by soapbox | Jan 1, 2010
Fondos de desarrollo de las circunscripciones
Los Fondos de Desarrollo de las Circunscripciones ponen de cabeza a la rendición de cuentas: grupos de la sociedad civil de cinco países planean actividades de incidencia por Jennifer Sleboda, International Budget Partnership
El Fondo de Desarrollo de la Circunscripción en Zambia por Alexander Chileshe, Economics Association of Zambia
La sociedad civil responde al catalizador del fondo de desarrollo de la circunscripción en Tanzania por Semkae Kilonzo, Policy Forum
El fondo para el desarrollo de la circunscripción de la India por Sowmya Kidambi, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan e International Budget Partnership
Salud y presupuestos
El debate del seguro nacional de salud “National Health Insurance” (NHI) en Sudáfrica por Saranne Durham, Idasa y Thokozile Madonko, International Budget Partnership
El presupuesto de salud de India 2010-11: el mal continúa por Ravi Duggal, International Budget Partnership
Presupuesto 2010: un camino escabroso para las finanzas públicas en Sudáfrica por Len Verwey, Idasa
Transparencia presupuestaria y apertura de información
Nueva política de apertura de información del Banco Mundial: ¿Cómo puede la sociedad civil asegurar su debida implementación? por Amy Ekdawi, Bank Information Center
Transparencia presupuestaria en Marruecos: Es Posible… por Elena Mondo, International Budget Partnership
Reto de la información sobre ayuda financiera de Publish What You Fund
Nuevo sistema de monitoreo de proyectos en Kenia: Alcances y límites por Peter Kariuki, Socio-Economic Rights Foundation
Herramientas y recursos en Internet
10 tácticas para convertir la información en acción por Philip Thigo, “Social Development Network” (SODNET)
Nuevo recurso de FAO: paquete metodológico del derecho a los alimentos por Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program
UNIFEM lanza un portal de presupuestos con enfoque de género
Nuevo grupo Google sobre presupuestos participativos
Nueva base de datos del Revenue Watch Institute (RWI) sobre manejo transparente de recursos naturales
Nuevas publicaciones y anuncio
Nueva publicación: “The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs” por Rick Rowden
Nuevo reporte de Publish What You Pay: “Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition” por Mabel van Oranje y Henry Parham
Se solicitan aportaciones para el proyecto de investigación sobre participación ciudadana y acción cívica de combate a la corrupción por Shaazka Beyerle, “International Center on Nonviolent Conflict”
Los Fondos de Desarrollo de las Circunscripciones ponen de cabeza a la rendición de cuentas: grupos de la sociedad civil de cinco países planean actividades de incidencia por Jennifer Sleboda, International Budget Partnership
En febrero 2010 el International Budget Partnership (IBP) reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) de India, Kenia, Pakistán, Tanzania y Zambia en un encuentro de dos días en Washington, D.C., para discutir los Fondos de Desarrollo de las Circunscripciones (FDCs). Un FDC es un esquema de financiamiento descentralizado mediante el cual el gobierno central transfiere fondos a cada circunscripción para proyectos de desarrollo local. Bajo este esquema, los legisladores ejercen control sobre los fondos y la elección de proyectos. Los FDCs les dan a los legisladores la autoridad de implementar programas gubernamentales, violando su responsabilidad constitucional de legislar y vigilar. El objetivo de esta reunión fue compartir información sobre cómo operan los FDCs en los países representados y discutir estrategias para lanzar una campaña que enmiende o termine con los esquemas existentes y detenga su propagación a otros países.
El IBP se ha comprometido a una campaña internacional de incidencia sobre los FDCs en respuesta al gran interés en este tema por parte de la sociedad civil. Muchas organizaciones que colaboran con el IBP ya se están involucrando en campañas en contra de los FDCs debido al papel de los legisladores en el uso de fondos públicos y a que los FDCs promueven actos de corrupción, malos manejos y falta de vigilancia. Estos problemas son críticos conforme aumentan los países que adoptan los esquemas FDCs en todo el mundo (por lo menos 15 países ya han implementado FDCs y muchos más lo están considerando). Además la cantidad de fondos públicos que se destinan a los FDCs continúa creciendo.
Como un primer paso, el IBP comisionó una investigación sobre las características y los problemas con los FDCs existentes. Este trabajo de investigación examina los FDCs en India, Kenia, Pakistán, Filipinas, Tanzania y Uganda. El IBP organizó la reunión sobre FDCs para discutir los resultados de la investigación, aprender más sobre esquemas FDCs específicos de parte de socios de la sociedad civil y desarrollar una agenda de investigación, objetivos y estrategias para una campaña de incidencia. La reunión comenzó con un resumen de los hallazgos de la investigación seguida de presentaciones por parte de socios del IBP:
- Sowmya Kidambi de “Kisan Shakti Sangathan” (MKSS) y del IBP discutió el FDC de India. Establecido en 1994, el esquema le ofrece a cada miembro del parlamento (MP) y miembro de la asamblea legislativa (MLA) US$ 440,000 al año para gastar en proyectos en sus circunscripciones. Los MPs y MLAs tienen el poder de recomendar proyectos de desarrollo a los jefes distritales y seleccionar las localidades para efectuar proyectos favoreciendo a comunidades que votaron por ellos. Los comités de monitoreo no se han creado como lo exige la ley y las cabezas distritales rara vez inspeccionan los proyectos. Asimismo, la falta de coordinación promueve la duplicación de esfuerzos. Hasta la fecha, no existe una campaña en contra del FDC en la India, sólo esfuerzos aislados de parte de organizaciones individuales que trabajan para reformar o desechar el esquema.
- Hussein Khalid de “Muslims for Human Rights” (MUHURI) presentó el caso del FDC de Kenia. Establecido en 2003, el FDC recibe 2.5 por ciento del ingreso total del gobierno al año. Cada MP recibe aproximadamente US$ 1 millón al año para gastar en proyectos de desarrollo en su circunscripción. Los problemas que surgen del FDC incluyen aumento en la corrupción a nivel local, proyectos de segunda debido a la falta de vigilancia y al uso de fondos de desarrollo como una herramienta política. Ante esta situación, MUHURI ha movilizado a comunidades para monitorear los fondos FDC mediante auditorías sociales. MUHURI cree que el FDC puede ser benéfico si los fondos no estuvieran en manos de los MPs y la ley FDC se fortaleciera para prevenir la corrupción y mejorar la vigilancia. MUHURI ha presentado una demanda ante la corte cuestionando la constitucionalidad de los FDCs con base en el papel de los MPs en la administración de recursos públicos.
- Ali Asghar Khan de la “Omar Asghar Khan Development Foundation” habló del FDC en Pakistán, el cual fue establecido en 1985 y es el que tiene mayor tiempo de existencia. Este FDC distribuye más de US$ 19.5 millones—equivalente a 70 por ciento del presupuesto nacional para salud—a los miembros de la asamblea nacional (MNAs) y a miembros de asambleas provinciales (MPAs) cada año. MNAs y MPAs recomiendan proyectos de infraestructura a funcionarios distritales que los entregan a los comités de desarrollo del distrito para su aprobación. La fundación se opone al esquema porque compromete la función legislativa y de vigilancia de los legisladores, perjudica al gobierno local, legitima prácticas clientelares entre los legisladores y sus constituyentes y debilita la rendición de cuentas y la transparencia.
- Semkae Kilonzo de “Policy Forum” e Irenei Kiria de “Sikika” hablaron del nuevo catalizador del FDC de Tanzania (CDCF), que se aprobó por el parlamento en 2009. La sociedad civil se opone al CDCF ya que viola la división constitucional de poderes al darle fondos, directamente, a los legisladores para la implementación de proyectos. “Policy Forum” va a monitorear la implementación del CDCF además de encabezar una campaña para erradicar el esquema. (Para mayor información sobre el CDCF y la respuesta de la sociedad civil, ver “La sociedad civil responde al catalizador del fondo de desarrollo para la circunscripción en Tanzania” abajo.)
- Alexander Chileshe de “The Economics Association of Zambia” (EAZ) presentó el FDC de ese país. Establecido en 1995, el FDC de Zambia aumentó de US$ 13,000 por circunscripción en 2006 a US$ 148,000 en 2010. Los fondos FDC son controlados a nivel local por el legislador que representa la circunscripción. Este esquema se caracteriza por su pobre administración financiera, corrupción y falta de vigilancia. EAZ recomienda que el FDC y las instituciones que lo manejan se sometan a una revisión urgente y que el desembolso de fondos se detenga durante este período. (Para mayor información sobre la respuesta de EAZ al FDC de Zambia, ver “El Fondo de desarrollo para la circunscripción en Zambia” abajo.)
Los participantes de la reunión estuvieron de acuerdo en que a pesar de las variaciones en los esquemas FDC, comparten el problema central de que los legisladores juegan un papel dominante en el control de los fondos de desarrollo, incluso en países en donde los lineamientos de FDC limitan su papel. Los participantes hablaron de la investigación que se necesita para definir o fortalecer sus campañas en contra del FDC en sus países y desarrollar una investigación común y una agenda de incidencia que abarque tres temas que se interrelacionan:
- la violación de la separación de poderes entre la legislatura y el ejecutivo
- la politización del desarrollo debido al control legislativo de la administración de los fondos de desarrollo
- el efecto del FDC en el desempeño de la legislatura, sobre todo su función de vigilancia
Para responder al primer punto, el IBP estuvo de acuerdo en comisionar a un experto para escribir un reporte legal sobre CDFs, detallando cómo transgrede la separación de poderes entre la legislatura y el ejecutivo. Para atender al segundo y tercer puntos, cada socio de la sociedad civil se comprometió a realizar una investigación y a reunir evidencia sobre los retos para el desarrollo causado por el papel de los legisladores en el FDC, así como los retos que impone a la función de vigilancia de la legislatura.
Finalmente, se concluyó que los dos objetivos de una campaña de incidencia sería el de reformar el FDC en países en donde ya existe y de frenar su propagación a otros países. El IBP se comprometió a hacer una investigación para determinar socios internacionales potenciales y metas para la incidencia del FDC.
Lea el reporte del taller sobre fondo de desarrollo para la circunscripción (CDF, por sus siglas en inglés) organizado por The State University of New York Center for International Development (SUNY/CID) del 8-9 de diciembre 2009. El proyecto SUNY/CID comisionó un conjunto de estudios de caso e investigación adicional para explorar el desarrollo y operaciones de los CDFs a nivel internacional.
Para mayor información, contactar a Jennifer Sleboda [email protected].
El Fondo de desarrollo de la circunscripción en Zambia por Alexander Chileshe, “Economics Association of Zambia”
El Fondo de Desarrollo de la Circunscripción (FDC) en Zambia fue aprobado por el parlamento en 1995 para financiar proyectos comunitarios para la reducción de la pobreza. Bajo esta iniciativa, el gobierno asigna fondos de desarrollo cada año a las 150 circunscripciones en el país. Estos fondos están bajo el control de los miembros del parlamento (MPs), quienes también son miembros de los comités de desarrollo locales (CDC) que revisan y recomiendan las propuestas de proyectos para los CDF.
Conforme a los lineamientos del FDC, los CDC reciben propuestas de proyectos desde los subdistritos—comités de desarrollo, comités de desarrollo residencial y representantes comunitarios—y los asigna al subcomité de planeación del comité distrital de desarrollo para su valoración antes de recomendar propuestas al consejo del distrito.
Cada consejo distrital está obligado a incluir fondos FDC para proyectos de desarrollo local en sus presupuestos. El FDC está inmerso en la política de descentralización del gobierno. Por eso representa una de las transferencias de fondos más significativas hacia los consejos distritales. Los consejos están obligados a rendir cuentas por estos fondos conforme a la ley del gobierno local de Zambia de 1996.
El FDC en Zambia ha crecido aproximadamente de US$ 13,000 por circunscripción en 2006 a US$ 148,000 en 2010 y el interés por aumentar esta cantidad ha aumentado todavía más. Durante la campaña presidencial 2008, el Presidente Rupiah Banda prometió aumentar el FDC a aproximadamente US$ 225,000 por circunscripción en tanto que el candidato de oposición habló de aumentarlo a US$ 900,000, en caso de ser electo. Evidentemente, encontrar los recursos para este tipo de aumentos es una difícil tarea para cualquier presupuesto.
Los ciudadanos han expresado su preocupación sobre estos aumentos que parecen no tener límite: “Me pregunto cómo es que el gobierno puede enviar K1bn (US$ 225,000) a cada circunscripción pero se niega a responsabilizarse por los trabajadores del consejo que no reciben salario desde hace 21 meses. . . mejor que le pague al personal del Consejo sus salarios antes de seguir enviando fondos al FDC” (Zambian Prophet, 26 octubre 2008).
Conforme a los lineamientos del FDC, el propósito el FDC es empoderar a las comunidades locales ofreciéndoles fondos para agricultura, salud, servicios sociales, educación y otras necesidades de la comunidad. Algunos proyectos positivos han sido completados, como los dos puentes nuevos que se construyeron por el estado de Katete en 2008. Al mismo tiempo, hay un gran número de proyectos que han desperdiciado recursos tal como los proyectos de cría de cabras, en donde no se encontró ni una sola cabra.
La corrupción es quizás el aspecto más alarmante del FDC. La mala administración financiera, el abuso y el mal uso de recursos públicos y la total indiferencia a los lineamientos del FDC y a la ley del gobierno local están a la orden del día. En 2008 el gobierno central sólo desembolsó US$ 10.2 millones de los US$ 11.1 millones originalmente planeados para el FDC debido a que algunas circunscripciones no reportaron fondos FDC en 2007. Parece que no hay una base de datos central con información sobre los proyectos y programas que han sido implementados desde la inserción del FDC. El sistema de archivos de papel es un desastre—información de 1995 a 2005 no se encuentra disponible. Queda mucho por hacer en la práctica para mejorar la administración, uso y monitoreo de estos fondos. Tal como se implementa hoy en día, el FDC representa un costo a la sociedad y, contrariamente a sus objetivos, profundiza la pobreza.
Otra consecuencia negativa del control de los legisladores sobre los FDCs es que se ha convertido en una herramienta política para premiar al fiel electorado. Por eso no sorprende que el presupuesto del FDC 2008 se diera a conocer dos semanas antes de las elecciones presidenciales 2008.
EAZ recomienda que el FDC y las instituciones que lo administran se sometan a una revisión urgente y que los desembolsos del FDC se interrumpan durante este período. Además, se debe de crear una base de datos central para proyectos FDC misma que deberá alojarse en el Ministerio del gobierno local y vivienda. Fuertes mecanismos para el aumento de la rendición de cuentas y transparencia también se deben de implementar. Finalmente, la autoridad de los CDCs locales (a los que pertenecen los legisladores) sobre el uso de fondos FDC debe de transferirse al Departamento de planeación y al Comité coordinador de desarrollo distrital.
Para mayor información, contactar a Alexander Chileshe [email protected].
La sociedad civil responde al catalizador del fondo de desarrollo de la circunscripción en Tanzania por Semkae Kilonzo, Policy Forum
En julio 2009 la Asamblea Nacional de la República Unida de Tanzania pasó la ley del fondo catalizador de la circunscripción para el desarrollo 2009 (Ley CDCF, 2009), que estableció el CDCF. El fondo es administrado en cada circunscripción por un comité CDCF, el cual es encabezado por el legislador o miembro del parlamento (MP) que representa el área. El comité CDCF inicia y supervisa la implementación y coordina todos los proyectos de desarrollo designados a nivel de la circunscripción.
El primer intento de pasar la ley CDCF fue en 2007, cuando el gobierno asignó US$ 5.8 millones para el fondo en el presupuesto de ese año. La asignación para el CDFC recientemente en vigor aun se desconoce.
No sorprende que los MPs en Tanzania sean enfáticos en su apoyo al CDCF al decir que ofrecerá un mecanismo democrático para empoderar a los ciudadanos y que se financiará localmente y no por los donatarios. Los MPs argumentan que ya actúan como “máquinas ATM” en sus circunscripciones y que son percibidos como administradores de proyectos por el electorado. También dicen que deben de tener fondos discrecionales para gastar en sus circunscripciones como los miembros de las comisiones distritales y regionales. Como 2010 es un año electoral, la habilidad de los MPs de desembolsar fondos CDCF a sus constituyentes sin duda ha influenciado sus esfuerzos por aplicar el CDCF.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en Tanzania rechazan el CDCF porque el papel de los MPs en los fondos viola el Artículo 4º de la Constitución de le República Unida de Tanzania de 1977, el cual provee la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para asegurar los pesos y contrapesos. Además, el Artículo 63º de la constitución describe la función de la legislatura como un “gran inquisidor,” que monitorea y hace escrutinio de las actividades del gobierno. Por lo tanto, los MPs están supuestamente obligados a llevar a cabo su papel de vigilancia mediante el monitoreo del trabajo de las agencias ejecutivas. Este papel se verá seriamente afectado cuando los MPs tomen la función del ejecutivo al administrar fondos públicos e implementar proyectos.
Otro problema con el CDCF es que establece sistemas paralelos a nivel distrital y aumenta el trabajo de los funcionarios distritales sin ofrecer fondos adicionales al gobierno local.
Para contrarrestar la percepción pública de los MPs como filántropos, la sociedad civil en Tanzania necesita concientizar a la gente sobre las funciones de los MPs respecto a la formulación de leyes y la vigilancia. Asimismo, los MPs deben de mejorar el funcionamiento de mecanismos locales de financiamiento existentes como el desarrollo y becas de capacitación y el Fondo de acción social de Tanzania, en lugar de crear nuevos. La sociedad civil también recomienda que los MPs aumenten su capacidad de hacer investigación y análisis para mejorar sus tareas legislativas y de vigilancia.
En respuesta a la violación del CDCF respecto a la separación de poderes, una coalición de OSCs encabezada por “Policy Forum” y por el “Legal and Human Rights Centre” (LHRC) decidieron poner a prueba la constitucionalidad de la ley CDCF 2009 en la corte. Con este proceso se espera alcanzar:
- Articulación legal de la separación de los tres poderes del gobierno y aclarar –a través de la corte – las funciones, deberes y límites de cada poder
- Apego de cada poder a sus deberes, mejoras a la democracia y buena gobernabilidad, menos fricciones entre el legislativo y el ejecutivo y mejores resultados de desarrollo
- Una declaración de que la puesta en vigor de la ley CDCF 2009 está fuera de los poderes constitucionales del parlamento y de que, obviamente, no es válida
- Una orden de que la ley CDCF 2009 se retire de los estatutos de Tanzania
- Alivio al mal uso de fondos públicos por parte del CDCF y una lección al parlamento de no aprobar leyes inconstitucionales en el futuro
Al poner a prueba la constitucionalidad del CDCF, “Policy Forum” y sus socios de la sociedad civil también intentan monitorear la implementación del CDCF para reunir evidencia de cómo se usan los fondos y de cuál es su impacto en el desarrollo y gobernabilidad local.
Para mayor información, contactar a Semkae Kilonzo [email protected].
El fondo para el desarrollo de la circunscripción de la India por Sowmya Kidambi, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan e International Budget Partnership
El esquema de desarrollo local para miembros del parlamento y miembros de la asamblea legislativa “Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme” (MP/MLA-LADS) de India se estableció en 1994. Este esquema crea un fondo diferente para los MPs y los MLAs y les delega autoridad para hacer recomendaciones sobre proyectos de desarrollo es sus respectivas circunscripciones con énfasis en la creación de bienes duraderos para la comunidad (como edificios de escuelas, pipas de agua, etc.) con base en las necesidades locales. Para los MPs y MLAs este esquema está al servicio del bien de la comunidad.
Los MP-LADS le dan a cada MP aproximadamente US$ 445,000 para gastar durante el año financiero. Sin embargo, la cantidad asignada a cada MLA varía de estado a estado. Por ejemplo, MLAs en el estado de Rajastán reciben aproximadamente US$ 134,000 al año, mientras que los MLAs en Andhra Pradesh reciben aproximadamente US$ 111,000 al año. Estos fondos vienen del fondo consolidado del gobierno mediante una apropiación anual y las obras que escogen y recomiendan los MPs y los MLAs pueden ser obligatorios o discrecionales. El MP-LADS es un esquema financiado centralmente y es administrado por el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas. El MLA-LADS es administrado a nivel estatal.
En 1993 se hicieron dos enmiendas importantes a la Constitución de India, mediante las cuales la autoridad y los deberes del gobierno fueron descentralizados y se crearon cuerpos políticos locales. La democratización y empoderamiento fiscal de los cuerpos políticos locales trató de crear instituciones que rendirían cuentas de mejor manera a los ciudadanos locales más receptivos a las necesidades locales. Las corporaciones municipales y consejos pueblerinos “Municipal Corporations and Gram Panchayats (Village Councils),” que resultaron de estas enmiendas son los cuerpos locales clave en India.
El MP/MLA-LADS se salió de la agenda de descentralización. Uno de los argumentos en apoyo al esquema es que el electorado le solicitaba a los MPs y MLAs la implementación de proyectos pequeños. Para completar estas obras rápidamente, los MPs y MLAs necesitaban usar los fondos a su discreción.
Bajo el esquema, cada MLA y MP puede escoger las obras y hacer recomendaciones al jefe de distrito. De conformidad con los procedimientos establecidos en los lineamientos del esquema, las obras recomendadas se implementan ya se sea por un departamento gubernamental o cuerpo local a criterio del jefe distrital.
El problema es que los MPs y MLAs no son autoridades locales, sino que son electos para cumplir con funciones legislativas y de vigilancia. Asimismo, los consejeros municipales sólo son responsables del mantenimiento y reparación de obras a nivel municipal. Por lo tanto, el esquema aumenta la duplicación de funciones de los cuerpos locales y debido a la multiplicidad de autoridades, no se da la descentralización.
La idea original es que los MP/MLA-LADS creen bienes duraderos para la comunidad y hay cierto desacuerdo respecto a qué obras se deben desarrollar con los fondos. Los proyectos MP/MLA-LADS en zonas rurales incluyen caminos, drenajes y salones de clase, mientras que en zonas urbanas incluyen caminos peatonales y parques, entre otros. Sin embargo, muchos creen que aunque dichos proyectos son bienes duraderos para la comunidad, se deberían dejar a discreción de los gobiernos locales. Los fondos MP/MLA-LADS se usarían mejor para proyectos como comedores de medio día, deportivos, centros de recolección de basura, lugares de descanso para mujeres que trabajan, subterráneos y asilos públicos.
Los MP/MLA-LADS les prohíben a los MPs y MLAs usar los fondos para la compra de inventario o equipo, hacer obras de mantenimiento o reparaciones, construir estatuas, implementar obras en instituciones religiosas, adquirir tierras o llevar a cabo proyectos para el beneficio individual. Sin embargo, el contralor y auditor general “Comptroller and Auditor General’s Report” (Reporte CAG 2005) establece que 80 por ciento de las obras implementadas bajo el MP/MLA-LADS fueron proyectos de reparación y mantenimiento, mientras otros involucraron a instituciones religiosas y prestaciones a individuos. Estos hallazgos confirmaron el mal uso de recursos por parte de este esquema.
Además, el reporte CAG 2005 encontró que 72 por ciento de las obras recomendadas por MLAs de 2000 a 2005 fueron para mejoras en caminos y sistemas de drenaje. El reporte explica que las mejoras en los caminos, el proyecto preferido por MLAs, está a cargo de la municipalidad o del departamento de obras públicas.
Otro problema es que muchos MLAs y MPs dejan muchos fondos sin ser usados por varios años ya que los fondos se pueden acumular, y entonces se gastan justo antes de las elecciones. Esto demuestra cómo el MP/MLA-LADS contribuye a prácticas clientelares y a la politización del desarrollo.
En 2007 la comisión para la segunda reforma administrativo en India favoreció la erradicación de los MP/MLA-LADS, diciendo que el esquema “seriamente perjudica la separación de poderes, ya que el legislativo se convierte directamente en el ejecutivo.”
El 1999 se presentó un caso a la Suprema Corte de India por parte del director de “Common Cause India” para abolir el esquema por ser inconstitucional, discriminatorio y por no usar los fondos debidamente. El asunto sigue en manos del jurado. Hasta el momento, el esquema MP-LADS ha erosionado los recursos financieros por casi US$ 445 millones al año.
Ha habido varios intentos de parte de activistas y organizaciones de la sociedad civil por monitorear la asignación de los fondos LADS. El principal obstáculo que han encontrado es acceder a información sobre gastos reales, en lugar de información agregada. Esto a pesar de la ley del derecho a la información de India, la cual indica que toda la información debe de ponerse a disposición del público.
Aunque muchas organizaciones buscan tener acceso a información de los MP/MLA-LADS para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, no hay esfuerzos consolidados para monitorear cómo se gastan los fondos y evaluar el desempeño de un MP o MLA antes de las elecciones. Los esfuerzos individuales de parte de organizaciones y activistas se enfocan, sobre todo, en establecer normas de transparencia y rendición de cuentas para el esquema.
Para mayor información, contactar a Sowymya Kidambi [email protected].
El debate del seguro nacional de salud “National Health Insurance” (NHI) en Sudáfrica por Saranne Durham, Idasa y Thokozile Madonko, International Budget Partnership
Desde 1994 Sudáfrica ha emprendido la difícil tarea de reestructurar el sistema de salud público. Los últimos 16 años han visto mejoras significativas en la política y legislación hacia la salud universal de conformidad con el deber constitucional del gobierno. La Constitución de Sudáfrica dice que “todos tienen el derecho a tener acceso a servicios de salud,” por lo que el gobierno sudafricano está obligado a cumplir progresivamente la calidad de los servicios de salud dentro de sus posibilidades.
Sin embargo, a pesar de los aumentos reales en el gasto a la salud pública, el impacto de dicho gasto ha sido perjudicado por el peso de enfermedades como el VIH/SIDA, condiciones de pobreza y daños). A fin de ampliar los servicios de salud y atender las presentes desigualdades, el gobierno de Sudáfrica argumenta la necesidad de introducir mecanismos de financiamiento novedosos, incluyendo una combinación de financiamiento público con recursos del sector privado reorientados al sector público.
La inequidad entre los sectores público y privado en Sudáfrica es muy significativa. Aproximadamente 15 por ciento de los sudafricanos están cubiertos por seguro médico privado. Un 20 por ciento adicional paga servicios de salud primaria de su propio bolsillo, pero aún depende del sector público para cuidado de hospital. El 65 por ciento restante de la población depende por completo del sector público para cubrir sus necesidades de salud.
Una parte importante del debate a la reforma de salud en Sudáfrica se enfoca en la introducción de un sistema nacional de seguro de salud “National Health Insurance” (NHI). La limitada información sobre los planes de un sistema NHI refleja poca o nula participación pública. Hasta la fecha, no existe documentación oficial sobre el NHI, a pesar de que dos documentos no oficiales se han infiltrado a la opinión pública. Estos documentos proponen un NHI sudafricano que ofrezca un paquete de salud universal, comprensivo y gratuito.
Se necesita de participación pública para que el NHI sea diseñado e implementado exitosamente en Sudáfrica. Además el NHI no debe de verse como la panacea de las limitaciones financieras y deficiencias en los servicios de salud; sino como un mecanismo para garantizar que el máximo de recursos posibles sirva para cumplir con el derecho constitucional del derecho a la salud, sobre todo la salud primaria en Sudáfrica.
El presupuesto de salud de India 2010-11: el mal continúa por Ravi Duggal, International Budget Partnership
El contexto presupuestario
El presupuesto nacional de India para el año fiscal 2010-11 se publicó el 26 de febrero 2010 en un contexto en el que la inflación de alimentos sobrepasó el 22 por ciento. El Ministro de Finanzas (MF) Pranab Mukherjee declaró que “el presupuesto no puede ser una simple presentación de las cuentas del gobierno. Debe de reflejar la visión del gobierno e indicar las políticas venideras. Con las reformas económicas y de desarrollo, el enfoque de la actividad económica ahora está en los actores no gubernamentales, poniendo mayor énfasis en el papel del gobierno como ejecutor. Un gobierno mediático no busca darles directamente a los ciudadanos todo lo que necesitan. En lugar de ello busca crear un ethos facilitador para que la empresa y creatividad individual florezcan. El gobierno se enfoca en apoyar la prestación de servicios a los sectores más desprotegidos de la sociedad.”
Por primera vez desde que comenzaron las reformas económicas, el gobierno ha admitido la intención de abdicar el desarrollo al sector privado y convertirse en el medio. Ante esto, el MF anticipa tres retos:
- Regresar al alto crecimiento económico de 9 por ciento o más
- Hacer el desarrollo más incluyente—especialmente para la seguridad de alimentos, educación y salud
- Hacer que el sistema público, gobernabilidad y mecanismos de prestación de servicios sean eficientes, efectivos, transparentes y responsables
El MF también afirmó, “Para el gobierno el desarrollo incluyente es un acto de fe. En los últimos cinco años, nuestro gobierno ha creado atribuciones respaldadas por leyes para el derecho a la información y el derecho al trabajo del individuo. Esto ha sido seguido por la atribución del derecho a la salud de 2009-10 y la propuesta de la ley de la seguridad alimenticia. Para cumplir con estos compromisos, el gasto social ha aumentado gradualmente de Rs.1,37,674 crore, equivalente a 37 por ciento de la proyección para 2010-11. Otro 25 por ciento de las asignaciones planeadas están dedicados al desarrollo de la infraestructura rural. Con el crecimiento y oportunidades que genera, esperamos fortalecer el proceso de desarrollo incluyente.”
Estimaciones del presupuesto de salud
La asignación total para salud por el gobierno nacional se estima es de Rs. 251.54 billones. Esto es a penas 0.36 por ciento del PIB proyectado pero representa casi 28 por ciento del total del gasto nacional para salud de (aproximadamente Rs. 625 billón para 2010-11) ya que contribuye casi 75 por ciento. 40 por ciento del presupuesto para salud del gobierno es para los gobiernos estatales. Sin embargo, el total del presupuesto de salud como parte del PIB está alcanzando 0.89 por ciento del PIB, que es todavía más bajo según el gasto real.
Presupuesto 2010: un camino escabroso para las finanzas públicas en Sudáfrica por Len Verwey, Idasa
Aunque la economía sudafricana salió relativamente rápido de la recesión que sufrió después de la crisis financiera global, el mediano plazo no se ve nada optimista. Los impuestos fiscales muy probablemente tomarán tiempo en recuperarse dejando a las autoridades fiscales sin mas alternativa que ampliar los déficits en los próximos años en caso de que se cumplan los compromisos de gasto. De hecho, se espera que la deuda sudafricana aumente de 23 por ciento del PIB a más de 40 por ciento antes de 2013. Incluso con el aumento de préstamos, el presupuesto para 2010 propone aumentos muy bajos del gasto público. En vista de que muchos sudafricanos dependen del gasto público para su bienestar, los próximos años serán duros en muchos hogares.
El presupuesto 2010 continúa asignando una gran cantidad de recursos a la salud, educación y protección social en forma de ayuda financiera conforme a la disponibilidad de recursos, tal como la beca de apoyo infantil y la pensión estatal. Las becas sociales ahora representan un poco más de 3 por ciento del PIB en Sudáfrica con un aumento en el número de beneficiarios debido a la recesión y a que se extendió el período de elegibilidad para la beca de apoyo infantil.
Las transferencias de ingreso directas—como las becas—tienen un claro impacto en el bienestar de las viviendas. Sin embargo, como podemos ver en el gasto social programático para educación y salud, Sudáfrica continúa luchando por obtener los resultados para los cuales se asignaron los fondos. En Sudáfrica los indicadores para salud y educación con frecuencia son muy pobres en relación a aquellos países con recursos similares.
Lograr más resultados con los mismos recursos debe de ser una parte clave en el debate presupuestario en las próximas semanas y meses. Conseguir “valor por dinero”—término popular usado por el gobierno, sociedad civil y legisladores para indicar que el gasto ha dado el resultado deseado—requerirá de disposición y voluntad para asegurar la rendición de cuentas para el desempeño presupuestario. Obtener mejor valor por el dinero no sólo significa reducir la corrupción. Implica asegurar que las políticas reflejen las necesidades sociales muy claramente. Una forma clave de lograr esto es asegurar la participación ciudadana en la preparación, implementación y evaluación de políticas.
Sudáfrica todavía tiene un nivel de desempleo y una economía que lucha por alejarse de la dependencia en las exportaciones para su crecimiento. El presupuesto 2010 se enfoca en el desempleo e hizo varias sugerencias para atender el problema, incluyendo un subsidio para animar a las compañías a contratar trabajadores jóvenes sin experiencia. Otra sugerencia es que algunas partes de la legislación laboral sudafricana sean revisadas para promover la creación de empleos. Estas sugerencias, sin embargo, fueron criticadas por el Congreso de Sindicatos Comerciales Sudafricano “South African Trade Unions” (COSATU), el cual se opone rotundamente a cualquier reducción en los derechos laborales de los trabajadores o en el salario mínimo de los trabajadores.
En los últimos tres o cuatro años el gasto en infraestructura pública ha aumentado como porcentaje del presupuesto. En los años posteriores a 1994— igual que en los últimos años de apartheid— el gasto en infraestructura fue insuficiente y suscitó un grado de desindustrialización. En consecuencia, la economía sudafricana experimenta cuellos de botella en la infraestructura de transporte y energía en períodos de alto crecimiento. Aunque las necesidades del gasto en infraestructura deben de priorizarse existen preocupaciones respecto a la eficiencia y efectividad de dicho gasto, así como la transparencia e integridad de los procesos de adquisición de bienes. Esta situación resalta la importancia de la vigilancia del legislativo y de la sociedad civil en la implementación del presupuesto. En la actualidad las finanzas públicas de Sudáfrica son lo suficientemente transparentes para contar con una vigilancia fuerte: tanto documentos como reportes de gasto y de auditoría general pueden obtenerse con relativa facilidad. Sin embargo, hace falta una cultura fuerte de vinculación entre el legislativo y el ejecutivo, y entre el gobierno y la sociedad civil.
A pesar de ciertas expectativas de la izquierda, el presupuesto fue claro en retener el compromiso de Sudáfrica de seguir la política monetaria con enfoque inflacionario. La izquierda le había solicitado al banco central ampliar sus funciones para darle mayor consideración a los objetivos de crecimiento y empleo. Es probable que estos debates continúen en los próximos años.
En 2009 el parlamento sudafricano finalmente pasó una ley que le da poder constitucional para enmendar el presupuesto del ejecutivo. El presupuesto 2010 es la primera prueba de esta legislación y del poder del parlamento. Sin embargo, aún está desarrollando la capacidad institucional para cumplir con este papel efectivamente. Un requisito pendiente es establecer una oficina presupuestaria independiente y capaz para ofrecer apoyo al comité.
Sudáfrica pasó por una etapa de fuerte crecimiento con un presupuesto ávido de recursos entre 2003 y 2007. Mucho se hizo en este período para aliviar la pobreza, como extender la beca de apoyo infantil, ampliar la infraestructura para vivienda a comunidades previamente excluidas y priorizar el gasto de salud y educación. Sin embargo, los retos del desempleo e inequidad, en particular, siguen siendo graves. En los próximos años será vital abrir camino en este sentido, aunque los recursos públicos no aumenten. Las políticas deben ser de combate a la pobreza y con base en las necesidades reales de los ciudadanos; y la implementación de políticas debe de ser efectiva y eficiente. La sociedad civil puede y debe monitorear y evaluar la implementación de políticas de combate a la pobreza. Todas las partes necesitan jugar su papel para que la recuperación social de la recesión sea rápida y sostenible.
Nueva política de apertura de información del Banco Mundial: ¿Cómo puede la sociedad civil asegurar su debida implementación? por Amy Ekdawi, Bank Information Center
El 17 de noviembre 2010 la mesa directiva del Banco Mundial aprobó un nueva política de apertura bajo el título “Toward Greater Transparency Through Access to Information: The World Bank’s Disclosure Policy,” misma que entra en vigor el 1 de julio 2010. Esta política revisada rompe esquemas, no sólo para el Banco Mundial sino para todas las instituciones financieras internacionales, ya que por primera vez acepta el principio de que toda la información del Banco debe de estar a disposición del público, a menos de que caiga en el estrecho marco de excepciones.
Antecedentes de la apertura de información del Banco
Acceso oportuno a los documentos y toma de decisiones del Banco Mundial ha sido preocupación de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) por mucho tiempo. En los 1980s y 1990s las OSCs criticaban al Banco Mundial por financiar proyectos ambientales y sociales destructivos. Se descubrió que el Banco retenía información vital de las comunidades afectadas, negándoles el derecho a participar en las decisiones respecto al propósito, diseño e implementación de proyectos.
Frente a la crecientes críticas en 1985 el Banco adoptó sus primeras leyes de apertura. En 1991 OSCs empujaron al Banco a publicar evaluaciones ambientales antes de la aprobación de proyectos y en 1993 el Banco adoptó, formalmente, la apertura de información que introdujo los documentos de información de proyectos “Project Information Documents” (PIDs) en respuesta a la presión de la sociedad civil y de una amenaza del Congreso de E.U.A. de retener fondos. Los PIDs fueron dados a conocer antes de la aprobación de un proyecto y amplió el acceso a evaluaciones de los proyectos antes de ser aprobados. En 2001 el Banco revisó, por primera vez, su política de apertura y publicó documentos sobre préstamos de ajuste estructural (aunque sólo después de ser aprobados), reportes de proyectos terminados y el calendario de la mesa directiva. Sin embargo, la política 2001 que entró en vigor un año después tenía muchas lagunas:
- Aunque la política reconoce el principio de apertura, contradice este principio.
- El Banco ofrece una “lista positiva” de documentos que fueron publicados. Todo lo que no está enlistado se asumió bajo la política de no apertura.
- La política anterior contenía una lista de excepciones a la apertura, que estaban escritas tan vagamente que justificaban la retención de casi cualquier tipo de información.
- No había ninguna implementación de información.
- El sistema de solicitud de información carecía de un mecanismo de apelación para pedidos de información rechazados.
La nueva política
El 17 de noviembre 2009 la política se aprobó después de ser revisada. Esto se logró después de un año de revisiones y de múltiples reuniones en 33 países con ciudadanos, representantes del gobierno, OSCs, representantes del sector privado, academia, organizaciones internacionales y donatarios. La nueva política adopta cinco principios clave:
- Maximizar el acceso a la información, mediante la adopción de una “lista negativa” en lugar de una “lista positiva” como en la política anterior
- Una lista clara con los casos de “excepción” a la apertura de información
- Salvaguarda del proceso de deliberación
- Procedimientos claros para la apertura de información
- El derecho de apelación
La política también reconoce la importancia de traducir cierta información a lenguajes locales y promete examinar el marco existente de traducción del banco para asegurar un acceso más equitativo por parte de todos los interesados en los documentos.
Logros y brechas
Además de adoptar una “lista negativa,” por primera vez la nueva política incluye la apertura de rutina de documentos creados durante la fase de implementación de proyectos y programas. Esto le permitirá a la sociedad civil jugar un papel más activo para asegurar la debida implementación de las actividades que financia el Banco. La política también aumenta el acceso a reportes analíticos y de actividades de consejería. Además, un sistema de solicitudes será creado para incluir mecanismos de apelación internos y externos.
Sin embargo, la nueva política no es perfecta. Una de sus debilidades es la protección absoluta de información interna mediante el “proceso deliberativo”—una excepción que puede retener información y afectar la participación de la sociedad civil en procesos de toma de decisiones. Otra barrera es el poder de vetar que tienen los gobiernos y terceras partes, es decir, consultores del Banco que les permiten a los gobiernos bloquear la publicación de casi cualquier información que le ofrecen al Banco.
Implementación de la nueva política
La nueva política entrará en vigor el 1 de julio 2010. Para facilitar la transición, el Banco desarrolló un detallado plan de implementación a partir de la aprobación de la política y de un grupo de trabajo para el acceso a la información “Access to Information Working Group” (AIWG) creado bajo la supervisión del vicepresidente de relaciones externas del Banco para implementar la política. AIWG comprende siete subgrupos:
- El subgrupo del manual de la política: desarrollará los lineamientos internos de la política y el manual del personal
- El subgrupo de clasificación: creará criterios de clasificación y descalificación de documentos del Banco
- El subgrupo de sistemas y servicios: ofrecerá soporte técnico
- El subgrupo de comunicaciones: asegurará que tanto el personal del Banco como actores externos entiendan la política y sus requisitos
- El subgrupo de capacitación: desarrollará los programas de capacitación para la debida implementación de la política
- El subgrupo de traducción: examinará el marco de traducción existente y determinará cómo asegurar el acceso de cierta información del Banco por parte de los ciudadanos que no manejan la lengua oficial del Banco, es decir, el inglés
- El subgrupo de información pública: fortalecerá los servicios de información pública y el acceso a información de campo
El papel de la sociedad civil en el período de transición
En reconocimiento a que la sociedad civil es un actor importante afectado por la política de apertura, el Banco invitó a las organizaciones con base en Washington, D.C., “Bank Information Center” (BIC) e “International Budget Partnership” (IBP), así como al Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) de Argentina a participar en la planeación de la implementación de esta política. El grupo se reúne regularmente con la secretaría general de AIWG y con los distintos subgrupos conforme sea necesario.
El Banco Mundial cree que dichas organizaciones—con su experiencia como miembros de redes más amplias y mediante sus esfuerzos continuos de difusión a las OSCs en muchos países en vías de desarrollo—pueden hacer aportaciones importantes a los distintos subgrupos. Las tres organizaciones planean consultar a sus colegas alrededor del mundo sobre distintos aspectos de esta política para representar de mejor manera a una gama más amplia de OSCs en países en vías de desarrollo a la hora de asesorar al Banco a través de AIWG.
Para mayor información, contactar a Amy Ekdawi [email protected].
Transparencia presupuestaria en Marruecos: Es Posible… por Elena Mondo, International Budget Partnership
Transparencia Marruecos recientemente publicó un artículo en la revista económica La Revue Economia que presenta los resultados del la Encuesta de Presupuesto Abierto 2008. El artículo explica el mediocre desempeño de Marruecos y recomienda cómo mejorar el nivel de transparencia presupuestaria en ese país.
El acceso a la información y el control social son fundamentales para una democracia sana. Ponen presión sobre el gobierno para asegurar una mayor eficiencia en el uso de fondos públicos e identificar y corregir malos manejos y prácticas corruptas. La Encuesta de Presupuesto Abierto reporta sobre el estado de la transparencia en el mundo, entendida como el acceso público a información presupuestaria oportuna y precisa. En el contexto global en donde la transparencia presupuestaria aparece como pobre, Marruecos sólo ofrece mínima información a sus ciudadanos. Aunque el puntaje de Marruecos ha mejorado ligeramente desde la evaluación anterior en 2006, todavía hay muchas deficiencias:
- El gobierno no produce ni publica un presupuesto ciudadano
- El reporte de medio año no se publica
- El reporte de auditoría no se publica
- Las cuentas fiscales de ingresos y egresos están agregadas y no ofrecen detalles suficientes
- El gobierno no ofrece información multi-anual en la propuesta del presupuesto
- El parlamento tiene poder limitado para enmendar el presupuesto del gobierno
- Hay suficiente evidencia de fondos secretos y extra-presupuestarios
- Hay una falta de interés en la ley regulatoria
- No hay ley de acceso a la información lo cual contribuye al pobre estado de la transparencia fiscal
El gobierno de Marruecos ofrece mínima información presupuestaria relevante que no les permite a los ciudadanos entender con claridad qué es lo que incluye el presupuesto o exigirle rendición de cuentas al gobierno por el manejo de fondos públicos. El acceso a información presupuestaria detallada sobre ingresos y egresos es muy limitada o inexistente, lo que dificulta el monitoreo de recolección de impuestos, gastos y préstamos durante el año. Además, las recomendaciones de auditoría no están implementadas lo que acentúa la falta de rendición de cuentas e imposibilita evaluar cómo se gasta el presupuesto. La vigilancia parlamentaria es débil e inefectiva y el domino del ejecutivo sobre el proceso presupuestario es abrumador. De hecho hay muchos casos de fondos extra-presupuestarios que quedan fuera del control legislativo y ciudadano.
¿Qué se puede hacer?
En Marruecos, las mejoras inmediatas son posibles si se implementan las siguientes sugerencias:
- Preparar y publicar un documento antes del presupuesto, una revisión de medio término y un presupuesto ciudadano
- Incluir estimaciones multi-anuales (por ejemplo, para el año fiscal y otras estimaciones anteriores o posteriores al mismo)
- Introducir y ejecutar una ley sobre el libre acceso a la información
- Consultar al parlamento y al público sobre las prioridades del presupuesto
- Publicar información que ya se encuentra disponible internamente (sobre la distribución de la carga fiscal y las condiciones relacionadas con la ayuda financiera internacional)
- Mejorar la calidad y relevancia de la información del presupuesto disponible al público
- Organizar audiencias públicas para mejorar la participación ciudadana en el proceso presupuestario
- Fortalecer la independencia de la corte de auditores al aumentar sus recursos humanos y financieros y publicar reportes de seguimiento
Se pueden hacer grandes avances rápidamente y a muy bajo, o sin costo, alguno. De 2006 a 2008 muchos gobiernos publicaron información que ya producían con fines internos o para donatarios internacionales, produjeron nueva información y suplementaron documentos ya publicados con información adicional. ¡Marruecos no debe de ser la excepción!
Para mayor información, contactar a Elena Mondo [email protected].
Reto de la información sobre ayuda financiera de Publish What You Fund
El reto de información sobre ayuda financiera “Aid Information Challenge” organizado por “Publish What You Fund”, “Development Gateway”, “The Open Knowledge Foundation”, “2Paths” y “Aidinfo” reunirá a expertos internacionales en desarrollo y a programadores en varios eventos alrededor del mundo para desarrollar y fomentar herramientas para la transparencia y sugerir formas de publicar y utilizar la información de las bases de datos del Banco Mundial, “DfID” y “AidData.” El objetivo es aumentar la comprensión, disponibilidad y acceso a información sobre ayuda financiera que sea comparable.
El primer evento del reto de información sobre ayuda financiera se llevó a cabo en Washington, D.C., el 6 de marzo y el segundo se realizó el 10 de abril en Londres. Estos eventos son sólo un paso en el proceso de aumentar la transparencia. Aún queda mucho trabajo por hacer antes, durante y después de estos eventos para que la información de estas bases de datos sea comparable, fácil de usar y lo mas versátil posible.
Para mayor información sobre el reto, contactar [email protected].
10 tácticas para convertir la información en acción por Philip Thigo, “Social Development Network” (SODNET)
El paquete 10 tácticas para convertir a la información en acción incluye una película y un conjunto de tarjetas con historias de 35 activistas de derechos humanos que han tenido éxito al usar información y tecnología digital para crear cambios positivos en la sociedad. El paquete se creó en febrero 2009 a partir del Campamento de info-activism (www.informationactivism.org/iacamp) organizado por Tactical Tech (www.tacticaltech.org)) en Bangalore, India. El campamento consistió de un taller práctico que reunió a 130 activistas de África, América Latina, Medio Oriente y Asia para implementar tácticas de activismo digital.
La película se presentó junto con el hit comercial Avatar en el programa radial Digital Planet de la BBC y The Ecologist la calificó como algo que “no debe perderse”. La película ya ha sido transmitida en más de 50 países y rápidamente se está convirtiendo en el acompañante esencial de activistas de la sociedad civil por todo el mundo. La película se basa en las experiencias de 25 activistas de derechos humanos que han utilizado medios cibernéticos para movilizar acciones populares. Algunos activistas han usado Facebook para ilustrar las deficiencias en la infraestructura de hospitales y escuelas. Otros usaron SMS para verificar información al desarrollar boletas ciudadanas. Más específicamente, el programa INFONET del “Social Development Network” (SODNET) de Kenia usó SMS para ofrecerles a los ciudadanos oportunidades de hacer preguntas sobre transparencia presupuestaria.
La herramienta SMS de SODNET les permite a los miembros del público pedir información presupuestaria y vincularse con las autoridades a partir de preguntas con base en evidencia. Les permite a los ciudadanos indagar sobre asignaciones para educación, salud, agua e infraestructura social. La herramienta ofrece datos de proyectos y financiamiento (sobre todo respecto a los fondos de desarrollo para la circunscripción “Constituency Development Fund” (CDF) para que los ciudadanos y activistas usen el activismo con base en evidencia a nivel local. Por ejemplo, una joven usó la herramienta SMS y encontró que millones habían sido otorgados a su circunscripción. En un ciber-café y averiguó la cantidad exacta que recibió su escuela. Con la ayuda de sus padres, tomó la evidencia para hablar con los directivos de la escuela y preguntarles en dónde estaba el dinero, quién lo había recibido, qué criterio se usó para distribuir el dinero y cómo es que ella no recibió nada.
Hasta la fecha el sistema de seguimiento presupuestario de SODNET se utiliza por todo Kenia, recibiendo más de 4,500 SMS hits al mes y 200 hits al día en su página de Internet. Además ha sido solicitado por investigadores en Ruanda, Tanzania y Uganda. Los datos están accesibles en Google Maps cuando se puede y en Open Street Maps (www.openstreetmaps.org) para ofrecer información local.
Para ver la película o pedir el paquete, ir a: http://www.informationactivism.org
Para mayor información sobre la proyección de la película en Kenia, contactar a [email protected].
Nuevo sistema de monitoreo de proyectos en Kenia: Alcances y límites por Peter Kariuki, Socio-Economic Rights Foundation
En un esfuerzo por aumentar la transparencia y rendición de cuentas alrededor del mundo sobre los proyectos y programas financiados por donatarios, el gobierno de Kenia ha dado a conocer el nuevo sistema electrónico de monitoreo de información e-ProMIS (“Electronic Project Monitoring Information System”). Este sistema se apega a los requisitos de transparencia de la Declaración de Paris sobre efectividad de la asistencia. La tecnología e-ProMIS es el trabajo de “Synergy International Systems” una compañía estadounidense y se implementará conjuntamente por su socio local “Access Kenya Group.” Esta tecnología monitoreará y analizará el flujo de asistencia y hará que esta información esté disponible al público. Cada ministro del gobierno puede usar el programa de e-ProMIS para monitorear y evaluar el desempeño del proyecto en cada fase. Para el fomento de capacidaded se organizó un taller para el personal de 42 ministerios gubernamentales.
Este artículo presenta los alcances y debilidades del programa e-ProMIS desde el punto de vista de la sociedad civil y evalúa si ayudará a los esfuerzos de la sociedad civil y del público para monitorear los presupuestos públicos.
Las ventajas del sistema e-ProMIS son:
- Has sido diseñado para satisfacer los requisitos del gobierno de Kenia. De modo que servirá como un medio confiable de información sobre las aportaciones de donatarios a la reconstrucción de Kenia, la recuperación económica y el desarrollo socioeconómico. También apoyará al gobierno a administrar la ayuda para el desarrollo y promover el uso transparente y responsable de recursos.
- La tecnología fomentará la habilidad de implementar agencias para producir reportes oportunos y precisos que sean críticos para el financiamiento de proyectos.
- El personal del gobierno ahora puede realizar sus labores cotidianas de manera más eficiente. Por ejemplo, pueden actualizar información de proyectos por Internet y generar reportes en cuestión de segundos.
- Le permitirá al público tener acceso a información sobre proyectos financiados por donatarios y por el gobierno, incluyendo el día de inicio, persona responsable, avances, costos, gastos en diferentes fases y fecha de terminación.
- Las agencias de implementación ahora recibirán reportes oportunos y precisos sin demoras eliminando casos de desembolso tardío de recursos.
A pesar de estas ventajas, la transparencia efectiva y rendición de cuentas respecto al financiamiento e implementación de proyectos en Kenia se ven afectadas por varios factores. Entre ellos está el marco legal que regula la transparencia de proyectos gubernamentales y gasto, la práctica de la administración presupuestaria, la voluntad pública para exigir información y su capacidad de revisión minuciosa y de uso. Queda por verse si la tecnología e-ProMIS resolverá estos retos.
También es importante notar que en 2004 el gobierno creó el “National Integrated Monitoring and Evaluation System” (NIMES para fortalecer y homogeneizar los sistemas de monitoreo y evaluación existentes a fin de ofrecer información creíble y completa de los niveles nacional, sectorial y distrital. Su cometido es mejorar los cimientos de las políticas con base en evidencia y la administración con base en resultados, algo instrumental para lograr los objetivos de “Vision 2030”, es decir, el plan nacional de desarrollo del gobierno. La información de NIMES es utilizada para revisar el desempeño de los programas y estrategias del gobierno e informar decisiones, asignación de recursos y revisión de estrategias para hacer que el gobierno rinda cuentas de mejor manera a sus ciudadanos.
Estos puntos destacan que hay que poner atención a lo siguiente:
- No queda claro cómo e-ProMIS se vincula con el marco NIMES. Esto, a pesar de que dichos marcos están anclados en un marco político claro que anima a los ciudadanos a solicitar acceso a información pública.
- Tradicionalmente, generar información relacionada con la implementación de programas y del presupuesto has sido costosa y los formatos de presentación dificultan su escrutinio por parte de parlamentarios, sociedad civil y medios de comunicación. El formato accesible de e-ProMIS puede imponer un reto a la voluntad de estos actores clave de interactuar con la información. Se necesitarán campañas de información pública sobre cómo los ciudadanos comunes y corrientes pueden aprovechar la información disponible.
- Aunque los consejos y condiciones de la ayuda de los donatarios a veces se publica aún queda mucha información que no es del dominio público. En la práctica, no toda la información está disponible al público respecto al uso de los fondos de donatarios y sus resultados. El promedio de proyectos terminados tampoco son público. Para ser efectivos, e-ProMIS debe de vincularse a un proceso de verificación público, ya que publicar la cantidad de fondos gastados en ciertos proyectos es sólo un aspecto de la rendición de cuentas. El monitoreo presupuestario no trata sólo de analizar “inputs”; sino también de analizar los procesos presupuestarios, asignaciones gastadas, eficacia en los resultados y el impacto. La participación de los beneficiarios objetivo en los procesos de monitoreo y rendición de cuentas puede fortalecer el sistema e-ProMIS.
- Finalmente, en ausencia de una relación clara con el marco NIMES, no es obvio cómo e-ProMIS se vinculará al proceso político. Tampoco queda claro si cuenta con la capacidad de generar información comprensiva y estructurada de los proyectos para satisfacer las necesidades de políticos, socios de desarrollo, sociedad civil y del público.
Para que los esfuerzos de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas sean exitosos y sustentables, todos los actores e instituciones involucrados necesitan desarrollar capacidades. Para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, un sistema pesos y contrapesos es esencial. La tecnología e-ProMIS ciertamente contribuye a esto, pero para tener éxito, debe insertarse en los sistemas comunes de monitoreo y evaluación y anclarse en una plataforma clara de participación pública.
Para mayor información, contactar a Peter Kariuki [email protected].
Nuevo recurso de FAO: paquete metodológico del derecho a los alimentos por Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program
La Unidad del Derecho a los Alimentos de la Organización para los Alimentos y la Agricultura “The Right to Food Unit of the UN Food and Agricultural Organization” (FAO) publicó un valioso recurso para ayudar los individuos, organizaciones, e instituciones afectadas por el hambre y la desnutrición en el mundo. El paquete metodológico del derecho a los alimentos es una serie de cinco libros, cada uno de los cuales atiende una dimensión del trabajo que los gobiernos y la sociedad civil tienen que hacer para reducir el hambre y la desnutrición. El último libro de la serie se enfoca en el análisis de presupuestos y el resto cubre las áreas de gobernabilidad y protección de los derechos, que de acuerdo con los analistas de presupuestos, es un complemento al trabajo de análisis de presupuestos.
El libro 1 es una guía sobre legislación para el derecho a la comida. Las leyes son la materialización de los derechos humanos ya que afirman la existencia de aquellos derechos, ofrecen estándares mediante los cuales se puede evaluar el cumplimiento de los derechos y especificar recursos mediante los que las personas pueden exigir sus derechos. El libro incluye una discusión sistemática sobre cómo desarrollar o reformar provisiones y leyes constitucionales relacionadas con la agricultura, programas de alimentos y nutrición, tierra, agua y otros ámbitos para cumplir con el derecho a los alimentos.
El libro 2 (en dos volúmenes) trata sobre métodos para monitorear el derecho a los alimentos. Este libro fue desarrollado en reconocimiento al hecho de que el cumplimiento de cualquier derecho requiere de vigilancia: mantener un ojo vigilante, así como evaluar lo que hace un gobierno para cumplir con los derechos y llevarle los hallazgos a una audiencia más amplia para presionar al gobierno a implementar mejorías. El libro incluye un inventario de los distintos procesos y programas gubernamentales que afectan el derecho a los alimentos y que se deben monitorear y describe útiles metodologías para hacerlo.
El libro 3 es una guía para evaluar del derecho a la salud, dirigida a los gobiernos, que son los principales responsables del cumplimiento de los derechos. La acción efectiva para reducir el hambre y la desnutrición requiere de políticas, planes y programas bien desarrollados. La evaluación de la situación en un país respecto a los alimentos, el hambre y la desnutrición, así como la condición de los mecanismos institucionales necesarios para cumplir con el derecho a los alimentos, son una base esencial de información a partir de la cual el gobierno puede construir una estrategia lógica.
El libro 4 es un esquema del derecho a los alimentos en donde se reconoce que la acción efectiva del gobierno requiere de funcionarios púbicos informados, así como de una sociedad civil informada y activa. Ayuda tanto al gobierno como a las organizaciones de la sociedad civil, que desean educarse a sí mismas, sobre los aspectos del derecho a los alimentos y las leyes e instituciones esenciales para la efectiva realización de este derecho.
El libro 5 trata sobre el trabajo presupuestario para avanzar el derecho a los alimentos. Aquí se presenta, paso a paso, el proceso para analizar el presupuesto del gobierno para evaluar el cumplimiento con las obligaciones del derecho a los alimentos. Este volumen fue coordinado por IHRIP con el apoyo clave del IBP y otras organizaciones, también contiene información sobre iniciativas en tres países que producen “el derecho al presupuesto de los alimentos.”
El paquete metodológico es único pues reúne en un solo recurso las diversas dimensiones—leyes, monitoreo, evaluaciones estratégicas y presupuesto—para avanzar este derecho. No existe nada comparable para ningún otro derecho y por ello hay que felicitar a la FAO.
Para ver y bajar el paquete metodológico, ir a: http://www.fao.org/righttofood.
UNIFEM lanza un portal de presupuestos con enfoque de género
La página original de presupuestos con enfoque de género de UNIFEM se lanzó en 2001 para apoyar los esfuerzos de quienes trabajan para garantizar que el presupuesto y la planeación respondan de forma efectiva a los objetivos de equidad de género. La página también sirve como una red de intercambio de información y recursos entre países, grupos de la sociedad civil y organizaciones regionales e internacionales interesadas en presupuestos con enfoque de género. El nuevo portal incluye una sección de recursos con nuevo contenido sobre efectividad de la ayuda financiera, financiamiento para la equidad de género y estudios de caso, ahora con más de 800 referencias disponibles en cinco idiomas. El portal también contiene perfiles y cómo contactar a expertos nacionales e internacionales en presupuestos con enfoque de género, herramientas de búsqueda y “social networking”, al igual que videos de eventos y talleres sobre presupuestos con enfoque de género.
Para mayor información sobre las iniciativas de presupuestos con enfoque de género de UNIFEM, ir a: http://www.gender-budgets.org.
Para contribuir al portal, contactar [email protected].
Nuevo grupo Google sobre presupuestos participativos
El Proyecto de presupuestos participativos (PB) y el grupo de presupuestos participativos de Facebook recientemente relanzó una discusión por email sobre PB. La discusión original de PB comenzó en 2005 en topica.com y ha sido actualizada en el formato de “Google Group” que es más fácil de usar. El objetivo de este grupo es facilitar el intercambio de información, discusión y colaboración entre expertos, académicos y activistas en PB. PB es un proceso democrático que se practica en cientos de ciudades alrededor del mundo, en donde los miembros de la comunidad deciden cómo asignar parte del presupuesto público. El grupo cuenta con 250 miembros alrededor del mundo y está abierto a todo el que quiera participar.
Para mayor información, ir a: http://groups.google.com/group/participatorybudgeting.
Nueva base de datos del Revenue Watch Institute (RWI) sobre manejo transparente de recursos naturales
El Revenue Watch Institute (RWI) lanzó una base de datos interactiva sobre investigación, capacitación, documentos políticos y videos sobre transparencia y administración de las ganancias derivadas de los recursos naturales. La base de datos reúne una selección de materiales de investigación de todo el mundo en varios idiomas y representa una combinación de mejores prácticas, análisis y experiencia.
Para mayor información, ir a: http://resources.revenuewatch.org/.
Nuevo reporte del “Overseas Development Institute”: “Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness” por Sam Moon y Tim Williamson
En “Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness” Sam Moon y Tim Williamson, investigadores del “Overseas Development Institute” (ODI) del Reino Unido, exploran la relación entre la ayuda financiera y los presupuestos de países receptores y entre la dependencia de la ayuda financiera y la transparencia presupuestaria. Los países receptores de ayuda financiera con frecuencia reciben información sobre ayuda financiera insuficiente (sobre todo a mediano plazo) y deben de tomar decisiones presupuestarias con base en información parcial, imprecisa y poco confiable. La información incompleta le dificulta a los legisladores y a la sociedad civil exigirles rendición de cuentas a los gobiernos que reciben la ayuda, identificar discrepancias entre los montos de ayuda que se reciben y se gastan y monitorear y eliminar actos de corrupción y desperdicio. El análisis concluye con una explicación de la importancia de la ayuda financiera de los donatarios y de los sistemas de ayuda financiera a nivel nacional para desarrollar esquemas que armonicen la información de la ayuda financiera con los presupuestos de los gobiernos receptores. El análisis también identifica áreas de investigación para que la ayuda sea más efectiva en promover la transparencia presupuestaria.
Para ver el reporte, ir a: http://www.odi.org.uk/resources/download/4673.pdf.
Para mayor información, contactar a Samuel Moon [email protected].
Nueva publicación: “The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs” por Rick Rowden
En “The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs” Rick Rowden, experto en cómo los sistemas de ayuda financiera, comercio y finanzas afectan el desarrollo económico, analiza la relación entre el VIH/SIDA y otras enfermedades relacionadas con la pobreza con las ideas económicas neoliberales que han permeado al sistema económico global en las últimas décadas. De acuerdo con Rowden, las políticas de FMI de gasto limitado han exacerbado los problemas de salud pública—sobre todo el VIH/SIDA— en países en vías de desarrollo. El autor explica y critica la teoría neoliberal y su impacto en el desarrollo y evalúa los efectos de estas políticas en las instituciones globales y en los ministerios de salud de países en vías de desarrollo.
Nuevo reporte de Publish What You Pay: “Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition” por Mabel van Oranje y Henry Parham
En “Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition”, Mabel van Oranje y Henry Parham detallan la evolución de “Publish What You Pay” (PWYP) desde su fundación en 2002. La coalición fue creada para abogar por mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de ingresos derivados de las industrias de petróleo, gas y minería y rápidamente se expandió a una red global de organizaciones comunitarias, ONGs internacionales y coaliciones de la sociedad civil en más de 70 países.
Las tres secciones principales del reporte cubren los orígenes y estructura de PWYP, evalúan la efectividad de la incidencia y políticas de PWYP y sus aspectos operacionales, además de revisar el futuro de la coalición. El reporte se basa en entrevistas con personas involucradas en la coalición PWYP, sobre todo representantes de la sociedad civil y está escrito en forma de preguntas y respuestas para que los lectores identifiquen los temas de interés.
Para ver el reporte completo y el resumen ejecutivo, ir a: http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/publishing-what-we-learned.
Se solicitan aportaciones para el proyecto de investigación sobre participación ciudadana y acción cívica de combate a la corrupción por Shaazka Beyerle, “International Center on Nonviolent Conflict”
Con el apoyo del “International Center on Nonviolent Conflict” y una beca del “United States Institute of Peace”, se está llevando a cabo un nuevo estudio sobre cómo los actores cívicos y activistas anti-corrupción están movilizando a ciudadanos en el combate a la corrupción con estrategias y tácticas de no violencia. Esta investigación documentará y analizará la participación ciudadana y campañas y movimientos de acción cívica no violenta de combate a la corrupción y extraerá lecciones y mejores prácticas. El proyecto examinará las capacidades, estrategias, objetivos y demandas de estas iniciativas en lugar del fenómeno de corrupción en sí mismo, o las condiciones en las que ocurre. La investigadora que coordina este proyecto está en proceso de reunir ejemplos:
- Iniciativas, campañas o movimientos presentes o pasados (de las últimas dos décadas) sobre corrupción que hayan involucrado la movilización de ciudadanos y acciones cívicas no violentas a nivel local o nacional (los casos pueden enfocarse únicamente en la corrupción o pueden estar ligados a la pobreza, gasto del presupuesto, libertad de información, provisión de servicios estatales, gobernabilidad, democracia, crimen organizado, violencia, derechos humanos, degradación ambiental, etc.)
- Sugerencias de personas u organizaciones que conozcan casos o puedan difundir el estudio
- Recomendaciones de redes, boletines electrónicos, páginas de Internet, grupos virtuales, etc., mediante los cuales otros puedan ser notificados sobre el proyecto
- Reportes, libros o artículos sobre iniciativas ciudadanas y acción cívica no violenta de combate a la corrupción
Favor de notar que este no es un llamado a propuestas, nuevos trabajos, o investigadores. Si desea contribuir a esta investigación con la información mencionada, contactar a Shaazka Beyerle [email protected].
Para mayor información sobre el International Center on Nonviolent Conflict, ir a: http://www.nonviolent-conflict.org/.
by soapbox | Jan 1, 2010
Fonds de développement des circonscriptions
Les Fonds de Développement des Circonscriptions mettent à mal la responsabilisation: des groupes de la société civile de cinq pays planifient des activités d’incidence, par Jennifer Sleboda, International Budget Partnership
Le Fonds de Développement de la Circonscription en Zambie, par Alexander Chileshe, Economics Association of Zambia
La société civile répond au catalyseur du Fonds de développement de la circonscription en Tanzanie, par Semkae Kilonzo, Policy Forum
Le Fonds pour le développement de la circonscription en Inde, par Sowmya Kidambi, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan et International Budget Partnership
Santé et budgets
Le débat sur l’assurance nationale de santé “National Health Insurance” (NHI) en Afrique du Sud, par Saranne Durham, Idasa et Thokozile Madonko, International Budget Partnership
Le budget de la santé de l’Inde 2010-11: le mal se poursuit, par Ravi Duggal, International Budget Partnership
Budget 2010: un chemin accidenté pour les finances publiques en Afrique du Sud, par Len Verwey, Idasa
Transparence budgétaire et accès à l’information
Nouvelle politique d’accès à l’information de la Banque mondiale: Comment la société civile peut-elle assurer son implantation effective? par Amy Ekdawi, Bank Information Center
Transparence budgétaire au Maroc: C’est possible… par Elena Mondo, International Budget Partnership
Défi de l’information sur l’aide financière de Publish What You Fund
Nouveau système de suivi des projets au Kenya: résultats et limites, par Peter Kariuki, Socio-Economic Rights Foundation
Outils et ressources sur Internet
10 tactiques pour convertir l’information en action, par Philip Thigo, “Social Development Network” (SODNET)
Nouvelle ressource de la FAO: pack méthodologique du droit à l’alimentation, par Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program
UNIFEM lance un site Internet sur les budgets avec une perspective de genre
Nouveau groupe Google sur les budgets participatifs
Nouvelle base de données du Revenue Watch Institute (RWI) sur la gestion transparente des ressources naturelles
Nouvelles publications et annonce
Nouveau rapport du “Overseas Development Institute”: “Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness” par Sam Moon et Tim Williamson
Nouvelle publication: “The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs” par Rick Rowden
Nouveau rapport de Publish What You Pay: “Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition” par Mabel van Oranje et Henry Parham
Sont sollicitées des contributions pour le projet de recherche sur la participation citoyenne et l’action civique de combat contre la corruption, par Shaazka Beyerle, “International Center on Nonviolent Conflict”
Les Fonds de Développement des Circonscriptions mettent à mal la responsabilisation: des groupes de la société civile de cinq pays planifient des activités d’incidence, par Jennifer Sleboda, International Budget Partnership
En février 2010, le Partenariat budgétaire international (IBP) a réuni des représentants d’organisations de la société civile (OSC) d’Inde, du Kenya, du Pakistan, de Tanzanie et de Zambie lors d’une rencontre de deux jours à Washington, D.C., pour discuter des Fonds de Développement des Circonscriptions (FDC). Un FDC est un schéma de financement décentralisé à travers lequel le gouvernement central transfert des fonds à chaque circonscription pour des projets de développement local. Sous ce schéma, les législateurs exercent le contrôle de ces fonds et du choix des projets. Les FDC donnent aux législateurs l’autorité pour implanter des programmes gouvernementaux, violant leur responsabilité constitutionnelle de légiférer et contrôler. L’objectif de cette réunion était de partager des informations sur comment sont mis en œuvre les FDC dans les pays représentés et de discuter des stratégies pour lancer une campagne amendant ou mettant fin aux schémas existants et détenant sa propagation vers d’autres pays.
L’IBP s’est engagé à réaliser une campagne internationale d’incidence sur les FDC en réponse au grand intérêt de la société civile pour cette question. De nombreuses organisations qui collaborent avec l’IBP se sont déjà impliquées dans des campagnes contre les FDC du fait du rôle des législateurs dans l’utilisation de fonds publics et que les FDC génèrent des actes de corruption, des mauvaises gestion et un manque de vigilance. Ces problèmes sont critiques dans la mesure où augmentent les pays adoptant le schéma de FDC dans le monde (au moins 15 pays ont déjà implanté des FDC et de nombreux autres considèrent cette option). En outre, la quantité de fonds publics destinés aux FDC continue d’augmenter.
Comme premier pas, l’IBP a commissionné une recherche sur les caractéristiques et les problèmes des FDC existants. Ce travail de recherche examine les FDC en Inde, au Kenya, au Pakistan, aux Philippines, en Tanzanie et en Ouganda. L’IBP a organisé la réunion sur les FDC pour discuter des résultats de la recherche, en apprendre davantage sur les schémas spécifiques de FDC de la part de partenaires de la société civile et développer un agenda de recherche, des objectifs et stratégies pour une campagne d’incidence. La réunion a débuté avec un résumé des conclusions de la recherche suivi de présentations de la part des partenaires de l’IBP:
- Sowmya Kidambi de “Kisan Shakti Sangathan” (MKSS) et de l’IBP a discuté du FDC de l’Inde. Etabli en 1994, le schéma offre à chaque membre du parlement (MP) et membre de l’assemblée législative (MAL) 440 000 US$ par an pour les dépenser en projets dans leur circonscription. Les MP et MAL ont le pouvoir de recommander des projets de développement aux chefs de district et de sélectionner les localités pour réaliser des projets favorisant des communautés ayant voté pour eux. Les comités de suivi n’ont pas été créés comme exigé par la loi et les chefs de district ne font que de rares inspections sur les projets. Par ailleurs, le manque de coordination génère la duplication des efforts. A ce jour, il n’a pas été organisé de campagne contre le FDC en Inde, seuls existent des efforts isolés de la part d’organisations individuelles qui travaillent pour réformer ou écarter le schéma.
- Hussein Khalid de “Muslims for Human Rights” (MUHURI) a présenté le cas du FDC du Kenya. Etabli en 2003, le FDC reçoit 2.5% du revenu total du gouvernement par an. Chaque MP reçoit approximativement 1 million d’US dollars par an pour les dépenser en projets de développement dans sa circonscription. Les problèmes issus du FDC incluent l’augmentation de la corruption au niveau local, des projets de mauvaise qualité du fait du manque de vigilance et de l’utilisation de fonds de développement comme d’un outil politique. Devant cette situation, MUHURI a mobilisé des communautés pour surveiller les fonds FDC à travers des audits sociaux. MUHURI considère que le FDC pourrait être bénéfique si les fonds n’étaient pas dans les mais des MP et que la loi sur les FDC se consolidait pour prévenir la corruption et améliorer la vigilance. MUHURI a soumis une demande à la Cour questionnant la constitutionnalité des FDC sur la base du rôle des MP dans la gestion des ressources publiques.
- Ali Asghar Khan de la “Omar Asghar Khan Development Foundation” a parlé du FDC au Pakistan, lequel a été établi en 1985 et est le plus ancien de tous. Ce FDC distribue plus de 19.5 millions de US dollars – l’équivalent de 70% du budget national pour la santé – aux membres de l’Assemblée nationale (MAN) et aux membres des Assemblées provinciales (MAP) chaque année. Les MAN et MAP recommandent des projets d’infrastructure aux fonctionnaires de districts qui les remettent aux comités de développement du district pour approbation. La fondation s’oppose au schéma parce qu’il compromet la fonction législative et de vigilance des législateurs, nuit au gouvernement local, légitime les pratiques clientélaires entre les législateurs et leurs électeurs et affaiblit la responsabilisation et la transparence.
- Semkae Kilonzo de “Policy Forum” et Irenei Kiria de “Sikika” ont parlé du nouveau catalyseur du FDC de Tanzanie (CDCF), qui a été approuvé par le parlement en 2009. La société civile s’oppose au CDCF puisqu’il viole la séparation constitutionnelle des pouvoirs en donnant des fonds, directement, aux législateurs pour l’implantation de projets. “Policy Forum” va surveiller l’implantation du CDCF en plus de mener une campagne pour mettre fin au schéma. (Pour davantage d’informations sur le CDCF et la réponse de la société civile, voir « La société civile répond au catalyseur du fonds de développement pour la circonscription en Tanzanie » ci-dessous.)
- Alexander Chileshe de “The Economics Association of Zambia” (EAZ) a présenté le FDC de ce pays. Etabli en 1995, le FDC de Zambie a augmenté de 13000 US$ par circonscription en 2006 à 148000 US$ en 2010. Les fonds FDC sont contrôlés au niveau local par le législateur qui représente la circonscription. Ce schéma se caractérise par sa pauvre gestion financière, la corruption et le manque de vigilance. L’EAZ recommande que le FDC et les institutions qui le pilotent soient soumis à une révision urgente et que le déboursement de fonds se détienne durant cette période. (Pour davantage d’informations sur la réponse de l’EAZ au FDC de Zambie, voir « Le Fonds de développement pour la circonscription en Zambie » ci-dessous).
Les participants de la réunion sont tombés d’accord sur le fait qu’en dépit des variations dans les schémas FDC, ils partagent le problème central qui consiste en ce que les législateurs jouent un rôle dominant dans le contrôle des fonds de développement, notamment dans des pays où les lignes directrices du FDC limitent leur rôle. Les participants ont parlé de la recherche nécessaire pour définir ou renforcer leurs campagnes contre le FDC dans leur pays et de développer une recherche commune et un agenda d’incidence regroupant trois thèmes reliés:
- la violation de la séparation des pouvoirs entre la législature et l’exécutif
- la politisation du développement dû au contrôle législatif de la gestion des fonds de développement
- l’effet du FDC sur les activités de la législature, surtout sa fonction de vigilance
Pour répondre au premier point, l’IBP a accepté de commissionner un expert pour écrire un rapport légal sur les FDC, détaillant comment cela transgresse la séparation des pouvoirs entre la législature et l’exécutif. Pour répondre aux deuxième et troisième points, chaque partenaire de la société civile s’est engagé à réaliser une recherche et à réunir des éléments concrets sur les défis pour le développement générés par le rôle des législateurs dans le FDC, ainsi que les défis que ce dernier impose à la fonction de vigilance de la législature.
Finalement, il a été conclu que les deux objectifs d’une campagne d’incidence seraient celui de réformer le FDC dans les pays où il existe déjà et de freiner sa propagation vers d’autres pays. L’IBP s’est engagé à réalisé une recherche pour déterminer les partenaires internationaux potentiels et les objectifs pour l’incidence du FDC.
Lis le rapport de l’atelier sur le fonds de développement pour la circonscription (FDC) organisé par The State University of New York Center for International Development (SUNY/CID) les 8 et 9 décembre 2009. Le projet SUNY/CID a commissionné un ensemble d’études de cas et une recherche additionnelle pour explorer le développement et les opérations des FDC au niveau international.
Pour davantage d’informations, contacter Jennifer Sleboda [email protected].
Le Fonds de développement de la circonscription en Zambie, par Alexander Chileshe, “Economics Association of Zambia”
Le Fonds de développement de la circonscription (FDC) en Zambie a été approuvé par le parlement en 1995 pour financer des projets communautaires pour la réduction de la pauvreté. Dans le cadre cette initiative, le gouvernement alloue des fonds de développement chaque année aux 150 circonscriptions du pays. Ces fonds sont sous le contrôle des membres du parlement (MP), qui sont également membres des comités de développement local (CDL) qui révisent et recommandent les propositions de projets pour les FDC.
Conformément aux lignes directrices du FDC, les CDL reçoivent des propositions de projets des sous-districts – comités de développement, comités de développement résidentiel et représentants communautaires – et les remettent au sous-comité de la planification du comité de développement de district pour leur valorisation avant de recommander des propositions au conseil du district.
Chaque conseil de district est obligé d’inclure des fonds FDC pour des projets de développement local dans son budget. Le FDC est immergé dans la politique de décentralisation du gouvernement. C’est pourquoi il représente un des transferts de fonds les plus significatifs vers les conseils de districts. Les conseils sont obligés de rendre des comptes pour ces fonds, conformément à la loi du gouvernement local de Zambie de 1996.
Le FDC en Zambie est passé approximativement de 13000 US$ par circonscription en 2006 à 148000 US$ en 2010 et l’intérêt pour augmenter cette quantité a crû encore plus. Durant la campagne présidentielle de 2008, le Président Rupiah Banda a promis d’augmenter le FDC à environ 225000 US$ par circonscription alors que le candidat de l’opposition a parlé d’une augmentation à 900000 US$ en cas de victoire. Bien évidemment, trouver les ressources pour ce type d’augmentations est une tâche difficile pour tout budget.
Les citoyens ont exprimé leur préoccupation sur ces augmentations qui paraissent ne pas avoir de limite: « Je me demande comment le gouvernement peut envoyer K1bn (US$ 225,000) à chaque circonscription mais refuser de se responsabiliser pour les travailleurs du conseil qui ne reçoivent pas de salaire depuis 21 mois… il ferait mieux de payer leurs salaires au personnel du Conseil avant de continuer à envoyer des fonds au FDC » (Zambian Prophet, 26 octobre 2008).
Conformément aux lignes directrices du FDC, l’objectif du FDC est de renforcer les communautés locales en leur offrant des fonds pour l’agriculture, la santé, les services sociaux, l’éducation et d’autres besoins de la communauté. Certains projets positifs ont été achevés, comme les deux nouveaux ponts construits par l’Etat de Katete en 2008. En même temps, il y a un grand nombre de projets qui ont gaspillé des ressources tels que les projets d’élevages de chèvres, dans lesquels on n’a pu trouver ni une seule chèvre.
La corruption est peut-être l’aspect le plus alarmant du FDC. La mauvaise gestion financière, l’abus et la mauvaise utilisation des ressources publiques et la totale indifférence envers les lignes directrices du FDC et la loi du gouvernement local sont à l’ordre du jour. En 2008, le gouvernement central n’a déboursé que 10.2 millions de dollars des 11.1 millions prévus à l’origine pour le FDC parce que certaines circonscriptions n’ont pas fait de rapport sur les fonds FDC en 2007. Il semble qu’il n’y a pas de base de données centrale avec des informations sur les projets et programmes qui ont été implantés depuis l’insertion du FDC. Le système d’archives de documents est un désastre – les informations de 1995 à 2005 ne sont pas disponibles. Il reste beaucoup à faire dans la pratique pour améliorer l’administration, l’utilisation et le suivi de ces fonds. Tel qu’implanté aujourd’hui, le FDC représente un coût pour la société et, contrairement à ses objectifs, accentue la pauvreté.
Une autre conséquence négative du contrôle des législateurs sur le FDC est que celui-ci est devenu un outil politique pour récompenser l’électorat fidèle. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que le budget du FDC 2008 ait été mis à la connaissance du public deux semaines avant les élections présidentielles de 2008.
L’EAZ recommande que le FDC et les institutions qui le gèrent soient soumis à une révision urgente et que le déboursement du FDC soit interrompu durant cette période. En outre, il faut créer une base de données centrale pour les projets FDC, base devant être hébergée au sein du Ministère du gouvernement local et du logement. Des mécanismes solides pour l’augmentation de la responsabilisation et la transparence doivent également être implantés. Finalement, l’autorité des CDL locaux (auxquels appartiennent les législateurs) sur l’utilisation de fonds FDC doit être transférée au Département de la planification et au Comité coordinateur de développement du district.
Pour davantage d’informations, contacter Alexander Chileshe [email protected].
La société civile répond au catalyseur du fonds de développement de la circonscription en Tanzanie, par Semkae Kilonzo, Policy Forum
En juillet 2009 l’Assemblée nationale de la République unie de Tanzanie a adopté la loi du fonds catalyseur de la circonscription pour le développement 2009 (Loi CDCF, 2009), qui a établi le CDCF. Le fonds est administré dans chaque circonscription par un comité CDCF, lequel est dirigé par le législateur ou membre du parlement (MP) qui représente le secteur. Le comité CDCF initie et supervise l’implantation et coordonne tous les projets de développement conçus au niveau de la circonscription.
Il y a eu une première tentative pour l’adoption de la loi CDCF en 2007, alors que le gouvernement avait alloué 5.8 millions d’US dollars pour le fonds dans le budget de cette année. L’allocation pour le CDFC récemment entré en vigueur n’est pas encore connue.
Il n’est pas surprenant que les MP en Tanzanie soient emphatiques dans leur soutien au CDCF en déclarant qu’il offrira un mécanisme démocratique pour renforcer les citoyens et qu’il sera financé localement et non par les bailleurs. Les MP expliquent qu’ils agissent déjà comme des « distributeurs ATM » dans leur circonscription et qu’ils sont perçus comme des gestionnaires de projets par l’électorat. Ils déclarent également qu’ils doivent disposer de fonds discrétionnaires pour dépenser dans leur circonscription comme les membres des commissions de district et de région. Comme 2010 est une année électorale, la capacité des MP de débourser des fonds CDCF pour leurs citoyens a sans aucun doute influencé leurs efforts pour appliquer le CDCF.
Les organisations de la société civile (OSC) en Tanzanie rejettent le CDCF parce que le rôle des MP dans les fonds viole l’Article 4 de la Constitution de la République unie de Tanzanie de 1977, lequel dispose de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire pour assurer les poids et contrepoids. En outre, l’Article 64 de la constitution décrit la fonction de la législateur comme celle d’un « grand inquisiteur », qui surveille et fait le suivi des activités du gouvernement. Par conséquent, les MP sont normalement forcés de jouer leur rôle de vigilance à travers le suivi du travail des agences d’exécution. Ce rôle se verra sérieusement affecté quand les MP prendront la fonction de l’exécutif en administrant des fonds publics et en implantant des projets.
Un autre problème du CDCF est qu’il établit des systèmes parallèles au niveau du district et augmente le travail des fonctionnaires de district sans offrir de fonds supplémentaires au gouvernement local.
Pour retourner la perception publique des MP comme philanthropes, la société civile en Tanzanie doit informer les gens sur les fonctions des MP concernant la formulation de lois et la vigilance. De la même façon, les MP doivent améliorer le fonctionnement des mécanismes locaux de financement existants comme es bourses de formation et le Fonds d’action sociale de Tanzanie, au lieu d’en créer de nouveaux. La société civile recommande également que les MP accroissent leur capacité à faire des recherches et analyses pour améliorer leurs fonctions législatives et de vigilance.
En réponse à la violation du CDCF concernant la séparation des pouvoirs, une coalition d’OSC dirigée par “Policy Forum” et par le “Legal and Human Rights Centre” (LHRC) ont décidé de défier la constitutionnalité de la loi CDCF 2009 devant la Cour. Avec ce processus, on espère obtenir:
- L’articulation légale de la séparation des trois pouvoirs du gouvernement et une clarification – à travers la Cour – les fonctions, devoirs et limites de chaque pouvoir
- Le respect par chaque pouvoir de ses devoirs, des améliorations de la démocratie et une bonne gouvernance, moins de frictions entre le législatif et l’exécutif et de meilleurs résultats de développement
- Une déclaration selon laquelle l’entrée en vigueur de la loi CDCF 2009 se situe hors des pouvoirs constitutionnels du parlement et qu’elle n’est, évidemment, pas valide
- Un ordre pour que la loi CDCF 2009 soit retiré des statuts de la Tanzanie
- Une baisse de la mauvaise utilisation des fonds publics de la part des CDCF et une leçon au parlement pour qu’il n’approuve pas de lois anticonstitutionnelles à l’avenir
En mettant à l’épreuve la constitutionnalité du CDCF, “Policy Forum” et ses partenaires de la société civile tentent également de surveiller l’implantation du CDCF pour réunir des éléments sur comment sont utilisés les fonds et quel est son impact sur le développement et la gouvernance locale.
Pour davantage d’informations, contacter Semkae Kilonzo [email protected].
Le fonds pour le développement de la circonscription de l’Inde, par Sowmya Kidambi, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan et International Budget Partnership
Le schéma de développement local pour les membres du parlement et les membres de l’assemblée législative “Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme” (MP/MLA-LADS) de l’Inde a été établi en 1994. Ce schéma crée un fonds différent pour les MP et MLA et leur délègue l’autorité pour faire des recommandations sur des projets de développement dans leur circonscription respective avec un accent sur la création de biens durables pour la communauté (comme des établissements scolaires, des canalisations d’eau, etc.) sur la base des besoins locaux. Pour les MP et les MLA, ce schéma est au service du bien de la communauté.
Les MP-LADS donnent à chaque MP approximativement 445 000 US$ pour dépenser durant l’année financière. Cependant, la quantité allouée à chaque MLA varie d’Etat à Etat. Par exemple, les MLA dans l’Etat du Radjahstan reçoivent approximativement 134 000 US$ par an, alors que les MLA de Andhra Pradesh reçoivent approximativement 111 000 US$ par an. Ces fonds proviennent du fonds consolidé du gouvernement à travers une appropriation annuelle et les ouvrages que choisissent et recommandent les MP et les MLA peuvent être obligatoires ou discrétionnaires. Le MP-LADS est un schéma financé depuis le centre et est administré par le Ministère des statistiques et de l’implantation de programmes. Le MLA-LADS est administré au niveau étatique.
En 1993 sont été réalisés deux amendements importants à la Constitution d’Inde, à travers lesquels l’autorité et les devoirs du gouvernement ont été décentralisés et ont été créés des corps politiques locaux. La démocratisation et le transfert de pouvoir fiscal aux corps politiques locaux avaient pour but de créer des institutions qui rendraient des comptes de meilleure manière aux citoyens locaux et plus réceptives aux besoins locaux. Les corporations municipales et conseils de village “Municipal Corporations and Gram Panchayats (Village Councils),” qui sont nés de ces amendements sont les corps locaux clés en Inde.
Le MP/MLA-LADS est sorti de l’agenda de décentralisation. Un des arguments en soutien du schéma est que l’électorat sollicitait aux MP et MLA l’implantation de petits projets. Pour achever ces œuvres rapidement, les MP et MLA devaient utiliser les fonds de façon discrétionnaire.
Sous ce schéma, chaque MLA et MP peut choisir les œuvres et faire des recommandations au chef de district. Conformément aux procédures établies dans les lignes directrices du schéma, les œuvres recommandées sont implantées soit par un département gouvernemental soit par un corps local, au choix du chef de district.
Le problème est que les MP et MLA se sont pas des autorités locales, mais sont élus pour remplir des fonctions législatives et de vigilance. De la même façon, les conseillers municipaux sont seulement responsables de l’entretien et de la réparation des ouvrages au niveau municipal. Ainsi, le schéma accroit la duplication des fonctions des corps locaux et du fait de la multiplicité des autorités, il n’y a pas vraiment décentralisation.
L’idée à la base est que les MP/MLA-LADS créent des biens durables pour la communauté et il existe un certain désaccord concernant les ouvrages devant être réalisés avec les fonds. Les projets MP/MLA-LADS dans les zones rurales incluent des chemins, des systèmes d’assainissement et des salles de classe, alors que dans les zones urbaines ils incluent des routes piétonnes et des parcs, entre autres. Cependant, beaucoup pensent que bien que ces projets soient des biens durables pour les communautés, ils devraient être laissés à la discrétion des gouvernements locaux. Les fonds MP/MLA-LADS seraient mieux utilisés pour des projets comme des cantines de jour, des centres sportifs, des centres de collecte des déchets, des lieux de repos pour les femmes qui travaillent, des métros et des asiles publics.
Les MP/MLA-LADS interdisent aux MP et MLA d’utiliser les fonds pour l’achat d’équipement, faire des ouvrages d’entretien ou des réparations, construire des statues, implanter des oeuvres dans des institutions religieuses, acquérir des terrains ou réaliser des projets pour le bénéfice individuel. Cependant, le Rapport du contrôleur et de l’auditeur général “Comptroller and Auditor General’s Report” (Rapport CAG 2005) établit que 80% des oeuvres implantées sous le MP/MLA-LADS étaient des projets de réparation et d’entretien, alors que d’autres impliquaient des institutions religieuses et des prestations pour des individus. Ces conclusions ont confirmé la mauvaise utilisation des ressources dans le cadre de ce schéma.
En outre, le rapport CAG 2005 révélait que 72% des travaux recommandés par les MLA de à 2005 visaient des améliorations des routes et des systèmes d’assainissement. Le rapport explique que les améliorations des routes, le projet préféré des MLA, sont à la charge de la municipalité ou du département des travaux publics.
Un autre problème est que de nombreux MLA et MP n’utilisent pas ces fonds pendant plusieurs années puisqu’ils peuvent être accumulés, puis les dépensent juste avant les élections. Ceci montre comment le MP/MLA-LADS contribue au développement de pratiques clientélaires et à la politisation du développement.
En 2007, la commission pour la seconde réforme administrative en Inde a défendu l’éradication des MP/MLA-LADS, déclarant que le schéma « nuit sérieusement à la séparation des pouvoirs, puisque le législatif se convertit directement en exécutif ».
En 1999 un cas a été présenté à la Cour suprême de l’Inde par le directeur de “Common Cause India” pour abolir le schéma car étant anticonstitutionnel, discriminatoire et n’utilisant pas les fonds comme il se doit. Le cas est encore entre les mains du jury. Jusqu’à aujourd’hui, le schéma MP-LADS a érodé les ressources financières de presque 445 millions de dollars par an.
Il y a eu plusieurs tentatives de la part de militants et d’organisation de la société civile pour surveiller l’allocation des fonds LADS. Le principal obstacle qu’ils ont rencontré est d’accéder à l’information sur les dépenses réelles, au lieu de données agrégées. Ceci malgré la loi sur le droit à l’information de l’Inde, laquelle indique que toute l’information doit être mise à la disposition du public.
Bien que de nombreuses organisations cherchent à avoir accès aux informations des MP/MLA-LADS pour garantir la transparence et la responsabilisation, il n’y a pas d’efforts consolidés pour surveiller comment sont dépensés les fonds et évaluer les résultats d’un MP ou MLA avant les élections. Les efforts individuels de la part d’organisations et activistes se concentrent, surtout, sur l’établissement de normes de transparence et de responsabilisation pour le schéma.
Pour davantage d’informations, contacter Sowymya Kidambi [email protected].
Le débat sur l’assurance nationale de santé “National Health Insurance” (NHI) en Afrique du Sud, par Saranne Durham, Idasa et Thokozile Madonko, International Budget Partnership
Depuis 1994, l’Afrique du Sud a entrepris la tâche difficile de restructurer le système de santé public. Les 16 dernières années ont connu des améliorations significatives dans la politique et la législation concernant la santé universelle, conformément au devoir constitutionnel du gouvernement. La Constitution de l’Afrique du Sud déclare que « toute personne a le droit d’avoir accès à des services de santé », ce qui oblige le gouvernement sud-africain à étendre progressivement la qualité des services de santé, dans la mesure de ses possibilités.
Cependant, malgré les augmentations réelles des dépenses pour la santé publique, l’impact de cette dépense a été limité par le poids de maladies comme le VIH/SIDA et les conditions de pauvreté. Afin d’amplifier les services de santé et de répondre aux inégalités présentes, le gouvernement d’Afrique du Sud exprime le besoin d’introduire des mécanismes de financement novateurs, incluant une combinaison de financement public avec des ressources du secteur privé réorientés vers le secteur public.
L’inégalité entre les secteurs public et privé en Afrique du Sud est très significative. Environ 15% des Sud-Africains sont couverts par une assurance médicale privée. 20% additionnels payent des services de santé primaire de leur propre poche, mais dépendent encore du secteur public pour les soins d’hôpitaux. Les 65% restants de la population dépendent complètement du secteur public pour couvrir leurs besoins de santé.
Une partie importante du débat sur la réforme de santé en Afrique du Sud se concentre sur l’introduction d’un système national d’assurance de santé “National Health Insurance” (NHI). L’information limitée sur les plans d’un système NHI reflète une participation publique faible ou nulle. A ce jour, il n’existe aucune documentation officielle sur le NHI, même si deux documents non officiels se sont infiltrés parmi l’opinion publique. Ces documents proposent un NHI sud-africain offrant un pack de santé universel, inclusif et gratuit.
La participation publique est nécessaire pour que le NHI soit conçu et implanté avec succès en Afrique du Sud. En outre, le NHI ne doit pas être perçu comme la panacée des limitations financières et déficiences dans les services de santé; mais comme un mécanisme pour garantir que le maximum possible de ressources soit mis au service du droit constitutionnel à la santé, surtout la santé primaire en Afrique du Sud.
Le budget de la santé de l’Inde 2010-11: le mal continue, par Ravi Duggal, International Budget Partnership
Le contexte budgétaire
Le budget national de l’Inde pour l’année fiscale 2010-11 a été publié le 26 février 2010 dans un contexte dans lequel l’inflation des aliments à dépassé les 22%. Le Ministre des finances (MF) Pranab Mukherjee a déclaré que « le budget ne peut être une simple présentation des comptes du gouvernement. Il doit refléter la vision du gouvernement et indiquer les politiques à venir. Avec les réformes économiques et de développement, l’accent de l’activité économique se porte désormais sur les acteurs non gouvernementaux, avec une plus grande attention portée au rôle du gouvernement comme exécuteur. Un gouvernement médiatique ne cherche pas à donner directement aux citoyens tout ce dont ils ont besoin. Au lieu de cela, il cherche à créer un ethos facilitateur pour que l’entreprise et la créativité individuelle prospèrent. Le gouvernement se concentre sur l’appui à la prestation de services aux secteurs les plus vulnérables de la société ».
Pour la première fois depuis qu’ont débuté les réformes économiques, le gouvernement a admis l’intention d’abdiquer le développement au secteur privé et de se convertir en intermédiaire. Devant cette situation, le MF anticipe trois défis:
- Retrouver la croissance économique de 9% ou plus
- Rendre le développement plus inclusif — spécialement pour la sécurité alimentaire, l’éducation et la santé
- Faire en sorte que le système public, la gouvernance et les mécanismes de prestation de services soient efficients, efficaces, transparents et responsables
Le MF a affirmé également, « Pour le gouvernement, le développement inclusif est un acte de foi. Ces cinq dernières années, notre gouvernement a créé des attributions appuyées par des lois pour le droit à l’information et le droit au travail de l’individu. Ceci a été suivi par l’attribution du droit à la santé de 2009-10 et la proposition de loi sur la sécurité alimentaire. Pour respecter ces engagements, les dépenses sociales ont augmenté graduellement de Rs.1,37,674 crore, équivalant à 37% de la projection pour 2010-11. 25% supplémentaires des allocations planifiées sont consacrés au développement de l’infrastructure rurale. Avec la croissance et les opportunités qu’elle génère, nous espérons renforcer le processus de développement inclusif ».
Estimations du budget de la santé
L’allocation totale pour la santé par le gouvernement national est de 251.54 milliards de Rs. Ceci représente à peine 0.36% du PIB prévu mais représente presque 28% du total des dépenses nationales pour la santé (d’environ 625 milliards de Rs. Pour 2010-11). 40% du budget pour la santé du gouvernement sont pour les gouvernements étatiques. Cependant, le total du budget de la santé faisant partie du PIB atteint 0.89% de ce dernier, et encore un peu moins selon les dépenses réelles.
Budget 2010: un chemin accidenté pour les finances publiques en Afrique du Sud, par Len Verwey, Idasa
Bien que l’économie sud africaine soit sortie relativement rapidement de la récession qu’elle a connue après la crise financière globale, il n’y a pas de perspectives optimistes à moyen terme. Cela prendra probablement du temps avant que les impôts fiscaux se récupèrent, laissant les autorités fiscales sans d’autre alternative que d’augmenter les déficits dans les prochaines années dans le cas où sont respectées les promesses de dépenses. De fait, il est attendu que la dette sud africaine augmente de 23% du PIB à plus de 40% avant 2013. Même avec l’augmentation des prêts, le budget pour 2010 propose des augmentations très en-dessous des dépenses publiques. Dans la mesure où de nombreux Sud Africains dépendent des dépenses publiques pour leur bien-être, les prochaines années seront difficiles dans de nombreux foyers.
Le budget 2010 continue d’allouer une grande quantité de ressources pour la santé, l’éducation et la protection sociale sous forme d’aide financière conformément à la disponibilité de ressources, telle que la bourse de soutien infantile et la pension étatique. Les allocations sociales représentent désormais un peu plus de 3% du PIB en Afrique du Sud avec une augmentation du nombre de bénéficiaires du fait de la récession et que s’est étendue la période d’éligibilité pour l’allocation de soutien infantile.
Les transferts de revenus directs – comme les allocations – ont un impact évident sur le bien-être des foyers. Cependant, comme nous pouvons le voir dans les dépenses sociales par programme pour l’éducation et la santé, l’Afrique du Sud continue de lutter pour obtenir les résultats pour lesquels ont été alloués les fonds. En Afrique du Sud, les indicateurs pour la santé et l’éducation sont souvent très faibles comparativement à d’autres pays avec des ressources similaires.
Obtenir plus de résultats avec les mêmes ressources doit être une partie essentielle du débat budgétaire dans les prochains mois et semaines. Obtenir « valeur pour argent » – expression populaire utilisée par le gouvernement, la société civile et les législateurs pour indiquer que la dépense a donné le résultat escompté – requerra une disposition et la volonté pour assurer la responsabilisation de l’exercice budgétaire. Obtenir une plus grande valeur pour une somme d’argent ne signifie pas seulement réduire la corruption. Cela implique d’assurer que les politiques reflètent les besoins sociaux de façon plus claire. Une façon essentielle pour obtenir cela est d’assurer la participation citoyenne dans la préparation, l’implantation et l’évaluation de politiques.
L’Afrique du Sud a encore un niveau de chômage et une économie qui lutte pour s’éloigner de la dépendance aux exportations pour sa croissance. Le budget 2010 se concentre sur le chômage et a formulé plusieurs suggestions pour répondre au problème, notamment un subside pour encourager les entreprises à embaucher des travailleurs jeunes sans expérience. Une autre suggestion est que certaines parties de la législation du travail sud africaine soient révisées pour promouvoir la création d’emplois. Ces suggestions, cependant, ont été critiquées par le Congrès des syndicats du commerce d’Afrique du Sud, “South African Trade Unions” (COSATU), lequel s’oppose fermement à toute réduction concernant les droits du travail des travailleurs ou leur salaire minimum.
Ces trois ou quatre dernières années, les dépenses en infrastructure publique ont augmenté en pourcentage du budget. Dans les années postérieures à 1994 – tout comme dans les dernières années de l’apartheid – les dépenses en infrastructure ont été insuffisantes et ont généré un certain degré de désindustrialisation. En conséquence, l’économie d’Afrique du Sud expérimente des goulots d’étranglement dans l’infrastructure de transport et d’énergie dans des périodes de haute croissance. Bien que les besoins des dépenses en infrastructure doivent être priorisés, il existe des préoccupations concernant l’efficience et l’efficacité de ces dépenses, ainsi que la transparence et l’intégrité des processus d’acquisition des biens. Cette situation révèle l’importance de la vigilance du législatif et de la société civile dans l’implantation du budget. Actuellement, les finances publiques d’Afrique du Sud sont suffisamment transparentes pour être surveillées de près: tant les documents que les rapports de dépenses et d’audit général peuvent être obtenus avec une certaine facilité. Cependant, il manque une culture forte de relation entre le législatif et l’exécutif, et entre le gouvernement et la société civile.
Malgré certaines expectatives de la gauche, le budget exprimait clairement qu’il respectait l’engagement de l’Afrique du Sud de poursuivre la politique monétaire avec perspective inflationniste. La gauche avait demandé à la banque centrale d’élargir ses fonctions pour donner une plus grande considération aux objectifs de croissance et d’emploi. Il est probable que ces débats se poursuivent dans les prochaines années.
En 2009, le parlement sud africain a finalement adopté une loi lui donnant le pouvoir constitutionnel pour amender le budget de l’exécutif. Le budget 2010 est le premier test de cette législation et du pouvoir du parlement. Cependant, la capacité institutionnelle du parlement est encore en développement pour qu’il puisse remplir ce rôle avec efficacité. Un réquisit est aussi d’établir un office budgétaire indépendant et formé pour offrir un soutien au comité.
L’Afrique du Sud est passée par une étape de forte croissance avec un budget avide de ressources entre 2003 et 2007. Beaucoup a été fait pendant cette période pour lutter contre la pauvreté, comme d’étendre l’allocation de soutien infantile, d’élargir l’infrastructure pour le logement aux communautés auparavant exclues et de prioriser les dépenses en santé et éducation. Cependant, les défis du chômage et l’inégalité, en particulier, demeurent très importants. Dans les prochaines années, il sera vital d’ouvrir le chemin dans ce sens, même si les ressources publiques n’augmentent pas. Les politiques doivent combattre la pauvreté et sur la base des besoins réels des citoyens; et l’implantation de politiques doit être effective et efficace. La société civile peut et doit surveiller l’implantation de politiques de combat contre la pauvreté. Toutes les parties doivent jouer leur rôle pour que la récupération sociale de la récession soit rapide ou durable.
Nouvelle politique d’ouverture de l’information de la Banque mondiale: Comment la société civile peut-elle assurer son implantation effective? par Amy Ekdawi, Bank Information Center
Le 17 novembre 2010, le bureau directeur de la Banque mondiale a approuvé une nouvelle politique d’ouverture sous le titre “Toward Greater Transparency Through Access to Information: The World Bank’s Disclosure Policy,” qui va entrer en vigueur le 1er juillet 2010. Cette politique révisée rompt avec les schémas habituels, non seulement pour la Banque mondiale mais aussi pour toutes les institutions financières internationales, puisque pour la première fois elle accepte le principe selon lequel toutes les informations de la Banque mondiale doivent être mises à la disposition du public, à moins qu’elles ne rentrent dans le cadre très étroit d’exceptions.
Antécédents de l’ouverture des informations de la Banque
L’accès opportun aux documents et la prise de décisions de la Banque mondiale ont constitué une préoccupation des organisations de la société civile (OSC) pendant longtemps? Dans les années 1980 et 1990, les OSC critiquaient la Banque mondiale pour financer des projets environnementaux et sociaux destructifs. Il a été découvert que la Banque retenait des informations vitales aux communautés affectées, leur refusant le droit à participer aux décisions concernant l’objectif, la conception et l’implantation de projets.
Face aux critiques croissantes en 1985, la Banque a adopté ses premières lois d’ouverture. En 1991, les OSC ont poussé la Banque à publier des évaluations environnementales avant l’approbation de projets et en 1993 la Banque a adopté, formellement, l’ouverture de l’information qui a introduit les documents d’information des projets “Project Information Documents” (PIDs) en réponse à la pression de la société civile et d’une menace du Congrès de l’E.U.A de retenir les fonds. Les PIDs ont été divulgués avant l’approbation d’un projet et l’accès aux évaluations des projets avant d’être approuvés a été élargi. En 2001, la Banque a révisé, pour la première fois, sa politique d’ouverture et a publié des documents sur les prêts d’ajustement structurel (bien que seulement après approbation), des rapports de projets achevés et le calendrier du bureau directeur. Cependant, la politique de 2001 entrée en vigueur une année après avait plusieurs lacunes:
- Bien que la politique reconnaisse le principe d’ouverture, elle contredit ce principe.
- La Banque offre une « liste positive » de documents qui ont été publiés. Tout ce qui n’est pas sur la liste a été considéré comme entrant dans le cadre de la politique de non ouverture.
- La politique antérieure contenait une liste d’exceptions à l’ouverture, qui étaient écrites de façon si vague qu’elles justifiaient la rétention de presque tout type d’information.
- Il n’y avait aucune implantation d’informations.
- Le système de sollicitude d’informations manquait d’un mécanisme d’appel pour les demandes d’informations rejetées.
La nouvelle politique
Le 17 novembre 2009, la politique a été approuvée après avoir été révisée. Ceci a été obtenu après une année de révisions et de multiples réunions dans 33 pays avec des citoyens, des représentants du gouvernement, des OSC, des représentants du secteur privé, de l’université, des organisations internationales et des bailleurs. La nouvelle politique adopte cinq principes clés:
- Maximiser l’accès à l’information, à travers l’adoption d’une « liste négative » au lieu d’une « liste positive » comme dans la politique antérieure
- Une liste claire avec les cas « d’exception » à l’ouverture de l’information
- Sauvegarde du processus de délibération
- Procédures claires pour l’ouverture de l’information
- Le droit d’appel
La politique reconnaît également l’importance de traduire certaines informations dans des langues locales et promet d’examiner le cadre existant de traduction de la banque pour assurer un accès plus équitable pour tous les intéressés par les documents.
Résultats et brèches
En plus d’adopter une « liste négative », pour la première fois la nouvelle politique incluse l’ouverture de routine de documents créés durant la phase d’implantation de projets et programmes. Ceci permettra à la société civile de jouer un rôle plus actif pour assurer l’implantation des activités que finance la Banque. La politique accroit également l’accès à des rapports analytiques et des rapports d’activités de conseil. En outre, un système de sollicitudes sera créé pour inclure des mécanismes d’appel internes et externes.
Cependant, la nouvelle politique n’est pas parfaite. Une de ses faiblesses est la protection absolue d’informations internes à travers le « processus délibératif » – une exception qui peut retenir des informations et affecter la participation de la société civile dans les processus de prise de décisions. Une autre barrière est le pouvoir de veto dont disposent les gouvernements et tierces parties, c’est-à-dire, les consultants de la Banque et qui permet aux gouvernements de bloquer la publication de presque toute information qu’ils offrent à la Banque.
Implantation de la nouvelle politique
La nouvelle politique entrera en vigueur le 1er juillet 2010. Pour faciliter la transition, la Banque a développé un plan détaillé d’implantation à partir de l’approbation de la politique et créé un groupe de travail pour l’accès à l’information “Access to Information Working Group” (AIWG) créé sous la supervision du vice-président des relations extérieures de la Banque pour implanter la politique. L’AIWG comprend sept sous-groupes:
- Le sous-groupe du manuel de la politique: il développera les lignes directrices internes de la politique et le manuel du personnel
- Le sous-groupe de la classification: il créera des critères de classification et déclassification de documents de la Banque
- Le sous-groupe des systèmes et services: il offrira un soutien technique
- Le sous-groupe des communications: il assurera que tant le personnel de la Banque que les acteurs externes comprennent la politique et ses réquisits
- Le sous-groupe de la formation: il développera les programmes de formation pour l’implantation conforme de la politique
- Le sous-groupe de la traduction: il examinera le cadre de traduction existant et déterminera comment assurer l’accès de certaines informations de la Banque aux citoyens qui ne parlent pas la langue officielle de la Banque, c’est-à-dire l’anglais
- Le sous-groupe des informations publiques: il renforcera les services d’informations publiques et l’accès aux informations de terrain
Le rôle de la société civile dans la période de transition
En reconnaissance du fait que la société civile est un acteur important affecté par la politique d’ouverture, la Banque a invité les organisations basées à Washington, D.C., “Bank Information Center” (BIC) et “International Budget Partnership” (IBP), ainsi que le « Centro de Derechos Humanos y Ambiente » (CEDHA) d’Argentine à participer à la planification de l’implantation de cette politique. Le groupe se réunit régulièrement avec le secrétariat général de l’AIWG et avec les différents sous-groupes en fonction des besoins.
La Banque mondiale considère que ces organisations – avec leur expérience comme membres de réseaux plus larges et à travers leurs efforts continus de diffusion aux OSC dans de nombreux pays en voies de développement – peuvent faire des apports importants aux différents sous-groupes. Les trois organisations prévoient de consulter leurs collègues autour du monde sur les différents aspects de cette politique pour représenter au mieux une gamme plus large d’OSC dans des pays en voies de développement au moment de conseiller la Banque à travers l’AIWG.
Pour davantage d’informations, contacter Amy Ekdawi [email protected].
Transparence budgétaire au Maroc: c’est possible… par Elena Mondo, International Budget Partnership
Transparence Maroc a publié récemment un article dans la revue économique La Revue Economia qui présente les résultats de l’Enquête sur le budget ouvert de 2008. L’article explique le résultat médiocre du Maroc et fait des recommandations pour améliorer le niveau de transparence dans ce pays.
L’accès à l’information et le contrôle social sont fondamentaux pour une démocratie saine. Ils mettent la pression sur le gouvernement pour assurer une plus grande efficacité dans l’utilisation de fonds publics et identifier et corriger de mauvaises gestions et des pratiques de corruption. L’Enquête sur le budget ouvert fait un rapport sur l’état de la transparence dans le monde, entendue comme l’accès public à l’information budgétaire opportune et précise. Dans le contexte global dans lequel la transparence budgétaire apparaît comme pauvre, le Maroc offre seulement des informations minimales à ses citoyens. Bien que le résultat du Maroc se soit légèrement amélioré depuis l’évaluation antérieure en 2006, il y a toujours de nombreuses déficiences:
- Le gouvernement ne produit pas, ni ne publie, de budget des citoyens
- Le rapport de milieu d’année n’est pas publié
- Le rapport d’audit n’est pas publié
- Les comptes fiscaux de revenus et dépenses sont agrégés et n’offrent pas suffisamment de détails
- Le gouvernement n’offre pas d’informations pluriannuelles dans la proposition du budget
- Le parlement dispose d’un pouvoir limité pour amender le budget du gouvernement
- Il y a suffisamment de preuves de fonds secrets et extrabudgétaires
- Il y a un manque d’intérêt dans la loi de régulation
- Il n’y a pas de loi d’accès à l’information ce qui contribue à la pauvreté de l’état de la transparence fiscale
Le gouvernement du Maroc offre des informations budgétaires pertinentes minimum qui ne permettent pas aux citoyens de comprendre avec clarté ce qu’inclut le budget ou d’exiger des comptes au gouvernement pour la gestion des fonds publics. L’accès à l’information budgétaire détaillée sur les revenus et dépenses est très limité ou inexistant, ce qui rend difficile le suivi du prélèvement des impôts, des dépenses et des prêts durant l’année. En outre, les recommandations d’audit ne sont pas implantées ce qui accentue le manque de responsabilisation et rend impossible d’évaluer comment le budget est dépensé. La vigilance parlementaire est faible et inefficace et la domination de l’exécutif sur le processus budgétaire est écrasante. De fait, il y a de nombreux cas de fonds extrabudgétaires qui demeurent hors du contrôle législatif et citoyen.
Que peut-il être fait?
Au Maroc, les améliorations immédiates sont possibles si sont implantées les suggestions suivantes:
- Préparer et publier un document avant l’adoption du budget, une révision de moyen terme et un budget des citoyens
- Inclure des estimations pluriannuelles (par exemple pour l’année fiscale et d’autres estimations antérieures ou postérieures à cette année)
- Introduire et exécuter une loi sur le libre accès à l’information
- Consulter le parlement et le public sur les priorités du budget
- Publier des informations qui sont déjà disponibles en interne (sur la distribution de la charge fiscale et les conditions liées à l’aide financière internationale)
- Améliorer la qualité et la pertinence des informations budgétaires mises à la disposition du public
- Organiser des audiences publiques pour améliorer la participation citoyenne dans le processus budgétaire
- Renforcer l’indépendance de la Cour de contrôle en augmentant ses ressources humaines et publier des rapports de suivi
Il est possible de réaliser de grandes avancées rapidement et pour un coût très faible, ou nul. De 2006 à 2008, de nombreux gouvernements ont publié des informations qu’ils produisaient déjà pour des fins internes ou pour des bailleurs internationaux, ils ont produit de nouvelles informations et ont complété des documents déjà existants avec des informations supplémentaires. Le Maroc ne peut faire exception!
Pour davantage d’informations, contacter Elena Mondo [email protected].
Défi de l’information sur l’aide financière de Publish What You Fund
Le défi de l’information sur l’aide financière “Aid Information Challenge” organisé par “Publish What You Fund”, “Development Gateway”, “The Open Knowledge Foundation”, “2Paths” et “Aidinfo” réunira des experts internationaux sur le développement et des programmeurs lors de différents évènements autour du monde pour développer et promouvoir des outils pour la transparence et suggérer des voies de publication et d’utilisation des informations des bases de données de la Banque mondiale, “DfID” et “AidData.” L’objectif est d’améliorer la compréhension, la disponibilité et l’accès à des informations sur l’aide financière qui soient comparables.
Le premier événement du défi de l’information sur l’aide financière a été organisé à Washington, D.C., le 6 mars, et le second a été réalisé le 10 avril à Londres. Ces événements ne sont qu’une étape dans le processus d’augmentation de la transparence. Il reste encore beaucoup de travail à faire avant, durant et après ces événements pour que les informations de ces bases de données soient comparables, faciles d’utilisation et le plus versatiles possible.
Pour davantage d’informations sur le défi, aller sur: http://www.aidinformationchallenge.org ou contacter [email protected].
10 tactiques pour convertir l’information en action, par Philip Thigo, “Social Development Network” (SODNET)
Le pack 10 tactiques pour convertir l’information en action inclut un film et un ensemble de fiches avec des histoires de 35 militants des droits de l’homme qui ont obtenu des résultats en utilisant des informations et la technologie numérique pour créer des changements positifs dans la société. Le pack a été créé en février 2009 à partir du Camp « info-activism » organisé par Tactical Tech (www.tacticaltech.org) à Bangalore, en Inde. Le camp consistait en un atelier pratique qui a réuni 130 militants d’Afrique, d’Amérique latine, du Moyen Orient et d’Asie pour implanter des tactiques d’activisme numérique.
Le film a été présenté conjointement au succès commercial Avatar dans le programme radiophonique Digital Planet de la BBC et The Ecologist l’a qualifié de film « à ne pas manquer ». Le film a déjà été diffusé dans plus de 50 pays et se transforme rapidement en l’outil essentiel des militants de la société civile dans le monde entier. Le film se fonde sur les expériences de 25 activistes des droits de l’homme qui ont utilisé des moyens cybernétiques pour mobiliser des actions populaires. Certains activistes ont utilisé Facebook pour illustrer les déficiences dans l’infrastructure d’hôpitaux et d’écoles. D’autres ont utilisé les SMS pour vérifier des informations en développant des bulletins citoyens. De façon plus spécifique, le programme INFONET du “Social Development Network” (SODNET) du Kenya a utilisé les SMS pour offrir aux citoyens l’opportunité de faire des questions sur la transparence budgétaire.
L’outil SMS de SODNET permet aux membres du public de demander des informations budgétaires et de joindre les autorités à partir de questions sur la base d’éléments concrets. Il permet aux citoyens de s’intéresser aux allocations pour l’éducation, la santé, l’eau et l’infrastructure sociale. L’outil offre des données sur les projets et le financement (surtout concernant les fonds de développement pour la circonscription “Constituency Development Fund” (CDF) pour que les citoyens et militants utilisent l’activisme sur la base d’éléments concrets au niveau local. Par exemple, une jeune fille a utilisé l’outil SMS et a découvert que des millions avaient été accordés à sa circonscription. Dans un cyber café, elle a vérifié la quantité exacte qu’avait reçue son école. Avec l’aide de ses parents, elle a réuni les éléments pour discuter avec les responsables de l’école et leur demander où était l’argent, qui l’avait reçu, quel critère avait été utilisé pour distribuer l’argent et comment cela se faisait qu’elle n’avait rien reçu.
A ce jour, le système de suivi budgétaire de SODNET est utilisé dans tout le Kenya, recevant plus de 4500 SMS par mois et 200 messages par jour sur sa page Internet. Il a en plus été sollicité par des chercheurs au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. Les données sont accessibles sur Google Maps quand cela est possible et sur Open Street Maps (www.openstreetmaps.org) pour offrir des informations locales.
Pour voir le film ou demander le pack, aller sur: http://www.informationactivism.org
Pour davantage d’informations sur la projection du film au Kenya, contacter [email protected].
Nouveau système de suivi de projets au Kenya : résultats et limites, par Peter Kariuki, Socio-Economic Rights Foundation
Dans un effort pour augmenter dans le monde la transparence et la responsabilisation sur les projets et programmes financés par des donateurs, le gouvernement du Kenya a divulgué le nouveau système électronique de suivi des informations e-ProMIS (“Electronic Project Monitoring Information System”). Ce système respecte les réquisits de transparence de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’assistance. La technologie e-ProMIS est le travail de “Synergy International Systems”, une entreprise américaine et sera implantée conjointement par son associé local “Access Kenya Group.” Cette technologie fera le suivi et l’analyse du flux d’aide et fera en sorte que ces informations soient mises à la disposition du public. Chaque ministre du gouvernement peut utiliser le programme d’e-ProMIS pour surveiller et évaluer les activités du projet lors de chaque phase. Pour le développement de capacités, a été organisé un atelier pour le personnel de 42 ministères gouvernementaux.
Cet article présente les résultats et faiblesses du programme e-ProMIS du point de vue de la société civile et évalue s’il contribuera aux efforts de la société civile et du public pour surveiller les budgets publics.
Les avantages du système e-ProMIS sont:
- Il a été conçu pour satisfaire les réquisits du gouvernement du Kenya. De sorte qu’il servira comme moyen fiable d’information sur les apports de donateurs à la reconstruction du Kenya, la récupération économique et le développement socioéconomique. Il aidera également le gouvernement à administrer l’aide pour le développement et promouvoir l’utilisation transparente et responsable des ressources.
- La technologie facilitera la capacité d’implanter des agences pour produire des rapports opportuns et précis qui sont importants pour le financement de projets.
- Le personnel du gouvernement peut désormais réaliser ses tâches quotidiennes de façon plus efficace. Par exemple, ils peuvent actualiser des informations de projets sur Internet et générer des rapports en quelques secondes.
- Cela permettra au public d’avoir accès à des informations sur des projets financés par des bailleurs et par le gouvernement, incluant la date de début, la personne responsable, les avancées, les coûts, les dépenses aux différentes phases et la date de fin.
- Las agences d’implantation recevront désormais des rapports opportuns et précis sans retard mettant fin aux cas de déboursement tardif des ressources.
Malgré ces avantages, la transparence effective et la responsabilisation concernant le financement et l’implantation de projets aux Kenya se voient affectées par différents facteurs. Parmi ces derniers, figurent le cadre légal qui régule la transparence de projets gouvernementaux et des dépenses, la pratique de la gestion budgétaire, la faible volonté publique d’exiger des informations et la capacité limitée de révision minutieuse. Il reste à déterminer si la technologie e-ProMIS résoudra ces défis.
Il est également important de noter qu’en 2004, le gouvernement a créé le “National Integrated Monitoring and Evaluation System” (NIMES) pour renforcer et homogénéiser les systèmes de suivi et évaluation existants afin d’offrir des informations fiables et complètes des niveaux national, sectoriel et de district. Son objectif est d’améliorer les ciments des politiques sur la base d’éléments concrets et la gestion sur la base de résultats, un outil pour atteindre les objectifs de “Vision 2030”, c’est-à-dire, le plan national de développement du gouvernement. L’information de NIMES est utilisée pour réviser les résultats des programmes et stratégies du gouvernement et informer les décisions, allocations de ressources et révision de stratégies pour faire en sorte que le gouvernement rende davantage de comptes à ses citoyens.
Ces questions rappellent qu’il faut porter attention aux points suivants :
- Il n’est pas encore clair de quelle façon e-ProMIS se relie au cadre NIMES. Ceci, malgré le fait que ces cadres s’inscrivent dans un cadre politique clair qui encourage les citoyens à solliciter l’accès à l’information publique.
- Généralement, générer des informations liées à l’implantation de programmes et du budget est coûteux et les formats de présentation rendent difficile leur examen par les parlementaires, la société civile et les médias. Le format accessible d’e-ProMIS peut imposer un défi à la volonté de ces acteurs clés d’interagir avec l’information. Seront nécessaires des campagnes d’information publique sur comment les citoyens ordinaires peuvent mettre à profit l’information disponible.
- Bien que les conseils et conditions de l’aide des bailleurs soient parfois publiés, il reste encore de nombreuses informations qui ne sont pas rendues publiques. Dans la pratique, toute l’information n’est pas mise à la disposition du public, concernant l’utilisation des fonds des bailleurs et ses résultats. La moyenne des projets achevés n’est pas non plus rendue publique. Pour être efficace, e-ProMIS doit être relié à un processus de vérification publique, puisque publier la quantité de fonds dépensés dans certains projets n’est qu’un aspect de la responsabilisation. Le suivi budgétaire ne cherche pas seulement à analyser les « inputs » ; mais aussi les processus budgétaires, les allocations dépensées, l’efficacité dans les résultats et l’impact. La participation des bénéficiaires cibles dans les processus de suivi et de responsabilisation peut renforcer le système e-ProMIS.
- Finalement, en l’absence d’une relation claire avec le cadre NIMES, la relation d’e-ProMIS avec le processus politique n’est pas évidente. Il n’est pas clair non plus si e-ProMIS dispose de la capacité de générer des informations exhaustives et structurées sur les projets pour satisfaire les besoins des politiques, des partenaires du développement, de la société civile et du public.
Pour que les efforts de transparence budgétaire et de responsabilisation soient couronnés de succès et durables, tous les acteurs et institutions impliqués doivent développer des capacités. Pour améliorer la transparence et la responsabilisation, un système de poids et contrepoids est essentiel. La technologie e-ProMIS contribue certainement à cela, mais pour être vraiment utile, elle doit s’insérer dans les systèmes communs de suivi et d’évaluation et s’encrer dans une plateforme claire de participation publique.
Pour davantage d’informations, contacter Peter Kariuki [email protected].
Nouvelle ressource de la FAO: pack méthodologique du droit à l’alimentation, par Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program
L’Unité du Droit à l’alimentation de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, “The Right to Food Unit of the UN Food and Agricultural Organization” (FAO) a publié une ressource importante pour aider les individus, les organisations et les institutions par la faim et la dénutrition dans le monde. Le pack méthodologique du droit à l’alimentation est un ensemble de cinq livres, chacun traite d’une dimension du travail que les gouvernements et la société civile doivent entreprendre pour réduire la faim et la dénutrition. Le dernier livre de la série se concentre sur l’analyse des budgets et les autres couvrent les secteurs de la gouvernance et de la protection des droits, qui d’après les analystes budgétaires, sont complémentaires au travail de l’analyse des budgets.
Le livre 1 est un guide sur la législation pour le droit à la nourriture. Les lois sont la matérialisation des droits de l’homme puisqu’elles affirment l’existence de ces droits, offrent des standards à travers lesquels on peut évaluer le respect des droits et spécifier des ressources à travers lesquelles les personnes peuvent réclamer leurs droits. Le libre inclut une discussion systématique sur comment développer ou réformer des provisions et des lois constitutionnelles liées à l’agriculture, à des programmes alimentaires et de nutrition, à la terre, à l’eau et à d’autres domaines liés au droit à l’alimentation.
Le livre 2 (en deux volumes) traite des méthodes pour faire le suivi du droit à l’alimentation. Ce livre a été développé sur la base de l’hypothèse selon laquelle le respect de tout droit nécessite de la vigilance : avoir l’œil ouvert, ainsi qu’évaluer ce que fait un gouvernement pour faire respecter les droits et présenter les conclusions à un public plus large pour faire pressions sur le gouvernement et qu’il introduise des améliorations. Le livre inclut un inventaire des différents processus et programmes gouvernementaux qui affectent le droit à l’alimentation et qui doivent être suivis et décrit des méthodologies utiles pour le faire.
Le livre 3 est un guide pour évaluer le droit à la santé, dirigé aux gouvernements, qui sont les principaux responsables du respect des droits. Une action efficace pour réduire la faim et la dénutrition requiert des politiques, des plans et des programmes bien développés. L’évaluation de la situation dans un pays concernant les aliments, la faim et la dénutrition, ainsi que de la condition des mécanismes institutionnels nécessaires pour garantir le droit à l’alimentation, est la base essentielle des informations à partir desquelles le gouvernement peut construire une stratégie logique.
Le libre 4 est un schéma du droit à l’alimentation dans lequel il est expliqué qu’une action efficace du gouvernement requiert des fonctionnaires publics informés, ainsi qu’une société civile informée et active. C’est une aide tant pour le gouvernement que pour les organisations de la société civile qui désirent s’éduquer sur les aspects du droit à l’alimentation et les lois et institutions principales pour la réalisation effective de ce droit.
Le livre 5 traite du travail budgétaire pour faire progresser le droit à l’alimentation. Ici est présenté, pas à pas, le processus pour analyser le budget du gouvernement et évaluer le respect des obligations du droit à l’alimentation. Ce volume a été dirigé par IHRIP avec le soutien essentiel de l’IBP et d’autres organisations. Il contient également des informations sur des initiatives dans trois pays qui produisent « le droit au budget des aliments ».
Le pack méthodologique est unique : il réunit en un seul outil les différentes dimensions – lois, suivi, évaluations stratégiques et budget – pour faire progresser ce droit. Il n’existe rien de comparable et c’est pourquoi il faut féliciter la FAO.
Pour consulter et télécharger le pack méthodologique, aller sur: http://www.fao.org/righttofood.
UNIFEM lance un site Web sur les budgets avec une perspective de genre
La page originelle sur les budgets avec une perspective de genre d’UNIFEM a été créée en 2001 pour soutenir les efforts de ceux qui travaillent pour garantir que le budget et la planification répondent de façon efficace aux objectifs d’équité de genre. La page sert aussi de plateforme d’échanges d’informations et de ressources entre pays, groupes de la société civile et organisations régionales et internationales intéressées par les budgets avec une perspective de genre. Le nouveau site inclut une section de ressources avec de nouveaux contenus sur l’efficacité de l’aide aide financière, sur le financement pour l’équité de genre, et des études de cas, désormais avec plus de 800 références disponibles en cinq langues. Le site contient aussi des profils et des coordonnées d’experts nationaux et internationaux en budgets avec une perspective de genre, des outils de recherche et un “social networking”, ainsi que des vidéos d’événements et ateliers sur les budgets avec une perspective de genre.
Pour davantage d’informations sur les initiatives concernant les budgets avec une perspective de genre d’UNIFEM, aller sur: http://www.gender-budgets.org.
Pour contribuer au site, contacter [email protected].
Nouveau groupe Google sur les budgets participatifs
Le Projet des Budgets participatifs (BP) et le groupe des budgets participatifs de Facebook ont relancé récemment une discussion par email sur les BP. La discussion sur les BP avait débuté en 2005 sur topica.com et a été actualisée sous le format “Google Group” plus facile d’utilisation. L’objectif de ce groupe est de faciliter l’échange d’informations, la discussion et la collaboration entre experts, universitaires et militants des BP. Le BP est un processus démocratique qui se pratique dans des centaines de villes du monde entier, dans lequel les membres de la communauté décident de comment allouer une partie du budget public. Le groupe rassemble 250 membres du monde entier et est ouvert à toute personne désirant participer.
Pour davantage d’informations, aller sur: http://groups.google.com/group/participatorybudgeting.
Nouvelle base de données du Revenue Watch Institute (RWI) sur la gestion transparente des ressources naturelles
Le Revenue Watch Institute (RWI) a créé une base de données interactive sur les recherches, les formations, les documents politiques et vidéos concernant la transparence et la gestion des revenus dérivés des ressources naturelles. La base de données réunit une sélection de matériaux de recherche du monde entier en différentes langues et représente une combinaison des meilleures pratiques, d’analyse et d’expérience.
Pour davantage d’informations, aller sur: http://resources.revenuewatch.org/.
Nouveau rapport du “Overseas Development Institute”: “Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness” par Sam Moon et Tim Williamson
Dans “Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness” Sam Moon et Tim Williamson, chercheurs du “Overseas Development Institute” (ODI) du Royaume-Uni, explorent la relation entre l’aide financière et les budgets de pays récepteurs et entre la dépendance à l’aide financière et la transparence budgétaire. Les pays récepteurs d’aide financière reçoivent souvent des informations insuffisantes sur l’aide financière (surtout à moyen terme) et doivent prendre des decisions budgétaires sur la base d’informations partielles, imprécises et peu fiables. Les informations incomplètes font qu’il est difficile pour les législateurs et la société civile d’exiger des compte-rendus aux gouvernements qui reçoivent l’aide, d’identifier les écarts entre les montants d’aide reçus et dépensés et de surveiller et d’éliminer les actes de corruption et de gaspillage. L’analyse conclut avec une explication de l’importance de l’aide financière des bailleurs et des systèmes d’aide financière au niveau national pour développer des schémas qui harmonisent les informations sur l’aide financière avec les budgets des gouvernements récepteurs. L’analyse identifie également des secteurs de recherche pour que l’aide soit plus efficace dans la promotion de la transparence budgétaire.
Pour consulter le rapport, aller sur: http://www.odi.org.uk/resources/download/4673.pdf.
Pour davantage d’informations, contacter Samuel Moon [email protected].
Nouvelle publication: “The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs” par Rick Rowden
Dans “The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs” Rick Rowden, expert sur comment les systèmes d’aide financière, le commerce et les finances affectent le développement économique, analyse la relation entre le VIH/SIDA et d’autres maladies liées à la pauvreté avec les idées économiques néoliberales qui ont traversé le système économique global ces dernières décennies. D’après Rowden, les politiques du FMI de dépenses limitées ont exacerbé les problèmes de santé publique – surtout le VIH/SIDA – dans les pays en voies de développement. L’auteur explique et critique la théorie néolibérale et son impact sur le développement et évalue les effets de ces politiques sur les institutions mondiales et dans les ministères de la santé des pays en voies de développement.
Nouveau rapport de Publish What You Pay: “Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition” par Mabel van Oranje et Henry Parham
Dans “Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition”, Mabel van Oranje et Henry Parham relatent l’évolution de “Publish What You Pay” (PWYP) depuis sa fondation en 2002. La coalition a été créée pour défendre une plus grande transparence et responsabilisation dans la gestion des revenus dérivés des industries du pétrole, du gaz et des minéraux et s’est rapidement étendue en un réseau global d’organisations communautaires, d’ONG internationales et de coalitions de la société civile dans plus de 70 pays.
Les trois sections principales du rapport couvrent les origines et la structure de PWYP, évaluent l’efficacité de l’incidence et des politiques de PWYP et de ses aspects opérationnels, en plus de réviser le futur de la coalition. Le rapport se fonde sur des entretiens avec des personnes impliquées dans la coalition PWYP, surtout des représentants de la société civile, et est écrit sous forme de questions et réponses pour que les lecteurs identifient leurs thèmes d’intérêt.
Pour voir le rapport complet et le résumé exécutif, aller sur: http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/publishing-what-we-learned.
Sont sollicités des apports pour le projet de recherche sur la participation citoyenne et l’action civique de combat contre la corruption, par Shaazka Beyerle, “International Center on Nonviolent Conflict”
Avec le soutien du “International Center on Nonviolent Conflict” et une bourse du “United States Institute of Peace”, une nouvelle étude est en cours de réalisation sur comment les acteurs civiques et les militants anti-corruption mobilisent les citoyens dans le combat contre la corruption avec des stratégies et tactiques de non violence. Cette recherche informera et analysera la participation citoyenne et les campagnes et mouvements d’action civique non violente de combat contre la corruption et en extraira des leçons et des bonnes pratiques. Le projet s’intéressera aux capacités, stratégies, objectifs et demandes de ces initiatives au lieu du phénomène de corruption en lui-même, ou des conditions dans lesquels il s’opère. La chercheuse qui dirige ce projet réunit actuellement des exemples de:
- Initiatives, campagnes ou mouvements présents ou passés (des deux dernières décennies) sur la corruption qui ont impliqué la mobilisation de citoyens et des actions civiques non violentes au niveau local ou national (les cas peuvent se focaliser uniquement sur la corruption ou peuvent être liés à la pauvreté, aux dépenses budgétaires, à la liberté d’information, à la provision de services étatiques, à la gouvernance, à la démocratie, au crime organisé, à la violence, aux droits de l’homme, à la pollution, etc.)
- Suggestions de personnes ou organisations qui connaissent des cas ou peuvent diffuser l’étude
- Recommandations de réseaux, bulletins électroniques, sites Internes, groupes virtuels, etc., à travers lesquels d’autres peuvent être informés du projet
- Rapports, livres ou articles sur des initiatives citoyennes et des actions civiques non violentes de combat contre la corruption
Veuillez observer qu’il ne s’agit pas d’un appel à propositions, à de nouveaux travaux ou à des chercheurs. Si vous désirez contribuer à cette recherche avec les informations mentionnées, contacter Shaazka Beyerle [email protected].
Pour davantage d’information sur le International Center on Nonviolent Conflict, aller sur: http://www.nonviolent-conflict.org/.
by soapbox | Jan 1, 2010
Constituency Development Funds (CDFs)
Constituency Development Funds Turn Accountability on Its Head: Civil Society Groups from Five Countries Plan Advocacy by Jennifer Sleboda, International Budget Partnership
The Constituency Development Fund in Zambia by Alexander Chileshe, Economics Association of Zambia
Civil Society Response to the Constituency Development Catalyst Fund in Tanzania by Semkae Kilonzo, Policy Forum
India’s Constituency Development Fund by Sowmya Kidambi, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and International Budget Partnership
Health and Budgets
The Debate on National Health Insurance (NHI) in South Africa by Saranne Durham, Idasa, and Thokozile Madonko, International Budget Partnership
India’s Health Budget 2010-11: The Malaise Continues by Ravi Duggal, International Budget Partnership
Budget 2010: A Rocky Road Ahead for Public Finance in South Africa by Len Verwey, Idasa
Budget Transparency and Information Disclosure
The World Bank’s New Disclosure of Information Policy: How Can Civil Society Ensure Its Proper Implementation? by Amy Ekdawi, Bank Information Center
Budget Transparency in Morocco: It’s Possible… by Elena Mondo, International Budget Partnership
Publish What You Fund’s Aid Information Challenge
Online Tools and Resources
10 Tactics for Turning Information into Action by Philip Thigo, Social Development Network (SODNET)
Kenya’s New Electronic Project Monitoring System: Strengths and Weaknesses by Peter Kariuki, the Socio-Economic Rights Foundation
FAO’s New Resource: The Right to Food Methodological Toolbox by Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program
UNIFEM Launches Gender Responsive Budgeting Portal
New Participatory Budgeting Google Group
Revenue Watch Institute’s New Database on the Transparent Management of Natural Resources
New Publications and Announcement
Overseas Development Institute’s New Report: Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness by Sam Moon and Tim Williamson
New Publication: The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs by Rick Rowden
Publish What You Pay’s New Report: Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition by Mabel van Oranje and Henry Parham
Call for Contributions for the Research Project on Citizen Participation and Civic Action to Fight Corruption by Shaazka Beyerle, International Center on Nonviolent Conflict
Constituency Development Funds Turn Accountability on Its Head: Civil Society Groups from Five Countries Plan Advocacy by Jennifer Sleboda, International Budget Partnership
In February 2010 the International Budget Partnership (IBP) brought together representatives of civil society organizations (CSOs) from India, Kenya, Pakistan, Tanzania, and Zambia for a two-day meeting in Washington, D.C., to discuss Constituency Development Funds (CDFs). A CDF is a decentralized funding scheme in which the central government transfers funds to each constituency for local development projects. Under the scheme, legislators exercise control over the funds as well as the selection of projects. CDFs thus give legislators the authority to implement government programs, in violation of their constitutionally defined legislative and oversight roles. The purpose of the meeting was to share information on how CDFs operate in the countries represented and to discuss strategies for a campaign to amend or end existing schemes and stop the spread to other countries.
The IBP has committed to an international advocacy campaign on CDFs in response to its civil society partners’ strong interest in the issue. A number of partners are already involved in campaigns against CDFs due to legislators’ role in the scheme but also because CDFs are marked by corruption, mismanagement, and lack of oversight. These issues are critical as the spread of CDF schemes around the world increases (at least 15 countries have already implemented CDFs and a number of others are considering them) and the amount of public funds involved continues to grow.
As a first step the IBP commissioned research on the characteristics of and problems with existing CDFs. The resulting background paper examines CDFs in India, Kenya, Pakistan, the Philippines, Tanzania, and Uganda. The IBP then organized the CDF meeting to discuss the research findings, learn more about specific CDF schemes from its civil society partners, and develop a research agenda, objectives, and strategies for an advocacy campaign. The meeting began with a summary of the findings of the CDF scoping paper followed by presentations by IBP’s partners:
- Sowmya Kidambi of Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) and the IBP discussed the CDF in India. Established in 1994, the scheme provides each MP (member of parliament) and MLA (member of legislative assembly) with US$ 440,000 per year to spend on capital outlay projects in their constituencies. MPs and MLAs have the power to recommend development projects to district heads, and in selecting project sites, they tend to favor communities that voted for them. Monitoring committees have not been set up, as mandated by law, and district heads rarely inspect the projects. Also, the lack of coordination results in a significant amount of project duplication. To date, there is no campaign against the CDF in India, only isolated efforts by individual organizations working either to reform or scrap the scheme. (For more detailed information on the CDF in India and civil society’s response, see “India’s Constituency Development Fund” below.)
- Hussein Khalid of Muslims for Human Rights (MUHURI) presented the issues surrounding Kenya’s CDF. Established in 2003, the CDF is allocated 2.5 percent of total government revenue annually. Each MP receives approximately US$ 1 million per year to spend on development projects in their constituency. Problems arising from the CDF include increased local-level corruption, substandard projects due to poor oversight, and the use of development funds as a political tool. In response, MUHURI has mobilized communities to monitor CDF funds through social audits. MUHURI believes that the CDF could be beneficial if the funds were taken away from the MPs and the CDF law was strengthened to prevent corruption and improve oversight. MUHURI has filed a court case challenging the constitutionality of the CDF based on the role of MPs in the fund.
- Ali Asghar Khan of the Omar Asghar Khan Development Foundation provided an overview of the oldest existing CDF, which was established in Pakistan in 1985. Over US$ 19.5 million—equivalent to 70 percent of the country’s health budget—is disbursed to members of the national assembly (MNAs) and members of provincial assemblies (MPAs) each year. MNAs and MPAs recommend CDF infrastructure projects to district officials who submit them to district development committees for approval. The Foundation opposes the scheme because it compromises the lawmaking and oversight role of legislators, undermines local government, legitimizes clientelism between legislators and constituents, and weakens accountability and transparency.
- Semkae Kilonzo of Policy Forum, and Irenei Kiria of Sikika, presented on Tanzania’s new Constituency Development Catalyst Fund (CDCF), which was approved by parliament in 2009. Civil society opposes the CDCF because it violates the constitutional separation of powers by providing funds directly to legislators to implement projects. Policy Forum will be monitoring the CDCF’s implementation and is also leading the campaign to abolish the scheme. (For more detailed information on the CDCF and civil society’s response, see “Civil Society Response to the Constituency Development Catalyst Fund in Tanzania” below.)
- Alexander Chileshe of the Economics Association of Zambia (EAZ) discussed that country’s CDF. Established in 1995, Zambia’s CDF has grown from US$ 13,000 per constituency in 2006 to US$ 148,000 in 2010. CDF funds are controlled at the local level by the member of parliament who represents the constituency. The scheme is plagued by poor financial management, corruption, and lack of oversight. EAZ recommends that the CDF and the institutions managing it undergo urgent review and that the disbursement of funds be stopped during the review period. (For more detailed information on EAZ’s response to Zambia’s CDF, see “The Constituency Development Fund in Zambia” below.)
The meeting participants agreed that despite the variations in CDF schemes, they share the core problem of legislators playing a dominant role in controlling development funds, even in countries where the CDF guidelines specifically limit their role. Participants discussed what research would define or strengthen their campaigns against the CDF in their countries and developed a common research and advocacy agenda that focuses on these three interrelated issues:
- the violation of the separation of powers between the legislature and the executive
- the politicization of development due to legislators controlling the administration of development funds
- the effect of the CDF on the performance of the legislature, particularly in its oversight function
To address the first issue, the IBP agreed to commission an expert to write a legal brief on CDFs, detailing how it breaches the separation of powers between the legislature and the executive. To address the second and third issues, each civil society partner committed to conduct research and collect evidence on development challenges caused by legislators’ role in the CDF as well as the challenges it poses to the legislature’s oversight role.
Finally, it was agreed that the two goals of an advocacy campaign would be to reform the CDF in countries where it already exists and to stop the spread of CDF-style schemes to other countries. The IBP committed to conduct exploratory work to determine potential international partners and targets for CDF advocacy.
Read the report of the Constituency Development Fund workshop organized by The State University of New York Center for International Development (SUNY/CID) on 8-9 December 2009. SUNY/CID’s project commissioned a set of case studies and other research to explore the development and operations of CDFs internationally.
For more information, contact Jennifer Sleboda [email protected].
The Constituency Development Fund in Zambia by Alexander Chileshe, Economics Association of Zambia
Zambia’s Constituency Development Fund (CDF) was approved by parliament in 1995 to finance community projects for poverty reduction. Under this initiative, the government allocates development funds each year to all 150 constituencies in the country. These funds are under the control of members of parliament (MPs), who are also members of the local constituency development committees (CDC) that review and recommend project proposals for the CDF.
According to the CDF guidelines, the local CDC receives project proposals from the sub-district level—area development committees, resident development committees, and community representatives—and refers them to the planning subcommittee of the district development coordinating committee (DDCC) for appraisal before recommending proposals to the district council for adoption.
Each district council is mandated to include CDF funds for local development projects in their capital budgets. The CDF is firmly embedded in the government’s decentralization policy and thus is one of the most significant transfers disbursed to district councils. The councils are required to account for these funds in accordance with Zambia’s Local Government Act of 1996.
The CDF in Zambia has grown from approximately US$ 13,000 per constituency in 2006 to US$ 148,000 in 2010, and there have been mounting calls for this amount to be increased even more. During the 2008 presidential campaign, President Rupiah Banda promised to raise the CDF to approximately US$ 225,000 per constituency while the opposition candidate talked about increasing it to around US$ 900,000, if elected. Clearly, resources for these kinds of increases would be difficult to identify in Zambia’s budget in any given year.
Citizens have expressed concern over these ever-increasing amounts: “I wonder how the government can afford to send K1bn (US$ 225,000) to each constituency but refuse to bear responsibility for unpaid Council workers’ salaries, which in some Councils are now going on 21 months . . . pay Council staff their salaries before you continue sending CDF” (Zambian Prophet, October 26, 2008).
According to the CDF guidelines, the purpose of the CDF is to empower local communities by providing funds for agriculture, health, social services, education, and other community needs. A few beneficial projects have been completed, such as two new bridges that were constructed by the Katete district council in 2008. At the same time, there are a large number of projects that have wasted funds, such as goat-rearing projects where not a single goat was found during the audit.
Corruption is perhaps the most troubling aspect of the CDF. Poor financial management, abuse and misuse of funds, and complete disregard for the CDF guidelines and the Local Government Act are the order of the day. In 2008 the central government released only US$ 10.2 million out of the planned US$ 11.1 million for the CDF because of the failure by some constituencies to account for 2007 CDF funds. There also appears to be no central database with information on the projects and programs that have been implemented since the CDF’s inception. The paper-based archive system has failed disastrously—data from 1995 to 2005 is not available. Much more needs to be done in practice to improve the management, use, and monitoring of these funds. As currently implemented, the CDF represents a cost to society and, contrary to its stated goals, entrenches poverty.
Another negative consequence of the CDF, resulting from MPs’ control over the funds, is that it has become a political tool to reward loyal voters. It was, therefore, not surprising that the 2008 CDF budget was released two weeks before the 2008 presidential elections.
The EAZ recommends that the CDF and the institutions managing it undergo urgent review, and that CDF disbursements be halted during the review period. Furthermore, a central database for CDF projects should be established and housed in the Ministry of Local Government and Housing. Strong mechanisms for increased accountability and transparency also need to be implemented. Lastly, the authority of the local CDCs (of which the MP is a member) over the use of CDF funds should be transferred to the Department of Planning and the District Development Coordinating Committee.
For more information, contact Alexander Chileshe [email protected].
Civil Society Response to the Constituency Development Catalyst Fund in Tanzania by Semkae Kilonzo, Policy Forum
In July 2009 the National Assembly of the United Republic of Tanzania passed the Constituency Development Catalyst Fund Act of 2009 (CDCF Act 2009), which established the CDCF. The fund is managed in each constituency by a CDCF committee, which is chaired by the member of parliament (MP) representing the area. The CDCF committee initiates and supervises implementation and generally coordinates all designated development projects at the constituency level.
The first attempt to pass the CDCF Act was in 2007, when the government allocated US$ 5.8 million in that year’s budget for the fund. The allocation for the recently enacted CDCF is currently unknown.
Not surprisingly, MPs in Tanzania overwhelmingly supported the CDCF, claiming that it would provide a democratic mechanism to empower citizens and would be financed locally and not by donors. The MPs argued that they already act as “ATM machines” in their constituencies and are perceived as project managers by voters. They also reasoned that they should have discretionary funds to spend in their constituencies since regional and district commissioners have them. Since 2010 is an election year, MPs’ ability to deliver CDCF funds to their constituencies no doubt also played a role in their efforts to enact the CDCF.
Civil society organizations (CSOs) in Tanzania reject the CDCF because the MPs’ role in the fund violates Article 4 of the Constitution of the United Republic of Tanzania of 1977, which provides for the separation of powers between the legislature, the executive, and the judiciary to ensure checks and balances. Further, Article 63 of the Constitution describes the function of the legislature as a “grand inquisitor,” which scrutinizes and monitors government’s activities. Therefore, MPs are supposed to conduct their oversight role by monitoring the work of executive agencies. This role will be seriously jeopardized when MPs take on the function of the executive by managing public funds and implementing projects.
Another problem with the CDCF is that it establishes parallel systems at the district level and increases the workload of district officials, without providing additional funds to the local government.
To counter the public’s perception of MPs as philanthropists, civil society in Tanzania needs to raise awareness about MPs’ proper lawmaking and oversight roles. At the same time, MPs should work to improve the performance of existing local funding mechanisms, such as local capital development and capacity building grants and the Tanzania Social Action Fund, rather than setting up new ones. Civil society also recommends that MPs increase their capacity to conduct research and analysis in order to better perform their proper legislative and oversight tasks.
In response to the CDCF’s violation of the separation of powers, a coalition of CSOs led by Policy Forum and the Legal and Human Rights Centre (LHRC) decided to challenge the constitutionality of the CDCF Act 2009 in court. This process aims to achieve:
- Legal articulation of the separation of powers of the three branches of government and clarification by the court of the functions, duties, and limitations of each branch
- Observance by each branch of government of their proper duties, improvements in democracy and good governance, fewer power struggles between the legislature and the executive, and better development outcomes
- A declaration that the enactment of the CDCF Act 2009 is outside of the constitutional powers of parliament and thus null and void
- An order that the CDCF Act 2009 be struck off the statute books of Tanzania
- Relief from the misuse of public funds by the CDCF and a lesson to parliament not to enact unconstitutional laws in the future
While challenging the constitutionality of the CDCF, Policy Forum and its civil society partners also intend to monitor the implementation of the CDCF to gather evidence on how the funds are being used and its impact on development and local governance.
For more information, contact Semkae Kilonzo at [email protected].
India’s Constituency Development Fund by Sowmya Kidambi, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan and International Budget Partnership
The Member of Parliament/Member of Legislative Assembly Local Area Development Scheme (MP/MLA-LADS) in India was established in 1994. The purpose of this scheme, which creates a separate fund each for MPs and MLAs, is to delegate authority to and empower MPs and MLAs to recommend development projects in their respective constituencies with an emphasis on creation of durable community assets (e.g., school buildings, water pipelines, etc.) based on local needs. MPs and MLAs view it as a scheme for the public good.
The MP-LADS provides each MP with approximately US$ 445,000 to spend during the financial year. However, the amount allocated to each MLA differs from state to state. For example, MLAs in the state of Rajasthan get approximately US$ 134,000 per year, while the MLAs in Andhra Pradesh get approximately US$ 111,000 per year. These funds are drawn from the government’s consolidated fund through an annual appropriation, and the works chosen and recommended by MPs and MLAs can be mandatory or discretionary. The MP-LADS is a centrally sponsored scheme administered by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, while the MLA-LADS is administered at the state level.
In 1993 two significant amendments to India’s Constitution were made, which decentralized the government’s authority and duties and created local political bodies. The democratization and fiscal empowerment of local political bodies was intended to create institutions that would be more accountable to local citizens and more responsive to local needs. Municipal Corporations and Gram Panchayats (Village Councils), the by-products of these amendments, are the key local bodies in India.
The MP/MLA-LADS grew out of this decentralization agenda. One of the arguments in support of the scheme was that MPs and MLAs were often asked by their constituents to implement small projects. To get these necessary works done quickly, MPs and MLAs needed to have funds available to use at their discretion.
Under the scheme, each MLA and MP has a choice of which works to recommend to the District Head. Following the procedures established in the scheme’s guidelines, the recommended works are then implemented either by a government department or local body which the District Head deems most suitable to execute the work.
The problem is that MPs and MLAs are not local authorities, but rather are elected to perform legislative and oversight functions. Likewise, Municipal Councillors are only responsible for maintenance and repair works at the municipality level. This scheme, therefore, increases the overlap of the functions of local bodies and, due to the multiplicity of authorities, no decentralization really takes place.
While it was envisaged that the MP/MLA-LADS would create durable community assets, there is some disagreement over what type of durable assets the funds should be used to develop. MP/MLA-LADS projects in rural areas include roads, drains, and school classrooms, while those in urban areas include footpaths and parks, among others. However, many believe that such projects as footpaths, roads, drains, and parks, though durable community assets should be left to local government bodies. MP/MLA-LADS funds would be better used for such projects as midday meal centers, crèches, subways, hostels for working women, sports complexes, garbage collection centers, bus shelters, and public shelters for the old and disabled.
The MP/MLA-LADS prohibits MPs and MLAs from using the funds to purchase inventory or equipment, undertake repair and maintenance works, construct memorials, implement works in religious institutions, acquire land, or carry out projects for individual benefit.
However, the Comptroller and Auditor General’s Report (CAG Report 2005) states that 80 percent of works implemented under the MP/MLA-LADS were primarily repair and maintenance projects, while others involved religious institutions and benefits to individuals. These findings indicate blatant misuse of the scheme.
Furthermore, the CAG Report 2005 found that 72 percent of the works recommended by MLAs from 2000 to 2005 were for improvement of assets like roads, lanes, and drainage systems. The report explained that road improvement, the preferred project of MLAs, actually comes under the purview of the municipality or public works department.
Another problem is that many MLAs and MPs let the funds lie unused for several years, since the funds can be rolled over, and then spend them just before elections—a clear demonstration of how the MP/MLA-LADS contributes to clientelism and the politicization of development.
In 2007 the Second Administrative Reform Commission in India favored scrapping the MP/MLA-LADS, arguing that the scheme “seriously erodes the notion of separation of powers, as the legislator directly becomes the executive.”
A case filed in the Supreme Court of India in 1999 by the director of Common Cause India seeks to abolish the scheme on the grounds that it is unconstitutional and discriminatory and leads to rampant misuse of funds. The matter is still under judgment. In the meantime, the MP-LADS scheme alone has been a drain on India’s financial resources to the tune of approximately US$ 445 million per year.
There have been various attempts by activists and civil society organizations to track how LADS funds allocated to an MP or MLA have been used. The greatest obstacle they have encountered is accessing information on the actual expenditure incurred, as opposed to consolidated information on expenditure. This is in spite of India’s Right to Information Act, which specifies that all information must be made available to the public on demand.
While many organizations are attempting to access MP/MLA-LADS information to ensure transparency and accountability, monitor how the funds are spent, and evaluate the performance of an MP or MLA before elections, there are no consolidated efforts taking place. The individual efforts by organizations and activists primarily have focused on establishing transparency and accountability norms for the scheme.
For more information, contact Sowymya Kidambi at [email protected].
The Debate on National Health Insurance (NHI) in South Africa by Saranne Durham, Idasa, and Thokozile Madonko, International Budget Partnership
Since 1994 South Africa has undertaken the complex task of restructuring its public health system. The past 16 years have seen substantial improvements in policy and legislation toward universal health care access in line with the government’s constitutional duty. The South African Constitution states that “everyone has the right to access health care services,” thus the South African government is obliged to progressively realize the access to quality health care within the available means.
However, while real increases in public health spending have occurred, the impact of such spending has been undermined by South Africa’s quadruple disease burden (i.e., HIV/AIDS, lifestyle diseases, poverty-related conditions, and injury). In order to further extend health care services and address the current inequities, the South African government argues for the need to introduce innovative financing mechanisms, including a combination of public funding with some of the current private sector funding redirected into the public sector purse.
The inequality between the private and public health sectors in South Africa is quite significant. Approximately 15 percent of South Africans are covered by private medical schemes and secure most of their health services from the private sector. An additional 20 percent pays out-of-pocket for private primary health care services but continues to depend on the public sector for hospital care, particularly inpatient care. The remaining 65 percent of the population is entirely dependent on the failing and grossly inadequate public sector for all their health care services.
An important part of the health reform debate in South Africa centers on the introduction of a National Health Insurance (NHI) system. The limited information about any plans for a NHI system reflect scarce or no public or stakeholder participation at all. To date, no official documentation exists on the proposed NHI, despite the fact that two unofficial documents have been leaked to the public. These documents propose a South African NHI that would provide a universal, comprehensive, and free health care package.
Broad-based, public, and stakeholder participation is necessary for the NHI to be successfully designed and implemented in South Africa. In addition, the NHI should not be viewed as a panacea for both financing shortfalls and health service deficiencies but as a mechanism for ensuring that maximum available resources are used to realize the constitutional right to health care, particularly primary health care in South Africa.
India’s Health Budget 2010-11: The Malaise Continues by Ravi Duggal, International Budget Partnership
The Budget Context
The national budget of India for fiscal year 2010-11 was publicized on 26 February 2010 in a context where food inflation is over 22 percent. Finance Minister (FM) Pranab Mukherjee declared that the “budget cannot be a mere statement of government accounts. It has to reflect the government’s vision and signal the policies to come in the future. With development and economic reforms, the focus of economic activity has shifted toward nongovernmental actors, bringing into sharper focus the role of government as an enabler. An enabling government does not try to deliver directly to the citizens everything that they need. Instead it creates an enabling ethos so that individual enterprise and creativity can flourish. Government concentrates on supporting and delivering services to the disadvantaged sections of society.”
For the first time since the economic reforms began, the government has openly acknowledged the intention to abdicate development to the private domain and become an enabler. In response to this, the FM anticipates three challenges:
- Going back to high economic growth of 9 percent or more
- Making development more inclusive—specifically for food security, education, and health
- Making the public system, governance, and delivery mechanisms efficient, effective, transparent, and responsive
The FM further states, “For the government inclusive development is an act of faith. In the last five years, our government has created entitlements backed by legal guarantees for an individual’s right to information and right to work. This has been followed with the enactment of the right to education in 2009-10 and the Food Security Bill draft, which will be published soon. To fulfill these commitments, social spending has gradually increased to Rs.1,37,674 crore, which now stands at 37 percent of the total plan outlay in 2010-11. Another 25 percent of the planned allocations are devoted to the development of rural infrastructure. With the growth and opportunities that it generates, we hope to further strengthen the process of inclusive development.”
Health Budget Estimates
The total allocation for health by the national government is estimated at Rs. 251.54 billion. This is barely 0.36 percent of the projected GDP. But it represents about 28 percent of the total national public health expenditure (estimated at Rs. 625 billion for 2010-11) because states contribute nearly 75 percent. 40 percent of the government’s health budget is for grants implemented by state governments. However, the total health budget as a proportion of the GDP is hitting a low of 0.89 percent of GDP, which is even lower according to actual expenditures.
In general, expenditure data for previous years reveal that actual expenditures tend to be even lower than budget estimates. Although the budget estimates for 2010-11 may seem higher over the previous fiscal year by nearly 14 percent; actual expenditures are likely to be much lower. Moreover, if we consider an inflation of over 9 percent, this increase is not too impressive.
For the first time budget 2010-11 presents the amount of external aid within the line budgets of the ministries. This is an important step in terms of transparency as it allows seeing where donor interests are when it comes to financing health budgets.
Assessment
This is the second term of India’s United Progressive Alliance (UPA) government. At the end of their first tenure the UPA managed to take public health spending barely to 1 percent of GDP, not even close to their target of 2-3 percent of GDP. The rural public health system continues to suffer due to the lack of doctors and nurses, the inadequate supply of medicine, poor maintenance, etc. Furthermore, the reasonably robust urban public health system has begun to collapse with the rapid growth and expansion of the private sector and support of private health insurance. Thus the inadequate public investment in health during the previous UPA regime led to the boom of private health care, which has now jumped to 5.5 percent of GDP. Private insurance covers barely 2 percent of the population. Most of this expenditure is out-of-pocket, which posed a significant burden on households who often have to sell assets or take loans to cover their hospitalization needs.
The first UPA administration failed to make any significant impact on public health care and the current budget shows how unlikely it will be for the second UPA administration to achieve any results. The present budget allocations will not address the problems mentioned above without undergoing a substantial assessment and redesign of the current financing strategy. The failure is both political and bureaucratic, i.e., there is a lack of political will to push radical reforms and inadequate bureaucratic capacity to facilitate structural changes. Meanwhile Thailand, a country with similar characteristics to India, is undergoing a major transformation where social insurance and increased public financing reached universal access, assuring equitable access to basic health care for all. If Thailand could do it then why can’t UPA do it for India? The answer has to do with creating a regulatory mechanism along with a “single-payer” financing strategy to accommodate the public and private realities of the health care system. A single-payer mechanism essentially establishes a public health insurance system that uses funds more efficiently by reducing the administrative overhead costs and is more effective at providing universal access to care by spreading costs and risks across the entire population.
Although the FM’s strategy of government as an enabler needs to be reinterpreted; it should not translate into abdicating state responsibility to the private sector—as seen in the budget so far. The FM’s strategy should be interpreted as actively engaging the private sector to deliver public health goals by regulating and reining them into a public contract. The first eight months of the second UPA regime do not show an inclination toward this end, meaning that for civil society there is a long way ahead to get the UPA to achieve universal access to basic health care.
For more information, contact Ravi Duggal at [email protected].
Budget 2010: A Rocky Road Ahead for Public Finance in South Africa by Len Verwey, Idasa
Although the South African economy emerged relatively quickly from recession in the wake of the global financial crisis, the medium-term outlook is far from rosy. Tax revenue will probably take some time to recover, leaving the fiscal authorities with little choice but to run larger deficits over the next few years if spending commitments are to be fulfilled. In fact, the South African debt stock is projected to increase from about 23 percent of GDP to more than 40 percent by 2013. Even with increased borrowing, the budget for 2010 proposed very small real increases in public spending. Given that many South Africans remain heavily reliant on public spending for their welfare, the next few years are likely to be hard for household well being.
The 2010 budget continues to allocate a sizeable share of available resources to health, education, and social protection with the latter taking the form of means-tested social grants, such as the child support grant and the state pension. The social grants now represent slightly more than 3 percent of GDP in South Africa with beneficiary numbers increasing both as a result of recession-induced poverty and the extension of the eligibility age for the child support grant.
Direct income transfers—such as the grants—have a fairly clear impact on the well being of households. However, as we can see in programmatic social spending on education and health, South Africa continues to struggle to achieve the desired outcomes for which funds are allocated. In South Africa education and health indicators are often quite poor relative to those of countries with similar resource endowments.
Achieving more with the same resources should be a key part of the budget debate in the coming weeks and months. Achieving “value for money”—the popular term used by government, civil society, and legislators to indicate that expenditure has resulted in the desired outcome—will require them to be both able and willing to ensure accountability for budget performance. Attaining better value for money not only means reducing corruption but also the “bells and whistles” of departmental spending. It means ensuring that policies reflect social needs very clearly. A key way to achieve this is by ensuring adequate citizen participation in the drafting, implementation, and evaluation of policies.
South Africa still has a high unemployment rate and an economy that struggles to move away from relying on commodity exports for its growth. The 2010 budget focuses on unemployment and made several suggestions for addressing the problem, including a subsidy to encourage firms to employ young inexperienced workers. Another suggestion is that some parts of South Africa’s fairly strong labor legislation are reviewed to promote job creation. Such suggestions, however, were criticized by the Congress of South African Trade Unions (COSATU), which is adamantly opposed to any reduction in either the labor rights of workers or the minimum wage.
For the last three or four years public infrastructure spending has increased as a share of the budget. In the initial post-1994 years— as in the last years of apartheid— infrastructure spending was inadequate and a degree of deindustrialization occurred. As a result, the South African economy experiences bottlenecks in transport and energy infrastructure during its high growth periods. Although infrastructure spending needs to be prioritized, there are concerns about the current efficiency and effectiveness of such spending, as well as the transparency and integrity of procurement processes. This situation raises the importance of legislative and civil society oversight in budget implementation. South African public finance is currently transparent enough to enable robust oversight: not only budget documentation but also in-year spending reports and auditor-general reports can be obtained fairly easily. However, a robust culture of engagement between legislature and executive, and between government and civil society is still lacking.
Despite some expectations from the left, the budget was clear in retaining South Africa’s commitment to inflation-targeting as a framework for monetary policy. The left had asked the central bank to broaden its mandate to include more direct consideration of growth and employment objectives. It is likely that these debates will continue over the next few years.
In 2009 the South African Parliament finally passed legislation on the Money Bills Amendment Act, which gives it constitutional power to amend the executive’s budget. The 2010 budget is the first test-case of this legislation and of Parliament’s enhanced authority. However, it is still busy developing the institutional capacity to fulfill this role effectively. One outstanding requirement is to establish an independent and capable budget office to provide committee support.
South Africa experienced strong growth and a resource-flushed budget from 2003 to 2007. Much was done over this period to alleviate poverty, including the extension of the child support grant, the extension of household infrastructure to formerly excluded communities, and the prioritization of health and education spending. However, the challenges of unemployment and inequality in particular remain acute. Over the next few years it will be vital to make inroads in this regard, even though real public resources will not increase. Policies must be pro-poor and based on the real needs of the citizens, and policy implementation needs to be efficient and effective. Civil society has an important role to play both in helping to ensure that policy is pro-poor and in monitoring and evaluating the implementation. All stakeholders in South Africa need to play their part for the social recovery from the recession to be fast and sustainable.
To read the full Idasa report prepared by Len Verwey, Saranne Durham, and Musa Zamisa, go to: http://www.idasa.org.za/gbOutputFiles.asp?WriteContent=Y&RID=2788.
The World Bank’s New Disclosure of Information Policy: How Can Civil Society Ensure Its Proper Implementation? by Amy Ekdawi, Bank Information Center
On 17 November 2010 the World Bank’s board of directors approved a new disclosure policy titled “Toward Greater Transparency Through Access to Information: The World Bank’s Disclosure Policy,” which becomes effective on 1 July 2010. The revised policy breaks important new ground, not only for the World Bank but for all international financial institutions (IFIs), as it accepts for the first time the principle that all Bank information should be available to the public, unless it falls within the scope of a narrow set of exceptions.
History of Disclosure of Information at the Bank
Timely access to World Bank documents and decision making has been a key concern of civil society organizations (CSOs) for a long time. In the 1980s and 1990s CSOs targeted the World Bank for financing environmentally and socially destructive projects. It was discovered that the Bank withheld vital information from affected communities, denying them the right to participate in decisions regarding the purpose, design, and implementation of projects.
Faced with mounting criticism, in 1985 the Bank adopted its first disclosure rules. In 1991 CSOs pushed the Bank to release environmental assessments prior to the approval of projects, and in 1993 the Bank adopted a formal information disclosure policy, which introduced Project Information Documents (PIDs) as a result of civil society’s pressure and a threat from the U.S. Congress to withhold funds. PIDs were released prior to the approval of a project and expanded the access to project appraisals after approval. In 2001 the Bank revised its disclosure policy for the first time and released documents on structural adjustment loans (though only after loans were approved), completion reports, and the board’s calendar. However, the 2001 policy, which became effective a year later, had many gaps:
- While the policy acknowledged the principle of presumption of disclosure, it was in fact contradictory to this principle.
- The Bank provided a “positive list” of documents that were to be disclosed. For everything not listed there was a general presumption of nondisclosure.
- The old policy contained a list of disclosure exceptions, which were so broadly written that they could justify withholding nearly any type of information.
- There was virtually no implementation information.
- The information request system lacked an appeal mechanism for denied information requests.
The New Policy
On 17 November 2009 the revised policy was approved. This was achieved after a year-long review process and meetings in 33 countries with citizens, government representatives, CSOs, private sector representatives, academia, international organizations, and donor agencies. The new policy adopts five key principles:
- Maximizing access to information, thus adopting a “negative list” instead of a “positive list” as in the old policy
- A clear list of “exceptions” to information disclosure
- Safeguarding the deliberative process
- Clear procedures for disclosing information
- A right to appeal
The policy also recognizes the importance of translating certain information into local languages and promises the examination of the Bank’s existing “translation framework” to “ensure more equitable access by all interested parties to the disclosed documents.”
Gains and Gaps
In addition to adopting a “negative list,” for the first time the new policy expands routine disclosure to include documents created during the implementation phase of the projects and programs. This will allow civil society to play a more active role in ensuring the proper implementation of Bank-funded activities. The policy also increases the access to the Bank’s analytic and advisory activity reports. Furthermore, a system of requests of information will be created to include internal and external mechanisms of appeal.
However, the new policy is far from ideal. One major weakness is the absolute protection of internal information through a “deliberative process”—an exception that can withhold draft information and undermine civil society participation in decision-making processes. Another barrier is the veto power given to governments and third parties, i.e., Bank contractors that allow governments to block the release of almost any information they provide to the Bank.
Implementation of the New Policy
The new policy will become effective on 1 July 2010. To facilitate the transition, the Bank developed a detailed implementation plan upon policy approval, and an Access to Information Working Group (AIWG) was established under the supervision of the external affairs vice presidency of the Bank to implement the policy. The AIWG comprises seven subgroups:
- The policy/handbook subgroup: Will develop the policy statement, internal guidelines, and the staff handbook
- The classification subgroup: Will set criteria for classification and declassification of Bank’s documents
- The IT systems and services subgroup: Will offer technical support
- The communication subgroup: Will ensure that both Bank’s staff and external stakeholders understand the policy and its requirements
- The training subgroup: Will develop the training programs for the proper implementation of the policy
- The translation subgroup: Will examine the existing Bank’s translation framework and determine how to ensure the accessibility of certain Bank’s information to citizens who are not necessarily fluent in the Bank’s working language: English
- The public information subgroup: Will strengthen public information services and access to information on the ground
The Role of Civil Society in the Transition Period
In recognition of civil society as an important stakeholder affected by the information disclosure policy, the Bank invited the Washington, D.C.-based Bank Information Center (BIC) and International Budget Partnership (IBP), as well as the “Centro de Derechos Humanos y Ambiente” (CEDHA) of Argentina to participate in the implementation planning of this policy. The group meets regularly with AIWG’s general secretariat and with individual subgroups as needed.
The World Bank believes that the aforementioned organizations—with their experience on the ground as members of wider networks and through their ongoing outreach to CSOs in many developing countries—can make substantive contributions to the translation, communications, training, and public information subgroups. The three organizations plan to seek input from their partners around the world on various aspects of this policy to better represent a wider cross-section of CSOs from developing countries when providing advice to the Bank’s AIWG.
For more information, contact Amy Ekdawi at [email protected].
Budget Transparency in Morocco: It’s Possible… by Elena Mondo, International Budget Partnership
Transparency Morocco has recently published an article in the economic journal La Revue Economia that presents the results of the Open Budget Survey 2008. The article discusses the reasons for the mediocre performance of Morocco and recommends how to improve the level of budget transparency in this country.
Access to information and social control are fundamental to a healthy democracy. They put pressure on governments to ensure greater efficiency in the use of public funds and identify and correct resource mismanagement and corruption practices. The Open Budget Survey reports on the state of transparency in the world, measured as public access to timely and accurate budget information. In a global context where budget transparency overall appears very poor, Morocco provides only minimal information to its citizens. Although Morocco’s score has slightly improved since the previous assessment in 2006, a number of flaws in its budget systems still exist:
- The government does not produce or publish a Citizens Budget
- The Mid-year Review is not made publicly available
- the Audit Report is not published
- Fiscal data is presented in aggregate (revenue and expenditure), lacking sufficient detail
- The government does not provide multi-year information in the budget proposal
- Parliament has limited power to amend the government’s budget
- There is a significant presence of secret and extra-budget funds
- There is a lack of interest in regulatory law
- There is no Access to Information law, which contributes to the poor state of fiscal transparency
The government of Morocco provides minimal relevant budget information, which does not allow citizens to clearly understand what is included in the budget or to hold the government responsible for the management of public funds. Access to detailed budget information on revenues and expenditures is very limited or nonexistent, which makes it difficult to monitor tax collection, spending, and borrowing during the year. Furthermore, audit recommendations are not implemented, which adds to the lack of accountability and makes it nearly impossible to assess how the budget has been spent. Parliamentary oversight is weak and ineffective, while the executive dominance over the entire budget process is overwhelming. There are in fact many cases of extra-budget funds that are outside legislative and citizen control.
What Can Be Done?
In Morocco, immediate improvements are possible if these suggestions were to be implemented:
- Prepare and release a Pre-Budget Statement, a Mid-Year Review, and a Citizens Budget
- Include multi-year estimates (e.g., for the budget year and those immediately preceding it and following it) and a sensitivity analysis in the budget proposal
- Introduce and enact a law on public access to information
- Consult the parliament and the public about budget priorities
- Release information already available internally (on the distribution of the tax burden, and the conditions associated with international financial assistance)
- Improve the quality and relevance of the budget information already available to the public
- Organize public hearings to improve citizen participation in the budget process
- Strengthen the independence of the court of auditors by increasing its human and financial resources and releasing follow-up reports
Significant progress can be made quickly at low or no cost. From 2006 to 2008 many governments published information that they already produced for internal purposes or for international donors, produced new information, and supplemented already published documents with additional information. Morocco should be no exception!
For more information, contact Elena Mondo at [email protected].
Publish What You Fund’s Aid Information Challenge
The Aid Information Challenge organized by Publish What You Fund, Development Gateway, The Open Knowledge Foundation, 2Paths, and aidinfo will bring together international development practitioners, leading developers, and programmers in events around the world to develop and enhance tools for transparency and suggest ways to publicize and utilize the information available in World Bank, DfID, and AidData datasets. The goal is to increase the understanding, availability, and accessibility of timely, comprehensive, and comparable information about aid.
The first event of the Aid Information Challenge was held in Washington, D.C., on March 6, and the second one was held in London on April 10. These events are only one step in the process of increasing transparency. Much work needs to be done before, during, and after these events to make data as user-friendly, comparable, and multi-functional as possible.
For more information on the Aid Information Challenge contact [email protected].
10 Tactics for Turning Information into Action by Philip Thigo, Social Development Network (SODNET)
The 10 Tactics Toolkit for Turning Information into Action includes a film and a complementary set of cards that present stories from more than 35 human rights advocates who have successfully used information and digital technologies to create positive changes in society. The toolkit was created in February 2009 as a result of the Info-Activism Camp organized by Tactical Tech (www.tacticaltech.org) in Bangalore, India. The camp was an intensive seven day hands-on workshop that brought together 130 advocates from Africa, Latin America, Middle East, and Asia to implement digital advocacy tactics.
Featured alongside blockbuster hit Avatar on the BBC radio program, Digital Planet, and described as a “must-see” by The Ecologist, the film from the toolkit has been screened in over 50 countries and is quickly becoming an essential companion for all active members of civil society worldwide. The film draws on the experience of 25 human rights advocates that have used social media to mobilize popular actions. Some advocates used Facebook to illustrate inadequate infrastructure in hospitals and schools, and others used SMS to verify information when developing citizens’ report cards. More specifically, the INFONET Program of the Social Development Network (SODNET) in Kenya used SMS to provide citizens with opportunities to ask budget transparency questions.
SODNET’s SMS tool allows members of the public to ask for budget information and engage with the authorities through evidence-based questions. It enables citizens to inquire about budget allocations for education, health, water, and social infrastructure. The tool offers project and funding data (particularly regarding the Constituency Development Fund, CDF) for citizens and activists to use in evidence-based advocacy at the local level. For example, a young lady used the SMS tool and found out that millions had been awarded to her constituency. She then went to a cyber café and found out the exact amount allocated to her school. With her parents’ support she used the evidence to engage with the school administration and ask where the money was, who had received it, what criteria was used to distribute it, and how come she did not receive any.
To date SODNET’s budget tracking system is being used throughout Kenya, receiving over 4,500 SMS hits a month and 200 Internet hits a day, and has been requested by researchers in Rwanda, Tanzania, and Uganda. The data is layered on Google Maps where available and on Open Street Maps (www.openstreetmaps.org) to provide location-based information.
To watch the film or to request the 10 Tactics Toolkit, go to: http://www.informationactivism.org
For more information on the 10 Tactics screening in Kenya, contact [email protected].
Kenya’s New Electronic Project Monitoring System: Strengths and Weaknesses by Peter Kariuki, the Socio-Economic Rights Foundation
In an effort to increase transparency and accountability around donor-funded projects and programs, the Kenyan government has unveiled its new e-ProMIS (Electronic Project Monitoring Information System) software. This electronic monitoring and evaluation system is in line with the transparency requirements detailed by the Paris Declaration on Aid Effectiveness. The e-ProMIS technology is a product of Synergy International Systems, a U.S. company, and will be implemented jointly by Access Kenya Group, Synergy’s local Kenyan partner. This technology will track and analyze aid flows and make this information accessible to the public. Every government ministry can use the e-ProMIS software to monitor and evaluate project performance at each stage. With the aim of building capacity, a one week in-depth training was held in January for staff from all 42 government ministries.
This article outlines the strengths and weaknesses of the e-ProMIS software from a civil society perspective and evaluates whether it will be helpful to efforts by civil society and the public to monitor public budgets.
The following are the key strengths of the e-ProMIS system:
- It has been customized to meet the specific requirements of the Government of Kenya. Thus it will serve as a reliable and credible source of information on overall donor contributions to Kenya’s reconstruction, economic recovery, and socio-economic development. It also will support the government in effectively managing development assistance and promoting the accountable and transparent use of resources.
- The technology will enhance the ability of implementing agencies to provide timely and accurate reports that are critical for continued project funding.
- Government staff members can now perform their daily tasks much more efficiently. For example, they can update project information online and generate on-the-fly reports in a matter of seconds.
- It will enable the public to access information on donor- and government-funded projects, including commencement date, contractor in charge, progress updates, cost, funds spent at particular stages, and completion date.
- Implementing agencies will now receive timely and accurate reports, on a real-time basis, eliminating cases of delayed disbursements of funds.
In spite of these strengths, effective transparency and accountability with regard to project funding and implementation in Kenya are hindered by a number of factors. These include the legal framework that regulates transparency in government projects and spending, the practice of budget management, the willingness of the public to demand information, and their capacity to fully scrutinize and use it. It remains to be seen whether the e-ProMIS technology will be able to address these challenges.
It also is important to note that in 2004 the government set up the National Integrated Monitoring and Evaluation System (NIMES). NIMES has the objective of streamlining and strengthening existing monitoring and evaluation systems in order to provide credible and holistic information from national, sectoral and district levels. Ultimately, it was intended to enhance the foundation for evidence-based policymaking and result-oriented management and is, therefore, instrumental for achieving the goals of Vision 2030 (the government’s national development plan). Information from NIMES is used to review the performance of government programs and strategies and to inform decision making, resource allocation, and revision of strategies in a bid to make government more accountable to its citizens.
These issues raise a number of concerns about the e-ProMIS system:
- It is not clear how e-ProMIS links with the NIMES framework. This is despite the fact that these frameworks are anchored on a clear policy framework for empowering citizens to access information.
- Traditionally, generating information related to the budget and program implementation has been expensive, and presentation formats make its scrutiny difficult for parliamentarians, civil society, and the media. The question of user-friendliness and accessibility of the e-ProMIS may pose a challenge to the willingness of these crucial actors to interact with the information. There will be a need for public information campaigns on how ordinary citizens can take advantage of the available information.
- While advice and conditions of donor aid are sometimes published, there is still a lot that does not reach the public domain. In practice, not all information is available to the public on the use of donor funds and their outputs and outcomes. Project completion rates are not readily made public. To be effective, e-ProMIS must be linked with a public verification process, as publicizing the amount of funds spent on given projects is only one aspect of accountability. Budget monitoring is not only about analyzing inputs but also budget processes, allocation uptake, efficacy, outcomes, and impact. The participation of intended beneficiaries in monitoring and accountability processes can strengthen the e-ProMIS system.
- Lastly, in the absence of clear linkages with the NIMES framework, it is not clear how e-ProMIS will link to the policy-making process. It is uncertain whether it has the capacity to generate comprehensive and structured project information tailored to the needs of policymakers, development partners, civil society, and the public.
For all efforts on budget transparency and accountability to succeed on a sustainable basis, all players and institutions involved need to develop capacity. To improve transparency and accountability, a system of sustainable checks and balances is essential. The e-ProMIS technology certainly contributes to this, but in order for it to be successful, it needs to be mainstreamed into the existing monitoring and evaluation systems and anchored on a clear platform of public participation.
For more information, please contact Peter Kariuki at [email protected].
FAO’s New Resource: The Right to Food Methodological Toolbox by Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program
The Right to Food Unit of the UN Food and Agricultural Organization (FAO) has produced a very valuable resource to assist the efforts of the many individuals, organizations, and institutions distressed by the persistence of hunger and malnutrition in the world. The Right to Food Methodological Toolbox is a series of five books, each of which tackles one dimension of the work that needs to be done by governments and civil society to reduce hunger and malnutrition. While the last book in the series focuses on budget analysis, the others address areas of governance and rights protection, which budget analysts agree are necessary complements to budget work.
- Book 1 is a Guide on Legislating for the Right to Food. Laws are critical embodiments of human rights in that they affirm the existence of those rights, provide standards by which to assess the realization of rights, and specify recourses through which individuals can claim their rights. The book includes a systematic discussion on how to develop or reform constitutional provisions and laws related to agriculture, food and nutrition programs, land, water, and other spheres to realize the right to food.
- Book 2 (in two volumes) is Methods to Monitor the Human Rights to Adequate Food. This book was developed in recognition of the fact that realization of any right requires vigilance: keeping an eye on as well as assessing what a government is doing to realize rights and bringing findings to the attention of a broad audience to build pressure on the government to implement improvements. The book includes an inventory of the different government processes and programs that affect the right to food and that thus need to be monitored. It also delineates useful methodologies for doing so.
- Book 3 is a Guide to Conducting a Right to Food Assessment, mostly directed to governments, who are first and foremost responsible for the realization of rights. Effective action to reduce hunger and malnutrition requires well-developed policies, plans, and programs. An assessment of the situation in a country with regard to food, hunger, and malnutrition, as well as the status of institutional mechanisms necessary to realize the right to food, provides an essential base of information from which a government can build such a coherent strategy.
- Book 4, a Right to Food Curriculum Outline recognizes that effective government action requires both informed public officials as well as a knowledgeable and mobilized civil society. It assists both governments and civil society organizations that wish to educate themselves on the many aspects of the right to food, and the laws and institutions that are essential to the effective realization of the right.
- Book 5, Budget Work to Advance the Right to Food: “Many a slip…,” presents a step-by-step process for analyzing a government’s budget to assess its compliance with its right to food obligations. “Many a slip…,” the product of a project coordinated by IHRIP with substantial input from the IBP and other organizations, also contains information about initiatives in three countries to produce a “right to food budget.
The Right to Food Methodological Toolbox is unique in compiling in one resource the multiple dimensions—laws, monitoring, strategic assessments, curriculums, and budgets—to advance a right. Nothing comparable exists with regard to any other human right, and for this the FAO’s Right to Food Unit is to be congratulated!
To download the Toolbox, go to: http://www.fao.org/righttofood.
UNIFEM Launches Gender Responsive Budgeting Portal
UNIFEM’s Gender Responsive Budgeting (GRB) website originally launched in 2001 to support the efforts of those working to ensure that planning and budgeting effectively respond to gender equality goals. The website also acts as a network hub for sharing information and resources among countries, civil society groups, and regional and international organizations interested in GRB. The new portal includes an expanded resource section with new content on aid effectiveness, financing for gender equality, and country case studies, now totaling over 800 references available in five languages. The portal also contains profiles and contact information for national and international experts on GRB, enhanced search tools, site navigation, and social networking functions and videos from GRB events and workshops.
For more information on UNIFEM’s GRB initiatives, go to: http://www.gender-budgets.org. To contribute to the GRB portal, contact [email protected].
New Participatory Budgeting Google Group
The Participatory Budgeting (PB) Project and the Facebook Participatory Budgeting Group recently re-launched an international PB email discussion list. The original PB email list began in 2005 at topica.com and has now been updated to the more user-friendly format of a Google Group. The purpose of the group is to facilitate information exchange, discussion, and collaboration between practitioners, scholars, and activists working with PB. PB is a democratic process, practiced in hundreds of cities worldwide, where community members decide how to allocate part of a public budget. The Google Group has 250 members from around the world and is open to anyone interested in joining.
For more information, go to: http://groups.google.com/group/participatorybudgeting.
Revenue Watch Institute’s New Database on the Transparent Management of Natural Resources
The Revenue Watch Institute (RWI) launched an online, interactive database of research, training and policy documents, and videos on transparency and the management of natural resource wealth. The database compiles a comprehensive selection of research materials from around the world in multiple languages and represents a cross-section of expertise, analysis, and best practices.
For more information, go to: http://resources.revenuewatch.org/.
To receive the Revenue Watch Institute’s newsletters, available in English, French and Spanish, and updates for original articles, research, events, and resources on transparency and extractive industry issues, go to: http://www.revenuewatch.org/index.php.
Overseas Development Institute’s New Report: Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness by Sam Moon and Tim Williamson
In Greater Aid Transparency: Crucial for Aid Effectiveness Sam Moon and Tim Williamson, researchers at the U.K. Overseas Development Institute (ODI), explore the relationship between donor aid and recipient country budgets, and between aid dependence and budget transparency. Aid-recipient countries often receive inadequate information on aid (particularly in the medium term) and must make budget decisions based on partial, inaccurate, or unreliable information. Incomplete information makes it harder for legislatures and civil society to hold aid-dependent governments accountable, identify discrepancies between the amounts of aid received and spent, and track and eliminate corruption and waste. The analysis concludes with an explanation of the importance of donor aid and country-level aid management systems to develop common approaches that align aid information to recipient governments’ budgets. The analysis also identifies important research areas to make aid more effective in promoting budget transparency.
To see the report, go to: http://www.odi.org.uk/resources/download/4673.pdf.
For more information, contact Samuel Moon at: [email protected].
New Publication: The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs by Rick Rowden
In The Deadly Ideas of Neoliberalism: How the IMF Has Undermined Public Health and the Fight Against AIDs Rick Rowden, an expert on how global foreign aid, trade, and finance systems affect economic development, analyzes the relationship between HIV/AIDS and other diseases of poverty with the neoliberal economic ideas prevailing in the global economic system for the last few decades. According to Rowden, the IMF’s policies of restrictive spending have exacerbated public health problems—particularly HIV/AIDS— in developing countries. The author explains and critiques mainstream neoliberal economic theory and its impact on development and assesses the effects these policies have on global institutions and health ministries in developing nations.
Publish What You Pay’s New Report: Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition by Mabel van Oranje and Henry Parham
In Publishing What We Learned: An Assessment of the Publish What You Pay Coalition, Mabel van Oranje and Henry Parham detail the evolution of Publish What You Pay (PWYP) since it was founded in 2002. The coalition was created to campaign for greater transparency and accountability in the management of revenues from the oil, gas, and mining industries, and it soon expanded to a global network of community organizations, international NGOs, and civil society coalitions in more than 70 countries.
The report’s three main sections cover the origins and structure of PWYP, assess the effectiveness of PWYP’s advocacy and policy endeavors and its operational aspects, and look ahead at the coalition’s future. The report is based on interviews with people involved with the PWYP coalition, mainly civil society representatives, and is written in a question and answer format for readers to easily identify the issues most relevant to them.
To see the full report and the executive summary, go to: http://www.publishwhatyoupay.org/en/resources/publishing-what-we-learned.
Call for Contributions for the Research Project on Citizen Participation and Civic Action to Fight Corruption by Shaazka Beyerle, International Center on Nonviolent Conflict
With the support of the International Center on Nonviolent Conflict and a grant from the United States Institute of Peace, a new study is being conducted on how civic actors and anti-corruption advocates are mobilizing fellow citizens to fight corruption with nonviolent strategies and tactics. This in-depth research and book project will document and analyze citizen participation and nonviolent civic action campaigns and movements to fight corruption, and extract general lessons and best practices. The project will examine the skills, strategies, objectives, and demands of these initiatives rather than the phenomenon of corruption itself, or the conditions under which it occurs. The researcher conducting this project is in the process of collecting examples of:
- Ongoing or past (within the last two decades) initiatives, campaigns, or movements addressing corruption, which involved the mobilization of citizens and/or nonviolent civic action at the local or national level(Cases may focus solely on corruption, or they may be linked to poverty, budget spending, freedom of information, state service provision, governance, democracy, organized crime, violence, human rights, environmental destruction, or other issues)
- Suggestions of individuals or organizations who might know about cases or can disseminate the study
- Recommendations of networks, e-newsletters, websites, virtual groups, etc., through which others can be notified about the project
- Reports, books, or articles on citizen initiatives and nonviolent civic action to fight corruption
Please note that this is not a call for proposals, new papers, or researchers. If you would like to contribute to this research with any of the above information, contact Shaazka Beyerle at [email protected].
For more information about the International Center on Nonviolent Conflict, go to: http://www.nonviolent-conflict.org/.
