Campaña en favor de un ingreso básico universal en Brasil y Sudáfrica
La idea de un “ingreso ciudadano” o ingreso básico garantizado para todos los ciudadanos (sin condiciones, ni necesidad de tener empleo) ha ganado terreno en años recientes en países de medianos ingresos tales como Argentina, Brasil, Filipinas y Sudáfrica. Propuestas anteriores para un ingreso básico común habían sido prerrogativas de países desarrollados tales como Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Escocia, España, los Países Bajos y el Reino Unido. Como parte de los esfuerzos de países desarrollados se fundó en 1986 la Red Europea para el Ingreso Básico “Basic Income European Network” (BIEN) para vincular a individuos con grupos interesados en promover el ingreso básico. Sus miembros incluyen académicos, estudiantes y activistas sociales así como organizaciones políticas, sociales y religiosas. Dado el creciente interés en este tema durante el décimo congreso de BIEN el pasado mes de septiembre en Barcelona, se decidió unánimemente transformar a BIEN en una red mundial y, por ende, cambiaría de nombre a Red Mundial para el Ingreso Básico “Basic Income Earth Network.” (Ver: http://www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Index.html.)
INGRESO BÁSICO EN BRASIL
En Brasil casi 50 millones de personas de 181 habitantes viven por debajo de los límites de pobreza. La idea de un ingreso básico formó parte de la agenda política en 1991 cuando la propuesta del senador Eduardo Suplicy del Partido de los Trabajadores sobre crear un “ingreso ciudadano básico” con el mismo valor para todos los ciudadanos fuera apoyada por el senado.
No obstante, dada la falta de iniciativa presidencial por aprobar la propuesta, ésta permaneció en limbo durante 10 daños en el Congreso. Mientras tanto, la discusión sobre la introducción de un ingreso mínimo garantizado, estimuló una variedad de programas municipales, estatales y federales que fueron introducidos a mediados de los noventas, tales como el Programa Cero Hambre que se describe más adelante. (Ver también: “Legitimizing Basic Income in Developing Countries: Brazil or the Answer is Blowin’ in the Mind” por Eduardo Suplicy, trabajo presentado en el Foro Global de ONGs organizado por la coalición BIG “Basic Income Grant” el 28 de agosto en: http://www.sacc-ct.org.za/suplicy.html.)
Sorprendentemente en enero 2004 la ley Suplicy fue, finalmente, aprobada por el Congreso federal y firmada por el presidente Lula. La nueva ley establece “el derecho de todos los brasileños que residen en Brasil y extranjeros que tengan residencia en Brasil de por lo menos cinco años sin importar su condición socioeconómica de recibir un beneficio monetario anual.” El beneficio se implementará, gradualmente, a partir del 2005.
El ejecutivo establece el valor del beneficio conforme al mínimo necesario que una persona necesita para comida, educación y salud, tomando en cuenta el nivel de desarrollo del país y la disponibilidad de recursos presupuestarios. En el supuesto de que comenzara con R$40.00 al mes ó 16 dólares por persona, una familia de seis personas recibiría R$240.00 ó 97 dólares mensuales. Si el jefe(a) de familia recibe el salario mínimo que en Brasil es de R$260.00 ó 105 dólares mensuales y la familia no tiene otro ingreso, entonces el ingreso mensual de dicha familia aumentaría a R$500.00 ó 202 dólares.
Durante la ceremonia de aprobación de la ley, el presidente Lula dijo: “Es nuestro papel transformar esta ley en una que funcione ya que en Brasil hay leyes que funcionan y leyes que no funcionan.” Desafortunadamente aun no existe información para evaluar la implementación de la ley. Iniciativas anteriores en Brasil sólo han tenido éxito limitado.
En 1995, Campinas y Brasília fueron las primeras ciudades en adoptar programas de ingreso básico, sin embargo ambos programas tienen sus limitantes. En 1997, el gobierno federal comenzó a implementar un conjunto de programas de transferencias de recursos tales como “Bolsa-Renda” (asistencia financiera mínima de porvida) y “Renda Mínima Vitalícia” (pensiones y beneficios de desempleo).
Durante la administración de Lula la mayoría de estos programas fueron integrados al programa de Hambre Cero, un esfuerzo por combinar los beneficios monetarios con políticas más amplias para el desarrollo de capital social. Desafortunadamente, el gobierno no ha sido capaz de implementar este plan por completo y Hambre Cero se ha reducido gradualmente a su componente inicial “Bolsa-família” o asistencia familiar. El impacto económico de “Bolsa-família” es innegable; sin embargo hasta el momento sólo le brinda ayuda a 6.5 millones de familias con niños en edad escolar, es decir, la mitad de las familias en el país que viven por debajo del límite de pobreza con un ingreso promedio de 26 dólares al mes. El gobierno busca alcanzar 11.6 millones de familias a finales del 2006.
De acuerdo con Sergio Baierle del Centro de Asesoría y Estudios Urbanos (CIDADE), una ONG brasileña con base en Porto Alegre, la aprobación tardía de la ley propuesta por Suplicy no trae consigo nueva luz al debate ya que en realidad no cuestiona el programa Hambre Cero. Baierle comenta que “a pesar de que no debemos abandonar la idea de los derechos universales, sería muy cuestionable que un campeón en desigualdad social como lo es Brasil pague un ingreso básico a la gente rica. Tal vez pueda dirigirse a gente que gana por debajo del promedio nacional de ingreso. De cualquier modo, lo más importante aún queda por resolverse: la gente no quiere sólo comida o un mínimo de sobrevivencia, sino oportunidades de vida.” (Para mayor información, contactar a Sergio Baierle [email protected].)
No obstante, el logro de Suplicy ofrece esperanza e inspiración a otros países de medianos y bajos ingresos que han pasado años tratando de promover propuestas similares. En Argentina, por ejemplo, se presentó una propuesta al Congreso en 1997 para crear un Fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez, (FINCINI). Una versión revisada de esta propuesta fue entregada el año pasado y hoy forma parte del debate presupuestario.
Para mayor información sobre el debate en Argentina y para recursos en español, ir a: http://www.ingresociudadano.org/novedades.htm.
INGRESO BÁSICO EN SUDÁFRICA
Sudáfrica es un país de medianos-altos ingresos, no obstante casi la mitad de su población vive en pobreza, un legado de las divisiones socioeconómicas creadas durante el colonialismo y el apartheid.
En 2001, la coalición para el ingreso básico (BIG) fue formada para promover el ingreso básico para cubrir a todos los sudafricanos desde la cuna hasta la tumba. La coalición incluye organizaciones de la sociedad civil, movimientos de trabajadores, iglesias, grupos de derechos humanos, grupos que trabajan con sectores demográficos específicos tales como VIH/SIDA, la vejez y otras poblaciones marginadas.
Isobel Frye del Instituto de Desarrollo Económico y del Trabajo (NALEDI) observa que mientras Sudáfrica es reconocida internacionalmente por sus programas de asistencia social que ofrecen pensiones a gente de edad avanzada y programas de ayuda a niños, no existe asistencia social permanente para personas entre 14 y 60 años de edad (65 en el caso de hombres). Es más las medidas del programa de seguridad social de corto plazo del gobierno están dirigidas a crisis externas y no a cubrir las necesidades de la gente que vive en condiciones de pobreza crónica.
La coalición BIG cree que un ingreso básico universal les permitiría a los sudafricanos comenzar a enfrentar sus necesidades básicas, ayudar a desarrollar vidas sustentables y estimular desarrollo económico en comunidades pobres al inyectar un ingreso constante en efectivo. Además, el atender los altos niveles de desigualdad en el país reduciría la marginación social y mejoraría la cohesión social en un país polarizado por la segregación. La investigación comisionada por la coalición sugiere que un ingreso universal es posible y está al alcance de las posibilidades nacionales, a pesar de las objeciones oficiales que insisten en presentar al ingreso básico como imposible de implementar y mantener. En palabras del Ministro de Finanzas Trevor Manuel el ingreso básico es “populismo económico insostenible.” (Ver Business Day Vol.2 No.21, 20 agosto 2002 http://www.sane.org.za/docs/views/showviews.asp?ID=55.)
La coalición ha llevado a cabo numerosos esfuerzos para promover el ingreso básico. Ha hecho presentaciones a ambas cámaras del parlamento nacional, así como a legislaturas provinciales. Asimismo, ha conducido talleres y sesiones de capacitación a comunidades al lo largo y ancho del país y lazó también una campaña de medios. Muchos economistas y representantes sindicales que apoyan la idea de un ingreso básico han unido sus voces a la campaña.
Durante 2000 el Ministro de Bienestar (hoy Desarrollo Social) nombró a un comité encabezado por la profesora Viviene Taylor para hacer recomendaciones sobre las mejores opciones con las que cuenta el gobierno para enfrentar sus obligaciones constitucionales e implementar un sistema comprensivo de seguridad social. Uno de los mecanismos clave a tomar en cuenta es, precisamente, el del ingreso básico común o apoyo de solidaridad. El Comité Taylor ha organizado audiencias públicas, realizado y comisionado investigación y consultado con una amplia variedad de expertos nacionales e internacionales demostrando que el 10 por ciento de la población más pobre, está completamente excluida de los programas de apoyo vigentes debido a las barreras que imponen las condiciones para recibir el apoyo, los complicados procesos para solicitarlo, la incertidumbre sobre la elegibilidad y falta de fondos para transportarse a las oficinas de servicios públicos. Por ello, el Comité Taylor hizo un llamado a que el ingreso básico se otorgue sin condiciones por una cantidad no menor de R100 o 15 dólares al mes para todos los sudafricanos.
El llamado del Comité Taylor ha sido apoyado por la coalición BIG y ha formado parte de la agenda nacional de Sudáfrica: muchos académicos, analistas políticos y comentaristas han expresado su apoyo a esta propuesta. La Campaña Presupuestaria para la Gente “People’s Budget Campaign” (una coalición de ONGs sudafricanas) hizo un llamado al ingreso básico común como parte de sus recomendaciones anuales al presupuesto. (Ver también: Basic Income Grant Coalition Reacts to Manuel’s Budget http://www.big.org.za/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=68.)
Para leer las publicaciones de BIG, ir a: www.big.org.za.
Para mayor información sobre el trabajo de investigación de BIG, contactar a Isobel Frye [email protected].
El uso de asistencia básica universal para cubrir las necesidades de poblaciones específicas, tales como personas infectadas con VIH/SIDA en Sudáfrica o niños en Argentina, sugiere una oportunidad alternativa de incidencia para OSCs interesadas en promover el ingreso básico común a la vez que los gobiernos de países de bajos y medianos ingresos hacen frente a la presión de cumplir con las metas de desarrollo del milenio “Millennium Development Goals” (MDGs) para 2015. Insertar el debate sobre el ingreso básico común en el marco de discusión de los MDG – para combatir VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades (MDG6) o reducir la mortalidad infantil (MDG4) – implica que las campañas en favor de un ingreso básico común deben de estar más conscientes de las metas de los MDG y de cómo es que los gobiernos planean cumplir con dichas metas.
Proceso presupuestario y sociedad civil en Kazajstán
Después de lograr su independencia hace trece años Kazajstán se ha transformado de una región agrícola de la ex-Unión Soviética a una economía de rápido crecimiento. Recientemente también ha visto mejorías en su proceso presupuestario y en la participación de la sociedad civil en el presupuesto, aunque todavía queda mucho por hacer.
En abril 2004, el programa “Kazakhstan Revenue Watch” de la Fundación Soros-Kazajstán llevó a cabo una mesa redonda en donde grupos de la sociedad civil discutieron la necesidad de fortalecer el papel del parlamento en el proceso del presupuesto. Los problemas citados por miembros del parlamento durante el foro incluyen falta de conocimientos presupuestarios para analizar la propuesta presidencial, falta de posibilidades para contratar consultores expertos que les ayuden a realizar este trabajo y poco tiempo (usualmente sólo tres meses) para revisar la propuesta presupuestaria, negociar enmiendas con el gobierno y aprobar el presupuesto.
De acuerdo con Anton Artemyev coordinador del programa “Kazakhstan Revenue Watch” fue evidente el débil papel del parlamento durante el proceso presupuestario el pasado mes de noviembre cuando la cámara baja del parlamento se disolviera antes de lo esperado después de las elecciones parlamentarias. Esto quiere decir que el presupuesto 2005 fue aprobado por miembros del parlamento electos en septiembre que no contaban más que con un conocimiento superficial de la propuesta presupuestaria. No hubo obstáculos legales que impidieran quitar a los miembros del parlamento antes de que terminaran su trabajo con el presupuesto.
También son motivo de preocupación los procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones del Fondo Nacional de Petróleo de Kazajstán creado para estabilizar el desarrollo socioeconómico y acumular ahorro para futuras generaciones. A pesar de que la transparencia del fondo ha mejorado, significativamente, con la publicación de reportes mensuales en los últimos dos años, los escasos canales de rendición de cuentas existentes sólo conducen al ejecutivo sin haber una estrategia de largo plazo que demuestre cómo y cuándo el dinero del fondo será gastado. En resumen, aún queda mucho por hacer para alcanzar fondos de estabilización similares a los de Alberta, Alaska y Noruega.
La legislación de Kazajstán claramente explica qué información presupuestaria debe de hacerse pública y ofrece multas por violar el derecho a la información. El año pasado una organización de la sociedad civil, (OSC) “Tax Standards Formation” recopiló una lista de estos requisitos legales en el reporte “Analysis of Expenditures on Healthcare, Education and Social Protection in the Budget of Almaty City” disponible en http://www.taxpayers-kz.freenet.kz.
No obstante, esta legislación con frecuencia falla en la práctica. Funcionarios públicos a veces esconden casos de malversación de fondos o se resisten a cooperar con la sociedad civil. Asimismo, un número limitado de OSC en Kazajstán están involucradas en el proceso presupuestario debido a la falta de conocimiento sobre el presupuesto, la falta de experiencia para tratar con funcionarios públicos y las dificultades en obtener asistencia legal profesional cuando las autoridades se niegan a brindar la información solicitada.
A pesar de esto algunas OSCs han comenzado a jugar un papel más eficiente en el proceso presupuestario. “Kazakhstan Revenue Watch” y la Fundación Eurasia el Programa de Presupuestos Abiertos “Open Budget Program” han trabajado para establecer una red de grupos presupuestarios a lo largo del país que puedan convertirse en bases alrededor de las cuales puedan surgir nuevas organizaciones. Estos grupos incluyen “Tax Standards Formation” en Almaty y Justicia (Spravedlivost) en Taraz. Otras organizaciones tales como “Sana-Consulting” hacen análisis presupuestario y ofrecen recomendaciones políticas a nivel local para regiones en la ciudad de Astana, Akmola y Kostanai.
“Kazakhstan Revenue Watch” y “Tax Standards Formation” hicieron un análisis comparativo de los presupuestos 2004 y 2005 para ayudar a los miembros del parlamento a informar al público sobre los aspectos más relevantes del nuevo presupuesto. Además, a principios de este año la Fundación Soros–Kazajstán y “Tax Standards Formation” lanzaron un proyecto para aumentar la conciencia e interés en el presupuesto, construir capacidad de análisis y monitoreo de presupuestos por parte de los miembros del parlamento y OSCs interesadas, conducir análisis presupuestario en donde las industrias operan las industrias extractivas, cooperar con autoridades locales sobre asuntos presupuestarios, defender el derecho a la información de las OSCs en las cortes y conducir análisis comparativo de presupuestos entre 2005 y 2006. Como parte de este trabajo, el proyecto está desarrollando un manual para ayudar a los ciudadanos y OSC interesadas a entender el presupuesto.
De acuerdo con Sholpan Aitenova quien encabeza la organización de la sociedad civil “Justicia”, la participación ciudadana ya ha demostrado su eficiencia al promover cambios en políticas públicas. Por ejemplo, organizaciones de la juventud tuvieron un impacto en el programa gubernamental para la juventud mediante la organización de audiencias públicas y reuniones con funcionarios públicos para discutir versiones preliminares del presupuesto. OSCs también comenzaron a monitorear la eficiencia de programas de salud y educación dirigidos a poblaciones específicas, tales como mujeres embarazadas y personas con discapacidades. Sin embargo, comenta que para que la que participación pública en el presupuesto sea más efectiva el gobierno necesita reconocer los beneficios de colaboración constante.
Para mayor información, contactar a Anton Artemyev [email protected].
Taller sobre trabajo presupuestario y organizaciones financieras internacionales
El pasado mes de abril el IBP y el “Bank Information Center,” con apoyo de la Fundación Ford y el “Open Society Institute,” organizaron un taller de tres días bajo el título de “Instituciones financieras internacionales, políticas presupuestarias y justicia social: una oportunidad para la sociedad civil.” Entre los más de 25 participantes provenientes de 14 países figuraron perspectivas académicas, de instituciones financieras internacionales, donadores y de la sociedad civil. El taller exploró cómo promover un desarrollo sustentable enfocado en las personas a través de mejores vínculos entre organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que llevan a cabo análisis de presupuestos y aquellas que dan seguimiento a las actividades de instituciones financieras internacionales (IFIs).
Estas dos redes de la sociedad civil tienen mucho en común. Ambas están dedicadas a la justicia social y a la reducción de la pobreza; ambas trabajan temas de servicios públicos, deuda y privatización y ambas trabajan para fortalecer a los ciudadanos, promover la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas y promover la participación. El tener estos aspectos en común implica que ambas redes se pueden beneficiar de colaboración más estrecha y de mejorar la efectividad de cada una.
El enfoque del trabajo presupuestario es el de construir capacidad de los ciudadanos para entender y darle forma a las decisiones presupuestarias del gobierno. Sin embargo, en países pobres con frecuencia altamente dependientes de préstamos y asistencia financiera internacional los funcionarios gubernamentales no toman decisiones sobre el presupuesto con la debida autonomía. Las IFIs – mediante sus políticas sobre reducción deficitaria, ajuste estructural y otras políticas fiscales y económicas, representan actores críticos en el marco dentro del cual se toman las decisiones. Los activistas presupuestarios no se pueden comprometer en el proceso presupuestario, sin entender el papel de las IFIs.
Igualmente, grupos que buscan influir en los programas y políticas de las IFIs para asegurar un desarrollo sustentable tienen más posibilidades de ser más efectivos en tanto tengan la capacidad de articular el impacto presupuestario específico de las propuestas de las IFIs. Las políticas de reducción deficitaria que derivan en recortes a programas de educación y salud, por ejemplo, no suelen contribuir a la salud económica de largo plazo de una nación. Los analistas presupuestarios pueden hacer aproximaciones concretas sobre los costos específicos que de otro modo, sólo serían objetivos presupuestarios abstractos.
Los participantes del taller examinaron formas en las que los grupos presupuestarios y los grupos que monitorean las IFIs puedan promover de manera conjunta cambios políticos positivos. Por ejemplo, los grupos presupuestarios pueden documentar el impacto presupuestario de las demandas de las IFIs y ofrecer una perspectiva sobre la influencia que las IFIs deben de tener sobre las políticas fiscales de un país. Los grupos que monitorean las IFIs pueden ayudar a los grupos presupuestarios a comprender y darle seguimiento a las condiciones e impactos de los acuerdos de las IFIs y al proceso para llegar a dichos acuerdos, así como a explorar formas para influir en dichos acuerdos. Uno de los participantes, Ernesto Tomas del grupo de la sociedad civil “Freedom from Debt Coalition” de las Filipinas observó que “ambas redes tienen mucho que compartir como son las herramientas y experiencias que están en demanda sobre todo en países en vías de desarrollo. Además, la deuda es una seria preocupación tanto para las Filipinas como para cien países más cuyos presupuestos nacionales se encuentran ligados a este mal. ONGs deben de reexaminar este punto y atraer recursos tanto de grupos presupuestarios como de los que monitorean las IFIs.”
El taller hizo referencia a cuatro estudios de caso: dos de análisis presupuestario aplicado y dos de grupos que monitorean las IFIs. Se discutieron temas como el uso de presupuestos para darle seguimiento a los compromisos políticos en la India, el impacto de desarrollo humano de las políticas de ajuste estructural promovidas por las IFIs en las Filipinas, la economía política del proceso presupuestario en Argentina y lecciones para el trabajo presupuestario y de IFIs en la creación del oleoducto Chad-Camerún.
Los participantes también discutieron cómo fortalecer los vínculos entre grupos presupuestarios y grupos que monitorean las IFIs mediante la creación de equipos dedicados a examinar asuntos relacionados con políticas macroeconómicas, IFIs y el proceso presupuestario y con la impartición de servicios públicos. Los participantes utilizarán estas ideas iniciales para desarrollar propuestas de proyectos en los meses siguientes.
Las reacciones al taller fueron muy positivas. Manish Bapna, director ejecutivo del “Bank Information Center,” dijo, “estoy entusiasmado por las interesantes y constructivas ideas sobre actividades concretas para avanzar con este trabajo.” Luciana Badin del Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (IBASE) observó que esta reunión “permitió una reflexión conjunta sobre la relación entre las políticas dirigidas por las Instituciones Financieras Internacionales y los presupuestos públicos de países en vías de desarrollo brindando una oportunidad de enfocarse en formas más efectivas de alcanzar el objetivo en común, es decir, sobreponerse a toda clase de desigualdad y construir una sociedad orientada a valores de justicia social y sustentabilidad ambiental.”
El reporte de la conferencia se pondrá a disposición del público más adelante este año. Para mayor información, enviar un mensaje a [email protected].
Nuevo reporte mide la transparencia en la recaudación fiscal de gas y petróleo
Compañías de gas y petróleo han generado enormes cantidades de ingresos en varios países en vías de desarrollo. No obstante, en lugar de mejorar las vidas de sus habitantes las ganancias de las industrias extractivas han generado guerras y corrupción, debilitado el desarrollo económico y empeorado las condiciones de pobreza. Un nuevo reporte de “Save the Children” bajo el título “Beyond the Rhetoric. Measuring Revenue Transparency in the Oil and Gas Industries” evalúa la transparencia de las políticas de recaudación de compañías multinacionales de gas y petróleo y los requerimientos de transparencia impuestos por los diez países anfitriones (Austria, Canadá, Francia, Italia, los Países Bajos, Noruega, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido y los Estados Unidos). El estudio se basa en un marco que mide la transparencia creado por “Save the Children” el cual establece estándares para actores clave y mide su cumplimiento.
Los diez países anfitriones fueron clasificados conforme a sus requisitos para exponer los pagos de sus ingresos, requisitos para exponer información financiera, leyes sobre acceso a la información y otros aspectos más amplios sobre gobernabilidad. La clasificación para estos países, así como para las corporaciones multinacionales dejó mucho que desear.
El reporte ofrece recomendaciones para los gobiernos anfitriones. Dado que muchos gobiernos se encuentran revisando y reformando sus regulaciones financieras, deben de tomar esta oportunidad para asegurar que las compañías con base en su país publiquen lo que le pagan al gobierno en donde operan. El reporte también recomienda que las leyes que garantizan acceso a la información cubran información controlada por el sector privado, así como por el sector público. De esta manera los ciudadanos pueden obtener información sobre los pagos que las compañías hacen a los gobiernos en cada caso.
Para leer el reporte, ir a: http://www.savethechildren.org.uk/mt/Linkage.pdf.
El presupuesto de Ghana 2005, sus objetivos y las reacciones de parte de OSCs
El presupuesto de Ghana 2005 presentado por el gobierno el pasado mes de febrero busca ampliar el progreso alcanzado en el 2004 a través de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza. De acuerdo con el Ministro de Finanzas de Ghana el presupuesto nacional 2005 se basa en tres prioridades: desarrollo de recursos humanos, desarrollo del sector privado y buena gobernabilidad.
En el área de educación, el Plan Estratégico de Educación del país con casi un año de haber entrado en vigor tuvo resultados mixtos. El acceso a la educación creció el año pasado pero la proporción alumno-maestro aumentó y las metas de aumentar la proporción de libros de texto por número de niños no se alcanzaron. Los principales objetivos en educación para el 2005 son alcanzar educación primaria universal para el 2015 y equidad de género hacia finales del presente año. Los cambios para mejorar los planes escolares incluyen ampliar el registro a la pre-primaria, realizar mejoras en la infraestructura, reducir las desigualdades geográficas y abolir colegiaturas en las escuelas públicas de 53 distritos pobres.
En el sector salud Ghana logró lo siguiente el año pasado: el porcentaje de cura de tuberculosis creció, la muerte por malaria en niños pequeños bajó y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ghana se creó para mejorar la calidad en los servicios de salud. Los principales objetivos para el 2005 fueron mejorar la accesibilidad, disponibilidad y eficiencia de los servicios de salud, (especialmente aquellos relacionados con enfermedades contagiosas tales como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis) así como de servicios relacionados con la salud reproductiva y cuidado infantil. Otro enfoque será el de mejorar la salud a nivel comunitario en las regiones más pobres del país.
Para discutir las prioridades del presupuesto 2005, el Centro de Activismo Presupuestario “Centre for Budget Advocacy” (CBA) del Centro de Desarrollo Social Integral “Integrated Social Development Center” (ISODEC) llevó a cabo un debate el 17 de marzo en Accra en donde participantes expusieron algunas consideraciones sobre la inhabilidad del presupuesto para alcanzar las metas de combate a la pobreza. Por ejemplo, la introducción de la política de desregulación del sector petrolero comenzó con un aumento de 50 por ciento en los precios del combustible traduciendo gran parte del aumento en impuestos. La experiencia de Ghana ha demostrado que los aumentos en los precios del crudo tienen un impacto negativo en todos los sectores de la economía y, sobre todo, en los pobres. De acuerdo con ISODEC las políticas de combate a la pobreza no pueden comenzar con aumentos en los impuestos de consumo, especialmente, tratándose de áreas altamente volátiles como lo es el sector petrolero. Vitus Azeem de CBA observó que dichas medidas no son adecuadas considerando los aumentos en los precios e impuestos del crudo en relación con el volumen de medidas paliativas. Esta área es de gran preocupación desde el punto de vista social y económico como lo indican las manifestaciones a lo largo del país que exigen una reducción en los precios del petróleo.
El foro organizado por ISODEC también resaltó el hecho de que el presupuesto es altamente influenciado por los intereses de las agencias financiadoras, lo que impide que el gobierno cuente con la libertad para crear e implementar políticas que atiendan las prioridades de combate a la pobreza.
Para mayor información sobre esta reunión, ir a: http://www.isodec.org.gh/isodec/Research-Advocacy/budget-advocacy/budganalysis2005GTA.htm.
El Proyecto de Apoyo al Comité Parlamentario de Ghana “The Ghana Parliamentary Committee Support Project” (GPCSP) trabaja para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y participación en la gobernabilidad parlamentaria del país para lograr mayor efectividad en los esfuerzos de reducción de la pobreza a nivel nacional. GPCSP desarrolla estrategias para el comité para trabajar de manera efectiva en el parlamento. En preparación para la revisión del presupuesto por parte del parlamento el pasado mes de febrero se llevó a cabo el taller “Ghana Parliamentary Committee Support Project Phase II” en Swedru bajo el título Estrategias para Presupuestos de Combate a la Pobreza “Strategies for Pro-Poor Budgeting.”
En este encuentro los participantes estuvieron de acuerdo en que el monitoreo por parte de OSC es una herramienta efectiva que aún no se ha desarrollado al máximo. El taller provocó discusiones sobre cómo aumentar la colaboración entre el parlamento y OSCs, tales como ofrecer presentaciones por parte de OSCs a los comités parlamentarios o realizar actividades conjuntas de monitoreo entre OSCs y comités parlamentarios. Para conocer más sobre el taller, ir a: http://www.parlcent.ca/africa/ghana_propoor_e.php.
Ineficiencia en al gasto público en Perú
Debido a los limitados recursos y graves necesidades que caracterizan a Perú, el hecho de que sólo el 75 por ciento del presupuesto nacional fuera ejecutado el año pasado es inaceptable, afirma el grupo de monitoreo Vigila Perú. Algunos sectores, tales como el de vivienda sólo fueron capaces de gastar la mitad de sus recursos.
Vigila Perú recomienda tomar los siguientes pasos para enfrentar la ineficiencia de los gobiernos central y regional:
- Las audiencias públicas sobre rendición de cuentas llevadas a cabo por los gobiernos regionales dos veces al año deben de incluir información sobre cómo el gobierno central ha utilizado fondos públicos en la región.
- Las audiencias públicas deben de tener lugar cada seis meses de manera que los ciudadanos puedan discutir los logros y errores durante la administración regional del gasto público.
- Se deben de distribuir resúmenes ejecutivos con información sobre el progreso del gobierno regional antes de que las audiencias de rendición de cuentas tengan lugar.
- La información gubernamental al alcance del público debe de distinguir claramente entre los fondos que se generan dentro del país y los fondos que vienen del extranjero.
Para leer el reporte nacional Vigila Perú No. 4 (en español), ir a: http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-aa/417998ae5ff694558b490dd9881a624c/Reporte_6_completo.pdf.
¿Deben las organizaciones de la sociedad civil aliarse con los auditores generales?
Para explorar la colaboración potencial entre las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) e instituciones de auditoría suprema (SAIs)/auditores-generales (AGs), el IBP presentó un conjunto de estudios de caso durante el Sexto Foro Global sobre Reinventar al Gobierno “Sixth Global Forum on Reinventing Government” llevado a cabo en Seúl, Corea del Sur durante el mes de mayo. Entre los participantes se encontraban auditores generales de Corea del sur, Marruecos, Arabia Saudita y Yemen, así como representantes de auditores generales internos de Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Mientras el trabajo presupuestario de la sociedad civil en países en vías de desarrollo ha crecido drásticamente durante los últimos diez años, muchos esfuerzos se han concentrado en examinar el presupuesto al pasar por el legislativo, así como al ser implementado por el ejecutivo. Hasta la fecha pocos esfuerzos de la sociedad civil han tomado en cuenta la fase de auditoría pesar de que tanto la sociedad civil como los SAIs/AGs tienen mucho que ganar de la colaboración conjunta para mejorar la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y el monitoreo externo.
Por ejemplo, SAIs/AGs recaban información sobre la ejecución del presupuesto que puede ser invaluable para los esfuerzos de la sociedad civil en el monitoreo del impacto del presupuesto en los pobres. Igualmente, OSCs a veces cuentan con información sobre casos de corrupción que puede ser de utilidad para un auditor general al decidir si se lleva a cabo una investigación de auditoría o no.
El IBP presentó sus estudios de caso en un taller denominado “Auditoría en favor del cambio social” en donde se examinó cómo es que la función de auditoría puede ser más abierta y participativa para fortalecer a los ciudadanos. El IBP utilizó cuatro estudios de caso que ilustraron novedosas iniciativas en la India, Filipinas y Sudáfrica para demostrar que las OSCs pueden jugar un papel importante en el fortalecimiento de auditorías públicas externas:
- En la India, el sindicato de campesinos y trabajadores Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) emplea una metodología novedosa de audiencias públicas en pequeñas comunidades para obtener información sobre proyectos del gobierno, difundir información a residentes locales y permitirle a los residentes la oportunidad de ofrecer retroalimentación.
- En las Filipinas, la Comisión Nacional de Auditoría y la organización no gubernamental “Concerned Citizens of Abra for Good Government” (CCAGG) han conducido de manera conjunta un auditoría participativa. CCAGG ha labrado una sólida reputación en la región como vigilante efectivo de proyectos públicos de infraestructura.
- También en las Filipinas, la organización no gubernamental “Procurement Watch” (PWI) ha conducido una exitosa campaña que permitió la transición a una reforma de procuración de justicia. PWI utiliza su experiencia en contrataciones y prácticas de procuración de justicia para ayudar a agencias públicas a reformar los sistemas de procuración y capacita a los ciudadanos sobre la nueva ley para monitorear contractos públicos del gobierno.
- En Sudáfrica, la organización de incidencia e investigación “Public Sector Accountability Monitor” (PSAM) ha creado una base de datos que da seguimiento a las respuestas del gobierno a los reclamos de mala conducta en los reportes de auditoría y emplea esta información para informar a los ciudadanos sobre cuestiones de administración de finanzas públicas. Las iniciativas PSAM han tenido éxito en hacer que las agencias públicas tomen en cuenta las recomendaciones de auditoría.
Con base en estos estudios de caso, el IBP ofrece una serie de recomendaciones a auditores generales interesados en colaborar más de cerca con OSCs.
- Las instituciones de auditoría suprema (SAIs) deben de producir reportes comprensivos que sean distribuidos ampliamente al público de manera oportuna. Esto ayudará a los esfuerzos de las OSC a aumentar los conocimientos de la ciudadanía sobre administración pública financiera y fomentar el surgimiento de activistas ciudadanos.
- Las SAIs deben crear canales de comunicación con OSC de manera que cuando las OSC identifiquen casos potenciales de corrupción puedan reportar dichos casos a las SAIs como material potencial para auditorías formales.
- OSCs pueden aumentar la capacidad limitada de las SAIs para llevar a cabo auditorías de procuración y desempeño. Las SAIs necesitan crear espacios adicionales de participación para OSCs en estas auditorías.
- Mientras las SAIs tradicionalmente no participan en los procesos de políticas públicas, OSCs (junto con legisladores) pueden agregar peso político a las recomendaciones de las SAIs y ejercer presión sobre el ejecutivo para implementar esas recomendaciones. Las SAIs necesitan brindar información oportuna y accesible, así como recomendaciones claras para fortalecer el activismo de OSC.
- Cuando sea pertinente, las SAIs deben aumentar sus propios procesos de auditoría al adaptar y adoptar metodologías de auditoría novedosas empleadas por OSC que han tomado la iniciativa de monitorear programas y proyectos públicos.
Para leer el trabajo, ir a: https://archive.internationalbudget.org/SAIs.pdf. Los pormenores del taller y la conferencia serán dados a conocer en la página de la conferencia: http://6thglobalforum.org/eng/main.asp.
Nueva página de internet sobre lupa fiscal, CIPPEC Argentina
La Lupa Fiscal del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una ONG con base en Buenos Aires, Argentina, trabaja para mejorar la transparencia en la toma de decisiones del gasto público y ofrece capacitación a la sociedad civil para monitorear el proceso presupuestario. La iniciativa recientemente dio a conocer su página de Internet en español, www.lupafiscalprovincial.org. Entre los recursos que ofrece esta página se encuentran reportes presupuestarios, presentaciones y materiales empleados durante los talleres sobre la ejecución de presupuestos a nivel estatal para las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego y Tucumán.
Novedades en la biblioteca del IBP
Efectivo y vouchers para emergencias
por Paul Harvey/”Humanitarian Policy Group”
Aquí se examina la opción y conveniencia de ofrecer efectivo y vales como formas de ayuda humanitaria en casos de emergencia tales como desastres naturales y guerra. Se revisan programas de efectivo que se han puesto en práctica en Etiopía, Goma, India, Kenia, México, Somalia y Uganda. El autor analiza el impacto y costo de programas de esta naturaleza y concluye que son efectivos y deben de ser considerados como alternativas para crear incentivos en la agricultura, la vivienda y artículos no alimenticios, así como una alternativa a otros programas de asistencia alimenticia.
Es posible sólo darle dinero a los pobres
por Joseph Hanlon/”Development Policy and Practice Group at Open University”
Este artículo explora dos instancias en la última década en donde Mozambique adoptó programas de transferencia de efectivo que de acuerdo con USAID logró que “las viviendas hicieran un uso prudente del dinero.” En primera instancia, el efectivo fue otorgado a soldados destituidos y a víctimas de inundaciones. En ambos casos el dinero se uso prudentemente por los pobres para aumentar su nivel de vida en inversiones productivas, estimulando la economía local. Esto apoya la teoría Desai de que el dinero se debe de otorgar directamente a los pobres en lugar de hacerlo llegar mediante funcionarios públicos quienes con frecuencia ganan más de la asistencia extranjera que de la población a quien se dirige el dinero. Se menciona el programa de un ingreso básico común en Sudáfrica impulsado por el Instituto de Investigación de Política Económica “Economic Policy Research Institute” como una forma sostenible de apoyar la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la creación de empleos.
¿Quién decide sobre el gasto público? Un análisis de política económica sobre el proceso presupuestario: el caso de Argentina
por Emmanuel Abuelafia, Sergio Berensztein, Miguel Braun y Lucuano di Gresia/Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
El estudio examina el proceso presupuestario de Argentina, sus esquemas, influencias políticas y actores clave. El trabajo se divide en seis secciones que revisan distintas facetas de este tema tales como el ambiente político y económico del proceso presupuestario, análisis de su operación y reformas fiscales y sus resultados. El presidente de Argentina es, sin duda, el principal actor dentro del presupuesto lo que aunado a ciertas limitantes tales como el impacto de los shocks macroeconómicos y de las leyes fiscales y acuerdos con Instituciones Financieras Internacionales y la influencia de otros actores tales como gobernadores, legisladores y cabildos – han limitado la habilidad del ejecutivo de modificar el proceso presupuestario. El trabajo resalta el hecho de que Argentina ha mejorado su proceso presupuestario y mejorado su evaluación de gasto.
Excepción y paradoja en Brasil: de programas de ingreso mínimo a ingreso básico
por Lena Lavinas/ Instituto de Economía (IE) de la Universidad Federal de Río de Janeiro
En este artículo Lavinas analiza la posibilidad de que Brasil adopte un ingreso básico y propone un modelo de implementación sensible a las necesidades nacionales. El artículo toma en cuenta los retos y posibles soluciones en la transición hacia un ingreso básico común y hace mención a varias paradojas como es el hecho de que aunque Brasil tradicionalmente no sea proveedor de políticas sociales con cobertura universal, ha logrado preservar una visión un tanto universal en medio del desmantelamiento de servicios públicos y de las restricciones presupuestarias incompatibles con el marco legal de cuidado y cobertura para todos. El trabajo concluye que a pesar de que la inestabilidad de Brasil va en ascenso y el ambiente hacia la universalidad es muy hostil podría tener efectos muy positivos si se tuviera la oportunidad.