Cuál es el impacto del trabajo presupuestario de la sociedad civil. Un nuevo conjunto de estudios de caso ofrece evidencia al respecto en Brasil, Croacia, India, México, Sudáfrica y Uganda
Introducción
En el último año, el IBP y el Instituto para Estudios de Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex han trabajado juntos para producir estudios de caso sobre el trabajo presupuestario de seis grupos de la sociedad civil dedicados al análisis de presupuestos. El objetivo del ejercicio es aprender sobre el impacto del trabajo presupuestario en la buena gobernabilidad y la reducción de la pobreza. Mientras el trabajo presupuestario ha crecido dramáticamente en África, Asia y América Latina en los últimos diez años, no se han sistematizado las experiencias del impacto social. El conjunto de estudios de caso al que nos referimos en este boletín es el primer intento por cerrar esta brecha de conocimiento.
La investigación se basa en estudios de caso de las organizaciones presupuestarias independientes en Brasil, Croacia, India, México, Sudáfrica y Uganda que se han involucrado en el análisis de presupuestos y activismo presupuestario por un período de entre 5 y 10 años. La gama de organizaciones es, intencionalmente, amplia e incluye a ONGs de desarrollo, redes y movimientos sociales y organizaciones de investigación. A pesar de contar con diferentes perspectivas, todos los grupos comparten un compromiso hacia la justicia social y los derechos de los pobres y buscan cómo hacer más eficiente el uso de fondos públicos. El trabajo de cada grupo se funda en estos principios. Para la mayoría de las organizaciones que se estudiaron el trabajo presupuestario forma sólo una parte del conjunto de actividades y, en algunos casos, han creado unidades especializadas para este objetivo.
Ubicado en el estado hindú de Gujarat, DISHA es un movimiento social con base en sindicatos de trabajadores que desarrollaron capacidad de análisis de presupuestos como un medio de apoyo a sus demandas por el derecho a la tierra y al trabajo. En el extremo opuesto esta el Instituto de Finanzas Públicas en Croacia que es una organización de investigación financiada públicamente y analiza una variedad de políticas públicas. Idasa en Sudáfrica es una ONG que estableció en Servicio de Información Presupuestaria en 1995 a fin de coordinar su trabajo de análisis presupuestario con enfoques específicos en la mujer, los niños y el VIH/SIDA. Igualmente, Fundar en México e Ibase en Brasil son ONGs involucradas en la lucha por la democratización en sus respectivos países. La red de Uganda “Uganda Debt Network” es una ONG que surgió de una coalición que trabajaba el tema de la deuda y la reducción de la pobreza.
Las seis organizaciones trabajan diferentes aspectos del presupuesto público. Las actividades principales del proceso presupuestario incluyen trabajo para promover la disponibilidad de información presupuestaria, transparencia presupuestaria y promoción de la participación social. Todos los grupos llevan a cabo actividades de capacitación para promover la concientización y comprensión de los presupuestos públicos entre legisladores, ONGs y grupos ciudadanos. Varias organizaciones trabajan para promover asignaciones presupuestarias y resultados a través de activismo diseñando para influir las prioridades del presupuesto (asignaciones entre y dentro de las categorías principales de gasto), la calidad de la implementación (los objetivos del gasto y la porción del gasto ejecutado) y el uso del gasto (cómo se traducen las asignaciones del presupuesto en resultados concretos y la evidencia y efectividad del gasto).
La investigación empleó una combinación de métodos y datos para establecer evidencia del impacto. Para investigar el impacto de las prioridades presupuestarias la investigación utilizó información presupuestaria oficial sintetizada por grupos presupuestarios con una visión de establecer tendencias en el gasto del gobierno en bienestar social, educación y salud, como áreas de gasto que más afectan a los pobres. Datos sobre el uso del presupuesto ofrecen evidencia de la implementación, mientras la verificación física de las inversiones llevadas a cabo por los grupos presupuestarios fue la principal fuente de información para determinar los resultados del gasto. El reto más importante fue establecer las causas de los cambios observados en las asignaciones presupuestarias, la calidad de la implementación y los resultados de las actividades de los grupos presupuestarios independientemente de otros factores tales como intervenciones de otros actores y tendencias económicas.
Para la evidencia del impacto de los grupos en el proceso presupuestario, la investigación hizo uso de datos cualitativos obtenidos mediante entrevistas con políticos, funcionarios públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Las entrevistas cualitativas y discusiones de grupo fueron el principal método utilizado para determinar el impacto de la capacidad y esfuerzos para ampliar la participación, especialmente cuando la información obtenida de diferentes actores sirvió para corroborar los resultados. Evidencia adicional fue obtenida de leyes y procedimientos que rigen la transparencia presupuestaria, especialmente, en donde los cambios son fáciles de ubicar con cierta exactitud respecto a las actividades de los grupos. Documentación secundaria y reportes de los medios fueron utilizados para completar los datos de la entrevista.
Visitas de campo de 10 a 15 días de duración fueron llevadas a cabo por parejas de investigadores formadas por un miembro del equipo IBP/IDS junto con un experto presupuestario de la sociedad civil de otra organización. Los estudios de caso documentaron las actividades de los grupos de presupuesto con un enfoque en el análisis y difusión de la información, la capacitación y los esfuerzos de activismo diseñados para influir en las políticas presupuestarias y la transparencia del proceso presupuestario y el seguimiento del gasto. La intención de la investigación es establecer qué impactos se han conseguido en estas áreas de actividad y desarrollar explicaciones sobre los impactos observados para generar lecciones más amplias de grupos que operan en contextos institucionales y políticos distintos.
Los resultados de los estudios de caso arrojan conclusiones sobre el impacto del trabajo presupuestario aplicado. Los impactos siguen dos categorías: cambios en las políticas presupuestarias y cambios en el proceso del presupuesto. La investigación encuentra que los impactos más significativos conseguidos por grupos presupuestarios independientes consisten en mejorar la transparencia presupuestaria y la participación de la sociedad civil, por una parte, y en garantizar recursos presupuestarios para programas existentes y mejorías en su utilización, por la otra.
Todas las organizaciones de los estudios de caso han jugado un papel significativo en el mejoramiento de la cantidad y calidad del acceso a información pública oportuna sobre el presupuesto. Estos esfuerzos son, con frecuencia, el único medio de información confiable sobre el impacto del presupuesto en la gente pobre y, por ende, contribuyen a promover la vigilancia efectiva del proceso presupuestario. El trabajo de difusión y medios de los grupos de los estudios de caso junto con capacitación y entrenamiento, han aumentado la educación presupuestaria, considerablemente, y la participación de partes de la sociedad civil, los medios y los legisladores en el proceso presupuestario. Un mensaje importante de este trabajo es que la sociedad civil puede participar de manera efectiva en el proceso presupuestario y promover la participación en la legislatura y otros actores en el fortalecimiento de la vigilancia del presupuesto.
Los resultados también presentan evidencia de que el análisis llevado a cabo por grupos presupuestarios independientes puede traer cambios positivos en las políticas del presupuesto. Los impactos documentados toman la forma de mayores asignaciones de recursos públicos para la salud reproductiva en México, apoyo económico a los niños en Sudáfrica y desarrollo de gasto tribal en Gujarat, India. Estos ejemplos importantes demuestran que el activismo presupuestario tiene el potencial de influir en las decisiones para introducir nuevos programas y promover recursos adicionales para programas que ya han sido sancionados en la legislatura.
Los resultados serán estudiados más a fondo en tres documentos que serán publicados posteriormente en los siguientes meses: Una síntesis será escrita para aquellos que trabajan con presupuestos; se escribirá otra versión para académicos; y una breve presentación para agencias financiadoras. Por lo pronto los estudios de caso completos están disponibles en la página del IBP (www.internationalbudget.org).
El trabajo presupuestario y la construcción de la democracia: El caso de Ibase en Brasil
Ibase es una ONG brasileña que trabaja para promover los derechos humanos y la rendición de cuentas del gobierno. La misión de la organización es contribuir a una sociedad democrática en donde crezcan la libertad, la participación y la diversidad. Ibase ve en su trabajo de presupuestos un instrumento para construir la democracia y equipar a la sociedad civil con análisis e información presupuestaria que fortalezca el activismo con justicia social. Los esfuerzos de Ibase no buscan influir directamente sobre el gobierno; sino usar todas sus capacidades e información para que la sociedad civil participe en activismo presupuestario.
El análisis presupuestario sólo forma una parte del trabajo de las actividades de Ibase. Cinco personas de tiempo completo de un total de 50 miembros trabajan en cuestiones relacionadas con el presupuesto. En 2005 dos de las ocho áreas de trabajo de la organización se dedicaban al análisis presupuestario examinando la participación de la sociedad civil durante la presente administración del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva y monitoreando políticas públicas a través de la educación e información presupuestarias.
De acuerdo con su misión, el trabajo presupuestario de Ibase se enfoca en resaltar la importancia de ciertos temas en la agenda pública, promoviendo la capacidad de participación de otros actores de la sociedad civil en debates de finanzas públicas y promover el acceso público a la información. Tal como concluyen los autores del estudio de caso: “La forma en la que Ibase trabaja con el presupuesto consiste en poner en las manos de la gente la información presupuestaria básica esperando que sea seguida de poder de influencia.” Muchos afirman que el trabajo educativo y participativo de Ibase sobre presupuestos ha aumentado la concientización, catalizando esfuerzos de activismo de la sociedad civil y vinculado a diversos grupos bajo una misma red – comenzando en el estado de Río de Janeiro y luego por todo el país
La investigación y boletines de Ibase han ayudado a expandir directamente el nivel de transparencia presupuestaria en Brasil. Pero su principal impacto es el de construir la capacidad de otros actores de vigilancia para que participen. Mediante un programa que educa a periodistas, Ibase ha promovido, claramente, la forma en la que los medios cubren los temas de presupuesto y finanzas. La organización también ha aumentado la concientización y participación de los ciudadanos y los legisladores a nivel local y nacional mediante la difusión de sus boletines y otros materiales en un lenguaje simple. Los esfuerzos de capacitación incluyen asesoría sobre el monitoreo del presupuesto en general y preparar a “líderes sociales” para el trabajo de activismo. Ambos programas fueron desarrollados inicialmente en el estado de Río de Janeiro, pero su alcance ha crecido a través de una innovadora iniciativa de aprendizaje y educación a distancia vía cibernética.
Al profundizarse el trabajo presupuestario de Ibase, se enfrentan varios retos como integrar el análisis presupuestario en el proyecto y trabajo de incidencia del resto de la organización, lo qua agudiza los esfuerzos ciudadanos de capacitación hacia campañas de liderazgo en temas presupuestarios; orienta los objetivos de la organización a niveles ejecutivos del gobierno y desarrolla su trabajo de investigación para incluir impuestos, ingresos y el gasto efectivo de fondos públicos.
Croacia y el Instituto de Finanzas Públicas: trabajo presupuestario en una democracia en transición
El Instituto de Finanzas Públicas (IPF), una organización no gubernamental con base en Zagreb, Croacia, lleva a cabo investigación de finanzas públicas y análisis para mejorar las políticas nacionales y la efectividad y eficacia del presupuesto público. Fundado en la Universidad de Zagreb en 1970, el IPF es uno de los 24 institutos de investigación estatales establecidos por el estado. IPF se describe a sí mismo como una organización pública no-lucrativa. La organización del IPF se compone de un pequeño grupo de aproximadamente 16 miembros permanentes—nueve investigadores y siete administradores—que apoyan y manejan una amplia red de académicos asociados. IPF trabaja con alrededor de 50 colaboradores, la mayoría académicos, que hacen aportaciones a su trabajo analítico.
El objetivo principal de IPF es la producción y difusión de investigación de alta calidad sobre temas de finanzas públicas, que forman parte de una larga estrategia para mejorar la educación pública sobre finanzas y la calidad de las decisiones financieras en Croacia. El trabajo de investigación se difunde mediante un boletín para el público en general, una edición académica y una amplia página de Internet. Es a través de sus esfuerzos en educación que el IPF fomenta la conciencia de ciudadanos y parlamentarios mediante mesas redondas, presentaciones, una amplia red de consejeros informales y el apoyo de periodistas – estos esfuerzos son apoyados por la circulación de materiales escritos en un lenguaje accesible y por cómo el IPF ha buscado la cobertura de prensa. Además de la importante relación con los medios, IPF también juega un papel como consejero de los miembros del parlamento y miembros del ejecutivo. Respecto a temas como el impuesto parejo o “flat tax” en Croacia, promueve su punto de vista haciendo uso de la prensa, seminarios, libros y consultoría informal a políticos.
La credibilidad intelectual de IPF en Croacia como una organización de investigación independiente ha sido un elemento clave en su habilidad de llegar e informar a los políticos. El trabajo de IPF ha tenido un impacto evidente en el pensamiento de la élite intelectual que maneja cuestiones de finanzas públicas en Croacia y ven al IPF como una fuente clave de información, tanto formal como informal. Debido a la formulación del presupuesto y sistema gubernamental en Croacia, el IPF puede influir más directamente en el pensamiento de largo plazo sobre cuestiones financieras en lugar de influir de manera significativa en el presente presupuesto y agenda política pública. Por ello el IPF se enfoca en una serie de temas—como reforma fiscal, descentralización, disponibilidad y transparencia de información—que establecen el marco de largo plazo de las políticas públicas financieras a nivel nacional.
Los futuros retos estratégicos de IPF incluyen:
- Desarrollar niveles de liderazgo y sostenibilidad de su personal en el largo plazo.
- Encontrar métodos para avanzar su activismo en ciertos temas
- Crear oportunidades de incidencia ciudadana sobre cuestiones presupuestarias que aumenten la capacidad analítica de la sociedad civil.
Análisis presupuestario y activismo social: el caso de DISHA en Gujarat, India
Ubicado en el estado hindú de Gujarat, DISHA es un movimiento social con base en sindicatos tribales y de trabajadores que desarrolló su trabajo presupuestario para apoyar las demandas de derechos de propiedad de tierra y trabajo de la gente. DISHA se terminó convirtiendo en una ONG líder involucrada en el análisis del presupuesto y el trabajo de incidencia, sobre todo, en la franja tribal del este de la India. La organización emplea a 140 personas, la mayoría trabaja directamente con varios sindicatos y organizaciones populares. El medir la efectividad del trabajo de DISHA sobre el presupuesto requiere tomar en cuenta el difícil contexto político y burocrático en el que opera.
DISHA ofrece el único medio de información presupuestaria en el estado y es reconocido por asegurar la precisión y oportunidad en la preparación de análisis presupuestario para ser utilizado por legisladores y medios—en un ambiente en donde la falta de leyes permite que el acceso a la información y la renuencia del gobierno a publicar datos del presupuesto limitan la transparencia. El hecho de que DISHA facilite información del presupuesto a los medios es ampliamente reconocido como una gran contribución en este contexto. DISHA busca guiar el debate legislativo al resaltar las necesidades más apremiantes de los sectores pobres—respecto a desarrollo agrícola, sectores sociales y asuntos tribales—así como asegurar asignaciones presupuestarias para atender estos asuntos. Además de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, DISHA monitorea la eficiencia de la implementación presupuestaria en áreas prioritarias como son asuntos tribales, salud, educación, seguimiento local del gasto gubernamental y servir como puente entre autoridades locales y estatales.
Además del significativo impacto por fomentar la conciencia sobre el presupuesto y la transparencia, DISHA ha contribuido, enormemente, al seguimiento de compromisos presupuestarios de programas de inversiones locales en sectores marginados y a resaltar cuando el gobierno no cumple con sus gastos. Sus esfuerzos han aumentado el nivel de implementación de una partida del presupuesto estatal destinada al avance socioeconómico de las tribus—de un 20 por ciento de gasto no ejecutado en el presupuesto de 1993 a la sobre-ejecución de 20 por ciento en 1996, manteniendo un nivel de implementación de ahí en adelante.
Al ir avanzando, DISHA enfrenta el reto central: cómo promover el trabajo presupuestario entre un amplio grupo de participantes y cómo usar esta coalición para promover que el poder ofrezca mejor acceso a la información presupuestaria. Para hacer esto de manera efectiva, DISHA se está esforzando por emplear lo último en tecnología en su análisis y esfuerzos de difusión, así como construir relaciones directamente con funcionarios del gobierno responsables del presupuesto.
La historia de Fundar en México
Fundar—Centro de Análisis e Investigación—una ONG con base en la ciudad de México, se dedica al monitoreo de fondos públicos con un enfoque en el proceso de democratización. La organización fue fundada en 1999, un año antes de la elección de un gobierno de oposición por primera vez en 71 años. Fundar ha desarrollado un papel único en la creciente sociedad civil como una organización de investigación profesional con el mandato de participar en debates de justicia social desde la perspectiva del trabajo presupuestario aplicado que trabaja temas de transparencia, derechos humanos y gobernabilidad y capacidad ciudadana en coordinación con alianzas y otras OSCs. Fundar ha pulido su trabajo de presupuestos para centrarse en dos áreas — presupuestos y políticas publicas, por un lado, y derechos humanos y gobernabilidad, por el otro, con programas que examinan cuestiones legislativas, de transparencia y poder a nivel local. El personal de Fundar es de 31 personas relativamente jóvenes, ya que con frecuencia desarrollan la capacidad de investigación presupuestaria al desempeñarse en su trabajo; no obstante la organización también contrata a expertos en caso de ser necesario.
El aporte de Fundar al proceso del presupuesto en México incluye la simplificación y difusión de información presupuestaria, promoción de la transparencia presupuestaria y construcción de la capacidad y conciencia de temas presupuestarios entre OSCs. Las iniciativas de capacitación de la organización en México y a lo largo de América Latina, mediante talleres y entrenamiento para medios, ONGs, periodistas y legisladores, han contribuido a una mejor comprensión de temas presupuestarios a fin de promover campañas de incidencia. Los esfuerzos de Fundar por mejorar la transparencia han convencido al gobierno mexicano a publicar datos del presupuesto oficial en internet. El impacto más fuerte del monitoreo del presupuesto de Fundar consiste en mejorar la calidad del debate público y el acceso a información del presupuesto por parte de legisladores y OSCs.
El análisis y trabajo de incidencia de Fundar también ha dado lugar al aumento en asignaciones presupuestarias. A través de su análisis y esfuerzos de coalición, Fundar ha influido en los programas de gobierno para combatir la mortalidad materna y presionar para obtener fondos adicionales para la mortalidad materna y la prevención de VIH/SIDA. En 2003, el trabajo de Fundar suscitó el aumento diez veces mayor de asignaciones presupuestarias para un programa nacional diseñado a reducir la mortalidad materna mediante una provisión de emergencia para el cuidado de la salud. Esto representó un aumento adicional de 50 millones de dólares para el programa que beneficiaría, directamente a mujeres embarazadas, sobre todo aquellas originarias de comunidades indígenas más pobres.
El éxito de Fundar en ocupar un espacio respetable en el contexto político nacional y ofrecer información útil y análisis creíble y comprobado a los políticos es un ejemplo para otras organizaciones. Entre los retos clave que la organización enfrenta está si debe de aumentar su trabajo a nivel local y estatal en México. Fundar también requiere de un esfuerzo de adaptación a un entorno político cambiante; en vista de que los candidatos a la presente elección presidencial prometen hacer cambios significativos a las prioridades nacionales y la gobernabilidad.
La experiencia de Idasa con el trabajo presupuestario en Sudáfrica
El Instituto para la Democracia en Sudáfrica (Idasa) es una ONG que apoya la consolidación de la democracia en Sudáfrica mediante la construcción de la sociedad civil e instituciones de gobernabilidad. El Servicio de Información del Presupuesto “The Budget Information Service” (BIS) —uno de los programas dentro de Idasa creado para promover que los presupuestos sean para los pobres—fue fundado en 1995 para brindar información pública oportuna y accesible sobre el impacto del presupuesto en los pobres de Sudáfrica. La misión de BIS 2005-2007 está comprometida con el activismo “para la democracia sustentable, el alivio de la pobreza, la equidad y el cumplimiento de los derechos humanos mediante la investigación y actividades de capacitación…” BIS esta dividido en las siguientes unidades: la unidad de presupuestos de los niños (CBU), la unidad de presupuestos de mujeres, la unidad de presupuestos del SIDA, la unidad de presupuestos por sector (que cubre presupuestos de salud, bienestar social y educación) y la unidad presupuestaria de África. Al realizarse este estudio de caso, BIS empleaba a aproximadamente 22 personas.
Los esfuerzos de BIS por erradicar la pobreza y traer conciencia pública se han convertido en proyectos bien establecidos y modelos de activismo en Sudáfrica y alrededor del mundo. Mediante una “diplomacia suave” de construcción de conocimientos técnicos y producción de investigación confiable, BIS ha conseguido avances para que el gobierno rinda cuentas por el uso de los presupuestos públicos. Para ello, cada unidad de BIS ha formado alianzas estratégicas con movimientos sociales a fin de extender su efectividad y muchas unidades han empleado estas redes para construir la capacidad del trabajo presupuestario en otras OSCs. BIS también ha construido fuertes relaciones con funcionarios gubernamentales que dependen de la credibilidad de sus análisis independientes.
BIS ha tenido un impacto significativo en el aumento de la cantidad y calidad de la información presupuestaria disponible para todos en Sudáfrica, en particular para la sociedad civil, la legislatura y los medios. También ha ayudado a jugar un papel preponderante en aumentar la conciencia y capacidades del trabajo presupuestario en el Sub-Sahara Africano.
BIS también ha promovido cambios en las asignaciones y gasto de varios sectores y localidades. La unidad de presupuesto del SIDA ha ayudado a incentivar el gasto provincial y nacional para la compra de medicamentos anti-retrovirales y aumentar los fondos para manejar los tratamientos de la epidemia de VIH/SIDA. La unidad de presupuestos de los niños ha contribuido a la campaña para asegurar el acceso a beneficios de seguro social, encabezados por la alianza en favor del seguro social de los niños “Alliance for Children’s Entitlement to Social Security.” El esfuerzo utilizó información presupuestaria ofrecida por CBU y satisfactoriamente se dio un aumento en los recursos presupuestarios originalmente comprometidos al fondo de apoyo infantil “Child Support Grant” y a la reducción de la edad requerida de catorce años. El nivel del fondo se ha mantenido respecto a la inflación, debido en parte al trabajo de activismo y monitoreo de BIS y sus aliados.
Los retos que BIS enfrenta son similares a los de otros grupos presupuestarios establecidos. La relación entre BIS e Idasa es uno de los retos más importantes, sobre todo, respecto a la redefinición de los grupos presupuestarios a lo largo del tiempo para conservar su vigencia ante la cambiante misión de la organización y el contexto local. Un segundo reto es la relación entre proyectos individuales dentro de una organización presupuestaria. BIS se enfrenta a la necesidad de especializarse en trabajo presupuestario por sector y, simultáneamente, encontrar formas de manejar y mantener su coherencia y misión en general.
Monitoreo presupuestario como herramienta de incidencia: “Uganda Debt Network”
La red de Uganda “Uganda Debt Network” es una ONG que mezcla investigación y activismo para llevar a cabo campañas orientadas a mejorar la gobernabilidad y la reducción de la pobreza en Uganda. La misión de la organización refleja este compromiso: “Luchar activamente por la reducción y sostenibilidad de los niveles de la deuda, la rendición de cuentas y el uso efectivo de recursos nacionales en beneficio de la gente de Uganda.” UDN surgió en 1996 como una coalición de incidencia y de organizaciones de cabildeo para coordinar la campaña de Uganda para el alivio de la deuda de países extremadamente pobres. El uso de redes comunitarias y de la creciente membrecía que estableció durante la campaña de la deuda, UDN ha construido una fuerte reputación por vincular las actividades de monitoreo de presupuestos locales con los procesos presupuestarios a nivel nacional. La membrecía de UDN se compone ya de 100 organizaciones y la organización emplea a 16 investigadores.
El trabajo presupuestario de UDN se enfoca en el monitoreo de la implementación del presupuesto a nivel local (35 sub-condados y 7 distritos) y crear conciencia sobre temas presupuestarios a lo largo del país. La organización produce varias publicaciones que se distribuyen ampliamente a políticos y ciudadanos, así como un anexo periodístico que se recibe en 40,000 viviendas. UDN lucha por ofrecer visibilidad nacional a los resultados del trabajo de los comités comunitarios de monitoreo creados en 2002—grupos de ciudadanos capacitados para darle seguimiento a problemas en la implementación de proyectos de desarrollo a nivel local. La comunidad reporta casos problemáticos a las autoridades locales para asegurar acciones adecuadas y asignación de recursos de acuerdo con las provisiones presupuestarias. Al usar esta metodología, UDN ha tenido éxito al traer los resultados del monitoreo comunitario a las autoridades nacionales para ser rectificados.
El impacto de UDN surge del papel que juega al darle al gobierno el punto de vista de la sociedad civil en varias políticas públicas. La amplia red de relaciones de la organización ha permitido utilizar diferentes canales de cabildeo y ejercer presión en ciertos asuntos, sobre todo, en lo que se refiere a la corrupción y al gasto en salud y educación. Observadores han aplaudido la calidad y la oportunidad del análisis e investigación de UDN pues son el resultado de la acumulación y publicación de información sólida y confiable.
A través de los resultados, UDN ha ayudado a mejorar la calidad del gasto del gobierno y el gasto en impartición de servicios. Las campañas de UDN han eliminado la escasez de medicinas en algunos hospitales rurales; han dado lugar al mejoramiento en la calidad de los materiales de construcción de las escuelas; y han reducido el abstencionismo de los maestros. En muchos casos el monitoreo de UDN también ha identificado y reducido la corrupción.
La experiencia de UDN tiene muchas lecciones para los grupos presupuestarios. En particular, la habilidad de la organización para crear un nicho para sí misma mediante el uso de chequeos locales para ganar acceso e influir en las políticas nacionales es una lección muy valiosa para otras organizaciones que trabajan en países vulnerables a la corrupción en busca de mejorar los servicios y la descentralización simultáneamente. Los retos más importantes que enfrenta UDN hoy en día son internos y externos. Internamente, UDN capacita a su personal constantemente; mientras externamente la organización se ve amenazada por un proyecto de ley que aún no se aprueba por el parlamento, el cual restringe los derechos de ONGs en Uganda.
Novedades en África: la sociedad civil responde a la reciente presentación del presupuesto en Kenia, Malawi, Tanzania y Uganda
El presupuesto de Kenia 2006/07, Instituto de Asuntos Económicos
El 15 de junio 2006 el Ministro de Finanzas dio a conocer el presupuesto 2006-2007, “Marcos para el futuro, construyendo bloques.” Casi 46 por ciento del presupuesto, o Kshs. 253 billones es destinado a sectores claves como educación (18 por ciento), finanzas (9 por ciento), caminos y obras públicas (8 por ciento), salud (6 por ciento) y defensa (5 por ciento). Casi 19 por ciento será destinado a la deuda nacional. El resto del presupuesto es designado al pago de pensiones, cuentas pendientes, salarios y propinas.
Mientras el crecimiento del PIB el año pasado en Kenia fue de 5.8 por ciento, es importante comprender las políticas que dieron lugar a este crecimiento en vista de que los ingresos individuales sólo crecieron 2.6 por ciento. Es difícil saber si los niveles de pobreza han aumentado o caído ya que las últimas cifras disponibles se basan en una línea de pobreza establecida en 1997 y la tasa de pobreza que se percibe es de 53 por ciento (Dimensiones geográficas de bienestar, Oficina Central de Estadística, 2000). La sociedad civil ha expresado preocupaciones de que el crecimiento sólo se esté dando en áreas que no están directamente vinculadas a los pobres.
El Instituto de Asuntos Económicos (IEA), un foro cívico que cada año organiza audiencias previas al presupuesto, ofrece a los ciudadanos de Kenia un medio para entregar propuestas para el presupuesto. (Ver: http://www.ieakenya.or.ke). Este año, IEA recibió varias presentaciones y sugerencias realizadas por representantes de diversos sectores y del público en Nairobi, así como a través de socios en cinco distritos. Con base en las demandas que se mencionaron en las audiencias y en la consulta con varios participantes, IEA publicó el Presupuesto Ciudadano Alternativo “Alternative Citizen’s Budget” para 2006/07 que ofrece propuestas alternativas para muchos de los problemas que enfrenta Kenia. (Ver: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Alternative-Budget-2006-2007.pdf).
El Ministro de Kenia espera que la inflación baje a 5 por ciento al final del presente año fiscal. Hacer que la inflación baje de 13 a 5 por ciento es algo ambicioso dado lo impredecible de las condiciones del tiempo, así como las presiones inflacionarias de las recientes tarifas al combustible. Esto puede empeorar con préstamos domésticos y con el aumento de 10 por ciento de circulante que anticipa el Ministro. De acuerdo con el “Alternative Citizen’s Budget” para 2006/07, cualquier aumento en los impuestos de productos petroleros será transferido a negocios y, finalmente, a los consumidores.
Dada la alta dependencia de Kenia en ingresos derivados de los impuestos, IEA propone al gobierno llevar a cabo auditorías aleatorias a compañías e individuos para apegarse a los requisitos fiscales; desarrollar políticas fiscales más coherentes que generen más ingresos y promover evaluaciones cuidadosas de las políticas que promueven crecimiento y reconocen la relación entre medidas fiscales pronunciadas y temas como género, bienestar y desarrollo. IEA también propone desarrollar innovadores mecanismos para aumentar los ingresos mediante cuotas a usuarios.
En lo que se refiere a la reducción de gastos administrativos, la evidencia demuestra que existe mal uso de fondos que ha resultado en conflicto de intereses y duplicación de esfuerzos. Al respecto, el gobierno debe establecer una política clara sobre el nivel administrativo que será utilizado para la descentralización, reforzar políticas de descentralización de fondos para asegurar la participación ciudadana a todos los niveles y asegurar que el uso de fondos se vincule al marco de políticas macroeconómicas y prioridades locales y nacionales.
Kenia es globalmente clasificado como un país escaso en agua. Casi la mitad de la población de Kenia no cuenta con acceso a agua potable; y un cuarto de la población no cuenta con acceso adecuado a salubridad y menos de 5 por ciento de los centros urbanos cuentan con drenaje. No obstante el manejo de recursos de agua y servicios de drenaje y salubridad reciben menos de 1 por ciento del presupuesto nacional. La autoridad administrativa que maneja los recursos de agua ha recibido Kshs. 10 millones y los servicios de agua recibirán Kshs. 6 millones. La red de Kenia para el agua y a la salubridad estima que se necesitan cerca de Kshs. 24 billones para el desarrollo de la infraestructura de agua y Kshs. 20 billones para servicios y salubridad a fin de alcanzar las metas del milenio.
El gasto del gobierno central crece debido al aumento en ministerios y distritos conforme al referéndum constitucional. Además, funcionarios oficiales gozan de altos salarios y generosos beneficios que podrían reducirse y ser reasignados hacia áreas prioritarias. Además, el país ha vivido un sinnúmero de escándalos en relación a la procuración y contratos de seguridad que involucra a funcionarios públicos. IEA observa que el Tesoro necesita ejercer controles más estrictos sobre la procuración y financiamiento de contratos. El gobierno debe de reparar la ley para permitir un mayor escrutinio de dichos contratos por el Parlamento y la Oficina de Auditoría Nacional, exigir estándares mínimos sobre contratos de seguridad, aplicar el proyecto de administración fiscal 2006 y revisar la ley contractual del gobierno para definir claramente los roles de varias oficinas públicas involucradas en la formulación de contratos del gobierno.
IEA también cree que los servidores públicos necesitan jugar un papel más predominante en la agenda de desarrollo, un resultado que se alcanzaría mediante la reducción de las diferencias salariales entre varios niveles de oficinas públicas y la recompensa al buen desempeño mediante promociones y mejores beneficios. En una entrevista con el East African Standard, Albert Mwenda, director ejecutivo de IEA, comentó sobre el impacto del aumento salarial para los servidores públicos y maestros mientras las recaudaciones de la Autoridad de Ingresos de Kenia “Kenya Revenue Authority” (KRA) se encuentran casi en la miseria.
Presupuesto de Malawi 2006/07, “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” (CSCQBE) y “Malawi Economic Justice Network” (MEJN)
El presidente Mutharika abrió la sesión del presupuesto de Malawi con un discurso al parlamento el pasado 6 de junio. El gobierno asignó aproximadamente 55 por ciento de su presupuesto a infraestructura, 33 por ciento a desarrollo social, 9 por ciento a crecimiento económico sustentable, 2 por ciento a buena gobernabilidad y 2 por ciento a seguridad social.
La prioridad que se le dio a infraestructura — especialmente la construcción del canal de Shire-Zambezi— tuvo un costo para el desarrollo de los sectores social y privado lo cual decepcionó a la sociedad civil, ONGs y al sector financiero. La red “Malawi Health Equity Network” (MHEN) y “Malawi Economic Justice Network” (MEJN) (http://www.mejn.mw/) han luchado por que los sectores de salud y educación reciban sus asignaciones completas para que Malawi pueda cumplir con las metas del milenio en ambas áreas y con la declaración de Abuja sobre salud, en donde se estipula que 15 por ciento de los presupuestos nacionales sea destinado al sector salud. (Malawi invierte sólo 7 por ciento de su presupuesto en salud.) MHEN argumenta que el bajo financiamiento de los programas de salud perjudica la provisión de medicamentes y el nombramiento de médicos capacitados conforme a lo que se requiere para la administración de tratamientos anti-retrovirales contra del VIH/SIDA.
El 5 de junio la organización “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” (CSCQBE) presentó al gobierno una propuesta respecto al presupuesto para educación 2006/07. CSCQBE recomendó hacer de la educación una prioridad y “aumentar el acceso y calidad de la educación que ha ido en descenso en los últimos 11 años.” Conforme a CSCQBE 26 por ciento del presupuesto del gobierno debería de ir al sector educativo; el grupo pidió al gobierno asignar por lo menos 18 por ciento del nuevo presupuesto como primer paso hacia el objetivo del 26 por ciento. (Actualmente, Malawi asigna 11 por ciento de su presupuesto a educación.) Además, CSCQBE recomienda una serie de mejorías para los maestros, las escuelas y los materiales didácticos, así como mejorías en el proceso presupuestario.
El presupuesto de Tanzania 2006/07, HakiElimu
El jueves 15 de junio el Ministro de Finanzas de Tanzania, el Honorable Zakia Meghji, presentó su presupuesto para el siguiente año fiscal. El presupuesto aumentó las asignaciones hacia crecimiento y gobernabilidad; el crecimiento económico y reducción de la pobreza aumentó de 48 por ciento a 49 por ciento; gobernabilidad y rendición de cuentas aumentó de 8 por ciento a 20 por ciento; y las reducciones a los servicios sociales tales como mejoramiento del bienestar social se redujeron de 44 por ciento a 31 por ciento.
El desempeño general de la economía durante los primeros nueve meses (julio 2005 a marzo 2006) fue satisfactorio. La economía creció 6.8 por ciento en 2005 en comparación con 6.7 por ciento en 2004; la recaudación de ingresos tenía una meta de Tshs 2,066 millones, misma que se conseguirá con un cómodo margen gracias a la implementación de medidas orientadas a fortalecer el manejo de impuestos domésticos, la ampliación de la base fiscal y reforma de la estructura de impuestos para hacer que la recaudación de impuestos sea más sencilla y eficiente.
A pesar de estos resultados alentadores, el país sufrió una larga sequía que causó la escasez de alimentos y agua para la generación de electricidad. El constante aumento en los precios del petróleo en el mercado mundial también tuvo un impacto negativo en el costo de la producción e impartición de servicios en el país. Como resultado, las tasas inflacionarias aumentaron de 4.3 por ciento en julio 2005 a 6.9 por ciento a finales de abril 2006. Además, el gobierno se vio forzado a hacer reasignaciones internas en el presupuesto para atender la distribución de alimentos y áreas afectadas. Asimismo exentó del pago de impuestos sobre importación de alimentos en áreas severamente afectadas para asegurar la disponibilidad de alimentos a precios razonables para los consumidores. Ambas medidas redujeron la severidad de la escasez de alimentos y aliviaron la presión inflacionaria.
El gobierno espera gastar una parte significativamente menor del presupuesto en el servicio de la deuda, que ha disminuido de 13 por ciento del presupuesto en 2006 a 6 por ciento en 2007. Las asignaciones a regiones locales aumentaron de 14 por ciento en 2006 a 18 por ciento en 2007 debido a que ya se tenía previsto un aumento salarial al personal del gobierno local. La parte del presupuesto destinada a salarios aumentó de 17 a 25 por ciento. Algunos grupos de la sociedad civil reaccionaron a los aumentos en los salarios de funcionarios lo que explica el aumento en las asignaciones hacia sectores que emplean a un gran número de trabajadores locales en educación y salud; y el flujo de recursos hacia ministerios en lugar de gobiernos locales.
La participación de HakiElimu (www.hakielimu.org) en el presupuesto de este año ha sido en colaboración con el Foro de Política “Policy Forum” (PF). PF es una red de más de 50 ONGs a lo largo y ancho de Tanzania que busca influir la toma de decisiones a través del trabajo conjunto con ciudadanos a nivel local. PF cuenta con grupos de trabajo más pequeños que se enfocan en cuestiones más específicas. Por ejemplo está el equipo sobre salud “Health Equity Working Group,” el equipo de reformas locales “Local Government Reform Working Group,” el equipo de VIH/SIDA y ahora el equipo de trabajo sobre el presupuesto “Budget Working Group” (BWG). El BWG llevó a cabo su primera reunión el 23 de mayo 2006 y cuenta con doce miembros que incluyen a organizaciones nacionales e internacionales tales como HakiElimu, “Research on Poverty Allevation” (REPOA) (http://www.repoa.or.tz), “Tanzania Gender Networking Programme” (TGNP), “Youth Action Volunteers,” SNV (“Netherlands Development Organization”), Oxfam, ActionAid, WaterAid y CARE Internacional.
El logro principal de BWG hasta la fecha es la publicación de reportes sobre el presupuesto (en inglés y kiswahili), que tomaron información pública sobre el presupuesto 2005/06 y 2006/07 sobre los lineamientos del presupuesto dado a conocer en marzo a fin de hacer que esta información fuera más accesible a los medios, así como a otras organizaciones de la sociedad civil para comenzar a hacer preguntas sobre el presupuesto antes de que fuera aprobado. Los reportes se enfocaron en asignaciones a los ministerios y sectores clave y se compartieron con editores de medios. También se realizó una reunión con la ONG “Tanzania Gender Networking Programme” (TGNP) (http://www.tgnp.org) para presentar los reportes que se dieron a conocer oficialmente el 12 de junio.
Desde la presentación del presupuesto, varios miembros de BWG han ofrecido sus propias respuestas. TGNP por su parte, dio a conocer sus reacciones iniciales que fueran publicadas en el periódico The Citizen. Una preocupación para TGNP es que la presentación del presupuesto no menciona una estrategia coherente sobre empleo que garantice que cada adulto – hombre y mujer – cuente con los medios necesarios para apoyar a su familia con dignidad. En lugar de esto, encontramos estrategias sobre microcrédito y formalización, estos esfuerzos tienden a beneficiar el crecimiento de la clase media empresarial y no necesariamente a erradicar la pobreza o a reducir las inequidades causadas por diferencias género, clase o geografía. Como observa TGNP, el enfoque del presupuesto es en empresas pequeñas y medianas y no en microempresas de bajos ingresos, que son las que mantienen a la mayoría de los habitantes de Tanzania.
En general OSCs reaccionaron a la limitada capacidad financiera del gobierno y a la falta de participación pública en el proceso presupuestario. A fin de involucrar a los ciudadanos en el proceso presupuestario en favor de la reducción de la pobreza, la información presupuestaria debe de ser más accesible. Esta es una difícil tarea en un país en el que sólo unas cuantas organizaciones comprenden el presupuesto y cuentan con capacidad limitada. TGNP ha realizado análisis presupuestario con enfoque de género y REPOA y HakiElimu cuentan con amplia capacidad analítica pero ninguno de los grupos se enfoca de lleno en cuestiones presupuestarias. PF no cuenta con personal de tiempo completo para el análisis de presupuesto, aunque hay planes de contratar apoyo analítico y preparar una guía ciudadana sobre el presupuesto.
Presupuesto de Uganda 2006/07, “Uganda Debt Network” y “Center for Development Initiatives”
El presupuesto nacional de Uganda 2006/07 se leyó el 15 de junio 2006 por el Ministro de Finanzas, Planeación y Desarrollo Económico, Dr. Ezra Suruma. El ministro describió las medidas para hacerle frente a la crisis económica en Uganda, que incluyen la introducción de exenciones fiscales para incentivar al sector industrial, a la vez que aumentar impuestos a los consumidores con la esperanza de aumentar la recaudación en su totalidad. El nivel de impuestos de Uganda en relación al PIB es de 12 por ciento, considerado bajo conforme a estándares regionales.
El gasto programado para este año está orientado a atender la crisis energética. La economía ha experimentado una baja productividad y un aumento en el desempleo con la escasez de energía eléctrica que también se ha visto afectada por el aumento en los precios de combustible. El sector de energía y minerales que es en donde se ha visto la mayor parte del aumento en el gasto recibirá Ushs 70 billones (US$ 38.3 millones) para aumentar la generación de energía termal y ofrecer 100 megawatts extras de electricidad. Agencias financiadoras también han aumentado sus contribuciones a este sector por Ushs 36.63 billones (US$ 18.4 millones).
En el sector salud, el enfoque se ha puesto en educación de salud primaria que incluye mayor atención al control de la malaria. El ofrecimiento de dichos servicios puede beneficiar a los pobres una vez que la efectividad del acceso e impartición de servicios haya mejorado. No obstante, el sector salud recibirá una disminución en su presupuesto de Ushs 508.66 billones (US$ 278.34 millones) en 2005/06 a Ushs 375.38 billones (US$ 205.4 millones) en 2006/07, lo que representa US$ 72.94 millones menos. Esto se debe a que ciertos proyectos de salud clave financiados por USAID, el “Center for Disease Control” (CDC) y el Banco Mundial han concluido.
En el sector social, el presupuesto 2006/07 se enfocará en el mejoramiento del bienestar de los maestros de escuelas primarias con un aumento salarial de 33.3 por ciento a partir de julio 2006. La promesa del presidente de ofrecer educación post-primaria y capacitación universal comenzará a implementarse en 2007. Aun con estos esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de la educación primaria, “no se resuelven los problemas más críticos en el sector, como son los altos grados de deserción escolar, el número de libros respecto al número de alumnos y los bajos niveles de inscripciones a la escuela,” dice Davis Ddamulira del Centro de Iniciativas para el Desarrollo “Center for Development Initiatives” (CDI). CDI analizará más ampliamente el presupuesto para evaluar cómo el gobierno enfrenta sus obligaciones para la realización de los derechos de los niños.
De acuerdo con CDI, a pesar de que el gobierno reconoce que el norte de Uganda cuenta con los índices de pobreza más altos, el presupuesto de la región en 2006/07 es sólo de Ushs 18 billones (US$ 9.85 millones) para la reubicación de personas desplazadas internamente, la recuperación post-conflicto y el desarrollo. Lo cual no refleja positivamente el compromiso del gobierno hacia la erradicación de la pobreza.
Miembros de la agrupación de la sociedad civil para la incidencia en el presupuesto “Civil Society Budget Advocacy Group” (CSBAG) — tales como “Uganda Debt Network” (UDN), “Uganda Coalition for Sustainable Development,” “Forum for Women in Democracy” (FOWODE) y Apac Anti Corruption Coalition — han cuestionado los esfuerzos del gobierno en hacer que el presupuesto trabaje para los pobres. Las observaciones de CSBAG durante la Primera Consultaría del Presupuesto Nacional (diciembre 2005) y la Revisión de Gasto Público “Public Expenditure Review” (PER) (mayo 2006) fueron tomadas en cuenta aunque varios temas quedaron sin atenderse, como es el alto costo de la administración pública, la duplicación de esfuerzos y labores por parte de varias agencias gubernamentales, el creciente uso indebido de recursos públicos y la falta de inversión en sectores productivos como energía y agricultura.
Como parte de su trabajo de incidencia en el presupuesto, UDN comenzó una revisión del presupuesto de este año para evaluar las políticas de combate a la pobreza en Uganda, así como algunas cuestiones críticas respecto a la disciplina presupuestal. Conforme a UDN, el gasto social (para educación, salud, agua, agricultura, caminos y obras públicas) representa alrededor de 46 por ciento del presupuesto. No obstante, OSCs están preocupadas de que la parte que corresponde a gasto social en el presupuesto nacional ha disminuido en años recientes de 55 por ciento en 2000/01 a 47 por ciento en 2005/06 aproximadamente. Otras áreas de gasto (como la administración pública, pago de intereses, seguridad, etc.) han aumentado de 44 a 52 por ciento durante el mismo periodo. “Si uno revisa el presupuesto superficialmente, se puede llegar a la conclusión de que el presupuesto favorece a los pobres ya que en términos nominales, mucho dinero se gasta en sectores sociales justamente para alcanzar las metas de los PRSP. No obstante, una revisión más detallada demuestra lo contrario debido al hecho de que el gasto social en el presupuesto nacional continua disminuyendo,” dice Daniel Lukwago de UDN.
En mayo UDN, en nombre de CSBAG, se ofreció una presentación sobre la estrategia económica y presupuestaria para el año fiscal 2006/07 durante el taller: “Public Expenditure Review,” en donde UDN hizo un llamado al gobierno para:
- Revisar el impacto de cualquier propuesta de impuestos en los pobres.
- Orientar el gasto hacia los pobres, ya que más de 37 por ciento de la población en Uganda vive por debajo de la línea de pobreza mientras continua la corrupción, el mal manejo de fondos públicos y otras políticas que poco favorecen a los pobres.
- Ofrecer apoyo y planeación a sectores productivos, especialmente para la generación de energía y agricultura, que son clave para el desarrollo y crecimiento nacional.
- Asignar más fondos al sector energético para satisfacer la demanda de energía – aun cuando esto se traduzca en recortes en otras áreas, así como brindar subsidios para la compra de combustible.
- Apoyar el desarrollo agrícola, que es la espina dorsal de la economía ya que emplea a más de 68 por ciento de la población.
- Reducir asignaciones a la administración del sector público.
Otra preocupación para la sociedad civil es la incongruencia que existe entre el presupuesto aprobado y el gasto realizado por parte de algunas agencias gubernamentales. Esto se debe al gasto suplementario que puede perjudicar los objetivos originales del presupuesto al orientar el presupuesto actual a sectores que no tienen impacto directo sobre la pobreza, tal como la administración pública. La sociedad civil también ha manifestado su preocupación por la enmienda al Acto sobre Registro de ONGs “NGO Registration (Amendment) Act,” 2006 que fuera introducido al Parlamento el 7 de abril. En caso de entrar en vigor podría tener un impacto negativo en la relación entre el gobierno y las ONGs y complicar el papel de las ONGs que luchan por hacer que los presupuestos favorezcan a los pobres. (Fuente: Civil Society Statement on the Economic and Budget Strategy for FY 2006/07- por “Uganda Debt Network” durante el taller “Public Expenditure Review Workshop,” 05/09/06).
Novedades en América Latina y el Caribe: Conoce al Grupo FARO en Ecuador y aprende sobre la iniciativa de presupuestos para la niñez en Jamaica
Lupa fiscal en Ecuador: Conoce a Grupo FARO
La Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO) se creó para apoyar iniciativas de la sociedad civil como promotora de ideas y acción colectiva para el bien público. El Grupo FARO tiene cuatro áreas de trabajo: educación; reforma del Estado; finanzas públicas y desarrollo económico y competitividad en las que se busca mejorar el desempeño de las instituciones públicas.
Uno de los proyectos del área de reformas del estado busca disminuir los casos de clientelismo; es decir, del desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales hacia actividades con fines políticos. En los análisis realizados se encontraron varios casos comprometedores; por ejemplo, antes de la caída del ex-Presidente Lucio Gutiérrez, en abril del 2005 el programa Aliméntate Ecuador fue utilizado para motivar la participación en las marchas en favor del entonces gobernante. También existe evidencia de la utilización de fondos destinados a programas de la niñez para mantener lealtades políticas.
La iniciativa del Grupo FARO arrancó con el estudio de ochos programas sociales para medir sus niveles de transparencia, acceso a la información, participación de su beneficiarios/as, y la integración de actores externos como: gobiernos locales, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones multilaterales. Además, se analizaron los mecanismos para seleccionar beneficiarios/as y recibir y procesar quejas.
Se pudo constatar que muchos de los programas están orientados a reducir la corrupción; sin embargo, varias reformas no se implementan a escala local. Por ello, se elaboró una evaluación de los programas para identificar aquellos más susceptibles al clientelismo. Con la información recaudada en la fase de investigación, se capacitó a mil beneficiarios/as en temas de derechos, programas sociales y clientelismo. Finalmente, se implementó un proyecto piloto destinado a fortalecer la participación de ciudadanos y gobiernos locales en los programas Ley de Maternidad Gratuita y Aliméntate Ecuador.
Junto con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Municipio de Pelileo, el Grupo FARO facilitó a las mujeres de esa localidad, un proceso de “empoderamiento” del municipio para que exijan su derecho a recibir servicios médicos gratuitos relacionados con el embarazo. Para tal efecto, se implementaron diez estrategias de difusión sobre la Ley. Tras la selección de una representante por junta parroquial, se formó un comité de usuarias que recibieron capacitación adecuada. Este comité se responsabiliza por la correcta implementación de la Ley de Maternidad Gratuita en el Municipio de Pelileo.
Apoyado por la firma de un acuerdo, el Grupo FARO actuará como veedor en el programa Aliméntate Ecuador; además, el próximo 14 de julio serán nueve los programas sociales que firmen un convenio en contra del uso clientelar de sus fondos. Para ello, se difundirán mensajes relacionados con las consecuencias del clientelismo, a través de los medios de comunicación y se habilitará un número telefónico para la recepción de reclamos.
Otra iniciativa de Grupo FARO es la Lupa Fiscal Ecuador, que monitorea la gestión de las finanzas públicas ecuatorianas desde la sociedad civil. Este proyecto cuenta con el apoyo técnico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), socio estratégico que ejecuta el Proyecto Lupa Fiscal Argentina. En Ecuador esta iniciativa busca la institucionalización de mecanismos que fortalezcan la capacidad de la sociedad civil para monitorear el proceso presupuestario y contribuir a una mayor responsabilidad fiscal y un gasto público de mayor calidad, más eficiente y equitativo que promueva la participación de la sociedad civil en los asuntos financieros nacionales y locales.
Lupa Fiscal inició sus actividades el 23 de mayo del 2005 a partir de la firma (en español, quichua y shuar) de un acuerdo en pro de la transparencia entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y 15 organizaciones de la sociedad civil, originarias de las cuatro regiones ecuatorianas. A través de este acuerdo, el MEF, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) se comprometió con el país a difundir información presupuestaria. Hasta el momento, Lupa Fiscal Ecuador ha trabajado temas como el nivel de transparencia de los ministerios del Ecuador y el análisis presupuestario a escala local y nacional, entre otros. También ha conseguido el mejoramiento de las páginas de internet de tres carteras de estado y ha iniciado una segunda fase en la que analizará la inversión social a escala local y nacional. Finalmente, está recolectando información sobre las áreas de educación, salud, programas sociales y subsidios públicos que permitan determinar cuántos recursos están llegando realmente a la población. A través de la comparación del gasto social e indicadores con un enfoque en la niñez, se analiza su efectividad y equidad así como los montos adicionales que se requieren para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales.
Para mayor información, visitar a Grupo FARO www.grupofaro.org, o contactar a Orazio Bellettini [email protected].
Presupuestos para la niñez en Jamaica, UNICEF
Jamaica enfrenta al estancamiento de su economía en la última década reduciendo su gasto social. El gasto real para los niños ha disminuido en casi 7 por ciento entre 2003/4 y 2004/5 y otro 20 por ciento entre 2004/5 y 2005/6. El gasto en educación ha visto caídas de 14 por ciento del total del presupuesto a 9 por ciento en los últimos siete años aproximadamente.
Inversiones significativas en el sector social serán necesarias para mantener los recientes logros sociales y alcanzar las metas oficiales en relación al desarrollo social y económico y bienestar de los niños. Experiencias anteriores y lecciones de otros países sugieren que para maximizar las inversiones hacia el cumplimiento de los derechos de los niños, debe de aumentar la vigilancia y monitoreo de la inversión social para mejorar las asignaciones hacia temas sociales.
Desafortunadamente, el proceso presupuestario permite una participación muy limitada y las reglas de participación son poco claras aun para los ciudadanos más informados. En tanto que el presupuesto se debate públicamente una vez que el ministro de finanzas ofrece su presentación cada año, la sociedad civil y el sector privado no cuentan con la oportunidad de hacer contribuciones reales al proceso, incluso los miembros del parlamento juegan un papel limitado. La capacidad de participar en el proceso del presupuesto se debilita aún más por el poco conocimiento de temas presupuestarios. En general, se necesita educación sobre el proceso presupuestario y sobre la vinculación del presupuesto y los derechos, el desarrollo de prácticas participativas en el proceso y de incidencia para poder influir en las asignaciones presupuestarias.
Para mejorar las asignaciones hacia los niños, una coalición de organizaciones no-gubernamentales bien establecidas formaron la iniciativa “Social Investment for Children Initiative” (SICI) en 2005. SICI desarrolló un plan para reformar el proceso del presupuesto y usar los recursos destinados a los niños de manera más eficiente y construir inversión social para niños. Con financiamiento y asistencia técnica de UNICEF y UNDP, SICI planea llevar a cabo actividades de capacitación, participación, e iniciativas de incidencia y comunicación. SICI también llevará a cabo un monitoreo del presupuesto con el apoyo de la Universidad de West Indies para darle seguimiento a las inversiones destinadas al gasto social de los niños e identificar las áreas con mayor necesidad económica y comparar las metas establecidas en políticas nacionales.
El fortalecimiento de la sociedad y del gobierno es crítica para el éxito de SICI. Hasta la fecha, los talleres se han realizado para sensibilizar a más de cien actores sociales sobre cuestiones de inversión social, participación presupuestaria y la relación entre los presupuestos y los derechos. Además, un grupo de 18 profesionales han completado la primera fase de capacitación para preparar a otros en actividades relacionadas con la participación en el proceso de presupuesto.
Los niños serán involucrados en todos los aspectos de SICI. Un grupo de 30 niños fue seleccionado para participar en discusiones sobre el presupuesto, ayudar a desarrollar la capacidad de sus compañeros y en la investigación sobre los temas que afectan a los niños.
La simplificación del proceso presupuestario es más fácil de conseguirse si los ciudadanos participan y pueden influir en las decisiones del presupuesto. SICI reconoce esto y ha establecido como principal prioridad el influir en las inversiones sociales para los niños. El gobierno ha expuesto públicamente su intención de facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario y otras agencias del gobierno comparten esta idea. Actualmente, se está elaborando un marco de participación presupuestaria para Jamaica, que la Agencia de Desarrollo Infantil “Child Development Agency” (una agencia gubernamental semi-autónoma responsable de la promoción de los derechos de los niños) implementará con el presupuesto 2007/08.
Para mayor información, contactar a Kenneth Russell [email protected].
Novedades en el sur de Asia: la sociedad civil responde a los presupuestos de Bangladesh y Rajastán
Presupuesto de Bangladesh 2006/07, Unnayan Onneshan
El presupuesto nacional 2006/2007 de Bangladesh fue presentado por el Ministro de Finanzas y Planeación M Saifur Rahman el 8 de junio 2006. El presupuesto muestra un déficit que el gobierno tratará de financiar mediante metas fiscales un tanto ambiciosas y mediante préstamos de fuentes locales.
En respuesta al presupuesto la organización Unnayan Onneshan (http://www.unnayan.org/) que trabaja hacia la reducción de la pobreza, la equidad de género y la justicia social examina las medidas fiscales y asignaciones presupuestarias y cómo caben dentro de la estrategia nacional para el desarrollo. En particular Unnayan Onneshan examina si el presupuesto está encaminado a cumplir con las metas del milenio “Millennium Development Goals” (MDGs).
La organización observa que el presupuesto asume un crecimiento de 17.1 por ciento en sus recaudaciones en comparación con 2005/2006. Se espera que las recaudaciones se monitoreen más eficientemente y con mayor transparencia con el nombramiento del ombudsman de impuestos.
La propuesta de presupuesto aumenta el gasto en educación en un 2 por ciento y el gasto en salud casi 6 por ciento en un lapso de un año. Como resultado, el gasto en educación aumentará de 8.8 por ciento del presupuesto a 8.9 por ciento mientras el gasto en salud aumentará de 6.6 por ciento a 6.9 por ciento. El gasto de la red de seguridad o “safety net,” por el contrario, disminuye 16 por ciento bajo el nuevo presupuesto y bajará de 0.5 por ciento a 0.4 por ciento.
La porción del presupuesto que irá a agricultura disminuirá significativamente de 22.3 a 21.8 por ciento. Esta caída amenaza con empeorar las condiciones de pobreza, en vista de que 70 por ciento de la población depende directa o indirectamente de la agricultura. A pesar de la fuerte demanda de hogares y negocios por tener acceso a energía eléctrica, esta área recibe un recorte de más 7 por ciento, más que ninguna otra área.
Mientras un reporte del 2002 sobre el progreso de las metas del milenio encontró que 82 por ciento de zonas urbanas y 72 por ciento de zonas rurales tenían acceso a agua potable, el presupuesto dice que Bangladesh ya alcanzó las metas del milenio en este rubro al garantizar que 100 por ciento de la población urbana y 96.5 por ciento de la población rural tengan acceso. No obstante, el número total de personas sin agua y salubridad a lo largo del país ha aumentado a pesar de las mejorías relativas. Casi 40 por ciento de poblaciones de bajos recursos en cuatro ciudades se encuentra sin acceso a agua potable. Poblaciones en ciudades perdidas tienen acceso limitado a la distribución de agua y las personas en zonas urbanas pagan altos costos por tener acceso limitado a agua de dudosa calidad.
El gobierno también afirma haber logrado reducir satisfactoriamente el nivel de mortalidad infantil y mortalidad materna. Se dice que la tasa de mortalidad materna ha bajado de 320 a 310 por cada 100,000 nacimientos de 2000 a 2002; sin embargo otros documentos oficiales demuestran que el nivel es de 391 por cada 100,000 nacimientos en 2002. Es imposible medir el éxito de estos compromisos cuando distintas fuentes oficiales reportan información diferente para la misma variable.
Presupuesto local de Rajastán 2006/07, “Budget Analysis Rajasthan Centre” (BARC)
Ubicado en el noroeste de la India, Rajastán se encuentra por debajo de los promedios nacionales urbanos y rurales de gasto per cápita mensual. Se espera que la economía rural se vea afectada aún más ya que el gasto hacia agricultura ha caído de Rs. 100 crore de 2005/06 a 2006/07. A fin de mejorar la baja productividad como resultado de las pobres condiciones del sector salud y los bajos niveles de educación, el gobierno también debe de aumentar el gasto social, pero Rajastán gasta menos del 4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en educación y menos de 1 por ciento en salud, observa el centro de análisis presupuestario “Budget Analysis Rajasthan Centre” (BARC) que analiza el presupuesto de Rajastán y evalúa el impacto del gasto en desarrollo socioeconómico de los pobres y grupos marginados.
BARC indica que a fin de aumentar el poder adquisitivo de los pobres, la inversión pública también debe de aumentar, pero el gobierno está reduciendo sus asignaciones al sector económico. Las dramáticas reducciones en las asignaciones han tenido lugar desde el año pasado debido a duras medidas de responsabilidad fiscal y administración presupuestaria “Fiscal Responsibility and Budget Management” (FRBM) desde 2005. Bajo FRBM el gobierno se ve forzado a reducir su déficit de recaudación a cero para 2008/09. Además, el déficit fiscal necesita ser reducido o mantenerse constante. Estos objetivos pueden conseguirse al generar ingresos y mantener el gasto a un nivel constante. No obstante, el gobierno ha tratado de mantener una responsabilidad fiscal sana mediante recortes.
El presente gobierno ha aumentado el gasto capital que es de gran importancia para el desarrollo de infraestructura. En vista de que hasta el momento no hay un superávit en la cuenta de ingresos, todo el gasto capital se debe de obtener vía préstamos, que a su vez se deben de pagar con intereses por parte de la población del estado. El gobierno debe de ser cauteloso y no imponer el peso de la deuda en la gente mediante el incremento de asignaciones en la cuenta de capital y elaborar un plan para pagar el dinero obtenido. Cabe mencionar que debe de existir un equilibrio entre el peso de la deuda y el gasto capital, de lo contrario FRBM puede violarse después de cierto tiempo.
Para mayor información, contactar a [email protected] en el centro “Budget Analysis Rajasthan Centre” (BARC).
Más allá del presupuesto – la necesidad de darle seguimiento fiscal a las políticas monetarias, ActionAid
Grupos que hacen seguimiento al flujo de presupuestos tales como Idasa en Sudáfrica están poniendo cada vez más atención en las políticas macroeconómicas que le dan forma a los presupuestos nacionales y por sector. El reciente trabajo de ActionAid Internacional EUA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros grupos sugieren que los activistas de las metas del milenio y de la lucha contra el VIH/SIDA consideren formas en las que ciertas políticas macroeconómicas restringen innecesariamente el gasto gubernamental en ciertas áreas.
Mientras muchos grupos dedicados al seguimiento de los presupuestos realizan un excelente papel monitoreando el gasto por sectores (las “rebanadas” del pastel del presupuesto), pocos han examinado las políticas macroeconómicas que con frecuencia influyen en el tamaño del pastel. ActionAid sugiere que los activistas de las metas del milenio y aquellos que hacen seguimiento de presupuestos se capaciten en conceptos básicos de economía para comprender de mejor manera cómo funcionan estas políticas macroeconómicas. La capacitación también ayudaría a los grupos a conocer políticas alternativas que permitirían a los países de bajos ingresos a gastar los recursos provenientes de asistencia exterior que, a su vez, generan recursos en el largo plazo.
Con frecuencia las políticas macroeconómicas que adoptan los países de bajos ingresos, incluyen políticas fiscales y monetarias que se basan en discusiones entre los ministros de finanzas y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En vista de que muchos países no pueden gastar las cantidades cada vez más grandes de recursos derivados de la asistencia internacional — o contratar a muchos doctores, enfermeras y maestros para alcanzar las metas del milenio y combatir el VIH/SIDA — los activistas se han alarmado por las restricciones al gasto público provenientes de rígidas políticas fiscales y monetarias que condicionan los préstamos del FMI.
El FMI trabaja con países pobres para establecer las metas como parte del marco macroeconómico que incluye metas para la reducción del déficit del presupuesto y la tasa de inflación. Estas metas imponen de facto límites explícitos sobre el presupuesto nacional en su totalidad, así como sobre los recursos disponibles para salud, educación, agua, salubridad, infraestructura agrícola y otras necesidades básicas. Con frecuencia estas metas restringen innecesariamente el gasto disponible para iniciativas que ayuden a alcanzar las metas del milenio o combatir el VIH/SIDA.
Un reporte publicado en 2001 por la oficina general de contaduría de EUA “U.S. General Accounting Office” sobre los préstamos del FMI explica que existe una margen poco claro entre las políticas que pueden clasificarse como “relajadas” (que conllevan a inestabilidad macroeconómica) y políticas que pueden clasificarse como “rígidas.” “Las políticas que se preocupan demasiado por la estabilidad macroeconómica pueden resultar austeras, disminuir el crecimiento económico de su nivel óptimo e impedir el progreso de la reducción de la pobreza,” advirtió el reporte.
Por ejemplo, muchos programas del FMI han hecho un llamado a países pobres para reducir sus déficits fiscales de manera significativa y, en algunos casos, crear superávits. Cuando esto sucede, el dinero que puede usarse para contratar más doctores y maestros se usa para bajar el déficit a niveles que suelen ser innecesarios, según reportan estudios académicos.
El FMI afirma que ha aumentado la flexibilidad en sus metas de reducción deficitario cuando reemplazó su programa de préstamos “Enhanced Structural Adjustment Facility” por el programa “Poverty Reduction and Growth Facility” (PRGF) en 1999. Aunque esto es cierto hasta cierto punto, la nueva flexibilidad es limitada y la reducción en las metas deficitarias en muchos programas de préstamos del FMI siguen siendo injustificadamente rígidos. Mientras la mayoría de los países han manejado déficits fiscales moderados, el FMI sigue estando en contra de los déficits, sobre todo, por los altos intereses que representan.
Además, FMI con frecuencia ignora el hecho de que el déficit del gasto puede usarse para fortalecer al país. El PNUD y otros investigadores concluyeron que mientras el gasto del déficit en consumo de corto plazo puede causar más mal que bien, el gasto del déficit en inversiones públicas clave puede redituar ya que se puede mejorar la productividad y crecimiento económico.
En lo que se refiere a las metas para la reducción de la inflación, muchos programas de préstamos del FMI les han pedido a países pobres reducir la inflación a niveles muy bajos — 5 por ciento o menos. Entre 45 y 63 acuerdos recientes del PRGF examinados por ActionAid incluyeron metas inflacionarias de 5 por ciento o menos.
Todos están de acuerdo en que una inflación muy alta puede debilitar el crecimiento económico de largo plazo y dificultar la planeación del sector privado y aumentar los precios fuera del alcance de los pobres. Sin embargo, mientras la literatura en economía ha demostrado consistentemente que los niveles de inflación por encima de 20-40 por ciento son negativos, existe un desacuerdo considerable entre los economistas sobre las tasas de inflación en un rango más moderado de 5-20 por ciento. El FMI insiste en que la inflación en este rango representa “inestabilidad macroeconómica,” pero no hay evidencia académica que justifique esta afirmación. Algunos economistas del FMI estuvieron de acuerdo en que si se espera que los países absorban y gasten flujos más altos de asistencia financiera, la inflación puede aumentar en consecuencia. Sin embargo, esta consideración no se ha traducido en cambios en las políticas de muchos de los programas de préstamo del FMI.
Esto es importante para los activistas de las metas del milenio ya que cuando un préstamo requiere una reducción en la inflación del rango moderado de 5-20 por ciento a menos de 5 por ciento, esto puede debilitar el crecimiento económico de un país y usar recursos que, de otro modo, podrían haberse destinado a la contratación de doctores y enfermeras en la lucha contra el VIH/SIDA. (Los economistas se refieren a esto como el margen de sacrificio o “sacrifice ratio,” lo que quiere decir que por cada punto que se reduce la inflación en este rango moderado, baja el nivel del PIB.) Muchos economistas creen que las metas del FMI sobre reducción inflacionaria son excesivamente rígidas y son en parte responsables por la caída en el crecimiento económico de países de bajos ingresos entre 1960-1980 y 1980-2005. A pesar de que el FMI ha afirmado que sus políticas son pro-crecimiento, dichas políticas suelen conseguir estabilidad macroeconómica (como lo define el FMI) sobre otros objetivos como pueden ser el gasto público mejorado y tasas de crecimiento más altas.
El PNUD y otros economistas indican que se necesitarán altas tasas de crecimiento para hacer que los países generen más de sus propios recursos para alcanzar las metas del milenio — y que generar altas tasas de crecimiento requiere de políticas fiscales y monetarias más expansivas. No obstante, el FMI permanece en oposición a este esquema.
Al respecto de la volatilidad de la asistencia financiera “donor aid volatility” muchos donadores no le dan apoyo a un determinado proyecto consistentemente año tras año y muchos donatarios no cumplen con la cantidad prometida de asistencia. En tanto que un país adopta las medidas preferidas del FMI – políticas fiscales y monetarias rígidas – la volatilidad de la asistencia financiera seguirá siendo un grave problema para ministros de planeación y finanzas, haciendo imposible predecir cuánta ayuda estará disponible en un año en particular.
El FMI afirma que dicha volatilidad es una razón por la cual duda en promover que países de bajos ingresos contraten más personal en salud y educación. De acuerdo con este argumento, si los ministros de finanzas usan asistencia financiera para contratar enfermeras pero los donadores no mandan la cantidad acordada al año siguientes el país probablemente acabaría por despedir a las enfermeras a la vez que continuaría pagándoles incurriendo en un déficit fiscal. ActionAid argumenta que los activistas de las metas del milenio deberían de unirse al FMI en un llamado a los países donatarios para desarrollar mecanismos de gasto que permitan un mayor nivel de certidumbre del flujo de recursos en períodos mayores de diez años. Reducir la volatilidad de los donatarios permitiría a los países de bajos ingresos planear proyectos de largo plazo. También suavizaría las preocupaciones sobre la inestabilidad macroeconómica asociada con el “hoy sí, mañana no” gasto en recursos humanos.
En 2006-2007 ActionAid Internacional EUA desarrollará una capacitación sobre alfabetización económica y un proyecto de activismo para atender muchas de estas cuestiones. El proyecto promoverá que los que hacen seguimiento de presupuestos y los activistas de las sociedad civil desarrollen mejores relaciones de trabajo con economistas y aumenten sus conocimientos en economía a fin de estar mejor preparados para discutir con legisladores y ministros de finanzas.
Para mayor información sobre este proyecto en Estados Unidos y sobre los programas nacionales de ActionAid, contactar a Rick Rowden [email protected] (después del 7 de agosto) y a Nisha Thapliyal [email protected].
Para una breve revisión sobre este problema, ver el ejemplar de Primavera 2006 “Policies and Priorities” por ActionAid Internacional EUA.
Reporte del taller: análisis presupuestario y derechos económicos, sociales y culturales en Tailandia
Del 13 -20 de mayo se llevó a cabo en Chiang Mai, Tailandia un taller organizado por “Beyond the Circle Network” (India) y el Instituto Asiático de Derechos Humanos “Asian Institute for Human Rights” sobre derechos económicos sociales y culturales (DESC) para activistas en derechos humanos y desarrollo. El taller buscaba ayudar a los participantes a comprender y aplicar el marco de DESC en sus programas, identificar el marco conceptual y normativo para la implementación de los DESC y discutir algunos derechos específicos, tales como el derecho a la comida y a la vivienda. El taller también examinó el uso del análisis presupuestario como una herramienta de implementación de los DESC.
Entre los participantes se encontraron personas provenientes de 15 países: Afganistán, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Palestina, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Timor Leste y Vietnam.
Las sesiones de análisis presupuestario ofrecieron una introducción al presupuesto y sus componentes, las distintas fases del proceso presupuestario y oportunidades de incidencia en cada etapa. Los participantes también aprendieron y utilizaron herramientas cuantitativas para en análisis presupuestario aplicado.
Muchos participantes eran nuevos al análisis presupuestario. Varios comentaron que ahora se dan cuenta de cómo el análisis presupuestario puede fortalecer su activismo. Varios también comentaron que mientras los activistas de derechos humanos piensan que los presupuestos sólo son comprensibles para los expertos, el taller ayudó a corregir esa percepción.
El taller también ofreció una oportunidad para compartir la experiencia de la India y discutir los retos del activismo de los DESC a nivel regional y aprender sobre las experiencias de otros países para construir una red más amplia que apoye a los grupos que realizan este trabajo.
Para mayor información, contactar al Instituto Asiático de Derechos Humanos “Asian Institute for Human Rights” [email protected].
Nueva publicación: “El Caso Provida” – Cuentas pendientes en la transparencia y la justicia, narra el fraude realizado con fondos asignados para tratamientos de VIH/SIDA
Seis organizaciones de la sociedad civil mexicana: Fundar, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Letra S: Salud, Sexualidad, Sida y Salud Integral para la Mujer (Sipam) lanzaron la publicación “El Caso Provida” – Cuentas pendientes en la transparencia y la justicia” (disponible en español), en donde se narra la extraordinaria investigación y esfuerzos de incidencia por poner al descubierto el escándalo que involucró a la organización conservadora Provida y al gobierno mexicano
Provida ocupó los encabezados tras recibir 30 millones de pesos del gobierno sin haber concursado entre otras organizaciones de la sociedad. Este dinero se había etiquetado originalmente para ayudar a mujeres infectadas con VIH/SIDA y a la compra de tratamientos anti-retrovirales. No obstante, el presidente de la comisión del presupuesto en el Congreso unilateralmente asignó fondos a Provida, organización que aceptara el dinero para gastarlo en publicidad y otros artículos de lujo que nada tienen que ver con salud. Además, las posturas ultra-conservadoras de Provida contradicen la legislación y esfuerzos del gobierno por promover la educación sexual y sobre el aborto.
La publicación sintetiza la investigación de tres años para comprender los límites de la rendición de cuentas en México, os vacíos legales que deben de corregirse para prevenir el uso discrecional de fondos públicos y la versátil campaña de incidencia y uso de los medios para hacer que el gobierno se responsabilizara de sus actos. Esta publicación busca ayudar a otras organizaciones, en particular a organizaciones de la sociedad civil a ver el impacto e importancia de combinar la investigación con la incidencia social.
Nuevos materiales en la biblioteca del IBP
“Analyzing the UN Tsunami Relief Fund Expenditure Tracking Database: Can the UN be more transparent?”
Por Vivek Ramkumar/International Budget Partnership
Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio respuesta al tsunami del 2004 del sur y sureste de Asia, por primera vez se creó una base de datos para darle seguimiento al gasto entre países, sectores y agencias de asistencia. La base de datos busca que aquellos interesados puedan aprender como están siendo dirigidos los esfuerzos de asistencia de la ONU y la rapidez con la que son gastados. El IBP ha estudiado esta base de datos y encuentra que contiene información muy útil que provoca una serie de cuestionamientos importantes sobre el gasto de asistencia de la ONU, pero la forma y contenido de la base de datos no permiten un análisis detallado de estas cuestiones.
“Parliament Digest – Bridging the Gap between Parliament and People, Budget Session 2005“
Por Amitabh Behar, Sunila Sihng, and Prakash Gardia (Editors)/The National Center for Advocacy Studies (NCAS)
Este análisis detallado de la sesión del presupuesto de la India 2005 argumenta que el boicot de la oposición a la sesión perjudicó la habilidad del Parlamento para representar los intereses de la género en los debates presupuestarios. Como resultado, el presupuesto 2005 fue aprobado sin una discusión apropiada. El reporte examina cuestiones de género, castas, minorías, gobernabilidad, comida y seguridad, indicadores de desarrollo social, agricultura, trabajo y recursos naturales. El reporte busca reducir la brecha de información entre el Parlamento y la gente que ofrece recursos que ayudarán a la gente a participar en las decisiones del gobierno.
“Regional-Local Dimension of Russia’s Fiscal Equalization”
Por Jorge Martínez-Vázquez and Andrey Timofeev/Andrew Young School of Policy Studies, George State University
En vista de que el gobierno ruso se comprometió a ofrecer a todos los ciudadanos el mismo acceso a servicios públicos sin importar en dónde viven, este trabajo examina alrededor de 2,000 gobiernos locales para evaluar y explicar las diferencias en los recursos públicos disponibles entre y dentro de las regiones. Se busca evaluar la calidad y accesibilidad de servicios locales y explicar si las políticas adoptadas por los gobiernos regionales refuerzan o no los esfuerzos del gobierno central respecto a la equidad fiscal. Los autores concluyen que las amplias variaciones en el ingreso per cápita entre los gobiernos locales de Rusia reflejan disparidades dentro de las regiones más que entre ellas.
“Is VAT the Best Way t Impose a General Consumption Tax in Developing Countries?”
Por Richard M. Bird and Pierre-Pascal Gordon/Andrew Young School of Policy Studies, George State University
Este trabajo examina el sistema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ucrania y Jamaica en términos de la productividad, la equidad y el desarrollo económico del ingreso. Los autores examinan cuestiones tales como si el IVA en la mayoría de los países en vías de desarrollo está diseñado e implementado lo mejor posible; si todos los “buenos” impuestos siguen el mismo esquema; si cada país puede administrar el IVA suficientemente bien para hacer que el impuesto valga la pena; si el IVA es siempre la mejor respuesta a los problemas de recaudación causados por la liberalización comercial en muchos países en vías de desarrollo. Los autores concluyen que el IVA es una opción recomendable en la mayoría de los países en vías de desarrollo, aunque esto no quiere decir que impuestos existentes sean necesariamente los mejores dadas las particularidades nacionales.