civil obtener información que no había sido publicada y usarla para confirmar que los fondos públicos gastados en el PRIST no coincidían con la asignación original de 2010 de 400 millones de dólares. La información se comparó con datos del Ministerio de Finanzas y se encontraron varias inconsistencias. Por ejemplo, a pesar de que los fondos se habían asignado al PRIST para ayudar a las áreas de bajos ingresos, los fondos en realidad no se gastaron. Además el presupuesto para 2011 asigna fondos al PRIST solamente para dos provincias, lo que impide la expansión del programa.
Poder Ciudadano continuará monitoreando los fondos asignados al PRIST, el cual es muy importante para un sector socialmente marginado de la población. Para desarrollar una estrategia de activismo alrededor de esta cuestión, Poder Ciudadano compartió sus hallazgos e intercambió experiencias con líderes sociales, miembros del congreso y miembros de la organización cooperativa Barrios de pie, que a pesar de satisfacer los criterios geográficos y socioeconómicos requeridos para recibir los fondos del PRIST, fueron excluidos del programa.
Para leer la cobertura nacional de la investigación de Poder Ciudadano, ir a:
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1305891
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1295285
Para mayor información, contactar a Federico Arenoso a [email protected].
Una respuesta al presupuesto de Sudáfrica de 2011, por Len Verwey y Saranne Durham, Idasa
La organización de la sociedad civil (OSC) de Sudáfrica Idasa preparó una respuesta a la presentación de la propuesta presupuestaria de 2011 del Ministro de Finanzas Pravin Gordhan para el Parlamento de Sudáfrica el 24 de febrero 2011. Las OSC que se involucran en los procesos presupuestarios como parte de su activismo a menudo preparan dichos análisis de las propuestas presupuestarias del ejecutivo como un primer aporte al debate sobre el presupuesto, y como una manera de informar a la sociedad civil más amplia y al público a medida que comienzan los planes para obtener y gastar el dinero público para el siguiente año.
Aunque la información reciente sugiere que la economía de Sudáfrica se está expandiendo y continuará haciéndolo, con un crecimiento de poco menos del 3 por ciento en 2010 y un crecimiento calculado entre 3 y 4 por ciento por año en los próximos dos años, conviene un poco de precaución. La redacción del presupuesto de 2011 no cambió respecto a la del presupuesto de los dos últimos años, y los sudafricanos necesitarán hacer más con menos ahora que los grandes aumentos reales anuales para los estados son cosa del pasado.
Los déficits propuestos a mediano plazo encajan en el modelo de prudencia fiscal actual y no podrían haberse reducido más sin contraer la economía. Sin embargo, el pago de intereses de deuda es por mucho la categoría presupuestaria que crece con mayor rapidez a mediano plazo. En este contexto, la eficiencia y la redefinición efectiva de prioridades son muy importantes, en especial si los objetivos del Nuevo camino de crecimiento (ver: http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=135748) respecto a un crecimiento mayor y más inclusivo han de cumplirse.
Tanto la creación de puestos de trabajo como los ingresos fiscales continuarán quedando rezagados a pesar de los signos aparentes del comienzo de una recuperación económica moderada. Como apunta la Reseña del presupuesto (ver: http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2011/review/default.aspx) la economía sudafricana perdió un gran número trabajos debido a la recesión global. Esto implica que el impacto social de la recesión fue especialmente pronunciado en Sudáfrica e intensificó las tendencias de desempleo existentes. Por lo tanto, es esencial que las iniciativas de creación de empleos se lleven a cabo con éxito. Algunos puestos de trabajo se crearán en virtud de las recuperaciones globales y locales. Sin embargo, las intervenciones dirigidas son cruciales para tratar las áreas especialmente problemáticas como el desempleo juvenil. También debemos aprender de las políticas anteriores. Por ejemplo, los esfuerzos previos para apoyar a las pequeñas empresas fueron inadecuados, a pesar de la contribución potencial para la creación de puestos de trabajo. En forma similar, el esquema de capacitación para empleados despedidos de 2009 no logró del todo su misión de asignar más de 2 mil millones de rands a pagos de capacitación como una alternativa a la reducción de gastos para los trabajadores durante la recesión.
Estas y otras experiencias sugieren que se necesitan mejores relaciones entre el gobierno y otros actores para enfrentar la crisis del empleo. La sociedad civil puede tener una función fundamental en la creación de empleos, pero las empresas, el gobierno y los sindicatos necesitan llegar a un consenso sobre la relación entre los aumentos salariales y la productividad, así como sobre la creación de más apoyo y menos papeleo para las pequeñas empresas. El fondo para puestos de trabajo propuesto de 9 mil millones de rands hace que los fondos estén disponibles para las asociaciones innovadoras para la creación de empleos entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Esta es una intervención necesaria pero es imprescindible que ninguna demora obstaculice la selección de proyectos y organizaciones apropiados, y que la vigilancia adecuada asegure que estos proyectos tengan el impacto deseado en la creación de empleos.
El presupuesto 2011 pone en práctica, a lo largo de los sectores, los objetivos del Nuevo camino de crecimiento dentro de un marco fiscal que encuentra un balance adecuado entre la urgencia de los desafíos actuales y la sustentabilidad a mediano y largo plazo. Sin embargo, al comienzo de la recesión, los niveles de pobreza y desempleo están aumentando, lo que requiere cambios de corto plazo y estructurales. Además, se necesita un liderazgo fuerte, instituciones que respondan y asociaciones efectivas entre el gobierno y otros actores para transformar a la sociedad sudafricana.
Cada año después de la publicación del presupuesto, Idasa circula un comentario previo a su publicación y una respuesta inmediata al presupuesto a través de los medios gráficos y electrónicos. Además, este año la Unidad presupuestaria de información política y servicio de monitoreo condujo entrevistas por radio y presentará sus observaciones y análisis presupuestario 2011 al Comité de Finanzas sobre la cartera parlamentaria de Sudáfrica.
El Instituto de estudios socio-económicos usa el análisis presupuestario para incrementar la eficiencia del gasto público de Brasil con enfoque en los derechos humanos, por Atila Roque, Instituto de Estudios Socio-Económicos
En los últimos dos años el Instituto de estudios socio-económicos (INESC) de Brasil fomentó el gasto social público para la puesta en práctica de los derechos humanos a través de diferentes esfuerzos, que incluyen:
- Emprender un proyecto para educar a los jóvenes sobre derechos humanos y asuntos presupuestarios, que involucra a más de 200 adolescentes de seis escuelas públicas del distrito federal y que lleva a la aprobación de una corrección del presupuesto por 2 millones de reales (ver: https://archive.internationalbudget.org/resources/newsletter49.htm#INESC). El proyecto recibió un premio de la Fundación del Banco de Brasil.
- Establecer una asociación con el fiscal federal público para hacer análisis trimestrales del presupuesto sobre cómo satisface las necesidades de niños y jóvenes. La ley de Brasil establece la asignación de recursos a niños y jóvenes como una prioridad del presupuesto público, y el defensor público piensa exigir que el gobierno cumpla con este compromiso en su totalidad.
- Desarrollar e implementar una metodología de análisis presupuestario con enfoque en los derechos humanos, con énfasis en la discriminación racial y de género. Esta metodología hace que el análisis presupuestario sea más accesible a otros movimientos sociales de Brasil.
La investigación del INESC con el tiempo muestra que el gobierno de Brasil usa diversos mecanismos de contingencia a lo largo del año fiscal para demorar la disponibilidad y el gasto de los recursos destinados a cumplir sus obligaciones y satisfacer los derechos. En 2009, por ejemplo, sectores sociales fundamentales recibieron solamente una parte de los fondos que habían sido asignados a ellos en el presupuesto: viviendas (9 por ciento), cultura (55 por ciento) y derechos de los ciudadanos (67 por ciento). En el mismo año, los gastos del pago de intereses de la deuda fueron 63 por ciento más altos que lo esperado.
Además de su trabajo para identificar problemas en la ejecución del presupuesto, el INESC jugó un papel fundamental para impedir la aprobación de una reforma fiscal impositiva retroactiva. La reforma habría eliminado el fondo de seguro social de Brasil, que destina ingresos a las políticas sociales. El INESC formó una amplia coalición con miembros del parlamento, el ejecutivo y la sociedad civil para vencer la reforma. Además de bloquear el proyecto de ley, los esfuerzos de la coalición lograron seis correcciones parlamentarias a la iniciativa de la reforma general impositiva y generaron debates que provocaron que el Consejo para el desarrollo económico y social (un organismo de consulta presidencial) hiciera un informe que justifica la necesidad de un sistema impositivo más justo con base en el sistema tributario directo.
Para profundizar su trabajo, el INESC planea:
- continuar con el análisis presupuestario de alta calidad con uin enfoque en el gasto social;
- ampliar el uso de los medios sociales y herramientas alternativas de comunicación para reforzar el alcance y la influencia de la sociedad civil; y
- capacitar a sectores más amplios de la sociedad civil en los asuntos del presupuesto para habilitarlos a que participen en la agenda de activismo nacional.
Para mayor información, contactar a Atila Roque a [email protected].
La política detrás de la ayuda para el desarrollo, por Ravi Duggal, International Budget Partnership
Según el estudio “International Monetary Fund (IMF) and Aid Displacement”, por David Stuckler, Sanjay Basu y Martin McKee, la ayuda para el desarrollo de la salud que se transmite a través de los gobiernos tiene un impacto negativo en el gasto de la salud pública, y la ayuda a través de las organizaciones privadas no gubernamentales tiene un impacto positivo. [1] El estudio muestra que por cada dólar de ayuda sanitaria que se le da al gobierno, sólo hay 0,37 centavos de dólar de crecimiento en el gasto de salud.
Aunque este índice bajo de rendimiento de la inversión ocurre en muchos países, hay una diferencia clara entre los países que reciben la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aquellos que reciben ayuda de entidades financieras que no pertenecen al FMI. Para los países que reciben financiación de entidades no pertenecientes al FMI, el aumento del gasto de salud por cada dólar de ayuda era de 0,45 centavos de dólar, pero para los que reciben financiación del FMI era de solamente 0,002: ¡Menos de un centavo! La explicación de esta diferencia puede estar en las diferencias fundamentales entre los que reciben ayuda del FMI y los que reciben ayuda de entidades no pertenecientes al FMI. En particular, la ayuda del FMI suele estar vinculada a problemas económicos graves dentro de un país, por lo que hay más posibilidades de que la ayuda sanitaria se desvíe a otras áreas con necesidad extrema y, por lo tanto, la sustitución de la ayuda sanitaria es inevitable. De este modo, el papel de la economía política en la ayuda para el desarrollo parece perjudicial para el gasto de la salud pública a largo plazo.
Más allá de esta diferencia, muchos usaron los descubrimientos del informe acerca del escaso rendimiento de la inversión cuando la ayuda se transmite a través de los gobiernos para concluir que debería transmitirse más ayuda para el desarrollo a través del sector privado. Sin embargo, los autores del estudio se abstienen de hacer tales conclusiones y advierten sobre la existencia de otros factores subyacentes que conducen a tales resultados.
Uno de estos factores es que la forma en que se da la ayuda permite a los gobiernos mover los fondos de salud locales a otros sectores, y así se reduce el aumento general del gasto de salud que debería dar como resultado la ayuda extranjera. La mayoría de las agencias bilaterales y multilaterales de financiación brindan ayuda sanitaria como ayuda programática, es decir, con condiciones o destinada a programas específicos como VIH/SIDA, malaria, salud reproductiva y sexual, etc. De este modo, cuando un gobierno obtiene ayuda para el VIH/SIDA puede reducir su compromiso de apoyar esa actividad con el presupuesto local. Esto sucede incluso en países donde el gobierno federal brinda ayuda con base en programas a los gobiernos subnacionales, porque puede existir un retiro similar del apoyo presupuestario para los gobiernos subnacionales.
Si la asistencia se ofrece como parte del presupuesto general, en lugar de a través de un programa o sector específico, es menos probable que se utilice para reemplazar los compromisos contraídos domésticamente. El apoyo al presupuesto general aumenta los fondos públicos y la recolección de impuestos, en cambio los fondos de asistencia son condicionales y están apegados a un programa lo que puede hacer que los tomadores de decisiones reduzcan sus compromisos a ese programa.
Para mayor información, contactar a Ravi Duggal a [email protected].
[1] El estudio fue publicado en la International Journal of Health Services, vol. 41, n.° 1, págs. 67 a 76.