by soapbox | Nov 1, 2009
Auditorías sociales, presupuestos participativos y movilización pública
- Auditorías de desempeño y auditorías sociales: trabajando hacia una sinergia en la India por Sowmya Kidambi, IBP
- La ciudad de Chicago comienza prácticas de presupuestos participativos por Nicole Summers, oficina del alcalde Joe Moore, Consejo de la ciudad de Chicago
- Comunidades brasileñas discuten el impacto del Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES) por Helena Hofbauer, IBP
Buena gobernabilidad: lecciones y recursos
- Oportunidades para la participación de la sociedad civil con el gobierno en Camboya: una reseña del reporte 2009 del Banco Mundial “Linking Citizens and the State” por Chea Kimsong y Gijs Koop, NGO Forum de Camboya
- Vivienda de interés social en Brasil: ¿Porqué es tan difícil llegar a los pobres? por Sergio Baierle, Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (CIDADE)
- El proceso presupuestario y la corrupción por Jan Isaksen, Chr. Michelsen Institute
- Follow the Money de la Unión Europea (UE)
- Publicación del Banco Mundial: “News Media and Governance Reform”
Niñez y mortalidad maternal: noticias y herramientas
- Addis hace un llamado urgente a la salud materna
- Invertir en los niños: herramientas disponibles en Internet
Nuevas publicaciones
- Versión en ruso y español de Nuestro Dinero, Nuestra Responsabilidad: Guía ciudadana para la vigilancia del gasto público
- Nueva publicación: “Small Change. Why Business Won’t Save the World” por Michael Edwards
- Un nuevo enfoque para la reconstrucción de la posguerra por Fredrik Galtung y Martin Tisné
Auditorías de desempeño y auditorías sociales: trabajando hacia una sinergia en la India por Sowmya Kidambi, IBP
Los últimos 10 años han visto un aumento dramático en el gasto de programas sociales en la India. El gasto social total de parte de los gobiernos central y estatal combinados ha aumentado 80 por ciento, de Rs. 1.38 trillones en 2001/02 a Rs. 2.48 trillones en 2006/07. Aunque se reconoce el aumento de las asignaciones gubernamentales a programas sociales, la implementación exitosa de estos programas no es un hecho. No sólo se requiere un marco político apropiado sino también mecanismos efectivos de implementación junto con administración y monitoreo comunitario satisfactorios.
Con más de 200 esquemas del sector social financiados por el gobierno nacional y un número similar a nivel estatal, la comisión de planeación del gobierno central ha expresado, repetidamente, que muchas de estas iniciativas han fracasado debido al pobre diseño, a la insuficiencia de fondos, la mala planeación para llegar a los beneficiarios, la corrupción y la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En este contexto es fundamental contar con procesos independientes de auditoría.
En la India el Contralor y Auditor General (CAG) es responsable de llevar a cabo auditorías financieras de desempeño de los gobiernos central y estatales, así como de compañías del sector público. La auditoría de desempeño de CAG es particularmente importante cuando se trata de programas sociales, ya que busca evaluar si los objetivos intencionados de los programas se han alcanzado.
En años recientes, el renovado interés en auditorías de desempeño ha dado lugar a nuevos lineamientos de auditoría en sincronía con las buenas prácticas internacionales. La nueva metodología involucra la planeación de estructuras para identificar temas de gobernabilidad, mayor colaboración con el ejecutivo en todas las fases del proceso y nuevos métodos para recabar evidencia (como visitas y encuestas a beneficiarios). En los últimos cinco años, CAG ha auditado la mayoría de los programas más populares del gobierno tal como el “National Rural Employment Guarantee Scheme, NREGS” y el “National Rural Health Mission, NRHM” y ha publicado reportes de auditoría.
A pesar de estos cambios, el enfoque principal de las evaluaciones de auditoría de CAG sigue siendo los procesos gubernamentales, es decir, que la verificación de resultados a nivel de la implementación es algo secundario. En este sentido, las dos limitantes que enfrenta CAG son los estrictos requisitos de evidencia (necesarios para asegurar la credibilidad de los hallazgos de la auditoría) y los recursos humanos limitados. Por ejemplo, CAG no puede verificar todos los caminos rurales, como tampoco puede aceptar testimonios verbales de los beneficiarios que difícilmente se pueden verificar.
En contraste con las auditorías de CAG, las auditorías sociales siguen procesos participativos mediante los cuales los miembros del público monitorean la implementación de los programas del gobierno en su comunidad. Se llevan a cabo por cuerpos o comités comunitarios de vigilancia y monitoreo, o por organizaciones comunitarias para medir los resultados de programas sociales, verificar los récords oficiales e identificar problemas de implementación desde abajo. Las auditorías sociales ofrecen un foro de retroalimentación directa para los beneficiarios mediante audiencias públicas—eventos de gran escala en los que los miembros de la comunidad presentan sus hallazgos de auditoría a los funcionarios locales, quienes tienen la oportunidad de responder.
Las auditorías sociales se perciben como un enfoque pionero y alternativo al monitoreo institucional comunitario, ya que involucran el esfuerzo conjunto tanto del gobierno como de grupos ciudadanos. En la India el gobierno debe:
- Asegurar que las auditorías sociales se lleven a cabo en todos los consejos de los poblados cada seis meses
- Ofrecer toda la información relevante sobre el programa que está siendo auditado en un formato que la gente pueda entender y con tiempo suficiente para hacer análisis e inspecciones
- Ofrecer una plataforma para que la gente pueda dar sus opiniones y retroalimentación sin temor a represalias
- Incorporar la retroalimentación que ofrece la gente en la resolución de problemas y mejoramiento de programas
El papel del público y de las organizaciones de la sociedad civil es hacer que el gobierno responda a estos compromisos y movilizar a la gente a participar en el proceso de auditoría social.
En la India, el gobierno del estado de Andhra Pradesh es el único gobierno estatal que ha institucionalizado las auditorías sociales como un proceso regular dentro de NREGS. El estado ha establecido una dirección independiente, con personal de organizaciones de la sociedad civil, para capacitar a jóvenes alfabetos de viviendas rurales para realizar auditorías sociales. Hasta la fecha más de 50,000 jóvenes han sido capacitados y se han realizado más de dos rondas de auditorías a lo largo de 22 distritos. Han habido auditorías sociales en 19,804 consejos poblacionales que han resultado en la recuperación de Rs.58, 900,000 previamente desviados del NREGS y el despido de 3,421 personas. En 2007, cuando la oficina del Auditor General de Andhra Pradesh auditó a NREGS en el estado, su personal usó los reportes de auditoría social para obtener información adicional.
En tanto que CAG se ha esforzado por fortalecer sus auditorías de desempeño, aún enfrenta la difícil tarea de evaluar, efectivamente, los programas sociales en un número significativo de localidades del país. Para atender este reto CAG implantó la fuerza especial para estudiar las auditorías sociales e identificar formas de integrarlos al proceso de auditoría de desempeño. Miembros de la fuerza especial han asistido al significativo proceso de auditoría social en el distrito de Bhilwara en el estado de Rajastán, organizado conjuntamente por la campaña local, Rozgar evam Suchna Ka Adhikar Abhiyan, REAS y por el gobierno del estado. Durante esta visita, los miembros de la fuerza especial observaron cómo las auditorías sociales pueden contribuir a las auditorías de evaluación de CAG y su potencial de introducir rigor en las auditorías de CAG.
A pesar de que India ha encabezado el uso de las auditorías sociales como un medio para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, integrar al público al mecanismo de vigilancia y mejorar la gobernabilidad, es una metodología que muy fácilmente puede adaptarse a otros contextos y países. Por ejemplo, las auditorías de la sociedad civil en Kenia han tenido éxito sacando a relucir casos de corrupción y malos manejos en el uso de los recursos públicos de los fondos locales de desarrollo conocidos como “Constituency Development Funds.”
Para mayor información sobre las auditorías sociales en India, contactar a Sowmya Kidambi [email protected].
Para ver la auditoría social en Mombasa, Kenia, “It’s Our Money. Where’s It Gone?”, ir a www.internationalbudget.org.
La ciudad de Chicago comienza prácticas de presupuestos participativos por Nicole Summers Oficina del Alcalde Joe Moore, Consejo de la ciudad de Chicago
La jurisdicción 49 de Chicago estará entre las primeras jurisdicciones políticas de los Estados Unidos en usar prácticas de presupuestos participativos (“participatory budgeting”, PB) para decidir cómo asignar recursos públicos. El proceso de presupuestos participativos es un proceso mediante el cual la gente que vive en una ciudad o comunidad influye directamente en las decisiones de gasto del dinero público. Este proceso se introdujo por primera vez en la ciudad de Porto Alegre, Brasil en 1990 y desde entonces se ha esparcido a más de 1,200 ciudades alrededor del mundo.
A pesar de que este ejemplo toma lugar en un contexto específico, el proceso PB puede y ha sido implementado en varias comunidades del mundo como un medio para incorporar las demandas, necesidades y prioridades de los residentes en el proceso presupuestario y generar consenso en la toma de decisiones. Todo esto puede promover mejores políticas presupuestarias y un uso más efectivo de los recursos públicos.
Residentes de la jurisdicción 49 encabezados por su representante o consejero ciudadano, Alcalde Joe Moore, están usando los presupuestos participativos para decidir cómo gastar los fondos discrecionales recibidos por cada representante o consejero ciudadano en mejorías para la infraestructura en su respectiva jurisdicción. Desde mediados de los noventa, cada uno de los 50 representantes de la ciudad ha recibido aproximadamente $1.4 millones de fondos discrecionales anualmente. Estos fondos deben de gastarse en proyectos de infraestructura y no para financiar programas o servicios. Estos fondos son la única parte del presupuesto de la ciudad sobre la que el representante tiene control absoluto.
A principios del año pasado, el Alcalde Moore reunió a un grupo de 40 líderes comunitarios de diversas organizaciones cívicas, religiosas y políticas en la jurisdicción para integrar un comité de presupuestos participativos para desarrollar las reglas y coordinar el proceso de presupuestos participativos. Gianpaolo Baiocchi, profesor asociado del departamento de sociología y estudios internacionales de la Universidad Brown y Josh Lerner, candidato doctoral en ciencia política de la New School for Social Research facilitaron una serie de talleres para el comité. Introdujeron los conceptos y prácticas de PB, compartieron sus experiencias trabajando en PB en otros países y sentaron las bases para el proceso que seguiría la jurisdicción 49. Los talleres culminaron con la creación de un reglamento que delineaba los pasos del procesos, un calendario y descripción de los roles y responsabilidades, así como los mecanismos de votación y toma de decisiones.
El proceso PB comenzó a principios de noviembre con una serie de nueve asambleas vecinales llevadas a cabo por toda la jurisdicción—ocho en distintos vecindarios y una para residentes de habla hispana. Las asambleas estaban abiertas a todos los residentes y sirvieron para presentar los principios de PB y preguntarles a los participantes sus ideas para proyectos de infraestructura en la jurisdicción. Al final de cada reunión, los participantes interesados tenían la oportunidad de ofrecerse como voluntarios para ser representantes comunitarios responsables del desarrollo de propuestas de proyectos vecinales para discutirse entre todos los residentes de la jurisdicción.
En la actualidad, los representantes comunitarios se reúnen regularmente en comités presupuestarios temáticos—como el de transporte o seguridad pública—para desarrollar propuestas que se puedan someter a la votación de los residentes de la jurisdicción. Los representantes utilizan las ideas que se presentan durante las asambleas vecinales como puntos de partida, pero también se espera que contribuyan con ideas propias para proyectos que evalúen las necesidades de la comunidad y que trabajen con los expertos técnicos para determinar si los proyectos son factibles. Las propuestas finales deben incluir una descripción del proyecto, una justificación y proyección del impacto y una estimación del costo.
En marzo 2010 los representantes se reunirán con los residentes en una segunda ronda de asambleas vecinales. Los comités temáticos de los representantes presentarán sus recomendaciones de proyectos y los residentes tendrán la oportunidad de sugerir agregar o remover proyectos de los listados. Al tomar en cuenta la retroalimentación de los residentes, los representantes comunitarios entregarán propuestas de proyectos para un voto final durante el mes de abril. Los residentes de la jurisdicción 49 son mayores de 16 años, así que pueden votar hasta por ocho proyectos.
El comité comunitario de planeación ha sido instrumental a lo largo del proceso PB, reuniéndose regularmente para discutir y aprobar las principales decisiones. Además de darle legitimidad a la iniciativa, su participación les ha dado un sentido de propiedad sobre el proceso. Esto los ha motivado a seguir activamente involucrados. Hasta el momento los miembros del comité han facilitado todas las asambleas vecinales y ejercen funciones de mentores a representantes comunitarios. Igualmente, la oficina del Alcalde Moore ha invertido tiempo y esfuerzo considerables en este proceso, incluyendo la contratación de una persona de tiempo completo para coordinar el proceso con varios actores.
Una de las debilidades del ejercicio de PB de la jurisdicción 49 ha sido la limitada participación de minorías, gente de bajos recursos y de los jóvenes. Esta jurisdicción es una de las más diversas étnica y económicamente de Chicago; sin embargo las asambleas vecinales están integradas en su mayoría por propietarios de edad avanzada y extracción blanca. En este momento, el personal de Alcalde Moore está trabajando para incluir a grupos con baja representación con una encuesta distribuida entre organizaciones comunitarias en donde se le pide a la gente que identifique sus necesidades de infraestructura y sugiera ideas para proyectos. También se han identificado otras estrategias para atender este reto como llevar a cabo asambleas más cortas a lo largo del día, en lugar de sólo en la noche, ofrecer servicio de guardería durante las asambleas y fortalecer los esfuerzos de organización de base para llegar a los residentes jóvenes, minoritarios y de bajos ingresos al inicio del proceso.
Para mayor información sobre el PB en Chicago, contactar a Nicole Summers [email protected], o ir al blog de la jurisdicción 49: http://participatorybudgeting49.wordpress.com.
Comunidades brasileñas discuten el impacto del Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES) por Helena Hofbauer, IBP
El Banco de inversión de Brasil cuenta con más financiamiento disponible cada año que el Banco Mundial. El Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES) ha dirigido las políticas de desarrollo del país por décadas y ampliado su influencia en varios países de América Latina y África. Al hacerlo, BNDES se ha destacado por su falta de rendición de cuentas como muchas otras instituciones financieras de inversión.
La Plataforma BNDES—integrada por más de 20 organizaciones, movimientos sociales y redes—busca exigirle rendición de cuenta a este banco propiedad del estado, por sus políticas de desarrollo. Del 23-25 de noviembre, la plataforma organiza la primera reunión de comunidades afectadas por BNDES para darles voz y visibilidad a aquellos que padecen las consecuencias de las decisiones de inversión sin escrúpulos. Durante la reunión de tres días los participantes presentaron y discutieron el impacto de proyectos que en términos técnicos y financieros hacían sentido, pero que no tomaron en cuenta las perspectivas y necesidades de la población en esas áreas. Se debatieron testimonios sobre el efecto de inversiones para etanol, papel y producción de celulosa, agricultura, energía y minas a través de las experiencias de las comunidades y organizaciones que viven y trabajan en las inmediaciones de dichos proyectos. Se puso particular atención en los efectos de las inversiones en comunidades indígenas y en el ambiente.
La reunión terminó con una manifestación pública frente a BNDES en donde una delegación se encontró con Luciano Coutinho, presidente del banco de inversión. “Es difícil entablar una conversación con la persona que está financiando nuestra desgracia”, dijo Cleide Passos, persona afectada por la construcción de la planta de hidroeléctrica de San Antonio en Río Madeira que recibió R$ 6.1 billones. [1] Se entregó una carta de las comunidades afectadas [2] y un documento con las principales demandas de la Plataforma BNDES—elaborada a partir de la reunión. Las demandas no fueron tomadas en cuenta y se ratificó el modelo de inversiones para el desarrollo que no toman en cuenta ni a lo social, ni a lo ambiental. “Frustración—este es el sentir de los representantes de la gente que padece los efectos de los proyectos financiados por BNDES…”
La Plataforma BNDES no se está dando por vencida y ha lanzado un mapa interactivo en donde se pueden ubicar todos los proyectos de inversión en Brasil con montos, características y comunidades cercanas. El objetivo es fortalecer el movimiento social y darles a las comunidades afectadas las herramientas necesarias para saber qué está pasando y compartir sus experiencias.
Para mayor información, contactar a Helena Hofbauer [email protected].
[1] Ver http://www.plataformabndes.org.br/index.php/en/noticias/38-materias/501-foco-de-investimentos-nao-mudara-aponta-presidente-do-bndes
[2] Ver http://www.plataformabndes.org.br/index.php/en/analises-do-desenvolvimento/45-principal/499-carta-dos-atingidos-pelo-bndes-
Oportunidades para la participación de la sociedad civil con el gobierno en Camboya: una reseña del reporte 2009 del Banco Mundial “Linking Citizens and the State” por Chea Kimsong y Gijs Koop, NGO Forum de Camboya
En febrero 2009 el Banco Mundial publicó el estudio “Linking Citizens and the State: an Assessment of Civil Society Contributions to Good Governance in Camboya” con base en una investigación llevada a cabo por el “Centre of Advanced Studies” (CAS). Durante la investigación el personal del proyecto de presupuesto de NGO Forum fue entrevistado por CAS y comentó sobre los hallazgos más adelante.
La gobernabilidad es ampliamente reconocida como el reto más crítico en Camboya: se menciona en la estrategia rectangular de crecimiento, empleo, equidad y eficacia, en el plan nacional de desarrollo estratégico y en la mayoría de las estrategias nacionales de desarrollo de los socios de desarrollo de Camboya, incluido en Banco Mundial. Aunque las reformas de gobernabilidad, especialmente sobre descentralización y administración de finanzas públicas están mejorando, el país ocupa uno de los lugares más bajos en las evaluaciones internacionales de buena gobernabilidad.
El Banco Mundial argumenta que los esfuerzos por mejorar el lado de la “oferta” de gobernabilidad no son suficientes y que la activa demanda de buena gobernabilidad de los ciudadanos—y de la sociedad civil—es fundamental para que el gobierno sea más efectivo y responsable. El estudio sobre buena gobernabilidad en Camboya ofrece una reseña del presente estado de la sociedad civil en ese país y toma en cuenta el contexto político, social e histórico.
De acuerdo con el reporte, las prácticas sobre rendición de cuentas social en Camboya—incluyendo el análisis de presupuestos—no son nuevas pero generalmente se aplican en menor escala y están en las primeras fases de desarrollo. Las razones que explican el uso limitado de rendición de cuentas social se basan en ciertos hallazgos. Por ejemplo, los ciudadanos encuestados expresaron interés en la información pública y hablaron de la importancia de estar informados. No obstante, no sabían mucho del derecho al acceso a la información y expresaron su renuencia a solicitar—mucho menos exigir—información sensible. Esto es el resultado de la naturaleza paternalista del gobierno y del miedo de enfrentar consecuencias negativas.
La falta de transparencia y acceso a la información en todos los niveles gubernamentales en Camboya contribuye al bajo nivel de familiaridad con temas públicos. Por ejemplo, 85 por ciento de los encuestados reportaron que no conocían el presupuesto nacional, nueve por ciento reportaron conocer algo del presupuesto y sólo seis por ciento reportó tener muchos conocimientos al respecto. Cabe mencionar que estos porcentajes no mejoran mucho para los consejos comunales del presupuesto a pesar de que los consejos comunales se conocen bien. El escaso conocimiento sobre la información pública que reportaron los ciudadanos, es prueba del limitado papel de las organizaciones de la sociedad civil en cuanto al acceso, difusión y generación de información pública.
Además de los retos al acceso a la información, el reporte identifica como el principal obstáculo la falta de mecanismos oficiales para que los ciudadanos expresen sus opiniones del gobierno. En la actualidad no hay medios de comunicación en Camboya que permitan la creación de programas ciudadanos. Los medios interactivos—en donde los ciudadanos pueden expresar sus puntos de vista, hacer preguntas y participar en la esfera pública—se limitan a unos cuantos periódicos y programas de radio independientes.
El reporte observa que hay una voluntad real de parte de los ciudadanos por expresar sus puntos de vista (al asistir a reuniones invitados por las propias autoridades); sin embargo hay muchas restricciones para que los mecanismos existentes sean realmente significativos. Por ejemplo, una estadística relevadora en el reporte es que más del 80 por ciento de los ciudadanos que participan en reuniones del consejo comunal reciben información pero raramente hacen comentarios o preguntas o exigen acciones concretas. Aunque algunas personas comparten sus opiniones a puerta cerrada, queda claro que los funcionarios públicos no están acostumbrados a estar en el ojo público y no promueven la participación pública o privada de la sociedad civil. También se observó que el uso de los medios de parte de los ciudadanos es limitado debido a la renuencia generalizada de expresar quejas o críticas públicamente, sobre todo, respecto a las acciones de las autoridades gubernamentales por temor a represalias.
Además de estos retos, el reporte resalta oportunidades. Una tendencia irreversible que promoverá un acercamiento más constructivo entre los ciudadanos y el estado es la población joven de Camboya, [1] que cuenta con una visión menos paternalista del gobierno y, por ende, es más fácil que participe con el gobierno. Existen otras oportunidades para que las organizaciones de la sociedad civil mejoren el acceso a la información y promuevan discusiones más constructivas. Una vez que haya mayor acceso a la información las organizaciones de la sociedad civil habrán aumentado su espacio para participar y contribuir a una mejor gobernabilidad y estimular la “oferta” de buena gobernabilidad.
En conclusión, el reporte hace una buena revisión de las presentes prácticas de rendición de cuentas social en Camboya, así como de los retos y oportunidades. Las recomendaciones para las organizaciones de la sociedad civil y socios en el desarrollo son importantes y merecen seria atención de parte de la sociedad civil camboyana y de la comunidad de donatarios, más allá del proyecto de demanda de buena gobernabilidad del Banco Mundial. Como miembro de la sociedad civil de Camboya, NGO Forum reconoce la necesidad de mayor colaboración constructiva entre los ciudadanos y el gobierno y los funcionarios electos. Nuevos métodos de participación pueden contribuir a mejorar esta relación, por eso la sociedad civil debe de explorar estas opciones y aumentar las interacciones significativas entre los ciudadanos de Camboya y su gobierno.
Como dice el dicho “se necesitan dos para bailar tango”—en este caso el ciudadano y el gobierno—de modo que los esfuerzos de la sociedad civil por sí solos no van a traducirse en mejorías de la noche a la mañana. La aplicación honesta y consistente de herramientas de rendición de cuentas social en el largo plazo puede promover cambios; aunque claramente hay mucho por hacer antes de que Phnom Penh esté a la par de Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo en cuanto a prácticas de gobernabilidad participativa. Por lo pronto, la sociedad civil camboyana continuará promoviendo relaciones constructivas entre los ciudadanos y el gobierno para fortalecer la demanda y oferta de buena gobernabilidad.
Para mayor información, contactar Chea Kimsong a [email protected] y a Gijs Koop a [email protected].
[1] 70 por ciento de la población es menor de 30 años de edad.
Addis hace un llamado urgente a la salud materna
El 26 de octubre 2009 se realiza una reunión de alto nivel sobre la salud materna y la meta del milenio número 5 (MDG 5) en la ciudad de Addis Ababa, Etiopía. La meta del milenio número 5 tiene como objetivo la reducción de la mortalidad maternal en tres cuartas partes entre 1990-2015 y conseguir acceso universal a la reproducción de la salud antes del 2015. Entre todas las metas del milenio, el objetivo de la mortalidad materna ha avanzando menos que el resto. Las complicaciones durante el embarazo y el nacimiento siguen siendo las principales causas de muerte entre mujeres en países en vías de desarrollo.
Organizado por los Países Bajos y el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas (“Netherlands and the United Nations Population Fund”, UNFPA), la reunión de alto nivel busca “darle un lugar importante a la salud materna y reproductiva en la agenda global de desarrollo, así como aumentar el compromiso político y financiero para mejorar la implementación de programas a nivel nacional”. Asistieron alrededor de 150 representantes del gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la juventud de alrededor del mundo.
El International Budget Partnership (IBP) participó en la reunión para hacer un llamado a temas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información y asegurar que se incorporen en futuros esfuerzos para alcanzar la meta 5. La reunión produjo un documento llamado “Addis Call to Urgent Action for Maternal Health”, en donde se le pide a los gobiernos, donatarios, sociedad civil y el sector privado a tomar acciones concretas para promover la salud materna y prevenir la mortalidad materna. Se hacen referencias concretas a los presupuestos de género, la transparencia, rendición de cuentas y el acceso público a la información, lo que demuestra que la comunidad global reconoce que estas acciones son críticas para lograr la meta 5 y prevenir la muerte de millones de mujeres.
Para leer el llamado de Addis, ir a: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/parliamentarians/docs/2009/addis_calltoaction_en.doc
Invertir en los niños: herramientas disponibles en Internet
Save the Children Suecia organiza actividades relacionadas con la inversión en los niños alrededor del mundo sobre todo en América Latina y el Caribe. En coordinación con Save the Children Suecia, Save the Children Noruega y la Red de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes “Latin American and Caribbean Network for the Defence of Children and Adolescents’ Rights” (REDLAMYC), se creó la página de Internet Platforma de Inversión en Infancia de América Latina y El Caribe). La página ofrece recursos relacionados con la inversión en niños, derechos de los niños y participación de los niños en los presupuestos públicos y políticas económicas. Incluye documentos relacionados con distintos temas de la niñez de países en la región, una lista de contactos clave en organizaciones que trabajan en estos temas, noticias de organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones y un boletín mensual de noticias llamado Children Come First in Public Budgets.
Los reportes y documentos disponibles en esta página ofrecen:
- Analisis de presupuestos recientes para la región que suelen enfocarse en aspectos de salud, seguridad, educación, etc., y su impacto e importancia para los niños, con frecuencia evaluando y promoviendo el apego de leyes nacionales y programas con normas internacionales sobre los derechos de los niños
- Anuncios y descripciones de conferencias regionales y globales, convenciones, campañas e iniciativas de grupos de la sociedad civil, gobiernos y otras instituciones que promueven la inversión en los niños y sus derechos.
Para mayor información, ir a http://www.inversioneinfancia.org.
Otra iniciativa organizada por Save the Children Suecia, la Universidad del Pacífico, Perú y REDLAMYC fue el taller regional de América Latina sobre inversión en los niños del 14-18 de septiembre 2009. A este taller asistieron miembros de 18 países de América Latina y el Caribe, varias organizaciones de la sociedad civil, UNICEF y otras organizaciones no gubernamentales. El principal objetivo del taller es movilizar y promover la inclusión de temas de la niñez en los presupuestos. Los principles temas que se discutieron fueron:
- Posibles acciones para avanzar las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño respecto a la mejor distribución y uso de recursos para los niños
- Proyección, reducción, alivio y compensación para los efectos de la crisis económica global sobre niños en la región
- Financiamiento para programas y políticas específicas respecto a educación, comida y nutrición, salud, infancia temprana y presupuestos participativos y
- Técnicas e iniciativas de incidencia dirigidas a invertir en los niños
Como parte del programa, los participantes compartieron y revisaron sus contribuciones y avances para la inversión en los niños y sus derechos en América Latina y el Caribe. El taller también incluye capacitación para el diseño de propuestas de políticas públicas. Dos talleres regionales y ocho talleres nacionales están programados para 2010, así como otras teleconferencias y talleres.
Para mayor información, ir a http://www.inversioneinfancia.org o contactar a Jorge Oroza [email protected].
Vivienda de interés social en Brasil: ¿Porqué es tan difícil llegar a los pobres? por Sergio Baierle, Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (CIDADE)
En los últimos 10 años Brasil ha visto desarrollos institucionales en las viviendas de interés social y planeación urbana. En 2001 el Congreso Nacional aprobó el estatuto de la ciudad que estableció un conjunto de herramientas legales para la planeación urbana. En 2003 se creó el Ministerio de ciudades seguido por la Conferencia nacional de ciudades que se reúne cada dos años. La Conferencia es un foro multi-partita—organizado a niveles local, estatal y nacional—para discutir los lineamientos de políticas nacionales urbanas que tiene un impacto en los estados y municipalidades. El Consejo nacional de ciudades se formó en 2004 y está integrado por representantes del gobierno y de la sociedad civil y ofrece recomendaciones sobre la aplicación del estatuto de la ciudad y sobre la implementación de políticas de desarrollo urbano.
Más de 85 por ciento de los brasileños viven en ciudades y un tercio (51.7 millones) viven en suburbios o favelas. Las favelas, normalmente, cuentan con electricidad, transporte público y acceso a salud básica e instalaciones de educación primaria. Sin embargo, hay irregularidades en las viviendas auto-construidas y carencias en los sistemas de drenaje, calles pavimentadas y banquetas, entre otras cosas.
El principal enfoque del gobierno brasileño, bajo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva es el crecimiento económico combinado con la reducción de la pobreza. Por ello, la vivienda de interés social es un componente de la política del gobierno. Después de la crisis económica del 2008 el gobierno creó una meta de vivienda más focalizada: una reducción de 14 por ciento del déficit de vivienda, estimado en 7.9 millones de unidades en 2010. Además el gobierno lanzó dos programas:
- Programa para la aceleración del crecimiento, (GAP) que coordina inversiones públicas y privadas de US$277.3 billones para atender tres áreas de infraestructura: logística, energía e infraestructura urbana y social. A pesar de la enorme cifra, sólo 13.5 por ciento proviene del presupuesto nacional, mientras el resto viene del sector privado, bancos y compañías privadas.
- Mi casa, mi programa de vida (MHMLP) ofrece US$18.7 billones adicionales en inversión pública y subsidios y una herramienta legal para facilitar la regularización de tierras en las favelas. [1] Autoriza al gobierno identificar áreas para ser regularizadas y define los requisitos para ofrecer títulos de propiedad a residentes en esas zonas, reduciendo años de trámites.
Ambos programas comparten la necesidad de resultados rápidos, el procesos de toma de decisiones de arriba hacia abajo y el amplio margen de asignaciones presupuestarias discrecionales. Además GAP y MHMLP carecen de mecanismos participativos para su administración. Al GAP lo coordinan cuerpos de alto nivel formados por funcionarios de la Casa Civil (Departamento del Presidente) y los Departamentos de Tesorería y Planeación. La Tesorería y el Ministerio de las Ciudades están a cargo de regular el MHMLP. El Consejo nacional de las ciudades no tiene ninguna función en ninguno de estos dos programas.
A pesar de esto, la decisión del gobierno de invertir en la vivienda ha beneficiado a los pobres en zonas urbanas. Las viviendas para familias con ingresos mensuales de hasta US$3,000 se subsidian; sin embargo, mientras 90.9 por ciento del déficit unitario de viviendas de 7.9 millones es de familias con ingresos mensuales menores a US$900, la mayoría de los recursos son para familias con ingresos mensuales entre US$900 y US$3,000. Sólo 40 por ciento de las nuevas unidades bajo el MHMLP son para los más pobres.
Organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales lucharon y cabildearon por casi dos décadas en el Congreso Nacional a través del Foro nacional de reforma urbana (www.forumreformaurbana.org.br) para obtener la aprobación de leyes básicas para la regularización de propiedad urbana y la creación de un sistema nacional de vivienda de interés social (National Social Interest Housing System, NSIHS) y del fondo nacional de vivienda de interés social. El NSIHS requiere que todos los estados y municipalidades creen consejos locales de vivienda social para garantizar la participación pública en los procesos de planeación. Sólo después de un año de aprobar menos de US$1.1 billón para el NSIHS, el gobierno lanzó el programa de vivienda GAP, aparentemente, sin tomar en cuenta al programa existente.
En 2008 el gobierno contrató consultores para diseñar el plan nacional habitacional (PLANHAB) que fuera discutido en el Consejo nacional de las ciudades. PLANHAB estaba listo a finales de 2008, pero nunca se implementó. En su lugar se lanzó MHMLP en 2009. Aunque incluye algunos esquemas financieros como PLANHAB, el MHMLP ignora la visión más amplia del plan inicial. PLANHAB requiere que todas las municipalidades tengan definidos sus propios planes y áreas de vivienda de interés social al margen de la especulación. Los subsidios de MHMLP tienden a ser interceptados por compañías de bienes raíces—directamente a través de ganancias por el aumento de precios e indirectamente mediante el uso de materiales de baja calidad para reducir el costo de construcción, entre otras cosas.
En Brasil hay una tendencia a desconfiar de las instituciones y a confiar en la voluntad política de los líderes que crean leyes y políticas para satisfacer sus intereses. Por ello hay que preguntarse si las instituciones creadas para la vivienda social realmente importan; CIDADE piensa que sí. La vivienda de interés social es mucho más compleja que sólo el financiamiento—no sólo se necesita planeación urbana coherente; sino también prevenir la segregación y el deterioro ambiental. Los líderes deben de aplicar su voluntad política para atender las necesidades de la gente mediante políticas públicas sostenibles y no de iniciativas gubernamentales ad hoc. CIDADE es miembro del Foro nacional para la reforma urbana que promueve instituciones que responden a las necesidades de la gente y que trabajen para que los líderes políticos rindan cuentas a la gente. Por ello, el foro hace un llamado a la convergencia de los programas de financiamiento GAP y MHMLP con el Sistema nacional de vivienda de interés social que es más equitativo, sostenible y participativo.
Para mayor información, contactar a Sergio Gregorio Baierle a [email protected].
[1] Regularización quiere decir ofrecer urbanización y títulos de propiedad a la gente que ocupa terrenos de manera ilegal como resultado de allanación o mediante la venta informal/irregular. Puede ser título de propiedad privada o título de “derecho de uso”, es decir, que la gente puede usar la tierra a cambio de un modesto pago mensual y heredar el terreno a sus descendientes pero no pueden vender o cambiar la propiedad sin permiso.
El proceso presupuestario y la corrupción por Jan Isaksen, Chr. Michelsen Institute
A fin de hacer que la asistencia sea más efectiva, los donatarios con frecuencia promueven la buena administración pública financiera. Una forma importante de ayudar a este proceso es mediante la reducción de la corrupción en los procesos presupuestarios. El proceso presupuestario y la corrupción por Jan Isaksen del U4: Anti-Corruption Resource Centre revisa este tema y ofrece información sobre la corrupción en los procesos del presupuesto del gobierno. El autor explora qué es la corrupción presupuestaria, cómo se puede detectar y cuáles deben de ser las respuestas políticas. Isaksen identifica algunas de las amenazas a la corrupción del presupuesto, principalmente la mala asignación de recursos escasos, la inefectividad de la planeación del gobierno, la reducción de la confianza pública en la ley y la debilitada legitimidad del gobierno.
El artículo identifica las fases del proceso presupuestario y ofrece explicaciones para cada etapa y evaluaciones según el nivel de corrupción. Si ésta es una preocupación mayor se califica como alta, si es sólo una preocupación, se califica como mediana y si es menos que una preocupación, se califica como baja. El marco formal del proceso presupuestario, es decir, las leyes y regulaciones que lo gobiernan, no es la única condición para la corrupción. El proceso presupuestario es un fenómeno social y político, al igual que técnico. Isaksen también examina el tipo de personal que usualmente está involucrado en la corrupción del proceso presupuestario, sus motivaciones y los papeles tanto de instituciones y estructuras formales e informales. También ofrece recomendaciones sobre cómo reducir la corrupción mediante:
- Leyes, el poder judicial y la legislatura
- Sistemas, instituciones y administración
- Actitudes, cultura y vigilancia ciudadana
- Donatarios
Para leer el trabajo, ir aquí. Para mayor información sobre U4, ir a www.u4.no.
Follow the Money de la Unión Europea (UE)
La siguiente página www.followthemoney.eu se lanzó para hacer a la Unión Europea más transparente y responsable. Este esfuerzo se basa en dos iniciativas previas de transparencia de la UE: www.farmsubsidy.org y www.fishsubsidy.org, en donde se ofrece información detallada sobre quién obtiene qué de los subsidios agrícolas y pesqueros de la UE en una base de datos disponible en Internet. FollowTheMoney se basa en la simple premisa de que mayor transparencia en las políticas públicas promueven un debate público mejor informado y mejores políticas públicas presupuestarias. La página busca facilitarle a los ciudadanos europeos su comprensión del presupuesto de la UE: cómo se decide, de dónde viene el dinero y cómo se gasta. FollowTheMoney complementa las diversas iniciativas de la sociedad civil y los medios sobre el presupuesto de la UE al brindar noticias, datos, análisis e información legal relevante sobre el monitoreo del presupuesto de la UE.
Para mayor información, ir a www.followthemoney.eu.
Publicación del Banco Mundial: “News Media and Governance Reform”
Varios indicadores internacionales como el Open Budget Index del IBP, demuestran que muchos países necesitan transparencia, rendición de cuentas y reformas de gobernabilidad para garantizar que el dinero público y los servicios funcionen igual para la gente pobre que para la gente rica. El Programa de comunicación para la gobernabilidad y rendición de cuentas del Banco Mundial (Communication for Governance & Accountability Program, CommGAP) en su publicación del mes de noviembre 2009 Public Sentinel: News Media and Governance Reform se enfoca en el desempeño de los medios de comunicación de noticias como una institución que puede ayudar a atender los retos de la gobernabilidad y revisa tres preguntas:
- ¿Cuáles son los papeles ideales que juegan los sistemas de medios para fortalecer la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano?
- ¿Bajo qué condiciones los sistemas de medios tienen éxito o fracasan para cumplir con estos objetivos?
- ¿Qué intervenciones políticas funcionan más efectivamente para cerrar la brecha subnacional que existe entre la promesa democrática y el desempeño de los medios de noticias como institución?
Los autores de Public Sentinel—especialistas académicos y practicantes—enfatizan los papeles institucionales o colectivos de los medios de noticias como vigilantes de los poderosos, como creadores de agenda apuntando a las necesidades sociales en situaciones de desastres naturales y provocados; así como en crisis humanitarias para incorporar una gama variada y balanceada de perspectivas políticas y actores sociales. Los varios roles de los medios son investigados en estudios regionales detallados y se presentan muchas recomendaciones para los políticos.
Para mayor información, ver un resumen en Internet o pedir una copia, ir aquí.
Versión en ruso y español de Nuestro Dinero, Nuestra Responsabilidad: Guía ciudadana para la vigilancia del gasto público
Las versiones en ruso y español de la guía del IBP, Nuestro Dinero, Nuestra Responsabilidad: Guía ciudadana para la vigilancia del gasto público, ha sido publicada y está disponible en la página del IBP: https://archive.internationalbudget.org/OurMoney-Spanish.pdf y https://archive.internationalbudget.org/OurMoney-Russian.pdf.
La guía refleja el creciente enfoque de las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de los resultados alcanzados por el gasto gubernamental. Ofrece una revisión de la implementación del presupuesto del gobierno, incluyendo la ejecución del presupuesto, el proceso de adquisiciones, medidas del impacto y procesos de vigilancia y auditoría. La guía ofrece prácticas herramientas que pueden usarse por organizaciones independientes interesadas en el monitoreo del gasto gubernamental.
Para pedir una copia, enviar un email a [email protected].
Nueva publicación: “Small Change. Why Business Won’t Save the World” por Michael Edwards
Un nuevo movimiento promete salvar al mundo aplicando las reglas del mercado a los retos sociales. Quienes lo apoyan argumentan que el uso de principios empresariales para resolver problemas sociales globales es más efectivo que la mayoría de los enfoques tradicionales. ¿Qué puede haber de malo en ello? Casi todo, dice el ex-director de la Fundación Ford Michael Edwards, quien presenta evidencia para comprobar que un enfoque mercantil puede hacer más daño que bien. El cambio real vendrá cuando las empresas actúen más como la sociedad civil y no al revés.
A pesar de las buenas intenciones Edwards demuestra que, sencillamente, no hay nada que compruebe que el enfoque empresarial es mejor. Por el contrario, cita ejemplos del sector social para demostrar que las empresas por naturaleza no están equipadas para atacar las raíces de problemas como la pobreza, inequidad, violencia y discriminación. Lograr una transformación social fundamental requiere un conjunto diferente de valores—cooperación en lugar de competencia, acción colectiva en lugar de esfuerzo individual y apoyo de largo plazo para soluciones sistemáticas en lugar de resultados inmediatos.
Edwards argumenta que la gente le da su tiempo y dinero a organizaciones de cambio social para servir a una causa, no a una hoja de cálculo. Si estas organizaciones comprometen sus objetivos más amplios en nombre de la “eficiencia,” perjudicarán su impacto e importancia. Contar con los negocios como el motor de cambio termina por concentrar el poder en manos de unos cuantos replicando las inequidades que estas organizaciones deben de rectificar. Con un interés en el status quo, todos los negocios pueden prometer avances valiosos aunque limitados. Es tiempo de alejarse de la falsa promesa del mercado y reafirmar la independencia de la acción ciudadana global.
Para pedir el libro, ir a http://www.amazon.com/Small-Change-Business-Wont-World/dp/1605093777/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1262538003&sr=1-1.
Para mayor información sobre el trabajo del autor, ir a: http://www.futurepositive.org
Un nuevo enfoque para la reconstrucción de la posguerra por Fredrik Galtung y Martin Tisné
El artículo de Fredrik Galtung y Martin Tisné’s A New Approach to Postwar Reconstruction, publicado en octubre 2009 en la edición del Journal of Democracy explora varios temas de las sociedades de posguerra que, con frecuencia, terminan por ser afectadas por la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Los autores analizan prácticas comunes y situaciones que pueden tener efectos negativos de corto o largo plazo en sociedades frágiles y ofrecen enfoques alternativos mediante el uso de mecanismos de rendición de cuentas social y colaborativa para construir transparencia y rendición de cuentas desde abajo. Entre los problemas que se enfrentan durante los primeros años de reconstrucción está la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Como parte del nuevo enfoque hacia la reconstrucción los autores presentan enfoques preventivos y proactivos para la sociedad civil y los donatarios que promueven la reconstrucción y rendición de cuentas de parte de la comunidad.
La importancia del acceso a la información se enfatiza, especialmente, en el sistema de ayuda internacional que suele ser opaco; lo que abre la puerta a prácticas de corrupción y malos manejos. Un primer paso en la estrategia alternativa para la reconstrucción de posguerra es comprometerse a usar las capacidades y recursos domésticos. Esto no sólo fortalecería la economía sino que construiría la capacidad y competencia local. El segundo paso es cerrar la brecha de conocimiento. El artículo recomienda ofrecer clínicas de aprendizaje-rápido para que los trabajadores de asistencia aprendan sobre el país, las leyes y la cultura y ofrecer talleres sobre prácticas internacionales de donatarios, requisitos para preparar reportes, limitantes políticas, etc. Algo esencial para el éxito de este enfoque de reconstrucción de posguerra es mejorar la transparencia y acceso a la información.
by soapbox | Nov 1, 2009
Audits sociaux, budgets participatifs et mobilisation publique
- Audits de résultats et audits sociaux: travail vers une synergie en Inde, par Sowmya Kidambi, IBP
- La ville de Chicago initie des pratiques de budgets participatifs, par Nicole Summers, bureau du maire Joe Moore, Conseil de la ville de Chicago
- Des communautés brésiliennes contestent l’impact de la Banque brésilienne de développement (BNDES) par Helena Hofbauer, IBP
Bonne gouvernance: leçons et ressources
- Opportunités pour la participation de la société civile auprès du gouvernement au Cambodge: présentation du rapport 2009 de la Banque mondiale “Linking Citizens and the State” par Chea Kimsong et Gijs Koop, NGO Forum du Cambodge
- Logements d’intérêt social au Brésil: pourquoi est-il si difficile d’atteindre les pauvres? Par Sergio Baierle, Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (CIDADE)
- Le processus budgétaire et la corruption, par Jan Isaksen, Chr. Michelsen Institute
- Faire le suivi l’argent de l’Union européenne (UE)
- Publication de la Banque mondiale: “News Media and Governance Reform”
Enfance et mortalité maternelle: nouvelles et outils
- Addis fait un appel urgent en faveur de la santé maternelle
- Investir dans l’enfance: outils disponibles sur Internet
Nouvelles publications
- Version en russe et espagnol de Nuestro Dinero, Nuestra Responsabilidad: Guía ciudadana para la vigilancia del gasto público
- Nouvelle publication: “Small Change. Why Business Won’t Save the World” par Michael Edwards
- Un nouvel angle pour la reconstruction d’après-guerre, par Fredrik Galtung et Martin Tisné
Audits de résultats et audits sociaux: travail vers une synergie en Inde, par Sowmya Kidambi, IBP
On a observé ces 10 dernières années une augmentation très importante des dépenses de programmes sociaux en Inde. Les dépenses sociales des gouvernements central et étatiques combinées ont augmenté de 80 pour cent, passant de 1.38 trillons de Rs. en 2001/02 à 2.48 trillons de Rs. en 2006/07. Bien que l’on reconnaisse l’augmentation des allocations gouvernementales à des programmes sociaux, le succès de l’implantation de ces programmes n’est pas un fait. N’est pas seulement nécessaire un cadre politique approprié, mais aussi des mécanismes effectifs d’implantation conjointement à une gestion et un suivi communautaires satisfaisants.
Avec plus de 200 projets du secteur social financés par le gouvernement national et un nombre similaire au niveau étatique, la commission de planification du gouvernement central a exprimé, à plusieurs reprises, que bon nombre de ces initiatives ont échoué du fait de problèmes de conception, de l’insuffisance des fonds, de la mauvaise planification pour atteindre les bénéficiaires, de la corruption et du manque de mécanismes de transparence et responsabilisation. Dans ce contexte, il est fondamental de disposer de processus indépendants d’audit.
En Inde, le Contrôleur et auditeur général (CAG) est chargé de mener des audits financiers de résultats du gouvernement central et étique, ainsi que des entreprises du secteur public. L’audit de résultats du CAG est particulièrement important quand il s’agit de programmes sociaux, puisqu’il cherche à évaluer si les objectifs poursuivis des programmes ont été atteints.
Ces dernières années, l’intérêt renouvelé pour les audits de résultats a donné lieu à de nouvelles lignes directrices de contrôle en accord avec les bonnes pratiques internationales. La nouvelle méthodologie implique la planification de structures pour identifier des questions de gouvernance, la plus grande collaboration avec l’exécutif dans toutes les phases du processus et de nouvelles méthodes pour obtenir les informations (comme des visites et des enquêtes auprès des bénéficiaires). Ces cinq dernières années, le CAG a contrôlé la majorité des programmes les plus populaires du gouvernement tels que le “National Rural Employment Guarantee Scheme, NREGS” et le “National Rural Health Mission, NRHM” et a publié des rapports d’audit.
En dépit de ces changements, l’angle principal des évaluations d’audit du CAG reste concentré sur les processus gouvernementaux, c’est-à-dire que la vérification des résultats au niveau de l’implantation est quelque chose de secondaire. En ce sens, les deux limites auxquelles est confronté le CAG sont le caractère strict des réquisits de preuves (ce qui est nécessaire pour assurer la crédibilité des conclusions de l’audit) et le manque de ressources humaines. Par exemple, le CAG ne peut pas vérifier toutes les routes rurales, et ne peut non plus accepter les témoignages verbaux des bénéficiaires qui ne peuvent que difficilement être vérifiés.
A la différence des audits du CAG, les audits sociaux suivent des processus participatifs à travers lesquels les membres du public surveillent l’implantation des programmes du gouvernement dans leur communauté. Ils sont organisés par des groupes ou comités communautaires de vigilance et suivi, ou par des organisations communautaires pour mesurer les résultats de programmes sociaux, vérifier les registres officiels et identifier les problèmes d’implantation depuis la base. Les audits sociaux offrent un forum de rétroalimentation directe pour les bénéficiaires à travers des audiences publiques – évènements de grande échelle dans lesquels les membres de la communauté présentent leurs conclusions d’audit aux fonctionnaires locaux, qui ont l’opportunité de répondre.
Les audits sociaux sont perçus comme une approche pionière et alternative au suivi institutionnel communautaire, puisqu’ils impliquent l’effort conjoint tant du gouvernement que de groupes citoyens. En Inde, le gouvernement doit:
- S’assurer que les audits sociaux sont organisés dans tous les conseils de villages tous les six mois
- Offrir toutes les informations pertinentes sur le programme contrôlé sous un format qui puisse être compris par la population et en laissant suffisamment de temps pour réaliser les analyses et inspections
- Offrir une plateforme pour que les gens puissent donner leurs opinion et commentaires sans craindre d’éventuelles représailles
- Incorporer la rétro alimentation de la population dans la résolution de problèmes et l’amélioration des programmes
Le rôle du public et des organisations de la société civile est de faire en sorte que le gouvernement réponde à ces engagements et de mobiliser les gens pour qu’ils participent au processus de l’audit social.
En Inde, le gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh est l’unique gouvernement étatique ayant institutionnalisé les audits sociaux comme un processus régulier dans le cadre du NREGS. L’Etat a établi une direction indépendante, avec du personnel d’organisations de la société civile, pour former des jeunes alphabétisés de zones rurales pour réaliser des audits sociaux. A ce jour, plus de 50 000 jeunes ont été formés et ont été réalisés plus de deux tours d’audits dans l’ensemble des 22 districts. Il y a eu des audits sociaux dans 19 804 conseils de villages qui ont conduit à la récupération de 59 900 000 Rs. préalablement détournés du NREGS et au renvoi de 3421 personnes. En 2007, quand le bureau de l’Auditeur général d’Andhra Pradesh a contrôlé le NREGS dans l’Etat, son personnel a utilisé les rapports des audits sociaux pour obtenir des informations additionnelles.
Bien que le CAG ait fait des efforts pour renforcer ses audits de résultats, il est encore confronté à la difficulté de la tâche d’évaluer, de façon effective, les programmes sociaux dans un nombre significatif de localités du pays. Pour faire face à ce défi, le CAG a implanté un groupe spécial pour étudier les audits sociaux et identifier des façons de les intégrer au processus d’audit des résultats. Des membres du groupe spécial ont assisté au processus significatif d’audit social dans le district de Bhilwara dans l’Etat du Rajasthan, organisé conjointement par la campagne locale, Rozgar evam Suchna Ka Adhikar Abhiyan, REAS et par le gouvernement de l’Etat. Durant cette visite, les membres du groupe spécial ont observé de quelle façon les audits sociaux peuvent contribuer aux audits d’évaluation du CAG et leur potentiel pour introduire de la rigueur dans les audits de CAG.
Bien que l’Inde ait pris l’initiative de l’utilisation des audits sociaux comme un moyen pour renforcer les mécanismes de responsabilisation, intégrer le public au mécanisme de vigilance et améliorer la gouvernance, c’est une méthodologie qui peut très facilement s’adapter à d’autres contextes et pays. Par exemple, les audits de la société civile au Kénya ont rencontré beaucoup de succès, mettant en lumière des cas de corruption et de malversations dans l’utilisation des ressources publiques des fonds locaux de développement connus comme “Constituency Development Funds.”
Pour davantage d’informations sur les audits sociaux en Inde, contacter Sowmya Kidambi [email protected].
Pour voir l’audit social de Mombasa, Kenya, “It’s Our Money. Where’s It Gone?”, aller sur www.internationalbudget.org.
La ville de Chicago initie des pratiques de budgets participatifs, par Nicole Summers, Bureau du Maire Joe Moore, Conseil de la ville de Chicago
La juridiction 49 de Chicago va figurer parmi les premières juridictions politiques des Etats-Unis à utiliser des pratiques de budgétisation participative (“participatory budgeting”, PB) pour décider de comment allouer les ressources publiques. Le processus du budget participatif est un processus à travers lequel les gens vivant dans une ville ou communauté peuvent influer directement sur les décisions de dépenses de l’argent public. Ce processus a été introduit pour la première fois dans la ville de Porto Alegre, au Brésil, en 1990 et depuis lors s’est étendu à plus de 1200 villes du monde entier.
Bien que cet exemple ait pris forme dans un contexte spécifique, le processus du BP peut être et a été implanté dans différentes communautés du monde comme un moyen pour incorporer les demandes, les besoins et les priorités des résidents dans le processus budgétaire et générer un consensus dans la prise de décisions. Tout cela peut contribuer à meilleures politiques budgétaires et une utilisation plus effective des ressources publiques.
Des résidents de la juridiction 49 dirigés par leur représentant ou conseiller citoyen, le Maire Joe Moore, utilisent les budgets participatifs pour décider de comment dépenser les fonds discrétionnaires reçus par chaque représentant ou conseiller afin d’améliorer l’infrastructure dans leur juridiction respective. Depuis le milieu des années 1990, chacun des 50 représentants de la ville a reçu approximativement 1.4 millions de dollars annuels de fonds discrétionnaires. Ces fonds doivent être dépensés en projets d’infrastructure et non pour financer des programmes ou services. Ces fonds sont la seule partie du budget de la ville sur laquelle le représentant a le contrôle absolu.
Au début de l’année dernière, le Maire Moore a réuni un groupe de 40 leaders communautaires de différentes organisations civiques, religieuses et politiques de la juridiction pour former un comité des budgets participatifs pour établir les règles et coordonner le processus de la budgétisation participative. Gianpaolo Baiocchi, professeur associé du département de sociologie et d’études internationales de l’Université Brown et Josh Lerner, candidat au doctorat en science politique de la New School for Social Research ont dirigé une série d’ateliers pour le comité. Ils ont introduit les concepts et pratiques de BP, ils ont partagé leurs expériences de travail autour de la BP dans d’autres pays et ont posé les bases du processus devant être suivi par la juridiction 49. Les ateliers ont culminé avec la création d’un règlement qui détaillait les étapes du processus, un calendrier et la description des rôles et responsabilités, ainsi que les mécanismes de vote et de prise de décisions.
Le processus de BP a débuté début novembre avec une série de neuf assemblées de voisinage organisées par toute la juridiction – huit dans différents quartiers et une pour les résidents de langue espagnole. Les assemblées étaient ouvertes à tous les résidents et ont permis de présenter les principes de la BP et demander aux participants leurs idées pour des projets d’infrastructure dans la juridiction. A la fin de chaque réunion, les participants intéressés avaient l’opportunité de se proposer comme volontaires pour devenir représentants communautaires responsables du développement de propositions de projets de voisinage à être discutées entre tous les résidents de la juridiction.
Actuellement, les représentants communautaires se réunissent régulièrement dans des comités budgétaires thématiques – comme celui du transport ou de la sécurité publique – pour développer des propositions pour être soumises au vote des résidents de la juridiction. Les représentants utilisent les idées présentées durant les assemblées de voisinage comme points de départ, mais on attend également qu’ils contribuent avec leurs propres idées pour des projets évaluant les besoins de la communauté et qu’ils travaillent avec les experts techniques pour déterminer si les projets sont réalisables. Les propositions finales doivent inclure une description du projet, une justification et une prévision de l’impact et une estimation du coût.
En mars 2010, les représentants se réuniront avec les résidents dans un second tour d’assemblées du voisinage. Les comités thématiques des représentants présenteront leurs recommandations de projets et les résidents auront l’opportunité de suggérer d’ajouter ou d’enlever des projets parmi ceux listés. En prenant en compte la rétroalimentation des résidents, les représentants communautaires remettront les propositions de projets pour un vote final durant le mois d’avril. Les résidents de la juridiction 49 doivent avoir plus de 16 ans et peuvent voter jusqu’à huit projets.
Le comité communautaire de planification a joué son rôle tout au long du processus de BP, se réunissant régulièrement pour discuter et approuver les principales décisions. En plus de donner de la légitimité à l’initiative, leur participation leur a donné un sentiment d’appropriation du processus. Ceci les a motivés pour rester activement impliqués. Jusqu’à ce jour, les membres du comité ont animé toutes les assemblées de voisinage et exercent des fonctions de mentors pour des représentants communautaires. De la même façon, le bureau du Maire Moore a investi du temps et des efforts considérables dans ce processus, incluant l’embauche d’une personne à temps complet pour coordonner le processus avec plusieurs acteurs.
Une des faiblesses de l’exercice de la BP de la juridiction 49 a été la participation limitée des minorités, des personnes aux faibles ressources et des jeunes. Cette juridiction est l’une des plus diversifiées de Chicago ethniquement et économiquement parlant ; cependant, les assemblées de voisinage sont composées en majorité par des propriétaires d’un certain âge et de peau blanche. En ce moment, le personnel du Maire Moore travaille pour inclure des groupes peu représentés avec une enquête distribuée parmi des organisations communautaires dans laquelle il est demandé aux gens d’identifier leurs besoins en infrastructure et de suggérer des idées pour des projets. D’autres stratégies ont aussi été identifiées pour répondre à ce défi, comme l’organisation d’assemblées plus courtes au cours de la journée, au lieu d’une seule le soir, l’offre de services de garderie durant les assemblées et le renforcement des efforts l’organisation de base pour atteindre les résidents jeunes, de minorités et de faibles ressources au début du processus.
Pour davantage d’informations sur le BP à Chicago, contacter Nicole Summers [email protected], ou aller sur le blog de la juridiction 49: http://participatorybudgeting49.wordpress.com.
Des communautés brésiliennes contestent l’impact de la Banque brésilienne de développement (BNDES), par Helena Hofbauer, IBP
La Banque d’investissement du Brésil dispose de financements comparables à ceux de la Banque mondiale. La Banque brésilienne de développement (BNDES) a dirigé les politiques de développement du pays pendant des décennies et a élargi son influence à plusieurs pays d’Amérique latine et d’Afrique. En faisant cela, la BNDES a été remarquée pour son manque de comptes-rendus comme de nombreuses autres institutions financières d’investissement. Bien qu’elle exerce une fonction publique – en utilisant les ressources publiques – la NBDES prend des décisions financières en dehors du processus budgétaire et publie très peu voir aucune information sur ses décisions financières.
La Plateforme BNDES—intégrée par plus de 20 organisations, mouvements sociaux et réseaux – a pour objectif d’exiger de cette banque propriété de l’Etat qu’elle rende des comptes concernant ses politiques de développement. Du 23 au 25 novembre, la plateforme a organisé la première réunion de communautés affectées par la BNDES pour donner la parole et une visibilité à ceux qui souffrent des conséquences des décisions d’investissement sans scrupules. Durant la réunion de trois jours, les participants ont présenté et discuté de l’impact de projets qui en termes techniques et financiers avaient du sens, mais qui ne prenaient pas en compte les perspectives et besoins de la population dans ces secteurs. Il a été débattu autour de témoignages sur l’effet d’investissements pour l’éthanol, le papier et la production de cellulose, l’agriculture, l’énergie et les mines à travers les expériences de communautés et organisations qui vivent et travaillent dans les environs de ces projets. Une attention particulière a été accordée aux effets des investissements dans les communautés indigènes et sur l’environnement.
La réunion s’est achevée avec une manifestation publique face à la BNDES où une délégation a rencontré Luciano Coutinho, président de la banque d’investissement. « Il est difficile d’établir une conversation avec la personne qui finance notre malheur », a déclaré Cleide Passos, personne affectée par la construction de l’usine d’hydroélectricité de San Antonio à Río Madeira qui a reçu 6.1 billions de Rs. [1] Au président ont été remis une lettre des communautés affectées [2] et un document avec les principales demandes de la Plateforme BNDES – élaboré à partir de la réunion. Les demandes n’ont pas été prises en compte et a été ratifié un modèle d’investissements pour le développement ne prenant en compte ni le social, ni l’environnemental. « Frustration – c’est le sentiment des représentants des personnes qui souffrent des effets des projets financés par la BNDES… »
La Plateforme BNDES ne se déclare pas vaincue pour autant et a lancé une carte interactive sur laquelle on peut situer les projets d’investissement au Brésil avec les montants, les caractéristiques et les communautés proches. L’objectif est de renforcer le mouvement social et de donner aux communautés affectées les outils nécessaires pour savoir ce qu’il se passe et partager leurs expériences.
Pour davantage d’informations, contacter Helena Hofbauer [email protected].
[1] Voir http://www.plataformabndes.org.br/index.php/en/noticias/38-materias/501-foco-de-investimentos-nao-mudara-aponta-presidente-do-bndes
[2] Voir http://www.plataformabndes.org.br/index.php/en/analises-do-desenvolvimento/45-principal/499-carta-dos-atingidos-pelo-bndes-
Opportunités pour la participation de la société civile avec le gouvernement du Cambodge : une présentation du rapport 2009 de la Banque mondiale “Linking Citizens and the State,” par Chea Kimsong et Gijs Koop, NGO Forum du Cambodge
En février 2009, la Banque mondiale a publié l’étude “Linking Citizens and the State: an Assessment of Civil Society Contributions to Good Governance in Camboya” sur la base d’une recherche menée par le “Centre of Advanced Studies” (CAS). Durant la recherche, le personnel du projet sur le budget de NGO Forum a été rencontré par le CAS et a commenté les conclusions par la suite.
La gouvernance est largement reconnue comme le défi le plus important au Cambodge : elle est mentionnée dans la stratégie rectangulaire de croissance, emploi, équité et efficacité, dans le plan national de développement stratégique et dans la majorité des stratégies nationales de développement des partenaires du développement du Cambodge, dont la Banque mondiale. Bien que les réformes de gouvernance, spécialement celles concernant la décentralisation et la gestion des finances publiques, soient en voie d’amélioration, le pays occupe une des dernières places dans les évaluations internationales de bonne gouvernance.
La Banque mondiale explique que les efforts pour améliorer le côté de « l’offre » de la gouvernance ne sont pas suffisants et que la demande active de bonne gouvernance des citoyens – et de la société civile – est fondamentale pour que le gouvernement soit plus efficace et responsable. L’étude sur la bonne gouvernance au Cambodge offre une présentation de l’état actuel de la société civile dans ce pays et prend en compte le contexte politique, social et historique.
D’après le rapport, les pratiques sur la responsabilisation sociale au Cambodge – incluant l’analyse des budgets – ne sont pas nouvelles mais s’appliquent généralement à une plus petite échelle et se trouvent encore aux premières phases de développement. Les raisons expliquant l’utilisation limitée de la responsabilisation sociale se fondent sur certaines conclusions. Par exemple, les citoyens enquêtés ont exprimé un intérêt pour l’information publique et ont parlé de l’importance d’être informés. Cependant, ils ne savaient presque rien du droit d’accès à l’information et ont exprimé leur refus de solliciter – encore moins d’exiger – des informations sensibles. Ceci est le résultat de la nature paternaliste du gouvernement et de la peur d’être confronté à des conséquences négatives.
Le manque de transparence et d’accès à l’information à tous les niveaux gouvernementaux au Cambodge contribue à la faiblesse du niveau de familiarité avec des questions publiques. Par exemple, 85 pour cent des enquêtés ont rapporté qu’ils ne connaissaient pas le budget national, 9 pour cent ont rapporté en connaître quelque chose et seuls 6 pour cent ont déclaré avoir beaucoup de connaissances sur le sujet. Il faut mentionner que ces pourcentages ne sont pas vraiment meilleurs pour les conseils communaux du budget bien qu’ils se connaissent bien. Les rares connaissances sur les informations publiques rapportées par les citoyens sont la preuve du rôle limité des organisations de la société civile concernant l’accès, la diffusion et la génération d’informations publiques.
En plus des défis de l’accès à l’information, le rapport identifie comme principal obstacle le manque de mécanismes officiels pour que les citoyens expriment leurs opinions sur le gouvernement. Actuellement, il n’y a pas de moyens de communication au Cambodge qui permettent la création de programmes citoyens. Les moyens interactifs – au travers desquels les citoyens peuvent exprimer leurs points de vue, faire des questions et participer à la sphère publique – se limitent à quelques journaux et programmes de radio indépendants.
Le rapport observe qu’il existe une réelle volonté de la part des citoyens d’exprimer leurs points de vue (en assistant à des réunions, invités par les autorités mêmes) ; cependant, il y a beaucoup de restrictions pour que les mécanismes existants soient réellement significatifs. Par exemple, le rapport donne une donnée statistique révélatrice : plus de 80 pour cent des citoyens qui participent à des réunions du conseil communal reçoivent des informations mais font rarement des commentaires ou questions ou n’exigent d’actions concrètes. Bien que certaines personnes expriment entre elles leurs opinions à huit clos, il est clair que les fonctionnaires publics ne sont pas habitués à être sous l’œil du public et ne font pas la promotion de la participation publique ou privée de la société civile. Il a également été observé que l’utilisation des médias par les citoyens est limitée du fait du refus généralisé d’exprimer publiquement des plaintes ou des critiques, surtout concernant les actions d’autorités gouvernementales, de peur des représailles.
En plus de ces défis, le rapport souligne des opportunités. Une tendance irréversible qui fera la promotion d’un rapprochement plus constructif entre les citoyens et l’Etat est la population jeune du Cambodge, [1] qui partage une vision moins paternaliste du gouvernement et, finalement, il est plus facile qu’elle participe avec le gouvernement. Il existe d’autres opportunités pour que les organisations de la société civile améliorent l’accès à l’information et fassent la promotion de discussions plus constructives. Avec un meilleur accès à l’information, les organisations de la société civile auront agrandi leur espace pour participer et contribuer à une meilleure gouvernance et stimuler « l’offre » de bonne gouvernance.
En conclusion, le rapport fait une bonne révision des pratiques actuelles de responsabilisation sociale au Cambodge, ainsi que des défis et opportunités. Les recommandations pour les organisations de la société civile et les partenaires du développement sont importantes et méritent d’être considérées avec attention par la société civile cambodgienne et la communauté des donateurs, au-delà du projet de demande de bonne gouvernance de la Banque mondiale. En tant que membre de la société civile du Cambodge, NGO Forum reconnaît le besoin de plus de collaboration constructive entre les citoyens et le gouvernement et les fonctionnaires élus. De nouvelles méthodes de participation peuvent contribuer à améliorer cette relation, c’est pourquoi la société civile doit explorer ces options et augmenter les interactions significatives entre les citoyens du Cambodge et leur gouvernement.
Comme le dit le dicton « il faut être deux pour danser le tango » – dans ce cas le citoyen et le gouvernement -, ce qui signifie que les efforts de la société civile en eux-mêmes ne peuvent pas se traduire par des progrès du jour au lendemain. L’application honnête et constante d’outils de responsabilisation sociale sur le long terme peut générer des changements ; bien qu’il y ait clairement beaucoup de chemin à parcourir avant que Phnom Penh soit au même niveau que Buenos Aires, Rio de Janeiro et Montevideo concernant les pratiques de gouvernance participative. Dans l’immédiat, la société civile cambodgienne continuera de faire la promotion de relations constructives entre les citoyens et le gouvernement pour renforcer la demande et l’offre de bonne gouvernance.
Pour davantage d’informations, contacter Chea Kimsong à [email protected] et Gijs Koop à [email protected].
[1] 70 pour cent de la population ont moins de 30 ans.
Addis fait un appel urgent en faveur de la santé maternelle
Le 26 octobre 2009 a été organisée une réunion de haut niveau sur la santé maternelle et l’objectif du millénaire numéro 5 (OdM 5) dans la ville d’Addis Ababa, Ethiopie. L’objectif du millénaire numéro 5 a pour but la réduction de la mortalité maternelle aux trois quarts entre 1990 et 2015 et d’obtenir l’accès universel à la santé reproductive avant 2015. Parmi tous les objectifs du millénaire, l’objectif concernant la mortalité maternelle a progressé moins que les autres. Les complications durant la grossesse et la naissance restent les principales causes de mortalité chez les femmes des pays en voies de développement.
Organisée par les Pays-Bas et le Fonds pour la population des Nations unies, (“the United Nations Population Fund”, UNFPA), la réunion de haut niveau cherche à « donner une place importante à la santé maternelle et reproductive sur l’agenda global de développement, ainsi qu’à augmenter l’engagement politique et financier pour améliorer l’implantation de programmes au niveau national ». Ont assisté à la réunion environ 150 représentants du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et de la jeunesse du monde entier.
Le Partenariat budgétaire international (International Budget Partnership (IBP)) a participé à la réunion pour faire un appel en faveur des questions de transparence, responsabilisation et accès à l’information et faire en sorte qu’elles soient intégrées à de futurs efforts pour atteindre l’objectif numéro 5. La réunion a produit un document dénommé “Addis Call to Urgent Action for Maternal Health”, dans lequel il est demandé aux gouvernements, aux donateurs, à la société civile et au secteur privé de mettre en place des actions concrètes pour promouvoir la santé maternelle et prévenir la mortalité maternelle. Sont mentionnées des références concrètes aux budgets de genre, à la transparence, à la responsabilisation et à l’accès public à l’information, ce qui démontre que la communauté globale reconnaît que ces actions sont essentielles pour atteindre l’objectif 5 et empêcher la mort de millions de femmes.
Pour lire l’appel d’Addis, aller ici.
Investir dans l’enfance: outils disponibles sur Internet
Save the Children Suède organise des activités liées à l’investissement pour l’enfance autour du monde, surtout en Amérique latine et dans les Caraïbes. En coordination avec Save the Children Suède, Save the Children Norvège et le Réseau d’Amérique latine et des Caraïbes pour la Défense des droits des enfants et des adolescents “Latin American and Caribbean Network for the Defence of Children and Adolescents’ Rights” (REDLAMYC), a été créée la page Internet Platforma de Inversión en Infancia de América Latina y El Caribe). Ce site offre des ressources liées à l’investissement pour l’enfance, les droits des enfants et l’implication des enfants dans les budgets publics et les politiques économiques. Il inclut des documents sur différents thèmes concernant l’enfance dans les pays de la région, une liste de contacts clés dans des organisations travaillant sur ces questions, des nouvelles d’organisations de la société civile et d’autres institutions et un bulletin mensuel d’informations dénommé Children Come First in Public Budgets.
Les rapports et documents disponibles sur cette page offrent :
Analyses de budgets récents de la région se concentrant généralement sur des aspects de la santé, de la sécurité, de l’éducation, etc., avec analyse de leur impact et importance pour les enfants, souvent en évaluant et faisant la promotion du respect des lois nationales et programmes avec des normes internationales sur les droits des enfants.
Annonces et descriptions de conférences régionales et globales, de conventions, de campagnes et initiatives de groupes de la société civile, de gouvernements et autres institutions faisant la promotion de l’investissement pour l’enfance et ses droits.
Pour davantage d’informations, aller sur http://www.inversioneinfancia.org.
Une autre initiative organisée par Save the Children Suède, l’Université du Pacifique au Pérou et REDLAMYC a été l’atelier régional d’Amérique latine sur l’investissement pour les enfants du 14 au 18 septembre 2009. A cet atelier ont assisté des membres de 18 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, plusieurs organisations de la société civile, l’UNICEF et d’autres organisations non gouvernementales. L’objectif principal de l’atelier était de mobiliser et promouvoir l’inclusion de thèmes liés à l’enfance dans les budgets. Les principales questions abordées étaient:
- De possibles actions pour faire progresser les recommandations du Comité des Nations unies sur les droits de l’enfance concernant la meilleure distribution et utilisation des ressources pour les enfants
- La projection, la réduction, le soutien et la compensation pour les effets de la crise économique globale sur les enfants dans la région
- Le financement pour des programmes et politiques spécifiques concernant l’éducation, l’alimentation et la nutrition, la santé, la petite enfance et des budgets participatifs
- Des techniques et initiatives de plaidoyer pour l’investissement pour l’enfance
Dans le cadre de l’atelier, les participants ont partagé et révisé leurs contributions et avancées pour l’investissement pour les enfants et leurs droits en Amérique latine et les Caraïbes. L’atelier incluait également une formation sur l’élaboration de propositions de politiques publiques. Deux ateliers régionaux et huit ateliers nationaux sont programmés pour 2010, ainsi que d’autres téléconférences et ateliers.
Pour davantage d’informations, aller sur http://www.inversioneinfancia.org ou contacter Jorge Oroza [email protected].
Logements d’intérêt social au Brésil : pourquoi est-ce si difficile d’atteindre les plus pauvres?, par Sergio Baierle, Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (CIDADE)
Ces 10 dernières années, le Brésil a connu des développements institutionnels dans les logements d’intérêt social et la planification urbaine. En 2001, le Congrès national a approuvé le statut de la ville établissant un ensemble d’outils légaux pour la planification urbaine. En 2003, a été créé le Ministère des villes puis la Conférence nationale des villes qui se réunit tous les deux ans. La Conférence est un forum multiparti – organisé aux niveaux local, étatique et national – pour discuter des grandes lignes des politiques nationales urbaines qui ont un impact sur les états et municipalités. Le Conseil national des villes a été formé en 2004 et est intégré par des représentants du gouvernement et de la société civile et offre des recommandations sur l’application du statut de la ville et sur l’implantation de politiques de développement urbain.
Plus de 85 pour cent des Brésiliens vivent dans des villes et un tiers (51.7 millions) vivent dans des banlieues ou favelas. Les favelas, normalement, disposent de l’électricité, du transport public, de l’accès à la santé de base et d’installations d’éducation primaire. Cependant, il y a des irrégularités dans les logements auto construits et des déficits dans les systèmes de drainage, rues goudronnées et trottoirs, entre autres choses.
La stratégie principale du gouvernement brésilien, sous le président Luiz Inácio Lula da Silva, est la croissance économique combinée à la réduction de la pauvreté. Ainsi, le logement d’intérêt social est une composante de la politique du gouvernement. Après la crise économique de 2008, le gouvernement a créé un objectif sur le logement plus focalisé: une réduction de 14 pour cent du déficit de logement, estimé à 7.9 millions d’unités en 2010. En outre, le gouvernement a lancé deux programmes:
- Programme pour l’accélération de la croissance, (GAP) qui coordonne des investissements publics et privés de 277.3 milliards de dollars dans trois secteurs de l’infrastructure: logistique, énergie et infrastructure urbaine et sociale. Malgré ce montant énorme, seuls 13.5 pour cent proviennent du budget national, le reste venant du secteur privé, des banques et des entreprises.
- Ma maison, mon programme de vie (MHMLP) offre 18.7 milliards de dollars supplémentaires en investissement public et subventions et un outil légal pour faciliter la régularisation des terrains dans les favelas. [1] Il autorise le gouvernement à identifier des secteurs à régulariser et définit les réquisits pour offrir des titres de propriété aux résidents de ces zones, permettant d’éviter ainsi des années de démarches.
Les deux programmes partagent le besoin de résultats rapides, le processus de prise de décisions du haut vers le bas et l’importante marge d’allocations budgétaires discrétionnaires. En outre, le GAP et le MHMLP manquent de mécanismes participatifs pour Casa Civil (Département du Président) et les Départements du Trésor et de la Planification. Le Trésor et le Ministère des villes sont chargés de réguler le MHMLP. Le Conseil national des villes n’a aucune fonction dans aucun de ces deux programmes.
Malgré tout, la décision du gouvernement d’investir dans le logement a bénéficié aux pauvres des zones urbaines. Les logements pour les familles avec des revenus mensuels allant jusque 3000 US$ sont subventionnés ; cependant, alors que 90.9 pour cent du déficit unitaire de 7.9 millions de logements concernent les familles avec des revenus mensuels inférieurs à 900US$, la majorité des ressources sont pour les familles avec des revenus mensuels compris entre 900US$ et 3000US$. Seuls 40 pour cent des nouvelles unités sous le MHMLP sont pour les plus pauvres.
Des organisations non gouvernementales et des mouvements sociaux ont lutté et manifesté pendant presque deux décennies au sein du Congrès national à travers le Forum national de réforme urbaine (www.forumreformaurbana.org.br) pour obtenir l’approbation de lois de base pour la régularisation de propriétés urbaines et la création d’un système national de logement d’intérêt social (National Social Interest Housing System, NSIHS) et du fonds national de logement d’intérêt social. Le NSIHS requiert que tous les Etats et municipalités créent des conseils locaux de logement social pour garantir la participation publique dans les processus de planification. Ce n’est qu’une année après avoir approuvé moins de 1.1 milliards de dollars pour le NSIHS, que le gouvernement a lancé le programme de logement GAP, apparemment sans prendre en compte le programme déjà existant.
En 2008, le gouvernement a embauché des consultants pour concevoir le plan national habitationnel (PLANHAB) qui serait discuté au sein du Conseil national des villes. PLANHAB était prêt dès fin 2008, mais n’a jamais été implanté. A sa place a été lancé le MHMLP en 2009. Bien qu’il inclue tout comme PLANHAP certains schémas financiers, le MHMLP ignore la vision plus large du plan initial. PLANHAB requiert que toutes les municipalités aient leurs propres plans et secteurs de logement social définis, en dehors de la spéculation. Les subventions du MHMLP tendent à être interceptées par des entreprises immobilières – directement au travers de gains issus de l’augmentation des prix et indirectement à travers l’utilisation de matériels de mauvaise qualité pour réduire le coût de construction, entre autres choses.
Au Brésil, il existe une tendance à se méfier des institutions et à se fier à la volonté politique des leaders qui créent des lois et des politiques pour satisfaire leurs intérêts. Il faut donc se demander si les institutions créées pour le logement social sont réellement importantes ; le CIDADE considère que oui. Le logement d’intérêt social est beaucoup plus complexe que la simple question du financement – n’est pas seulement nécessaire une planification urbaine cohérente ; il faut aussi prévenir la ségrégation et la dégradation environnementale. Les leaders doivent appliquer leur volonté politique pour répondre aux besoins des gens à travers des politiques publiques durables et non des initiatives gouvernementales ad hoc. Le CIDADE est membre du Forum national pour la réforme urbaine qui fait la promotion d’institutions qui répondent aux besoins des gens et qui travaillent pour que les leaders politiques rendent des comptes aux citoyens. Ainsi, le forum fait un appel pour la convergence des programmes de financement GAP et MHMLP avec le Système national de logement d’intérêt social qui est plus équitable, durable et participatif.
Pour davantage d’informations, contacter Sergio Gregorio Baierle à [email protected].
[1] La régularisation signifie offrir une urbanisation et des titres de propriété aux personnes qui occupent des terrains de manière illégale du fait de la vente informelle/irrégulière. Il peut s’agir d’un titre de propriété privée ou d’un titre de «droit d’usage», c’est-à-dire que les gens peuvent utiliser le terrain en échange d’un modeste coût mensuel et transmettre le terrain à leurs descendants mais ne peuvent vendre ou changer la propriété sans autorisation.
Le processus budgétaire et la corruption, par Jan Isaksen, Chr. Michelsen Institute
Pour faire en sorte que l’assistance soit plus efficace, les donateurs font souvent la promotion de la bonne gestion financière publique. Une façon importante de soutenir ce processus est à travers la réduction de la corruption dans les processus budgétaires. El proceso presupuestario y la corrupción par Jan Isaksen du U4: Anti-Corruption Resource Centre reprend ce thème et offre des informations sur la corruption dans les processus budgétaires du gouvernement. L’auteur explore ce qu’est la corruption budgétaire, comment la détecter et quelles doivent être les réponses politiques. Isaksen identifie certaines des menaces de corruption dans le budget, principalement la mauvaise allocation de ressources limitées, l’inefficacité de la planification du gouvernement, la réduction de la confiance publique en la loi et la légitimité affaiblie du gouvernement.
L’article identifie les phases du processus budgétaire et offre des explications pour chaque étape et des évaluations selon le niveau de corruption. S’il s’agit d’une préoccupation majeure, il est qualifié comme élevé, s’il s’agit simplement d’une préoccupation, c’est un niveau moyen et si c’est moins qu’une préoccupation, alors il est qualifié comme faible. Le cadre formel du processus budgétaire, c’est-à-dire les lois et règles qui le régissent, n’est pas la seule condition pour la corruption. Le processus budgétaire est un phénomène social et politique, tout autant que technique. Isaksen examine aussi le type de personnel qui est généralement impliqué dans la corruption du processus budgétaire, ses motivations et les rôles d’institutions et structures formelles comme informelles. Il offre également des recommandations sur comment réduire la corruption à travers :
- Des lois, le pouvoir judiciaire et la législature
- Des systèmes, des institutions et l’administration
- Des attitudes, une culture et une vigilance citoyenne
- Des donateurs
Pour lire le travail, aller ici. Pour davantage d’information sur U4, aller sur www.u4.no.
Faire le suivi de l’argent de l’Union européenne (UE)
La page suivante www.followthemoney.eu a été créée pour rendre l’Union européenne plus transparente et responsable. Cet effort se fonde sur deux initiatives préalables de transparence de l’UE: www.farmsubsidy.org et www.fishsubsidy.org, dans lesquelles sont offertes des informations détaillées sur qui obtient quoi des subventions pour l’agriculture et la pêche de l’UE sur la base de données disponibles sur Internet. FollowTheMoney se fonde sur l’hypothèse selon laquelle une plus grande transparence dans les politiques publiques permet un débat public mieux informé et de meilleures politiques budgétaires. Le site cherche à faciliter pour les citoyens européens leur compréhension du budget de l’UE : comment sont prises les décisions, d’où vient l’argent et de quelle façon il est dépensé. FollowTheMoney complète les diverses initiatives de la société civile et des médias sur le budget de l’UE en fournissant des nouvelles, des données, des analyses et informations légales pertinentes sur le suivi du budget de l’UE.
Pour davantage d’informations, aller sur www.followthemoney.eu.
Publication de la Banque mondiale: “News Media and Governance Reform”
Plusieurs indicateurs internationaux, comme l’Open Budget Index de l’IBP, démontrent que de nombreux pays ont besoin de transparence, de responsabilisation et de réformes de la gouvernance pour garantir que l’argent public et les services fonctionnent de la même façon pour les personnes pauvres que pour les plus riches. Le Programme de communication pour la gouvernance et responsabilisation de la Banque mondiale (Communication for Governance & Accountability Program, CommGAP) dans sa publication du mois de novembre 2009 Public Sentinel: News Media and Governance Reform se focalise sur l’activité des médias de communication, les considérant comme une institution pouvant contribuer à relever les défis de la gouvernance et reprend trois questions :
- Quel est le rôle idéal que peuvent jouer les médias pour renforcer la gouvernance démocratique et le développement humain ?
- Sous quelles conditions les systèmes de médias peuvent réussir ou échouer à atteindre ces objectifs ?
- Quelles sont les interventions politiques les plus efficaces pour combler le fossé sous-national qui existe entre la promesse démocratique et l’activité des médias comme institution ?
Les auteurs de Public Sentinel—spécialistes universitaires et praticiens—soulignent les rôles institutionnels ou collectifs des médias comme surveillants des puissants, comme auteurs d’agenda en indiquant les besoins sociaux dans des situations de désastres naturels ou provoqués ; ainsi que dans des crises humanitaires pour incorporer une gamme variée et équilibrée de perspectives politiques et d’acteurs sociaux. Les différents rôles des médias sont inspectés dans des études régionales détaillées et sont présentées de nombreuses recommandations pour la classe politique.
Pour davantage d’informations, consulter un résumé sur Internet ou demander une copie, aller ici.
Version en russe et en espagnol de Notre argent, notre responsabilité: guide citoyen pour la vigilance des dépenses publiques
Les versions en russe et en espagnol du guide de l’IBP, Notre argent, notre responsabilité : guide citoyen pour la vigilance des dépenses publiques, ont été publiées et sont disponibles sur le site de l’IBP : https://archive.internationalbudget.org/OurMoney-Spanish.pdf et https://archive.internationalbudget.org/OurMoney-Russian.pdf.
Le guide reflète l’attention croissante portée par les organisations de la société civile au suivi des résultats atteints par les dépenses gouvernementales. Il offre une révision de l’implantation du budget du gouvernement, incluant l’exécution du budget, le processus d’acquisitions, les mesures de l’impact et les processus de vigilance et d’audit. Le guide offre des outils pratiques pouvant être utilisés par des organisations indépendantes intéressées par le suivi des dépenses gouvernementales.
Pour demander une copie, envoyer un email à [email protected].
Nouvelle publication: “Small Change. Why Business Won’t Save the World,” par Michael Edwards
Un nouveau mouvement promet de sauver le monde en appliquant les règles du marché aux défis sociaux. Ceux qui le soutiennent expliquent que l’utilisation de principes d’entreprises pour résoudre les problèmes sociaux globaux est plus efficace que la majorité des approches traditionnelles. Que peut-il y avoir de mal en cela ? Presque tout, d’après l’ex-directeur de la Fondation Ford Michael Edwards, qui présente des éléments pour prouver qu’une perspective mercantile peut faire plus de mal que de bien. Le réel changement adviendra quand les entreprises agiront davantage comme la société civile, et non le contraire.
Malgré les bonnes intentions, Edwards démontre que, tout simplement, il n’y a rien qui prouve que la perspective entreprenariale est meilleure. Il cite au contraire des exemples du secteur social pour montrer que les entreprises par nature ne sont pas équipées pour attaquer les racines de problèmes comme la pauvreté, l’inéquité, la violence et la discrimination. Parvenir à une transformation sociale fondamentale requiert un ensemble différent de valeurs – coopération au lieu de compétition, action collective au lieu d’effort individuel et soutien à long terme pour des solutions systématiques au lieu de résultats immédiats.
Edwards explique que les gens donnent leur temps et leur argent à des organisations de changement social pour servir une cause, non une feuille de calcul. Si ces organisations font prévaloir « l’efficacité » sur leurs objectifs plus larges, elles nuiront à leur impact et importance. Considérer les entreprises comme le moteur du changement conduit finalement à concentrer le pouvoir dans les mains d’une minorité, répliquant ainsi les inéquités que ces organisations doivent corriger. Avec un intérêt pour le statu quo, toutes les entreprises peuvent promettre des avancées importantes bien que limitées. Il est temps de s’éloigner de la fausse promesse du marché et de réaffirmer l’indépendance de l’action citoyenne globale.
Pour demander le livre, aller ici.
Pour davantage d’informations sur le travail de l’auteur, aller sur: http://www.futurepositive.org.
Une nouvelle approche pour la reconstruction d’après-guerre, par Fredrik Galtung et Martin Tisné
L’article de Fredrik Galtung et Martin Tisné, A New Approach to Postwar Reconstruction, publié en octobre 2009 dans l’édition de Journal of Democracy explore différentes questions des sociétés d’après-guerre qui, souvent, finissent par être affectées par la corruption et le manque de responsabilisation. Les auteurs analysent des pratiques communes et des situations qui peuvent avoir des effets négatifs de court ou long terme dans des sociétés fragiles et offrent des approches alternatives à travers l’utilisation de mécanismes de responsabilisation sociale et sur la base de la collaboration pour construire la transparence et la responsabilisation depuis le bas. Parmi les problèmes affrontés durant les premières années de reconstruction figurent la corruption et le manque de responsabilisation. Dans le cadre de la nouvelle approche vers la reconstruction, les auteurs présentent des approches préventives et proactives pour la société civile et les donateurs qui encouragent la reconstruction et la responsabilisation par la société civile.
L’importance de l’accès à l’information est soulignée, particulièrement dans le système d’aide internationale qui est généralement opaque ; ce qui ouvre la porte à des pratiques de corruption et de mauvaises gestions. Un premier pas dans la stratégie alternative pour la reconstruction d’après-guerre est de s’engager à utiliser les capacités et ressources internes. Ceci non seulement renforcerait l’économie mais permettrait aussi de construire des capacités et compétences locales. Le deuxième pas consiste à combler le fossé de connaissances. L’article recommande d’offrir des cliniques d’apprentissage rapide pour que les travailleurs de l’aide apprennent davantage sur le pays, les lois et la culture et de dispenser des ateliers sur les pratiques internationales des donateurs, les réquisits pour préparer les rapports, les limites politiques, etc. Un aspect essentiel pour le succès de cette approche de reconstruction d’après-guerre est d’améliorer la transparence et l’accès à l’information.
by soapbox | Nov 1, 2009
Social Audits, Participatory Budgeting, and Public Organizing
- Performance Audits and Social Audits in India: Working towards a Synergy by Sowmya Kidambi, IBP
- Chicago Embarks on Participatory Budgeting Exercise by Nicole Summers, Office of Alderman Joe Moore, Chicago City Council
- Brazilian Communities Discuss the Impact of the Brazilian Development Bank (BNDES) by Helena Hofbauer, IBP
Good Governance: Lessons and Resources
- Opportunities for Civil Society Engagement with the Government in Cambodia: A Review of the World Bank’s 2009 Report “Linking Citizens and the State” by Chea Kimsong and Gijs Koop, NGO Forum on Cambodia
- Social Housing in Brazil: Why Is it so Difficult to Reach the Poor? by Sergio Baierle, Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (CIDADE)
- The Budget Process and Corruption by Jan Isaksen, Chr. Michelsen Institute
- Follow the Money of the European Union (EU)
- World Bank’s News Media and Governance Reform
Children and Maternal Mortality: News and Tools
- Urgent Action Call for Maternal Health
- Investing in Children: Online Tools
New Publications
- Spanish and Russian Translation of Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
- New Publication: Small Change. Why Business Won’t Save the World by Michael Edwards
- A New Approach to Postwar Reconstruction by Fredrik Galtung and Martin Tisné
Performance Audits and Social Audits: Working Towards a Synergy in India by Sowmya Kidambi, IBP
The last 10 years have seen a dramatic increase in spending on social programs in India. Total social sector spending by central and state governments combined has increased 80 percent, from Rs. 1.38 trillion in 2001/02 to Rs. 2.48 trillion in 2006/07. While the government’s increased allocations to social programs is commendable, the successful implementation of these programs is not a given. They require not only an appropriate policy framework but also an effective delivery mechanism with adequate administrative and community monitoring.
With over 200 social sector schemes sponsored by the national government, and a similar number at the state level, the Central Government’s Planning Commission has stated repeatedly that many of these initiatives have floundered due to poor design, insufficient funding, poor outreach to beneficiaries, corruption, and a lack of transparency and accountability measures. It is in this context that independent audit processes are critical.
In India the Comptroller and Auditor General (CAG) is responsible for conducting financial, performance, and compliance audits of central and state governments, as well as public sector companies. With regard to social programs, the CAG’s performance audit is particularly important, as it seeks to assess whether the intended objectives of the programs have been achieved.
In recent years, a renewed emphasis on performance audits has led to new audit guidelines that are aligned with international good practice. The new methodology involves structured planning to identify governance-related issues, closer interaction with the executive at all stages of the process, and new methods for gathering evidence (e.g., site visits, beneficiary surveys). Over the last five years, the CAG has audited most of the government’s flagship programs, such as the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) and the National Rural Health Mission (NRHM), and made the audit reports available to the public.
Despite these changes, the primary focus of the CAG’s performance audits remains government processes; verifying results at the implementation level is secondary. In this regard, the two key constraints facing the CAG are strict evidence requirements (necessary to ensure the credibility of the audit findings) and limited human resources. The CAG cannot verify every rural road, for example, nor can it accept unauthenticated oral evidence from beneficiaries.
In contrast to the CAG’s audits, Social Audits are participatory processes through which members of the public monitor the implementation of government programs in their community. They are carried out either by village-level vigilance and monitoring committees or community organizations to measure the outputs of social programs, verify official records, and identify implementation problems at the grassroots level. Social Audits provide a forum for direct feedback from beneficiaries through public hearings—large-scale events at which community members present their audit findings to local officials, who are then given the opportunity to respond.
Social Audits are viewed as a pioneering approach to institutionalizing community monitoring, as they involve the joint effort of both government and citizens groups. In the Indian context, the role of the government is to:
- Ensure that Social Audits are carried out in all Village Councils every six months
- Provide all relevant information on the program being audited in a format that people can understand and within sufficient time to allow for analysis and inspection
- Provide a platform through which people can give their feedback without fear
- Act on the people’s feedback to address problems and improve programs
The role of the public and civil society organizations (CSOs) is to make sure that the government meets these commitments and mobilize people to participate in the Social Audit process.
In India, the government of the state of Andhra Pradesh is the only state government that has institutionalized Social Audits as a regular process within the NREGS. The state has established an independent directorate, staffed by resource people from CSOs, to train literate youths from rural households to conduct Social Audits. To date, more than 50,000 youths have been trained, and more than two rounds of audits have been carried out across all 22 districts. There have been Social Audits of 19,804 village councils, resulting in the recovery of Rs.58,900,000 that had been diverted from the NREGS, and the removal of 3,421 staff members. In 2007, when the Auditor General’s office of Andhra Pradesh audited the NREGS in the state, their staff drew on Social Audit reports for additional information.
While the CAG has made efforts to strengthen its performance audits, it still faces the difficult task of effectively evaluating social programs in a significant number of localities across the country. As one means of addressing this challenge, the CAG has set up a special task force to study Social Audits and identify ways to integrate them into the performance audit process. Members of the task force have since attended a significant Social Audit process in Bhilwara district in the state of Rajasthan, which was organized jointly by a local campaign, Rozgar Evam Suchna Ka Adhikar Abhiyan (REAS), and the state government. Through this visit, task force members were able to observe how Social Audits could feed into the CAG’s performance audits and their potential to introduce rigor into the CAG audits.
Though India has been at the forefront of using Social Auditing as a means to strengthen accountability mechanisms, bring the public into the oversight process, and improve governance, it is a methodology that can easily be adapted to other contexts and in other countries. For example, civil society-led Social Audits in Kenya have proved successful at bringing to light serious mismanagement and corruption in the use of public money from local development funds, known as Constituency Development Funds.
Chicago Embarks on Participatory Budgeting Exercise by Nicole Summers, Office of Alderman Joe Moore, Chicago City Council
Chicago’s 49th Ward will be among the first political jurisdictions in the United States to use participatory budgeting (PB) to decide how to allocate a public budget. Participatory budgeting is a process by which the people who live in a city or community have direct input into decisions about how to spend all or part of the public budget. The process was first introduced in 1990 in the city of Porto Alegre, Brazil, and has since spread to over 1,200 cities around the world.
Although this example takes place within a specific context, the PB process can, and has been, implemented in various communities around the world as a way to draw on residents’ knowledge of local needs and priorities, increase transparency and accountability in the budget process, and generate buy-in to final decisions. All of these can lead to better budget policies, more effective use of public money, and improved outcomes.
Residents of the 49th Ward, led by their Chicago city council representative, Alderman Joe Moore, are using PB to decide how to spend the ward’s “menu money”—discretionary funds received annually by each alderman for infrastructure improvements in his or her jurisdiction. Since the mid-1990s, each of the 50 aldermen on the city council has received approximately $1.4 million in menu money each year. These funds must be spent on infrastructure projects and cannot be used to fund programs or services. Menu money is the only part of the city’s budget over which aldermen have complete discretion.
Early last year, Alderman Moore brought together a group of about 40 community leaders from diverse civic, religious, and political organizations in the ward to form a PB Steering Committee (SC) that would develop the rules for and lead the PB process. Gianpaolo Baiocchi, associate professor of Sociology and International Studies at Brown University, and Josh Lerner, doctoral candidate in political science at the New School for Social Research, facilitated a series of training workshops for the SC. They introduced PB concepts and practices, shared their experiences working on PB in other countries, and helped the SC set the groundwork for the process in the 49th Ward. The workshops culminated in the creation of a short “Rulebook” that laid out the steps of the process, a timeline, a description of roles and responsibilities, and voting and decision-making rules.
The PB process began in early November with a series of nine neighborhood assemblies held throughout the ward—eight in different neighborhoods and one ward-wide meeting for Spanish-speaking constituents. Open to all residents, the neighborhood assemblies introduced the principles of PB and asked the participants to brainstorm ideas for infrastructure projects in the ward. At the conclusion of each meeting, interested participants volunteered to become community representatives, who are responsible for developing their neighborhood’s final project proposals for the 49th Ward, to be considered by all ward residents
Currently, community representatives meet regularly in sector budget committees (e.g., transportation, public safety) to develop a slate of proposals on which all ward residents will eventually vote. Representatives use the ideas suggested at the neighborhood assemblies as starting points, but they also are expected to contribute their own project ideas, assess community needs, and work with technical experts to determine the feasibility of projects. Their final proposals must include a project description, statements of impact and justification, and a cost estimate.
In March 2010 representatives will meet with residents in a second round of neighborhood assemblies. The representatives’ sector committees will present their recommended projects, and residents will have the opportunity to suggest adding or removing projects from the lists. Taking into account the residents’ feedback, the community representatives will then submit project proposals for a ward-wide final vote in April. All 49th Ward residents aged 16 and over are eligible to vote for up to eight projects.
The community-led steering committee has been instrumental throughout the PB process, meeting regularly to discuss and approve all major decisions. In addition to lending legitimacy to the initiative, their participation has given them a sense of ownership over the process, which has motivated them to stay actively involved. Thus far, the SC members have chaired and facilitated all of the neighborhood assemblies and are serving as mentors to the community representatives. Similarly, Alderman Moore’s office has invested considerable time and effort in the process, including hiring a full-time staff person to coordinate the process with the various stakeholders.
One of the weaknesses of the 49th Ward’s first PB exercise has been limited participation among minorities, low-income people, and youths. The ward is one of the most ethnically and economically diverse in Chicago, yet neighborhood assemblies have drawn mostly older, white homeowners. At this stage, Alderman Moore’s staff is making additional efforts to include the input of underrepresented groups through a survey, distributed through community organizations, which asks people to identify their infrastructure needs and suggest project ideas. Other strategies to address this challenge in the future have already been identified, such as holding shorter assemblies at different times of the day, instead of just in the evening; providing childcare at the assemblies; and conducting stronger grassroots organizing and more targeted outreach to youths, minority, and low-income residents early in the process.
Brazilian Communities Discuss the Impact of the Brazilian Development Bank (BNDES) by Helena Hofbauer, IBP
Brazil’s national investment bank has a higher level of annual funding than the World Bank. The Brazilian Development Bank (BNDES) has been driving the development policies in the country for decades, while also expanding its influence in several Latin American and African countries. In doing so, BNDES has remained a poster-child for the lack of accountability that characterizes many investment and financial institutions.
The BNDES Platform—an integrated coalition of more than 20 leading organizations, social movements, and networks—seeks to hold the Brazilian state-owned investment giant accountable for its development policy. On 23-25 November 2009, the Platform organized the first meeting of communities affected by BNDES to give voice and visibility to those who suffer the consequences of reckless investment choices. During the three-day meeting, participants presented and discussed the impact of projects that seemed sound in technical and financial terms but failed to take into account the perspectives and needs of the people living in those areas. Testimonies about the effects of investments in ethanol production, paper and cellulose production, agriculture, energy, and mining were debated through the lens of the communities, individuals, and organizations living and working in the surrounding areas of these project sites. Special emphasis was put on the disruptive effects of the investments on indigenous communities and the environment.
The meeting ended with a public demonstration in front of the BNDES building, where a delegation met with Luciano Coutinho, president of the investment bank. “It is difficult to have a conversation with the man who is financing our disgrace”, said Cleide Passos, affected by the construction of the San Antonio hydroelectric power station, in Rio Madeira, which received R$ 6.1 billion from the BNDES. [1] A letter from the affected communities [2] and a document stating the main demands of the BNDES Platform—crafted as a result of the meeting—were presented to Coutinho. The BNDES has dismissed the demands and the current path of development investment, which ignores social and environmental considerations, was reaffirmed. “Frustration—this was the sentiment of the representatives of the people impacted by the projects financed by BNDES…”
The BNDES Platform is not giving up. As part of its ongoing efforts to inform and mobilize, it has launched an interactive map, which locates every BNDES investment throughout Brazil specifying funding amounts, characteristics, nearby communities, and more. The goal is to strengthen the social movement and give the affected communities the tools they need to know what is happening and share their experiences.
Opportunities for Civil Society Engagement with the Government in Cambodia: A Review of the World Bank’s 2009 Report “Linking Citizens and the State” by Chea Kimsong and Gijs Koop, NGO Forum on Cambodia
In February 2009 the World Bank published “Linking Citizens and the State: an Assessment of Civil Society Contributions to Good Governance in Cambodia” based on research carried out by the Centre of Advanced Studies (CAS). During the research, staff members from NGO Forum’s budget project were interviewed by the CAS early in the study and provided feedback on the findings at a later stage.
Governance is widely recognized as Cambodia’s most critical challenge; it features prominently in the government’s Rectangular Strategy for Growth, Employment, Equity and Efficiency; the National Strategic Development Plan; and in most country strategies of Cambodia’s development partners, including those of the World Bank. While ongoing governance reforms, especially those related to decentralization and public financial management, are improving the “supply” of good governance in Cambodia, the country ranks low in international good governance ratings.
The World Bank argues that efforts to improve the “supply side” of governance are insufficient and that active demand for good governance from citizens—and civil society—is essential to making the government more effective and accountable. The study on good governance in Cambodia provides a sound overview of the current state of civil society in Cambodia and takes into account the political, social, and historical context.
According to the study, social accountability practices in Cambodia—including those related to government budgets—are not new but are generally applied in a limited wayand are in the early stages of development. The study includes some noteworthy findings indicating why there few government accountability mechanisms in place. For example, surveyed citizens expressed the importance of being informed and the need for access to government information. However, they had little awareness of their rights to access information and expressed a reluctance to request (let alone demand) “sensitive” information. This is a result of both the paternalistic nature of the government and the fear of negative consequences.
The lack of transparency and access to information at all levels of government in Cambodia also contributes to the public’s generally low level of knowledge about public issues. For instance, 85 percent of respondents reported that they had no knowledge of the national budget, nine percent reported some knowledge, and six percent reported significant knowledge. Interestingly, these percentages are not much better for the local Commune Council budgets, although knowledge about the Commune Councils themselves is quite high. The respondents’ self-reported limited knowledge of public information provides evidence of the underdeveloped role civil society organizations (CSOs) have played in accessing, disseminating, and generating public information.
In addition to the challenges related to access to information, the report identifies the lack of official mechanisms for citizens to voice their views to the government as a major obstacle to accountability. There are currently no community media outlets in Cambodia that allow for citizen-run programs. Examples of interactive media–whereby ordinary citizens can express their views, ask questions, and communicate in the public sphere–are limited to a few independent radio call-in shows and newspapers.
While the report notes that there is a genuine will for citizens to express their views (e.g., when attending meetings invited by authorities), there are a number of constraints that prevent existing mechanisms from being meaningful. For instance, a telling statistic in the report is that currently over 80 percent of citizens participating in Commune Council meetings receive information but hardly make any comments, raise issues, ask questions, or demand actions. While some people share their views behind closed doors, it is clear that public officials are not used to being scrutinized and do not encourage public (or private) expression of critical questions from civil society. It was also observed that citizens’ use of media is limited because of a general reluctance to voice public complaints or criticism, especially regarding government authorities or actions, due to the fear of loss of livelihood.
Beyond the challenges mentioned above the report also highlights opportunities. One irreversible trend that will lead to more constructive engagement between citizens and the state is Cambodia’s very young population,[1] which holds a less paternalistic view of the government and thus is more likely to engage with it. Moreover, there are existing opportunities for CSOs to improve access to information and facilitate constructive discussions. Once there is better access to information CSOs will have increased space for engagement, which can lead to lasting improvements in governance and may stimulate further improvements on the “supply-side” of good governance.
In conclusion, the report provides a good overview of current social accountability practices in Cambodia, as well as challenges and opportunities. The recommendations provided for CSOs and development partners are relevant and deserve serious attention from Cambodian civil society and the donor community beyond the World Bank’s Demand for Good Governance Project. As a member of Cambodian civil society, the NGO Forum sees the critical need for more constructive engagement between citizens, government, and elected officials. New methods of engagement can certainly contribute to improving relationships. Civil society should explore these options and increase meaningful interactions between Cambodian citizens and their government.
As the saying goes “it takes two to tango”—so the efforts of Cambodian civil society alone are not going to deliver improvements overnight. Honest and consistent application of social accountability tools over the long-term can facilitate change, but it will certainly be some time before Phnom Penh can follow the lead of Buenos Aires, Rio de Janeiro, and Montevideo in terms of participatory governance practices. In the meantime, Cambodian civil society will continue to promote constructive relationships between citizens and the government to strengthen both the supply and demand side of good governance.
[1] 70 percent of the population is under 30 years of age.
Social Housing in Brazil: Why Is it so Difficult to Reach the Poor? by Sergio Baierle, Centro de Assessoria e Estudos Urbanos (CIDADE)
Over the last 10 years Brazil has seen a number of institutional developments in social housing and urban planning. In 2001 the National Congress approved the City Statute, which established a set of legal tools for urban planning. In 2003 the Ministry of Cities was created, followed by a National Conference of Cities that meets every two years. The Conference is a multi-stakeholder forum—held at the local, state, and national levels—to discuss guidelines for national urban policies that impact states and municipalities. The National Council of Cities was formed in 2004 and comprises government and civil society representatives to provide recommendations on how the City Statute is applied and on the implementation of urban development policies.
More than 85 percent of Brazilians live in cities, and one-third (51.7 million) of them live in slums or favelas. Favelas normally have electricity, public transport, and access to basic health and primary school facilities. However, they have irregular self-constructed housing and lack sewage systems, paved streets, and sidewalks, among other basic amenities.
The primary focus of the Brazilian government, under President Luiz Inácio Lula da Silva,is economic growth combined with poverty reduction. Therefore, social housing is a key component of government policy. After the 2008 economic crisis the government created a more concrete housing target: a 14 percent reduction in the housing deficit, estimated at 7.9 million units by 2010. In addition it launched two programs:
- Growth Acceleration Program (GAP), which coordinates public and private investments of US$277.3 billion to address three infrastructure issues: logistics, energy, and urban and social infrastructure. Despite the large figure, only 13.5 percent comes from the national budget, while the rest comes from the private sector and public banks and companies.
- My Home, My Life Program (MHMLP) provides public investment and subsidies and a legal tool to facilitate land regularization in favelas. [1] It authorizes the government to identify areas to be regularized and defines the requirements for providing housing entitlements to residents in those areas, reducing years of procedure.
Both programs share the need for quick results, the top-down decision-making processes that created them, and a large margin for discretionary budget allocations. Furthermore, the GAP and MHMLP lack participatory mechanisms for their management. The GAP is coordinated by high-level bodies composed of officials from the Casa Civil (Department of the President) and the Departments of Treasury and Planning. The Treasury and Ministry of Cities are in charge of regulating the MHMLP. There is no role for the National Council of Cities in either of these major programs.
Despite these issues, the government’s decision to invest in social housing has provided some benefits to the urban poor. Housing for families with monthly incomes of up to US$3,000 is subsidized. However, while 90.9 percent of the 7.9 million unit housing deficit is among families with monthly incomes below US$900, most of the resources are for families with monthly incomes between US$900 and US$3,000. Only 40 percent of new units under the MHMLP are for the very poor.
Nongovernmental organizations (NGOs) and social movements lobbied for almost two decades in the National Congress through the National Urban Reform Forum (www.forumreformaurbana.org.br) to get some basic laws approved for urban land regularization and the creation of a National Social Interest Housing System (NSIHS) and the National Social Interest Housing Fund. The NSIHS requires all states and municipalities to create local social housing councils to ensure public participation in planning processes. Only one year after approving less than US$1.1 billion for the NSIHS, the government launched the US$55 billion GAP housing program, with an apparent disregard for the existing program.
In 2008 the government hired consultants to help design a National Housing Plan (PLANHAB), which was discussed in the National Council of Cities. PLANHAB was ready by the end of 2008, but it was never implemented. Instead, the MHMLP was launched in 2009. While it includes some financial schemes from PLANHAB, the MHMLP ignores the earlier plan’s broader vision. PLANHAB required all municipalities to have their own social housing plans and define areas for social housing, which were protected from speculation. The subsidies of the MHMLP tend to be captured by real estate companies—directly through profits from increasing prices and indirectly through the use of low-quality materials to reduce building costs, among other means.
In Brazil there is a tendency to distrust institutions and to trust the political will of leaders who create laws and policies to suit their interests. This raises the question of whether the institutions created for social housing really matter. CIDADE thinks they do. Social housing is far more complex than just funding—it involves not only coherent urban planning but also the prevention of gentrification and environmental degradation. Leaders should apply their political will to address the needs of the people through sustainable public policies rather than ad hoc government initiatives. CIDADE is a member of the National Urban Reform Forum, which supports the building of institutions responsive to people’s needs and works to make political leaders accountable to the people. For this reason, the Forum is calling for the convergence of the GAP and MHMLP funding programs with the more equitable, sustainable, and participatory National Social Interest Housing System.
[1] Regularization means providing urbanization and legal entitlement to people who are illegally occupying land as a result of squatting or through informal/irregular sale. It could be entitlement as private property or entitlement as “right of use”, meaning people can use the land for a small monthly fee and pass the land to their descendants but they cannot sell or change the property without permission.
The Budget Process and Corruption by Jan Isaksen, Chr. Michelsen Institute
In order to make aid more effective, donors often promote good public financial management. One important way to assist in this is by reducing corruption in budget processes. The Budget Process and Corruption, by Jan Isaksen for U4: Anti-Corruption Resource Centre, delves into this issue by providing substantial information on corruption in government budget processes. The author explores what budget corruption is, how it can be detected, and what the policy responses should be. Isaksen identifies some of the main threats of budget corruption, namely that it misallocates scare resources, renders government planning ineffective, reduces public confidence in the rule of law, and undermines government legitimacy.
The article identifies the stages of the budget process and provides explanations for each stage and rankings according to whether corruption is a major concern (high), a concern (medium), or less of a concern (low). The formal framework of the budget process, i.e., the laws and regulations that govern it, is not the only determinant of corruption; the budget process is a social and political phenomenon as well as a technical one. Isaksen also examines what type of staff are commonly involved in corruption in the budget process, the motives for corruption, and the roles of both formal and informal structures and institutions. He also offers recommendations on how to reduce corruption through:
Legislation, the judiciary, and the legislature
- Systems, institutions, and administration
- Attitudes, culture, and citizen oversight
- Donors
To read the paper, click here. For more information on U4, go to www.u4.no.
Follow the Money of the European Union (EU)
The website www.followthemoney.eu was launched to make the European Union more transparent and accountable. This effort builds on two earlier EU Transparency initiatives: www.farmsubsidy.org and www.fishsubsidy.org. These sites obtain detailed data on who gets what from the EU’s agriculture and fisheries subsidies and make it publicly available in an online database. FollowTheMoney is based on the simple premise that more transparency in public policy will lead to a better informed public debate and better public policies. The website aims to make it easier for European citizens to understand the EU budget: how it gets decided, where the money comes from, and how it is spent. FollowTheMoney complements the many existing media and civil society initiatives on the EU budget by providing relevant news, data, analyses, legal information, etc., on monitoring the EU budget.
For more information, go to www.followthemoney.eu.
World Bank’s Public Sentinel: News Media and Governance Reform
A number of international indicators, such as the IBP’s Open Budget Index, show that many countries are in need of transparency, accountability, and governance reforms to ensure that public money and services work for the poor as well as the rich. The World Bank Communication for Governance & Accountability Program’s (CommGAP) November 2009 publication titled Public Sentinel: News Media and Governance Reform focuses on the performance of the news media as an institution that can help address the challenges of governance. Public Sentinel focuses on three questions:
- What ideal roles should media systems play to strengthen democratic governance and thus bolster human development?
- Under what conditions do media systems actually succeed or fail to fulfill these objectives?
- What policy interventions work most effectively to close the substantial gap that exists between the democratic promise and performance of the news media as an institution?
Public Sentinel’s contributors—a wide range of development specialists from both academia and practice—emphasize the institutional or collective roles of the news media as watchdogs over the powerful, as agenda setters calling attention to social needs in natural and human-caused disasters and humanitarian crises, and as gatekeepers that incorporate a diverse and balanced range of political perspectives and social actors. The various roles of the media are investigated in detailed regional case studies, and numerous recommendations for policymakers are presented.
For more information, to preview the full text online, or to order a copy, click here.
Urgent Action Call for Maternal Health
On 26 October 2009 the High-Level Meeting on Maternal Health-Millennium Development Goal 5 (MDG 5) took place in Addis Ababa, Ethiopia. MDG 5 has as its two targets a reduction in the maternal death ratio by 75 percent between1990-2015 and the achievement of universal access to reproductive health by 2015. Among all of the MDGs, there has been the least progress on the maternal health goal. Complications during pregnancy and childbirth remain the leading cause of death among women in developing countries.
Organized by the Netherlands and the United Nations Population Fund (UNFPA), the High-Level Meeting aimed “to give maternal and reproductive health a more prominent place in the global development agenda, and to increase the political and financial commitment to improve program implementation at the country level.” In attendance were approximately 150 representatives of government, civil society, the private sector, and youth from around the world.
The International Budget Partnership (IBP) participated in the meeting to call attention to the issues of transparency, accountability, and access to information and to ensure that these factors were incorporated into future efforts to reach the MDG 5 targets. The meeting resulted in the “Addis Call to Urgent Action for Maternal Health”, which calls on governments, donors, civil society, and the private sector to take concrete actions to promote maternal health and prevent maternal mortality. Specific references to gender budgeting, transparency, accountability, and public access to information are found throughout the document, which demonstrates that the global community has recognized that these actions are critical to achieving MDG 5 and preventing the unnecessary deaths of millions of women.
To read the document, go to: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/parliamentarians/docs/2009/addis_calltoaction_en.doc.
Investing in Children: Online Tools
Save the Children Sweden works to promote investing in children around the world, particularly in Latin America and the Caribbean. Save the Children Sweden, Save the Children Norway, and the Latin American and Caribbean Network for the Defence of Children and Adolescents’ Rights (REDLAMYC) developed the website Platforma de Inversión en Infancia de América Latina y El Caribe (Platform for Investment in Children of Latin America and the Caribbean) for both public and private institutions and others working on children’s issues in Latin America and the Caribbean.
The website provides numerous resources related to investment in children, children’s rights, and children’s participation in public budgets and economic policies. It includes documents dealing with different child issues from countries in the region, key contacts involved in organizations that work on child issues, relevant news from civil society groups and other institutions, and a monthly newsletter titled Children Come First in Public Budgets. More specifically the website offers:
- Analyses of recent budgets of the region often focusing on aspects of health, security, education, etc., and their impact on and importance for children, often evaluating and promoting the alignment of domestic legislation and programs with international standards on the rights of children
- Announcements and outlines of regional and global conferences, conventions, campaigns, and initiatives from civil society groups, governments, and other institutions promoting greater awareness and action on investing in children and children’s rights
For more information, go to http://www.inversioneinfancia.org.
Another related initiative that was organized between Save the Children Sweden, the Universidad del Pacífico (Peru), and REDLAMYC was the Il Latin American Regional Workshop on Investment in Children held in Lima, Peru, from 14-18 September 2009. The workshop was attended by members of 18 Latin American and Caribbean countries, various civil society organizations, UNICEF, and other nongovernmental organizations. The main goal of the workshop was to raise awareness, mobilize, and promote the inclusion of children’s issues in budgets. The topics discussed included:
- Possible actions to further the recommendations of the United Nations’ Committee on the Rights of the Child that concern better allocation and use of resources for children
- Predicting, reducing, relieving, and compensating for the effects of the global economic crisis on children in the region
- Funding for specific programs and policies regarding education, food and nutrition, health, early childhood, and participatory budgeting
- Advocacy techniques and initiatives targeting investment in children
As part of the program, participants shared and reviewed their contributions and advances for investing in children and children’s rights in Latin America and the Caribbean. The workshop also included trainings for the attendees in designing public policy proposals specifically to enhance their advocacy work for children in their organizations and countries. Two regional workshops and eight national workshops are scheduled for 2010, as well as the possibility of other teleconferences and smaller workshops.
New Publication: Small Change. Why Business Won’t Save the World by Michael Edwards
A new movement promises to save the world by applying the principles of the market to the challenges of social change. It argues that such principles are far more effective than more traditional approaches to solve global problems. What could be wrong with that? Almost everything, says former Ford Foundation director Michael Edwards. In this controversial exposé he presents evidence to reveal that a market approach hurts more than it helps. Real change will come when business acts more like civil society, not the other way around.
Despite the good intentions, Edwards shows that there is simply no proof that a business approach is better. On the contrary, he cites examples from the social sector to show that business by its very nature is not equipped to attack the root causes of major problems like poverty, inequality, violence, and discrimination. Achieving fundamental social transformation requires a different set of values—cooperation rather than competition, collective action more than individual effort, and patient, long-term support for systemic solutions over immediate results.
Edwards argues that people give their money and time to social change organizations to serve a cause, not a balanced quarterly spreadsheet. If these organizations compromise their higher purpose in the name of a narrow version of “efficiency” they’ll erode the very basis of their impact and importance. Relying on business as the engine of change ends up concentrating power in the hands of a few major players, mirroring the very inequities these organizations should be trying to rectify. It’s time to turn away from the false promise of the market and reassert the independence of global citizen action.
For more information about the author’s work, go to: http://www.futurepositive.org.
A New Approach to Postwar Reconstruction by Fredrik Galtung and Martin Tisné
Fredrik Galtung and Martin Tisné’s article “A New Approach to Postwar Reconstruction,” published in the October 2009 edition of the Journal of Democracy explores various issues in postwar societies that too often lead to corruption and a lack of accountability. The authors analyze common practices and situations that can have detrimental short- and long-term effects on such fragile societies and offer alternative approaches that use collaborative social accountability mechanisms to build transparency and accountability from the bottom up. Among the many problems faced during the first few years of reconstruction is that corruption and a lack of accountability often become entrenched in the system. As part of the new approach to reconstruction, the authors outline preventive anticorruption approaches for both civil society and donors, promoting community driven reconstruction and accountability.
The importance of access to information is stressed, especially in the international aid system, which is too often opaque. This opens the door to patronage, poor management, and corruption. The first step in the authors’ alternative donor strategy to postwar reconstruction is to make a commitment to use domestic skills and resources. This cannot only expand the postwar economy but also build up local competencies and expertise. The second step is to bridge the knowledge gap. The article recommends providing rapid-learning clinics for aid workers to learn about the country, laws, and culture, and trainings on international donor practices, reporting requirements, political constraints, etc. Improved transparency and access to information are essential to the success of this new approach to postwar reconstruction.
