Auditorías sociales, presupuestos participativos y movilización pública
- Auditorías de desempeño y auditorías sociales: trabajando hacia una sinergia en la India por Sowmya Kidambi, IBP
- La ciudad de Chicago comienza prácticas de presupuestos participativos por Nicole Summers, oficina del alcalde Joe Moore, Consejo de la ciudad de Chicago
- Comunidades brasileñas discuten el impacto del Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES) por Helena Hofbauer, IBP
Buena gobernabilidad: lecciones y recursos
- Oportunidades para la participación de la sociedad civil con el gobierno en Camboya: una reseña del reporte 2009 del Banco Mundial “Linking Citizens and the State” por Chea Kimsong y Gijs Koop, NGO Forum de Camboya
- Vivienda de interés social en Brasil: ¿Porqué es tan difícil llegar a los pobres? por Sergio Baierle, Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (CIDADE)
- El proceso presupuestario y la corrupción por Jan Isaksen, Chr. Michelsen Institute
- Follow the Money de la Unión Europea (UE)
- Publicación del Banco Mundial: “News Media and Governance Reform”
Niñez y mortalidad maternal: noticias y herramientas
- Addis hace un llamado urgente a la salud materna
- Invertir en los niños: herramientas disponibles en Internet
Nuevas publicaciones
- Versión en ruso y español de Nuestro Dinero, Nuestra Responsabilidad: Guía ciudadana para la vigilancia del gasto público
- Nueva publicación: “Small Change. Why Business Won’t Save the World” por Michael Edwards
- Un nuevo enfoque para la reconstrucción de la posguerra por Fredrik Galtung y Martin Tisné
Auditorías de desempeño y auditorías sociales: trabajando hacia una sinergia en la India por Sowmya Kidambi, IBP
Los últimos 10 años han visto un aumento dramático en el gasto de programas sociales en la India. El gasto social total de parte de los gobiernos central y estatal combinados ha aumentado 80 por ciento, de Rs. 1.38 trillones en 2001/02 a Rs. 2.48 trillones en 2006/07. Aunque se reconoce el aumento de las asignaciones gubernamentales a programas sociales, la implementación exitosa de estos programas no es un hecho. No sólo se requiere un marco político apropiado sino también mecanismos efectivos de implementación junto con administración y monitoreo comunitario satisfactorios.
Con más de 200 esquemas del sector social financiados por el gobierno nacional y un número similar a nivel estatal, la comisión de planeación del gobierno central ha expresado, repetidamente, que muchas de estas iniciativas han fracasado debido al pobre diseño, a la insuficiencia de fondos, la mala planeación para llegar a los beneficiarios, la corrupción y la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En este contexto es fundamental contar con procesos independientes de auditoría.
En la India el Contralor y Auditor General (CAG) es responsable de llevar a cabo auditorías financieras de desempeño de los gobiernos central y estatales, así como de compañías del sector público. La auditoría de desempeño de CAG es particularmente importante cuando se trata de programas sociales, ya que busca evaluar si los objetivos intencionados de los programas se han alcanzado.
En años recientes, el renovado interés en auditorías de desempeño ha dado lugar a nuevos lineamientos de auditoría en sincronía con las buenas prácticas internacionales. La nueva metodología involucra la planeación de estructuras para identificar temas de gobernabilidad, mayor colaboración con el ejecutivo en todas las fases del proceso y nuevos métodos para recabar evidencia (como visitas y encuestas a beneficiarios). En los últimos cinco años, CAG ha auditado la mayoría de los programas más populares del gobierno tal como el “National Rural Employment Guarantee Scheme, NREGS” y el “National Rural Health Mission, NRHM” y ha publicado reportes de auditoría.
A pesar de estos cambios, el enfoque principal de las evaluaciones de auditoría de CAG sigue siendo los procesos gubernamentales, es decir, que la verificación de resultados a nivel de la implementación es algo secundario. En este sentido, las dos limitantes que enfrenta CAG son los estrictos requisitos de evidencia (necesarios para asegurar la credibilidad de los hallazgos de la auditoría) y los recursos humanos limitados. Por ejemplo, CAG no puede verificar todos los caminos rurales, como tampoco puede aceptar testimonios verbales de los beneficiarios que difícilmente se pueden verificar.
En contraste con las auditorías de CAG, las auditorías sociales siguen procesos participativos mediante los cuales los miembros del público monitorean la implementación de los programas del gobierno en su comunidad. Se llevan a cabo por cuerpos o comités comunitarios de vigilancia y monitoreo, o por organizaciones comunitarias para medir los resultados de programas sociales, verificar los récords oficiales e identificar problemas de implementación desde abajo. Las auditorías sociales ofrecen un foro de retroalimentación directa para los beneficiarios mediante audiencias públicas—eventos de gran escala en los que los miembros de la comunidad presentan sus hallazgos de auditoría a los funcionarios locales, quienes tienen la oportunidad de responder.
Las auditorías sociales se perciben como un enfoque pionero y alternativo al monitoreo institucional comunitario, ya que involucran el esfuerzo conjunto tanto del gobierno como de grupos ciudadanos. En la India el gobierno debe:
- Asegurar que las auditorías sociales se lleven a cabo en todos los consejos de los poblados cada seis meses
- Ofrecer toda la información relevante sobre el programa que está siendo auditado en un formato que la gente pueda entender y con tiempo suficiente para hacer análisis e inspecciones
- Ofrecer una plataforma para que la gente pueda dar sus opiniones y retroalimentación sin temor a represalias
- Incorporar la retroalimentación que ofrece la gente en la resolución de problemas y mejoramiento de programas
El papel del público y de las organizaciones de la sociedad civil es hacer que el gobierno responda a estos compromisos y movilizar a la gente a participar en el proceso de auditoría social.
En la India, el gobierno del estado de Andhra Pradesh es el único gobierno estatal que ha institucionalizado las auditorías sociales como un proceso regular dentro de NREGS. El estado ha establecido una dirección independiente, con personal de organizaciones de la sociedad civil, para capacitar a jóvenes alfabetos de viviendas rurales para realizar auditorías sociales. Hasta la fecha más de 50,000 jóvenes han sido capacitados y se han realizado más de dos rondas de auditorías a lo largo de 22 distritos. Han habido auditorías sociales en 19,804 consejos poblacionales que han resultado en la recuperación de Rs.58, 900,000 previamente desviados del NREGS y el despido de 3,421 personas. En 2007, cuando la oficina del Auditor General de Andhra Pradesh auditó a NREGS en el estado, su personal usó los reportes de auditoría social para obtener información adicional.
En tanto que CAG se ha esforzado por fortalecer sus auditorías de desempeño, aún enfrenta la difícil tarea de evaluar, efectivamente, los programas sociales en un número significativo de localidades del país. Para atender este reto CAG implantó la fuerza especial para estudiar las auditorías sociales e identificar formas de integrarlos al proceso de auditoría de desempeño. Miembros de la fuerza especial han asistido al significativo proceso de auditoría social en el distrito de Bhilwara en el estado de Rajastán, organizado conjuntamente por la campaña local, Rozgar evam Suchna Ka Adhikar Abhiyan, REAS y por el gobierno del estado. Durante esta visita, los miembros de la fuerza especial observaron cómo las auditorías sociales pueden contribuir a las auditorías de evaluación de CAG y su potencial de introducir rigor en las auditorías de CAG.
A pesar de que India ha encabezado el uso de las auditorías sociales como un medio para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, integrar al público al mecanismo de vigilancia y mejorar la gobernabilidad, es una metodología que muy fácilmente puede adaptarse a otros contextos y países. Por ejemplo, las auditorías de la sociedad civil en Kenia han tenido éxito sacando a relucir casos de corrupción y malos manejos en el uso de los recursos públicos de los fondos locales de desarrollo conocidos como “Constituency Development Funds.”
Para mayor información sobre las auditorías sociales en India, contactar a Sowmya Kidambi [email protected].
Para ver la auditoría social en Mombasa, Kenia, “It’s Our Money. Where’s It Gone?”, ir a www.internationalbudget.org.
La ciudad de Chicago comienza prácticas de presupuestos participativos por Nicole Summers Oficina del Alcalde Joe Moore, Consejo de la ciudad de Chicago
La jurisdicción 49 de Chicago estará entre las primeras jurisdicciones políticas de los Estados Unidos en usar prácticas de presupuestos participativos (“participatory budgeting”, PB) para decidir cómo asignar recursos públicos. El proceso de presupuestos participativos es un proceso mediante el cual la gente que vive en una ciudad o comunidad influye directamente en las decisiones de gasto del dinero público. Este proceso se introdujo por primera vez en la ciudad de Porto Alegre, Brasil en 1990 y desde entonces se ha esparcido a más de 1,200 ciudades alrededor del mundo.
A pesar de que este ejemplo toma lugar en un contexto específico, el proceso PB puede y ha sido implementado en varias comunidades del mundo como un medio para incorporar las demandas, necesidades y prioridades de los residentes en el proceso presupuestario y generar consenso en la toma de decisiones. Todo esto puede promover mejores políticas presupuestarias y un uso más efectivo de los recursos públicos.
Residentes de la jurisdicción 49 encabezados por su representante o consejero ciudadano, Alcalde Joe Moore, están usando los presupuestos participativos para decidir cómo gastar los fondos discrecionales recibidos por cada representante o consejero ciudadano en mejorías para la infraestructura en su respectiva jurisdicción. Desde mediados de los noventa, cada uno de los 50 representantes de la ciudad ha recibido aproximadamente $1.4 millones de fondos discrecionales anualmente. Estos fondos deben de gastarse en proyectos de infraestructura y no para financiar programas o servicios. Estos fondos son la única parte del presupuesto de la ciudad sobre la que el representante tiene control absoluto.
A principios del año pasado, el Alcalde Moore reunió a un grupo de 40 líderes comunitarios de diversas organizaciones cívicas, religiosas y políticas en la jurisdicción para integrar un comité de presupuestos participativos para desarrollar las reglas y coordinar el proceso de presupuestos participativos. Gianpaolo Baiocchi, profesor asociado del departamento de sociología y estudios internacionales de la Universidad Brown y Josh Lerner, candidato doctoral en ciencia política de la New School for Social Research facilitaron una serie de talleres para el comité. Introdujeron los conceptos y prácticas de PB, compartieron sus experiencias trabajando en PB en otros países y sentaron las bases para el proceso que seguiría la jurisdicción 49. Los talleres culminaron con la creación de un reglamento que delineaba los pasos del procesos, un calendario y descripción de los roles y responsabilidades, así como los mecanismos de votación y toma de decisiones.
El proceso PB comenzó a principios de noviembre con una serie de nueve asambleas vecinales llevadas a cabo por toda la jurisdicción—ocho en distintos vecindarios y una para residentes de habla hispana. Las asambleas estaban abiertas a todos los residentes y sirvieron para presentar los principios de PB y preguntarles a los participantes sus ideas para proyectos de infraestructura en la jurisdicción. Al final de cada reunión, los participantes interesados tenían la oportunidad de ofrecerse como voluntarios para ser representantes comunitarios responsables del desarrollo de propuestas de proyectos vecinales para discutirse entre todos los residentes de la jurisdicción.
En la actualidad, los representantes comunitarios se reúnen regularmente en comités presupuestarios temáticos—como el de transporte o seguridad pública—para desarrollar propuestas que se puedan someter a la votación de los residentes de la jurisdicción. Los representantes utilizan las ideas que se presentan durante las asambleas vecinales como puntos de partida, pero también se espera que contribuyan con ideas propias para proyectos que evalúen las necesidades de la comunidad y que trabajen con los expertos técnicos para determinar si los proyectos son factibles. Las propuestas finales deben incluir una descripción del proyecto, una justificación y proyección del impacto y una estimación del costo.
En marzo 2010 los representantes se reunirán con los residentes en una segunda ronda de asambleas vecinales. Los comités temáticos de los representantes presentarán sus recomendaciones de proyectos y los residentes tendrán la oportunidad de sugerir agregar o remover proyectos de los listados. Al tomar en cuenta la retroalimentación de los residentes, los representantes comunitarios entregarán propuestas de proyectos para un voto final durante el mes de abril. Los residentes de la jurisdicción 49 son mayores de 16 años, así que pueden votar hasta por ocho proyectos.
El comité comunitario de planeación ha sido instrumental a lo largo del proceso PB, reuniéndose regularmente para discutir y aprobar las principales decisiones. Además de darle legitimidad a la iniciativa, su participación les ha dado un sentido de propiedad sobre el proceso. Esto los ha motivado a seguir activamente involucrados. Hasta el momento los miembros del comité han facilitado todas las asambleas vecinales y ejercen funciones de mentores a representantes comunitarios. Igualmente, la oficina del Alcalde Moore ha invertido tiempo y esfuerzo considerables en este proceso, incluyendo la contratación de una persona de tiempo completo para coordinar el proceso con varios actores.
Una de las debilidades del ejercicio de PB de la jurisdicción 49 ha sido la limitada participación de minorías, gente de bajos recursos y de los jóvenes. Esta jurisdicción es una de las más diversas étnica y económicamente de Chicago; sin embargo las asambleas vecinales están integradas en su mayoría por propietarios de edad avanzada y extracción blanca. En este momento, el personal de Alcalde Moore está trabajando para incluir a grupos con baja representación con una encuesta distribuida entre organizaciones comunitarias en donde se le pide a la gente que identifique sus necesidades de infraestructura y sugiera ideas para proyectos. También se han identificado otras estrategias para atender este reto como llevar a cabo asambleas más cortas a lo largo del día, en lugar de sólo en la noche, ofrecer servicio de guardería durante las asambleas y fortalecer los esfuerzos de organización de base para llegar a los residentes jóvenes, minoritarios y de bajos ingresos al inicio del proceso.
Para mayor información sobre el PB en Chicago, contactar a Nicole Summers [email protected], o ir al blog de la jurisdicción 49: http://participatorybudgeting49.wordpress.com.
Comunidades brasileñas discuten el impacto del Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES) por Helena Hofbauer, IBP
El Banco de inversión de Brasil cuenta con más financiamiento disponible cada año que el Banco Mundial. El Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES) ha dirigido las políticas de desarrollo del país por décadas y ampliado su influencia en varios países de América Latina y África. Al hacerlo, BNDES se ha destacado por su falta de rendición de cuentas como muchas otras instituciones financieras de inversión.
La Plataforma BNDES—integrada por más de 20 organizaciones, movimientos sociales y redes—busca exigirle rendición de cuenta a este banco propiedad del estado, por sus políticas de desarrollo. Del 23-25 de noviembre, la plataforma organiza la primera reunión de comunidades afectadas por BNDES para darles voz y visibilidad a aquellos que padecen las consecuencias de las decisiones de inversión sin escrúpulos. Durante la reunión de tres días los participantes presentaron y discutieron el impacto de proyectos que en términos técnicos y financieros hacían sentido, pero que no tomaron en cuenta las perspectivas y necesidades de la población en esas áreas. Se debatieron testimonios sobre el efecto de inversiones para etanol, papel y producción de celulosa, agricultura, energía y minas a través de las experiencias de las comunidades y organizaciones que viven y trabajan en las inmediaciones de dichos proyectos. Se puso particular atención en los efectos de las inversiones en comunidades indígenas y en el ambiente.
La reunión terminó con una manifestación pública frente a BNDES en donde una delegación se encontró con Luciano Coutinho, presidente del banco de inversión. “Es difícil entablar una conversación con la persona que está financiando nuestra desgracia”, dijo Cleide Passos, persona afectada por la construcción de la planta de hidroeléctrica de San Antonio en Río Madeira que recibió R$ 6.1 billones. [1] Se entregó una carta de las comunidades afectadas [2] y un documento con las principales demandas de la Plataforma BNDES—elaborada a partir de la reunión. Las demandas no fueron tomadas en cuenta y se ratificó el modelo de inversiones para el desarrollo que no toman en cuenta ni a lo social, ni a lo ambiental. “Frustración—este es el sentir de los representantes de la gente que padece los efectos de los proyectos financiados por BNDES…”
La Plataforma BNDES no se está dando por vencida y ha lanzado un mapa interactivo en donde se pueden ubicar todos los proyectos de inversión en Brasil con montos, características y comunidades cercanas. El objetivo es fortalecer el movimiento social y darles a las comunidades afectadas las herramientas necesarias para saber qué está pasando y compartir sus experiencias.
Para mayor información, contactar a Helena Hofbauer [email protected].
Oportunidades para la participación de la sociedad civil con el gobierno en Camboya: una reseña del reporte 2009 del Banco Mundial “Linking Citizens and the State” por Chea Kimsong y Gijs Koop, NGO Forum de Camboya
En febrero 2009 el Banco Mundial publicó el estudio “Linking Citizens and the State: an Assessment of Civil Society Contributions to Good Governance in Camboya” con base en una investigación llevada a cabo por el “Centre of Advanced Studies” (CAS). Durante la investigación el personal del proyecto de presupuesto de NGO Forum fue entrevistado por CAS y comentó sobre los hallazgos más adelante.
La gobernabilidad es ampliamente reconocida como el reto más crítico en Camboya: se menciona en la estrategia rectangular de crecimiento, empleo, equidad y eficacia, en el plan nacional de desarrollo estratégico y en la mayoría de las estrategias nacionales de desarrollo de los socios de desarrollo de Camboya, incluido en Banco Mundial. Aunque las reformas de gobernabilidad, especialmente sobre descentralización y administración de finanzas públicas están mejorando, el país ocupa uno de los lugares más bajos en las evaluaciones internacionales de buena gobernabilidad.
El Banco Mundial argumenta que los esfuerzos por mejorar el lado de la “oferta” de gobernabilidad no son suficientes y que la activa demanda de buena gobernabilidad de los ciudadanos—y de la sociedad civil—es fundamental para que el gobierno sea más efectivo y responsable. El estudio sobre buena gobernabilidad en Camboya ofrece una reseña del presente estado de la sociedad civil en ese país y toma en cuenta el contexto político, social e histórico.
De acuerdo con el reporte, las prácticas sobre rendición de cuentas social en Camboya—incluyendo el análisis de presupuestos—no son nuevas pero generalmente se aplican en menor escala y están en las primeras fases de desarrollo. Las razones que explican el uso limitado de rendición de cuentas social se basan en ciertos hallazgos. Por ejemplo, los ciudadanos encuestados expresaron interés en la información pública y hablaron de la importancia de estar informados. No obstante, no sabían mucho del derecho al acceso a la información y expresaron su renuencia a solicitar—mucho menos exigir—información sensible. Esto es el resultado de la naturaleza paternalista del gobierno y del miedo de enfrentar consecuencias negativas.
La falta de transparencia y acceso a la información en todos los niveles gubernamentales en Camboya contribuye al bajo nivel de familiaridad con temas públicos. Por ejemplo, 85 por ciento de los encuestados reportaron que no conocían el presupuesto nacional, nueve por ciento reportaron conocer algo del presupuesto y sólo seis por ciento reportó tener muchos conocimientos al respecto. Cabe mencionar que estos porcentajes no mejoran mucho para los consejos comunales del presupuesto a pesar de que los consejos comunales se conocen bien. El escaso conocimiento sobre la información pública que reportaron los ciudadanos, es prueba del limitado papel de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto al acceso, difusión y generación de información pública.
Además de los retos al acceso a la información, el reporte identifica como el principal obstáculo la falta de mecanismos oficiales para que los ciudadanos expresen sus opiniones del gobierno. En la actualidad no hay medios de comunicación en Camboya que permitan la creación de programas ciudadanos. Los medios interactivos—en donde los ciudadanos pueden expresar sus puntos de vista, hacer preguntas y participar en la esfera pública—se limitan a unos cuantos periódicos y programas de radio independientes.
El reporte observa que hay una voluntad real de parte de los ciudadanos por expresar sus puntos de vista (al asistir a reuniones invitados por las propias autoridades); sin embargo hay muchas restricciones para que los mecanismos existentes sean realmente significativos. Por ejemplo, una estadística relevadora en el reporte es que más del 80 por ciento de los ciudadanos que participan en reuniones del consejo comunal reciben información pero raramente hacen comentarios o preguntas o exigen acciones concretas. Aunque algunas personas comparten sus opiniones a puerta cerrada, queda claro que los funcionarios públicos no están acostumbrados a estar en el ojo público y no promueven la participación pública o privada de la sociedad civil. También se observó que el uso de los medios de parte de los ciudadanos es limitado debido a la renuencia generalizada de expresar quejas o críticas públicamente, sobre todo, respecto a las acciones de las autoridades gubernamentales por temor a represalias.
Además de estos retos, el reporte resalta oportunidades. Una tendencia irreversible que promoverá un acercamiento más constructivo entre los ciudadanos y el estado es la población joven de Camboya, [1] que cuenta con una visión menos paternalista del gobierno y, por ende, es más fácil que participe con el gobierno. Existen otras oportunidades para que las organizaciones de la sociedad civil mejoren el acceso a la información y promuevan discusiones más constructivas. Una vez que haya mayor acceso a la información las organizaciones de la sociedad civil habrán aumentado su espacio para participar y contribuir a una mejor gobernabilidad y estimular la “oferta” de buena gobernabilidad.
En conclusión, el reporte hace una buena revisión de las presentes prácticas de rendición de cuentas social en Camboya, así como de los retos y oportunidades. Las recomendaciones para las organizaciones de la sociedad civil y socios en el desarrollo son importantes y merecen seria atención de parte de la sociedad civil camboyana y de la comunidad de donatarios, más allá del proyecto de demanda de buena gobernabilidad del Banco Mundial. Como miembro de la sociedad civil de Camboya, NGO Forum reconoce la necesidad de mayor colaboración constructiva entre los ciudadanos y el gobierno y los funcionarios electos. Nuevos métodos de participación pueden contribuir a mejorar esta relación, por eso la sociedad civil debe de explorar estas opciones y aumentar las interacciones significativas entre los ciudadanos de Camboya y su gobierno.
Como dice el dicho “se necesitan dos para bailar tango”—en este caso el ciudadano y el gobierno—de modo que los esfuerzos de la sociedad civil por sí solos no van a traducirse en mejorías de la noche a la mañana. La aplicación honesta y consistente de herramientas de rendición de cuentas social en el largo plazo puede promover cambios; aunque claramente hay mucho por hacer antes de que Phnom Penh esté a la par de Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo en cuanto a prácticas de gobernabilidad participativa. Por lo pronto, la sociedad civil camboyana continuará promoviendo relaciones constructivas entre los ciudadanos y el gobierno para fortalecer la demanda y oferta de buena gobernabilidad.
Para mayor información, contactar Chea Kimsong a [email protected] y a Gijs Koop a [email protected].
[1] 70 por ciento de la población es menor de 30 años de edad.
Addis hace un llamado urgente a la salud materna
El 26 de octubre 2009 se realiza una reunión de alto nivel sobre la salud materna y la meta del milenio número 5 (MDG 5) en la ciudad de Addis Ababa, Etiopía. La meta del milenio número 5 tiene como objetivo la reducción de la mortalidad maternal en tres cuartas partes entre 1990-2015 y conseguir acceso universal a la reproducción de la salud antes del 2015. Entre todas las metas del milenio, el objetivo de la mortalidad materna ha avanzando menos que el resto. Las complicaciones durante el embarazo y el nacimiento siguen siendo las principales causas de muerte entre mujeres en países en vías de desarrollo.
Organizado por los Países Bajos y el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas (“Netherlands and the United Nations Population Fund”, UNFPA), la reunión de alto nivel busca “darle un lugar importante a la salud materna y reproductiva en la agenda global de desarrollo, así como aumentar el compromiso político y financiero para mejorar la implementación de programas a nivel nacional”. Asistieron alrededor de 150 representantes del gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la juventud de alrededor del mundo.
El International Budget Partnership (IBP) participó en la reunión para hacer un llamado a temas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información y asegurar que se incorporen en futuros esfuerzos para alcanzar la meta 5. La reunión produjo un documento llamado “Addis Call to Urgent Action for Maternal Health”, en donde se le pide a los gobiernos, donatarios, sociedad civil y el sector privado a tomar acciones concretas para promover la salud materna y prevenir la mortalidad materna. Se hacen referencias concretas a los presupuestos de género, la transparencia, rendición de cuentas y el acceso público a la información, lo que demuestra que la comunidad global reconoce que estas acciones son críticas para lograr la meta 5 y prevenir la muerte de millones de mujeres.
Para leer el llamado de Addis, ir a: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/parliamentarians/docs/2009/addis_calltoaction_en.doc
Invertir en los niños: herramientas disponibles en Internet
Save the Children Suecia organiza actividades relacionadas con la inversión en los niños alrededor del mundo sobre todo en América Latina y el Caribe. En coordinación con Save the Children Suecia, Save the Children Noruega y la Red de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes “Latin American and Caribbean Network for the Defence of Children and Adolescents’ Rights” (REDLAMYC), se creó la página de Internet Platforma de Inversión en Infancia de América Latina y El Caribe). La página ofrece recursos relacionados con la inversión en niños, derechos de los niños y participación de los niños en los presupuestos públicos y políticas económicas. Incluye documentos relacionados con distintos temas de la niñez de países en la región, una lista de contactos clave en organizaciones que trabajan en estos temas, noticias de organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones y un boletín mensual de noticias llamado Children Come First in Public Budgets.
Los reportes y documentos disponibles en esta página ofrecen:
- Analisis de presupuestos recientes para la región que suelen enfocarse en aspectos de salud, seguridad, educación, etc., y su impacto e importancia para los niños, con frecuencia evaluando y promoviendo el apego de leyes nacionales y programas con normas internacionales sobre los derechos de los niños
- Anuncios y descripciones de conferencias regionales y globales, convenciones, campañas e iniciativas de grupos de la sociedad civil, gobiernos y otras instituciones que promueven la inversión en los niños y sus derechos.
Para mayor información, ir a http://www.inversioneinfancia.org.
Otra iniciativa organizada por Save the Children Suecia, la Universidad del Pacífico, Perú y REDLAMYC fue el taller regional de América Latina sobre inversión en los niños del 14-18 de septiembre 2009. A este taller asistieron miembros de 18 países de América Latina y el Caribe, varias organizaciones de la sociedad civil, UNICEF y otras organizaciones no gubernamentales. El principal objetivo del taller es movilizar y promover la inclusión de temas de la niñez en los presupuestos. Los principles temas que se discutieron fueron:
- Posibles acciones para avanzar las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño respecto a la mejor distribución y uso de recursos para los niños
- Proyección, reducción, alivio y compensación para los efectos de la crisis económica global sobre niños en la región
- Financiamiento para programas y políticas específicas respecto a educación, comida y nutrición, salud, infancia temprana y presupuestos participativos y
- Técnicas e iniciativas de incidencia dirigidas a invertir en los niños
Como parte del programa, los participantes compartieron y revisaron sus contribuciones y avances para la inversión en los niños y sus derechos en América Latina y el Caribe. El taller también incluye capacitación para el diseño de propuestas de políticas públicas. Dos talleres regionales y ocho talleres nacionales están programados para 2010, así como otras teleconferencias y talleres.
Para mayor información, ir a http://www.inversioneinfancia.org o contactar a Jorge Oroza [email protected].
Vivienda de interés social en Brasil: ¿Porqué es tan difícil llegar a los pobres? por Sergio Baierle, Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (CIDADE)
En los últimos 10 años Brasil ha visto desarrollos institucionales en las viviendas de interés social y planeación urbana. En 2001 el Congreso Nacional aprobó el estatuto de la ciudad que estableció un conjunto de herramientas legales para la planeación urbana. En 2003 se creó el Ministerio de ciudades seguido por la Conferencia nacional de ciudades que se reúne cada dos años. La Conferencia es un foro multi-partita—organizado a niveles local, estatal y nacional—para discutir los lineamientos de políticas nacionales urbanas que tiene un impacto en los estados y municipalidades. El Consejo nacional de ciudades se formó en 2004 y está integrado por representantes del gobierno y de la sociedad civil y ofrece recomendaciones sobre la aplicación del estatuto de la ciudad y sobre la implementación de políticas de desarrollo urbano.
Más de 85 por ciento de los brasileños viven en ciudades y un tercio (51.7 millones) viven en suburbios o favelas. Las favelas, normalmente, cuentan con electricidad, transporte público y acceso a salud básica e instalaciones de educación primaria. Sin embargo, hay irregularidades en las viviendas auto-construidas y carencias en los sistemas de drenaje, calles pavimentadas y banquetas, entre otras cosas.
El principal enfoque del gobierno brasileño, bajo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva es el crecimiento económico combinado con la reducción de la pobreza. Por ello, la vivienda de interés social es un componente de la política del gobierno. Después de la crisis económica del 2008 el gobierno creó una meta de vivienda más focalizada: una reducción de 14 por ciento del déficit de vivienda, estimado en 7.9 millones de unidades en 2010. Además el gobierno lanzó dos programas:
- Programa para la aceleración del crecimiento, (GAP) que coordina inversiones públicas y privadas de US$277.3 billones para atender tres áreas de infraestructura: logística, energía e infraestructura urbana y social. A pesar de la enorme cifra, sólo 13.5 por ciento proviene del presupuesto nacional, mientras el resto viene del sector privado, bancos y compañías privadas.
- Mi casa, mi programa de vida (MHMLP) ofrece US$18.7 billones adicionales en inversión pública y subsidios y una herramienta legal para facilitar la regularización de tierras en las favelas. [1] Autoriza al gobierno identificar áreas para ser regularizadas y define los requisitos para ofrecer títulos de propiedad a residentes en esas zonas, reduciendo años de trámites.
Ambos programas comparten la necesidad de resultados rápidos, el procesos de toma de decisiones de arriba hacia abajo y el amplio margen de asignaciones presupuestarias discrecionales. Además GAP y MHMLP carecen de mecanismos participativos para su administración. Al GAP lo coordinan cuerpos de alto nivel formados por funcionarios de la Casa Civil (Departamento del Presidente) y los Departamentos de Tesorería y Planeación. La Tesorería y el Ministerio de las Ciudades están a cargo de regular el MHMLP. El Consejo nacional de las ciudades no tiene ninguna función en ninguno de estos dos programas.
A pesar de esto, la decisión del gobierno de invertir en la vivienda ha beneficiado a los pobres en zonas urbanas. Las viviendas para familias con ingresos mensuales de hasta US$3,000 se subsidian; sin embargo, mientras 90.9 por ciento del déficit unitario de viviendas de 7.9 millones es de familias con ingresos mensuales menores a US$900, la mayoría de los recursos son para familias con ingresos mensuales entre US$900 y US$3,000. Sólo 40 por ciento de las nuevas unidades bajo el MHMLP son para los más pobres.
Organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales lucharon y cabildearon por casi dos décadas en el Congreso Nacional a través del Foro nacional de reforma urbana (www.forumreformaurbana.org.br) para obtener la aprobación de leyes básicas para la regularización de propiedad urbana y la creación de un sistema nacional de vivienda de interés social (National Social Interest Housing System, NSIHS) y del fondo nacional de vivienda de interés social. El NSIHS requiere que todos los estados y municipalidades creen consejos locales de vivienda social para garantizar la participación pública en los procesos de planeación. Sólo después de un año de aprobar menos de US$1.1 billón para el NSIHS, el gobierno lanzó el programa de vivienda GAP, aparentemente, sin tomar en cuenta al programa existente.
En 2008 el gobierno contrató consultores para diseñar el plan nacional habitacional (PLANHAB) que fuera discutido en el Consejo nacional de las ciudades. PLANHAB estaba listo a finales de 2008, pero nunca se implementó. En su lugar se lanzó MHMLP en 2009. Aunque incluye algunos esquemas financieros como PLANHAB, el MHMLP ignora la visión más amplia del plan inicial. PLANHAB requiere que todas las municipalidades tengan definidos sus propios planes y áreas de vivienda de interés social al margen de la especulación. Los subsidios de MHMLP tienden a ser interceptados por compañías de bienes raíces—directamente a través de ganancias por el aumento de precios e indirectamente mediante el uso de materiales de baja calidad para reducir el costo de construcción, entre otras cosas.
En Brasil hay una tendencia a desconfiar de las instituciones y a confiar en la voluntad política de los líderes que crean leyes y políticas para satisfacer sus intereses. Por ello hay que preguntarse si las instituciones creadas para la vivienda social realmente importan; CIDADE piensa que sí. La vivienda de interés social es mucho más compleja que sólo el financiamiento—no sólo se necesita planeación urbana coherente; sino también prevenir la segregación y el deterioro ambiental. Los líderes deben de aplicar su voluntad política para atender las necesidades de la gente mediante políticas públicas sostenibles y no de iniciativas gubernamentales ad hoc. CIDADE es miembro del Foro nacional para la reforma urbana que promueve instituciones que responden a las necesidades de la gente y que trabajen para que los líderes políticos rindan cuentas a la gente. Por ello, el foro hace un llamado a la convergencia de los programas de financiamiento GAP y MHMLP con el Sistema nacional de vivienda de interés social que es más equitativo, sostenible y participativo.
Para mayor información, contactar a Sergio Gregorio Baierle a [email protected].
[1] Regularización quiere decir ofrecer urbanización y títulos de propiedad a la gente que ocupa terrenos de manera ilegal como resultado de allanación o mediante la venta informal/irregular. Puede ser título de propiedad privada o título de “derecho de uso”, es decir, que la gente puede usar la tierra a cambio de un modesto pago mensual y heredar el terreno a sus descendientes pero no pueden vender o cambiar la propiedad sin permiso.
El proceso presupuestario y la corrupción por Jan Isaksen, Chr. Michelsen Institute
A fin de hacer que la asistencia sea más efectiva, los donatarios con frecuencia promueven la buena administración pública financiera. Una forma importante de ayudar a este proceso es mediante la reducción de la corrupción en los procesos presupuestarios. El proceso presupuestario y la corrupción por Jan Isaksen del U4: Anti-Corruption Resource Centre revisa este tema y ofrece información sobre la corrupción en los procesos del presupuesto del gobierno. El autor explora qué es la corrupción presupuestaria, cómo se puede detectar y cuáles deben de ser las respuestas políticas. Isaksen identifica algunas de las amenazas a la corrupción del presupuesto, principalmente la mala asignación de recursos escasos, la inefectividad de la planeación del gobierno, la reducción de la confianza pública en la ley y la debilitada legitimidad del gobierno.
El artículo identifica las fases del proceso presupuestario y ofrece explicaciones para cada etapa y evaluaciones según el nivel de corrupción. Si ésta es una preocupación mayor se califica como alta, si es sólo una preocupación, se califica como mediana y si es menos que una preocupación, se califica como baja. El marco formal del proceso presupuestario, es decir, las leyes y regulaciones que lo gobiernan, no es la única condición para la corrupción. El proceso presupuestario es un fenómeno social y político, al igual que técnico. Isaksen también examina el tipo de personal que usualmente está involucrado en la corrupción del proceso presupuestario, sus motivaciones y los papeles tanto de instituciones y estructuras formales e informales. También ofrece recomendaciones sobre cómo reducir la corrupción mediante:
- Leyes, el poder judicial y la legislatura
- Sistemas, instituciones y administración
- Actitudes, cultura y vigilancia ciudadana
- Donatarios
Para leer el trabajo, ir aquí. Para mayor información sobre U4, ir a www.u4.no.
Follow the Money de la Unión Europea (UE)
La siguiente página www.followthemoney.eu se lanzó para hacer a la Unión Europea más transparente y responsable. Este esfuerzo se basa en dos iniciativas previas de transparencia de la UE: www.farmsubsidy.org y www.fishsubsidy.org, en donde se ofrece información detallada sobre quién obtiene qué de los subsidios agrícolas y pesqueros de la UE en una base de datos disponible en Internet. FollowTheMoney se basa en la simple premisa de que mayor transparencia en las políticas públicas promueven un debate público mejor informado y mejores políticas públicas presupuestarias. La página busca facilitarle a los ciudadanos europeos su comprensión del presupuesto de la UE: cómo se decide, de dónde viene el dinero y cómo se gasta. FollowTheMoney complementa las diversas iniciativas de la sociedad civil y los medios sobre el presupuesto de la UE al brindar noticias, datos, análisis e información legal relevante sobre el monitoreo del presupuesto de la UE.
Para mayor información, ir a www.followthemoney.eu.
Publicación del Banco Mundial: “News Media and Governance Reform”
Varios indicadores internacionales como el Open Budget Index del IBP, demuestran que muchos países necesitan transparencia, rendición de cuentas y reformas de gobernabilidad para garantizar que el dinero público y los servicios funcionen igual para la gente pobre que para la gente rica. El Programa de comunicación para la gobernabilidad y rendición de cuentas del Banco Mundial (Communication for Governance & Accountability Program, CommGAP) en su publicación del mes de noviembre 2009 Public Sentinel: News Media and Governance Reform se enfoca en el desempeño de los medios de comunicación de noticias como una institución que puede ayudar a atender los retos de la gobernabilidad y revisa tres preguntas:
- ¿Cuáles son los papeles ideales que juegan los sistemas de medios para fortalecer la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano?
- ¿Bajo qué condiciones los sistemas de medios tienen éxito o fracasan para cumplir con estos objetivos?
- ¿Qué intervenciones políticas funcionan más efectivamente para cerrar la brecha subnacional que existe entre la promesa democrática y el desempeño de los medios de noticias como institución?
Los autores de Public Sentinel—especialistas académicos y practicantes—enfatizan los papeles institucionales o colectivos de los medios de noticias como vigilantes de los poderosos, como creadores de agenda apuntando a las necesidades sociales en situaciones de desastres naturales y provocados; así como en crisis humanitarias para incorporar una gama variada y balanceada de perspectivas políticas y actores sociales. Los varios roles de los medios son investigados en estudios regionales detallados y se presentan muchas recomendaciones para los políticos.
Para mayor información, ver un resumen en Internet o pedir una copia, ir aquí.
Versión en ruso y español de Nuestro Dinero, Nuestra Responsabilidad: Guía ciudadana para la vigilancia del gasto público
Las versiones en ruso y español de la guía del IBP, Nuestro Dinero, Nuestra Responsabilidad: Guía ciudadana para la vigilancia del gasto público, ha sido publicada y está disponible en la página del IBP: https://archive.internationalbudget.org/OurMoney-Spanish.pdf y https://archive.internationalbudget.org/OurMoney-Russian.pdf.
La guía refleja el creciente enfoque de las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de los resultados alcanzados por el gasto gubernamental. Ofrece una revisión de la implementación del presupuesto del gobierno, incluyendo la ejecución del presupuesto, el proceso de adquisiciones, medidas del impacto y procesos de vigilancia y auditoría. La guía ofrece prácticas herramientas que pueden usarse por organizaciones independientes interesadas en el monitoreo del gasto gubernamental.
Para pedir una copia, enviar un email a [email protected].
Nueva publicación: “Small Change. Why Business Won’t Save the World” por Michael Edwards
Un nuevo movimiento promete salvar al mundo aplicando las reglas del mercado a los retos sociales. Quienes lo apoyan argumentan que el uso de principios empresariales para resolver problemas sociales globales es más efectivo que la mayoría de los enfoques tradicionales. ¿Qué puede haber de malo en ello? Casi todo, dice el ex-director de la Fundación Ford Michael Edwards, quien presenta evidencia para comprobar que un enfoque mercantil puede hacer más daño que bien. El cambio real vendrá cuando las empresas actúen más como la sociedad civil y no al revés.
A pesar de las buenas intenciones Edwards demuestra que, sencillamente, no hay nada que compruebe que el enfoque empresarial es mejor. Por el contrario, cita ejemplos del sector social para demostrar que las empresas por naturaleza no están equipadas para atacar las raíces de problemas como la pobreza, inequidad, violencia y discriminación. Lograr una transformación social fundamental requiere un conjunto diferente de valores—cooperación en lugar de competencia, acción colectiva en lugar de esfuerzo individual y apoyo de largo plazo para soluciones sistemáticas en lugar de resultados inmediatos.
Edwards argumenta que la gente le da su tiempo y dinero a organizaciones de cambio social para servir a una causa, no a una hoja de cálculo. Si estas organizaciones comprometen sus objetivos más amplios en nombre de la “eficiencia,” perjudicarán su impacto e importancia. Contar con los negocios como el motor de cambio termina por concentrar el poder en manos de unos cuantos replicando las inequidades que estas organizaciones deben de rectificar. Con un interés en el status quo, todos los negocios pueden prometer avances valiosos aunque limitados. Es tiempo de alejarse de la falsa promesa del mercado y reafirmar la independencia de la acción ciudadana global.
Para pedir el libro, ir a http://www.amazon.com/Small-Change-Business-Wont-World/dp/1605093777/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1262538003&sr=1-1.
Para mayor información sobre el trabajo del autor, ir a: http://www.futurepositive.org
Un nuevo enfoque para la reconstrucción de la posguerra por Fredrik Galtung y Martin Tisné
El artículo de Fredrik Galtung y Martin Tisné’s A New Approach to Postwar Reconstruction, publicado en octubre 2009 en la edición del Journal of Democracy explora varios temas de las sociedades de posguerra que, con frecuencia, terminan por ser afectadas por la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Los autores analizan prácticas comunes y situaciones que pueden tener efectos negativos de corto o largo plazo en sociedades frágiles y ofrecen enfoques alternativos mediante el uso de mecanismos de rendición de cuentas social y colaborativa para construir transparencia y rendición de cuentas desde abajo. Entre los problemas que se enfrentan durante los primeros años de reconstrucción está la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Como parte del nuevo enfoque hacia la reconstrucción los autores presentan enfoques preventivos y proactivos para la sociedad civil y los donatarios que promueven la reconstrucción y rendición de cuentas de parte de la comunidad.
La importancia del acceso a la información se enfatiza, especialmente, en el sistema de ayuda internacional que suele ser opaco; lo que abre la puerta a prácticas de corrupción y malos manejos. Un primer paso en la estrategia alternativa para la reconstrucción de posguerra es comprometerse a usar las capacidades y recursos domésticos. Esto no sólo fortalecería la economía sino que construiría la capacidad y competencia local. El segundo paso es cerrar la brecha de conocimiento. El artículo recomienda ofrecer clínicas de aprendizaje-rápido para que los trabajadores de asistencia aprendan sobre el país, las leyes y la cultura y ofrecer talleres sobre prácticas internacionales de donatarios, requisitos para preparar reportes, limitantes políticas, etc. Algo esencial para el éxito de este enfoque de reconstrucción de posguerra es mejorar la transparencia y acceso a la información.