by IBP Consultant | Mar 25, 2011
Éxitos y desafíos de la transparencia presupuestaria
El Índice de Presupuesto Abierto estimula mejoras significativas en la transparencia del presupuesto a nivel mundial, por Vivek Ramkumar, International Budget Partnership
Desafiar el estado secreto de las reformas de la transparencia en la Unión Europea (UE), por Helen Darbishire y Pamela Bartlett Quintanilla, Access Info Europe
Esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil para aumentar la participación pública y mejorar la ejecución y la información sobre el presupuesto
Publicación del presupuesto ciudadano alternativo de Kenia, por Irene Kinuthia, Institute of Economic Affairs
Fortalecer la rendición social de cuentas en Sudáfrica, por Jay Kruuse, The Public Service Accountability Monitor
Monitorear el gasto público social en la Argentina, por Gisell Cogliandro, Fundación Siena
Las herramientas de comunicación pueden promover buenas prácticas de gobierno
CitiVox: una plataforma de comunicación para aumentar la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas, por Jorge Soto, CitiVox
Las líneas telefónicas públicas mejoran los programas de subsidios en países en desarrollo, por Chris Gruenberg, experto en equidad de género
Recursos nuevos y útiles
Nuevo sitio web de la Iniciativa para la Transparencia y la Rendición de Cuentas: una colaboración para la financiación, por Martin Tisné, Transparency and Accountability Initiative
Nueva edición del Atlas de Defensa del Presupuesto para América Latina, por Gonzalo Serra, Red de Seguridad y Defensa de América Latina
El manual para el monitoreo financiero de la campaña de la Asociación de Transparencia Libanesa proporciona herramientas para que los votantes puedan garantizar la integridad electoral, por Daniel Wessler, International Budget Partnership
Los parlamentos y el presupuesto: curso de aprendizaje virtual del Banco Mundial
En memoria de
En recuerdo de la Dra. Rafua Hassan Alsharki
El Índice de Presupuesto Abierto estimula mejoras significativas en la transparencia del presupuesto a nivel mundial, por Vivek Ramkumar, International Budget Partnership
Desde la publicación de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2010 del International Budget Partnership (IBP) en octubre de 2010, seguimos viendo respuestas de los gobiernos y las agencias financieras a los hallazgos y recomendaciones de la encuesta.
A continuación, brindamos una actualización de las respuestas y reacciones a la Encuesta de Presupuesto Abierto 2010 y un vistazo sobre los siguientes pasos del IBP en su continuo esfuerzo por aumentar la transparencia del presupuesto, participación y rendición de cuentas.
Los gobiernos le están prestando más atención a los resultados del Índice de Presupuesto Abierto (OBI) y toman medidas para mejorarlo
Además de la gran cobertura en los medios, la encuesta 2010 recibió mucha más atención de parte los gobiernos nacionales que nunca antes, nueve gobiernos más comentaron sobre los resultados de los anteproyectos de sus países (45 gobiernos en 2010, comparado con cinco gobiernos en 2008). Asimismo, más de 20 gobiernos asistieron a eventos relacionados con la publicación de la encuesta regional 2010, en donde se fijaron compromisos específicos para mejorar la transparencia en sus países.
Más gobiernos publican presupuestos ciudadanos
El IBP ha sido el principal defensor de los presupuestos ciudadanos (versiones no técnicas y muy accesibles de los informes presupuestarios) durante más de una década; por esta razón, la reciente publicación de estos documentos por parte de los gobiernos de Brasil, Egipto, Guatemala, Líbano, Mali y México es particularmente alentadora.
Además de los gobiernos de Botswana y Kazajistán, los gobiernos de Afganistán, Honduras y Tailandia también han demostrado su interés en la publicación de estos informes. Algunos de ellos incluso han expresado su interés en recibir asistencia del IBP o sus socios.
Algunos gobiernos han comenzado a publicar informes presupuestarios clave por primera vez
El informe de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2010 recomienda específicamente que los “[p]aíses deberían hacer públicos los ocho documentos presupuestarios clave que ya desarrollaron.” Hace poco, estos pasos fueron dados por los gobiernos de Afganistán (con la publicación de la Declaración preliminar de presupuesto y la Propuesta de presupuesto del ejecutivo); la República Democrática del Congo (con la publicación de la Propuesta de presupuesto del ejecutivo y un cronograma para el presupuesto); y Georgia (donde la institución de auditoría suprema publicó un informe de las distintas violaciones por parte de entidades gubernamentales que se identificaron durante las auditorías, así como una perspectiva general de las medidas que se tomaron para resolver tales problemas).
Las agencias financieras utilizan cada vez más el Índice de Presupuesto Abierto
Varias agencias bilaterales y multilaterales financieras comenzaron a utilizar el OBI como medida clave de transparencia del presupuesto en los países a los que prestan ayuda; incluso algunas lo utilizaron como guía para las estrategias de asistencia de sus países.
- El Banco Mundial incluye al OBI como medida en sus indicadores mundiales gubernamentales en “Voice and Accountability”.
- La Open Government Initiative o Sociedad de gobierno abierto, copresidida por los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil, ha decidido utilizar los resultados del OBI como criterio para evaluar si los gobiernos individuales cumplen con los requisitos para participar en la iniciativa de aumento de la transparencia de los sistemas de gobierno en todo el mundo.
- El Banco de Desarrollo Interamericano señaló en su estrategia de asistencia a países para El Salvador que se tomarán como medida del desempeño del país las futuras puntuaciones en el OBI.
- La Corporación del Desafío del Milenio del gobierno de los Estados Unidos utilizará la puntuación de Honduras en el OBI como criterio para evaluar si cumple con los requisitos para recibir ayuda en el futuro.
- En un informe técnico sobre la nueva estrategia para guiar la prestación de apoyo presupuestario directo a diferentes países, el UKaid ha recurrido ampliamente a las recomendaciones del OBI
Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos el Banco de Desarrollo de África y el UKaid también utilizan al OBI para informar sus estrategias de ayuda o evaluar el cumplimiento de los requisitos para recibir ayuda.
Los gobiernos recurren a información del OBI para delinear la legislación y las políticas necesarias para promover mayor transparencia y participación del público en el presupuesto.
Algunos gobiernos comenzaron a pedirle información al IBP y a sus socios de la sociedad civil sobre cómo desarrollar una nueva legislación o medidas políticas para ampliar la transparencia del presupuesto y aumentar la participación del público.
- En la República Democrática del Congo (DRC), el socio del IBP, Réseau des Organisations Partenaires de l’IFES, le hizo importantes aportes al gobierno antes de la publicación del informe de la reciente reforma de la gestión financiera pública del país.
- El Ministerio de Finanzas de Afganistán incluyó “mejoras en la transparencia” como un compromiso clave en su Planificación de gestión financiera pública y, después de participar en una conferencia del OBI, en noviembre de 2010, aparentemente, el Viceministro comenzó a monitorear el progreso alcanzado en este ámbito.
- El gobierno de Eslovaquia le informó al socio del IBP, MESA 10, que tiene la intención de considerar las recomendaciones del OBI 2010 cuando desarrolle una nueva legislación sobre transparencia del presupuesto y responsabilidad fiscal.
Sin embargo, hay mucho más por hacer…
Como se indicó en el informe de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2010, el estado general de la transparencia del presupuesto sigue siendo deficiente. La encuesta también descubrió que los esfuerzos realizados por las legislaturas y las instituciones de auditoría suprema para brindar una vigilancia efectiva del presupuesto muchas veces se ven debilitados por el poder ejecutivo.
Ante la falta de instituciones de vigilancia eficaces y participación del público, el acceso a la información es, con frecuencia, una condición inadecuada para promover una buena rendición de cuentas y mejores resultados presupuestarios en un país. El IBP reconoce que las actividades de incidencia sobre la transparencia del presupuesto no arrojarán mejores resultados a menos que los individuos y organizaciones locales comiencen a utilizar datos del presupuesto para responsabilizar a los gobiernos. Ante esto, la Iniciativa de Colaboración Estratégica del IBP apoya una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil en 18 países a través de fondos multi-anuales y asistencia técnica, con el objetivo de construir y conservar su capacidad para monitorear los presupuestos del gobierno en sus países. El IBP ha desarrollado algunos estudios de caso de los éxitos de estas organizaciones.
El IBP propone apoyar actividades de incidencia más intensas a nivel nacional, particularmente en un subconjunto de 41 países que se encuentran en el nivel más bajo del OBI 2010.Asimismo, el IBP trabaja en estrecha colaboración con colegas del Instituto Ash de la Universidad de Harvard para comprender mejor qué factor impulsa a las prácticas de transparencia del presupuesto y examinar los resultados relacionados con sistemas más abiertos a través del análisis a fondo de estudios de caso en 10 países. Cada estudio de caso identificará los factores que promovieron mejoras, o la falta de éstas, en la transparencia del presupuesto. Esta investigación nos ayudará a comprender las tendencias identificadas en las tres rondas de la Encuesta de Presupuesto Abierto.
Para mayor información, contactar a Vivek Ramkumar a [email protected].
Desafiar el estado secreto de las reformas de la transparencia en la Unión Europea, por Helen Darbishire y Pamela Bartlett Quintanilla, Access Info Europe
Recientemente, el grupo activista a favor de la transparencia y los derechos humanos Access Info Europe publicó “The Secret State of EU Transparency Reforms” (El estado secreto de las reformas de la transparencia en la UE), un informe en el que se plantean serios problemas acerca del acceso a la información sobre el gasto público en Europa. El informe describe las victorias de la sociedad civil en el inicio de procesos de toma de decisiones en la Unión Europea (UE), entre ellas, una importante victoria legal a favor de los derechos de la participación pública en marzo, e identifica áreas en las que se necesita trabajar más.
El 22 de marzo de 2011, el Tribunal General de Luxemburgo (primera instancia del Tribunal de Justicia de la UE) tomó una decisión sobre un caso que surgió a través de Access Info Europe (Access Info Europe contra Consejo de la Unión Europea, caso T-233/09), en el que se le cuestiona a la UE haber borrado los nombres de los países en los documentos del anteproyecto de la legislación. En respuesta al desafío de los grupos de la sociedad civil de eliminar las negociaciones a puerta cerrada en Bruselas entre los 27 estados miembro de la UE, el Tribunal General aclaró que si se pretende que los ciudadanos ejerzan sus derechos democráticos, éstos deben tener acceso a la información pública y a las oportunidades de participar en la toma de decisiones públicas.
En un giro irónico de los hechos, los documentos en cuestión estaban relacionados con las propias reglas sobre transparencia de la UE. A Access Info Europe le preocupaba el hecho de que ocultar las identidades de los países a favor y en contra de la transparencia le impidiera al público participar en el debate sobre cómo garantizar la transparencia en la UE.
El Tribunal General reconoció que dicha falta de transparencia era ilegítima y dictaminó que la decisión de la UE de ocultar los nombres de los países era incorrecta; asimismo confirmó que el público debía “tener acceso a toda información relevante” para poder seguir el proceso de toma de decisiones.
Negativas nacionales y documentos filtrados
El fallo del Tribunal General llegó la misma semana que Access Info Europe publicó el informe que presentaba los desafíos que debían enfrentar las iniciativas de la UE para aumentar la transparencia. En parte, el informe se basaba en la respuesta de los gobiernos de los países de la UE al pedido de información sobre sus posturas acerca de las prácticas de transparencia en la UE. Aunque se les solicitó información a los 27 países, y se intentó conseguir las respuestas durante casi un año, Access Info Europe sólo recibió información de 11 países. Los 16 restantes se negaron a proporcionar cualquier tipo de datos.
Información recibida | Información no recibida |
Publicación parcial de los documentos | Postura (y otra información mínima) | Enviados o referidos a la UE | Negativa a publicar información | Sin respuesta |
Dinamarca Finlandia Suecia Lituania Países Bajos | Austria Estonia Letonia Malta Polonia Reino Unido | Grecia Hungría Rumania Eslovaquia Luxemburgo Irlanda | Bélgica República Checa Francia Alemania Eslovenia España | Bulgaria Chipre Italia Portugal |
Total: 5 países | Total: 6 países | Total: 6 países | Total: 6 países | Total: 4 países |
El hecho de que ciertos países refirieron la solicitud de información a la UE demuestra algunos de los desafíos que enfrentan quienes recolectan información, ya que sus pedidos quedan en medio de una interminable confusión entre los niveles nacional y supranacional. El informe reveló que la mayoría de los países que se negaron a proporcionar información sobre sus posturas acerca de las prácticas de transparencia dentro de la UE estaban influenciados por una cultura de secretismo en Bruselas. Los fallos del Tribunal General deberían ayudar a resolver estos desafíos.
Negativa a revelar información sobre los gastos
Para los activistas a favor de la transparencia del presupuesto, no todas las noticias del Tribunal de Justicia son positivas (segunda instancia). El 9 de noviembre de 2011 el tribunal dictaminó que la publicación de información detallada sobre los destinatarios de los subsidios agrícolas europeos podría significar la violación de las reglas de privacidad y protección de los datos personales. Este fallo hizo que casi un 80 por ciento de la información sobre subsidios se obtenga de Internet, a pesar de que €55 mil millones en subsidios agrícolas anuales son destinados a productores que actúan como entidades comerciales.
Algunos países, como Finlandia y la República Checa, respondieron a esta decisión quitando información detallada sobre los gastos de Internet; otros, como Dinamarca y Suecia, decidieron continuar con la publicación, alegando que la decisión no afecta las leyes nacionales de acceso a la información. Este caso plantea serias preocupaciones respecto de que los derechos sobre la privacidad triunfarán sobre la transparencia en toda la UE, lo que hará que disminuya la transparencia en otros gastos de la UE, no sólo en los relacionados con los subsidios agrícolas, a nivel nacional y supranacional. Los activistas a favor de la transparencia planifican estrategias que les permitan utilizar las leyes nacionales de acceso a la información y el activismo político a nivel de la UE para impugnar el fallo del Tribunal de Justicia.
Queda claro que la UE se ha convertido en un campo de batalla al intentar establecer estándares globales de transparencia del presupuesto, que afectan directamente el nivel de rendición de cuentas y participación pública en la toma de decisiones. Estos avances deberían interesar y preocuparles no sólo a los 500 millones de personas que viven en la región de la UE, sino también a los activistas a favor de gobiernos abiertos en todo el mundo. Los estándares de transparencia que surjan en Bruselas y Luxemburgo, sin duda, serán un aporte para cualquier estándar global que se concrete en el futuro.
Para mayor información, contactar a Helen Darbishire a [email protected] o a Pamela Bartlett Quintanilla a [email protected].
Publicación del presupuesto ciudadano alternativo 2010-11 de Kenia, por Irene Kinuthia, Institute of Economic Affairs
Las organizaciones de la sociedad civil pueden influenciar la toma de decisiones del gobierno y ayudar a desarrollar alternativas sustanciales a las políticas gubernamentales emitiendo un presupuesto alternativo. Además, los presupuestos alternativos proporcionan otro espacio para que los ciudadanos participen en el proceso presupuestario. A lo largo del tiempo, algunas de las propuestas incluidas en los presupuestos alternativos elaborados por el Institute of Economic Affairs (IEA) de Nairobi, han sido incorporadas en el presupuesto nacional de Kenia. El 23 de marzo de 2011, el IEA publicó el 10º Presupuesto Ciudadano Anual Alternativo 2011-12. Al lanzamiento de la publicación asistieron 100 representantes del gobierno, instituciones académicas, comunidades donatarias y comerciales, organizaciones de la sociedad civil y el público en general.
En el presupuesto ciudadano alternativo 2011-12, el IEA presenta las propuestas de presupuesto de los sectores sociales y corporativos compiladas durante las audiencias anuales previas a la publicación del presupuesto. Las audiencias de este año se realizaron en febrero y aquellos que no pudieron asistir enviaron sus propuestas por escrito al IEA. Antes de la publicación del presupuesto alternativo, se envía un memorando al Departamento del Tesoro de Kenia para la posible incorporación en el próximo presupuesto nacional. El presupuesto ciudadano alternativo tuvo en cuenta los Documentos sobre las perspectivas de los presupuestos 2011-12 y 2013-14, así como las directrices del Departamento del Tesoro, y todas las propuestas fueron consolidadas y sintetizadas en varios sectores del Marco de Gastos a Mediano Plazo (MTEF).
El presupuesto ciudadano alternativo del IEA consideró factores tales como la recuperación de Kenia después de la crisis financiera mundial, los efectos de las recientes sequías y la crisis electoral de 2007 cuando incorporó los efectos de las condiciones favorables del clima en 2009 y 2010, la iniciativa de estímulo fiscal del país, en 2009, y la nueva Constitución de Kenia, que se aprobó en agosto de 2010. Con este telón de fondo, el IEA hizo varias recomendaciones para el presupuesto futuro, incluidos algunos reclamos al gobierno para:
- reconsiderar el impuesto sobre los ingresos brutos (un impuesto indirecto que se aplica a empresas privadas para las actividades de producción o fabricación) e incluir a pequeñas y medianas empresas y aumentar la recaudación de ingresos;
- reservar fondos para poner en marcha la nueva constitución; y
- reformar las entidades públicas que tienen la posibilidad de financiarse por sí mismas, quitar las transferencias del gobierno, y cerrar las empresas estatales que no sean esenciales.
Para leer el presupuesto ciudadano alternativo 2011-12 del IEA, ir a: http://www.ieakenya.or.ke/documents/Final%20IEA%27s%20CItizen%20Alt%20Budget%202011.pdf.
Para mayor información, contactar a Irene Kinuthia a [email protected].
Fortalecer los procesos de rendición de cuentas social en Sudáfrica, por Jay Kruuse, The Public Service Accountability Monitor
El Public Service Accountability Monitor (CSA) es un instituto independiente que está afiliado a la Universidad de Rhodes, en la Provincia Oriental del Cabo, en Sudáfrica. El Public Service Accountability Monitor (PSAM) es un programa clave del CSA que ha monitoreado la manera en que los gobiernos administran los recursos públicos a niveles nacional y subnacional desde 1999. El PSAM/CSA comparte los hallazgos del monitoreo del presupuesto con organizaciones de la sociedad civil (OSC) y comités de vigilancia legislativa de la Provincia Oriental del Cabo para promover e informar intervenciones activistas relevantes y oportunas que fortalezcan los procesos de rendición social de cuentas en los siguientes procedimientos:
- planificación y asignación de recursos;
- administración del gasto público;
- administración del desempeño;
- administración de la integridad de los procesos; y
- vigilancia.
Los esfuerzos del PSAM/CSA para fortalecer la participación del público en todos los procesos financieros públicos y mejorar la respuesta de la entrega de servicios públicos pueden apreciarse en diversas intervenciones.
- Después de analizar el presupuesto 2008-09, el PSAM y el Foro de Monitoreo de Gastos y Presupuestos le recomendó al Tesoro Nacional aumentar el presupuesto para VIH/SIDA en las provincias. En 2009-10 la asignación para VIH/SIDA en las provincias logró un aumento de mil millones de rands, de la cual una parte importante se destinó a la Provincia Oriental del Cabo. Esto cubrió el déficit en los fondos requeridos, les garantizó a los clientes la continuidad del tratamiento y contribuyó a las revisiones del gobierno nacional para el presupuesto 2010-11.
- El PSAM trabaja junto con los ministerios del gobierno para mejorar los planes anuales estratégicos e incluir un análisis preciso de las necesidades humanas y contextuales. Las intervenciones sostenidas del PSAM en lo que a esto respecta tuvieron como resultado el hecho de que los ministerios del gobierno le soliciten su aporte sobre el buen uso de los planes estratégicos preliminares de los ministerios.
- El activismo sostenido del PSAM para atraer la atención del público a los informes de auditoría ha logrado institucionalizar la cobertura en los medios de las revisiones anuales del desempeño del gobierno. El PSAM también vio cómo una gran cantidad de OSC utilizaban estos resultados para informar iniciativas de actividades de incidencia.
- La capacitación que ofrece el programa de formación regional del CSA y el PSAM tiene el objetivo de preparar a un gran público de activistas de la sociedad civil con herramientas que ayuden a mejorar la entrega de servicios públicos.
El PSAM/CSA continuará manteniendo relaciones laborales entre la sociedad civil y los departamentos del gobierno para promover la participación efectiva en los procesos clave de la administración de los recursos públicos. Con el fin de complementar este enfoque cooperativo, el PSAM/CSA brindará su apoyo a las entidades de vigilancia parlamentaria, como los comités de cuentas públicas, y a las agencias de vigilancia constitucional, como los auditores generales. Este enfoque doble busca garantizar que los beneficios obtenidos de la cooperación con los departamentos del gobierno sean consolidados y sistematizados por las instituciones de vigilancia.
Para mayor información, contactar al PSAM a [email protected] o ir a: www.psam.org.za y www.icount.org.za.
Monitorear el gasto público social en la Argentina, por Gisell Cogliandro, Fundación Siena
Desde 2010 y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Siena en Argentina les ha ofrecido información oportuna y relevante a los legisladores y a la sociedad civil sobre prácticas del gasto social a través del proyecto “Análisis y seguimiento del gasto público social en el presupuesto nacional”. El proyecto se concentra en ocho jurisdicciones que representan el 91 por ciento del gasto social en el presupuesto nacional de la Argentina; analiza los fondos asignados a programas sociales críticos, así como los criterios utilizados por los gobiernos nacionales para distribuir dichos fondos a nivel local durante el proceso presupuestario; y resume la ley de presupuesto nacional para 2010, el primer semestre de la ejecución del presupuesto y la ley nacional de propuesta de presupuesto para 2011 (consultar www.fundacionsiena.org.ar). El proyecto presenta estos análisis en diferentes formatos, entre ellos, presentaciones en PowerPoint, para los legisladores y las organizaciones de la sociedad civil (OSC), así como resúmenes ejecutivos para los medios, con el objetivo de permitir que el público y los actores de vigilancia puedan:
- conocer mejor las prioridades presupuestarias del gobierno nacional;
- monitorear la implementación de los fondos asignados a los programas sociales durante el año fiscal; y
- mejorar la calidad de los debates presupuestarios.
Los análisis del proyecto recibieron gran cobertura en los medios nacionales y estatales, brindaron información para el debate en la Cámara de Diputados sobre la ley de presupuesto para 2011 y fueron utilizados como referencia en el sitio web de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Estos análisis también se usaron para completar el plan de estudios del programa de postgrado en finanzas públicas de la Universidad Nacional de la Matanza.
Las principales actividades de incidencia del proyecto incluyen:
- trabajar con legisladores de diferentes partidos políticos durante los debates sobre la ley de presupuesto y con miembros de la comisión de presupuesto a través de reuniones individuales;
- contactar a periodistas que se ocupan de temas económicos y presupuestarios para que divulguen los análisis del proyecto; y
- publicar los hallazgos del proyecto en revistas especializadas, junto con las OSC, los centros de investigación, las organizaciones internacionales y las agencias del gobierno local y nacional.
En 2011 la Fundación Siena busca consolidar su trabajo con legisladores de la comisión de presupuesto y formalizar su colaboración con otras comisiones legislativas concentradas en la política social, como la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia. La Fundación Siena incrementará su colaboración con otras OSC que trabajan para aumentar el acceso a la información sobre el gasto social. Por ejemplo, junto con el foro de la sociedad civil: “Foro de Habitantes a Ciudadanos,” la Fundación preparará una propuesta política y un plan de acción para abordar la desnutrición infantil y materna en la Argentina, mismas que se presentarán a las autoridades nacionales.
Para leer la cobertura de algunos de los trabajos de la fundación, ir a:
Diario La Nación, “Ajustan el gasto público social”, en
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1278928.
Diario La Nación, “La transparencia del Presupuesto 2011”, en
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1314433.
Diario Clarín, “Radiografía del gasto social”, en
http://www.ieco.clarin.com/economia/Radiografia-gasto-social_0_179700002.html.
Para mayor información, contactar a Gisell Cogliandro a [email protected].
CitiVox: una plataforma de comunicación para aumentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, por Jorge Soto, CitiVox
CitiVox es una plataforma en línea que combina la gestión de relaciones y conocimiento con la tecnología tradicional de tercerización masiva (mecanismos que generan una convocatoria abierta a un amplio grupo de personas o una comunidad para obtener información o respuestas) a fin de generar información valiosa para los sectores público, privado y de la sociedad civil. Mediante esta plataforma, los ciudadanos pueden monitorear y participar en los procesos de toma de decisiones y los funcionarios públicos pueden comunicarse con la gente y obtener información para tomar decisiones más informadas respecto de políticas públicas y actuar de forma más efectiva. CitiVox permite el intercambio de información y la participación del público en cuatro etapas:
- Envío de informes: mediante la tecnología móvil, como mensajes de texto, correo electrónico, aplicaciones de teléfonos inteligentes, herramientas cibernéticas o medios sociales como Facebook y Twitter, los ciudadanos reúnen y transmiten información en tiempo real sobre una variedad de asuntos, como seguridad pública, con el fin de contribuir al aumento de la confianza en las instituciones públicas y mejorar la rendición de cuentas y la seguridad pública.
- Gestión: los administradores de la red reciben los informes de los ciudadanos y envían la confirmación y el estado del informe al remitente en tiempo real. Cada informe se etiqueta y asigna a un administrador para que lo supervise y haga un seguimiento.
- Medición: CitiVox usa una plataforma estadística llamada CompStat para compilar y analizar todos los informes recibidos. Posteriormente crea análisis diarios, semanales, o mensuales de los indicadores de rendimiento clave identificados por el cliente y hace recomendaciones sobre cuáles son las mejores prácticas a seguir. CompStat puede generar gráficos, mapas geoposicionados de informes de incidentes y estadísticas relevantes para una eficiente toma de decisiones.
- Comunicación: CitiVox publica en una página de Internet la información estadística, los mapas geoposicionados, conocidos como mapas de riesgo, así como información en vivo sobre delitos, provisión de servicios públicos, debates legislativos, etc. Esto permite que los ciudadanos sigan el estado de cada informe y determinen si fue abordado oportunamente. Este paso es esencial para garantizar la rendición de cuentas.
Ejemplos de CitiVox en acción
En octubre de 2008 el gobierno del estado de Guerrero, México, comenzó a usar CitiVox como una herramienta de comunicación unidireccional para brindar información a los ciudadanos. Un año después, el sistema evolucionó como una herramienta de comunicación bidireccional mediante la cual los ciudadanos podían informar irregularidades en la seguridad pública. Al principio, los ciudadanos sólo denunciaban baches o fugas de agua, pero luego comenzaron a denunciar delitos. En abril de 2010 CitiVox fue adaptado con tableros en línea para funcionar como el Sistema central de alerta estatal, lo que mejoró el tiempo de respuesta del gobierno a las denuncias de los ciudadanos de 72 a 24 horas.
En mayo de 2010 la policía de San Pedro Sula, Honduras, utilizó CitiVox para denunciar delitos, con ubicación e imágenes, en tiempo real, mediante sistemas de posicionamiento global y cámaras en teléfonos inteligentes. En este caso, CitiVox resultó ser un mecanismo efectivo para diseñar estrategias de seguridad pública sobre la base de la información reunida por la policía.
CitiVox puede asistir a los grupos de la sociedad civil responsables del presupuesto en el seguimiento y el trazado de mapas del gasto público, el monitoreo de la distribución de fondos públicos o el seguimiento de debates legislativos. Una organización de la sociedad civil mexicana, Fundar, actualmente trabaja con CitiVox para desarrollar un sitio web interactivo con el fin de educar al público sobre el proceso legislativo. El sitio utilizará mensajes cortos que se podrán enviar por Twitter. Estos mensajes consistirán en descripciones no técnicas y actualizaciones de las distintas iniciativas debatidas por los legisladores en áreas relevantes para el trabajo de Fundar como seguridad, derechos humanos, equidad de género, salud, transparencia y presupuestos. El sitio web permitirá que la gente comente y vote iniciativas legislativas, se suscriba a alertas por correo electrónico y se comunique con los legisladores. En última instancia, a Fundar le gustaría que los legisladores usen el sitio web para comunicarse con la gente y medir qué tanto las decisiones legislativas representan a la opinión pública. Fundar planea lanzar este sitio web a finales del verano.
La combinación de los informes con referencias geográficas, el seguimiento en tiempo real y los análisis estadísticos detallados distinguen a CitiVox de los sistemas pasivos de recolección de datos. CitiVox hace más que simplemente vender un software, trabaja de cerca con sus clientes para brindar una estrategia que garantice que la tecnología agote su potencial; comprender el entorno político y social en el que se utilizará; y asegurar que la información reunida mejore la relación entre los ciudadanos y los responsables de toma de decisiones a través de la participación civil, la transparencia y la rendición de cuentas.
Para mayor información, contactar a Jorge Soto a [email protected] o ir a: http://www.citivox.com.
Las líneas telefónicas públicas mejoran los programas de subsidios en países en desarrollo, por Chris Gruenberg, experto en equidad de género
Un porcentaje significativo de los presupuestos públicos en países con ingresos medianos, como Brasil, India, México, Nigeria y Turquía se asigna a transferencias en efectivo condicionadas o TEC. Estos programas destinados a disminuir la pobreza desembolsan subsidios en efectivo que se entregan a familias con bajos ingresos para que puedan invertir en salud y educación para sus hijos (http://www.rlc.fao.org/iniciativa/expertos/). Por lo general, las mujeres reciben estos subsidios en nombre de sus hijos, pero muchas veces, al momento de solicitar servicios educativos o atención médica, son discriminadas por los funcionarios públicos por el simple hecho de ser mujeres. Por ejemplo, en el caso del programa de TEC en México, conocido como “Oportunidades” (http://dds.cepal.org/bdptc/programa/?id=22), entre 2006 y 2009 se denunciaron 8,366 casos de falta de ética profesional, de los cuales el 39 por ciento fueron por abuso de autoridad en el sector salud. En la Argentina, se denunciaron 5,000 casos de acoso o violencia sexual, física y psicológica entre 2002 y 2008 relacionados con la implementación del programa de TEC “Jefas de Hogar.” Por ejemplo, se obligaba a las mujeres a participar en actividades no remuneradas fuera del ámbito del programa, como asistir a manifestaciones políticas o limpiar domicilios a cambio de los beneficios para salud y educación.
En respuesta a esta situación, ciertas organizaciones locales e internacionales exigieron que los programas de TEC aumenten el nivel de transparencia y rendición de cuentas. Posteriormente, los programas de TEC en México y Brasil comenzaron a ofrecer líneas telefónicas gratuitas para que los ciudadanos puedan denunciar casos de violencia y corrupción por parte de funcionarios públicos. Estas líneas exclusivas brindan un medio para:
- evadir a funcionarios públicos locales que actuaban como el único canal institucional para presentar una queja y que podían estar involucrados en las denuncias; y
- preservar el nivel de confidencialidad de quienes presentan una queja, en especial de las mujeres.
Las líneas telefónicas de Brasil y México han generado información valiosa sobre la administración de los programas sociales, los tipos de irregularidades, los casos de corrupción y las diferentes formas de descentralizar la violencia de género dentro de los programas de TEC. Las líneas telefónicas gratuitas constituyen una innovación institucional que ha permitido mejorar el nivel de transparencia y rendición de cuentas durante la entrega de servicios, cuando las mujeres interactúan con servidores públicos como médicos, enfermeros, maestros y empleados municipales. Aunque las líneas telefónicas les han brindado a las mujeres la oportunidad de presentar sus quejas, sigue presente el desafío de transformar tales quejas en investigaciones imparciales y castigos para proteger completamente los derechos de las mujeres.
Para mayor información, contactar a Chris Gruenberg a [email protected].
Nuevo sitio web de la Iniciativa para la Transparencia y la Rendición de Cuentas: una colaboración para la financiación, por Martin Tisné, Iniciativa para la Transparencia y la Rendición de Cuentas
En 2010 la Iniciativa para la Transparencia y la Rendición de Cuentas (T/A Initiative) fue creada por un grupo de fundadores públicos y privados a nivel mundial comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo por medio del otorgamiento de poder a los ciudadanos para responsabilizar a sus instituciones gobernantes. Esta iniciativa es dirigida por un grupo variado de ocho organizaciones: Fundación Ford, Hivos, International Budget Partnership, Omidyar Network, Fundaciones para una Sociedad Abierta, Revenue Watch Institute, Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y Fundación William and Flora Hewlett. Es copresidida por las Fundaciones para una Sociedad Abierta y DfID. Como núcleo la T/A Initiative sostiene políticas de cambio y alienta a todos los que trabajan en el sector a aprender de sus éxitos y fracasos para que puedan tener un impacto mayor en el futuro. Nuestro objetivo es identificar y mejorar el impacto de las intervenciones de transparencia y rendición de cuentas en tres áreas:
- Innovaciones en las políticas en campos clave de la transparencia y la rendición de cuentas, entre las que se incluye la transparencia del presupuesto, el cambio climático, la ayuda financiera de donatarios, las reformas del sistema financiero, el gobierno de recursos naturales: exploramos y promovemos nuevas ideas y maneras en las que los movimientos en materia de transparencia y rendición de cuentas puedan crear cambios a escala.
- Uso del potencial de nuevas tecnologías a lo largo de todo el movimiento: demostramos cómo se utilizan para mejorar los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas a nivel mundial.
- Formación sobre dónde, cuándo y cómo las iniciativas informan intervenciones efectivas: estudiamos el impacto y la efectividad de las iniciativas para la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo.
La Iniciativa para la Transparencia y la Rendición de Cuentas ha lanzado un nuevo sitio web para otorgarles a los donatarios privados y públicos y a las organizaciones de la sociedad civil la oportunidad de continuar con su trabajo. El sitio web busca apoyara la comunidad de la transparencia y la rendición de cuentas para obtener ganancias ambiciosas y concretas en la próxima década. El sitio web presenta nuevas investigaciones sobre cómo mejorar el impacto y la efectividad de las iniciativas para la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo mediante una variedad de temas relacionados e ideas sobre políticas.
Para visitar el sitio web, ir a: http://www.transparency-initiative.org
Para estar actualizado acerca del trabajo que realizamos, inscríbase en fuentes de noticias RSS o regístrese en http://www.transparency-initiative.org/contact.
Para mayor información, contactar a Martin Tisné, Administrador de Programas, Iniciativa para la Transparencia y la Rendición de Cuentas, a [email protected].
Nueva edición del Atlas de Defensa del Presupuesto para América Latina, por Gonzalo Serra, Red de Seguridad y Defensa de América Latina
En noviembre de 2010 la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) publicó la cuarta edición del Atlas Comparativo de Defensa en América Latina y el Caribe. Esta publicación es el resultado de un proyecto de investigación de dos años sobre la evolución de cuestiones relacionadas con la defensa en América Latina, que ayude a lograr transparencia y confianza entre los militares y el público. El atlas es un punto de referencia regional para comprender el desarrollo de la defensa y ofrece información práctica y comparativa sobre los gastos en defensa en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La publicación está dividida en tres secciones:
- Una sección informativa que describe ocho variables comparativas: marco legal, presupuestos, definiciones políticas, instituciones, relaciones hemisféricas, educación, fuerzas armadas, y defensa y comunidad nacional e internacional.
- Una sección analítica, con análisis sobre el país y documentos de importantes investigadores de campo.
- Dos secciones especiales: una sobre Haití y otra que presenta las capacidades de defensa y seguridad en países de habla inglesa del Caribe.
El atlas presenta información sobre el seguimiento de la evolución de los gastos militares durante los últimos cinco años y utiliza cuadros y gráficos para hacer comparaciones regionales en términos del PIB.
Para leer el atlas en inglés, ir a: http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-10-ingles.html.
Para leer el atlas en español, ir a: http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-10-espanol.html.
El manual para el monitoreo financiero de la campaña de la Asociación de Transparencia Libanesa proporciona herramientas para que los votantes puedan garantizar la integridad electoral, por Daniel Wessler, International Budget Partnership
El Proyecto para el monitoreo financiero de la campaña del programa de democratización y rendición de cuentas pública de la Lebanese Transparency Association (LTA) creó el manual para el monitoreo financiero de campañas electorales con el objetivo de que los ciudadanos jueguen un papel importante en la promoción de elecciones justas y transparentes en Líbano. Aunque el manual fue desarrollado con el fin de reflejar las regulaciones financieras de la campaña en Líbano, la metodología presentada para recopilar información de manera objetiva y monitorear los gastos de la campaña proporciona un modelo para programas similares en democracias florecientes en todas las regiones del Medio Oriente y África del Norte.
Además, el manual ofrece una perspectiva general de las leyes y regulaciones electorales en Líbano y describe en términos simples algunas de las infracciones más comunes, así como los métodos para prevenir el fraude y abuso antes, durante y después de las elecciones. El manual incluye una planilla de monitoreo que les ofrece a los ciudadanos una manera de proporcionar un escrutinio independiente y objetivo de las campañas a través de una combinación de observación directa, entrevistas, encuestas, cobertura en los medios y análisis de la información. Al otorgarles poder a los ciudadanos para fortalecer la integridad de las urnas, el manual de la LTA combate la corrupción política, asegurando elecciones libres, justas y transparentes.
Para leer el informe completo, ir a:
http://www.transparency-lebanon.org/publications/cfmmanualen.pdf.
Los parlamentos y el presupuesto: curso de aprendizaje virtual del Banco Mundial
El análisis del presupuesto puede ser un desafío desalentador para los legisladores cuando se les solicita que consideren las propuestas de ingresos y gastos anuales de su gobierno. Al mismo tiempo, la influencia de las legislaturas nacionales sobre las políticas del presupuesto ha disminuido en varios países industrializados. Muchas legislaturas están repensando su papel en el proceso presupuestario y reafirmando su participación. El objetivo de este módulo de capacitación es promover una participación parlamentaria efectiva en el proceso presupuestario. A pesar de haber sido diseñado para personal parlamentario, está abierto a todos los participantes y será de interés para periodistas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos dentro de los ministerios de finanzas. El curso comienza el 13 de junio de 2011 y finaliza el 8 de julio de 2011.
Para obtener más información, ir a: http://wbi.worldbank.org/wbi/event/parliaments-and-budget-elearning-course.
En recuerdo de la Dra. Rafua Hassan Alsharki
El International Budget Partnership (IBP) recibió con mucha tristeza la noticia del reciente fallecimiento de la Dra. Raufa Hassan Alsharki. El IBP desea reconocer la contribución de la Dra. Hassan a la Iniciativa de Presupuesto Abierto en 2008 y 2010, y envía sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de la Fundación Programas para el Desarrollo Cultural de Yemen.
by IBP Consultant | Mar 25, 2011
Succès et défis de la transparence budgétaire
L’Indice de transparence budgétaire (Open Budget Index, OBI) améliore considérablement la transparence budgétaire dans le monde par Vivek Ramkumar, International Budget Partnership
Remise en question des Réformes de transparence de l’UE: un secret d’État par Helen Darbishire et Pamela Bartlett Quintanilla, Access Info Europe
Efforts des organisations de la société civile (OSC) pour accroître la participation du public et améliorer l’exécution du budget et l’information
Publication du Budget alternatif des citoyens du Kenya par Irene Kinuthia, Institute of Economic Affairs
Renforcement de la responsabilisation sociale en Afrique du Sud par Jay Kruuse, The Public Service Accountability Monitor
Suivi des dépenses publiques sociales en Argentine par Gisell Cogliandro, Siena Foundation
Les outils de communication peuvent promouvoir de meilleures pratiques de gouvernance
CitiVox: une plate-forme de communication pour accroître la participation des citoyens aux décisions publiques par Jorge Soto, CitiVox
Les lignes téléphoniques publiques améliorent les programmes de subventions en espèces dans les pays en développement par Chris Gruenberg, expert de l’équité des sexes
Nouvelles ressources utiles
Nouveau site web de l’Initiative pour la transparence et la responsabilisation: une collaboration de donateurs par Martin Tisné, Initiative pour la transparence et la responsabilisation
Nouvelle édition de l’Atlas de la défense budgétaire pour l’Amérique latine par Gonzalo Serra, Latin American Security and Defense Network
Le Manuel de surveillance du financement des campagnes électorales de la Lebanese Transparency Association fournit des outils aux électeurs pour garantir l’intégrité des élections par Daniel Wessler, International Budget Partnership
Les parlements et le budget: cours d’apprentissage en ligne de la Banque mondiale
In Memoriam
En souvenir de Dr Rafua Hassan Alsharki
L’Indice de transparence budgétaire (Open Budget Index, OBI) améliore considérablement la transparence budgétaire dans le monde par Vivek Ramkumar, International Budget Partnership
Depuis la publication de l’Enquête sur la transparence budgétaire de l’International Budget Partnership (IBP) au mois d’octobre 2010, nous observons que les gouvernements et les donateurs continuent de réagir aux constatations et recommandations de l’enquête.
Les informations suivantes sont une mise à jour des réponses et des réactions à l’Enquête sur la transparence budgétaire 2010 et laissent entrevoir les prochaines étapes que l’IBP va entreprendre dans le cadre de ses efforts incessants visant à faire pression en faveur d’une plus grande transparence, participation et responsabilisation budgétaires.
Les gouvernements prêtent une plus grande attention aux résultats de l’OBI et prennent des mesures d’amélioration
En plus de sa vaste couverture médiatique, l’Enquête 2010 a bénéficié d’une attention nettement plus grande qu’auparavant de la part des gouvernements nationaux, comme en témoigne le nombre de gouvernements neuf fois plus élevé qui ont commenté sur les résultats provisoires de leurs pays (45 gouvernements en 2010, en comparaison avec cinq en 2008). Par ailleurs, plus de 20 gouvernements ont assisté à des évènements organisés dans le cadre de la publication de l’Enquête 2010 et, à cette occasion, de nombreux gouvernements ont pris des engagements spécifiques pour améliorer la transparence budgétaire dans leurs pays.
Un plus grand nombre de gouvernements publient les Budgets des citoyens
L’IBP est le chef de file du plaidoyer en faveur des Budgets des citoyens, versions largement accessibles et non techniques des rapports budgétaires, depuis plus d’une décennie, et la publication récente de ces documents par les gouvernements du Brésil, d’Égypte, du Guatemala, du Liban, du Mali et du Mexique est particulièrement encourageante.
En plus des gouvernements du Botswana et du Kazakhstan, les gouvernements d’Afghanistan, d’Honduras et de la Thaïlande ont également indiqué qu’ils envisageaient de publier ces rapports, et certains d’entre eux ont fait savoir qu’ils seraient intéressés de recevoir de l’aide de la part de l’IBP ou de ses partenaires.
Quelques gouvernements ont commencé à publier des rapports budgétaires clés pour la première fois
Le rapport de l’Enquête sur la transparence budgétaire 2010 recommande que « [l]es pays rendent publics les huit documents budgétaires clés qu’ils produisent déjà. » Récemment, cette mesure a été adoptée par les gouvernements suivants: l’Afghanistan (a publié un État pré-budgétaire et la Proposition du budget d’exécution ); la République démocratique du Congo (a publié la Proposition du budget d’exécution et un calendrier budgétaire); et la Géorgie (l’institution suprême d’audit a publié un rapport sur diverses violations commises par des entités gouvernementales identifiées lors d’audits et une présentation générale des actions entreprises pour traiter ces problèmes).
L’OBI est davantage utilisé par les donateurs
Plusieurs donateurs bilatéraux et multilatéraux utilisent désormais l’OBI comme une mesure clé de la transparence budgétaire dans les pays auxquels ils apportent une aide, et certains l’ont même utilisé pour orienter leurs stratégies d’assistance nationales.
• La Banque mondiale inclut l’OBI en tant que mesure dans ses Indicateurs mondiaux de la gouvernance sur l’écoute et la fiabilité.
• L’Open Government Partnership, coprésidé par les gouvernements américains et brésiliens, a décidé d’utiliser les résultats de l’OBI comme l’un des critères permettant d’évaluer si des pays individuels seront éligibles pour participer à son initiative destinée à accroître la transparence des systèmes de gouvernance à l’échelle mondiale.
• La Banque interaméricaine de développement a indiqué dans sa stratégie d’aide aux pays pour El Salvador que les notations de l’OBI que ce pays obtiendra constitueront l’une des mesures de sa performance.
• La Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain utilisera les notations de l’OBI attribuées au Honduras comme l’un des critères d’évaluation de l’éligibilité de ce pays relativement à des aides futures.
• L’Ukaid s’est largement inspiré des recommandations de l’OBI lors de l’élaboration de son rapport technique sur sa nouvelle stratégie qui fournit des lignes directrices pour l’octroi d’une aide budgétaire directe aux pays.
En plus des utilisations susmentionnées, le Department de l’Etat aux Etas Unis, la Banque africaine de développement et UKaid se réfèrent à l’OBI pour informer leurs stratégies en matière d’aide ou pour évaluer la conformité avec leurs exigences pour recevoir de l’aide.
Les gouvernements font bon usage des informations de l’OBI pour élaborer des projets de loi et de politique en faveur d’une plus grande transparence et d’une plus grande participation du public dans le cadre de la budgétisation.
L’IBP et ses partenaires de la société civile ont commencé à recevoir des demandes de la part de certains gouvernements qui souhaitent s’informer sur la manière d’élaborer des mesures législatives et des stratégiques permettant d’accroître la transparence budgétaire et de renforcer la participation du public.
• En République démocratique du Congo (RDC), le partenaire de l’IBP, Réseau des Organisations Partenaires de l’IFES, a fourni de nombreux commentaires au gouvernement avant que ce dernier ne publie son récent rapport sur la réforme de la gestion des finances publiques.
• Le ministère des Finances afghan a inclus des « améliorations en matière de transparence » à titre de l’un de ses principaux engagements dans sa nouvelle Feuille de route de la gestion des finances publiques et, après avoir participé à une conférence de l’OBI qui s’est tenue en novembre 2010, le ministre adjoint se tiendrait au courant des progrès réalisés dans ce domaine.
• Le gouvernement slovaque a informé le partenaire de l’IBP, MESA 10, qu’il a l’intention de prendre en compte les recommandations de l’OBI 2010 tandis qu’il développe de nouvelles mesures législatives sur la transparence budgétaire et la responsabilité fiscale.
Il reste cependant beaucoup à faire…
Comme il est indiqué dans le rapport de l’Enquête sur la transparence budgétaire 2010, la situation générale concernant la transparence budgétaire demeure tout à fait insatisfaisante. L’enquête fait également remarquer que les efforts déployés par les législatures et les institutions suprêmes d’audit pour assurer une supervision budgétaire efficace sont souvent contrariés par la branche exécutive.
En l’absence d’institutions de supervision efficaces et de la participation du public, l’accès aux informations est souvent une condition inadéquate pour promouvoir la responsabilisation et de meilleurs résultats en matière de budgétisation dans un pays. L’IBP reconnaît que son plaidoyer en faveur de la transparence budgétaire ne produira pas de meilleurs résultats, à moins que les organisations locales et les individus ne commencent à utiliser des données budgétaires pour obliger les gouvernements à rendre des comptes. Reconnaissant l’importance de cet aspect, l’Initiative partenariale de l’IBP apporte actuellement son soutien à un vaste éventail d’organisations de la société civile dans 18 pays, leur fournissant une aide financière et de mentorat pour développer et maintenir leur capacité à surveiller les budgets gouvernementaux dans leurs pays. L’IBP a publié un certain nombre d’études de cas sur les succès réalisés par ces organisations.
L’IBP se propose d’appuyer un travail de plaidoyer plus intense au niveau des pays, particulièrement dans la sous-catégorie des 41 pays qui se situent au niveau le plus bas de l’OBI 2010. En outre, l’IBP collabore étroitement avec ses collègues de l’Ash Institute à Harvard University pour mieux comprendre les mécanismes moteurs des pratiques de transparence budgétaire et examiner les résultats liés à des systèmes plus transparents, par le biais d’études de cas en profondeur menés dans 10 pays. Chaque étude de cas identifiera les facteurs qui auront abouti à des améliorations, ou les lacunes à cet égard, en matière de transparence budgétaire. Cette recherche nous aidera à comprendre les tendances identifiées dans les trois séquences de l’Enquête sur la transparence budgétaire.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Vivek Ramkumar à [email protected].
Remise en question des Réformes de transparence de l’UE: un secret d’État par Helen Darbishire et Pamela Bartlett Quintanilla, Access Info Europe
Le groupe qui mène un plaidoyer en faveur de la transparence et des droits de l’homme, Access Info Europe, a récemment publié un rapport intitulé « Réformes de transparence de l’UE : un secret d’État », qui soulève de sérieuses préoccupations sur l’accès aux données des dépenses publiques en Europe. Ce rapport récapitule les victoires remportées par la société civile pour rendre accessibles les processus décisionnaires de l’Union européenne (UE), y compris une victoire juridique significative en faveur des droits de participation du public en mars, et identifie les domaines dans lesquels il convient de continuer à œuvrer.
Le 22 mars 2011, le Tribunal basé au Luxembourg (qui est la première instance de la Cour de justice de l’Union européenne) a rendu son verdict dans une affaire présentée par Access Info Europe (Access Info Europe vs Conseil de l’Union européenne, affaire T-233/09), remettant en question la suppression des noms des pays sur les documents des projets de loi par l’Union européenne. Répondant au défi lancé par les groupes de la société civile pour éliminer les négociations à huis clos qui se déroulent à Bruxelles entre les 27 États membres de l’UE, le Tribunal a clairement indiqué que, pour pouvoir exercer leurs droits démocratiques, les citoyens doivent avoir accès aux informations et opportunités publiques leur permettant de participer pleinement aux prises de décision à caractère public.
Par une ironie du sort, les documents en question dans cette affaire concernaient les propres règles de transparence de l’UE. Access Info Europe craignait que la dissimulation des identités des pays pro-transparence et des pays anti-transparence mette le public dans l’impossibilité de participer au débat sur la manière d’assurer la transparence dans l’UE.
Le Tribunal est convenu qu’une telle opacité était illégitime et a décidé que l’UE avait tort de refuser de communiquer les noms des pays, en confirmant que le public doit « avoir accès à toutes les informations pertinentes » pour être en mesure de suivre le processus décisionnaire.
Refus nationaux et fuites de documents
La décision du Tribunal est survenue au cours de la même semaine que celle pendant laquelle Access Info Europe a publié son rapport présentant les difficultés rencontrées par les initiatives UE pour accroître la transparence. Ce rapport a été en partie basé sur les réactions des gouvernements des pays de l’UE à la demande d’obtention d’informations sur leurs positions concernant les pratiques de transparence dans l’UE. Bien q’ Access Info Europe ait sollicité des informations auprès des 27 pays de l’UE, en renouvelant ses demandes sur une période de près d’un an, seuls 11 pays ont transmis les informations souhaitées. Les 16 autres pays ont refusé ou négligé de fournir des informations.
Informations reçues | Aucune information reçue |
Publication partielle de documents | Position (et autres informations minimales) | S’adresser à l’UE | Refus de communiquer des informations | Aucune réponse |
Danemark Finlande Suède Lithuanie Pays-Bas | Autriche Estonie Lettonie Malte Pologne Royaume-Uni | Grèce Hongrie Roumanie Slovaquie Luxembourg Irlande | Belgique République tchèque France Allemagne Slovénie Espagne | Bulgarie Chypre Italie Portugal |
Total : 5 pays | Total : 6 pays | Total : 6 pays | Total : 6 pays | Total : 4 pays |
Le fait que certains pays aient indiqué de s’adresser à l’UE illustre certaines des difficultés auxquelles se heurtent les demandeurs d’informations, étant donné que leurs demandes peuvent être ballottées sans fin dans le cadre de la dichotomie entre niveau national et niveau supranational. Ce rapport a révélé que la plupart des pays qui ont refusé de fournir des informations quant à leurs positions sur les pratiques de transparence dans l’UE étaient influencés par une culture qui prône le secret à Bruxelles. La décision du Tribunal devrait permettre de traiter ces problèmes.
Refus de communiquer les données de dépenses
Pour les activistes de la transparence budgétaire, d’autres nouvelles émanant de la Cour de justice (au niveau de la deuxième instance) ne sont pas toutes positives. Le 9 novembre 2011, la Cour a décidé que la publication de données détaillées sur les bénéficiaires des subventions agricoles européennes serait susceptible de violer les lois sur le respect de la vie privée et la protection des données. Le jugement a entraîné la suppression de 80 % des informations sur les subventions qui figuraient en ligne, bien que 55 milliards EUR en subventions agricoles annuelles bénéficient à des fermiers qui agissent en tant qu’entités commerciales.
Certains pays, comme la Finlande et la République tchèque, ont réagi à cette décision en supprimant les données de dépenses détaillées d’Internet; d’autres, comme le Danemark et la Suède, ont décidé de continuer à publier lesdites informations, en précisant que la décision n’affecte pas l’accès national aux lois sur l’information. Cette affaire soulève une importante question, à savoir que les droits sur le respect de la vie privée risque de porter préjudice à la transparence dans l’UE, réduisant ainsi la transparence pour les autres dépenses de l’UE, et non pas seulement pour les subventions agricoles, au niveau national et au niveau supranational. Les activistes de la transparence élaborent actuellement une stratégie sur la manière d’utiliser l’accès national aux lois sur l’information et le plaidoyer en faveur des politiques au niveau de l’UE pour contester la décision de la Cour de justice.
Il est clair que l’UE est maintenant un champ de bataille pour les efforts visant à définir des normes mondiales en matière de transparence budgétaire, qui affectent directement le niveau de responsabilisation et de participation publique aux prises de décision. Ces développements devraient retenir l’intérêt et susciter l’inquiétude, non seulement des 500 millions d’individus qui vivent dans l’UE, mais également des activistes des gouvernements transparents, à l’échelle mondiale. Les normes de transparence provenant de Bruxelles et du Luxembourg contribueront sans aucun doute à façonner les normes mondiales qui seront créées à l’avenir.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Helen Darbishire à [email protected] ou Pamela Bartlett Quintanilla à [email protected].
Publication du Budget alternatif des citoyens du Kenya 2010-11 par Irene Kinuthia, Institut des affaires économiques
Un moyen dont disposent les organisations de la société civile pour influencer les décisions gouvernementales et contribuer à développer des alternatives substantielles à la politique gouvernementale consiste à émettre un budget alternatif. Les budgets alternatifs fournissent également aux citoyens une filière complémentaire de participation au processus budgétaire. Au fil des années, un certain nombre de propositions figurant dans les budgets alternatifs produits par l’Institute of Economic Affairs (IEA), basé à Nairobi, ont été incorporés dans le budget national du Kenya. Le 23 mars 2011, l’IEA a publié son 10e Budget alternatif des citoyens annuel pour 2011-2012. Cette publication a fait l’objet d’une réunion à laquelle ont assisté 100 représentants du gouvernement, des institutions académiques, des entreprises et des communautés de donateurs, des organisations de la société civile et du grand public.
Dans le Budget alternatif des citoyens 2011-12, l’IEA présente des propositions budgétaires des secteurs professionnels et sociaux, compilés au cours des séances d’audience pré budgétaires annuelles. Les séances d’audience de cette année se sont déroulées au début du mois de février 2011 et ceux qui n’ont pas pu y participer ont envoyé leurs soumissions par écrit à l’IEA. Avant la publication du budget alternatif, un mémorandum est communiqué au Trésor kenyan pour être éventuellement incorporé dans le budget national à venir. Le Budget alternatif des citoyens a pris en compte les Perspectives budgétaires pour 2011-2012 et 2013-2014 (Budget Outlook Papers for 2011-12 and 2013-14), et d’autres lignes directrices du Trésor, et toutes les propositions ont été rassemblées et synthétisées dans divers secteurs du Cadre des dépenses à moyen terme (Medium Term Expenditure Framework, MTEF).
Le Budget alternatif des citoyens de l’IEA a examiné des facteurs tels que la reprise au Kenya après la crise financière mondiale, les effets des récentes périodes de sécheresse et la crise électorale de 2007, en y associant les effets des conditions climatiques favorables en 2009 et 2010, l’initiative pour la relance fiscale du pays en 2009 et la nouvelle Constitution du Kenya, approuvée en août 2010. Sur cette toile de fond, l’IEA a formulé plusieurs recommandations en ce qui concerne le prochain budget, y compris des appels lancés au gouvernement pour qu’il prenne les mesures suivantes:
• revoir l’impôt sur le chiffre d’affaires (impôt indirect applicable aux entreprises privées qui effectuent des activités de production ou de fabrication) en incluant les petites et moyennes entreprises et accroître la collecte de revenus;
• mettre de côté les fonds nécessaires pour mettre en œuvre la nouvelle constitution; et
• réformer les entités publiques en prévoyant un éventuel autofinancement et en les aidant à ne plus avoir besoin des transferts gouvernementaux, et fermer les entreprises publiques non essentielles.
Pour prendre connaissance du Budget alternatif des citoyens de l’IEA 2011-12, veuillez consulter le site suivant: http://www.ieakenya.or.ke/documents/Final%20IEA%27s%20CItizen%20Alt%20Budget%202011.pdf.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Irene Kinuthia à [email protected].
Renforcement de la responsabilisation sociale en Afrique du Sud par Jay Kruuse, Centre for Social Accountability
Le Centre for Social Accountability (CSA) est un institut indépendant affilié à Rhodes University, dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Le Programme de surveillance de la responsabilisation des services publics (Public Service Accountability Monitor, PSAM) est un programme clé du CSA qui surveille depuis 1999 la manière dont les gouvernements gèrent les ressources publiques, aux niveaux national et sous-national. Le PSAM/CSA partage ses constatations issues de sa surveillance budgétaire avec les organisations de la société civile (OSC) et les comités de surveillance législatifs du Cap-Oriental pour permettre et informer en temps opportun des interventions de plaidoyer adéquates, afin de renforcer les processus de responsabilisation sociale dans les domaines suivants:
• planification et allocation de ressources;
• gestion des dépenses publiques;
• gestion de la performance;
• gestion de l’intégrité des processus; et
• surveillance.
Les efforts du PSAM/CSA pour renforcer la participation publique dans tous les processus des finances publiques et améliorer la réactivité de la prestation des services publics sont perceptibles dans le cadre de diverses interventions.
• Après avoir analysé le budget 2008-2009, le PSAM et le Budget and Expenditure Monitoring Forum ont recommandé au Trésor national d’accroître le budget VIH/SIDA alloué aux provinces. En 2009-2010, l’allocation VIH/SIDA attribuée aux provinces a été augmentée de 1 milliard ZAR, une partie importante ayant été envoyée au Cap-Oriental. Cette mesure a permis de compenser le manque de fonds nécessaires et d’assurer que les patients continuent à recevoir leur traitement, et a contribué à ce que le gouvernement national révise son budget 2010-2011.
• Le PSAM collabore avec les ministères gouvernementaux pour améliorer leurs programmes stratégiques annuels et inclure des analyses exactes sur les situations et les besoins des individus. Les interventions soutenues du PSAM à cet égard lui ont valu la confiance des ministères gouvernementaux qui sollicitent ses avis quant au caractère approprié de leurs projets de programmes stratégiques.
• Les plaidoyers que le PSAM mène sans relâche pour attirer l’attention du public sur les rapports d’audit ont institutionnalisé la couverture médiatique des examens annuels sur la performance gouvernementale. Le PSAM s’est également aperçu qu’un plus grand nombre d’OSC utilisaient ces résultats pour informer leurs initiatives de plaidoyer.
• La formation offerte par le biais du programme d’apprentissage régional du CSA et par le PSAM est destinée à doter d’outils une plus grande audience d’activistes de la société civile pour améliorer la prestation des services publics.
Le PSAM/CSA continuera à maintenir des relations de travail entre la société civile et les départements gouvernementaux pour promouvoir une participation efficace dans les processus clés de la gestion des ressources publiques. En complément à cette approche coopérative, le PSAM/CSA appuiera les entités de supervision parlementaires, telles que les comités chargés des portefeuilles et des comptes publics, et les agences de supervision constitutionnelles, telles que l’auditeur général. Cette double approche a pour but d’assurer que les gains obtenus grâce à la coopération avec les départements gouvernementaux sont consolidés et systématisés par les institutions de supervision.
Pour en savoir plus, veuillez contacter le PSAM à [email protected] ou consulter les sites suivants: www.psam.org.za et www.icount.org.za.
Suivi des dépenses publiques sociales en Argentine par Gisell Cogliandro, Siena Foundation
Depuis 2010, la Siena Foundation en Argentine, aidée par la Konrad Adenauer Foundation, a fourni en temps opportun des informations pertinentes aux législateurs et à la société civile sur les pratiques de dépenses sociales, par le biais de son projet intitulé « Analyse et suivi des dépenses publiques sociales dans le budget national ». Le projet se concentre sur huit juridictions qui représentent ensemble 91% des dépenses sociales du budget national argentin; il analyse les fonds alloués aux programmes sociaux essentiels, et les critères utilisés par les gouvernements nationaux pour distribuer les fonds au niveau local au cours du processus budgétaire; et il résume la loi budgétaire nationale pour 2010, le premier semestre de l’exécution du budget, et la proposition de loi 2011 pour le budget national (voir www.fundacionsiena.org.ar). Le projet présente ces analyses dans des formats différents, y compris des présentations PowerPoint pour les législateurs et les organisations de la société civile (OSC), et des documents de synthèse à l’intention des médias, afin de permettre au public et aux autres acteurs qui assurent une supervision de:
• mieux connaître les priorités budgétaires du gouvernement national;
• surveiller la mise en œuvre des fonds alloués aux programmes sociaux au cours de l’exercice; et
• améliorer la qualité des débats budgétaires.
Les analyses du projet ont suscité une couverture médiatique importante au niveau du pays et de l’état concerné, ont informé le débat de la Chambre des députés sur la loi budgétaire 2011, et ont été référencées sur le site web de la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Ces analyses sont également utilisées pour compléter le programme d’études de la licence en finances publiques à la National University de Matanza.
Les principales activités de plaidoyer du projet englobent les activités suivantes:
• travailler avec les législateurs des divers partis politiques au cours des débats sur la loi budgétaire et avec les membres de la commission budgétaire, en organisant des réunions en tête-à-tête;
• contacter les journalistes qui couvrent les sujets économiques et budgétaires pour disséminer les analyses du projet; et
• publier les constatations du projet dans des journaux spécialisés et auprès des organisations de la société civile (OSC), des centres de recherche, des organisations internationales et des agences gouvernementales locales et nationales.
En 2011, la Siena Foundation compte consolider son travail avec les législateurs de la commission budgétaire et formaliser sa collaboration avec d’autres commissions législatives axées sur la politique sociale, telles que la Commission sur la famille, l’enfance et la jeunesse. La Siena Foundation va intensifier sa collaboration avec les organisations de la société civile (OSC) pour accroître l’accès aux informations sur les dépenses sociales. Par exemple, de concert avec le forum de la société civile « Foro de Habitantes a Ciudadanos », la Fondation va préparer une proposition politique et un plan d’action pour traiter le problème de la malnutrition infantile et maternelle en Argentine, qui seront ensuite présentés aux autorités nationales.
Pour vous familiariser avec les champs d’action de la Fondation, veuillez consulter les documents suivants:
Diario La Nación, « Ajustan el gasto público social », sur le site
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1278928.
Diario La Nación, « La transparencia del Presupuesto 2011 », sur le site
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1314433.
Diario Clarin, « Radiografía del gasto social », sur le site
http://www.ieco.clarin.com/economia/Radiografia-gasto-social_0_179700002.html.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Gisell Cogliandro à [email protected].
CitiVox: une plate-forme de communication pour accroître la participation des citoyens aux décisions publiques par Jorge Soto, CitiVox
CitiVox est une plate-forme en ligne qui combine la gestion des relations et des connaissances avec la technologie de l’externalisation à grande échelle (crowdsourcing) mobile et traditionnelle (mécanismes qui génèrent un appel ouvert lancé à un vaste groupe d’individus ou à une vaste communauté pour obtenir des informations ou des réactions), afin de générer des informations précieuses pour les secteurs publics, privés et de la société civile. En utilisant cette plate-forme, les citoyens peuvent surveiller les processus décisionnaires et y participer, et les agents de la fonction publique peuvent communiquer avec le public et recueillir des informations de sa part pour prendre des décisions stratégiques mieux informées et agir de manière plus efficace en ce qui concerne les principales questions stratégiques. CitiVox appuie les échanges d’informations et la participation du public en quatre étapes:
1. Établissement de rapports: les citoyens utilisent la technologie mobile, c.-à-d., les messages textuels instantanés, le courrier électronique, les applications du téléphone intelligent et les gadgets Web, ou les médias sociaux tels que Facebook et Twitter, pour recueillir et communiquer des informations en temps réel sur une variété de questions comme la sécurité publique, contribuant à terme à donner une plus grande confiance aux institutions publiques et à améliorer la sécurité publique et la responsabilisation.
2. Gérer: les rapports des citoyens sont reçus par les administrateurs de réseau qui envoient une confirmation et le statut à l’expéditeur en temps réel. Chaque rapport est étiqueté et assigné à un administrateur qui doit assurer un travail de supervision et de suivi.
3. Mesurer: CitiVox utilise une plate-forme de statistiques appelée CompStat pour compiler et analyser tous les rapports reçus. Cette plate-forme crée ensuite une analyse journalière, hebdomadaire ou mensuelle des principaux indicateurs de performance, identifiés par le client, et présente des recommandations sur les meilleures pratiques. CompStat peut créer des graphiques, des cartes localisées géographiquement sur les rapports d’incidents, et des statistiques pertinentes pour des prises de décision efficaces.
4. Communiquer: CitiVox publie sur un site web des informations statistiques, des cartes localisées géographiquement, connues sous le nom de « cartes thermiques », et des informations transmises en direct sur les crimes, la prestation des services publics, les débats législatifs, etc. Grâce à cette fonction, les citoyens peuvent suivre le statut de chaque rapport et déterminer s’il a été traité en temps opportun. Cette étape est essentielle pour assurer la responsabilisation.
Exemples de CitiVox en action
En octobre 2008, le gouvernement de l’État de Guerrero, au Mexique, a commencé à utiliser CitiVox comme outil de communication unidirectionnel pour fournir des informations aux citoyens. Un an plus tard, le système a évolué vers un outil de communication bidirectionnel par le biais duquel les citoyens ont pu signaler des irrégularités en matière de sécurité publique. Au début, les citoyens ont uniquement signalé des nids-de-poule ou des fuites d’eau, mais ils ont ensuite commencé à signaler des crimes. En avril 2010, CitiVox a été adapté pour fournir des tableaux de bord en ligne et servir de système d’alerte centralisé pour l’état, améliorant ainsi le temps de réaction du gouvernement de l’état aux rapports des citoyens, en le faisant passer de 72 heures à 24 heures.
En mai 2010, 90 policiers de San Pedro Sula, au Honduras, ont utilisé CitiVox pour signaler des crimes, y compris pour indiquer des lieux et communiquer des images, en temps réel, en utilisant les systèmes de positionnement mondiaux et les appareils photo des téléphones intelligents. Dans ce cas, CitiVox s’est avéré être un mécanisme efficace pour concevoir des stratégies en matière de sécurité publique sur la base des informations recueillies par les policiers.
CitiVox peut aider les groupes budgétaires des sociétés civiles à suivre et cartographier les dépenses publiques, surveiller l’allocation des fonds publics ou se tenir au courant des débats législatifs. L’organisation de société civile mexicaine Fundar travaille actuellement avec CitiVox pour développer un site web interactif, destiné à éduquer le grand public sur le processus législatif, qui utilisera de brefs messages via Twitter. Ces messages seront des descriptions et des mises à jour sans aucun caractère technique, qui porteront sur les diverses initiatives examinées par les législateurs dans des domaines en relation avec le travail de Fundar, y compris la sécurité, les droits de l’homme, l’équité des sexes, la santé, la transparence et les budgets. Le site web permettra aux individus d’exprimer leurs avis et de voter à propos d’un certain nombre d’initiatives législatives, de s’inscrire pour recevoir des alertes par courriel, et de contacter les législateurs. À terme, Fundar souhaiterait que les législateurs utilisent le site web pour communiquer avec les individus et pour apprécier dans quelle mesure les décisions législatives rejoignent l’opinion publique. Fundar prévoit de lancer ce site web plus tard dans l’été.
La combinaison entre les rapports géoréférencés, le suivi en temps réel, et les analyses statistiques détaillées fait toute la différence entre CitiVox et les autres systèmes de collecte des données passifs. Plutôt que de se limiter à vendre un logiciel, CitiVox travaille en étroite collaboration avec ses clients, afin de fournir une stratégie qui permette de réaliser les objectifs suivants: assurer que la technologie est utilisée à fond; comprendre l’environnement politique et social dans lequel le logiciel sera déployé; et veiller à ce que les informations recueillies renforcent la relation entre les citoyens et les décideurs par le biais de la participation civile, la transparence et la responsabilisation.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Jorge Soto à [email protected] ou consulter le site: http://www.citivox.com.
Les lignes téléphoniques publiques améliorent les programmes de subventions en espèces dans les pays en développement par Chris Gruenberg, expert de l’équité des sexes
Un pourcentage important des budgets publics dans les pays à revenus intermédiaires comme le Brésil, l’Inde, le Mexique, le Nigeria et la Turquie sont alloués à des transferts en espèces conditionnels (Transferencias en Efectivo Condicionadas or TEC). Dans le cadre de ces programmes de réduction de la pauvreté, des subventions en espèces sont directement envoyées aux familles à faibles revenus pour qu’elles puissent investir dans la santé et l’éducation de leurs enfants http://www.rlc.fao.org/iniciativa/expertos/). Les femmes sont généralement les bénéficiaires de ces subventions au nom de leurs enfants, mais elles se heurtent souvent à une discrimination des sexes de la part des agents de la fonction publique lorsqu’elles sollicitent des services en matière de santé et d’éducation. Par exemple, dans le cas du programme TEC au Mexique, connu sous le nom de « Oportunidades » (http://dds.cepal.org/bdptc/programa/?id=22), entre 2006 et 2009, 8,366 cas de mauvaise conduite ont été signalés, dont 39 % étaient des cas d’abus d’autorité dans le secteur de la santé. En Argentine, 5,000 cas de harcèlement sexuel, physique et psychologique ou de violence ont été signalés entre 2002 et 2008 en relation avec la mise en œuvre du programme TEC « Jefas de Hogar ». Par exemple, les femmes ont été forcées de participer aux activités non rémunérées en dehors du champ d’application du programme, telles que la présence à des manifestations politiques ou le nettoyage de propriétés privées, en échange d’avantages dans le domaine de la santé et de l’éducation.
En réaction à cette situation, les organisations internationales et locales ont exigé que les programmes TEC améliorent leur niveau de transparence et de responsabilisation. Par la suite, les programmes TEC au Mexique et au Brésil se sont mis à offrir des lignes téléphoniques gratuites aux citoyens pour que ces derniers puissent signaler les cas de violence et de corruption de la part des agents de la fonction publique. Ces lignes dédiées sont un moyen de:
• contourner les agents de la fonction publique locaux qui constituaient le seul circuit institutionnel pour présenter une plainte et qui peuvent être impliqués dans les cas signalés; et
• préserver le niveau de confidentialité de ceux qui présentent des plaintes, particulièrement les femmes.
Les lignes téléphoniques au Brésil et au Mexique ont généré des informations précieuses sur l’administration des programmes sociaux, les types d’irrégularités et les cas de corruption, et les diverses formes de violence décentralisée à l’égard des sexes qui se produisent dans le cadre des programmes TEC. Les lignes téléphoniques gratuites sont une innovation institutionnelle qui améliore le niveau de transparence et de responsabilisation au cours de la prestation de services, lorsque les femmes interagissent avec les fonctionnaires tels que les docteurs, infirmiers, enseignants et responsables municipaux. Bien que les lignes téléphoniques donnent aux femmes l’occasion d’exprimer leurs doléances, le défi qui consiste à transformer leurs plaintes en des enquêtes impartiales et l’imposition de pénalités pour protéger pleinement leurs droits demeure entier.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Chris Gruenberg à [email protected].
Nouveau site web de l’Initiative pour la transparence et la responsabilisation: Une collaboration de donateurs par Martin Tisné, Initiative pour la transparence et la responsabilisation
En 2010, l’Initiative pour la transparence et la responsabilisation (Transparency and Accountability Initiative, T/A Initiative) a été créée par un groupe d’investisseurs privés et gouvernementaux mondiaux, déterminés à renforcer la démocratie et le développement en donnant aux citoyens les moyens d’obliger leurs institutions gouvernantes à rendre des comptes. Elle est dirigée par un groupe divers de huit investisseurs de premier plan: Ford Foundation, Hivos, International Budget Partnership, Omidyar Network, Open Society Foundations, Revenue Watch Institute, United Kingdom Department for International Development et la William and Flora Hewlett Foundation. Elle est coprésidée par Open Society Foundations et DfID. Dans son essence, l’initiative T/A appuie les changements de politique et encourage tous ceux qui travaillent dans ce secteur à tirer les enseignements de leurs succès et échecs pour avoir un plus grand impact dans l’avenir. Nous nous appliquons principalement à identifier, à aider à mettre à l’échelle et à améliorer l’impact des interventions en matière de transparence et de responsabilisation dans trois domaines:
1. Innovations stratégiques dans des secteurs clés de la transparence et de la responsabilisation, y compris la transparence budgétaire, le changement climatique, la finance liée à l’aide des donateurs, la réforme du système financier, la gouvernance des ressources naturelles: nous explorons et mettons en avant de nouvelles idées et de nouvelles manières qui permettent au mouvement en faveur de la transparence et de la responsabilisation de créer un changement d’échelle.
2. Exploiter le potentiel des nouvelles technologies dans toute la dimension du mouvement: nous montrons comment elles sont utilisées pour améliorer les efforts de transparence et de responsabilisation dans le monde.
3. Apprendre où, quand et comment les initiatives informent des interventions efficaces: nous examinons l’impact et l’efficacité des initiatives pour la transparence et la responsabilisation au niveau mondial.
L’initiative T/A a lancé un nouveau site web pour donner aux donateurs privés et publics et aux organisations de la société civile l’opportunité de suivre ses travaux. Le site web se propose d’apporter un soutien à la communauté en faveur de la transparence et de la responsabilisation pour qu’elle remporte des gains ambitieux et concrets au cours de la prochaine décennie. Le site web accueille de nouvelles recherches sur la manière d’améliorer l’impact et l’efficacité des initiatives pour la transparence et la responsabilisation de par le monde, à travers toute une gamme de questions connexes et d’idées stratégiques.
Pour consulter le site web, utilisez l’adresse suivante : http://www.transparency-initiative.org.
Pour vous tenir au courant de nos travaux, inscrivez-vous à notre RSS news feed ou, pour vous enregistrer, allez sur le site suivant : http://www.transparency-initiative.org/contact.
Pour en savoir plus, veuillez contacter Martin Tisné, Directeur de programme, Initiative pour la transparence et la responsabilisation, à [email protected].
Nouvelle édition de l’Atlas de la défense budgétaire pour l’Amérique latine par Gonzalo Serra, Latin American Security and Defense Network
En novembre 2010, le Latin American Security and Defense Network (RESDAL) a publié la quatrième édition de l’Atlas comparatif de la défense pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Il est à souhaiter que cette publication, qui est le fruit d’un projet de recherche de deux ans sur l’évolution des questions de défense en Amérique latine, renforce la transparence et la confiance entre le corps militaire et le public. L’Atlas est reconnu comme point de référence régional pour comprendre les développements qui interviennent dans le domaine de la défense, et offre des informations comparatives et pratiques sur les dépenses de défense pour l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, Cuba, la République dominicaine, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela.
La publication est divisée en trois sections:
1. une section informationnelle qui décrit huit variables comparatives: le cadre juridique, les budgets, les définitions politiques, les institutions, les relations hémisphériques, l’éducation, les forces armées, et la défense et la communauté nationale et internationale;
2. une section analytique comprenant des analyses sur les pays et des articles d’éminents chercheurs dans les domaines concernés;
3. deux sections spéciales, une sur Haïti et une autre consacrée aux capacités des pays des Caraïbes anglophones dans les domaines de la défense et de la sécurité.
L’Atlas présente des données qui suivent l’évolution des dépenses militaires au cours des cinq dernières années et utilise des diagrammes et des graphiques pour établir des comparaisons régionales en termes de produit intérieur brut (PIB).
Pour lire l’Atlas en anglais, consultez le site suivant: http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-10-ingles.html.
Pour lire l’Atlas en espagnol, consultez le site suivant: http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-10-espanol.html.
Le Manuel de surveillance du financement des campagnes électorales de la Lebanese Transparency Association fournit des outils aux électeurs pour garantir l’intégrité des élections par Daniel Wessler, International Budget Partnership
Le Projet de surveillance du financement des campagnes électorales du Programme de démocratisation et de responsabilisation publique de la Lebanese Transparency Association (LTA) a créé le Manuel de surveillance du financement des campagnes électorales pour permettre aux citoyens de jouer un rôle dans le cadre de la promotion d’élections transparentes et équitables au Liban. Bien que le manuel soit spécialement conçu pour refléter les réglementations du financement des campagnes électorales au Liban, la méthodologie utilisée pour recueillir les données et surveiller les dépenses des campagnes électorales de manière objective peut servir de modèle pour des programmes similaires dans les démocraties naissantes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.
Le manuel offre une présentation générale des lois et des réglementations électorales au Liban et décrit en des termes simples quelques-unes des infractions les plus courantes et les méthodes de prévention de la fraude et des abus avant, pendant et après les élections. Le manuel englobe un document modèle de surveillance que les citoyens peuvent utiliser pour procéder au contrôle indépendant et objectif des campagnes électorales, en utilisant une combinaison d’observations directes, d’entretiens, d’enquêtes, de couverture médiatique et d’analyse des données. En fournissant aux citoyens les moyens de renforcer l’intégrité de l’urne électorale, le manuel de la LTA combat la corruption politique en assurant des élections libres, équitables et transparentes.
Vous pouvez lire le rapport complet sur le site:
http://www.transparency-lebanon.org/publications/cfmmanualen.pdf.
Les parlements et le budget: cours d’apprentissage en ligne de la Banque mondiale
Le contrôle budgétaire peut représenter un défi redoutable qui confronte les législateurs lorsqu’on leur demande de réfléchir au revenu annuel de leurs gouvernements et aux propositions avancées en matière de dépenses. Dans le même temps, l’influence exercée par les corps législatifs nationaux sur la politique budgétaire diminue dans un grand nombre de pays industrialisés. De nombreux corps législatifs réévaluent leur rôle dans le processus budgétaire et se positionnent en tant qu’acteurs actifs. L’objectif de ce module de formation est de promouvoir une participation parlementaire efficace dans le processus budgétaire. Bien qu’il ait été conçu à l’intention du personnel parlementaire, il s’adresse également à tous les participants et revêt un intérêt pour les journalistes, les organisations de la société civile et les agents de la fonction publique qui travaillent aux ministères des Finances. Le cours débute le 13 juin 2011 et se termine le 8 juillet 2011.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site suivant : http://wbi.worldbank.org/wbi/event/parliaments-and-budget-elearning-course.
En souvenir de Dr Rafua Hassan Alsharki
C’est avec grande tristesse que l’International Budget Partnership (IBP) a appris le décès récent de Dr. Raufa Hassan Alsharki. L’IBP tient à souligner la contribution de Dr. Hassan à l’Initiative pour la transparence budgétaire en 2008 et 2010, et présente ses sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues de la Cultural Development Programs Foundation au Yémen.
by soapbox | Mar 3, 2011
Successes and Challenges of Budget Transparency
The Open Budget Index Spurs Significant Improvements in Budget Transparency Worldwide by Vivek Ramkumar, International Budget Partnership
Challenging the Secret State of the European Union’s (EU) Transparency Reforms by Helen Darbishire and Pamela Bartlett Quintanilla, Access Info Europe
Civil Society Organizations’ Efforts to Increase Public Participation and Improve Budget Execution and Information
Release of Kenya’s Citizens’ Alternative Budget by Irene Kinuthia, Institute of Economic Affairs
Strengthening Social Accountability in South Africa by Jay Kruuse, The Public Service Accountability Monitor
Monitoring Public Social Spending in Argentina by Gisell Cogliandro, Siena Foundation
Communications Tools Can Promote Good Governance Practices
CitiVox: A Communications Platform to Increase Citizen Participation in Public Decisions by Jorge Soto, CitiVox
Public Telephone Lines Improve Cash Subsidies Programs in Developing Countries by Chris Gruenberg, Gender Equity Expert
New and Useful Resources
New Website from the Transparency and Accountability Initiative: A Donor Collaborative by Martin Tisné, Transparency and Accountability Initiative
New Edition of the Budget Defense Atlas for Latin America by Gonzalo Serra, Latin American Security and Defense Network
The Lebanese Transparency Association’s Campaign Finance Monitoring Manual Provides Tools for Voters to Guarantee Electoral Integrity by Daniel Wessler, International Budget Partnership
Parliaments and the Budget: World Bank e-Learning Course
In Memorium,
Remembering Dr. Rafua Hassan Alsharki
The Open Budget Index Spurs Significant Improvements in Budget Transparency Worldwide by Vivek Ramkumar, International Budget Partnership
Since the October 2010 release of the International Budget Partnership’s (IBP) Open Budget Survey 2010, we are still seeing responses from governments and donors to the survey’s findings and recommendations.
The following is an update on responses and reactions to the Open Budget Survey 2010 and a look forward to the IBP’s next steps in its ongoing push for greater budget transparency, participation, and accountability.
Governments Are Paying Closer Attention to the OBI Results and Taking Steps to Improve
In addition to widespread media coverage, the 2010 Survey received significantly greater attention from national governments than it had previously, including a nine-fold increase in the number of governments commenting on their country’s draft results (45 governments in 2010, up from five in 2008). Further, more than 20 governments attended regional 2010 Survey release events, where many made specific commitments to improving budget transparency in their countries.
More Governments Publishing Citizens Budgets
The IBP has been the leader in advocating for Citizens Budgets — widely accessible, nontechnical versions of budget reports — for more than a decade, so the recent publication of these documents by governments in Brazil, Egypt, Guatemala, Lebanon, Mali, and Mexico is especially encouraging.
In addition to the governments of Botswana and Kazakhstan, the governments of Afghanistan, Honduras, and Thailand have also indicated their interest in publishing these reports, and some of them have expressed an interest in receiving assistance from the IBP or its partners.
Some Governments Have Begun Publishing Key Budget Reports for the First Time
The Open Budget Survey 2010 report specifically recommends that “[c]ountries should make public all of the eight key budget documents that they already produce.” Recently, such steps have been taken by governments in Afghanistan (published a Pre-Budget Statement and the Executive’s Budget Proposal); the Democratic Republic of Congo (published the Executive’s Budget Proposal and a budget timetable); and Georgia (the supreme audit institution released a report of various violations by government entities identified in audits and an overview of the actions taken to address the problems).
The OBI Is Increasingly Used by Donors
Several bilateral and multilateral donors have begun using the OBI as a key measure of budget transparency in the countries to which they give aid, and some have even used it to guide their country assistance strategies.
- The World Bank includes the OBI as a measure in its Worldwide Governance Indicators on Voice and Accountability.
- The Open Government Partnership, co-chaired by the U.S. and Brazilian governments, has decided to use OBI results as one criterion to assess whether individual countries will be eligible to participate in its initiative to increase the transparency of governance systems around the world.
- The Inter-American Development Bank noted in its country assistance strategy for El Salvador that one measure of the country’s performance will be its subsequent scores on the OBI.
- The U.S. government’s Millennium Challenge Corporation will use Honduras’ OBI score as one criterion to assess its eligibility for future aid.
- In a technical report presenting its new strategy guiding the provision of direct budget support to countries, UKaid has drawn extensively on OBI recommendations
In addition to these, the U.S. State Department, the Africa Development Bank, and UKaid are using the OBI to either inform their aid strategies or assess compliance with their requirements for receiving aid.
Governments Are Using OBI Information to Draft Legislation and Policies to Promote Greater Transparency and Public Engagement in Budgeting
The IBP and its civil society partners have begun receiving requests from some governments for information on how to develop legislation and policy measures to expand budget transparency and increase public engagement.
- In the Democratic Republic of Congo (DRC), the IBP’s partner, Réseau des Organisations Partenaires de l’IFES, gave extensive inputs to the government prior to the publication of the country’s recent public finance management reform report.
- The Afghan Ministry of Finance has included “improvements in transparency” as a key commitment in its new Public Financial Management Roadmap, and, after participating in an OBI conference in November 2010, the Deputy Minister has reportedly been monitoring progress in this area.
- The Slovakian government has informed IBP partner, MESA 10, that it intends to consider the OBI 2010 recommendations as it develops new legislation on budget transparency and fiscal responsibility.
However, There Is Much More to Be Done…
As noted in the Open Budget Survey 2010 report, the overall state of budget transparency remains poor. The Survey also finds that efforts by legislatures and supreme audit institutions to provide effective budget oversight are often undermined by the executive branch.
In the absence of effective oversight institutions and public engagement, access to information is frequently an inadequate condition to promote accountability and better budgeting results in a country. The IBP recognizes that its advocacy on budget transparency will not yield better results unless local organizations and individuals start using budget data to hold governments to account. Recognizing this, the IBP’s Partnership Initiative is currently supporting a wide range of civil society organizations in 18 countries with multi-year funding and mentorship assistance to build and sustain their capacity to monitor government budgets in their country. The IBP has produced a number of case studies of the successes achieved by these organizations.
Going forward, the IBP proposes to support more intensive advocacy work at the country level, particularly in a subset of the 41 countries that fall at the bottom of the OBI 2010.
Additionally, the IBP is working closely with colleagues at the Ash Institute at Harvard University to better understand what drives budget transparency practices and examine outcomes related to more open systems through in-depth case studies in 10 countries. Each case study will identify the factors that led to improvement, or lack thereof, in budget transparency. This research will help us to understand the trends identified in the three rounds of the Open Budget Survey.
For more information, contact Vivek Ramkumar at [email protected].
Challenging the Secret State of the European Union’s Transparency Reforms by Helen Darbishire and Pamela Bartlett Quintanilla, Access Info Europe
Pro-transparency and human rights advocacy group Access Info Europe recently released “The Secret State of EU Transparency Reforms,” which raises some serious concerns about access to data on public spending in Europe. The report recounts civil society victories in opening up decision-making processes in the European Union (EU), including a significant legal victory in favor of public participation rights in March, and identifies areas where more work remains to be done.
On 22 March 2011 the Luxembourg-based General Court (which is the first instance of the Court of Justice of the EU) decided a case brought by Access Info Europe (Access Info Europe v Council of the European Union, case T-233/09), challenging the EU for deleting the names of countries from documents on draft legislation. Responding to the challenge from civil society groups to eliminate closed-doors negotiations in Brussels between the EU’s 27 member states, the General Court clearly stated that if citizens are to exercise their democratic rights, they must have access to public information and opportunities to fully participate in public decision making.
In an ironic twist, the documents in question in the case were about the EU’s own transparency rules. Access Info Europe was concerned that hiding the identities of pro- and anti-openness countries made it impossible for the public to engage in the debate around how to ensure transparency in the EU.
The General Court agreed that such opacity was illegitimate and ruled that the EU was wrong to withhold the names of the countries, confirming that the public should “have access to all relevant information” to be able to follow the decision-making process.
National Refusals and Leaked Documents
The decision of the General Court came the same week that Access Info Europe released its report that presented the challenges faced by the EU’s initiatives to increase transparency. The report was based in part on the response of the EU country governments to request for information on their positions on transparency practices in the EU. Despite requesting information from all 27 countries — and pursuing the requests for nearly a year — Access Info Europe received information from just 11 countries. The remaining 16 either refused or failed to provide any information at all.
Information Received | No Information Received |
Partial release of documents | Position (& minimal other info) | Referral back to EU | Refusal to release information | No response |
Denmark Finland Sweden Lithuania Netherlands | Austria Estonia Latvia Malta Poland UK | Greece Hungary Romania Slovakia Luxembourg Ireland | Belgium Czech Republic France Germany Slovenia Spain | Bulgaria Cyprus Italy Portugal |
Total 5 countries | Total 6 countries | Total 6 countries | Total 6 countries | Total 4 countries |
The country referrals back to the EU demonstrate some of the challenges faced by information-seekers, as their requests can get caught in an endless shuffle between the national and supranational level. The report revealed that most countries that refused to provide information about their positions on transparency practices within the EU were influenced by a culture of secrecy in Brussels. The General Court’s ruling should help address these challenges.
Spending Data Denied
For budget transparency activists, other news from the Court of Justice (at the second instance level) is not all positive. On 9 November 2011 the Court ruled that the publication of detailed data on European agricultural subsidy recipients may violate personal privacy and data protection rules. This judgment led to as much as 80 percent of the subsidy information to be taken offline, despite the fact that €55 billion in annual farm subsidies go to farmers acting as commercial entities.
Some countries, like Finland and the Czech Republic, responded to this ruling by taking the detailed spending data offline; others, like Denmark and Sweden, decided to continue publishing, claiming that the ruling does not affect national access to information laws. This case raises serious concerns that privacy rights will trump transparency across the EU, reducing transparency in other EU expenditures, not just agricultural subsidies, at the national and supranational level. Transparency activists are strategizing on how to use national access to information laws and policy advocacy at the EU level to challenge the Court of Justice’s ruling.
It is clear that the EU is now a battleground in the efforts to set global standards of budget transparency, which directly affect the level of accountability and public participation in decision making. These developments should be of interest and concern not only to the 500 million people living in the EU region but also to open government activists worldwide. Transparency standards coming out of Brussels and Luxembourg will undoubtedly contribute to any global standards that are established in the future.
For more information, contact Helen Darbishire at [email protected], or Pamela Bartlett Quintanilla at [email protected].
Release of Kenya’s Citizens Alternative Budget 2010-11 by Irene Kinuthia, Institute of Economic Affairs
One way for civil society organizations to influence government decision making and help develop substantive alternatives to government policy is to issue an alternative budget. Alternative budgets also provide a complementary avenue for citizens to participate in the budget process. Over the years, some of the proposals in the alternative budgets produced by the Institute of Economic Affairs (IEA), based in Nairobi, have been incorporated into Kenya’s national budget. On 23 March 2011 the IEA released its 10th annual Citizens Alternative Budget for 2011-12. The release was attended by 100 representatives from government, academic institutions, business and donor communities, civil society organizations, and the general public.
In the Citizens Alternative Budget 2011-12, the IEA presents budget proposals from the corporate and social sectors compiled during annual pre-budget hearings. This year’s hearings took place in early February 2011, and those who were unable to attend sent their written submissions to the IEA. Before the release of the alternative budget, a memorandum is forwarded to the Kenyan Treasury for possible incorporation in the forthcoming national budget. The Citizens Alternative Budget took into account the Budget Outlook Papers for 2011-12 and 2013-14, as well as other Treasury guidelines, and all the proposals were consolidated and synthesized into various Medium Term Expenditure Framework (MTEF) sectors.
The IEA’s Citizens Alternative Budget considered such factors as Kenya’s recovery from the global financial crisis, the effects of recent droughts, and the 2007 electoral crisis by incorporating the effects of the favorable weather conditions in 2009 and 2010, the country’s fiscal stimulus initiative in 2009, and the new Kenyan Constitution, approved in August 2010. Against this backdrop, the IEA made several recommendations for the upcoming budget, including calls on the government to:
- revisit turnover tax (an indirect tax applicable to private businesses for production or manufacturing activities) by including small and medium sized businesses and increase revenue collection;
- set aside funds to implement the new constitution; and
- reform public entities with the potential to finance themselves and wean them off government transfers, and close nonessential state-owned companies.
To read the IEA’s Citizens Alternative Budget 2011-12, go to: http://www.ieakenya.or.ke/documents/Final%20IEA%27s%20CItizen%20Alt%20Budget%202011.pdf.
For more information, contact Irene Kinuthia, at [email protected].
Strengthening Social Accountability Processes in South Africa by Jay Kruuse, Centre for Social Accountability
The Centre for Social Accountability (CSA) is an independent institute affiliated with Rhodes University in South Africa’s Eastern Cape Province. The Public Service Accountability Monitor (PSAM) is a key program of the CSA that has monitored how governments at the national and subnational levels manage public resources since 1999. The PSAM/CSA shares its budget monitoring findings with civil society organizations (CSOs) and Eastern Cape legislative oversight committees to enable and inform timely and relevant advocacy interventions to strengthen social accountability processes in:
- planning and resource allocation;
- management of public spending;
- performance management;
- process integrity management; and
- oversight.
The PSAM/CSA’s efforts to strengthen public participation throughout public finance processes and improve the responsiveness of public service delivery can be seen in various interventions.
- After analyzing the 2008-09 budget, the PSAM and the Budget and Expenditure Monitoring Forum advocated for the National Treasury to increase the HIV/AIDS budget to provinces. In 2009-10 the HIV/AIDS allocation to provinces was increased by ZAR1 billion, with a substantial portion reaching the Eastern Cape. This made up for the shortfall in required funds, ensured that patients continued to receive treatment, and contributed to the national government’s revisions to the 2010-11 budget.
- The PSAM works with government ministries to improve their annual strategic plans and include accurate situational and human needs analyses. The PSAM’s sustained interventions in this regard have resulted in government ministries requesting its input on the appropriateness of the ministries’ draft strategic plans.
- The PSAM’s sustained advocacy to draw public attention to audit reports has institutionalized media coverage of the annual reviews of the government’s performance. The PSAM has also witnessed a greater number of CSOs using these results to inform their advocacy initiatives.
- Training offered by the CSA’s regional learning program and the PSAM seek to equip a larger audience of civil society activists with tools to improve public service delivery.
The PSAM/CSA will continue to maintain working relations between civil society and government departments to promote effective participation in key public resource management processes. In order to complement this cooperative approach, the PSAM/CSA will support parliamentary oversight entities, such as the portfolio and public accounts committees, and constitutional oversight agencies, such as the auditor general. This two-pronged approach seeks to ensure that the gains obtained by cooperation with government departments are consolidated and systematized by oversight institutions.
For more information, contact the PSAM at [email protected], or go to: www.psam.org.za and www.icount.org.za.
Monitoring Public Social Spending in Argentina by Gisell Cogliandro, Siena Foundation
Since 2010 the Siena Foundation in Argentina, with the support of the Konrad Adenauer Foundation, has offered timely and relevant information to legislators and civil society on social spending practices through its “Analysis and Tracking of Public Social Spending in the National Budget” project. The project focuses on eight jurisdictions that together represent 91 percent of social spending in Argentina’s national budget; analyzes the funds allocated for critical social programs, as well as the criteria used by national governments to distribute the funds at the local level during the budget process; and summarizes the national budget law for 2010, the first semester of budget execution, and the national budget proposal law for 2011 (see www.fundacionsiena.org.ar). The project presents these analyses in different formats, including PowerPoint presentations for legislators and civil society organizations (CSOs) and executive summaries for the media, to enable the public and other oversight actors to:
- learn more about the national government’s budget priorities;
- monitor the implementation of funds allocated to social programs during the fiscal year; and
- improve the quality of budget debates.
The project’s analyses received significant national and state media coverage, informed the debate in the Chamber of Deputies on the 2011 budget law and were referenced on the website of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean. The analyses are also being used to supplement the curriculum of the graduate program in public finance at the National University of Matanza.
The main advocacy activities of the project include:
- working with legislators from different political parties during debates on the budget law and with members of the budget commission through one-on-one meetings;
- contacting journalists who cover economic and budget topics to disseminate the project’s analyses; and
- publishing the project’s findings in specialized journals and with CSOs, research centers, international organizations, and local and national governmental agencies.
In 2011 the Siena Foundation looks to consolidate its work with legislators from the budget commission and to formalize its collaboration with other legislative commissions focused on social policy, such as the Commission on Family, Childhood, and Youth. The Siena Foundation will increase its collaboration with other CSOs working to increase access to information on social spending. For example, together with the civil society forum “Foro de Habitantes a Ciudadanos” the Foundation will prepare a political proposal and action plan to address child and maternal malnutrition in Argentina, which they will present to the national authorities.
To read some of the coverage of the Foundation’s work, go to:
Diario La Nación, “Ajustan el gasto público social,” at
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1278928.
Diario La Nación, “La transparencia del Presupuesto 2011,” at
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1314433.
Diario Clarin, “Radiografía del gasto social,” at
http://www.ieco.clarin.com/economia/Radiografia-gasto-social_0_179700002.html.
For more information, contact Gisell Cogliandro at [email protected].
CitiVox: A Communications Platform to Promote Citizen Participation in Public Decision Making, by Jorge Soto, CitiVox
CitiVox is an online platform that combines relationship and knowledge management with mobile and traditional crowdsourcing technology (mechanisms that generate an open call to a large group of people or community for information or responses) to generate valuable information for the public, private, and civil society sectors. Using this platform, citizens can monitor and participate in decision-making processes, and public officials can communicate with and gather information from the public in order to make more informed policy decisions and act on key policy issues more effectively. CitiVox supports information exchange and public participation in four stages:
- Reporting – citizens use mobile technology, e.g., instant text messages, email, smart phone applications, web widgets, or social media like Facebook and Twitter to collect and report information in real time on a variety of issues like public safety, ultimately contributing to greater trust in public institutions and improving public security and accountability.
- Managing – the citizen reports are received by network administrators, who send a confirmation and status to the sender in real time. Each report is tagged and assigned to an administrator for oversight and follow up.
- Measuring – CitiVox uses a statistics platform called CompStat to compile and analyze all the reports received. It then creates a daily, weekly, or monthly analysis of key performance indicators, identified by the client, and makes recommendations for best practices. CompStat can create graphs, geo-localized maps of incident reports, and relevant statistics for efficient decision making.
- Communicating – CitiVox publishes on a website the statistical information, geo-localized maps, known as heat maps, and live-streaming information on crimes, delivery of public services, legislative debates, etc. This allows citizens to track the status of each report and determine if it was addressed in a timely fashion. This step is essential to ensure accountability.
Examples of CitiVox in Action
In October 2008 the government of the state of Guerrero, Mexico, started using CitiVox as a one-way communication tool to provide citizens with information. A year later the system evolved into a two-way communication tool through which citizens were able to report public safety irregularities. At first, citizens only reported potholes or water leaks, but later they started to report crimes. In April 2010 CitiVox was adapted with online dashboards to serve as the Central State Alert System, improving the state government’s response rate to citizens’ reports from 72 to 24 hours.
In May 2010 90 policemen in San Pedro Sula, Honduras, used CitiVox to report crimes, including locations and pictures, in real time using global positioning systems and cameras in smart phones. In this case, CitiVox proved to be an effective mechanism to design public security strategies based on the information collected by the policemen.
CitiVox can assist civil society budget groups with tracking and mapping public spending, monitoring the allocation of public funds or following legislative debates. The Mexican civil society organization Fundar is currently working with CitiVox to develop an interactive website to educate the general public about the legislative process that will use short and “tweetable” messages. These messages will be nontechnical descriptions and updates of the different initiatives discussed by legislators in areas relevant to Fundar’s work, including security, human rights, gender equity, health, transparency, and budgets. The website will allow people to comment and vote on a number of legislative initiatives, subscribe to receive email alerts, and contact legislators. Fundar would ultimately like legislators to use the website to communicate with people and to measure how closely legislative decisions represent public opinion. Fundar is planning to launch this website later this summer.
The combination of geo-referenced reporting, real time follow up, and detailed statistical analysis sets CitiVox apart from other passive data collection systems. Rather than simply selling software, CitiVox works closely with its clients to provide a strategy to ensure that the technology is used to its full potential; understand the political and social environment in which it will operate; and ensure that the information collected enhances the relationship between citizens and decision makers through civil participation, transparency, and accountability.
For more information, contact Jorge Soto at [email protected] or go to: http://www.citivox.com.
Public Telephone Lines Improve Cash Subsidies Programs in Developing Countries by Chris Gruenberg, Gender Equity Expert
A significant percentage of public budgets in middle-income countries like Brazil, India, Mexico, Nigeria, and Turkey are allocated to conditional cash transfers (Transferencias en Efectivo Condicionadas or TEC). These poverty reduction programs disburse cash subsidies directly to low-income families so they can invest in their children’s health and education (http://www.rlc.fao.org/iniciativa/expertos/). Women are usually the recipients of these subsidies on behalf of their children, but they frequently face gender discrimination from public officials when requesting health and education services. For example, in the case of the TEC program in Mexico, known as “Oportunidades” (http://dds.cepal.org/bdptc/programa/?id=22), between 2006 and 2009 there were 8,366 reported cases of misconduct, 39 percent of which were for abuse of authority in the health sector. In Argentina 5,000 cases of sexual, physical, and psychological harassment or violence were reported between 2002 and 2008 related the implementation of the TEC program “Jefas de Hogar.” For example, women were forced to participate in unpaid activities outside the scope of the program, such as attending political demonstrations or cleaning private properties in exchange for health and education benefits.
In response to this situation, international and local organizations demanded TEC programs to improve their level of transparency and accountability. Subsequently TEC programs in Mexico and Brazil started offering free telephone lines for citizens to use to report cases of violence and corruption from public officials. These dedicated lines provide a means to:
- circumvent local public officials who had been the only institutional channel to present a complaint and who may be involved in the reported cases; and
- preserve the level of confidentiality of those making the complaints, particularly women.
The telephone lines in Brazil and Mexico have generated valuable information on the administration of social programs, the types of irregularities and cases of corruption, and the different forms of decentralized gender violence occurring within TEC programs. The free telephone lines are an institutional innovation that has improved the level of transparency and accountability during service delivery, when women interact with public servants, such as doctors, nurses, teachers, and municipal officials. Although the telephone lines have given women the opportunity to voice their grievances, there is still the challenge of transforming the complaints into impartial investigations and penalties to fully protect women’s rights.
For more information, contact Chris Gruenberg at [email protected].
New Website from the Transparency and Accountability Initiative: A Donor Collaborative by Martin Tisné, Transparency and Accountability Initiative
In 2010 the Transparency and Accountability Initiative (T/A Initiative) was created by a group of global private and government funders committed to strengthening democracy and development through empowering citizens to hold their governing institutions to account. It is led by a diverse group of eight leading funders including: Ford Foundation, Hivos, International Budget Partnership, Omidyar Network, Open Society Foundations, Revenue Watch Institute, United Kingdom Department for International Development and the William and Flora Hewlett Foundation. It is co-chaired by the Open Society Foundations and DfID. At its core, the T/A Initiative supports policy change and encourages all those working in the sector to learn from their successes and failures so that they can have greater impact in the future. Our focus is to identify, help bring to scale, and improve the impact of transparency and accountability interventions in three areas:
- Policy innovations in key transparency and accountability fields, including budget transparency, climate change, donor aid finance, financial system reform, natural resource governance: we explore and promote new ideas and ways in which the transparency and accountability movement can create change at scale.
- Harnessing the potential of new technologies throughout the movement: we showcase how these are being used to improve transparency and accountability efforts worldwide.
- Learning about where, when, and how initiatives inform effective interventions: we review the impact and effectiveness of transparency and accountability initiatives worldwide.
The T/A Initiative has launched a new website to provide private and public donors and civil society organizations with an opportunity to follow its work. The website seeks to support the transparency and accountability community to make ambitious, concrete gains in the next decade. The website hosts new research on how to improve the impact and effectiveness of transparency and accountability initiatives worldwide across a range of related issues and policy ideas.
To see the website, go to: http://www.transparency-initiative.org
To stay up to date with our work, sign up to our RSS news feed or to register, go to: http://www.transparency-initiative.org/contact.
For more information, contact Martin Tisné, Program Manager, Transparency and Accountability Initiative at [email protected].
New Edition of the Budget Defense Atlas for Latin America by Gonzalo Serra, Latin American Security and Defense Network
On November 2010 the Latin American Security and Defense Network (RESDAL) released the fourth edition of the Comparative Atlas of Defense in Latin America and the Caribbean. This publication is the result of a two-year research project on the evolution of defense issues in Latin America, which will hopefully build transparency and trust between the military and the public. The Atlas is recognized as a regional point of reference to understand defense developments and offers comparative and practical information on defense spending for Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay, and Venezuela.
The publication is divided into three sections:
- An informative section describing eight comparative variables: the legal framework, budgets, political definitions, institutions, hemispheric relations, education, armed forces, and defense and national and international community.
- An analytical section with country analysis and papers from leading researchers in the field.
- Two special sections one on Haiti and one that introduces the defense and security capabilities in English-speaking Caribbean countries.
The Atlas presents data tracking the evolution of military spending over the past five years and uses charts and graphs to show regional comparisons in terms of GDP.
To read the Atlas in English, go to: http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-10-ingles.html.
To read the Atlas in Spanish, go to: http://www.resdal.org/atlas/atlas-libro-10-espanol.html.
The Lebanese Transparency Association’s Campaign Finance Monitoring Manual Provides Tools for Voters to Ensure Electoral Integrity by Daniel Wessler, International Budget Partnership
The Campaign Finance Monitoring Project of the Lebanese Transparency Association’s (LTA) Democratization and Public Accountability Program created the Campaign Finance Monitor’s Manual to give citizens a role in promoting transparent and fair elections in Lebanon. While the manual is tailored to reflect campaign finance regulations in Lebanon, the methodology presented to objectively collect data and monitor campaign expenditures provides a model for similar programs in burgeoning democracies throughout the Middle East and North African region.
The manual offers an overview of electoral laws and regulations in Lebanon and describes in simple terms some of the most common infractions, as well as methods for preventing fraud and abuse before, during, and after elections. The manual includes a monitoring template that gives citizens a way to provide independent and objective scrutiny of campaigns using a combination of direct observation, interviews, surveys, media coverage, and data analysis. By empowering citizens to strengthen the integrity of the ballot box, the LTA’s manual fights political corruption by ensuring free, fair, and transparent elections.
To read the full report, go to:
http://www.transparency-lebanon.org/publications/cfmmanualen.pdf.
Parliaments and the Budget: World Bank e-Learning Course
Budget scrutiny can be a daunting challenge facing legislators when they are asked to consider their governments’ annual revenue and expenditure proposals s. At the same time, the influence of national legislatures on budget policy has declined in many industrialized countries. Many legislatures are rethinking their role in the budget process and reasserting themselves as more active players. The goal of this training module is to promote effective parliamentary participation in the budget process. Although it was designed for parliamentary staff, it is open to all participants and will be of interest to journalists, civil society organizations, and public officials working in ministries of finance. The course starts on 13 June 2011 and ends on 8 July 2011.
To learn more, go to: http://wbi.worldbank.org/wbi/event/parliaments-and-budget-elearning-course.
Remembering Dr. Rafua Hassan Alsharki
It is with great sadness that the International Budget Partnership (IBP) received the news of Dr. Raufa Hassan Alsharki’s recent passing. The IBP would like to acknowledge Dr. Hassan’s contribution to the Open Budget Initiative in 2008 and 2010, and extends sincere condolences to her family, friends, and colleagues at the Cultural Development Programs Foundation in Yemen.