by soapbox | May 1, 2010
Transparencia presupuestaria y las metas de desarrollo del milenio (MDGs, por sus siglas en inglés)
Cuánto gastan los gobiernos en los MDGs. Petición para exigir transparencia presupuestaria por Helena Hofbauer, International Budget Partnership
El análisis y la incidencia presupuestaria pueden cerrar la breca de rendición de cuentas por Manuela Garza, International Budget Partnership
Las funciones y responsabilidades del gobierno y presupuestos que rinden cuentas
Una revisión del trabajo del Fondo Monetario Internacional sobre Instituciones del presupuesto y desempeño fiscal en países de bajos ingresos por Diego Angemi, experto en desarrollo internacional
Qué hay de malo con los fondos de desarrollo de las circunscripciones por Albert van Zyl, International Budget Partnership
Presupuestos y salud
Activistas buscan mejorar el gasto para la salud maternal en Nigeria por Abdulhamid Abdullahi Bagara y Zainab Muhamad Dayyab, Community Health & Research Initiative
Equidad en la salud y observatorio de derechos en Maharashtra por Nilangi Sardeshpande, Support for Advocacy and Training to Health Initiatives
Estudios de caso sobre el impacto del análisis e incidencia presupuestaria de la sociedad civil
Reconstrucción tras el terremoto en Pakistán: el caso de la campaña de la Fundación Omar Asghar Khan por Dr. Pervez Tahir
Reformas para la calidad de la educación: el caso de la campaña de HakiElimu de 2005-2007 por Ayub Rioba y Debbie Budlender
Sudáfrica: la sociedad civil usa el análisis e incidencia presupuestarios para mejorar las vidas de los niños pobres por Neill Overy
Nuevas publicaciones
Guía ciudadana para el presupuesto por Marijana Bađun, Institute of Public Finance
¿El fin del seguro? El seguro popular de México, 2001-2007 por Jason M. Lakin, International Budget Partnership
Presupuesto, estado y gente: proceso presupuestario, sociedad civil, y transparencia en Angola por Jan Isaksen, Inge Amundsen, y Arne Wiig, con Cesaltina Abreu, Chr. Michelsen Institute
Aplicaciones prácticas para una agenda de efectividad de la ayuda financiera. Evidencia en la armonización de la información de la ayuda con los presupuestos nacionales de países receptores por Samuel Moon con Zachary Mills
Anuncio de trabajo
Puesto como “project manager” con Global Integrity
Cuánto gastan los gobiernos en los MDGs. Petición para exigir transparencia presupuestaria por Helena Hofbauer, International Budget Partnership
La campaña “Ask Your Government” es un esfuerzo por examinar qué sucede cuando los ciudadanos les piden a sus gobiernos información presupuestaria específica relacionada con temas de desarrollo, incluidos temas vinculados con las metas de desarrollo del milenio “Millennium Development Goals” (MDGs). En los últimos cuatro meses, organizaciones de la sociedad civil en 84 países le preguntaron a sus gobiernos, simultáneamente, seis preguntas relacionadas con los MDGs 5, 7 y 8. [1] Dos de preguntas fueron sobre gastos en la capacitación de comadronas y la adquisición de medicinas para reducir la mortalidad materna. Dos preguntas se enfocaron en lo predecible y volátil de la asistencia para el desarrollo, y las últimas dos preguntas fueron sobre gastos gubernamentales en agencias de protección ambiental y subsidios a combustibles fósiles.
Sin acceso público a la información presupuestaria sobre las acciones del gobierno para cumplir con los MDGs, los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores, incluidos la ONU misma están incapacitados para exigirle rendición de cuentas a los gobiernos y donatarios. En la antesala de la cumbre de las metas del milenio “MDG Summit” en 2010, UN Secretary General Ban Ki-moon recientemente publicó un plan de acción conjunta “Joint Action Plan” que resalta la intención de garantizar mayor rendición de cuentas en el proceso de lograr las metas del milenio 4 y 5.
Pensamos que el Secretario General tiene la oportunidad, nuevamente, de mostrar su liderazgo hacia el cumplimiento de ideales incluyentes que representan los MDGs. Su plan de acción y llamado a mayor rendición de cuentas en el proceso MDG se puede fortalecer al incorporar los requisitos para que los gobiernos proporcionen información presupuestaria comprensiva y detallada sobre sus compromisos de desarrollo. Esto puede lograrse en el próximo UN MDG Summit con las siguientes acciones:
- Requerir que los países incluyan consistentemente información presupuestaria adicional en los reportes anuales por país de los MDG. Hoy en día los gobiernos deben generar indicadores se su progreso hacia los MDGs bajo el sistema de la ONU DevInfo (una plataforma electrónica para reunir y generar información estadística específicamente relacionada con el progreso de los MDGs). La información presupuestaria que debe requerirse debe incluir asignaciones presupuestarias y gastos en intervenciones clave relacionadas a estos indicadores.
- Requerir que todos los reportes regionales e internacionales incluyan información presupuestaria anual sobre los esfuerzos gubernamentales para cumplir con cada objetivo de 2011 a 2015.
- Incluir medidas sobre transparencia presupuestaria como el Índice de presupuesto abierto, como un indicador del progreso hacia el cumplimiento de los MDGs.
- Ofrecer apoyo técnico a los gobiernos sobre cómo satisfacer estos requisitos al reportar información presupuestaria como parte de las actividades de asistencia técnica para el monitoreo de los MDG.
- Requerir que los países donatarios publiquen información sobre su financiamiento hacia los MDGs.
Para mayor información contactar a Helena Hofbauer [email protected]
[1] El esfuerzo es coordinado por el “International Budget Partnership” con la colaborqación de 84 organizaciones pares a nivel nacional y 11 a nivel internacional – White Ribbon Alliance, Family Care International, Averting Maternal Death and Disability Program en la Universidad de Columbia; Publish What You Fund, Oxfam USA, Oxfam Novib, Development Initiatives; World Resources Institute, International Institute for Sustainable Development, Access Info Europe, y el Center for Law and Democracy.
El análisis y la incidencia presupuestaria pueden cerrar la breca de rendición de cuentas por Manuela Garza, International Budget Partnership
Como parte del proceso de las metas de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas “United Nations’ Millennium Development Goals” (MDGs), los gobiernos han hecho de la mortalidad materna una prioridad política. Sin embargo, esta prioridad no siempre se ve reflejada en los presupuestos de los gobiernos y en la prestación de servicios. Existen muchas razones por las cuales el gobierno no puede cumplir con sus obligaciones, como la falta de voluntad política, insuficiencia de recursos, o falta de mecanismos formales de rendición de cuentas. Los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil (OSCs) pueden jugar un papel active al exigirle rendición de cuentas a sus gobiernos por la administración de recursos públicos para atender sus prioridades políticas. También pueden monitorear y acelerar el proceso hacia metas de desarrollo mediante análisis e incidencia presupuestaria. En el caso de la mortalidad materna, los ciudadanos y OSCs pueden:
- Analizar tendencias en el gasto público para la salud comparándolas con otras políticas, compromisos y necesidades;
- monitorear fugas en el flujo de recursos de un nivel del gobierno al siguiente para ver cuánto de las asignaciones originales llegaron a su destino (algo de especial importancia en sistemas descentralizados);
- monitorear la adquisición de bienes y prestación de servicios en comparación con asignaciones presupuestarias, mediante herramientas como el seguimiento del gasto;
- monitorear si los servicios de salud reflejan el gasto reportado, incluida la calidad y cantidad de la prestación de servicios, mediante herramientas como las auditorías sociales; y
- usar técnicas de análisis como “costeo” para estimar el costo específico de servicios necesarios o evaluar si estos servicios han sido presupuestados adecuadamente.
Estas actividades pueden ser muy efectivas. El monitoreo del flujo de recursos y del gasto puede ayudar a reducir los malos manejos y la corrupción. La participación ciudadana mediante el proceso presupuestario no sólo involucra a personas directamente en decisiones que afectan sus vidas pero puede cambiar el balance de poder entre el gobierno y su gente. También puede fortalecer la habilidad ciudadana de exigirle rendición de cuentas al gobierno por sus compromisos.
Como parte de la campaña del IBP “Ask Your Government,” OSCs en 84 países han solicitado información de sus gobiernos sobre cuánto de su presupuesto se asigna para cumplir con los compromisos de desarrollo, como mejorar la mortalidad materna. Para junio 2010 sólo 27 gobiernos han ofrecido alguna información sobre su inversión en intervenciones de emergencia vinculadas a la salud materna. Estos resultados preliminares indican que con sólo cinco años por alcanzar los MDGs, la lucha en contra de la mortalidad maternal necesita enmarcarse en términos presupuestarios.
La sociedad civil necesita comprometer a los gobiernos para empujarlos a ofrecer información presupuestaria comprensiva. OSCs pueden demandar no sólo más recursos sino asignaciones sustentable que sean gastadas con eficiencia y transparencia. El uso efectivo del análisis e incidencia presupuestaria puede ayudar a la sociedad civil a cerrar la brecha en muchos países al monitorear y demandar mejoras en cómo los gobiernos gastan el dinero público para reducir la mortalidad maternal y aliviar la pobreza.
Para mayor información sobre la campaña del IBP “Ask Your Government,” ir a https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/international-advocacy/ask-your-government/.
Una reseña del trabajo del Fondo Monetario Internacional sobre instituciones del presupuesto y desempeño fiscal en países de bajos ingresos por Dr. Diego Angemi, economista en desarrollo
El Fondo Monetario Internacional (IMF) recientemente publicó “Budget Institutions and Fiscal Performance in Low-Income Countries,” que examina la formulación de indicadores multidimensionales para usar en el análisis de la calidad de instituciones presupuestarias en países de bajos ingresos. Estos indicadores permiten evaluar el funcionamiento fiscal de países de bajos ingresos en contraste con el de países de medianos ingresos conforme a sus arreglos institucionales para un sano desempeño fiscal.
El análisis es una importante aportación a la evidencia teórica y empírica que sugiere que los arreglos institucionales que gobiernan los procesos presupuestarios tienen un impacto positivo en resultados fiscales. Más específicamente el estudio indica que “para países de bajos ingresos, los procesos presupuestarios que facilitan el monitoreo externo son mecanismos más creíbles para asegurar respuestas fiscales apropiadas en lugar de procedimientos que facilitan el auto-monitoreo del gobierno. Esto puede reflejar la ausencia de pesos y contrapesos institucionales para exigirle rendición de cuentas al ejecutivo por observar (y cumplir con) reglas y controles del presupuesto. Es decir, los pesos y contrapesos procesales en el presupuesto — en la ausencia de pesos y contrapesos en el sistema político — no son efectivos. Otra posible implicación de esto es que en países de bajos ingresos, mayor centralización del presupuesto a manos del ejecutivo — en ausencia de fuertes requisitos de transparencia y vigilancia pública —pueden ser contraproducentes para la disciplina fiscal.”
El debate sobre la transparencia gubernamental es poco común en muchos países de bajos ingresos, a pesar de la importancia del acceso a la información presupuestaria para discutir si el presupuesto trabaja en favor de las necesidades de la gente. Malawi ofrece un ejemplo de una nación en donde los poderes excesivos del estado han neutralizado la efectividad independiente de otras instituciones políticas y estatales, como partidos políticos, parlamento, poder judicial y servicios de seguridad. [1]
El Presidente de Malawi recientemente anunció que el “Youth Enterprise Development Fund” se asignara a miembros de su partido político y la compra de un jet presidencial el año pasado sugiere una ausencia crónica de transparencia en el proceso presupuestario. Además, la función parlamentaria parece estar sujeta a la voluntad del jefe de estado, como lo indica la tendencia a promover debates parlamentarios únicamente cuando el resultado es una conclusión dada por hecho. Cuando el partido gobernante, el “Democratic Progressive Party” (DPP) no tuvo la mayoría parlamentaria en los años fiscales 2007-08 y 2008-09, las revisiones presupuestarias fueron implementadas antes de la aprobación del presupuesto. Por el contrario para el año fiscal 2009-10, cuando el DPP tuvo la mayoría, sí se siguió el proceso de aprobación legislativa como lo indica la ley.
Otros factores que inhiben el debate político en Malawi incluyen estructuras políticas jerárquicas, desequilibrios de poder y aceptación de la subordinación de aquellos en el poder. La jerarquía es algo de esperarse y la inequidad es algo que se anticipa en las relaciones sociales, lo que explica porque en Malawi — y en muchos otros países de bajos ingresos — el presupuesto se recibe como una instrucción, en lugar de un instrumento para el debate público.
Esto sugiere que la demanda doméstica para la transparencia presupuestaria no existe en estos contextos; en lugar de ello su demanda surge de los requisitos donatarios. Por ello, el análisis de los autores sobre la relación entre las instituciones presupuestarias y el desempeño fiscal en países de bajos ingresos pasa la prueba de verificación empírica. Sin embargo, su análisis no explica los tipos de intervenciones no-tradicionales necesarias para establecer pesos y contrapesos más efectivos capaces de exigirle rendición de cuentas al ejecutivo por la observación y cumplimiento de las reglas y controles del presupuesto.
Esta limitante importa al tratar de desempacar las dinámicas del desempeño fiscal en países de bajos ingresos. Las medidas tradicionales para promover mecanismos de control de calidad, es decir, condicionalidades ligadas a la asistencia en los procesos presupuestarios, suelen resultar en prácticas de opacidad. Una de las condicionalidades más comunes e importantes para los gobiernos receptores es el apego a un programa económico del IMF. Estos programas ofrecen evaluaciones regulares de la administración macroeconómica y fiscal. Además de determinad si los gobiernos son elegibles para recibir financiamiento para sus préstamos del FMI, estas evaluaciones sirven como mecanismos catalizadores para otros compromisos de desembolsos donatarios.
Una meta fiscal frecuente en los programas del FMI se centra en préstamos domésticos. Esta condicionalidad busca prevenir la reacumulación de altos niveles de deuda tras la participación en la iniciativa de países seriamente endeudados. En vista de los riesgos de cumplir con los programas del FMI, los funcionarios gubernamentales enfrentan incentivos para llevar a cabo actividades para reducir la transparencia presupuestaria. Estas prácticas pueden incluir pagos de deuda, mantener las deudas en instituciones propiedad del estado y establecer fondos de tesorería que no estén reflejados en documentos presupuestarios. Estas actividades debilitan la transparencia del sistema de presupuestos pero facilitan alcanzar las metas de préstamos.
En la ausencia de la vigilancia pública, las iniciativas locales e internacionales incluyen esfuerzos de investigación presentes y futuros, promueven oportunidades para estimular la demanda pública para diálogos políticos abiertos que fomentan la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas fiscal. Las intervenciones no-tradicionales presentan un camino importante para crear sistemas más adecuados para la transparencia fiscal y la rendición de cuentas. Los esfuerzos analíticos para construir dichas intervenciones deben buscar un mayor balance entre los aspectos técnicos y políticos de la formulación e implementación del presupuesto. En vista de la creciente importancia de socios emergentes como China, la dinámica política amenaza con minar la naturaleza técnica del proceso presupuestario. La asistencia china es poco probable que aparezca en el presupuesto nacional y cualquier intento por analizar la calidad de las instituciones del presupuesto en países receptores debe de reconocer el carácter de censura de información oficial. Finalmente, consultas políticas de alto nivel pueden ofrecer una forma más práctica de llenar este vacío tecno-político al exigirle rendición de cuentas al ejecutivo por cumplir con regulaciones presupuestarias.
Para mayor información, contactar al Dr. Diego Angemi [email protected].
[1] Ver Booth, Cammack D., Harrigan J., Kanyongolo E., Mataure M., Ngwira N., 2006, Overseas Development Institute (ODI) Working Paper No. 261, Londres (2006)
Qué hay de malo con los fondos de desarrollo para las circunscripciones por Albert van Zyl, International Budget Partership
Los fondos de desarrollo para las circunscripciones “Constituency Development Funds” (CDFs, por sus siglas en inglés) son acuerdos de financiamiento que canalizan recursos del gobierno central directamente al electorado para proyectos locales de infraestructura. Las decisiones sobre cómo se asignan y gastan estos fondos son influenciadas por legisladores o parlamentarios (MPs, por sus siglas en inglés). [1],2 El grado con el que estos fondos son controlados por parlamentarios y el grado con el que los ciudadanos locales participan depende de cada país. Pero el elemento clave de los CDFs es que los MPs ejercen un gran control sobre la distribución y aplicación de fondos asignados localmente, lo que contraviene sus funciones de legislar y vigilar.
Este artículo argumenta que los CDFs tienen un impacto negativo en la rendición de cuentas y prestación de servicios que la mayoría de los países pobres pueden tolerar. Los riesgos asociados con los CDFs deben de tomarse en cuenta más seriamente por parte de los gobiernos, donatarios, OSCs y otros actores involucrados en el proceso de desarrollo. Deben de desalentar su adopción en países en donde los CDFs se están considerando y promover otras opciones para fortalecer las legislaturas y mejorar la prestación de servicios a nivel local de manera más efectiva. Los países en donde los CDFs están más enraizados y es más difícil que se eliminen, deben de tomar en cuenta los puntos que se presentan en esta gaceta. Además los MPs deben de resistir la tentación de administrar y gastar el presupuesto y enfocarse en procesos más sostenibles para exigirle rendición de cuentas al ejecutivo por la prestación de servicios.
La propagación de los CDFs no se basa en evidencia
Se conoce poco sobre los CDFs. De hecho sorprende que los políticos se han preparado para adoptarlos en vista de la falta de investigación sobre su impacto de largo plazo en países como Pakistán, Filipinas e India que cuentan con esquemas de CDF bien establecidos.
A pesar de la falta de investigación a favor de estos mecanismos de financiamiento los CDF se están propagando rápidamente. Hasta la fecha por lo menos 23 países han adoptado o están considerando adaptar CDFs: Bután, Ghana, Honduras, India, Islas Solomón, Jamaica, Kenia, Liberia, Malawi, Malasia, Mongolia, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Ruanda, Sudán del sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.
Los CDFs también crecieron rápidamente en tamaño una vez que se introdujeron. En las Filipinas las asignaciones a miembros del congreso han aumentado casi seis veces desde que se introdujo su CDF en 1990. En Zambia el tamaño del CDF ha aumentado de 60 millones Kwacha cuando se introdujo en 2006 a 666 millones Kwacha en 2010. En Kenia el CDF empezó con 2.5 por ciento del ingreso del gobierno nacional y ha aumentado junto con el resto del presupuesto.
Tabla 1: Cantidades asignadas a cada MP en dólares
| PIB (billon dólares) | Cantidad promedio asignada a cada MP (dólares) |
| Filipinas | $ 166.91 | $ 4,270,001 |
| Bhutan | $ 3.76 | $ 43,000 |
| Islas Solomon | $ 1.57 | $ 140,000 |
| Kenia | $ 34.51 | $ 794,464 |
| Malasia | $ 194.93 | $ 577,951 |
| Jamaica | $ 15.07 | $ 456,361 |
| India | $ 1217.49 | $ 420,790 |
| Sudán | $ 58.44 | $ 317,543 |
| Pakistán | $ 168.28 | $ 240,000 |
| Malawi | $ 4.27 | $ 21,352 |
| Tanzania | $ 20.49 | $ 13,761 |
| Uganda | $ 14.53 | $ 5,187 |
Fuente: Hickey A. 2009 y Center for International Development 2009
Se ha argumentado que los CDFs pueden resolver varios retos de desarrollo y gobernabilidad que enfrentan muchos países como:
- Asegurar el cumplimiento de proyectos frente a la ineficiencia y corrupción de estructuras gubernamentales locales,
- Brincar las burocracias centrales y canalizar fondos directamente a nivel comunitario,
- Promover la participación de la población local en la selección de la infraestructura deseada,
- Empoderar a la legislatura permitiéndole asignar y gastar fondos independientemente del ejecutivo y
- Permitir a los MPs responder directamente a demandas concretas de su electorado, lo que quizás no puedan conseguir del ejecutivo.
Estos argumentos en favor del CDF son atractivos, pero también hay críticas a los CDFs. Aunque los CDFs han ocupado encabezados por corrupción y manipulación política, creemos que hay otras tres deficiencias fundamentales en el diseño de estos esquemas.3
1. Los CDFs pueden complicar el principio democrático de la separación de poderes al darle la función del ejecutivo al legislativo.
2. En consecuencia, los CDFs pueden comprometer la habilidad de las legislaturas de representar al electorado y vigilar el trabajo del ejecutivo.
3. Al influir en la asignación de recursos y selección de proyectos y vigilancia, los CDFs también pueden influir negativamente en la capacidad de los gobiernos de contribuir a la prestación de servicios y desarrollo, sobre todo a nivel del gobierno local.
Para mayor información, contactar a Albert van Zyl [email protected].
[1] El término “MP” se refiere a los miembros de la legislatura en el sistema commonwealth o en sistemas parlamentarios. A excepción de casos excepcionales como Filipinas y Honduras, la mayoría de los CDFs se encuentran en países commonwealth. Por esta razón nos referimos a legisladores electos como MPs en esta gaceta.
[2] El “Center for International Development” (2009) ofrece una definición más amplia de CDFs: “El fondo de desarrollo para la circunscripción es el término genérico para una herramienta política que destina fondos públicos en beneficio de subdivisiones políticas específicas mediante asignaciones y/o decisiones de gasto influenciadas por sus representantes en el parlamento nacional.” La definición que nosotros usamos aquí se refiere más específicamente a transferencias no asignadas hacia electorados que los MPs destinan a proyectos de su elección.
[3] Una reciente búsqueda en Google mostró 120,000 vínculos a CDFs, muchos de los cuales son notas periodísticas sobre corrupción.
Activistas buscan mejorar el gaso para la salud maternal en Nigeria por Abdulhamid Abdullahi Bagara y Zainab Muhamad Dayyab, Community Health & Research Initiative
En marzo 2008 la “Community Health and Research Initiative” (CHR) comenzó un proyecto de tres años “Repositioning the Commitment of 10 Local Government Authorities (LGAs) and State Government in Addressing Maternal Morbidity and Mortality in Kano State of Nigeria through Improved Budget Allocation and Service Delivery.” El objetivo del proyecto es mejorar las asignaciones presupuestarias y asegurar la alta calidad y eficiencia en los servicios de salud para reducir la mortalidad maternal en Kano mediante actividades de incidencia, capacitación y movilización social. Los 10 LGAs que abarcó el proyecto son: Bichi, Dala, Danbatta, Gwale, Gwarzo, Minjibir, Rano, Tsanyawa, Tudun, Wada y Wudil. CHR trabaja junto con el Ministerio de Salud del estado y la mesa administrativa del hospital. Las actividades del proyecto incluyen:
- Capacitación de organizaciones comunitarias de base sobre movilización e incidencia comunitaria;
- Establecimiento o fortalecimiento de los comités de instalaciones de salud para apoyar centros de salud primaria en los 10 LGAs seleccionados;
- Valoración del impacto del programa de servicios gratuitos de maternidad en Kano;
- Análisis del presupuesto del estado de 2007-2010 para reunir evidencia que apoye las actividades de incidencia del CHR vinculadas a la mortalidad materna.
Los esfuerzos de incidencia de CHR incluyen interacciones regulares con los medios (por ejemplo, Radio Kano que transmite en 19 estados norteños y el periódico nacional Dailytrust) para discutir las promesas realizadas por los políticos. La investigación de CHR sobre el impacto de Kano del servicio de mortalidad gratuita – en colaboración con los servicios de salud materna del gobierno del estado – suscitó recomendaciones como la introducción de un cuestionario en donde los pacientes pueden dar sus opiniones sobre cómo mejorar los servicios. Además CHR ofrece asistencia técnica a organizaciones de base comunitarias a nivel local sobre estrategias para aumentar las asignaciones presupuestarias hacia la mortalidad maternal y mejorar el sistema de supervisión y oferta de farmacéuticos en el sector salud para mejorar la prestación de servicios de salud. Estos esfuerzos han suscitado:
- La introducción de cuestionarios de satisfacción para pacientes en las alas de maternidad de dos centros de salud secundarios para reunir información que ayude a mejorar la calidad de los cuidados;
- La participación de organizaciones de profesionales de la salud en el comité de servicios de maternidad gratuita;
- Mejoras en el monitoreo y supervisión de instalaciones de salud;
- La compra de una máquina de ultrasonido (la primera en Kano) y por ende la reducción en el tiempo de espera para mujeres en condiciones de emergencias obstétricas;
- La provisión de una ambulancia y máquina de ultrasonido en el Hospital General de Bichi;
- La construcción de una nueva unidad de maternidad en la comunidad de Getso en Gwarzo; y
- La provisión de una ambulancia y medicamentos prenatales gratuitos como el sulfato de magnesio y la construcción de un pozo de agua limpia en la Clínica de Salud Umma Zaria en Dala.
Para mayor información, contactar a Abdulhamid Abdullahi Bagara [email protected].
Equidad en la salud y observatorio de derechos en Maharashtra por Nilangi Sardeshpande, Support for Advocacy and Training to Health Initiatives
En colaboración con el “Center for Enquiry into Health and Allied Themes,” el “Support for Advocacy and Training to Health Initiatives” (SATHI) lleva a cabo análisis de presupeusto para atender la inequidad en la salud mediante su proyecto “Maharashtra Health Equity and Rights Watch,” desde 2005. El proyecto monitorea las brechas en el acceso a servicios de salud en el estado de Maharashtra para apoyar la incidencia en favor de reformas al sector salud orientadas a la equidad y el derecho a la salud. La investigación del proyecto busca:
- examinar las tendencias en las asignaciones totales del presupuesto y gasto en distritos selectos de Maharashtra;
- documentar las asignaciones y gastos en salud del presupuesto total;
- medir el impacto del presupuesto al vincular el gasto presupuestario con datos sobre el uso de servicios de salud;
- comparar instalaciones de salud por todo el estado; y
- estudiar las inequidades del gasto en el presupuesto de salud entre distintos distritos.
Se reunió información administrativa y financiera de los distritos e instalaciones y se corroboró con datos de la oficina general de contaduría en Maharashtra y otras oficinas estatales. Por ejemplo, datos del Departamento de Salud Pública y el Departamento de Educación Médica y Departamento de Farmacéuticos), Zilla Parishad (ZP) documentos presupuestarios, documentos de cuentas anuales ZP, reportes distritales de progreso y planes anuales distritales. Los hallazgos principales incluyen:
Gastos per cápita sobre servicios de salud a nivel distrital – Distritos en zonas menos desarrolladas de Maharashtra tienen gastos per cápita más altos en servicios sociales que aquellos en zonas desarrolladas. Esto puede deberse a que los distritos menos desarrollados reciben fondos adicionales bajo programas como el Plan Subtribal. Además, los distritos más desarrollados gastan fondos considerables de los presupuestos municipales que no se reflejan en el presupuesto estatal. A pesar de que el gasto per cápita es mayor en distritos menos desarrollados, estos gastos no se traducen en mejores servicios sociales. De hecho estos distritos tienen niveles de mortalidad materna e infantil más altos.
Gasto total en el sector público de salud – Aunque el gasto gubernamental ha aumentado en términos reales de 2001-2007, el presupuesto de salud ha disminuido de 4 por ciento en 2001-2002 a 3.6 por ciento en 2007-2008. Esto puede estar relacionado con el programa “National Rural Health Mission” (NRHM) lanzado en 2005 por el gobierno central que asigna fondos a los servicios de salud en el estado. La mitad de estos fondos está fuera del presupuesto y no se contabilizan en el presupuesto del estado. Lo que demuestra que a pesar de que el NRHM fue creado para mejorar los servicios de salud, el gobierno estatal redujo su gasto.
Variación distrital en el gasto per cápita de salud – Distritos en áreas menos desarrolladas de Maharashtra cuentan con un nivel más alto de gasto per cápita que aquellos en zonas más desarrolladas. Esto puede ser el resultado de la alta densidad demográfica en distritos desarrollados y del reciente aumento en inversiones en distritos menos desarrollados. Estas inversiones adicionales se asignan bajo programas como el Plan Subtribal y a veces se realizan a través del gobierno central – con frecuencia en la cuenta de capital – aunque la mayor parte la absorbe el gobierno del estado.
Diferencias urbano-rurales en el gasto de salud – La distribución urbano-rural del gasto de salud en la mayoría de los distritos muestra un gasto per cápita más alto en zonas urbanas. A nivel estatal las zonas rurales tienen gastos de salud per cápita más altos. No obstante, hay distritos con gastos más elevados en zonas rurales. En su mayoría son distritos sin colegios de medicina, ni clínicas terciarias con gastos más elevados en zonas urbanas que en zonas rurales (a excepción de Pune). Esto quiere decir dos cosas: 1) los colegios de medicina y clínicas absorben una parte significativa del presupuesto de salud pública, y 2) el presupuesto de salud pública es distribuido proporcionalmente conforme a la población de ese distrito y todavía mejor distribuido en zonas rurales.
Inequidades en el gasto hospitalario distrital y eficiencia utilitaria – En la gran mayoría de hospitales la tasa de ocupación de camas “Bed Occupancy Ratio” (BOR) disminuyó entre 1998 y 2007. Hay menos hospitales con BOR mayor de 80. Los servicios deficientes ofrecidos por las instituciones de salud pública afectan su uso. Esto ha sido corroborado por encuestas realizadas por la “National Sample Survey Organization.” De ahí la urgente necesidad de invertir recursos en el sistema de salud público para revitalizar los servicios con recursos humanos suficientes.
[1] El gasto en salud pública se divide en cinco departamentos – Salud Pública, Bienestar Familiar, Seguridad Social y Bienestar, Secretaría Social, y Censo y Estadística. Las dos funciones más importantes son Salud Pública y Bienestar Familiar con recursos asignados conforme a una tasa de 85:15 en 2000-01. En la próxima década el gasto en el primero ha aumentado rápidamente y alcanzado un 89 por ciento.
El autor agradece las aportaciones al proyecto de: Ravi Duggal, Prashant Raymus, Abhay Shukla, y Nilangi Sardeshpande por el diseño del proyecto; Prashant Raymus y Rahul Gosawi por la recolección de información; Deepali Yakkundi y Rashmi Padhye por capturar la información; y a Prashant Raymus y Ravi Duggal por escribir el reporte.
Para mayor información, contactar a Nilangi Nanal [email protected].
Reconstrucción tras el terremoto en Pakistán: el caso de la campaña de la Fundación Omar Asghar Khan por Dr. Pervez Tahir
El devastador terremoto que sacudió a la región de Hazara y la provincia de Azad Kashmir al noroeste de Pakistán en octubre 2005 generó un flujo de asistencia financiera para la reconstrucción y rehabilitación en las zonas afectadas. Tres años más tarde muchas personas carecían de vivienda adecuada o de infraestructura pública básica. Esto es en parte consecuencia de las promesas incumplidas del gobierno y de la lentitud en los proyectos de reconstrucción. Este estudio de caso describe cómo una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y ciudadanos organizaron una campaña para reincentivar los esfuerzos de reconstrucción en Pakistán. La campaña fue encabezada por la fundación de desarrollo Omar Asghar Khan, una OSC que involucra a la gente en al noroeste de la región en esfuerzos para asegurar sus derechos humanos y de subsistencia. Para leer este estudio de caso, ir a
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-Case-Study-OAKDF-Summary_Spanish.pdf.
Reformas para la calidad de la educación: el caso de la campaña de HakiElimu de 2005-2007 por Ayub Rioba y Debbie Budlender
HakiElimu es una organización de la sociedad civil in Tanzania que trabaja para garantizar que todos los niños del país reciban educación básica de alta calidad. Al desarrollar su programa estratégico para 2004-2007, HakiElimu observe mejorías en los niveles de inscripciones pero identificó una falta de atención a la calidad en la educación. Este estudio de caso describe la Campania que impulsó las mejoras en las escuelas de Tanzania. Para leer este estudio de caso, ir a https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-Case-Study-HakiElimu-Summary_Spanish.pdf.
Sudáfrica: la sociedad civil usa el análisis e incidencia presupuestarios para mejorar las vidas de los niños pobres por Neill Overy
En Sudáfrica una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil y coaliciones han sido centrales en los esfuerzos post-Apartheid de protección a los niños vulnerables mediante becas de seguridad social. Este estudio de caso describe cómo los persistentes esfuerzos de campaña de estas organizaciones han contribuido a distintos cambios políticos y presupuestarios en la última década, como ampliar la edad límite para la beca de apoyo infantil “Child Support Grant.” Para leer este estudio de caso, ir a https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-Case-Study-CSG-Summary_Spanish.pdf.
Guía ciudadana para el presupuesto por Marijana Bađun, Institute of Public Finance
La segunda edición de A Citizen’s Guide to the Budget publicada por el “Institute of Public Finance” en Croacia ya está disponible. Ciudadanos, miembros del parlamento, miembros de las asambleas representativas, y consejos de las ciudades y municipios a veces ignoran la diferencia entre el presupuesto nacional, el presupuesto gubernamental general, y el presupuesto gubernamental general consolidado. Esta guía está dirigida a quien desee comprender el proceso presupuestario en Croacia y aprender conceptos presupuestarios básicos. También es útil para organizaciones de la sociedad civil y activistas en otros países como un modelo para producir una guía similar en su contexto.
La guía está disponible en croata e inglés y está dividida en tres partes. La primera parte ofrece información general del presupuesto y discute los usuarios, funciones, principios, estructura y la cuenta de ingresos y egresos del presupuesto nacional. En esta parte se examina el presupuesto central consolidado, seguido de descripciones de los presupuestos locales, sus usuarios, ingresos, egresos y las implicaciones de la deuda pública. La segunda parte se enfoca en los principales actores y fases del presupuesto. La tercera parte explica cómo usar la información de las dos partes anteriores en actividades de monitoreo de presupuestos. Los autores usan datos del presupuesto de Croacia 2009, utilizando gráficas que ilustran las tendencias generales en las finanzas públicas de Croacia para identificar las debilidades del sistema presupuestario de Croacia.
La guía es una herramienta de combate a la corrupción ya que promueve el acceso a información presupuestaria comprensible. En palabras de los autores, “Nuestro objetivo es contar con finanzas públicas sensatas, eficientes y equitativas conforme a nuestras posibilidades y necesidades. Para lograrlo necesitamos políticas públicas fundadas en la rendición de cuentas gubernamental a todos los niveles. Los requisitos principales para la rendición de cuentas del gobierno es la transparencia. ¿Así que, quién si no nosotros, los ciudadanos, exigirán transparencia?”
Los periodistas se pueden beneficiar de la guía para avanzar su comprensión de estos temas y presentarlos a sus lectores, y las organizaciones de la sociedad civil pueden usarla para promover los derechos de grupos marginados y lucha contra la corrupción. A fin de cuentas la guía debe motivar a todos los ciudadanos a ser más activos en el proceso presupuestario y demandar acceso a la información presupuestaria.
Para ver la guía, ir a: http://www.ijf.hr/eng/budget-guide/guide-2009.pdf.
¿El fin del seguro? El seguro popular de México, 2001-2007 por Jason M. Lakin, International Budget Partnership
Las reformas al sistema de salud que introducen principios de los seguros en el sistema de salud público (como el seguro nacional de salud, mercados internos y la separación de compradores y proveedores) se han popularizado en las últimas dos décadas. Poco se sabe, sin embargo, sobre las complejidades políticas de transformar los servicios de salud existentes en sistemas de seguros de salud en países en vías de desarrollo. El programa del Seguro Popular en México se introdujo en 2003 con la intención de hacer de alterar radicalmente el sistema nacional de servicios de salud y convertirlo en un seguro de salud.
El Seguro Popular ha atraído la atención internacional y se considera un modelo a seguir por otros países. No obstante poco se ha escrito sobre el proceso político que originó la reforma o las dificultades de su implementación. Este artículo cierra esta brecha y ofrece una evaluación del contexto de reforma, así como del proceso de formulación, adopción e implementación del seguro popular. Mientras la reforma ha mejorado el servicio de salud pública en México no ha logrado transformar el servicio se salud en un seguro de verdad. La limitada reforma institucional ha repercutido en la falta de fondos del seguro. El caso mexicano es una advertencia para aquellos reformitas que desean transformar los servicios de salud en sistemas de seguros de salud.
Para leer el trabajo, ir a: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/The-End-of-Insurance-Mexicos-Seguro-Popular-2001-2007.pdf.
Presupuesto, estado y gente: proceso presupuestario, sociedad civil, y transparencia en Angola por Jan Isaksen, Inge Amundsen, y Arne Wiig, con Cesaltina Abreu, Chr. Michelsen Institute
El reciente reporte del “Chr. Michelsen Institute” Budget, State and People: Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola describe el estado de la transparencia presupuestaria en Angola e identifica obstáculos y oportunidades para mayor transparencia y participación pública en el presupuesto de Angola. Los autores describen a los sistemas y procesos de presupuesto de forma general antes abordar el presupuesto, nivel de transparencia y sociedad civil en Angola.
En la primera parte el reporte revisar las funciones y aspectos históricos del proceso presupuestario de Angola y el papel de instituciones del estado (como el parlamento y el ejecutivo) en el presupuesto. La siguiente sección describe las distintas fases del ciclo presupuestario en Angola e identifica puntos débiles e intentos por mejorar. Se destaca la importancia de la transparencia en un país rico en recursos naturales como Angola.
La sociedad civil puede jugar un papel active y crucial a lo largo del proceso presupuestario, al asignar fondos públicos o monitorear el gasto del gobierno. Los autores explican cómo involucrar a la sociedad civil en el proceso presupuestario. También ofrecen ejemplos del trabajo presupuestario de la sociedad civil en Angola. Las conclusiones y recomendaciones ponen énfasis en la necesidad de reformas democráticas e institucionales y señalan las debilidades del proceso presupuestario en Angola (especialmente respecto a la transparencia y corrupción. Las recomendaciones incluyen:
- una revisión del sistema presupuestario en Angola, enfocándose en los elementos básicos de la prestación de servicios públicos, es decir, transparencia y participación ciudadana;
- grupos de la sociedad civil interesados en comprender y trabajar en temas de administración de finanzas públicas; e
- reorganización de las actividades presupuestarias de instituciones financieras internacionales para enfocarse en sus impactos y trabajar con gobiernos en el fortalecimiento de la transparencia y vigilancia del presupuesto.
Para ver este trabajo en inglés o portugués, ir a http://www.cmi.no/publications/publication/?2706=budget-state-and-people-budget-process
Aplicaciones prácticas para una agenda de efectividad de la ayuda financiera. Evidencia en la armonización de la información de la ayuda con los presupuestos nacionales de países receptores por Samuel Moon con Zachary Mills
La ayuda donataria representa una fuente importante de fondos para muchos países que luchan por satisfacer las necesidades de su población y fortalecer su economía. ¿Qué pasa cuando la ayuda se salta el proceso presupuestario y no se alinea con las prioridades del gobierno? Y ¿qué puede hacerse para mejorar esta alineación, apoyar buenas prácticas, procesos y decisiones del presupuesto, y aumentar la transparencia y rendición de cuentas? El IBP y “Publish What You Fund” publicaron este trabajo que explora los vínculos entre la asistencia y los presupuestos.
El trabajo publicado por el “Overseas Development Institute” documenta las similitudes sobre cómo se documenta la asistencia en los presupuestos nacionales de 14 países receptores de asistencia, utilizando dos sistemas de códigos presupuestarios internacionales. Asimismo ofrece un sistema genérico para clasificar la cantidad y uso de la ayuda que mejor se apega a las estructuras administrativas de los países estudiados. Finalmente, el trabajo recomienda estrategias para aumentar la transparencia de la información de la ayuda financiera, sobre todo aquella que no se gasta a través de los sistemas presupuestarios de los países receptores.
Para leer este trabajo, ir a: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/AidEffectivenessAgenda.pdf.
by soapbox | May 1, 2010
La transparence budgétaire et les Objectifs de développement du millénaire (ODM)
Combien dépensent les gouvernements pour les ODM. Pétition pour exiger la transparence budgétaire, par Helena Hofbauer, International Budget Partnership
L’analyse et l’incidence budgétaires peuvent combler le vide de responsabilisation, par Manuela Garza, International Budget Partnership
Les fonctions et responsabilités du gouvernement et des budgets qui rendent des comptes
Une révision du Fonds monétaire international sur les Institutions du budget et activités fiscales dans les pays aux faibles revenus, par Diego
Angemi, expert en développement international
Quel est le problème des fonds de développement des circonscriptions, par Albert van Zyl, International Budget Partnership
Budgets et santé
Des activistes cherchent à améliorer les dépenses pour la santé maternelle au Nigeria, par Abdulhamid Abdullahi Bagara et Zainab Muhamad Dayyab, Community Health & Research Initiative
Equité en santé et observatoire des droits à Maharashtra, par Nilangi Sardeshpande, Support for Advocacy and Training to Health Initiatives
Etudes de cas sur l’impact de l’analyse et l’incidence budgétaires de la société civile
Reconstruction suite au séisme au Pakistan: le cas de la campagne de la Fondation Omar Asghar Khan, par Dr. Pervez Tahir
Réformes pour la qualité de l’éducation: le cas de la campagne de HakiElimu de 2005-2007 par Ayub Rioba et Debbie Budlender
Afrique du Sud: la société civile utilise l’analyse et l’incidence budgétaires pour améliorer les vies des enfants pauvres, par Neill Overy
Nouvelles publications
Guide citoyen pour le budget, par Marijana Bađun, Institute of Public Finance
La fin de l’assurance? L’assurance populaire du Mexique, 2001-2007, par Jason M. Lakin, International Budget Partnership
Budget, Etat et gens: processus budgétaire, société civile et transparence en Angola, par Jan Isaksen, Inge Amundsen, et Arne Wiig, avec Cesaltina Abreu, Chr. Michelsen Institute
Applications pratiques pour un agenda d’efficacité de l’aide financière. Eléments pour l’harmonisation des informations de l’aide avec les budgets nationaux des pays récepteurs, par Samuel Moon avec Zachary Mills
Combien dépensent les gouvernements pour les ODM. Pétition pour exiger la transparence budgétaire, par Helena Hofbauer, International Budget Partnership
La campagne “Ask Your Government” part d’un effort pour étudier ce qui se passe quand les citoyens demandent à leur gouvernement des informations budgétaires spécifiques liées à des questions de développement, notamment des thèmes liés aux objectifs de développement du millénaire (ODM). Ces quatre derniers mois, des organisations de la société civile de 84 pays ont posé à leur gouvernement, simultanément, six questions aux ODM 5, 7 et 8. [1] Deux de ces questions portaient sur les dépenses pour la formation de sages-femmes et l’acquisition de médicaments pour réduire la mortalité maternelle. Deux questions se sont concentrées sur le caractère prévisible et volatile de l’assistance pour le développement et les deux dernières questions portaient sur les dépenses gouvernementales pour les agences de protection environnementale et les alternatives aux énergies fossiles.
Sans accès du public aux informations budgétaires sur les actions du gouvernement pour atteindre les ODM, les citoyens, organisations de la société civile et autres acteurs, incluant même l’ONU, ne sont pas en mesure d’exiger des gouvernements et bailleurs qu’ils rendent des comptes. Dans l’antichambre du sommet des ODM en 2010, le Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a publié récemment un plan d’action conjointe “Joint Action Plan” qui souligne l’intention de garantir une plus grande responsabilisation dans le processus pour atteindre les ODM 4 et 5.
Nous pensons que le Secrétaire général a l’opportunité, nouvellement, de montrer son leadership vers la réalisation d’idéaux inclusifs que sont les ODM. Ses plans d’actions et appel à une plus grande responsabilisation peuvent être renforcés en incorporant les réquisits pour que les gouvernements fournissent des informations budgétaires exhaustives et détaillées sur leurs engagements pour le développement. Ceci peut être réalisé lors du prochain sommet ODM des Nations unies avec les actions suivantes:
- Requérir que les pays incluent de façon consistante des informations budgétaires supplémentaires dans les rapports annuels par pays sur les ODM. Aujourd’hui, les gouvernements doivent générer des indicateurs de leurs progrès vers les ODM sous le système de l’ONU DevInfo (une plateforme électronique pour rassembler et générer des informations statistiques spécifiquement liées aux progrès des ODM). Les informations budgétaires devant être requises doivent inclure les allocations budgétaires et les dépenses dans des interventions clés liées à ces indicateurs.
- Requérir que tous les rapports régionaux et internationaux incluent des informations budgétaires annuelles sur les efforts gouvernementaux pour atteindre chaque objectif de 2011 à 2015.
- Inclure des mesures sur la transparence budgétaire comme l’Indice du budget ouvert, comme un indicateur du progrès vers la réalisation des ODM.
- Offrir un soutien technique aux gouvernements sur comment satisfaire ces réquisits en rapportant des informations budgétaires dans le cadre des activités d’assistance technique pour le suivi des ODM.
- Requérir que les pays donateurs publient des informations sur leur financement pour les ODM.
Pour davantage d’informations, contacter Helena Hofbauer [email protected]
[1] L’effort est coordonné par le “International Budget Partnership” avec la collaboration de 84 organisations pairs au niveau national et 11 au niveau international – White Ribbon Alliance, Family Care International, Averting Maternal Death and Disability Program à l’Université de Columbia; Publish What You Fund, Oxfam USA, Oxfam Novib, Development Initiatives; World Resources Institute, International Institute for Sustainable Development, Access Info Europe, et le Center for Law and Democracy.
L’analyse et l’incidence budgétaires peuvent combler le vide de responsabilisation, par Manuela Garza, International Budget Partnership
Dans le cadre du processus des Objectifs du millénaire des Nations unies (ODM), les gouvernements ont fait de la mortalité maternelle une priorité politique. Cependant, cette priorité n’est pas toujours reflétée dans les budgets des gouvernements et dans la prestation de services. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le gouvernement ne peut respecter ses obligations, comme le manque de volonté politique, l’insuffisance des ressources ou le manque de mécanismes formels de responsabilisation. Les citoyens et organisations de la société civile (OSC) peuvent jouer un rôle actif en demandant des comptes à leur gouvernement sur la gestion des ressources publiques pour répondre à leurs priorités politiques. Ils peuvent également surveiller et accélérer le processus vers les objectifs de développement à travers l’analyse et l’incidence budgétaires. Dans le cas de la mortalité maternelle, les citoyens et OSC peuvent
- analyser des tendances dans les dépenses publiques pour la santé en les comparant à d’autres politiques, engagements et besoins;
- faire le suivi de fuites dans le flux de ressources d’un niveau du gouvernement au suivant pour voir quelle part des assignations d’origine est parvenue à destination (quelque chose de particulièrement important dans les systèmes décentralisés);
- surveiller l’acquisition de biens et la prestation de services comparativement aux allocations budgétaires, à travers des outils comme le suivi des dépenses;
- vérifier si les services de santé reflètent les dépenses rapportées, incluant la qualité et la quantité de la prestation de services, à travers des outils comme les audits sociaux; et
- utiliser des techniques d’analyse comme “le devis” pour estimer le coût spécifique de services nécessaires ou évaluer si ces services ont été budgétés de façon appropriée.
Ces activités peuvent être très efficaces. Le suivi du flux de ressources et des dépenses peut contribuer à réduire les mauvaises gestions et la corruption. La participation citoyenne à travers le processus budgétaire non seulement implique des personnes directement dans des décisions qui affectent leur vie mais peut aussi modifier l’équilibre de pouvoir entre le gouvernement et ses citoyens. Cela peut également renforcer la capacité citoyenne pour exiger du gouvernement qu’il rende des comptes sur ses engagements.
Dans le cadre de la campagne de l’IBP “Ask Your Government,” des OSC de 84 pays ont sollicité des informations de leur gouvernement sur la part de leur budget alloué pour atteindre les objectifs de développement, comme améliorer la mortalité maternelle. En juin 2010, seuls 27 pays ont offert certaines informations sur leur investissement dans des interventions d’urgence liées à la santé maternelle. Ces résultats préliminaires indiquent qu’avec seulement cinq ans supplémentaires pour atteindre les ODM, la lutte contre la mortalité maternelle doit être encadrée en termes budgétaires.
La société civile doit engager les gouvernements pour les pousser à offrir des informations budgétaires exhaustives. Les OSC peuvent demander non seulement plus de ressources, mais aussi des assignations durables qui soient dépensées avec efficacité et transparence. L’utilisation efficace de l’analyse et l’incidence budgétaires peut aider la société civile à combler le vide dans des nombreux pays en surveillant et demandant des améliorations de la façon dans les gouvernements dépensent l’argent public pour réduire la mortalité maternelle et lutter contre la pauvreté.
Pour davantage d’informations sur la campagne de l’IBP “Ask Your Government,” aller sur: https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/international-advocacy/ask-your-government/.
Une révision du travail du Fonds monétaire international sur les institutions du budget et les activités fiscales dans les pays aux faibles revenus, par Dr. Diego Angemi, économiste en développement
Le Fonds monétaire international (FMI) a publié récemment “Budget Institutions and Fiscal Performance in Low-Income Countries,” qui s’intéresse à la formulation d’indicateurs multidimensionnels à utiliser dans l’analyse de la qualité des institutions budgétaires dans les pays aux faibles revenus. Ces indicateurs permettent d’évaluer le fonctionnement fiscal de pays de faibles revenus comparativement à celui de pays aux revenus moyens conformément à leurs arrangements institutionnels pour une activité fiscale saine.
L’analyse est un apport important aux éléments théoriques et empiriques qui suggèrent que les arrangements institutionnels qui gouvernent les processus budgétaires ont un impact positif sur les résultats fiscaux. Plus spécifiquement, l’étude indique que «pour les pays aux faibles revenus, les processus budgétaires qui facilitent le suivi externe sont des mécanismes plus fiables pour assurer des réponses fiscales appropriées que les procédures qui facilitent l’auto-surveillance du gouvernement. Ceci peut refléter l’absence de poids et contrepoids institutionnels pour exiger du gouvernement qu’il rende des comptes sur son observation (et respect) des règles et contrôles du budget. C’est-à-dire que les poids et contrepoids procéduraux dans le budget – en l’absence de poids et contrepoids dans le système politique – ne sont pas effectifs. Une autre implication possible de ce fait est que dans les pays aux faibles revenus, une plus grande centralisation du budget dans les mains dans l’exécutif – en l’absence de réquisits forts de transparence et vigilance publique – peut être contre-productive pour la discipline fiscale.»
Le débat sur la transparence gouvernementale est peu commun dans de nombreux pays de faibles revenus, malgré l’importance de l’accès à l’information budgétaire pour discuter de si le budget travail en faveur des nécessités des gens. Le Malawi offre un exemple d’une nation dans laquelle les pouvoirs excessifs de l’Etat ont neutralisé l’efficacité indépendante d’autres institutions politiques et étatiques, comme les partis politiques, le parlement, le pouvoir judiciaire et les services de sécurité. [1]
Le Président du Malawi a annoncé récemment que le «Youth Enterprise Development Fund» sera alloué à des membres de son parti politique et l’achat d’un jet présidentiel l’année passée suggère une absence chronique de transparence dans le processus budgétaire. En outre, la fonction parlementaire semble être sujette à la volonté du chef de l’Etat, comme l’indique la tendance à promouvoir des débats parlementaires uniquement quand le résultat est une conclusion donnée pour établie. Quand le parti au pouvoir, le “Democratic Progressive Party” (DPP) n’a pas obtenu la majorité parlementaire dans les années fiscales 2007-08 et 2008-09, les révisions budgétaires ont été implantées avant l’approbation du budget. Alors que pour l’année fiscale 2009-10, quand le DPP a obtenu la majorité, a été suivi le processus d’approbation législative comme l’indique la loi.
Les autres facteurs qui empêchent le débat politique au Malawi incluent des structures politiques hiérarchiques, des déséquilibres de pouvoir et une acceptation de la subordination de ceux au pouvoir. La hiérarchie et le manque d’équité sont des choses habituelles dans les relations sociales, ce qui explique pourquoi au Malawi – et dans de nombreux autres pays de faibles revenus – le budget est reçu comme une instruction plutôt que comme un instrument pour le débat public.
Ceci suggère que la demande interne de transparence budgétaire n’existe pas dans ces contextes ; au lieu de cela, sa demande provient des réquisits des bailleurs. Ainsi, l’analyse des auteurs sur la relation entre les institutions budgétaires et l’activité fiscale dans les pays de faibles revenus passe l’épreuve de la vérification empirique. Cependant, leur analyse n’explique pas les types d’interventions non traditionnelles nécessaires pour établir des poids et contrepoids plus efficaces capables d’exiger du gouvernement qu’il rende des comptes sur l’observation et le respect des règles et contrôles du budget.
Cette limite est importante pour essayer de démêler les dynamiques de l’activité fiscale dans les pays de faibles revenus. Les mesures traditionnelles pour promouvoir des mécanismes de contrôle de qualité, c’est-à-dire les conditionnalités liées à l’assistance dans les processus budgétaires, résultent généralement en des pratiques d’opacité. Une des conditionnalités les plus communes et importantes pour les gouvernements récepteurs est l’adoption d’un programme économique du FMI. Ces programmes offrent des évaluations régulières de la gestion macroéconomique et fiscale. En plus de déterminer si les gouvernements sont éligibles pour recevoir un financement pour leurs prêts du FMI, ces évaluations servent comme mécanismes catalyseurs pour d’autres engagements de déboursements de bailleurs.
Un objectif fiscal fréquent dans les programmes du FMI se centre sur les prêts internes. Cette conditionnalité cherche à prévenir la nouvelle accumulation de hauts niveaux de dette suite à la participation à l’initiative des pays très endettés. Considérant les risques pour respecter les programmes du FMI, les fonctionnaires gouvernementaux sont stimulés pour réaliser des activités pour réduire la transparence budgétaire. Ces pratiques peuvent inclure des payements de dette, le maintien des dettes dans des institutions de l’Etat et l’établissement de fonds de trésorerie qui ne sont pas reflétés dans les documents budgétaires. Ces activités affaiblissent la transparence du système budgétaire mais facilitent le respect des objectifs des prêts.
En l’absence de vigilance publique, les initiatives locales et internationales incluent des efforts de recherche présents et futurs, font la promotion d’opportunités pour stimuler la demande publique de dialogues politiques ouverts qui encouragent la transparence budgétaire et la responsabilisation fiscale. Les interventions non traditionnelles représentent une voie importante pour créer des systèmes plus appropriés pour la transparence fiscale et la responsabilisation. Les efforts analytiques pour construire ces interventions doivent rechercher un meilleur équilibre entre les aspects techniques et politiques de la formulation et l’implantation du budget. Etant donnée l’importance croissante de partenaires émergeants comme la Chine, la dynamique politique menace de miner la nature technique du processus budgétaire. Il est peu probable que l’assistance chinoise apparaisse dans le budget national et toute tentative pour analyser la qualité des institutions du budget dans les pays récepteurs doit reconnaître le caractère de censure des informations officielles. Finalement, des consultations politiques de haut niveau peuvent offrir une façon plus pratique de combler ce vide technico-politique en exigeant de l’exécutif qu’il rende des comptes sur le respect des réglementations budgétaires.
[1] Voir Booth, Cammack D., Harrigan J., Kanyongolo E., Mataure M., Ngwira N., 2006, Overseas Development Institute (ODI) Working Paper No. 261, Londres (2006)
Pour davantage d’informations, contacter Dr. Diego Angemi [email protected].
Quel est le problème des fonds de développement pour les circonscriptions, par Albert van Zyl, International Budget Partnership
Les fonds de développement pour les circonscriptions “Constituency Development Funds” (FDC) sont des accords de financement qui canalisent les ressources du gouvernement central directement vers l’électorat pour des projets locaux d’infrastructure. Les décisions sur comment sont alloués et dépensés ces fonds sont influencées par les législateurs ou parlementaires (MP). [1,2] Le degré avec lequel ces fonds sont contrôlés par les parlementaires et le degré avec lequel les citoyens locaux participent dépendent de chaque pays. Mais l’élément clé des FDC est que les MP exercent un grand contrôle sur la distribution et l’application de fonds assignés localement, ce qui vient à l’encontre de leurs fonctions de légiférer et surveiller.
Cet article explique que les FDC ont un impact négatif sur la responsabilisation et la prestation de services que la majorité des pays pauvres peuvent tolérer. Les risques associés aux FDC doivent être pris en compte plus sérieusement de la part des gouvernements, donateurs, OSC et autres acteurs impliqués dans le processus de développement. Ils doivent décourager son adoption dans les pays où le FDC est à l’étude et promouvoir d’autres options pour renforcer les législatures et améliorer la prestation de services au niveau locale de manière plus efficace. Les pays dans lesquels les FDC sont les plus enracinés et où il est plus difficile qu’ils soient éliminés doivent prendre en compte les points présentés dans cette gazette. En outre, les MP doivent résister à la tentation de gérer et de dépenser le budget et se concentrer sur des processus plus durables pour exiger de l’exécutif qu’il rende des comptes sur la prestation de services.
La propagation des CDF ne se fonde pas sur des éléments concrets
On sait peu de choses sur les CDF. De fait, il est surprenant que les politiques soient prêts à l’adopter si l’on considère le manque de recherche sur son impact à long terme dans des pays comme le Pakistan, les Philippines et l’Inde qui disposent de schémas de CDF bien établis.
Malgré le manque de recherche sur ces mécanismes de financement, les CDF se propagent rapidement. A ce jour, au moins 23 pays ont adopté ou envisagent l’adoption des CDF: le Bhoutan, le Ghana, le Honduras, l’Inde, les Iles Salomon, la Jamaïque, le Kenya, le Liberia, le Malawi, la Malaisie, la Mongolie, la Namibie, le Népal, le Nigeria, le Pakistan, la Papouasie Nouvelle Guinée, les Philippines, le Rwanda, le Sud Soudan, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.
Les CDF ont également grandi rapidement en taille, une fois introduits. Aux Philippines, les allocations aux membres du Congrès ont été multipliées quasiment par six depuis qu’a été introduit le CDF en 1990. En Zambie, la taille du CDF est passée d’environ 60 millions de Kwacha quand il a été introduit en 2006 à 666 millions de Kwacha en 2010. Au Kenya, le CDF a débuté avec 2.5% des revenus du gouvernement national et a augmenté conjointement au reste du budget.
Tableau 1: Quantités allouées à chaque MP en dollars
| PIB (milliard de dollars) | Quantité moyenne allouée à chaque MP (dollars) |
| Philippines | $ 166.91 | $ 4,270,001 |
| Bhoutan | $ 3.76 | $ 43,000 |
| Iles Salomon | $ 1.57 | $ 140,000 |
| Kenya | $ 34.51 | $ 794,464 |
| Malaisie | $ 194.93 | $ 577,951 |
| Jamaïque | $ 15.07 | $ 456,361 |
| Inde | $ 1217.49 | $ 420,790 |
| Soudan | $ 58.44 | $ 317,543 |
| Pakistan | $ 168.28 | $ 240,000 |
| Malawi | $ 4.27 | $ 21,352 |
| Tanzanie | $ 20.49 | $ 13,761 |
| Ouganda | $ 14.53 | $ 5,187 |
Source: Hickey A. 2009 et Center for International Development 2009
A été défendue l’idée selon laquelle les CDF peuvent résoudre différents défis de développement et de gouvernance auxquels sont confrontés de nombreux pays comme:
- assurer la réalisation de projets face à l’inefficacité et la corruption de structures gouvernementales locales;
- contourner les bureaucraties centrales et canaliser les fonds directement vers le niveau communautaire;
- promouvoir la participation de la population locale dans la section de l’infrastructure désirée;
- renforcer la législature en lui permettant d’allouer et de dépenser des fonds indépendamment de l’exécutif; et
- permettre aux MP de répondre directement à des demandes concrètes de leur électorat, ce qu’ils ne peuvent peut-être pas obtenir de l’exécutif.
Ces arguments en faveur du CDF sont attractifs, mais il existe également des critiques des CDF. Bien que les CDF aient été liés de près à des pratiques de corruption et de manipulation politique, nous croyons qu’il y a trois autres déficiences fondamentales dans la conception de ces schémas. [3]
- Les CDF peuvent compliquer le principe démocratique de la séparation des pouvoirs en donnant la fonction de l’exécutif au législatif.
- Par conséquence, les CDF peuvent compromettre la capacité des législatures à représenter l’électorat et surveiller le travail de l’exécutif.
- En influençant l’allocation des ressources et la sélection de projets et leur suivi, les CDF peuvent influer aussi négativement sur la capacité des gouvernements pour contribuer à la prestation de services et au développement, surtout au niveau du gouvernement local.
Pour advantage d’informations, contacter Albert van Zyl [email protected].
[1] Le sigle « MP » se réfère aux membres de la législature dans le système Commonwealth ou dans les systèmes parlementaires. A l’exception de cas exceptionnels comme les Philippines et le Honduras, la majorité des CDF se trouvent dans des pays du Commonwealth. C’est pourquoi nous nous référons dans cette gazette aux législateurs élus comme MP.
[2] Le Center for International Development (2009) offre une définition plus large des CDF: « Le fonds de développement pour la circonscription est une expression générique pour un outil politique qui destine des fonds publics au bénéfice de subdivisions politiques spécifiques à travers des assignations et/ou des décisions de dépenses influencées par leurs représentants dans le parlement national ». La définition que nous utilisons ici se réfère plus spécifiquement à des transferts non assignés vers des électorats que les MP destinent à des projets de leur choix.
[3] Une recherche récente sur Google indique 120 000 liens vers des CDF, parmi lesquels bon nombre sont des notes journalistiques sur la corruption.
Des activistes cherchent à améliorer les dépenses pour la santé maternelle au Nigeria, par Abdulhamid Abdullahi Bagara et Zainab Muhamad Dayyab, Community Health & Research Initiative
En mars 2008 la “Community Health and Research Initiative” (CHR) a commencé un projet de trois ans “Repositioning the Commitment of 10 Local Government Authorities (LGAs) and State Government in Addressing Maternal Morbidity and Mortality in Kano State of Nigeria through Improved Budget Allocation and Service Delivery” (« Repositionner l’engagement de 10 autorités du gouvernement local (AGL) et du gouvernement d’Etat pour faire face à la morbidité et mortalité maternlles dans l’Etat de Kano du Nigeria à travers l’amélioration de l’allocation budgétaire et de la distribution de services »). L’objectif du projet est d’améliorer les assignations budgétaires et d’assurer la haute qualité et efficacité dans les services de santé pour réduire la mortalité maternelle à Kano à travers des activités d’incidence, de formation et de mobilisation sociale. Les 10 AGL impliquées dans le projet sont: Bichi, Dala, Danbatta, Gwale, Gwarzo, Minjibir, Rano, Tsanyawa, Tudun, Wada et Wudil. La CHR travaille conjointement au Ministère de santé de l’Etat et le conseil administratif de l’hôpital. Les activités du projet incluent:
- formation d’organisations communautaires de base sur la mobilisation et l’incidence communautaire;
- établissement ou renforcement des comités d’installations de santé pour appuyer les centres de santé primaire des dix AGL sélectionnées;
- valorisation de l’impact du programme de services gratuits de maternité à Kano; et
- analyse du budget de l’Etat de 2007-2010 pour réunir des éléments qui soutiennent les activités d’incidence de la CHR liées à la mortalité maternelle.
Les efforts d’incidence de la CHR incluent des interactions régulières avec les médias (par exemple, Radio Kano qui transmet dans 19 Etats du Nord et le journal national Dailytrust) pour discuter des promesses réalisées par les politiques. La recherche de la CHR sur l’impact de Kano du service de maternité gratuit – en collaboration avec les services de santé maternelle du gouvernement de l’Etat – a suscité des recommandations comme l’introduction d’un questionnaire dans lequel les patients peuvent donner leurs opinions sur comment améliorer les services. En outre, la CHR offre une assistance technique aux organisations de base communautaires au niveau local sur les stratégies pour augmenter les assignations budgétaires pour combattre la mortalité maternelle et améliorer le système de supervision et d’offre de pharmaceutiques dans le secteur santé pour améliorer la prestation de services de santé. Ces efforts ont suscité:
- l’introduction de questionnaires de satisfaction pour les patients dans les ailes de la maternité de deux centres de santé secondaires pour réunir des informations contribuant à l’amélioration de la qualité des soins;
- la participation d’organisations de professionnels de la santé dans le comité des services de maternité gratuits;
- des améliorations dans le suivi et la supervision d’installations de santé;
- l’achat d’une machine d’ultrasons (la première à Kano) et par là même la réduction du temps d’attente pour les femmes en situation d’urgence obstétrique;
- l’achat d’une ambulance et d’une machine ultrasons dans l’Hôpital général de Bichi;
- la construction d’une nouvelle unité de maternité dans la communauté de Getso à Gwarzo; et
- la provision d’une ambulance et de médicaments prénataux gratuits comme le sulfate de magnésium et la construction d’un puit d’eau propre dans la Clinique de santé Umma Zaria à Dala.
Pour davantage d’informations, contacter Abdulhamid Abdullahi Bagara [email protected]
Equité en santé et observatoire des droits à Maharashtra, par Nilangi Sardeshpande, Support for Advocacy and Training to Health Initiatives
En collaboration avec le “Center for Enquiry into Health and Allied Themes,” le “Support for Advocacy and Training to Health Initiatives” (SATHI) réalise des analyses budgétaires pour répondre à la non équité dans la santé à travers son projet “Maharashtra Health Equity and Rights Watch,” depuis 2005. Le projet surveille les brèches dans l’accès aux services de santé dans l’Etat de Maharashtra pour soutenir l’incidence en faveur de réformes du secteur santé orientées vers l’équité et le droit à la santé. La recherche du projet cherche à:
- examiner les tendances dans les assignations totales du budget et les dépenses dans les districts sélectionnés de Maharashtra;
- documenter les assignations et dépenses en santé sur le budget total;
- mesurer l’impact du budget en reliant les dépenses budgétaires à des données sur l’utilisation de services de santé;
- comparer les installations de santé de tout l’Etat; et
- étudier le manque d’équité des dépenses du budget de la santé entre les différents districts.
Ont été réunies des informations administratives et financières des districts et installations et ces dernières ont été vérifiées en les comparant à des données de la Cour des comptes en Maharashtra et d’autres organes étatiques. Par exemple, des données du Département de santé publique et du Département d’éducation médicale et du Département de pharmaceutiques), des documents budgétaires de Zilla Parishad (ZP), des documents de comptes annuels, des rapports sur les progrès et plans annuels de districts. Les principales conclusions incluent:
Dépenses par personne pour les services de santé au niveau du district – Les districts de zones moins développées de Maharashtra ont des dépenses par personne plus élevées dans les services sociaux que ceux des zones développées. Ceci peut être dû au fait que les districts moins développés reçoivent des fonds additionnels sous des programmes comme le Plan Subtribal. En outre, les districts plus développés dépensent des fonds considérables de leurs budgets municipaux qui ne se reflètent pas dans le budget étatique. Bien que les dépenses par personne soient plus élevées dans les districts moins développés, ces dépenses ne se traduisent pas par de meilleurs services sociaux. De fait, ces districts ont des niveaux de mortalité maternelle et infantile plus élevés.
Dépenses totales dans le secteur public de santé – Bien que les dépenses gouvernementales aient augmenté en termes réels de 2001 à 2007, le budget de santé a diminué de 4% en 2001-2002 à 3.6% en 2007-2008. Ceci peut être lié au programme “National Rural Health Mission” (NRHM) lancé en 2005 par le gouvernement central qui assigne des fonds aux services de santé dans l’Etat. La moitié de ces fonds est hors du budget et n’est pas comptabilisée dans le budget de l’Etat. Ce qui démontre que bien que le NRHM a été créé pour améliorer les services de santé, le gouvernement étatique a réduit ses dépenses.
Variation par district dans les dépenses de santé par personne – Les districts dans les secteurs moins développés de Maharashtra ont un niveau plus élevé de dépenses par personne que ceux des zones moins développées. Ceci peut être le résultat de la haute densité démographique dans les districts développés et de l’augmentation récente des investissements dans les districts moins développés. Ces investissements supplémentaires sont alloués sous des programmes comme le Plan sous-tribal et se réalisent parfois à travers le gouvernement central – souvent sur le compte de capital – bien que la majeure partie soit absorbée par le gouvernement de l’Etat.
Différences urbano-rurales dans les dépenses de santé – La distribution urbano-rurale des dépenses de santé dans la majorité des districts montre des dépenses par personne plus élevées dans les zones urbaines. Au niveau étatique, les zones rurales ont des dépenses de santé par personne plus élevées. Cependant, il y a des districts avec des dépenses plus élevées dans les zones rurales. Dans leur majorité, ce sont des districts sans écoles de médecine, ni cliniques tertiaires avec des dépenses plus élevées dans les zones urbaines que dans les zones rurales (à l’exception de Pune). Ceci veut dire deux choses: 1) les écoles de médecine et les cliniques absorbent une partie significative du budget de santé publique, et 2) le budget de santé publique est distribué proportionnellement conformément à la population de ce district et encore mieux distribué dans les zones rurales.
Inequidades dans les dépenses hospitalières de district et efficacité utilitaire – Dans la grande majorité des hôpitaux, le taux d’occupation des lits, “Bed Occupancy Ratio”, (TOL) a diminué entre 1998 et 2007. Il y a moins d’hôpitaux avec un TOL supérieur à 80. Les services déficients offerts par les institutions de santé publique affectent leur utilisation. Ce fait a été corroboré par des enquêtes réalisées par la “National Sample Survey Organization.” C’est pourquoi il y a un besoin urgent d’investir des ressources dans le système de santé publique pour revitaliser les services avec des ressources humaines suffisantes.
L’auteur remercie les apports au projet de : Ravi Duggal, Prashant Raymus, Abhay Shukla, et Nilangi Sardeshpande pour la conception du projet ; Prashant Raymus et Rahul Gosawi pour la collecte d’informations; Deepali Yakkundi et Rashmi Padhye pour capturer les informations; et Prashant Raymus et Ravi Duggal pour écrire le rapport.
[1] Les dépenses en santé publique se divisent en cinq départements – Santé publique, Bien-être familial, Sécurité sociale et bien-être, Secrétariat social, et Recensement et statistiques. Les deux fonctions les plus importantes sont Santé publique et Bien-être familial avec des ressources assignées conformément à un taux de 85:15 en 2000-01. Dans la dernière décennie, les dépenses de la première ont augmenté rapidement et atteint un 89%.
Pour davantage d’informations, contacter Nilangi Nanal [email protected].
Reconstruction suite au séisme au Pakistan: le cas de la campagne de la Fondation Omar Asghar Khan par Dr. Pervez Tahir
Le tremblement de terre dévastateur qui a secoué la région de Hazara et la province d’Azad Kashmir au Nord-Ouest du Pakistan en octobre 2005 a généré un flux d’assistance financière pour la reconstruction et la réhabilitation dans les zones affectées. Trois ans plus tard, beaucoup de personnes manquaient de logement approprié ou d’infrastructure publique de base. Ceci est en partie la conséquence des promesses non respectées du gouvernement et de la lenteur dans les projets de reconstruction. Cette étude de cas décrit comment une large coalition d’organisations de la société civile (OSC) et de citoyens a organisé une campagne pour relancer les efforts de reconstruction au Pakistan. La campagne a été dirigée par la fondation de développement Omar Asghar Khan, une OSC qui implique les gens du Nord-Ouest de la région dans des efforts pour assurer leurs droits de subsistance et humains. Pour lire ce rapport, aller sur:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-Case-Study-OAKDF-Summary_French.pdf.
Réformes pour la qualité de l’éducation: le cas de la campagne de HakiElimu de 2005-2007 par Ayub Rioba et Debbie Budlender
HakiElimu est une organisation de la société civile en Tanzanie qui travaille pour garantir que tous les enfants du pays reçoivent une éducation de base de haute qualité. En développant son programme stratégique pour 2004-2007, HakiElimu observe des améliorations au niveau des inscriptions mais a identifié un manque d’attention porté à la qualité de l’éducation. Cette étude de cas décrit la Campagne qui a impulsé les améliorations dans les écoles de Tanzanie. Pour lire cette étude de cas, aller sur https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-Case-Study-HakiElimu-Summary_French.pdf.
Afrique du Sud: la société civile utilise l’analyse et l’incidence budgétaires pour améliorer la vie des enfants pauvres, par Neill Overy
En Afrique du Sud, une large gamme d’organisations de la société civile et de coalitions ont été centrales dans les efforts post-Apartheid de protection des enfants vulnérables à travers les bourses de sécurité sociale. Cette étude de cas décrit comment les efforts persistants de campagne de ces organisations ont contribué à différents changements politiques et budgétaires lors de la dernière décennie, comme l’élévation de la date limite pour la bourse de soutien infantile “Child Support Grant.” Pour lire cette étude de cas, aller sur https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-Case-Study-CSG-Summary_French.pdf.
Guide citoyen pour le budget, par Marijana Bađun, Institute of Public Finance
La seconde édition de A Citizen’s Guide to the Budget publiée par l’“Institute of Public Finance” en Croatie est déjà disponible. Les citoyens, les membres du parlement, les membres des assemblées représentatives et les conseils des villes et communes ignorent parfois la différence entre le budget national, le budget gouvernemental général et le budget gouvernemental général consolidé. Ce guide s’adresse à toute personne souhaitant comprendre le processus budgétaire en Croatie et apprendre les concepts budgétaires de base. Il est également utile pour les organisations de la société civile et activistes d’autres pays en tant que modèle pour produire un guide similaire dans leur contexte.
Le guide est disponible en croate et en anglais et est divisé en trois parties. La première partie offre des informations générales du budget et discute des usagers, des fonctions, des principes, de la structure et du compte des entrées et sorties du budget national. Dans cette partie est étudié le budget central consolidé, suivi de descriptions des budgets locaux, leurs usagers, entrées, sorties et des implications de la dette publique. La deuxième partie se concentre sur les principaux acteurs et phases du budget. La troisième partie explique comment utiliser les informations des deux parties antérieures dans les activités de suivi des budgets. Les auteurs utilisent des données du budget de Croatie 2009, en utilisant des graphiques qui illustrent les tendances générales dans les finances publiques de Croatie pour identifier les faiblesses du système budgétaire de Croatie.
Le guide est un outil de combat contre la corruption puisqu’il promeut l’accès à des informations budgétaires inclusives. D’après les mots des auteurs, « notre objectif est de disposer de finances publiques sensées, efficaces et équitables conformément à nos possibilités et besoins. Pour y arriver, nous avons besoin de politiques publiques fondées sur la responsabilisation gouvernementale à tous les niveaux. Le principal réquisit pour cette responsabilisation, c’est la transparence. Par conséquent, qui, sinon nous-mêmes, les citoyens, exigeront cette transparence?»
Les journalistes peuvent tirer profit du guide pour mieux comprendre ces thèmes et les présenter à leurs lecteurs, et les organisations de la société civile peuvent l’utiliser pour promouvoir les droits de groupes marginaux et la lutte contre la corruption. En fin de comptes, le guide doit motiver tous les citoyens à être plus actifs dans le processus budgétaire et demander l’accès aux informations budgétaires.
Pour voir le guide, aller sur: http://www.ijf.hr/eng/budget-guide/guide-2009.pdf.
La fin de l’assurance? L’assurance populaire du Mexique, 2001-2007, par Jason M. Lakin, International Budget Partnership
Les réformes au système de santé qui introduisent des principes des assurances dans le système de santé public (comme l’assurance nationale de santé, les marchés internes et la séparation entre acheteurs et fournisseurs) se sont popularisées ces deux dernières décennies. Mais on en sait peu, cependant, sur les complexités politiques pour transformer les services de santé existants en systèmes d’assurances de santé dans les pays en voies de développement. Le programme de l’Assurance populaire au Mexique a été introduit en 2003 avec l’intention de changer radicalement le système national des services de santé et d’en faire une assurance de santé.
L’assurance populaire a attiré l’attention internationale et est considérée comme un modèle à suivre pour d’autres pays. Cependant, peu a été écrit sur le processus politique à l’origine de la réforme ou sur les difficultés de son implantation. Cette article comble ce vide et offre une évaluation du contexte de réforme, ainsi que du processus de formulation, d’adoption et d’implantation de l’assurance populaire. Alors que la réforme a amélioré le service de santé publique au Mexique, elle n’a pas permis de transformer le service de santé en une véritable assurance. La réforme institutionnelle limitée s’est répercutée sur le manque de fonds de l’assurance. Le cas mexicain est un avertissement pour toutes les petites réformes qui souhaitent transformer les services de santé en systèmes d’assurances de santé.
Pour lire le travail, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/The-End-of-Insurance-Mexicos-Seguro-Popular-2001-2007.pdf.
Budget, Etat et gens: processus budgétaire, société civile et transparence en Angola, par Jan Isaksen, Inge Amundsen, et Arne Wiig, avec Cesaltina Abreu, Chr. Michelsen Institute
Le rapport récent du “Chr. Michelsen Institute” Budget, State and People: Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola décrit l’état de la transparence budgétaire en Angola et identifie des obstacles et opportunités pour davantage de transparence et participation publique dans le budget d’Angola. Les auteurs décrivent les systèmes et processus budgétaires de façon générale avant d’aborder le budget, le niveau de transparence et la société civile en Angola.
Dans la première partie, le rapport révise les fonctions et aspects historiques du processus budgétaire d’Angola et le rôle d’institutions de l’Etat (comme le parlement et l’exécutif) dans le budget. La section suivante décrit les différentes phases du cycle budgétaire en Angola et identifie des points faibles et tentatives d’améliorations. Est soulignée l’importance de la transparence dans un pays riche en ressources naturelles comme l’Angola.
La société civile peut jouer un rôle actif et crucial tout au long du processus budgétaire, en assignant des fonds publics ou en surveillant les dépenses du gouvernement. Les auteurs expliquent comment impliquer la société civile dans le processus budgétaire. Ils offrent également des exemples du travail budgétaire de la société civile en Angola. Les conclusions et recommandations mettent l’accent sur le besoin de réformes démocratiques et institutionnelles et signalent les faiblesses du processus budgétaire en Angola (spécialement concernant la transparence et la corruption. Les recommandations incluent:
- une révision du système budgétaire en Angola, en se concentrant sur les éléments de base de la prestation de services publics, c’est-à-dire, transparence et participation citoyenne;
- des groupes de la société civile intéressés pour comprendre et travailler sur des thèmes de gestion des finances publiques; et
- une réorganisation des activités budgétaires d’institutions financières internationales pour se concentrer sur leurs impacts et travailler avec les gouvernements sur le renforcement de la transparence et de la vigilance du budget.
Pour voir ce travail en anglais ou portugais, aller sur http://www.cmi.no/publications/publication/?2706=budget-state-and-people-budget-process
Applications pratiques pour un agenda d’efficacité de l’aide financière. Eléments pour l’harmonisation des informations de l’aide avec les budgets nationaux des pays récepteurs, par Samuel Moon avec Zachary Mills
L’aide des donateurs représente une source importante de fonds pour de nombreux pays qui luttent pour satisfaire les besoins de leur population et renforcer leur économie. Que se passe-t-il quand l’aide ne respecte pas le processus budgétaire et ne s’aligne pas avec les priorités du gouvernement? Et que peut-il être fait pour améliorer cet alignement, soutenir les bonnes pratiques, processus et décisions du budget et augmenter la transparence et la responsabilisation? L’IBP et “Publish What You Fund” ont publié ce travail qui explore les liens entre l’assistance et les budgets.
Le travail publié par l’“Overseas Development Institute” documente les similitudes sur comment se documente l’assistance dans les budgets nationaux de 14 pays récepteurs d’aide, en utilisant deux systèmes de codes budgétaires internationaux. Ainsi, il offre un système générique pour classifier la quantité et l’utilisation de l’aide qui correspond le mieux aux structures administratives des pays étudiés. Finalement, le travail recommande des stratégies pour augmenter la transparence des informations de l’aide financière, surtout celle qui n’est pas dépensée à travers les systèmes budgétaires des pays récepteurs.
Pour lire ce travail, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/AidEffectivenessAgenda.pdf.
by soapbox | May 1, 2010
Budget Transparency and the Millennium Development Goals (MDGs)
What Are Governments Spending on the MDGs? Petition to Demand Budget Transparency by Helena Hofbauer, International Budget Partnership
Budget Analysis and Advocacy Can Close the Accountability Gap by Manuela Garza, International Budget Partnership
Government Roles and Responsibilities and Accountable Budgeting
A Review of the International Monetary Fund’s Paper on Budget Institutions and Fiscal Performance in Low-Income Countries by Dr. Diego Angemi, International Development Expert
What Is Wrong with Constituency Development Funds? by Albert van Zyl, International Budget Partnership
Budgets and Health
Advocates Seek to Improve Spending for Maternal Health in Nigeria by Abdulhamid Abdullahi Bagara and Zainab Muhamad Dayyab, Community Health & Research Initiative
Health Equity and Rights Watch in Maharashtra by Nilangi Sardeshpande, Support for Advocacy and Training to Health Initiatives
Case Studies on the Impact of Civil Society Budget Analysis and Advocacy
Earthquake Reconstruction in Pakistan: The Case of the Omar Asghar Khan Development Foundation’s Campaign by Dr. Pervez Tahir
Quality of Education Reforms: The Case of HakiElimu’s Campaign of 2005-2007 by Ayub Rioba and Debbie Budlender
South Africa: Civil Society Uses Budget Analysis and Advocacy to Improve the Lives of Poor Children by Neill Overy
New Publications
A Citizen’s Guide to the Budget by Marijana Bađun, Institute of Public Finance
The End of Insurance? Mexico’s Seguro Popular, 2001-2007 by Jason M. Lakin, International Budget Partnership
Budget, State, and People: Budget Process, Civil Society, and Transparency in Angola by Jan Isaksen, Inge Amundsen, and Arne Wiig, with Cesaltina Abreu, Chr. Michelsen Institute
Practical Approaches to the Aid Effectiveness Agenda. Evidence in Aligning Aid Information With Recipient Country Budgets by Samuel Moon with Zachary Mills, International Budget Partnership and Publish What you Fund
Job Announcement
Project Manager Position with Global Integrity
What Are Governments Spending on the MDGs? Petition to Demand Budget Transparency by Helena Hofbauer, International Budget Partnership
The Ask Your Government Campaign is an effort to examine what happens when citizens request from their governments specific budget information related to development issues, including issues addressed in the Millennium Development Goals (MDGs). Over the past four months, civil society organizations in 84 countries have simultaneously posed to their government six questions related to MDGs 5, 7, and 8. [1] Two of the information requests inquire about expenditures on training midwives and the procurement of drugs to reduce maternal mortality. Two questions focus on the predictability and volatility of development aid, and the final two questions focus on government expenditures on environmental protection agencies and fossil fuel subsidies.
Without public access to budget information about government actions to realize the MDGs, citizens, civil society organizations, other stakeholders, and even the UN itself are prevented from holding governments and donors to account. In the lead up to the MDG Summit in 2010, UN Secretary General Ban Ki-moon recently released a draft Joint Action Plan that highlights the concern for ensuring greater accountability in the process of achieving MDG goals 4 and 5.
We believe that the Secretary General has an opportunity, once again, to provide leadership toward the realization of the inclusive ideals of the MDGs. His proposed Joint Action Plan and call for greater accountability in the MDG process can be strengthened by incorporating requirements that governments provide detailed and comprehensive budget information on their development commitments. This can be achieved by the upcoming UN MDG Summit taking the following actions:
- Require countries to consistently include additional budget information in the annual MDG country reports. Governments currently must generate measurable indicators of progress toward the MDGs under the UN’s DevInfo system (an electronic platform for gathering and generating statistical information specifically related to progress on the MDGs). The budget information that should be required should include budgeted allocations and actual expenditures on key interventions that are linked to these indicators.
- Require all regional- and international-level MDG reports to include annual budget information on government efforts to realize each goal from 2011 to 2015, through an addendum to the MDG reporting guidelines.
- Include measures of budget transparency, such as the Open Budget Index, as an indicator of progress toward realizing the MDGs.
- Provide technical support to governments on how to meet these requirements for reporting budget information, as part of the technical assistance activities for MDG tracking.
- Require donor countries to publish information on their MDG-related funding.
For more information contact, Helena Hofbauer at [email protected]
[1] The effort is coordinated by the International Budget Partnership and involves 84 country-level implementing partners, and 11 international partners – the White Ribbon Alliance, Family Care International, Averting Maternal Death and Disability Program at Columbia University; Publish What You Fund, Oxfam USA, Oxfam Novib, Development Initiatives; World Resources Institute, International Institute for Sustainable Development, Access Info Europe, and the Center for Law and Democracy.
Budget Analysis and Advocacy Can Close the Accountability Gap by Manuela Garza, International Budget Partnership
As part of the United Nations’ Millennium Development Goals (MDGs) process, governments have made maternal health a policy priority. However, this priority is not always reflected in governments’ budgets and service delivery. There are many reasons why a government may not fulfill its obligations, including a lack of political will, insufficient resources, or a lack of formal accountability mechanisms. Citizens and civil society organizations (CSOs) can play an active role in holding their governments accountable for managing public resources effectively in order to meet their policy priorities. They also can monitor and accelerate progress toward development goals through budget analysis and advocacy. In the case of maternal mortality, citizens and CSOs can:
- analyze trends in public spending for health against other policy areas, commitments, and needs;
- monitor leakages in the flow of resources from one level of government to the next to see how much of the original allocations actually reach the ground (especially important in decentralized systems);
- track the procurement of goods and provision of services against budget allocations, using such tools as expenditure tracking;
- monitor if the health services provided reflect reported spending, including the quantity and quality of service delivery, using such tools as social audits; and
- Use analysis techniques like “costing” to estimate the cost of specific services that are needed or to evaluate whether these services have been budgeted for adequately.
These activities can be very effective; monitoring resource flows and tracking expenditures can help reduce mismanagement and corruption. Citizen engagement through the budget process not only involves people directly in decisions that affect their lives but can shift the balance of power between the government and the people. It can also enhance citizens’ ability to hold governments accountable to their commitments.
As part of the International Budget Partnership’s (IBP) Ask Your Government Campaign, CSOs in 84 countries have requested information from their governments about how much of the budget is being allocated to fulfilling development commitments, including improving maternal health. As of June 2010 only 27 governments have provided some information about their investment in lifesaving interventions linked to maternal health. These preliminary results indicate that with only five years left to achieve the MDGs, the fight against maternal mortality needs to be reframed in budget terms.
Civil society needs to engage governments to push them to provide comprehensive budget information. CSOs can demand not only more resources but sustainable allocations that are spent efficiently and transparently. The effective use of budget analysis and advocacy can help civil society to close the accountability gap that exists in far too many countries by monitoring, and demanding improvements in, how governments are spending public money to reduce maternal mortality and alleviate poverty.
For more information on the IBP’s Ask Your Government Campaign, go to: https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/international-advocacy/ask-your-government/.
A Review of the International Monetary Fund’s Paper on Budget Institutions and Fiscal Performance in Low-Income Countries by Dr. Diego Angemi, Development Economist
The International Monetary Fund (IMF) recently released Budget Institutions and Fiscal Performance in Low-Income Countries, which examines the formulation of multidimensional indicators to use in analyzing the quality of budget institutions in low-income countries. These indicators allow the fiscal performance of low-income countries to be benchmarked against that of middle-income countries, according to their institutional arrangements for good fiscal performance.
The analysis makes a significant contribution to solid theoretical and empirical evidence that suggests that institutional arrangements governing budget processes have a positive impact on fiscal outcomes. More specifically the study indicates that “for low-income countries, budget procedures that facilitate external monitoring are more credible mechanisms for ensuring proper fiscal responses than procedures that facilitate government self-monitoring. This may reflect the absence of adequate institutional checks and balances to hold executive branches accountable for observing (and complying with) budget rules and controls. In other words, procedural checks and balances in the budget — in the absence of deeper checks and balances in the political system — are not effective. A further possible implication of this is that in low-income countries, greater centralization of the budget process in the hands of the executive — in the absence of strong transparency requirements and public oversight — may be actually counterproductive for fiscal discipline.”
Debate over government budget transparency is uncommon in many low-income countries, despite the importance of access to budget information to discuss whether the budget is working in favor of people’s needs. Malawi provides an example of a country where the patronage powers of the head of state have effectively neutralized the independent effectiveness of other political and state institutions, including political parties, parliament, the judiciary, and the security services. [1]
The President of Malawi’s recent announcement that the Youth Enterprise Development Fund be allocated to members of his political party and the purchase of a presidential jet last year suggests a chronic lack of transparency in the budget process. In addition, parliament’s role appears to be subject to the will of the head of state, as evidenced by the tendency to promote parliamentary debate only when the outcome is a foregone conclusion. When the ruling Democratic Progressive Party (DPP) did not hold a parliamentary majority in the 2007-08 and 2008-09 financial years (FYs), budget revisions were implemented prior to parliamentary approval. In contrast for FY 2009-10, when the DPP had an outright majority, the process for legislative approval as set out in law was followed.
Other factors that hinder political debate in Malawi include hierarchical political structures, power imbalances, and acceptance of subordination to those in power. Hierarchy is expected and inequality is anticipated in social relationships, which explains why in Malawi — and in many other low-income countries — the budget is received as an instruction, rather than an instrument for public debate.
This suggests that domestic demand for budget transparency does not exist in these contexts; rather demand originates purely from donor requirements. In this respect then, the authors’ analysis of the relationship between budget institutions and fiscal performance in low-income countries stands the test of empirical verification. However, their analysis does not substantiate the types of nontraditional interventions that are needed to establish more adequate institutional checks and balances that could hold the executive accountable for observing — and complying with — budget rules and controls.
This shortcoming matters when trying to unpack the dynamics of fiscal performance in low-income countries. Traditional measures to instill quality control mechanisms (i.e., conditionalities tied to aid) in budget processes often result in more opaque practices. One of the single most important, and common, conditionalities placed on many recipient governments is compliance with an IMF-sponsored economic program. Such programs provide regular assessments of governments’ macroeconomic and fiscal management. In addition to determining whether governments are eligible to receive loan financing from the IMF, these assessments serve as trigger mechanisms for other donor disbursement commitments.
A frequent key fiscal target in IMF programs centers on domestic borrowing. This conditionality aims to prevent the re-accumulation of high levels of debt following participation in the Heavily Indebted Poor Countries Initiative. Given the stakes involved in complying with these IMF programs, government officials face incentives to undertake activities to reduce budget transparency. Such practices may include building up payment arrears, keeping debts in state-owned institutions, and setting up separate treasury funds that are not reflected in budget documents. Such activities weaken the transparency of the budget system but make it easier to hit borrowing targets.
In the absence of public oversight, local and international initiatives, including current and future research efforts, promote opportunities to stimulate the public’s demand for open policy dialogues to enhance budget transparency and fiscal accountability. Non-traditional interventions provide an important avenue to create more suitable systems for fiscal transparency and accountability. Analytical efforts to construct and test such interventions must strike a better balance between the technical and political aspects of budget formulation and implementation. In the wake of the increasing importance of emerging partners such as China, political dynamics threaten to undermine the technical nature of the budget process. Chinese aid is unlikely to feature on any national budget, and any attempt to analyze the quality of budget institutions in recipient countries ought to recognize the censored nature of official data. Finally, targeted high-level political consultations may provide a more pragmatic way to fill this techno-political void by holding the executive accountable for complying with budget regulations.
For more information, contact Dr. Diego Angemi at [email protected].
[1] See Booth, Cammack D., Harrigan J., Kanyongolo E., Mataure M., Ngwira N., 2006, Overseas Development Institute (ODI) Working Paper No. 261, London (2006)
What Is Wrong with Constituency Development Funds? By Albert van Zyl, International Budget Partnership
Constituency Development Funds (CDFs) are funding arrangements that channel money from central government directly to electoral constituencies for local infrastructure projects. Decisions about how these funds are allocated and spent are heavily influenced by elected members of parliament (MPs). [1,2] The degree to which these funds are controlled by parliamentarians, and the degree to which local citizens participate in them, vary from country to country. But the defining feature of CDFs is that MPs have substantial control over the distribution and application of centrally allocated funds, a significant break from their primary lawmaking and oversight roles.
CDFs have a negative impact on accountability and service delivery that most poor countries can ill afford. The risks associated with CDFs should be taken more seriously by governments, donors, civil society organizations, and other actors involved in the development process. They should actively discourage their adoption in countries where CDFs are being considered and promote other options for strengthening legislatures and improving local project delivery that could be more effective. In addition, MPs should resist the temptation of jumping into the task of managing and spending the budget and rather focus on the more sustainable processes of holding the executive to account for service delivery.
Spread of CDFs Not Supported by Evidence
Comparatively little is known about CDFs. In fact it is surprising that policymakers have been prepared to adopt them, given the absence of research on their long-term impact in countries with well-established CDF schemes like Pakistan, the Philippines, and India.
Despite the dearth of research supporting these funding mechanisms, CDFs are spreading rapidly. To date at least 23 countries have adopted or are considering adopting CDFs: Bhutan, Ghana, Honduras, India, Jamaica, Kenya, Liberia, Malawi, Malaysia, Mongolia, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Rwanda, Solomon Islands, Southern Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, and Zimbabwe.
CDFs also grow very rapidly in size once they are introduced. In the Philippines allocations to members of congress have increased almost six fold since its CDF was introduced in 1990. In Zambia the size of the CDF has grown from 60 million Kwacha when it was introduced in 2006 to 666 million Kwacha in 2010. In Kenya the CDF was introduced at 2.5 percent of the national government’s ordinary revenue and has grown along with the overall size of the government budget.
Table 1: Amounts allocated per MP in USD
| GDP (billion USD) | Average Amount Allocated per MP (USD) |
| Philippines | $ 166.91 | $ 4,270,001 |
| Bhutan | $ 3.76 | $ 43,000 |
| Solomon Islands | $ 1.57 | $ 140,000 |
| Kenya | $ 34.51 | $ 794,464 |
| Malaysia | $ 194.93 | $ 577,951 |
| Jamaica | $ 15.07 | $ 456,361 |
| India | $ 1217.49 | $ 420,790 |
| Sudan | $ 58.44 | $ 317,543 |
| Pakistan | $ 168.28 | $ 240,000 |
| Malawi | $ 4.27 | $ 21,352 |
| Tanzania | $ 20.49 | $ 13,761 |
| Uganda | $ 14.53 | $ 5,187 |
Source: Hickey A. 2009 and Center for International Development 2009
It has been argued that CDFs can address a number of development and governance challenges that many countries face. They purportedly:
- ensure project delivery in the face of ineffective and corrupt local government structures;
- bypass central bureaucracies and channel funding directly to community level,
- enable the participation of the local population in the choice of which local infrastructure is delivered;
- empower the legislature by allowing them to allocate and spend money independently of the executive; and
- allow MPs to respond directly to concrete demands from their constituents, something that they may not be powerful enough to make the executive do.
These arguments in favor of CDFs are appealing, yet there are many critics of CDFs, as well. Though CDFs have made the headlines largely because of corruption and political manipulation associated with them, we believe that there are three more fundamental deficiencies built into the design of these schemes. [3]
- CDFs may breach the key democratic principle of the separation of power by conferring the executive function of budget execution on the legislature.
- As a result of this breach, CDFs may compromise the ability of legislatures to represent the electorate and to oversee the work of the executive.
- By skewing resource allocation and project selection and oversight, CDFs also may have a negative impact on governments’ capacity to contribute to service delivery and development, especially at the local government level.
For more information, contact Albert van Zyl at [email protected].
[1] The term “MP” refers to legislature members in commonwealth or parliamentary systems. With the exception of limited cases like the Philippines and Honduras, most CDFs are found in commonwealth countries. For this reason we refer to elected legislators as MPs in this article.
[2] The Center for International Development (2009) offers a slightly wider definition of CDFs: “Constituency development fund is the generic name for a policy tool that dedicates public money to benefit specific political subdivisions through allocations and/or spending decisions influenced by their representatives in the national parliament.” The definition that we use here refers more specifically to unallocated transfers to constituencies that MPs allocate to projects at their discretion.
[3] A recent Google search resulted in 120,000 hits for CDFs, many of which are newspaper reports of corruption.
Advocates Seek to Improve Budget Allocations for Maternal Health in Nigeria by Abdulhamid Abdullahi Bagara and Zainab Muhamad Dayyab, Community Health & Research Initiative (CHR)
In March 2008 Community Health and Research Initiative (CHR) started a three year project for “Repositioning the Commitment of 10 Local Government Authorities (LGAs) and State Government in Addressing Maternal Morbidity and Mortality in Kano State of Nigeria through Improved Budget Allocation and Service Delivery.” The goal of the project is to improve budget allocations and ensure high-quality and efficient services to reduce maternal morbidity and mortality in Kano through advocacy, capacity building, and social mobilization. The 10 LGAs targeted in the project are: Bichi, Dala, Danbatta, Gwale, Gwarzo, Minjibir, Rano, Tsanyawa, Tudun, Wada, and Wudil. CHR is working on this effort with the Kano State Ministry of Health and Hospital Management Board. The project’s activities include:
- capacity building and training of community-based organizations on advocacy and community mobilization;
- Establishing or strengthening health facilities committees to support three selected primary health centers in the 10 targeted LGAs;
- assessing the impact of the free maternity services program in Kano; and
- analyzing the state budget from 2007-2010 to gather evidence to support CHR’s advocacy activities related to maternal health.
CHR’s advocacy efforts include regular interactions with the media (e.g., Radio Kano, which broadcasts to 19 Northern states and the nationwide Dailytrust newspaper) to discuss promises made by policymakers. CHR’s research on the impact of Kano’s free maternity service program – in collaboration with the state government’s maternal health services – led to recommendations such as the introduction of a Patient’s Satisfaction Questionnaire to get feedback for providers to improve their services. In addition CHR offers technical assistance to community-based organizations working at the local government level on advocacy strategies to increase budget allocations on maternal health and improve the supervisory system and drug supply in the health sector for better service delivery. These efforts have led to the:
- introduction of patients’ satisfaction questionnaires in the maternity wards of two secondary health centers to gather information for improving the quality of care;
- participation of organizations of health professionals in the free maternity services committee;
- improvements in the monitoring and supervision of health facilities;
- purchase of an ultrasound scanning machine (the first in Kano), thereby reducing waiting time for women in emergency obstetric conditions;
- provision of an ambulance and ultrasound scanning machine at Bichi General Hospital;
- construction of a new maternity unit in the community of Getso in Gwarzo; and
- provision of an ambulance and free antenatal care drugs, including magnesium sulphate, and the construction of a borehole to access clean water at the Umma Zaria Health Clinic in Dala.
For more information, contact Abdulhamid Abdullahi Bagara at [email protected].
Health Equity and Rights Watch in Maharashtra by Nilangi Sardeshpande, Support for Advocacy and Training to Health Initiatives
In collaboration with the Center for Enquiry into Health and Allied Themes, the Support for Advocacy and Training to Health Initiatives (SATHI) conducts budget analysis to address inequity issues in health care through its project “Maharashtra Health Equity and Rights Watch,” established in 2005. The project monitors gaps in access to health care in Maharashtra to support advocacy for equity-oriented health sector reform and health rights. The project’s research aims to:
- examine the trends of the total budget allocation and expenditure of select districts in Maharashtra;
- document the proportion of the health allocation and expenditure to the total expenditure in the budget;
- measure the budget’s impact by linking budget expenditure with health care utilization data;
- compare health facilities across the state; and
- study health budget expenditure inequities between districts.
Administrative and financial information at the district and facility level was gathered and cross-checked with data from the Office of the Accountant General in Maharashtra and other state offices. Data from performance budgets (e.g., the Public Health Department and the Medical Education and Drugs Department), Zilla Parishad (ZP) budget documents, ZP annual account documents, district progress reports, and annual district plans were compiled and analyzed, as well. The key findings include:
Per Capita Expenditure on Social Services at District Level – Districts in less-developed areas of Maharashtra have higher per capita expenditure on social services than those in developed areas. This can be because less-developed districts receive additional funds under programs such as the Tribal Sub Plan. In addition, more-developed districts spend considerable funds from the municipal budgets that are not reflected in the state budget. Although the per capita spending is higher in the less-developed districts, these expenses have not translated into better social sector services. In fact these districts have higher infant and maternal mortality rates.
Total Expenditure on Public Sector Health Care – Although government spending has increased in real terms from 2001-2007, the health budget has declined from 4 percent in 2001-2002 to 3.6 percent in 2007-2008. This may be connected to the National Rural Health Mission (NRHM) program launched in 2005 by the central government that allocated funds to health care services in the state. Half of these funds are off-budget and not accounted for in the state budget. This shows that although the NRHM aimed to improve health services the state government reduced its expenditure.
District Variation in Per Capita Health Expenditure – Districts in less-developed areas of Maharashtra have higher health per capita expenditure than those in more-developed areas. This could be the result of high population density in developed districts and the recent increase in investments in less-developed districts. Such additional investments are allocated under programs like the Tribal Sub Plan and are sometimes made through the central government – often on the capital account – although the major share is borne by state government.
Rural-Urban Differences in Heath Expenditures – In the rural-urban distribution of health expenditures most districts show higher per capita spending in urban areas. At the state level urban areas have higher per capita health care expenditures. However, there are districts with higher expenditures in rural areas. These are mostly districts without government medical colleges and tertiary facilities with higher urban than rural expenditures (except for Pune). This means two things: 1) medical college and hospitals absorb a substantial portion of the public health budget, and 2) the public health budget is more proportionately distributed as per the population ratio of that district and even more generously distributed in rural areas.
Inequities in District Hospital Expenditure and Efficiency of Utilization – In an overwhelming majority of hospitals the Bed Occupancy Ratio (BOR) has declined between 1998 and 2007. There are fewer hospitals with BOR greater than 80. The poor services provided by public health institutions declines its utilization. Surveys conducted by the National Sample Survey Organization also support this. Hence the urgent need to invest resources in the public health system to revive the existing services with adequate human resources.
The author acknowledges the following contributors for their participation in this project: Ravi Duggal, Prashant Raymus, Abhay Shukla, and Nilangi Sardeshpande for project design; Prashant Raymus and Rahul Gosawi for data gathering; Deepali Yakkundi and Rashmi Padhye for data entry; and Prashant Raymus and Ravi Duggal for report writing.
For more information, contact Nilangi Nanal at [email protected].
Earthquake Reconstruction in Pakistan: The Case of the Omar Asghar Khan Development Foundation’s Campaign by Dr. Pervez Tahir
The devastating earthquake that shook the Hazara region and the Azad Kashmir province in Northwest Pakistan on October 2005 led to a flood of donor money for reconstruction and rehabilitation in the affected areas. Three years later many people were still without adequate housing or critical public infrastructure. This is partly the result of unfulfilled government promises and the slow pace of reconstruction projects. This case study describes how a large coalition of civil society organizations (CSOs) and citizens embarked on a campaign to jump start Pakistan’s efforts to rebuild. The campaign was led by the Omar Asghar Khan Development Foundation, a CSO that engages people in the Northwest region in efforts to secure their human and livelihood rights. To read this case study, go to:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-case-study-OAKDF-summary.pdf.
Quality of Education Reforms: The Case of HakiElimu’s Campaign of 2005-2007 by Ayub Rioba and Debbie Budlender
HakiElimu is a civil society organization in Tanzania that works to ensure that all the country’s children receive high-quality basic education. When developing its Program Strategy for 2004-2007, HakiElimu noted improvements in enrollment levels but identified a lack of attention to education quality. This case study describes the campaign that led to improvements in Tanzania’s schools. To read this case study, go to:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-case-study-HakiElimu-summary.pdf.
South Africa: Civil Society Uses Budget Analysis and Advocacy to Improve the Lives of Poor Children by Neill Overy
In South Africa a range of civil society organizations and coalitions have been central to post-Apartheid efforts to protect vulnerable children through social security grants. This case study describes how the persistent campaigning of these organizations has contributed to significant budget and policy changes over the last decade such as the expanded eligibility for the Child Support Grant. To read this case study, go to:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/LP-case-study-CSG.pdf.
A Citizen’s Guide to the Budget by Marijana Bađun, Institute of Public Finance
The second edition of A Citizen’s Guide to the Budget published by the Institute of Public Finance in Croatia is now available. Ordinary citizens, members of parliament, members of county assemblies, and city and municipal councils sometimes ignore the difference between the national budget, the general government budget, and the consolidated general government budget. This guide is directed to anyone who wants to understand the budget process in Croatia and learn basic budget concepts. However, it is also useful to civil society organizations and advocates in other countries as a model for producing a similar guide for their context.
The guide is available in Croatian and English and is divided into three parts. The first part provides a general definition of the budget and discusses the users, functions, principles, structure, and revenue and expenditure account of the national budget. In this part, the consolidated central government budget is examined, followed by descriptions of the budgets of local units, their users, revenues, expenditures, and the implications of public and general government debt. The second part focuses on the main actors in and stages of the budget process. The third part explains how to use the information from the previous two parts in budget monitoring activities. Wherever possible the authors included data from Croatia’s 2009 budget plan, using graphs that illustrate the general trends in Croatia’s public finances in order to identify weaknesses in Croatia’s budget system.
The guide is a good tool for fighting corruption, as it promotes access to comprehensive budget information. In the words of the authors, “Our goal is to have sound, efficient, and equitable public finances according to our possibilities and needs. To achieve this we need sound public policies based on government accountability at every level. The main prerequisite for government accountability is transparency. So who if not us, the citizens, will demand transparency?”
Journalists can benefit from using this guide to better grasp these topics and present them to their readers, and civil society organizations can use it to promote the rights of marginalized groups and fight against corruption. Ultimately the guide should motivate all citizens to be more active in the budget process and demand access to budget information.
To see the guide, go to: http://www.ijf.hr/eng/budget-guide/guide-2009.pdf.
The End of Insurance? Mexico’s Seguro Popular, 2001-2007 by Jason M. Lakin, International Budget Partnership
Health system reforms that introduce insurance principles into public health systems (such as national health insurance, internal markets, and separation of purchasers and providers) have been popular in the last two decades. Little is known, however, about the political complexities of transforming existing health services into health insurance systems in developing countries. Mexico’s Seguro Popular (Popular Health Insurance) program, introduced in 2003, was an attempt to do exactly this: radically alter the country’s existing health service and convert it into health insurance.
Popular Health Insurance (PHI) has garnered international attention and has been held up as a model for other countries to follow. Yet little has been written about the political process that led to the reform or the difficulties of implementing it. This article fills that gap, offering an assessment of the reform context as well as of the process of formulating, adopting, and implementing it. It argues that, while the reform has improved Mexico’s public health service, it has thus far failed to transform that health service into a true insurance system. Limited institutional reform has also left PHI severely underfinanced. The Mexican case is a cautionary tale for reformers who want to transform extant health services into health insurance systems.
To read the paper, go to: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/The-End-of-Insurance-Mexicos-Seguro-Popular-2001-2007.pdf.
Budget, State, and People: Budget Process, Civil Society, and Transparency in Angola by Jan Isaksen, Inge Amundsen, and Arne Wiig, with Cesaltina Abreu, Chr. Michelsen Institute
The recently released report from the Chr. Michelsen Institute titled Budget, State and People: Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola describes budget transparency in Angola and identifies obstacles and opportunities for greater transparency and public participation in the Angolan budget. The authors describe budget systems and processes generally before discussing Angola’s budget, level of transparency, and civil society.
In its opening section the report looks at the functions and historical features of Angola’s budget process and the role of state institutions (e.g., parliament and the executive) in the budget. The next section details the various phases of the Angolan budget cycle while identifying shortcomings and attempts at improvements throughout. Some emphasis is placed on the increased importance of transparency with Angola’s natural resource-rich economy.
Civil society can play an active and crucial role throughout the budget process, whether in allocating public funds or monitoring government expenditure. The authors explain ways for civil society to get involved in the budget process. They also provide examples of current and potential civil society budget work in Angola. The conclusions and recommendations emphasize the need for democratic and institutional reforms and signal existing weaknesses with the Angolan budget process (especially regarding transparency and corruption) and civil society participation. The recommendations include calling for:
- an overhaul of the Angolan budget system, focusing on basic elements essential for public service delivery (i.e., transparency and citizen participation);
- civil society groups to increase their understanding and work in public financial management issues; and
- international financial institutions to reorganize their budget-related activities to focus on their impacts and work with governments to strengthen budget transparency and oversight.
To see this report in English or Portuguese, go to: http://www.cmi.no/publications/publication/?2706=budget-state-and-people-budget-process.
Practical Approaches to the Aid Effectiveness Agenda. Evidence in Aligning Aid Information With Recipient Country Budgets by Samuel Moon with Zachary Mills
Donor aid is a substantial source of funds for many countries that are struggling to meet the needs of their people and strengthen their economy. What happens when aid bypasses the recipient government’s budget process and is not aligned with the government’s priorities? And what can be done to improve alignment, support good budget processes and decisions, and increase transparency and accountability? The IBP and Publish What You Fund have released a new paper that explores the linkages between aid and budgets.
The paper, written by the Overseas Development Institute, first, it documents similarities in how aid is treated in the national budgets of 14 aid-recipient countries, using two international budget coding systems as standards. Then it offers a generic system for classifying the amount and use of aid that best aligns with the administrative structures of the countries studied. Finally, the paper recommends strategies for increasing the transparency of aid information, particularly aid that is not spent through recipient country budget systems
To read this paper, go to: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/AidEffectivenessAgenda.pdf
