Democratización, visibilidad y transparencia en auditorías gubernamentales en Honduras por Luís Fernando Velásquez Leal
A pesar de los importantes esfuerzos nacionales e internacionales realizados en América Latina por fortalecer la participación ciudadana en los procesos de auditoría social, los resultados han sido limitados debido a la falta de coordinación y comunicación entre el control social y el control institucional ejercido por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Tradicionalmente, la participación ciudadana en el control de la administración pública se ha limitado a considerar la denuncia como una herramienta de lucha contra la corrupción sin que sus resultados se hayan traducido en una mejora significativa en la prestación de los servicios por parte del estado a los ciudadanos. En algunos casos, las EFS perciben la participación ciudadana en los procesos de auditoría como una intromisión en su quehacer institucional debido a la falta de metodologías que permitan la participación y confianza de la ciudadanía en el control institucional.
En Honduras con el apoyo del Banco Mundial, se desarrolló entre septiembre 2007 y marzo 2008 una metodología para vincular a los ciudadanos y organizaciones civiles con las auditorías gubernamentales realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas de la República (TSC). Esto forma una experiencia piloto orientada a democratizar, visibilizar y transparentar las auditorías gubernamentales mediante una alianza estratégica orientada a mejorar la gestión pública.
Dicha experiencia es el resultado de un proceso importante de planificación que incluyó el diseño conceptual y la estructuración técnica de la metodología de trabajo; la implementación de ocho auditorías gubernamentales con participación ciudadana en temas de salud, infraestructura, medio ambiente y municipalidades; la capacitación de auditores y servidores públicos de las entidades auditadas, así como de 87 organizaciones civiles de todo el país.
Metodología y resultados en Honduras
El proceso de participación ciudadana en auditorías gubernamentales consistió de cuatro fases:
Fase 1- Selección de auditorías con participación ciudadana: esta fase consiste en integrar información generada por los ciudadanos y los medios de comunicación dentro del Plan General de Auditorías, como un elemento decisivo para focalizar las instituciones a auditar.
Fase 2- Información y acercamiento a la ciudadanía: aquí se discuten los papeles y actividades del Tribunal Superior de Cuentas, así como los de la sociedad civil y las instituciones auditadas. Esta fase es importante porque establece las alianzas sociales e institucionales necesarias para mejorar la gestión de las entidades auditadas y la prestación de servicios públicos. Dichas alianzas ayudan a fortalecer los canales de comunicación y motiva a los ciudadanos a manifestar los aspectos críticos en la calidad de los servicios.
Fase 3- Desarrollo del control institucional: en esta fase, el TSC informa a los ciudadanos, a través de eventos públicos cómo su aporte será integrado en el proceso de auditoría, incluyendo los aspectos y las áreas en que las contribuciones de los ciudadanos no serán incluidas y porqué.
Fase 4- Presentación pública de resultados: el TSC presenta en eventos públicos sus hallazgos y recomendaciones para el mejoramiento de la gestión de las entidades auditadas que incluye los papeles y responsabilidades tanto del gobierno, como de la sociedad civil. Estos eventos también permiten generar un espacio para que un representante firme un compromiso público frente a los ciudadanos, con el fin de que se realice un control social sobre los planes de mejoramiento institucional.
Fase 5- Seguimiento ciudadano a recomendaciones de mejoramiento de la gestión pública: esta última fase promueve la participación ciudadana y el control sobre los planes de acción para el mejoramiento institucional que resulta de las auditorías, transformando sustancialmente las formas tradicionales de auditoría social en Honduras.
Esta nueva metodología de control tiene implicaciones directas en la credibilidad de los ciudadanos en la labor de las entidades de control, generando mayor confianza en las instituciones tanto las que auditan, como las que son auditadas. También se fortalece la capacidad para abordar aspectos sociales y comunitarios y los procedimientos de auditoría y control que se transforman en función de las necesidades y expectativas ciudadanas y comunitarias sobre la calidad de los servicios por parte de las entidades auditadas. De igual forma, permite el mejoramiento de la gestión pública como resultado del control institucional.
Como resultado del desarrollo de las ocho auditorías en Honduras se registró lo siguiente:
- 479 ciudadanos provenientes de 84 organizaciones civiles participaron de manera directa en el proyecto y cerca de 1,200 ciudadanos asistieron a la presentación pública de los resultados de las auditorías en cada una de las entidades auditadas.
- Las entidades auditadas firmaron ocho compromisos públicos para el mejoramiento de la gestión.
Gracias a la información suministrada por los ciudadanos se identificó lo siguiente:
- “Publish What You Fund” (PWYF) necesita tu apoyo.
- 79 por ciento de la información suministrada por los ciudadanos fue de utilidad para el control institucional.
- 123 deficiencias de control interno de un total de 187 y 12 situaciones de ilegalidad de un total de 23.
- 26 hallazgos de un total de 40 y se formularon 118 responsabilidades administrativas de un total de 146.
- 30 responsabilidades administrativas de las 47 instauradas.
- Cuatro indicios de responsabilidad penal.
- 92.88 por ciento del total de las responsabilidades civiles.
Lecciones aprendidas
- Mejoras importantes en la calidad de las auditorías gubernamentales son posibles en corto tiempo gracias a la alianza estratégica entre las entidades de control, las entidades auditadas y la ciudadanía.
- El control social ejercido mediante procesos de vigilancia ciudadana y auditoría social no sustituye el control institucional ejercido por el ente contralor: lo complementa, fortalece y contribuye a mejorar el rendimiento institucional.
- Una ciudadanía informada y calificada sobre el funcionamiento de las instituciones públicas ayuda a mejorar los niveles de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
- La rendición de cuentas pública facilita la mayor comprensión y participación de los ciudadanos en asuntos públicos.
En la actualidad el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras implementa esta metodología de trabajo sobre aquellas instituciones que presentan mayores problemas en el desarrollo.
Para mayor información, ir a: www.ac-colombia.net.
Participación pública en la construcción de carreteras en Filipinas y la India por Leodigario R. de Guzmán y R. Balasubramaniam
La infraestructura física es crítica en el desarrollo económico de un país. Carreteras de alta calidad no sólo aseguran que los productos agrícolas y otras mercancías manufacturadas lleguen a los mercados; sino que además pueden salvar vidas, como en el caso descrito en este artículo sobre una carretera que conduce a un hospital. Grupos de la sociedad civil alrededor del mundo se vinculan en el monitoreo de proyectos de construcción de carreteras para asegurar que la construcción y el mantenimiento de las carreteras sean de alta calidad. En este artículo, veremos los esfuerzos de Filipinas y la India realizados por dos grupos de la sociedad civil involucrados en el monitoreo de construcción y reparación de caminos.
Filipinas: Bantay Lansangan (Road Watch)
En un país en vías de desarrollo como Filipinas, las carreteras cumplen un propósito — la presencia de carreteras de alta calidad marca la diferencia entre pobreza y progreso. Dada la trascendental importancia de las carreteras y autopistas, los problemas generales en las adquisiciones del gobierno y construcción de la infraestructura nacional son predominantes. Cuando a los miembros de la comunidad les preguntan por la carretera de su vecindad, no resulta extraño escuchar quejas.
En 2007 el gobierno nacional, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado formaron Bantay Lansangan (Road Watch), una asociación entre el gobierno, accionistas de organizaciones no gubernamentales y privadas y socios de ayuda para el desarrollo oficial en el sector de vías nacionales. Esta asociación, que reúne a 14 organizaciones, monitorea la calidad de los servicios viales para satisfacer las necesidades de los usuarios, mediante el uso transparente de los recursos públicos, con lo que se maximiza el valor del dinero y fomenta la integridad corporativa.
Un componente clave de Bantay Lansangan es la red nacional de monitores voluntarios para proyectos viales que cubrirá 15 regiones del país. Aunque esta iniciativa está en desarrollo, ya ha sostenido reuniones con socios y accionistas para diseñar herramientas en el uso del proyecto de monitoreo—como el Estudio de Satisfacción de los Usuarios de Carreteras—para entrenar a los voluntarios a cargo del monitoreo de los proyectos.
Asimismo, se realizó un “entrenamiento de entrenadores” a comienzos de este año, en donde los participantes aprendieron las etapas en la construcción de carreteras, desde las adquisiciones del gobierno hasta su mantenimiento. Esta capacitación será seguida por una serie de entrenamientos regionales que se iniciará en agosto. Bantay Lansangan tiene planeado capacitar a 100 monitores voluntarios. Además de los proyectos de monitoreo vial, los voluntarios entrenados realizarán la encuesta de satisfacción de los usuarios de carreteras en sus localidades.
Los resultados de este monitoreo y el estudio del usuario deberán formar parte de una libreta de evaluaciones sobre el estado del sector vial que medirá el estado actual de los sistemas de carreteras de las Filipinas. Se espera contar con la primera libreta de evaluaciones a finales de este año.
Las autopistas y carreteras juegan un papel indispensable en el progreso de la nación. Por ello, es vital que los ciudadanos participen para asegurar su adecuado funcionamiento. Este proyecto de monitoreo puede servir como modelo de colaboración para la buena gobernabilidad y la reducción de la pobreza.
Para mayor información sobre Bantay Lansangan (Road Watch), contactar a Leodigario R. de Guzman [email protected].
India: monitoreo vial de SVYM
Otro grupo con experiencia en el monitoreo vial es el Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) en India. Ellos se han vinculado, exitosamente, con los principales involucrados en el proceso de construcción y mantenimiento de carreteras, así como en la creciente participación ciudadana. Un estudio reciente de SVYM registra las lecciones aprendidas del monitoreo vial en el pueblo de Kenchanahalli que provee acceso vital a un hospital.
Fundado por SVYM, Vivekananda Memorial Hospital es un centro hospitalario caritativo que cuenta con 10 camas en Kenchanahalli y es administrado por un grupo de doctores dedicados al servicio de los habitantes tanto de la aldea, como de otros pueblos aledaños. El hospital está ubicado en una vía de 13.5 kilómetros que en deterioro desde hace muchos años, haciendo de su uso una pesadilla. “Llegar al hospital a tiempo era a veces cuestión de vida o muerte para los pacientes en condiciones graves. En tales casos la carretera era en realidad algo vital,” dice el Dr. M R Seetharam, jefe de actividades de salud del SVYM.
Después de infructuosas peticiones dirigidas a las autoridades para la reparación de dicha carretera, en agosto del 2006 se esperaba que, finalmente, se realizara cierto trabajo en la vía. Preocupados por una potencial “negligencia” en la reparación de la carretera, SVYM creó una solicitud al Derecho de Información (RTI) preguntando sobre los detalles del contrato. La investigación realizada por Lok Ayukta, la institución oficial de anticorrupción, confirmó malos manejos en los procedimientos pertinentes.
SVYM se dio cuenta que entablar una denuncia en contra de los contratistas conllevaría al alargamiento de procedimientos legales y, entre tanto, el área y los habitantes del pueblo carecerían del uso de una buena carretera. Por ello, se propuso crear una estimación del trabajo, llamar a licitadores públicos y premiar el trabajo de los contratistas calificados. El contratista seleccionado participaría como un accionista clave y se le pediría garantizar la calidad de su trabajo. Los ingenieros de CNNL, la compaña con responsabilidad oficial sobre el trabajo de la carretera, aseguraría el cumplimiento de las cláusulas y especificaciones del contrato. Algo muy importante es que el comité de los pueblos locales sería integrado para funcionar como un grupo de auditoría social. Por su parte, SVYM facilitaría la capacitación y funcionamiento de dicho grupo auditor.
El papel del comité de auditoría social, conformado por 22 hombres y mujeres, monitoreaba el trabajo de la vía diariamente. Asimismo apoyaba al contratista cuando era necesario y aseguraba que la calidad del trabajo fuera consistente. Esta fue la primera vez que la comunidad tomaba un papel activo en el desarrollo de una carretera. Como Madan de Kalasoor mencionó, “siempre hemos asumido que el trabajo de la malla vial es responsabilidad del gobierno. Si ésta estuviera en malas condiciones, no haríamos nada al respecto y sólo nos quejaríamos. Ahora tenemos una oportunidad real de participar activamente.”
A medida que el trabajo avanzaba, la relación entre los tres accionistas se volvía más cordial y era más fácil resolver los problemas cuando surgían. En reuniones semanales se discutía el progreso del proyecto, temas pendientes y observaciones de la comunidad. Como los miembros del comité ya estaban familiarizados con el trabajo de reparación y construcción podían entender y atender cuestiones técnicas, así como responder a las preocupaciones de los miembros de la comunidad sin necesidad de molestar al contratista o a los ingenieros. Esto contribuyó a que los habitantes de la aldea se sintieran orgullosos propietarios de su carretera.
La primera fase, que comprendía un tramo de 6.5 kilómetros, fue completada sin mayores dificultades en un tiempo récord de seis semanas, en tanto que los 6 kilómetros restantes serán completadas en la segunda fase luego de que culmine la temporada de monzones.
Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) es una organización de desarrollo fundada por el Dr. R. Balasubramaniam en 1984 y trabaja para la creación de una nueva sociedad civil en la India con personal especializado en los sectores de salud, educación y desarrollo comunitario. SVYM busca desarrollar soluciones locales e innovadoras de bajo costo para ayudar a la comunidad. La organización tiene más de 60 proyectos en los sectores de salud, educación, desarrollo comunitario y capacitación en los distritos del estado de Karnataka.
Para mayor información, ir a www.svym.org.in.
Estudios y lecciones de ejercicios de seguimiento del gasto público por Vivek Ramkumar
Recientemente el IBP terminó un reporte sobre las experiencias de ONGs en Tanzania, Malawi, Zambia y Mongolia sobre el seguimiento del gasto público. Aunque el reporte no presenta conclusiones concretas sobre las experiencias de las ONGs que conducen encuestas de seguimiento de recursos, ofrece varias lecciones al respecto.
Las ONGs tienen distintas virtudes que pueden aportar al ejercicio del seguimiento del gasto público. Muchas ONGs, sobre todo aquellas que trabajan a nivel local y con membrecía masiva, están ubicadas en comunidades locales y cuentan con una profunda comprensión de los problemas que éstas enfrentan. A partir de este conocimiento, las ONGs pueden darle seguimiento al gasto público y examinar los problemas de mayor interés para las comunidades.
Un aspecto común de la metodología de investigación, empleada por las ONGs es el uso de personas locales para administrar cuestionarios. Con ello se incrementa el entendimiento de los ciudadanos en relación a los presupuestos y se fortalecen las bases para construir actividades de incidencia.
Sin embargo, las ONGs enfrentan desafíos al implementar estos estudios de seguimiento del gasto debido a la falta de acceso a la información. Hasta cierto punto, este problema es predecible ya que si existiera información confiable y ésta estuviera disponible, un estudio de seguimiento del gasto no sería necesario en primer lugar. No obstante, hay casos en que los datos no son confiables por ser incorrectos y casos en que los funcionaros públicos simplemente se rehúsan a compartir información. (Para más información sobre el acceso a la información del presupuesto, ir a: www.openbudgetindex.org.)
Otro desafío que enfrentan las ONGs es la forma en que los gobiernos siguen complicados sistemas de transferencias financieras para la educación y la salud, en donde los fondos fluyen del nivel central a los distritos, hasta llegar a las escuelas y hospitales. A fin de implementar un estudio de seguimiento del gasto, una ONG necesita estar equipada técnicamente para navegar los complejos procedimientos financieros de dichas transferencias.
Mientras los estudios de seguimiento del gasto tienen el potencial para identificar fugas dentro de un sistema financiero y proponer cambios positivos en la política, estos resultados pueden comprometerse por reacciones adversas de parte del gobierno. El reporte cita un ejemplo en Tanzania, cuando en 2005 una ONG publicó los negativos hallazgos de un reporte de seguimiento de gastos comisionado por el gobierno. La ONG publicó los hallazgos del estudio en medios impresos, programas radiales y televisivos, a lo cual el gobierno respondió con la prohibición de la cooperación entre la ONG y el Ministerio de Educación. No obstante, la presión de la comunidad internacional – junto con la popularidad local de la ONG —evitó que el gobierno censurara a la organización.
Además, el “estudio sobre seguimiento del gasto” se ha convertido en un lema usado por las ONG para definir una serie de actividades en el monitoreo de gastos que incluso van más allá del ejercicio tradicional de seguimiento de recursos. En muchos casos, no sólo se busca identificar fugas de fondos de un nivel gubernamental a otro; sino que a menudo se identifica la escasez de recursos en salud y educación y deficiencias en la calidad de las escuelas y hospitales. Evaluar lo adecuado de las asignaciones presupuestarias, suele ser el enfoque de las encuestas de seguimiento de gastos y puede ser una ventaja más que una debilidad. Esto ya que el principal objetivo de los ejercicios de seguimiento es asegurar que los beneficiarios de servicios – en particular los pobres y marginados – tengan acceso a servicios de alta calidad a partir de sistemas de educación y salud bien financiados.
Mientras que los estudios sobre seguimiento de gastos pueden ser una herramienta útil para las ONGs, tales estudios por sí mismos no capacitan a un grupo para evaluar todos los problemas que busca atender. Por ello, el IBP ha documentado una serie de herramientas que las ONGs pueden utilizar para darle seguimiento al gasto y monitorear los presupuestos gubernamentales, incluyendo libretas de evaluación para los ciudadanos, auditorías sociales y procesos de monitoreo de adquisiciones públicas. Tales herramientas forman parte de un catálogo de metodologías que pueden ser aplicadas por las ONGs para monitorear presupuestos gubernamentales y demandar mejoras en la efectividad de la implementación presupuestaria.
Recientemente, el IBP publicó la guía Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures. Esta guía ofrece una apreciación general de los procesos de implementación de presupuestos gubernamentales, además de proveer herramientas probadas y prácticas que pueden ser usadas por organizaciones de la sociedad civil interesadas en el monitoreo del gasto público. Esta publicación se encuentra disponible en la página del IBP: www.internationalbudget.org.
Para más información, contactar a Vivek Ramkumar a [email protected].
Indonesia aprueba ley de libertad de información por Dedi Haryadi
Aunque no entrará en vigor hasta el 2010, la aprobación de la Ley de Libertad de Información (FOI, por sus siglas en inglés) en Indonesia el pasado 3 de abril del 2008 marcó un momento histórico no sólo para los activistas que realizan trabajo presupuestario aplicado; sino para el público en general. Después de más de ocho años de actividades de incidencia por parte de una coalición entre ONGs, agencias financiadoras, periodistas y varios grupos, las 10 facciones del parlamento indonesio aprobaron unánimemente la ley de FOI.
La ley de FOI: 1) obliga a las instituciones públicas a brindar información al público; 2) garantiza que el público tenga el derecho al acceso de la información gubernamental; 3) establece qué información debe ser publicada y cómo debe ponerse a disposición del público; 4) establece los procedimientos para acceder la información; 5) explica qué información debe estar exenta de los requisitos de esta ley; y 6) explica las tareas y funciones de la comisión de información responsable de redactar las normas y procedimientos para implementar la ley.
Este breve artículo examinará las implicaciones políticas y prácticas de esta ley para el trabajo presupuestario aplicado y las actividades de incidencia para procesos presupuestarios transparentes en Indonesia. Políticamente, la aprobación de esta ley es una muestra clara de que los indonesios han logrado recuperar su democracia. La cual ha presentado oportunidades significativas para realizar y fortalecer los derechos civiles y políticos de la población. El reconocimiento de estos derechos contrasta con el gobierno autoritario de Suharto, de décadas anteriores, en donde no se respetaban los derechos civiles y políticos de los indonesios, además de controlar estrictamente el acceso a la información y los medios de comunicación.
Este sistema represivo distorsionaba el proceso presupuestario a nivel local y nacional al generar inconsistencias en la información. Además, no todos los que estaban afectados por las decisiones presupuestarias tenían suficiente acceso a la información para participar efectivamente en esas decisiones. El resultado fue la aprobación de presupuestos desproporcionados al servicio de intereses de élite que ignoraban las grandes necesidades de la nación y su gente. Durante este período no sólo se le negó el acceso a la información al pueblo indonesio; sino también a los miembros del parlamento y a otros funcionarios públicos. El proceso de presupuestos no fue ni responsable, ni transparente y los presupuestos desproporcionados que salieron de ese proceso se caracterizaron por el sobrecargo en los gastos y bajas en los ingresos, además de la notable presencia de gastos fuera del presupuesto.
La implementación de esta ley de FOI reducirá la distorsión en la información del proceso presupuestario en Indonesia y hará que el presupuesto sea más abierto y responsable. Indonesia fue uno de los países incluidos en el Open Budget Index (OBI) en 2006 que mide el nivel de transparencia y participación de los procesos presupuestarios en 59 países. ”…estuve involucrado en la investigación del OBI en donde nuestro país obtuvo la calificación de 0.41, lo que puso a Indonesia en la tercera de cinco categorías de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas,” dijo Haryadi. Los países en la tercera categoría ofrecen información presupuestaria a los ciudadanos y los 21 países en esta categoría incluyen a Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Ghana y la India.
Mejorar el nivel de acceso público a la información en Indonesia es muy importante ya que ayuda a reducir la corrupción. Además, la nueva ley de FOI podría generar mayor participación de la sociedad civil; mejorar el acceso público a la información presupuestaria; aumentar la conciencia sobre temas importantes; y facilitar las actividades de incidencia para presupuestos abiertos y responsables.
El potencial de una nueva ley de FOI se concretará si logramos dirigirnos a tres factores críticos con relación a su implementación. En primer lugar, se necesita fortalecer la demanda pública por la información, incluyendo la presupuestaria. A nivel local, la ausencia de tal demanda pública ha hecho que muchos de los estatutos locales dificulten la transparencia y la participación ciudadana. En segundo lugar, debemos asegurarnos de que el suministro y divulgación de información presupuestaria sea fácil de usar. En tercer lugar, es necesario familiarizar al público con conocimientos básicos presupuestarios para aumentar su capacidad de entender y participar en el proceso presupuestario.
Para mayor información, contactar a Dedi Haryadi a [email protected].
ONGs trabajan en conjunto para lograr mayor participación y transparencia en el proceso de presupuesto de Filipinas por Robert Valencia
En Filipinas la sociedad civil es diversa y dinámica con un récord rico en entrega de servicios, innovación social, activismo y cabildeo político. Como resultado, un número de ONGs y coaliciones son activas en la realización de trabajos de presupuesto a nivel local y nacional. Entre ellas se puede mencionar a “Procurement Watch,” que ha desarrollado metodologías pioneras en el control ciudadano sobre procuraciones nacionales; “Galing Pook,” una fundación que realiza una competencia anual que selecciona y premia a los mejores programas de gobierno locales; y “Philippine Center for Investigative Journalism,” que ha publicado investigaciones presupuestarias que han alcanzado impacto político.
Sin embargo, los proyectos realizados por organizaciones de la sociedad civil (OSCs) a nivel nacional y subnacional podrían ser más decisivos y analíticos si los grupos tuvieran mayor capacidad de análisis presupuestario e incidencia. Por esta razón, el pasado mes de mayo “Social Watch Philippines” organizó un panel sobre la incidencia presupuestaria y sus desafíos. Igualmente, presentó algunos avances en los procesos presupuestarios en Filipinas. Dividido en tres sesiones, la reunión tocó temas vitales como el análisis presupuestario, estrategia de incidencia mediática y experiencia internacional en incidencia presupuestaria.
Dentro del selecto grupo de panelistas se encontraba Ravinder Singh Duggal, quien explicó que existen varias maneras en las que se pueden influenciar los presupuestos y su rendición de cuentas. Duggal mencionó que el trabajo en las diferentes etapas del ciclo presupuestario ha sido tomado como un tema de buena gobernabilidad por un creciente grupo.
Además, subrayó la necesidad de una mayor transparencia presupuestaria en Filipinas con base en los resultados del Open Budget Index (OBI) de IBP 2006—un estudio sobre apertura, transparencia y responsabilidad del proceso presupuestario en 59 países. En este estudio, Filipinas ofrece cierta información sobre el presupuesto a sus ciudadanos. Un resumen del OBI y sus resultados para Filipinas se puede ver aquí: https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/country-info/?country=ph
Esta reunión sirvió para discutir las lecciones tomadas del “Alternative Budget Initiative” (ABI), un consorcio de grupos de la sociedad civil y legisladores progresistas en el país. Dentro de estas lecciones están la importancia de vincular socios clave en el proceso presupuestario y la necesidad de colaboración entre las OSCs con capacidades distintas. Promovido por el “Social Watch Philippines,” ABI motiva a las OSCs a adquirir las capacidades necesarias para entender la dinámica de la sincronización y acercamiento a la hora de vincular legisladores, al igual que llevar a cabo investigaciones actualizadas para crear prioridades racionales que los guiarán en la creación de propuestas presupuestarias.
Durante la reunión se enfatizó la necesidad de aprovechar la reciente resolución aprobada por la cámara de representantes del país, la cual permite que las ONGs participen en la preparación del presupuesto nacional. Esta nueva resolución permite a las ONGs vincularse de manera activa en el proceso presupuestario y establece reglas formales de comunicaciones con los legisladores.
Se recomendó el uso de estrategias mediáticas en incidencia presupuestal, así como el desarrollo de paquetes de bajo costo, bitácoras (blogs), comunicados de prensa y podcasts para transmitir propuestas a nivel mundial. Asimismo, los asistentes fueron exhortados para que usen el cabildeo como parte de un plan de incidencia que atraería la atención de los legisladores.
También se discutió el futuro, los desajustes en el desempeño y otras actividades específicas en sectores como la protección ambiental, agricultura, educación y salud en Filipinas.
Para mayor información sobre “Social Watch Philippines,” ir a http://socialwatchphilippines.org/.
La ley de divulgación de transparencia de industrias extractivas se presenta ante el Congreso de Estados Unidos por José Marín
El 15 de mayo del 2008 el representante Barney Frank, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Diputados de Estados Unidos y los copatrocinadores presentó la Ley de Divulgación de Transparencia de Industrias Extractivas (EITD, por sus siglas en inglés), para consideración del congreso. El EITD requeriría que las compañías petroleras, de gas y minería – incluidas en la Comisión de Intercambio y Seguridades de Estados Unidos (SEC) – presenten todos los pagos realizados a gobiernos en el exterior. La ley está diseñada para poner fin a la corrupción en países en donde las compañías extractivas tengan una significativa participación en la economía y ayuden a incrementar la responsabilidad de los gobiernos extranjeros, así como fomentar buenas prácticas de negocios para los inversionistas y sus compañías.
Los gobiernos de países ricos en recursos naturales reciben sustanciosos pagos de parte de compañías extranjeras para realizar operaciones extractivas. Sin embargo, muchos de estos pagos no son contabilizados y en muchas ocasiones terminan siendo mal manejados o malversados por funcionarios corruptos. Como evidencia de que estos gastos no siempre se usan adecuadamente, dos tercios de la población más pobre del mundo vive en 50 o más países que pueden catalogarse como ricos en recursos, dando paso a lo que se conoce como la “maldición del recurso” o “la paradoja de los ricos.” Además de los altos niveles de pobreza, muchos de estos países se caracterizan por tener una pobre gobernabilidad y gran inestabilidad.
Esta ley solicitaría que tales compañías revelen pagos de más de US$100,000 realizados a gobiernos extranjeros por extracciones petroleras, de gas y minería. La EITD se aplicaría a todas las compañías mencionadas en el SEC, incluyendo las estadounidenses y las extranjeras. Además, la ley se aplicaría a las compañías petroleras, de gas y minería más grandes del mundo sentando un precedente respecto a la apertura de información. La ley también exige que la información esté a disposición del público y disponible en Internet. Esta regulación no penalizaría, ni promovería acciones cívicas respecto de ninguna transacción.
La EITD beneficiaría a inversionistas y compañías, así como a Estados Unidos y otros países. La transparencia que surgiría de esta ley le permitiría a los inversionistas a evaluar riesgos potenciales debido a la inestabilidad que se viven en algunos de estos países. En este caso, la EITD ayudaría a las empresas a defender su reputación al hacerle frente a acusaciones injustas de los gobiernos en relación a los pagos. La ley les permitirá a los ciudadanos de esos países solicitar rendición de cuentas y aumentar los niveles de buena gobernabilidad y estabilidad. Estados Unidos también se beneficiaría al reducir la inestabilidad en estos países que le suministran recursos naturales.
Este aumento en el nivel de transparencia le permitiría a los grupos de sociedad civil en estos países acceder información que anteriormente estaba restringida por acuerdos de repartición de utilidades. Ya existe una iniciativa voluntaria llamada “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) que motiva a los países ricos en recursos naturales a reportar pagos e ingresos procedentes del petróleo, minería o gas. La EITD complementaría esta iniciativa ya que obligaría a las compañías a publicar los pagos realizados a gobiernos de países que no pertenecen al EITI.
Como lo mencionó el Dr. Morton H. Halperin, director ejecutivo del “Open Society Policy Center,” “la libertad de información hecha posible por esta ley sacará a la luz los miles de millones de dólares que los gobiernos reciben por contractos petroleros, de gas y mineros. Esto permite la rendición de cuentas de parte del gobierno para con los ciudadanos y la comunidad internacional respecto a cómo se gasta el dinero.”
Es posible encontrar leyes similares alrededor el mundo. El Parlamento Europeo aprobó una enmienda de su Orden de Obligaciones de Transparencia, la cual se efectuó en enero 2007 y promueve reportes públicos de parte de los estados miembros de la Unión Europea sobre pagos hechos a gobiernos a través de compañías extractivas enlistadas en la bolsa de valores europea. A finales del 2007, el Parlamento Europeo recomendó nuevos estándares internacionales de contabilidad que requieren reportes obligatorios del pago de ingresos a compañías extractivas.
En el Reino Unido, todas las compañías extractivas que pertenecen al Mercado de Inversión Alternativa — parte de la bolsa de valores de Londres — debe reportar todos los pagos hechos por adquisición o mantenimiento de bienes a cualquier gobierno por un valor superior a las £10,000. Noruega, por su parte, pide que todas las compañías en ese país reporten pagos a gobiernos extranjeros por extracción de recursos naturales al “Brønnøysund Register Center” del Ministerio de Comercio e Industrias de Noruega.
“En muchos países, el hallazgo de recursos naturales valiosos ha traído más mal que bien. El principio de que la gente conozca el ingreso generado por los recursos de su nación no debería de ser un punto de controversia,” subrayó Frank.
Para mayor información, ir a www.pwypusa.org. Toda la información en este artículo fue obtenida en el sitio electrónico de “Open the Books” y de “Publish What You Pay” USA.
Presupuesto participativo en Brasil: una visión desde India por Vinod Vyasulu
Brian Wampler publicó un fascinante libro titulado “Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation and Accountability,” que examina uno de los ejemplos más interesantes de participación ciudadana en el proceso presupuestal. [1]
Wampler llevó el debate sobre presupuesto participativo fuera de la ciudad de Porto Alegre y examinó otras ciudades brasileñas. Durante el proceso, describe lo excepcional de la experiencia de Porto Alegre y los factores que comparten los ejemplos de presupuestos participativos revisados.
El principal argumento del libro es que “la principal variación en la delegación de autoridad para sus ciudadanos…puede ser explicada por (a) incentivos administrativos de la alcaldía a la hora de repartir autoridad; (b) el marco legal para transferir autoridad a los ciudadanos; y (c) cómo las OSCs y los ciudadanos responden a las nuevas instituciones.” Es decir, que las condiciones iniciales cuentan y las variaciones de dichas condiciones hacen que las predicciones sean riesgosas. En su caso, las condiciones iniciales en Porto Alegre fueron prometedoras.
El hecho de que haya variaciones en un país tan grande como Brasil no sorprende. Pero el hecho de que el presupuesto participativo se haya expandido en todo el país es algo digno de destacar. Aquellos que hemos trabajado con presupuestos como una herramienta de democracia o como un punto de entrada para debates sobre prioridades públicas, tenemos mucho que aprender del libro de Wampler. Ante esto, no puedo dejar de preguntar lo siguiente: ¿Qué ha hecho que esto se diera en Brasil y no en la India, un país que cuenta con un sistema democrático desde 1947?
Intelectuales indús han tratado de responder a esta pregunta. Una visita a Brasil, incluyendo puntos en algunas ciudades que Wampler incluye en su estudio, nos enseño a mí y a Chiranjib Sen que parte de la respuesta está en que el contexto histórico entre estos dos países es distinto.
Wampler subraya un punto inesperado, al mencionar que el régimen militar de Brasil fue un factor importante en hacer del presupuesto participativo algo posible en el país. En los años ochenta, Brasil se embarcó en una dura y larga batalla por recuperar la democracia. Este esfuerzo estuvo caracterizado por la presencia de una dictadura militar y por la lucha del Partido de los Trabajadores (PT). Un reconocimiento por la importancia de las instituciones de la sociedad civil se desarrolló y fue fomentada en este tiempo. Por lo tanto, cuando la nueva constitución se estaba escribiendo, el PT y otros jugaron un papel importante en la definición de Brasil como la unión del estado federal, las provincias y municipalidades. Algo único fue proveerle a las municipalidades un estatus constitucional dentro del cual se pudiese experimentar—una diferencia con India.
Ya que la dictadura militar había creado desconfianza en el estado, se le dio poder político a la gente. Un espacio fue creado por la sociedad civil (conselhos) de tal manera que no ha sucedido en otros países, ni siquiera en India. A nivel municipal en Brasil hay concejales electos y un grupo de delegados participativos. Cuando los dos trabajan en conjunto con un alcalde solidario, tenemos como resultado Porto Alegre.
Cuando el PT ganó la elección en Porto Alegre, fue capaz de moverse decisivamente. El alcalde tuvo estatus constitucional y contó con legitimidad para incorporar a la sociedad civil en el proceso. Hubo un grupo de personas que habían sido instruidas por la lucha mencionada anteriormente y quienes trabajaron organizadamente para traer personas, incluyendo pobres y mujeres al presupuesto participativo. Muchos estudios se enfocan en los detalles de la experiencia de Porto Alegre, pero no en lo que la hizo posible. Las condiciones iniciales son importantes, pero en este caso fueron favorables.
Otras ciudades tuvieron una historia diferente, la cual influenció su experiencia con el presupuesto participativo. El trabajo de Wampler en resaltar estas variaciones y matices ayuda a nuestra comprensión, no sólo del presupuesto participativo; sino del proceso presupuestario local en general.
La conclusión de Wampler merece ser citado en detalle: “OSCs… ONGs… agencias internacionales de financiamiento e institutos de investigaciones que abogan por la adopción de entidades participativas necesitan estar más informados sobre cambios potenciales asociados con el funcionamiento de las instituciones participativas… Cuando los gobiernos no están interesados en promover estos nuevos espacios institucionales, están sujetos a pasar por alto las demandas de los actores del presupuesto participativo, neutralizando a la institución.”
El argumento de que el presupuesto participativo necesita tanto la cooperación del gobierno como una forma de protesta nos hace reflexionar sobre la importancia de ambas formas de trabajo. Pero, ¿cuándo se debe cooperar y cuándo se debe protestar? Y ¿Cómo reducir la brecha entre aquellos que piensan que el gobierno tiene intereses vendidos y aquellos que dicen que es posible promover el cambio desde dentro? No es una tarea fácil.
En comparación con lo que estaba disponible a comienzos de los noventa, hemos visto un progreso que nos ha permitido responder a estas preguntas. Además del libro de Wampler, un trabajo reciente del “Brookings Institution’s Transparency and Accountability Project” sobre estos asuntos en algunos países ofrece una nueva perspectiva y conocimientos importantes.
Le corresponde a las OSCs digerir esta información y aplicarla en su trabajo. No existe una fórmula general. En todos los casos, de deben de hacer apreciaciones y reconocer que éstas pueden estar equivocadas, en cuyo caso también se puede aprender de la experiencia.
[1] Para una discusión sobre el equivalente indio, ver el libro “Panchayats, Democracy and Development,” Rawat Publishers, Jaipur, 2000.
Para mayor información, contactar Vinod Vyasulu a [email protected].
Michael Edwards cuestiona el filantrocapitalismo en su nuevo libro por Robert Valencia
Michael Edwards, director de los programas de gobernabilidad y sociedad civil de la Fundación Ford, lanzó recientemente su libro “Just Another Emperor: The Myths and Realities of Philanthrocapitalism,” en el cual resalta inquietudes sobre la creciente influencia de la ideología mercantil y de negocios en el mundo de la filantropía. En un artículo sobre su libro, Edwards describe el filantrocapitalismo como “un movimiento que une al poder de los negocios y el mercado con las metas de cambio social.” [1]
Edwards subraya puntos importantes relacionados al filantrocapitalismo —y el sensacionalismo que lo rodea— que pueden distraer la atención de los cambios profundos necesarios para transformar a la sociedad. Argumenta que aquellos en favor de extrapolar los principios del mundo de los negocios al mundo de la sociedad civil ignoran los costos que esto implica. Edwards explica que, mientras los esfuerzos de los filantrocapitalistas por desplegar métodos mercantiles para distribuir bienes y servicios pueden funcionar a menor escala, “la evidencia sugiere que estos métodos son difíciles de operar exitosamente a gran escala y que con frecuencia se traducen en costos y beneficios entre sus metas financieras y sociales.” Al respecto cita una encuesta de 25 alianzas en los Estados Unidos, en donde todas a excepción de tres iniciativas se caracterizaron por la falta de congruencia entre su misión y su objetivo principal. Más aún, las dos alianzas encuestadas que mostraron mayor éxito en términos financieros fueron también las que más se alejaron de su misión social al enfocarse en actividades que parecieran incrementar ingresos a costa del activismo y de los servicios a los más necesitados o a los clientes más difíciles de servir.
Edwards identifica algunas tendencias preocupantes relacionadas con la popularidad del enfoque mercantil aplicado al cambio social como:
- “La pérdida de independencia que viene de la dependencia del sector privado o del gobierno y, por consiguiente, el constante debilitamiento de la habilidad de la sociedad civil de exigir rendición de cuentas,”
- “la disminución de comportamientos por competencia e incentivos financieros (como por ejemplo, voluntarios remunerados),” y
- “el incremento en la desigualdad dentro de la sociedad civil, entre proveedores de servicios de altos recursos (u otros grupos que de acuerdo a ciertos inversionistas de peso tienen un buen desempeño) así como grupos comunitarios de bajos recursos y grupos de incidencia”
A la vez que Edwards reconoce que el filantrocapitalismo pudo haber aumentado el tamaño general de la sociedad civil, también admite que se ha hecho poco por fomentar la capacidad de la sociedad civil a fin de realizar una transformación social. Menciona que esto sucede porque “la lógica de los negocios y la transformación social no sólo son diferentes — sino que van en direcciones opuestas de muchas formas.” Edwards elabora un contraste entre la sociedad civil, el éxito bajo el cual se basa “la calidad de las interacciones entre la gente, las capacidades y las instituciones que ellos ayudan a crear” y la ciencia métrica de los negocios que “privilegian el tamaño, crecimiento y la participación del mercado.” En palabras de Edwards, “los filantrocapitalistas no tienen ánimos de esperar resultados y las medidas que ellos usan para evaluar el éxito se enfocan en ganancias materiales a corto plazo; mas no en cambios estructurales de valores, poder y relaciones a largo plazo.”
Edwards concluye que “el aumento en la concentración de riquezas y poder entre los filantrocapitalistas no es sana para la democracia” y advierte que “el uso del pensamiento de negocios y mercado puede dañar a la sociedad civil, que es el crisol de la política democrática y la transformación social.” Él hace un llamado a un debate público global para responder a la pregunta de 550 mil billones de dólares (la cantidad de filantropía que se espera será creada tan solo en los Estados Unidos durante los próximos 40 años): ¿usaremos estos recursos para dedicarnos a la transformación social o simplemente los malgastaremos en los síntomas?
En respuesta a Edwards, Gara LaMarche, CEO de “The Atlantic Philanthropies,” dice que aunque está de acuerdo en muchos de los planteamientos de este libro, “es erróneo presentar lo que Edwards llama ‘filantrocapitalismo’ como algo en contra de la filantropía tradicional, porque gran parte de su crítica también se aplica a fundaciones bien establecidas que difícilmente estuvieron a la vanguardia de movimientos sociales.” [2] LaMarche señala algunos ejemplos en donde el apoyo de fundaciones jugó un papel en campañas de cambio social como la campaña de derechos civiles y los movimientos de mujeres; pero argumenta que “un cambio social significativo que trastorna el orden social establecido raramente recibirá — por lo menos no en las primeras etapas—apoyo de las instituciones del status quo.”
LaMarche no ignora el, a veces, papel catalizador que las fundaciones han jugado en el cambio social y cita como ejemplos un reporte de Gunnar Mrydal sobre racismo que fuera comisionado por la Fundación Carnegie titulado “Un Dilema Americano” y el papel de George Soros en avanzar el debate sobre reformas políticas de drogas. Sin embargo, dice que “en las fundaciones no es en donde se origina el movimiento social y, en este sentido, la nueva ola de capitalistas agresivos se asemeja a las fundaciones más antiguas que ellos mismos están comenzando a dejar en segundo plano.”
Aunque LaMarche está de acuerdo en que el énfasis que los filantrocapitalistas ponen en cuantificar y en aplicar los mecanismos de mercado a la sociedad civil y al cambio social ha sido exagerado, argumenta que hay una verdadera necesidad de parte de los activistas de justicia social y las fundaciones que los financian de atender las inquietudes de los donatarios respecto al impacto del financiamiento hacia políticas sociales y actividades de incidencia. LaMarche dice, “esto no significa que debamos convertirnos en “contadores de semillas”, o adoptar el complicado argot del mundo corporativo. Pero sí significa que debemos tener control de la discusión sobre “evaluación” y trabajar juntos para desarrollar herramientas que permitan comunicar la importancia y el impacto de la filantropía de justicia social para aquellos que todavía no están cantando el mismo son.”
Para bajar la publicación, ir a:
http://www.nonprofitquarterly.org/images/fbfiles/files/Just_Another_Emperor.pdf.
[1] A menos de notificarse lo contrario, todas las citas de Michael Edwards pertenecen al análisis titulado “Philanthrocapitalism: After the Goldrush,” escrito por él mismo el 20 de marzo del 2008 para “Open Democracy” y descargado del http://www.opendemocracy.net/node/36008/print el 1 de julio del 2008.
[2] A menos de notificarse lo contrario, todas las citas de Gara LaMarche fueron tomadas del análisis titulado “Philanthropy for Social Change: A Response to Michael Edwards” publicado por “The Atlantic Philanthropies” el 9 de abril del 2008, y descargado el 1 de julio del 2008.
Esfuerzo colectivo para el financiamiento sustentable de prácticas de inmunización por Christina Morgan
Los programas de inmunización salvan miles de vidas en el mundo en vías de desarrollo y con la introducción de nuevas vacunas se salvarán muchas más. Sin embargo, mientras que vacunas nuevas y más costosas entran en el mercado global, muchas naciones en vías de desarrollo luchan por financiar sus programas de inmunización. Para hacer énfasis a este creciente desafío, el “Sabin Vaccine Institute” (http://sabin.org/) ha lanzado el proyecto de activismo para el financiamiento sustentable de inmunización. Con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates, esta actividad de incidencia concentra sus esfuerzos en 12 naciones africanas: Camerún, Etiopía, Kenia, Leona, Liberia, Malí, Mozambique, Nigeria, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra, Uganda y tres naciones asiáticas: Camboya, Nepal y Sri Lanka. Lograr sistemas de inmunización sustentable puede demostrar la capacidad de un país al prestar un servicio público en sus propios términos.
El proyecto de incidencia tomará dos enfoques para establecer mecanismos de financiamiento para la inmunización sustentable. Primero, los expertos en administración fiscal y salud pública que integran el equipo del proyecto servirán como facilitadores para los actores en la inmunización doméstica: no solamente los parlamentarios o los ministerios de salud y finanzas; sino también las partes involucradas de la sociedad civil y del sector privado. Al vincular a estos participantes en el proceso presupuestal se incrementa la transparencia y la rendición de cuentas.
Un segundo planteamiento es que el proyecto operará dentro de un marco de acción colectivo. El equipo del proyecto de incidencia ayudará a establecer metas, además de fortalecer la comunicación y colaboración entre participantes domésticos y las partes involucradas del “Global Alliance for Vaccines and Immunization” (GAVI, por sus siglas en inglés), como la UNICEF, Organización Mundial para la Salud (OMS) y el Banco Mundial, quienes juegan un papel esencial en el financiamiento nacional de los sistemas de inmunización. El equipo visitará cada país trimestralmente para recolectar información y retroalimentar a las partes involucradas. La acción colectiva también será apoyada a través de intercambios frecuentes de las partes involucradas en diferentes países. Al actuar colectivamente, los participantes intercambiarán sus mejores prácticas y perfeccionarán sus habilidades presupuestarias.
El objetivo principal del proyecto es ayudar a cada país a crear fondos para la inmunización, lo que implica garantizar nuevas y diversas fuentes de financiamiento en el largo plazo. La sustentabilidad se puede lograr cuando cada país cumple con los costos de inmunización mediante una combinación de fondos externos y domésticos a largo plazo. Tanto los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación y parlamentos jugarán un papel para conseguirlo. El proyecto de incidencia espera que los 15 países participantes hayan alcanzado la meta de financiamiento sustentable para el 2015. En caso de tener éxito los innovadores enfoques de financiamiento para la inmunización se pueden adaptar a otras áreas de desarrollo.
Para mayor información sobre esta iniciativa, ir a: http://www.sabin.org/programs/vaccine-advocacy-education/sustainable-immunization-financing-sif-program, contactar a Mike McQuestion [email protected], o Christina Morgan [email protected].
Creación de infraestructura fiscal en países post-conflicto por José Marín
Recientemente, la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) dio a conocer un nuevo estudio titulado “Building Fiscal Infrastructure in Post-Conflict Countries.” El estudio se basa en las experiencias de siete países que han surgido de conflictos armados. Los hallazgos de este reporte son el reflejo de otro estudio llamado “Rebuilding Fiscal Institutions in Postconflict Countries” por Gupta, Tareq, et al, que resume las experiencias del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FAD, por sus siglas en inglés) en la reconstrucción de instituciones fiscales en 17 países post-conflicto. A continuación se presenta un resumen de las lecciones clave obtenidas por las recientes experiencias del USAID y el trabajo del FMI.
Los países post-conflicto dependen de sus instituciones fiscales para regresar a la normalidad. Durante este proceso el gobierno es llamado a comenzar su reconstrucción e institucionalizar programas para aliviar agravios y estabilizar la economía. Con respecto a esto, los gobiernos de países emergentes de conflictos armados necesitan un sistema que les permita generar ingresos y hacer gastos a fin de satisfacer las necesidades del país. El reporte de USAID define la infraestructura fiscal como el conjunto de sistemas que manejan ingresos públicos, gastos, análisis de política fiscal, creación de políticas, y la recolección y reporte de estadísticas fiscales y económicas.
Los países incluidos en el reporte de USAID son Afganistán, Angola, Bosnia Herzegovina, El Salvador, Guatemala, Kosovo y Liberia. El reporte identifica los desafíos comunes que enfrentan los países al igual que las lecciones clave que surgen de la experiencia de cada caso. Finalmente, el reporte ahonda en los problemas de la secuencia de actividades, identificando aquellos que son más urgentes y que deberían ocurrir primero en el proceso de la reconstrucción de las instituciones fiscales.
Lecciones aprendidas
Ambos estudios compartieron algunos hallazgos clave, incluyendo la conclusión de que los gastos deberían ser uno de los primeros asuntos a tratar, especialmente por las demandas repentinas de recursos que requieren los esfuerzos de reconstrucción. El sistema de gastos debe ser simple, fácil de administrar y transparente. Para lograrlo, el FAD identifica dos pasos significativos: 1) crear una tesorería y un sistema de pago y 2) crear una sola cuenta para la recaudación de ingresos el desembolso de pagos para asegurar reportes más completos y precisos.
Una de las áreas prioritarias identificadas en el informe del USAID es la necesidad de tomar control sobre los procesos de recibos. La demanda por gastos durante la reconstrucción requiere que se establezcan sistemas simples para agilizar el proceso de recibos con el fin de recaudar impuestos rápidamente. Ambos reportes ponen énfasis en la importancia de enfocarse en los impuestos indirectos —como los impuestos de aduanas— para recaudar fondos de manera simple y rápida. Aunque se conoce que estos impuestos no son tan óptimos para la economía a largo plazo, es un mal necesario a corto plazo. Además, algunas instituciones fiscales en países post-conflicto no tendrían la capacidad de implementar impuestos directos, que son más complejos de administrar y de garantizar con su cumplimento. Por lo tanto, es importante introducir gradualmente una estrategia de políticas de impuestos para la reconstrucción de las instituciones fiscales que sea consistente con la habilidad de las autoridades para administrar los recursos y con la capacidad de la economía de integrarlos.
Ambos reportes observan la importancia de las instituciones fiscales y el fomento de sus capacidades. Aunque el desarrollo de dichas instituciones es un proceso a largo plazo, los donatarios deben hacer el esfuerzo de fortalecer las capacidades locales tan pronto como sea posible. Tanto las habilidades administrativas como las analíticas deben ser desarrolladas si el sistema de manejo financiero público es sustentable. El informe de USAID habla de que la necesidad de atender los débiles sistemas de estadística podría incluirse en este proceso.
Finalmente, los reportes de FAD y USAID indican que la coordinación entre los donatarios es esencial, debido a las grandes entradas de ayuda a países post-conflicto. De acuerdo con el reporte del USAID los donatarios deben hacer más que simplemente reunirse periódicamente para discutir el trabajo que realizan individualmente. En lugar de eso los donatarios deben de tomar un enfoque integral hacia el mismo objetivo.
Existen varias fuentes en Internet sobre la reconstrucción de instituciones fiscales en países emergentes de conflictos. Para mayor información ver la bitácora del Fondo Monetario Internacional, PFM Blog y en el sitio electrónico del USAID sobre reformas fiscales en http://www.fiscalreform.net/. Asimismo, el Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York tiene una sección titulada “Public Finance and Economic Recovery” sobre los entornos emergentes de conflictos armados.
Telefonía celular y el activismo de las ONGs. Entrevista con Katrin Verclas de MobileActive.org por Robert Valencia
Con más de 3.5 billones de teléfonos celulares alrededor del mundo, los servicios de telefonía celular se están convirtiendo en una herramienta de gran potencial para las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y sus actividades de incidencia y estrategias de participación. Con ello se puede revolucionar la manera en que las organizaciones prestan servicios, ofrecen acceso a la información y promueven la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, La Cruz Roja Americana ha utilizado la tecnología SMS (“short message service” o mensajería de texto) para robustecer sus esfuerzos de asistencia permitiéndoles a los usuarios de celulares en Estados Unidos hacer donativos deducibles de impuestos a la Cruz Roja mediante el simple envío de un mensaje de texto con la palabra “Help” (ayuda). Como parte de estas iniciativas de asistencia, los portadores de teléfonos celulares ahora pagan menos por el servicio de envío de mensajes.
El IBP recientemente entrevistó a Katrin Verclas de “Mobileactive.org” sobre los avances del uso de la tecnología celular en actividades de incidencia. Experta en el impacto social mediante el uso de la comunicación móvil, Verclas ha dirigido varias ONGs como “NTEN: The Nonprofit Technology” y trabajado para “Proteus Fund” en donde se enfocó en el uso de la tecnología en la participación cívica y democrática y la transparencia gubernamental.
Antecedentes
MobileActive.org es una red internacional de 3,000 voluntarios — formada por expertos en tecnología, activistas, personal de ONGs, organizaciones intermediarias, prestadores de servicios y organizaciones que financian proyectos de tecnología móvil — dedicados al uso de los teléfonos celulares para bienestar mundial. Su misión es aumentar la efectividad de las ONGs alrededor del mundo y reconocer que la proliferación de los teléfonos celulares ofrece oportunidades sin precedentes para tareas organizativas, esfuerzos de comunicaciones y servicios de información. Los miembros de la red buscan ampliar su acceso a ideas, experiencias y conocimientos sobre el uso de la tecnología móvil para tener impacto social; reducir el costo de aprendizaje vinculado a la propagación de la tecnología móvil; acelerar el uso por parte de las ONGs de estrategias efectivas y tácticas de activismo móvil y brindar una plataforma comprensiva para la creación de alianzas y facilitar el acceso a la tecnología y el financiamiento.
Los miembros de MobileActive.org trabajan conjuntamente para crear los recursos que las ONGs necesitan para el uso efectivo de los teléfonos celulares en su trabajo. Es decir, contenido y servicios de relevancia local, así como apoyo y oportunidades de aprendizaje y redes que les ayuden a los participantes a vincularse unos con otros. Con estos recursos, miles de ONGs estarían mejor posicionadas para enriquecer y servir a sus comunidades.
IBP: ¿Cuáles son algunos ejemplos del uso de los teléfonos celulares por parte de activistas?
Katrin Verclas: Este es un campo poco explorado en donde distintas organizaciones intentan diferentes cosas, en algunos casos con verdadero éxito. Existen varios estudios de caso que demuestran que el uso de la tecnología SMS en el trabajo de activismo de las ONGs como “Greenpeace,” logró afectar una ley mediante la creación de una base de datos de simpatizantes. Se reunieron alrededor de 300,000 números de teléfono a través de un formato de Internet y 50,000 más fueron recopilados por correo electrónico y por voluntarios en calles muy transitadas. Otros grupos activistas como “World Wildlife Fund” en Sudáfrica han utilizado las líneas de información SMS para informar al público en el momento de comprar un producto (en este caso pescado) para informarles si éste se produjo bajo estándares ecológicos responsables.
IBP: ¿Existen iniciativas en donde el uso de teléfonos celulares se haya utilizado para la recopilación de información presupuestaria, el monitoreo o el activismo presupuestario?
Katrin Verclas: Aún no. Sin embargo, estamos explorando junto con varias agencias financiadoras y organizaciones de activistas cómo los grupos de monitoreo de presupuestos pueden utilizar la tecnología celular y otros medios novedosos en sus campañas de activismo. En los próximos meses realizaremos una evaluación comprensiva de los grupos de monitoreo de presupuestos interesados en integrar el uso de teléfonos celulares en su trabajo.
IBP: Hemos visto las ventajas del uso de los teléfonos celulares en esfuerzos de activismo. ¿Existen dificultades que las ONGs pueden enfrentar al utilizar SMS y cómo se les podría ayudar a superar dichos obstáculos?
Katrin Verclas: Sí, el uso de teléfonos celulares para la participación y el activismo no es algo sencillo. Existen varias dificultades como la falta de una estrategia clara de tecnología “know-how,” de recursos monetarios (ya que las campañas móviles pueden ser muy costosas) y de aplicaciones. Hemos hecho una comparación de herramientas “hágalo usted mismo” y muchas carecen de funcionalidad y requieren de capacidad tecnológica avanzada. En muchos países existen campañas comerciales que podrían canalizarse hacia estrategias activistas. Finalmente, es importante tener en cuenta el tema de la seguridad en países con ambientes políticos represivos. Cualquier grupo interesado en el uso de celulares debe de estar muy familiarizado con las idiosincrasias respecto al uso de teléfonos celulares a fin de no poner en riesgo su trabajo de ninguna manera.
IBP: ¿Qué sugerencias le daría a una organización que desea integrar el uso de celulares en una campaña activista?
Katrin Verclas: Se necesita pensar muy detenidamente de qué manera conviene más integrar el uso de teléfonos a una estrategia de incidencia. Generalmente, los celulares como un medio interactivo son útiles en situaciones de emergencia y como medio de interacción mutua. Es fundamental tener claro qué aspectos de la tecnología son útiles en el contexto de una campaña. Integrar el uso de celulares en un esfuerzo de incidencia sólo quiere decir que conoces muy bien a tu audiencia y que sabes cómo hace uso de los celulares para sacarle provecho.
“Publish What You Fund ” (PWYF) necesita tu apoyo
La campaña de Publish What You Fund (PWYF) es una nueva iniciativa que promueve el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación para procesos de asistencia financiera más efectivos. Esta iniciativa ha sido desarrollada por “Access Info” y “Tiri” (www.tiri.org) con el apoyo de un grupo de trabajo formado por varias organizaciones (Action Aid, UK Aid Network, DATA, Aidinfo) y con asesoría de “International Alert,” el IBP y “Article 19.” PWYF está por finalizar los principios de la campaña y está solicitando reacciones y retroalimentación de la comunidad internacional de monitoreo de presupuestos.
Para revisar los principios, ir a: https://archive.internationalbudget.org/publications/aid-transparency-assessment/
Para enviar sus comentarios, contactar al director del programa Martin Tisne: [email protected]. La fecha límite para enviar comentarios es el 15 de agosto 2008.
Novedades en la página de presupuestos participativos del IBP
“Participatory Budgeting Unit”
La Unidad de Presupuestos Participativos es un proyecto del “Church Action on Poverty” en el Reino Unido, que apoya el sector público y a grupos comunitarios en el desarrollo de procesos de presupuestos participativos a nivel local en el Reino Unido.
“Participatory Budgeting in Africa: A Training Companion with Cases from Eastern and Southern Africa”
El presupuesto participativo en África es parte de un esfuerzo por estructurar la capacidad de los funcionarios del gobierno local y sus partes involucradas para una mayor responsabilidad y buena gobernabilidad. Esta guía está dirigida a los gobiernos locales y otros actores para preparar, diseñar, iniciar y manejar procesos de presupuestos participativos al capacitar a los actores clave del proceso.
Nuevas publicaciones del Banco Mundial
Nuevas publicaciones de la serie sobre gobernabilidad del sector público y rendición de cuentas:
“Local Public Financial Management”
Este volumen brinda una visión general sobre la información y contabilidad financiera del gobierno local. Ofrece consejos prácticos sobre cómo y cuándo usar la deuda, cómo evaluar si se debe contraer una deuda y cómo manejarla. El informe también resalta el uso de controles internos y auditorías para asegurar la eficiencia e integridad.
“Performance Accountability and Combating Corruption”
Este volumen está organizado en dos partes. La primera trata de las reformas de administración pública para garantizar la integridad y mejorar la eficacia de las operaciones gubernamentales. La segunda ofrece consejos para el fortalecimiento del papel de los representantes de instituciones – como órganos y comités del parlamento — con el propósito de vigilar los programas del gobierno.
International Tax Dialogue
El International Tax Dialogue (ITD, por sus siglas de inglés) es un arreglo cooperativo que involucra al Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de las Naciones Unidas, y el Grupo del Banco Mundial, que motiva y facilita la discusión de asuntos entre funcionarios nacionales de impuestos y organizaciones internacionales.
Finding the Money, editado por Gábor Pétri
Finding the Money es una publicación del “Local Government and Public Reform Initiative” y el “Center for Public Studies at the Central European University.” Se basa en materiales desarrollados como parte de un curso de verano en la Universidad de Europa Central.