Newsletter No. 55 – Spanish

Próximo lanzamiento de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2010

¡94 países preparan el lanzamiento de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2010! por Elena Mondo, International Budget Partnership

Nuevos estándares globales para la transparencia abren oportunidades para el acceso a la información…

Medir la pobreza: el nuevo índice multidimensional de la pobreza de la iniciativa Oxford Poverty & Human Development por Patrick Nolan Guyer, Social Science Research Council
Validación internacional de estándares globales para la publicación de información sobre asistencia por Claudia Elliott, Publish What You Fund
Nuevo estándar de transparencia en la industria de energía y minas por el Revenue Watch Institute
Una herramienta para darle seguimiento a las finanzas del desarrollo por Brooke A. Russell, AidData

Mientras una propuesta de ley trata de cerrarlas

Propuesta de ley sobre secretismo en Sudáfrica afecta el derecho a la información por Hopolang Selebalo, Instituto de Estudios de Seguridad

Análisis presupuestario al servicio de grupos vulnerables

Hallazgos del análisis presupuestario ganan un caso judicial sobre el derecho a la educación de los niños en Buenos Aires, Argentina por Martin Sigal y Dalile Antúnez, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
Monitoreo del gasto gubernamental en Turquía revela inversiones insuficientes en niños, jóvenes, mujeres y discapacitados por Jay Colburn, International Budget Partnership
Análisis presupuestario con enfoque de derechos para mejorar la vivienda social en Irlanda del Norte por Jennie Finlay, Proyecto de Análisis de Presupuestos de QUB

Nuevas publicaciones y recursos

El impacto de la crisis económica global en los presupuestos de países de bajos ingresos por Katerina Kyrili y Matthew Martin, Oxfam
¿A dónde va nuestro dinero? Prioridad y progreso en el presupuesto de salud de Sudáfrica por Saranne Durham y Len Verwey, Idasa
Boletín de la “Local Government and Public Service Reform Initiative”
Nueva página de Internet sobre el trabajo de derechos humanos alrededor del mundo

¿Qué hay de nuevo con la Partnership Initiative del IBP?

Fortalecimiento de la red presupuestaria: tercera reunión de la Partnership Initiative en Siem Reap, Camboya por Manuela Garza, International Budget Partnership

¡94 países preparan el lanzamiento de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2010! por Elena Mondo, International Budget Partnership

En octubre 2010 el International Budget Partnership (IBP) publicará los resultados de la tercera ronda de la Encuesta de Presupuesto Abierto — la evaluación independiente global más completa que evalúa si los gobiernos centrales de los países le ofrecen al público acceso a la información presupuestaria y oportunidades de participación en el proceso presupuestario.  La tercera ronda de la Encuesta ofrece datos comparativos sobre transparencia presupuestaria, participación y auditoría en 94 países, incluyendo nueve países nuevos (Chile, Eslovaquia, España, Italia, Portugal, Mozambique, Mali, Timor Leste, e Irak).  La primera ronda en 2006 evaluó a 59 países y en 2008 la Encuesta incluyó a 85 países.

Como parte de la preparación para el lanzamiento, el IBP recientemente se reunió con investigadores pares de 55 de los países que abarca el estudio en la Encuesta 2010.  Se discutieron los hallazgos, mensajes clave y planes para difundir la investigación y usar los resultados para aumentar la transparencia, participación y rendición de cuentas en sus países.

Además del lanzamiento internacional de la Encuesta habrá nueve lanzamientos regionales en América Central y América del Sur; Este, Oeste y Sur de África de habla inglesa; África francófona; Asia Central, Sur y Sudeste de Asia; y África del Norte y Medio Oriente.  Además los grupos participantes en la encuesta organizarán actividades domésticas que incluyen talleres, conferencias de prensa y programas de radio.

¿Qué distingue a la Encuesta de Presupuesto Abierto de otras evaluaciones de transparencia y gobernabilidad?

La Encuesta de Presupuesto Abierto se distingue de otras evaluaciones de la transparencia y rendición de cuentas del gobierno, como los “Public Expenditure and Financial Accountability Assessments”, los “Fiscal Reports on the Observance and Standards and Codes”, y el “Global Integrity Index” ya que:

• Se basa en una investigación realizada por expertos de la sociedad civil independientes en lugar de funcionarios gubernamentales o personal de agencias donatarias.  Con ello se evitan cuestiones relacionadas con auto-reportes y conflictos de interés en la evaluación y se reducen las posibilidades de parcialidad.
• Se enfoca en el acceso público a la información presupuestaria del gobierno.  En contraste, otras iniciativas usualmente se enfocan en la capacidad gubernamental de producir información presupuestaria.  No examinan cómo y a quién se difunde esta información.  La Encuesta enfatiza cuándo la información se publica.  Tanto la producción y difusión de información son necesarias para facilitar la participación a través del proceso presupuestario.  Las partes no son sólo quienes administran los recursos, es decir, ministros gubernamentales; sino la gente dueña de los recursos, es decir, los ciudadanos quienes deben de tener acceso a información necesaria para exigirle rendición de cuentas al gobierno.
• Incluye preguntas sobre oportunidades para la participación pública en el proceso presupuestario, vigilancia legislativa y la instancia de auditoría suprema.  Esto es relevante ya que la efectiva rendición de cuentas no sólo se centra en la transparencia sino en la fuerza de estas instituciones. Aún cuando la información está disponible, los cuerpos de vigilancia deben de contar con el poder efectivo de exigirle cuentas al ejecutivo.  Esto quiere decir que deben de contar con los recursos suficientes, independencia y libertad suficientes para hacer preguntas sobre el manejo que hace el ejecutivo del dinero público.  En 2008 los resultados del OBI muestran que la vigilancia presupuestaria se frustró por el acceso limitado a la información y la debilidad de las instituciones formales de vigilancia.  ¿Qué mostrarán los resultados del OBI 2010?

Para mayor información, contactar a Elena Mondo [email protected].

Medir la pobreza: el nuevo índice multidimensional de la pobreza de la iniciativa Oxford Poverty & Human Development por Patrick Nolan Guyer, Social Science Research Council

Hay un creciente consenso respecto a que el ingreso por sí mismo es una mala medida de progreso o pobreza.  Por años el porcentaje de gente que vive debajo de la línea de pobreza con un ingreso de $1.25 o $2 al día se encuentra entre las medidas más frecuentemente citadas de pobreza en países en vías de desarrollo.  Un nuevo índice de la Oxford Poverty & Human Development Initiative busca poner a prueba este marco multidimensional de la pobreza.

El “Multidimensional Poverty Index” (MPI) se basa en una metodología desarrollada por Sabine Alkire y James Foster y utiliza una encuesta internacional comparativa para medir los niveles de pobreza en salud y educación además de los niveles de vida.  No sólo mide el número de personas pobres, sino también la profundidad y composición de la pobreza humana.  Para los activistas que buscan usar a los presupuestos como instrumento para invertir en el desarrollo humano y cumplir con los derechos económicos y sociales de la gente pobre, el MPI es una nueva herramienta para 1) identificar a los más necesitados ya que comprende múltiples dimensiones de la pobreza; y 2) dar seguimiento al impacto de inversiones de combate a la pobreza.

El MPI considera indicadores que miden la pobreza en la salud, educación y niveles de vida con base en preguntas básicas.  El MPI considera, por ejemplo, si cualquier miembro de una vivienda está malnutrido o no ha completado por lo menos cinco años escolares, o si la vivienda cuenta con pisos terminados, electricidad o salubridad básica.  Si una vivienda está por debajo del nivel de pobreza en 30 por ciento o más de los indicadores, la vivienda se considera “multidimensionalmente” pobre.  La medida MPI para cualquier país, región o grupo demográfico refleja el nivel de pobreza multiplicado por la intensidad promedio de pobreza calculada conforme al promedio de los indicadores que están por debajo de los límites.

Para los activistas que buscan usar a los presupuestos como una herramienta de combate a la pobreza, el MPI presenta una nueva vía para identificar a aquellos que padecen carencias serias.  Por ejemplo, los cálculos desagregados del MPI por Alkire y Santos muestran cómo se distingue el MPI de grupos étnicos en Bolivia o Kenia.  La desagregación de los indicadores del MPI muestra qué carencias están más enraizadas y en qué grupos y regiones.

El MPI también puede servir para monitorear los impactos de intervenciones presupuestarias en favor de la pobreza a lo largo del tiempo y las conexiones entre la rendición de cuentas presupuestaria y la reducción de la pobreza.  El Índice de presupuesto abierto (OBI, por sus siglas en inglés) del IBP mide hasta qué punto los gobiernos publican información sobre el presupuesto y los procesos presupuestarios, en 2006 incluyó a 59 países y 85 en 2008.  Conforme se desarrollan sólidas bases de datos para el MPI y el OBI, los investigadores interesados en el impacto potencial de la transparencia presupuestaria sobre la pobreza multidimensional ahora cuentan con una nueva medida para ver si la acción presupuestaria puede ayudar a reducir la presencia y severidad de la pobreza multidimensional.

El ir más allá del ingreso y el consumo para medir el bienestar y desarrollo son de gran interés para la comunidad internacional de desarrollo desde hace 20 años.  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que presentará al MPI en el próximo Reporte 2010 de Desarrollo Humano, por 20 años calculó el Índice de Desarrollo Humano (HDI, por sus siglas en inglés) para países alrededor del mundo.  Este índice — que al igual que el MPI — se basa en el trabajo del premio nóbel Amartya Sen, considera las mismas dimensiones de salud, educación e ingreso en su medida de desarrollo humano y se utiliza ampliamente por todo el mundo.  Por ejemplo, el proyecto American Human Development usa el HDI para entender las disparidades en el desarrollo humano dentro de los Estados Unidos.

A diferencia de HDI, que generalmente usa promedios nacionales para medir el progreso de desarrollo, el MPI obtiene sus datos de encuestas que reúnen información sobre carencias en la vivienda y también considera una gama más amplia de indicadores.  Esto le permite al MPI medir no sólo la incidencia de la pobreza sino la medida en que diferentes tipos de pobreza pueden variar entre los mismos individuos.  Como en otros índices, el MPI tiene algunas limitantes: no está diseñado para medir carencias relativas de la clase media y media alta en países en vías de desarrollo por ejemplo, y las encuestas de vivienda en las que se funda el MPI abarcan varios años y a veces usan definiciones ligeramente distintas de los indicadores utilizados, lo cual pone en peligro el carácter comparativo de los resultados transnacionales.  Imperfecciones aparte, el MPI marca un enfoque novedoso para medir y entender la pobreza del mundo en vías de desarrollo.

Para mayor información, contactar a Patrick Nolan Guyer, [email protected].

Validación internacional de estándares globales para la publicación de información sobre asistencia por Claudia Elliott, Publish What You Fund

La mesa directiva, signatarios, observadores, y patrocinadores de la iniciativa internacional de transparencia en la asistencia (International Aid Transparency Initiative, IATI) se reunieron en Paris el 7 de julio 2010 para acordar un estándar global sobre la publicación de información de ayuda financiera.  El IATI es una respuesta – encabezada por donatarios – a los llamados por un mayor acceso a la información sobre ayuda financiera que busca “mejorar la disponibilidad y accesibilidad global de información sobre flujos de asistencia para aumentar la efectividad y rendición de cuentas de la asistencia.”  El IATI se lanzó durante el foro de alto nivel sobre efectividad en la asistencia en Accra el 4 de septiembre 2008.  Los miembros de la sociedad civil de la mesa directiva incluyen al International Budget Partnership (IBP), Publish What You Fund, Transparency International, BetterAid, Reality of Aid, y Open Forum on CSO Development Effectiveness.

Publish What You Fund (PWYF) es una organización no gubernamental que lucha globalmente por la transparencia en los flujos de ayuda financiera.  Como miembro de la mesa directiva de IATI, el PWYF trabaja para asegurar que los estándares, formatos y definiciones desarrollados por IATI garanticen que la información de ayuda financiera se publique de manera oportuna, accesible y en un formato comparativo.

Por ello nos complace reportar que se retuvieron las recomendaciones de la fase 1 de IATI.  Esto quiere decir que los gobiernos deben de publicar los datos regularmente — por lo menos trimestralmente — en un formato universal, abierto, accesible y comparable.  Este formato aún está siendo finalizado pero una recomendación inicial es que el IATI adopte una arquitectura cibernética descentralizada, en donde los donatarios publiquen datos sobre ayuda financiera en archivos que pueden leerse mecánicamente en un formato estándar XML gratuito, en páginas de Internet públicas.  El IATI creará una página de Internet y ofrecerá un registro con vínculos a estos archivos.  También creará códigos de identidad únicos para localizar fácilmente a donatarios y proyectos y desarrollará un mecanismo para notificar a los usuarios cuando se agreguen o modifiquen nuevos datos sobre asistencia.  El registro puede tener funciones adicionales como verificar datos, ofrecer notificaciones resumidas, servicios y herramientas para ayudar a los donatarios a crear y conservar los archivos.

Además de la información sobre ayuda financiera que se hará disponible en la fase 1, la mesa directiva ha propuesto requerir la siguiente información en las fases 2 y 3: presupuestos de ayuda financiera que incluyan datos para financiamiento futuro planeado para cada país receptor, datos sobre actividades de ayuda financiera, reportes de monitoreo y evaluación, ubicación geográfica de proyectos e información sobre gasto de asistencia financiera en bienes y servicios.  Aún hay mucho trabajo para asegurar que el IATI cumpla con las necesidades reales de los países receptores, es decir, que la información de ayuda financiera sea compatible con el presupuesto y con los planes de los donatarios para futuros flujos de asistencia y que las condiciones vinculadas a ellos estén públicamente disponibles.

Las organizaciones de la sociedad civil de la mesa directiva recientemente enviaron una carta a cada uno de los signatarios IATI pidiéndoles que continúen su participación en el IATI antes del cuarto foro de alto nivel sobre efectividad en la ayuda financiera, que se llevará a cabo en noviembre 2011.  La siguiente reunión del grupo de consejeros técnicos será en el Reino Unido en octubre y se espera que un representante del IBP asista al evento.  El IBP también es miembro de un subgrupo sobre sistemas de alineación que espera reunirse el 18 de agosto en la secretaría IATI en Londres.

Para mayor información, contactar a Claudia Elliot [email protected].

Nuevo estándar de transparencia en la industria de energía y minas por el Revenue Watch Institute

Con la aprobación final de las reformas financieras, los Estados Unidos han tomado un papel de vanguardia en asegurar un mayor nivel de transparencia en la industria de energía y minas y darles a los ciudadanos e inversionistas nuevas herramientas para exigirle rendición de cuentas a compañías y gobiernos por sus acciones.  “Las provisiones en la nueva ley para compañías de petróleo, gas y minas para reportar sus pagos a gobiernos son la culminación de una larga campaña organizada por el Revenue Watch Institute (RWI) y la coalición Publish What You Pay (PWYP) para hacer que las actividades de industrias extractivas sean verdaderamente transparentes en E.U.A., y en el exterior,” dijo Karin Lissakers, directora del RWI.

Al pasar la medida de reforma financiera, el Congreso de E.U.A., votó para requerir que las compañías registradas con la comisión de intercambio y seguros (Securities and Exchange Commission, SEC) reporten públicamente cuánto le pagan a los gobiernos por su acceso a petróleo, gas y minerales.  El requisito ha sido reconocido por RWI y otros miembros de una coalición de desarrollo, anti-pobreza, organización religiosa y organizaciones de derechos humanos como una herramienta poderosa para ayudar a inversionistas a reducir riesgos financieros y empoderar a los ciudadanos con información básica para aliviar la corrupción y la pobreza en muchos de los países más ricos en recursos naturales.

“Esta ley establece un nuevo estándar más elevado para la transparencia financiera,” dijo George Soros, fundador del Open Society Institute, un donatario clave del RWI.  “Publicar los ingresos que los gobiernos reciben de compañías de petróleo, gas y minas hará que esos gobiernos sean más abiertos y responsables ante sus ciudadanos — y también hará que estas industrias sean más transparentes a los inversionistas.  Esta es una victoria para todos los que reconocen que la transparencia financiera es esencial para la rendición de cuentas gubernamental y corporativa.”

Lissakers dijo que otras naciones industrializadas deben de seguir el liderazgo de los E.U.A.,  “E.U.A., está cumpliendo compromisos realizados con otras naciones industrializadas en los G-8 y G-20,” dijo.  “Otras capitales como Alemania, Australia, Canadá y el Reino Unido deben de cumplir su compromiso de promover la transparencia en las industrias extractivas al adoptar reglas similares.”  El Stock Exchange de Hong Kong dio a conocer un reporte similar por país a principios de año.

“El siguiente paso lógico es que el International Accounting Standards Board (ISAB) universalice el estándar adoptado por E.U.A.,” dijo Lissakers.  Los estándares IASB son utilizados por 110 países, a excepción de Estados Unidos.  La cumbre de los G-20 llevada a cabo en junio 2010 hizo un llamado a “un conjunto de estándares mejorados de contabilidad global de alta calidad.”

El impacto potencial más importante de esta ley es su efecto en otros mercados de capitales que pueden usar los nuevos estándares de transparencia de E.U.A., como modelo de apertura para la industria extractiva a nivel mundial. A finales de julio la Casa Blanca señaló el compromiso de la administración de “trabajar con otros países para asegurar la implementación de requisitos de apertura similares en otros mercados financieros.”  Las coaliciones de PWYP y periodistas predicen que las reformas de E.U.A., darán lugar a una mayor transparencia mundial.  La coalición PWYP en E.U.A., está preparando un análisis y comentarios para SEC paralelamente a la formulación de regulaciones.

Para mayor información, contactar a Robert Ruby at [email protected].

Una herramienta para darle seguimiento a las finanzas del desarrollo por Brooke A. Russell, AidData

El 24 de marzo 2010 AidData —  un nuevo recurso en línea que busca organizar el universo de la ayuda financiera — lanzó una versión beta de la base de datos más completa del mundo sobre finanzas para el desarrollo.  AidData se basa en datos del OECD Creditor Reporting System, misma que se complementa con información de algunos donatarios.  Además AidData incluye récords de proyectos de muchos otros donatarios que nunca han sido sistematizados.  Con el lanzamiento de esta versión beta, expertos en desarrollo, investigadores, estudiantes, reporteros y ciudadanos ahora pueden utilizar estos datos para informar y promover su trabajo.

Actualmente AidData cataloga casi un millón de proyectos de desarrollo financiados entre 1945 y 2009, ofrece acceso a información sobre $4.2 trillones de dólares en flujos de finanzas para el desarrollo de 87 donatarios bilaterales y multilaterales de manera clara y sencilla.  Los datos de más de la mitad de estas agencias de donatarios no se encuentran en bases de datos existentes y el valor de esta información adicional es muy importante (como se puede ver en los posts de ayuda a Haití, fugas de petróleo, y ayuda al cambio climático).

A pesar de que esta página tiene poco tiempo de haberse publicado, ya está causando revuelo en círculos académicos y políticos.  Desde su lanzamiento, AidData trabaja para promover el uso de datos de ayuda financiera de distintas maneras incluyendo nuevas aplicaciones como “geocoding” y “crowdsourcing.”  De hecho AidData acaba de hacer una geo-codificación de más de 1,200 proyectos de desarrollo junto con el Banco Mundial, lo que les permitirá a los usuarios analizar proyectos a nivel subnacional para darle seguimiento al flujo de recursos (como en el caso de Kenia y Mozambique).

Por el momento AidData no hace seguimiento de las finanzas de desarrollo de obras de caridad privada o fundaciones, pero planea hacerlo pronto.  AidData agregará más información de otros gobiernos donatarios y organizaciones multilaterales y busca obtener mejor información sobre ayuda exterior de China, Irán, Libia, Rusia y Venezuela.

Para explorar AidData, ir a: http://www.aiddata.org.  Si necesitas ayuda para comenzar a usar esta base de datos, ver este video.  Para mayor información, comentarios o preguntas favor de contactar a [email protected].

Propuesta de ley sobre secretismo en Sudáfrica afecta el derecho a la información por Hopolang Selebalo, Instituto de Estudios de Seguridad

Legisladores del Parlamento de Sudáfrica se han embarcado en un camino que contradice la Constitución del país y que puede afectar la transparencia, promover la corrupción y entorpecer el trabajo de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y los medios.  La propuesta de ley de protección a la información — también conocida como la Propuesta al Secretismo — busca proteger secretos de estado legítimos y reemplazar una ofensiva era de legislación apartheid.  Sin embargo, muchos creen que la propuesta de ley no sólo creará una cloaca de secretismo sobre información que el público tiene el derecho de conocer, sino que contradecirá leyes de acceso a la información ya existentes.

Estas leyes reflejan y contribuyen al compromiso de una gobernabilidad abierta y responsable reconocida mundialmente.  En la ronda 2008 de la Encuesta de Presupuesto Abierto del IBP un estudio independiente y comparativo que mide la transparencia, participación y vigilancia global del presupuesto, Sudáfrica ocupó el segundo lugar entre 84 países, ofreciendo un modelo para gobiernos en países desarrollados y en vías de desarrollo.  Conforme a la Encuesta, “La calificación de Sudáfrica […] muestra que el gobierno le ofrece al público amplia información sobre el presupuesto del gobierno central y las actividades financieras durante el año presupuestario.”  El acceso a la información pública presupuestaria les permite a los ciudadanos y OSCs participar de forma significativa en las decisiones presupuestarias, exigir rendición de cuentas del gobierno, controlar la corrupción y mejorar la prestación de servicios.

Bajo dicha propuesta de ley todo cuerpo gubernamental tiene la habilidad de clasificar información pública como secreta, incluyendo información sobre la prestación de servicios en nombre del interés o seguridad nacionales.  Estos términos, ampliamente definidos, pueden promover la sobre-clasificación y restringir de manera importante el acceso a la información sobre cómo el gobierno maneja los recursos públicos para OSCs, los medios y el público.  La ley no sólo afectará el acceso a la información presupuestaria, sino que puede restringir el acceso a información comercial en manos del gobierno.  Esto puede crear irregularidades y complicar la rendición de cuentas de negocios y del gobierno responsable de la ineficiencia y corrupción.  Los funcionarios públicos tienen amplia discreción en los términos de clasificación y no necesitan dar un motivo para clasificar información que pueda ser de interés público.  Finalmente, la propuesta de ley no provee un mecanismo independiente de vigilancia para prevenir que información de interés público se convierta en información clasificada.

Respecto a cómo administra el gobierno el dinero público, el acceso a información del estado permite a OSCs participar en debates presupuestarios, proponer políticas alternativas, monitorear el uso de fondos asignados para la prestación de servicios básicos y mantener al público informado sobre el gasto gubernamental.  La propuesta de ley amenaza a la OSCs y su habilidad de participar efectivamente con el gobierno en las decisiones presupuestarias, en políticas públicas y en actividades de veeduría con el riesgo de ser encarcelados por el simple hecho de poseer información clasificada.

A fin de promover la transparencia y la gobernabilidad responsable y efectiva en Sudáfrica, el acceso a la información es imperativo.  Aunque es razonable para el estado controlar la información con impacto en la seguridad nacional, debe de tener cuidado de no afectar la democracia al hacerlo.  150 OSCs sudafricanas e internacionales han formado una fuerte coalición sobre el derecho a la información para presionar a los legisladores y defender los valores constitucionales del país.

Para mayor información, ir a http://www.r2k.org.za/ o contactar a Hopolang Selebalo [email protected].

¡Súmate al International Budget Partnership para firmar la petición Pregúntale a tu gobierno para proteger el acceso a la información aquí.

Hallazgos del análisis presupuestario ganan un caso judicial sobre el derecho a la educación de los niños en Buenos Aires, Argentina por Martin Sigal y Dalile Antúnez, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

La ciudad de Buenos Aires, Argentina, era un distrito federal hasta 1996 cuando obtuvo su autonomía y se convirtió en provincia (estado).  En ese momento la ciudad también decretó su constitución, misma que reconoce a la educación como un derecho fundamental y establece un sistema educativo comprometido con el principio de igualdad de oportunidades para todos.  Estas provisiones obligan a la ciudad a asegurar y financiar educación pública, libre y no-religiosa a todos los niveles, comenzando con niños de 45 días de edad.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de la sociedad civil con base en Buenos Aires, desarrolló un programa para poner a prueba a la ciudad por la inequidad en la provisión de educación, sobre todo respecto a la discriminación socioeconómica.  La ACIJ observó que miles de bebés y niños entre 45 días y cinco años de edad fueron excluidos cada año de la escuela pre-primaria.  La ciudad argumentó que no había suficientes lugares en las escuelas públicas para dar cabida a estos niños.  Sin embargo, el análisis presupuestario de la ACIJ reveló que la ciudad había subejecutado recursos asignados por la legislatura local específicamente para infraestructura, incluyendo la construcción de nuevas escuelas y mantenimiento de las ya existentes.

En 2006 la ACIJ presentó un caso colectivo a nombre de 6,047 niños excluidos de las escuelas públicas.  El argumento de la ACIJ se basó en lo siguiente:

• La violación del derecho a la educación de los niños;
• El hecho de que el derecho a llevar una vida autónoma, conforme al Artículo 19 de la Constitución, se vio afectado por la negligencia a ofrecer educación básica ya que la habilidad de los individuos a tener éxito en la sociedad depende del acceso a educación adecuada; y
• Oportunidades inequitativas de empleo para los niños excluidos de las escuelas, en comparación con aquellos que sí van a la escuela.

Excluir a niños de las escuelas públicas tuvo un mayor impacto en aquellos económicamente vulnerables ya que sus papás no pueden pagar escuelas privadas.  Su dependencia del sistema escolar estatal sustentó el argumento de discriminación con base en el trato desigual a niños menos privilegiados.

La ACIJ usó el análisis de presupuestos para mostrar la consistente subejecución de recursos en los últimos cinco años.  De 2002–2005 la ciudad de Buenos Aires no gastó un promedio de 32.3 por ciento de los recursos asignados para infraestructura, a pesar del déficit de infraestructura de la ciudad.  Reportes de la oficina de auditoría general muestran que en 2003, 63 por ciento del presupuesto asignado a infraestructura, mantenimiento y equipo fue subejecutado.  La falta de inversión en infraestructura tuvo un impacto directo en miles de niños que no pudieron asistir a la escuela.

El juez de la Corte de Primera Instancia estableció que el estado debe de ofrecer educación gratuita a bebés y niños entre 45 días y cinco años de edad y le ordenaron al gobierno de la ciudad informar a la corte en un plazo de 30 días sobre el progreso de las obras incluidas en el caso.  La ciudad del gobierno requirió el envío de los planes de construcción con capacidad suficiente para satisfacer las demandas de los niños excluidos en un plazo de 90 días.  Se requirió presentar información desagregada por distrito escolar con los nombres y direcciones de las escuelas, número de aulas y niños por aula, con información sobre el estado y fechas de terminación de las obras antes del 2010.

La decisión final se basó en el argumento de que la ciudad estableció mediante su constitución el derecho a la educación, el cual incluye la obligación de cumplir progresivamente con ese derecho usando el máximo de recursos disponible.  Esta obligación para asegurar el acceso a educación adecuada para todos los niños fue reforzado por el derecho a llevar una vida autónoma.  Aunque el gobierno argumentó que ha adoptado medidas para garantizar el derecho a la educación, la evidencia de la subejecución presentada por la ACIJ demostró que el problema de acceso desigual a oportunidades educativas dentro de la ciudad no era cuestión de falta de recursos sino de una administración ineficiente.

En casos de derechos sociales como este, los gobiernos suelen argumentar que toman medidas progresivas para cumplir con los derechos pero que están limitados por la falta de recursos.  En este caso el presupuesto para educación no disminuía año tras año; por el contrario los recursos para educación iban en aumento.  Lo que indica que el problema principal eran los altos niveles de subejecución.

Este caso subraya la importancia de analizar no sólo las asignaciones de los presupuestos gubernamentales sino también qué tan eficazmente se gastan los recursos.  Con frecuencia las inevitables presiones políticas y la opinión pública durante los debates presupuestarios resultan en asignaciones que tal vez no corresponden con las prioridades reales del gobierno y que el gobierno fracasa en apoyar.  Las asignaciones pueden reflejar las prioridades de gobiernos anteriores y aunque el gobierno actual no comparte estas prioridades puede repercutir en la reducción de ciertos gastos.  La falta de un compromiso con asignaciones específicas junto con las necesidades financieras que pueden surgir a lo largo del año fiscal, pueden resultar en sobre o subejecución de recursos.

El caso en Buenos Aires confirma la importancia de analizar los presupuestos al evaluar los compromisos gubernamentales para la realización de derechos.  El análisis de los fondos de ACIJ asignados al presupuesto de la infraestructura escolar ofrece evidencia clave para cuestionar al gobierno, mejorar la calidad de la revisión judicial del caso e informar la decisión de la corte con datos relevantes y concretos.

Para mayor información, contactar a Martin Sigal [email protected].

Monitoreo del gasto gubernamental en Turquía revela inversiones insuficientes en niños, jóvenes, mujeres y discapacitados por Jay Colburn, International Budget Partnership

La Plataforma “Public Expenditure Monitoring Platform, PEMP” formada por 30 organizaciones de la sociedad civil (OSCs), recientemente organizó un ejercicio de monitoreo del gasto público en Turquía que se enfoca en la protección social y los derechos de las mujeres, niños, jóvenes y los discapacitados.  El ejercicio incluye una sesión sobre monitoreo presupuestario y un campamento de monitoreo del gasto público en donde grupos de trabajo más pequeños monitorean y analizan gastos por sector.  Los participantes consolidaron sus análisis y enviaron los resultados a los miembros de la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

Los hallazgos del ejercicio de monitoreo del gasto PEMP mostraron la insuficiencia de gastos de protección social (11 por ciento del PIB, comparado con el promedio europeo de 26 por ciento), es decir, servicios sociales, seguro de desempleo y salud.  Los gastos de servicio social se dirigieron sobre todo a aquellos con empleo formal, lo que empeora la inequidad para quienes están desempleados, empleados en el sector informal y socialmente excluidos.  El ejercicio presenta evidencia que sustenta el argumento de que el fondo de seguro de desempleo debe ampliar su cobertura y hacer su proceso de elegibilidad más transparente para que los fondos se gasten de manera apropiada y eficiente.  El esfuerzo de monitoreo del gasto también encontró que los servicios de salud, como el apoyo para los desempleados sigue subfinanciado e inaccesible a ciertos segmentos de la sociedad como los desempleados y muchas mujeres.

Los participantes también monitorearon cuánto se gasta en grupos sociales específicos, como niños, jóvenes y discapacitados.  En un país en donde 38 por ciento de la población es menor de 18 años de edad, sólo tres por ciento del PIB va a programas y servicios, incluyendo educación dirigida a los niños.  Mientras el presupuesto para la Agencia de servicios sociales y protección del niño supuestamente debe de aumentar en los próximos años, el gasto anual por niño se espera que disminuya 1,000 liras turcas (aproximadamente US$650) antes de 2014.  Los gastos dirigidos al apoyo de jóvenes también son muy bajos y necesitan enfocarse en servicios judiciales juveniles, en lugar de a deportes y educación.

Los hallazgos de monitoreo del gasto de PEMP también notan la falta de políticas y gastos para los discapacitados.  El presente nivel de apoyo de parte de la institución de seguridad social para la gente pobre con discapacidades sigue siendo insuficiente.  El PEMP argumenta que todos los grupos de discapacitados deben de pertenecer a un sistema formal de seguridad social sin ningún requisito de contribución y que esto aliviaría algunas de las inequidades existentes.

El ejercicio de monitoreo concluye que en general el gasto público en protección social para niños, jóvenes y discapacitados necesita aumentar para dar apoyo adecuado y balancear algunas de las inequidades de la sociedad turca.

Para aprender más sobre el ejercicio de monitoreo del gasto público, ir aquí.

Para mayor información sobre los grupos que forman parte del PEMP, ir a su página de Internet aquí o contactar a Nurhan Yenturk [email protected].

Análisis presupuestario con enfoque de derechos para mejorar la vivienda social en Irlanda del Norte por Jennie Finlay, Proyecto de Análisis de Presupuestos de QUB

Un proyecto de dos años — Análisis presupuestario y el avance de los derechos económicos y sociales en Irlanda del Norte — busca desarrollar una metodología para evaluar el cumplimiento del gobierno con las obligaciones de ofrecer recursos conforme a la convención internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. El equipo del proyecto se ubica en la Escuela de Derecho de la Universidad de Queens Belfast y acaba de publicar su primer estudio de caso en donde aplica esta metodología con base en derechos sociales y económicos para la vivienda social en Irlanda del Norte.

El estudio aclara las obligaciones legales internacionales respecto al uso de recursos en el contexto del derecho a vivienda digna.  Se basa en comentarios y afirmaciones del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; jurisprudencia comparativa y de la academia para explicar las implicaciones presupuestarias de conceptos de derechos humanos clave, como el cumplimiento progresivo, máximo disponible de recursos, equidad y no-discriminación, y mínimo de obligaciones básicas.  El marco aplicado al derecho a la vivienda digna se basa en un documento que el proyecto publicará este año.

Además de demostrar cómo un marco presupuestario de derechos puede aplicarse en la práctica, la investigación busca informar e influir el debate sobre políticas de vivienda y presupuestos en Irlanda del Norte.  El reporte se enfoca en el sector social, es decir, vivienda financiada públicamente, que juega un papel muy importante en asegurar que las viviendas de bajos ingresos en Irlanda del Norte gocen del derecho a vivienda digna.  El análisis pone atención al cambio neoliberal en política social y económica que promovió que el estado vendiera un gran número de unidades habitacionales a residentes a precios de descuento (subsidiando la ocupación de propietarios) y promoviendo la falta de inversiones de largo plazo en la vivienda de interés social en Irlanda del Norte.  El aumento en los últimos 10 años de listas de espera para vivienda de interés social y de gente sin hogar, es evidencia de la inhabilidad de satisfacer las necesidades de vivienda.  Desde una perspectiva de derechos humanos esto representa un fracaso del cumplimiento progresivo del derecho a vivienda digna.

El reporte muestra que el nivel de financiamiento para nuevos proyectos de construcción ha fallado en aumentar progresivamente conforme a las crecientes necesidades de vivienda.  Además, el estudio resalta varios puntos en relación con aspectos específicos del presupuesto para la vivienda de interés social en Irlanda del Norte.  Estos incluyen el uso de un modelo de financiamiento público-privado mediante el cual asociaciones privadas no lucrativas reciben préstamos privados para financiar la construcción de la vivienda social.  Respecto al máximo disponible de recursos, la investigación cuestiona la capacidad de las asociaciones de vivienda de:

• realizar economías de escala;
• hacer préstamos a tasas favorable en el difícil ambiente financiero; y
• adquirir complejas capacidades para ofrecer vivienda de interés social a gran escala.

El reporte se lanzó en un evento al que asistieron miembros de la sociedad civil y varios expertos sobre derechos de vivienda en Irlanda del Norte, incluyendo el ministerio responsable de la vivienda social, que elogió el reporte.  El proyecto sobre análisis presupuestario y el avance de los derechos económicos y sociales en Irlanda del Norte fue financiado por Atlantic Philanthropies.

Para leer el estudio de caso, ir a la página del proyecto.

Para mayor información, contactar a Jennie Finlay [email protected].

El impacto de la crisis económica global en los presupuestos de países de bajos ingresos por Katerina Kyrili y Matthew Martin, Oxfam

El reciente reporte de Oxfam titulado The Impact of the Global Economic Crisis on the Budgets of Low-Income Countries examina el gasto de países de bajos ingresos (Low Income Countries, LICs) para alcanzar las metas del milenio (Millennium Development Goals, MDGs).  La crisis económica global creó un gran vacío deficitario de $65bn de los cuales la ayuda financiera sólo ocupó un tercio.  Como resultado muchos LICs están recortando gastos a los MDGs (especialmente en lo que se refiere a educación y protección social), aplicando a préstamos domésticos muy costosos y aumentando los impuestos.  El reporte explica lo qué hicieron 56 LICs en 2009 y lo que planean hacer en 2010 para combatir la crisis, proteger a los más pobres y revivir el avance hacia los MDGs.  El reporte también urge: 1) a la comunidad internacional a hacer nuevos compromisos sobre asistencia durante la cumbre del milenio en septiembre 2010, 2) al FMI a promover que los LICs gasten más para cumplir los MDGs, combatir el cambio climático y reportar regularmente sobre dicho gasto, y 3) a los gobiernos LIC a aumentar el gasto en protección social y educación; aumentar los impuestos sobre el ingreso, la propiedad, y las inversiones extranjeras; y luchar en contra de la evasión fiscal.

Para leer el reporte completo, ir a: http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/impact-global-economic-crisis-lic-budgets-0710.pdf

¿A dónde va nuestro dinero? Prioridad y progreso en el presupuesto de salud de Sudáfrica por Saranne Durham y Len Verwey, Idasa

Los retos de gran escala que enfrenta el sector salud sudafricano resaltan preguntas respecto a si este sector es una prioridad del gobierno y si va progresando.  Actualmente Sudáfrica cuenta con los niveles de mortalidad infantil y mortalidad maternal más altos, y el nivel de expectativa de vida más bajo de países con PIBs per cápita similares (como Brasil, Botsuana, Costa Rica, México y Namibia).  En Sudáfrica el sistema de salud público atiende cada vez más a la gente pobre mientras el costoso sistema privado atiende a la minoría de los ciudadanos.

Sudáfrica continúa quedándose atrás respecto a su compromiso en la Declaración de Abuja de asignar 15 por ciento del presupuesto público a la salud.  Esto a pesar del impacto negativo que tiene el ineficiente sistema de salud en la sociedad y economía sudafricanas.   La salud como porcentaje del total de las asignaciones presupuestarias provinciales es significativa – a pesar de lo que muestra el presupuesto nacional consolidado – y se asignan crecientes aumentos al sector salud cada año.

Un análisis del progreso de los presupuestos de salud en Sudáfrica muestra que el aumento en las asignaciones de la salud pública generalmente se acerca y hasta supera el nivel de crecimiento económico.  Sin embargo, el presupuesto debe de priorizar a la salud con el aumento de recursos; lo cual es particularmente cierto en un país como Sudáfrica que enfrenta retos en este sector.

Boletín de la “Local Government and Public Service Reform Initiative”

LGI Announce es un boletín con más de 2,500 suscriptores publicado por la Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) del Open Society Institute. El boletín incluye secciones sobre conferencias, solicitudes para escribir trabajos, oportunidades profesionales, publicaciones, recursos e información sobre nuevos e innovadores proyectos de temas de gobernabilidad, incluyendo aquellos que apoya LGI.  Para suscribirse o tener acceso a ejemplares recientes, ir a: http://lgi.osi.hu/newsletters.php.

Nueva página de Internet sobre el trabajo de derechos humanos alrededor del mundo

El “International Human Rights Internship Program” (IHRIP) — miembro de ESCR-Net y parte de la iniciativa de presupuestos y DESC — recientemente lanzó una página de Internet dedicada al trabajo presupuestario de derechos humanos: Human Rights Budget Work Around the World.  La página se enfoca en los derechos económicos y sociales, pero trata de cubrir temas presupuestarios para el avance de los derechos civiles y políticos más ampliamente.  La página está disponible en inglés pero próximamente estará disponible en español y en francés.  Para compartir información o estrategias con otros activistas de DESC, suscribirse al grupo Budget Analysis and ESCR Discussion

Fortalecimiento de la red presupuestaria: tercera reunión de la Partnership Initiative en Siem Reap, Camboya por Manuela Garza, International Budget Partnership

Hace casi cuatro años el International Budget Partnership (IBP) comenzó una reflexión estratégica sobre cómo apoyar el trabajo presupuestario de la sociedad civil alrededor del mundo.  Al centro de esta reflexión está la meta de impulsar este trabajo a un nivel más avanzado y enfocarse en el impacto potencial del análisis y la incidencia de los presupuestos en la vida de los pobres y marginados.

El IBP y sus pares saben que para tener un impacto real y sostenible, el número de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que usan el análisis e incidencia de presupuestos para avanzar sus agendas sociales necesitan crecer y fortalecer sus esfuerzos.  Uno de los primeros pasos clave del IBP, para lograr esta explosión de incidencia fue la creación de la Partnership Initiative (PI).

Hoy en día la PI es un componente del trabajo del IBP y apoya a OSCs en 20 países de América Latina, África y Asia con recursos, aprendizaje y oportunidades para crear redes y dar asistencia técnica.  En junio la tercera reunión de la PI en Siem Reap, Camboya fue testimonio de la formación y crecimiento de una red global sólida y vibrante de OSCs y movimientos sociales comprometidos con cambiar la vida de las personas mediante actividades presupuestarias orientadas a tener un impacto real.

La reunión en Camboya reforzó la formación de una red de colaboración.  Las reuniones anteriores en Washington, D.C. (2008) y Río de Janeiro (2009) fueron los primeros pasos para crear la iniciativa y la red, que entonces era de la mitad del tamaño y fuerza actuales.  En Camboya más de 80 representantes de las 40 organizaciones que forman parte de la PI se reunieron para intercambiar historias de éxitos, retos y frustración en su trabajo para cambiar las políticas públicas y los presupuestos.  Los participantes de tres continentes compartieron experiencias, perspectivas e ideas en cuatro idiomas a lo largo de cinco días de sesiones plenarias muy activas y grupos de trabajo interregional.  A partir de estas experiencias los socios se hicieron aliados y colegas — y se dieron cuenta de que no están solos en su lucha y que es posible conseguir un mayor impacto social al impulsar sus estrategias individuales y desarrollar esfuerzos conjuntos a nivel internacional.

Los participantes encontraron espacios fuera de la agenda establecida para formular agendas bilaterales y multilaterales.  Los colegas de Camboya, Indonesia y Filipinas estuvieron de acuerdo en formar un grupo de trabajo regional para aprender del trabajo de todos y ampliar sus conocimientos sobre el trabajo presupuestario en la región.  Las 17 organizaciones africanas rompieron las barreras del lenguaje para iniciar una discusión regional permanente y acordaron crear un listserv como primer paso para continuar dialogando.  Las nueve organizaciones de la India continuaron sus conversaciones sobre la formulación de una agenda común a nivel nacional y usaron la reunión para intercambiar experiencias con los asistentes de otros países.  La reunión también les ofreció a los colegas de América Latina un espacio para profundizar sus relaciones e identificar temas en común con esfuerzos de incidencia regional vigentes.

La reunión de Camboya se enfocó en el manejo de la red y en oportunidades de aprendizaje horizontal por parte de los participantes, actividades que están al centro de la misión de la PI.  Para el personal del IBP y de la PI esta reunión concretó un objetivo que comenzó como un ideal.  ¡El equipo de la PI espera contribuir a la creación de una verdadera explosión de incidencia y anticipa con gusto los futuros retos!

Para mayor información, contactar a Manuela Garza [email protected].