by soapbox | Sep 1, 2009
Auditorías sociales y gubernamentales
- Nuevo documental del IBP sobre auditorías sociales “Es nuestro dinero. ¿En dónde está?”
- Reseña del libro de Carlos Santiso The Political Economy of Government Auditing. Financial Governance and the Rule of Law in Latina America and Beyond por Bruno Wilhelm Speck, Transparency International
Resumen de encuestas: prácticas y procedimientos presupuestarios
- Lanzamiento del índice de transparencia latinoamericano 2009 por José María Marín, Fundar, México y Rocío Campos, IBP
- Prácticas y procedimientos presupuestarios en África por Paolo de Renzio, Overseas Development Institute, Reino Unido
- Modificaciones a los resultados de la encuesta de presupuesto abierto por Vivek Ramkumar, IBP
Salud y presupuestos de género en India
- Lecciones del presupuesto de salud para India: ¿Gastos de bolsillo para todos?, por Ravi Duggal, IBP
- Institucionalización de los presupuestos de género en India por Benita Sharma, experta en género, India
Acceso a la información, libertad de expresión y educación para todos: retos y estrategias
- Incidencia para mejorar los presupuestos para la educación por Samantha Ross, HakiElimu, Tanzania
- Novedosas técnicas de financiamiento para alcanzar las metas del milenio por Jay Colburn, IBP
- Nueva ley de ONGs en Zambia amenaza la libertad de expresión de la sociedad civil por Lena Vind-Andersen, MS Zambia
- Mejorando el acceso a la información de la juventud en Ghana por King Sarfo, Youth Empowerment for Africa, Ghana
Nuevos recursos y publicaciones
- Traducción al francés de Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
- Edición revisada del libro Civil Society de Michael Edwards
- Nuevo reporte: La renta de hidrocarburos en las finanzas prefecturales. Tendencias de los ingresos y gastos (1997-2007) por Juan Luis Espada
- Nuevo libro: Fighting Poverty with Facts: Community-Based Monitoring Systems por Celia Reyes y Evan Due
- Nuevo sitio de Internet de UNICEF sobre política social y económica
Nuevo documental del IBP sobre auditorías sociales “Es nuestro dinero. ¿En dónde está?”
El “International Budget Partnership” (IBP) está orgulloso de anunciar el lanzamiento de “It’s Our Money. Where’s It Gone?”—un nuevo documental sobre el trabajo de uno de sus socios, MUHURI (Muslims for Human Rights) para involucrar a las comunidades directamente en el monitoreo de fondos de desarrollo conocidos como “Constituency Development Fund” (CDF) en Mombasa, Kenia. El CDF asigna aproximadamente un millón de dólares al año a cada miembro del parlamento para invertir en proyectos de desarrollo de su localidad, sin ofrece vigilancia significativa independiente. Esta es la historia de ciudadanos comunes que decidieron hacer algo al respecto.
Ve cómo MUHURI utiliza las “auditorías sociales” para involucrar a las comunidades en el monitoreo de las acciones del gobierno respecto a la administración del dinero público y atiende las necesidades de su gente, especialmente los pobres y más vulnerables.
Ayúdanos a dar a conocer este video— ¡Compártelo con tus amigos, colegas y redes!
Para ver el video, ir a: http://www.youtube.com/watch?v=z2zKXqkrf2E
Reseña del libro de Carlos Santiso The Political Economy of Government Auditing. Financial Governance and the Rule of Law in Latina America and Beyond por Bruno Wilhelm Speck, Transparency International
La auditoría gubernamental es una actividad muy antigua en la periferia de la administración pública—así como lo ha sido el estudio académico de las instituciones de auditoría. El interés cambió recientemente, una vez que las instituciones de auditoría fueron redescubiertas como un activo institucional de los sistemas políticos de combate al desperdicio y mal uso de recursos públicos. A partir de que la buena gobernabilidad se convirtió en el tema de los reformistas del sector público, la academia ha tratado de comprender qué es lo que hacen las instituciones de auditoria, en qué áreas tienen más fracasos y cómo deben de mejorar su desempeño. Carlos Santiso ha escrito extensivamente sobre el tema de administración pública financiera y ahora publica su tesis doctoral con base en un análisis detallado de las instituciones de auditoría en Argentina, Brasil y Chile.
Su libro describe el perfil de las oficinas de auditoría en países con modelos de diseño y función institucional distintos:
- El modelo monocrático de Chile inspirado en la tradición anglo-sajona en donde instituciones de auditoría se enfocan en reportes de desempeño de la administración de recursos públicos
- El modelo de cortes brasileñas con un proceso de toma de decisiones colegial guiado por preguntas de apego a los estándares de contabilidad y leyes presupuestarias, y
- El modelo híbrido Argentino en donde el proceso de toma de decisiones colegial se combina con el papel tutorial del legislativo
Estos estudios de caso incluyen información detallada sobre el origen histórico y trayectoria institucional de la Auditoría General de la Nación en Argentina, el “Tribunal de Contas da União” de Brasil y la Contraloría General de la República, resaltando las diferencias en el papel y diseño institucional. A pesar de estas diferencias, los principales retos son similares en los tres casos: una vez que las instituciones de auditoría concluyen con su tarea y publican sus reportes, los hallazgos tienen un impacto limitado en la administración pública y no siempre se les da seguimiento por parte de la legislatura o suscitan acciones legales para exigirle cuentas a los funcionarios por su mala conducta.
Este es un hallazgo importante para guiar la reforma del sector público y futuras investigaciones sobre auditorías gubernamentales. En lugar de enfocarse en cuestiones de capacidad institucional e independencia de otros poderes, las instituciones de auditoría necesitan estar vinculadas por la detección de mal comportamiento, análisis de responsabilidades y aplicación de sanciones. Santiso describe el papel de la legislatura en cuanto a identificar mal comportamiento usando la metáfora fire alarm (actuar selectivamente una vez que surgen los problemas), en tanto que la institución de auditoría auxiliar lleva a cabo un papel de policía (vigilancia constante del manejo de recursos). La evaluación de malos comportamientos en sí misma es parte de las principales tareas de las instituciones de auditorías y la independencia de las instituciones de auditoría es importante para mantener esta fase libre de interferencias políticas. La pregunta es quién debe de exigirles rendición de cuentas a los funcionarios por su mala conducta una vez que los auditores han dado a conocer sus resultados. Santiso distingue entre la función de vigilancia que incluye controlar, informar y restringir el poder del gobierno y una función de rendición de cuentas que incluya sanciones y penalización. El autor concluye que la primera debe permanecer con las instituciones de auditoría, en tanto que la legislatura está mejor preparada para la segunda.
El tercer capítulo del libro de Santiso califica el desempeño de las instituciones de auditoría. El autor desarrolla cuatro indicadores sobre dimensiones clave de la auditoría gubernamental en diez países latinoamericanos, incluyendo independencia, credibilidad, oportunidad y penalización. Desafortunadamente, Santiso no detalla la composición de estos indicadores, a pesar de referirse a la sofisticada metodología para componer dichos indicadores (dos de los cuatro indicadores toman datos del la Iniciativa de presupuesto abierto del International Budget Partnership). El análisis estadístico establece una correlación entre la efectividad de las instituciones de auditoría gubernamental y otros indicadores de buena gobernabilidad. Sin embargo, la orientación de causalidad no queda clara. En tanto que las herramientas de “benchmarking” son importantes heurísticamente—metodológicamente más sofisticadas—los coeficientes de correlación tienden a ser menos significativos en este contexto.
Un hallazgo clave de la investigación de Santiso es fundamental para investigaciones futuras. El autor argumenta que las instituciones de auditoría requieren más que independencia de otras instituciones y capacidades técnicas. Las instituciones de auditoría deben de estar ligadas funcionalmente a una red de rendición de cuentas que ponga en práctica los hallazgos de la auditoría. La investigación de Santiso se enfoca en la relación entre la legislatura y las instituciones de auditoría. Los legisladores exigen rendición de cuentas al gobierno siguiendo el modelo de “alarma de incendios”, es decir, que actúan cuando surgen problemas. Mantienen un sistema de “patrullaje” en donde las instituciones de auditoría se dedican al escrutinio permanente del manejo gubernamental de recursos públicos. La tragedia es que muchos de los hallazgos de auditoría son ignorados una vez que se reportan. Este es el caso de Argentina, en donde la estrategia alternativa ha sido la de colar los resultados de las auditorías al público y presionar a los políticos; en Brasil, a pesar de la autoridad de la TCU de aplicar sanciones, sus decisiones han sido cuestionadas en la corte; o en el caso de Chile en donde el esquema de CGR de apego a las revisiones no promueve la interacción con la legislatura.
La reforma de la auditoría gubernamental se tiene que enfocar en la rendición de cuentas vertical y horizontal. Debe de encontrar formas de hacer que las instituciones de auditoría formen parte integral de la tarea de sancionar malos comportamientos y de mejorar el manejo de recursos públicos. El libro de Santiso es fundamental en este sentido. En palabras del mismo Santiso “las organizaciones de la sociedad civil que hacen escrutinio del presupuesto, incluyendo los medios, son aliados críticos de las agencias de auditoría en la cadena de rendición de cuentas descrita en el libro. No obstante, el potencial de esta relación no ha sido agotado.”
Para mayor información, contactar a Bruno Wilhelm Speck [email protected].
Lectura adicional:
Improving Fiscal Governance and Curbing Corruption: How Relevant are Autonomous Audit Agencies?, por Carlos Santiso
Access to Public Information and Citizen Participation in Supreme Audit Institutions por Ezequiel Nino
Responding to challenges of Supreme Audit Institutions: Can legislatures and Civil Society Help?, por Albert van Zyl, Vivek Ramkumar y Paolo de Renzio
The Role of Civil Society Organizations in Auditing and Public Finance Management por Vivek Ramkumar y Warren Krafchik
Lanzamiento del índice de transparencia latinoamericano 2009 por José María Marín, Fundar, México y Rocío Campos, IBP
El 10 de noviembre se llevó a cabo la quinta ronda del Índice latinoamericano de transparencia presupuestaria en doce países latinoamericanos. Este estudio de percepciones compara los niveles de transparencia y participación ciudadana a lo largo del proceso presupuestario en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Las organizaciones que participaron en el estudio son: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC (Buenos Aires, Argentina), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA (La Paz, Bolivia), Instituto de Estudos Socioeconomicos (Brasilia, Brasil), Foro Joven, Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas, Proyección Andina y Co-deliberar (Santa Fe de Bogotá, Colombia), Programa Estado de la Nación, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y Fundación Arias (San Jose, Costa Rica), Grupo Faro (Quito, Ecuador), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, (Ciudad de Guatemala, Guatemala), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Probabilística (México DF, México), Centro de Estudios y Acción Social Panameña, CEASPA (Panamá, Panamá), Ciudadanos Al Día, y Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (Lima, Perú), Fundación Solidaridad, (Santiago, República Dominicana), Transparencia Venezuela (Caracas, Venezuela).
A pesar del marco legal que regula el acceso a la información presupuestaria en México, el estudio demuestra que la percepción del nivel de transparencia y participación presupuestaria ha disminuido de 54 puntos en 2005, a 50 puntos en 2007, a 48 puntos en 2009. Esto se debe a que la información difundida por el gobierno es confusa y crea dudas y desconfianza entre la gente. Además, la crisis económica ha acentuado las debilidades de la administración pública.
Venezuela obtuvo la calificación más baja con sólo 23 puntos. En el extremo opuesto se encuentra Costa Rica que sigue siendo el único país con una calificación aprobatoria mayor de 60 por ciento. Perú quedó en segundo lugar con una calificación de 54 por ciento.
Colombia experimentó los aumentos más significativos en sus calificaciones de 38 puntos en 2007 a 46 puntos en 2009. La implementación de los nuevos mecanismos en la formulación del presupuesto nacional y los nuevos espacios creados para debatir temas presupuestarios públicamente han mejorado la posición de Colombia.
A excepción de Costa Rica, Perú y Venezuela el resto de los países están ubicados en un rango de 42 a 50 puntos lo que expone el nivel de uniformidad entre naciones y los avances que aún quedan por hacer para mejorar el nivel de transparencia presupuestaria en la región. Este estudio sólo considera como satisfactorio los resultados por encima de los 60 puntos. Los resultados del estudio resaltan la urgente necesidad de construir mejores prácticas presupuestarias y mecanismos de rendición de cuentas. Sin transparencia la consolidación de la democracia no es posible.
Para ver los resultados, ir a www.iltpweb.org.
Para mayor información, contactar a José María Marín [email protected].
Prácticas y procedimientos presupuestarios en África por Paolo de Renzio, Overseas Development Institute, Reino Unido
Desde 2003 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha promovido la Encuesta sobre prácticas y procedimientos presupuestarios para reunir información sobre el funcionamiento de los sistemas presupuestarios en distintos países. En 2008 la encuesta se amplió a un total de 97 países, incluyendo información de 26 países africanos reunida en colaboración con la CABRI (Collaborative Africa Budget Reform Initiative). Como parte de la preparación para el quinto seminario anual llevado a cabo en abril 2009 en Senegal un equipo de investigación del London School of Economics analizó los resultados de la encuesta. El reporte del trabajo (disponible aquí), fue realizado gracias al apoyo del Banco Africano de Desarrollo y reunió los hallazgos de la encuesta para ofrecer un panorama de las prácticas presupuestarias en África.
La encuesta se completó mediante una plataforma en línea por parte de funcionarios del Ministerio de Finanzas en los países participantes. En tanto que no hay participación de la sociedad civil en este proceso, la base de datos ofrece una medio único y comprensivo para comparar y contrastar el presupuesto nacional y las prácticas de administración financieras que puede ser utilizado por analistas presupuestarios, académicos y miembros de la sociedad civil dentro y fuera del continente. El reporte ofrece una revisión de las prácticas y procedimientos presupuestarios en siete áreas clave:
- Fechas límite del presupuesto
- Formulación del presupuesto
- Vigilancia parliamentaria
- Ejecución del presupuesto
- Transparencia fiscal
- Gasto fuera del presupuesto y
- Administración de la asistencia
Estas áreas fueron seleccionadas para cubrir los temas presupuestarios más relevantes para África y enfocarse en un subconjunto de preguntas para las cuales tanto la cobertura como la calidad de las respuestas son del nivel más alto posible.
El análisis resalta la variedad de prácticas y procedimientos que caracterizan a los países africanos, por ejemplo, respecto a fechas límite del presupuesto, a la naturaleza de las instituciones del presupuesto y al papel de los parlamentos. Estas diferencias se desprenden de muchos factores, desde tradiciones administrativas y esfuerzos de reforma, hasta realidades económicas pasadas y presentes. Una consecuencia importante de esto es el hecho de que puede ser difícil identificar recetas que contribuyan a mejorar las prácticas presupuestarias a lo largo del continente, ya que las mejorías dependerán de intervenciones diseñadas para atender cuestiones específicas dentro de cada sistema presupuestario nacional.
Además de la variedad de prácticas y procedimientos existentes a lo largo del continente, los resultados también identifican retos importantes que enfrentan los países africanos. La necesidad de aumentar la transparencia y atender el tema del gasto fuera del presupuesto es un área. En muchos casos, las respuestas nacionales revelan la falta de disponibilidad y accesibilidad de la información presupuestaria que, a su vez, puede tener un impacto severo en la rendición de cuentas y en la “función de reto (“challenge function”) en el proceso presupuestario, pero también demerita la coherencia y coordinación de las políticas públicas. La administración de la asistencia y la calidad de proyecciones de mediano plazo son otras áreas que merecen atención. Especialmente para aquellos gobiernos que dependen del apoyo de agencias financiadoras. La administración más proactiva de los flujos de asistencia puede traer más beneficios en términos de “incluir la asistencia en el presupuesto” y mejorar la capacidad del gobierno de adoptar una perspectiva de mediano plazo. Finalmente, temas relacionados con la solidez de la ejecución presupuestaria y los procedimientos de auditoría muestran que siempre se puede mejorar.
Para mayor información, contactar a Paolo de Renzio [email protected].
Modificaciones a la encuesta de presupuesto abierto por Vivek Ramkumar, IBP
Con base en aportaciones de parte de investigadores y de extensivas revisiones internas, el International Budget Partnership (IBP) ha hecho tres cambios a la metodología de la encuesta de presupuesto abierto, que es la base en índice de presupuesto abierto. El primer cambio se refiere a la oportunidad del lanzamiento de los ocho documentos presupuestarios clave evaluados por la encuesta. El segundo cambio es la inclusión del presupuesto ejecutado en los cálculos de los puntajes nacionales para el OBI. El tercer cambio se basa en comentarios hechos por expertos de Brasil y Nigeria que resultaron en revisiones a respuestas de unas cuantas preguntas utilizadas para evaluar a estos países.
Para mayor información sobre los cambios específicos, favor de revisar:
1. Formato revisado de Guide to the Open Budget Questionnaire 2010, disponible en: http://openbudgetindex.org/files/OBIGuide2010.pdf
2. Nuevos puntajes y escalas para el OBI 2006 y 2008, disponible en: http://openbudgetindex.org/files/Rankings2006-Revised.pdf and http://openbudgetindex.org/files/Rankings2008-Revised.pdf
3. Nota que explica los cambios en la metodología del OBI, disponible en: http://www.openbudgetindex.org/cms/index.cfm?fa=view&id=2932
Con base en estas revisiones, los puntajes para todos menos uno de los países incluidos en la encuesta de presupuesto abierto 2006 han mejorado ligeramente; el único país cuyo puntaje bajó (por un punto) es Bangladesh. Los cambios positivos son más visibles para aquellos países que ocupan los lugares más bajos de la escala de evaluación, pues el valor marginal de una respuesta positiva es mayor para ellos. En vista de que el aumento debido a la disponibilidad del presupuesto ejecutado es extremadamente pequeño (pues son 92 preguntas las que calculan el índice de presupuesto abierto y el puntaje máximo que puede obtener cualquier país es de 100 puntos en total), para muchos países, el puntaje general del índice permanece igual (sólo cambiaron los puntajes para 20 países).
Para los países incluidos en la encuesta de presupuesto abierto 2008, este cambio redujo los puntajes del índice de unos cuantos países que no publican el presupuesto ejecutado. Este es el caso de China, Guinea Ecuatorial, Arabia Saudita y Sudán. Los puntajes para todos menos uno (Namibia) de los países restantes que fueron incluidos en la encuesta de presupuesto 2008 permanecen igual (50 países) o aumentaron (30 países).
Lecciones del presupuesto de salud para India: ¿Gastos de bolsillo para todos?, por Ravi Duggal, IBP
Los presupuestos de salud pública representan una fuente crítica de equidad en la salud de cualquier sociedad; demuestran el compromiso de una nación por asegurar que se cumplan las necesidades humanas básicas de toda la gente. La principal causa de subdesarrollo en el sector salud y en la prestación de servicios de salud responde a las insuficientes asignaciones presupuestarias de parte del gobierno. Si los indicadores de salud de un país demuestran grandes inequidades en resultados entonces es obvio que la inversión pública en salud también es insuficiente.
Datos de países de bajos y medianos ingresos alrededor del mundo ofrecen evidencia de que el fracaso en la asignación satisfactoria de recursos públicos para la salud ha resultado en que más de 5.6 billones de personas tengan que financiar más de la mitad de su cuidado de salud usando el método más inequitativo posible, es decir, cubriendo los costos de su propio bolsillo prestando o vendiendo activos (Reporte Mundial de la Salud, 2008). Asimismo, en países de bajos y medianos ingresos que se responsabilizan de por lo menos la mitad del gasto nacional de salud (público y privado), los resultados de salud y el acceso a servicios de salud son, generalmente, favorables y equitativos. Por ejemplo en Chile, Costa Rica, Cuba, Malasia, Sri Lanka y Tailandia el gasto gubernamental representa entre 46 y 88 por ciento del gasto total de salud. Esto produce resultados razonables de buena salud y acceso relativamente aceptable a los servicios de salud.
En el caso de India, podemos ver los efectos de la insuficiencia de fondos públicos en la gente. En la India, el gasto en salud pública representa menos del 20 por ciento del gasto total para salud y los gastos de bolsillo llegan a 98 por ciento de todos los gastos privados para salud. La salud y los servicios de salud no solamente son pobres sino altamente inequitativos. La encuesta nacional de salud de la familia (National Family Health Survey, NFHS) lo demuestra claramente. La medida en la que la inequidad entre la franja más alta y la más baja para algunos indicadores es enorme. Al ver la franja más baja en comparación con la más alta arriba, U5 (niños menores de cinco años de edad) la mortalidad es 2.97 veces más alta en la franja de abajo, el acceso a doctores para ANC (cuidados prenatales) es 3.83 veces más alto, la prestación de servicios en instalaciones de salud es 6.59 veces más alta y niños en la franja más baja están 10.11 veces más expuestos que los de la franja alta a no estar inmunizados. En contraste, niños en la franja más alta tienen 2.9 posibilidades más de tener inmunización completa que aquellos en la franja más baja. Esto se debe a que el gasto para salud pública en la India representa menos del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el gasto privado de más de 5 por ciento del PIB; esta proporción favorece a familias con ingresos más altos y solvencia económica para pagar los cuidados de salud de su propio bolsillo.
El último presupuesto para 2009-10 no difiere de los últimos cinco presupuestos, ni de ningún presupuesto anterior. En el presupuesto 2009-10 el aumento general (en precios actuales) del gasto gubernamental sobre el año fiscal anterior se estima es de 36 por ciento, pero el aumento para el sector salud es mucho más bajo alcanzando a penas un 22 por ciento (Rs 226.41 billones del presupuesto actual en comparación con Rs 184.76 billones en 2008-09), muestra un bajo nivel de atención al sector salud. Si miramos el programa de salud del (National Rural Health Mission, NRHM) la situación es todavía peor con un aumento de sólo 15.6 por ciento entre 2008-09.
En cuanto a la implementación presupuestaria de las finanzas de salud pública, la oficina de contabilidad (Finance and Appropriation Accounts) revela que no se ejecutó todo el gasto incluso en programas prioritarios para el gobierno bajo el NRHM, como son inmunización, RCH y financiamiento “flexi pool” que afecta el desempeño y resultados. Algunos burócratas de alto nivel con frecuencia le echan la culpa de esto a la limitada capacidad de absorción de los estados y se oponen al aumento de presupuestos para salud, aunque esta postura entra en conflicto con la demanda de recursos a nivel de la prestación de servicios de salud. El monitoreo comunitario de NRHM en colaboración con la sociedad civil ha demostrado claramente el desempeño insuficiente de las actividades del NRHM. Los mismos problemas continúan, incluyendo:
- medicamentos insuficientes
- falta de personal médico y paramédico
- pobre utilización de fondos no etiquetados
- pobre calidad de servicios de salud primaria
- poca colaboración del personal
Por ende, el problema no es la capacidad de absorción pero la pobre planeación presupuestaria para atender las demandas de la gente. Además, las burocracias central y estatal no están dispuestas a ceder su control sobre el sistema de prestación de servicios, a pesar de todo lo dicho sobre descentralización. Pueden permitir la planeación descentralizada mediante los panchayats (cuerpos gubernamentales locales) —y ofrecer ciertos fondos no etiquetados para el uso particular de los panchayats—pero nunca transfiere control fiscal, ni gobernabilidad, ni autonomía o control administrativos a las unidades que dan cuidado directo.
El intento del gobierno nacional de aumentar el gasto total en salud pública al aumentar las asignaciones a su programa nacional rural de salud (National Rural Health Mission) ha fracasado porque los estados han respondido mediante el recorte de gastos. En lugar de descentralizar el gasto de salud, el gobierno ha tomado control de una gran parte de los recursos del sector; mismos que no han sido utilizados adecuadamente, ni siquiera para los programas prioritarios.
El caso de India nos demuestra que el problema yace en la asignación y uso de recursos. Quienes ofrecen los servicios, conocen la situación de primera mano y pueden planear y presupuestar recursos no son quienes toman las decisiones. Son los que gobiernan desde las capitales nacionales y estatales quienes toman todas las decisiones, sin tener una idea de la realidad que enfrenta la gente. En la India, por ejemplo, NRHM no ha logrado hacer las correcciones estructurales que quería hacer. A menos de que cambie el presupuesto radicalmente y los mecanismos de financiamiento concedan autonomía total a quienes operan el sistema de salud público, el programa NRHM continuará hundiéndose y el gasto de bolsillo de las viviendas más pobres continuará creciendo.
Adaptado de “Sinking Flagships and Health Budgets in India” por Ravi Duggal, Economic and Political Weekly, 15 de agosto 2009, Vol: XLIV No.33 http://indiaenvironmentportal.org.in/files/Sinking%20Flagships%20and%20Health.pdf.
Institucionalización de los presupuestos de género en India por Benita Sharma, experta en género, India
La iniciativa de presupuestos sensibles al género (Gender Responsive Budgeting, GRB) de la India comenzó en julio 2000 con el taller “Sensibilización de género de los presupuestos nacionales en el sur de Asia” que se llevó a cabo en Nueva Delhi en colaboración con UNIFEM. El taller reunió a miembros del gobierno, agencias de las Naciones Unidas, medios, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comisión de planeación de la India —responsable de los planes quinquenales de desarrollo que son la base para la implementación del presupuesto. La experta en auditoría de género Diane Elson presentó datos relevantes sobre la contribución económica de las mujeres a la sociedad junto con una evaluación del impacto del presupuesto nacional en las mujeres, el papel de las mujeres para mejorar el marco institucional para la prestación de servicios públicos y alternativas políticas para construir un presupuesto con sensibilidad de género. Después de la reunión, el Instituto Nacional de Finanzas y Políticas Públicas (National Institute of Public Finance and Policy, NIPFP) una institución autónoma que le da asesoría al gobierno sobre políticas fiscales y que lleva a cabo investigación para el Ministerio de Finanzas, realizó un estudio sobre temas relacionados con políticas económicas y publicó el primer estudio sobre presupuestos con enfoque de género en la India por NIPFP con el apoyo de UNIFEM.
El programa GRB de UNIFEM en India obtuvo la aprobación del Ministerio de Finanzas para trabajar en presupuestos de género. Por pedido del Ministerio de Finanzas, se incluyó un capítulo sobre equidad de género en la encuesta económica nacional 2001—ésta es la guía financiera del gobierno—. Esto marcó la primera vez que el término “género” se incluía en la encuesta económica nacional de la India. La encuesta 2002 incluyó capítulos sobre “Mujeres en la fuerza laboral” y “Desarrollo de mujeres y niños.” La introducción de género de la encuesta, sin embargo, no institucionalizó GRB a nivel nacional. El año siguiente no hubo mención alguna a mujeres o género en la encuesta, demostrando la necesidad de monitorear e incidir en favor de la equidad de género constantemente.
Con base en discusiones con grupos de mujeres, el Ministerio para el Desarrollo de Mujeres y Niños (Ministry for Women and Children Development, MWCD) designó a un equipo de género en cada ministerio para supervisar el programa GRB sin conseguir éxito alguno. En la mayoría de los casos el oficial de presupuesto consideró a los presupuestos con enfoque de género una responsabilidad adicional por lo que no se promovió el tema dentro de sus respectivos ministerios. Además, quedó claro que los ministerios no tenían idea de cómo avanzar el tema de GRB. En febrero 2006, NIPFP colaboró con la ONG internacional NGO, IFES—el International Fund for Election Systems trabaja para promover elecciones justas alrededor del mundo— para organizar consultas con representantes del Ministerio de Finanzas, MWCD, mujeres electas, ONGs y mujeres de base e identificaron estas acciones para garantizar el éxito de GRB:
- Desarrollar un manual de capacitación sobre GRB para uniformar el entendimiento de GRB a lo largo de los ministerios
- Disolver los equipos de género y formar y capacitar a grupos de presupuestos de género integrados por cuatro miembros para supervisar los GRB en cada ministerio
- Designar a un funcionario oficial a nivel secretarial como cabeza de los grupos de presupuestos de género
- Recopilar mejores prácticas de GRB
- Capacitar a mujeres electas sobre GRB para enfrentar la equidad de género
IFES apoyó la capacitación de los grupos de presupuestos de género por parte del Instituto Indio de Administración Pública en colaboración con MWCD. Las recomendaciones mencionadas arriba le sirvieron al capítulo de grupos de presupuestos de género creados por el Ministerio de Finanzas. La colaboración ente el Ministerio de Finanzas y MWCD hizo obligatorio a GRB en todos los ministerios, con lo que se logró su institucionalización. A esto le seguir un taller de capacitadores sobre GRB a partir del cual se integró una bolsa de expertos en GRB que ahora capacitan a funcionarios del gobierno, ONGs y mujeres electas sobre GRB. También hay un servicio de asesoría formado por tres expertos bajo MWCD apoyado por UNIFEM para ayudar al trabajo de MWCD con varios actores del GRB. Además de capacitar a los funcionarios del gobierno de la India, el servicio de asesoría organizó reuniones con diferentes ministerios para sensibilizarlos respecto al tema de género en sus propios programas y esquemas, identificar brechas de género y ofrecer intervenciones para cerrar esas brechas. Desde 2007 el Ministerio de Finanzas ha hecho obligatorio que todos los ministerios reporten no sólo la cantidad de fondos que han gastado; sino cuál ha sido el impacto de los fondos en las mujeres. Entre otros avances recientes se puede mencionar:
- En 2004 el MWCD reconoció a los presupuestos de género como una herramienta importante para empoderar a las mujeres. Se adoptó el principio de “presupuestación para la equidad de género” y se difundió a todos los ministerios y departamentos del gobierno. Por su parte MWCD llevó GRB a los estados.
- El plan quinquenal de la India (2008-2012) se desarrolló de manera participativa y con sensibilidad de género. Con el apoyo de UNIFEM y de UNDP, se llevaron a cabo cinco reuniones con organizaciones de mujeres Women’s Political Watch y Women Power Connect junto con la sociedad civil para asegurar que las voces de los grupos de base se reflejaran en el plan. Cada área se examina desde una perspectiva de género, por ejemplo, género y agricultura. Además, la comisión de planeación (Planning Commission, PC) formó un grupo de trabajo sobre “empoderamiento de mujeres” y un grupo de economistas para identificar brechas de género en las políticas y programas del gobierno. Una sección independiente sobre equidad de género fue incluida en el presente plan quinquenal por primera vez. Esto enfatiza que la equidad de género requiere políticas y esquemas en los ministerios y departamentos gubernamentales para asegurar provisiones adecuadas.
- El ministro de finanzas indicó que la siguiente etapa de las reformas debe de enfocarse en la administración del gasto y en resultados. Como parte del proceso de monitoreo, los ministerios y departamentos gubernamentales deben de preparar un presupuesto de desempeño y resultados en donde los beneficiarios sean desagregados por género.
El análisis de género del presupuesto de la India, que se lleva a cabo por un gran número de grupos de mujeres e instituciones académicas como NIPFP y la Universidad de Jahawar lal Nehru han publicado información del gasto público que grupos de mujeres utilizan en sus negociaciones con tomadores de decisiones y con miembros del parlamento para asegurar que las mujeres reciban lo que les corresponde. La evaluación de esquemas gubernamentales—incluyendo esquemas anti-pobreza a través del enfoque de género—es ahora parte del sistema de evaluación del impacto del gobierno, lo que garantiza que todos los programas sociales se dirijan a las mujeres.
Para mayor información, contactar a Benita Sharma [email protected].
Incidencia para mejorar los presupuestos para la educación por Samantha Ross, HakiElimu, Tanzania
HakiElimu, una organización de la sociedad civil con base en Dar es Salaam, Tanzania, trabaja para transformar escuelas, influir en políticas, estimular diálogo público y organizar a comunidades locales para mejorar los niveles de equidad y calidad en la educación. Una parte central del trabajo de HakiElimu es analizar el presupuesto nacional y el presupuesto para la educación. Este año HakiElimu no sólo reaccionó al presupuesto de educación después de su aprobación por el parlamento; sino que además tomó pasos concretos—previos a la aprobación del presupuesto—para influir en el voto de los ministros y asegurar un presupuesto educativo más representativo de las necesidades de la gente.
Durante la sesión presupuestaria de junio y julio de este año, HakiElimu decidió incidir para cambiar el debate del presupuesto pre-educación con un breve escrito dirigido al Parlamento. La idea es usar este escrito mientras el presupuesto está la fase de aprobación para promover una discusión más crítica y resultados más favorables. La decisión de desarrollar este reporte fue apoyada por el hecho de que los miembros del parlamento, incluyendo el primer ministro han citado directamente las publicaciones de HakiElimu en el pasado. La experiencia del equipo de medios de comunicación de HakiElimu fue instrumental en este esfuerzo.
El proceso de incidencia
HakiElimu analizó el presupuesto de educación que fuera presentado al parlamento usando información del sitio de Internet del Ministerio de Finanzas. Con base en esta información se preparó un reporte de dos hojas felicitando al gobierno por aumentar el presupuesto general para la educación y exigiendo darle prioridad a la calidad de la educación y a tener mejores niveles de transparencia. Las recomendaciones que se ofrecieron eran realistas y medibles. Aunque la mayoría de los reportes son escritos en inglés y en swahili y se distribuyen ampliamente por todo el país, este reporte sólo fue escrito en swahili para garantizar su comprensión por parte de los miembros del parlamento (MPs) y fue entregado personalmente a cada MP.
Paralelamente, HakiElimu desplegó un comunicado de una página entera en tres periódicos de circulación nacional antes de la lectura del presupuesto. Los periódicos se escogieron con base en sus lectores y seria reputación periodística. Esto garantizó que si un MP se perdió la entrega del reporte, es posible que el o ella hayan leído las peticiones y preocupaciones de HakiElimu en el periódico. Al mismo tiempo el equipo de medios de comunicación de HakiElimu también circuló un anuncio en televisión y en un servicio público radiofónico describiendo los problemas personales y profesionales que enfrentan los maestros y preguntaron: ¿Los planes y presupuestos del gobierno toman en cuenta los retos que enfrentan los maestros? Este anuncio salió al aire en tres estaciones de televisión, tres veces al día, entre cuatro y seis semanas y en cuatro estaciones de radio de cobertura nacional y cuatro estaciones de radio comunitarias, entre cinco y seis veces al día.
Los resultados
La respuesta fue positiva. Los MPs de oposición fueron vistos en televisión con el reporte de HakiElimu en la mano, usándolo para retar al gobierno y exigir lo que HakiElimu sugería. Sin embargo, en lugar de usar el escrito como una guía para un diálogo más crítico, los MPs prefirieron leerlo directamente. Uno se pregunta que hubieran dicho o no, si el reporte no hubiera estado en sus manos. Además, el escrito fue usado ampliamente por periódicos de circulación nacional después de la presentación del presupuesto. Muchos periodistas citaron datos y usaron el análisis para criticar el presupuesto.
Cuestiones relevantes relacionadas con el presupuesto de la educación fueron presentadas a los parlamentarios así como al público en general. Además, HakiElimu aprendió que usar todos los caminos posibles para promover un mensaje es muy efectivo. No es suficiente llevar a cabo una investigación y escribir un reporte; los hallazgos más sobresalientes necesitan difundirse proactivamente teniendo en cuenta la audiencia a la que serán dirigidos. A pesar de que escribir y distribuir escritos es útil y necesario, esto de ninguna manera sustituye las discusiones que pueden darse en interacciones personales. Una combinación de análisis comprensivo, difusión de información y contacto personal es, con seguridad, el medio más efectivo para ganar mentes y corazones.
Para mayor información, contactar a Samantha Ross [email protected].
Novedosas técnicas de financiamiento para alcanzar las metas del milenio por Jay Colburn, IBP
A partir de la creación de las metas del milenio por parte de las Naciones Unidas (Millennium Development Goals, MDGs) en 2000, muchas organizaciones y gobiernos han contribuido billones de dólares para alcanzar los MDGs. [1] Hoy en día a más de la mitad del camino para llegar al 2015 y a pesar de que se ha avanzado mucho en áreas como la educación primaria, mortalidad infantil y sostenibilidad ambiental; muchos MDGs como el empleo, hambre y salubridad no van por buen camino para cumplirse. Además de lo impredecible y limitada que es la asistencia para el desarrollo de parte de los gobiernos, la reciente crisis global también ha tenido un impacto negativo en el financiamiento de los MDGs. Por ello, la necesidad de nuevos métodos de financiamiento para alcanzar las metas a tiempo.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) alrededor del mundo han tomado el asunto en sus manos y están promoviendo la importancia de alcanzar los MDGs y promover los innovadores métodos de financiamiento. Organizaciones como Leading Group on Innovative Financing for Development y el High Level Taskforce on Innovative International Financing on Health Systems apoyan evaluaciones independientes para determinar la posibilidad de programas de financiamiento innovador que evalúan costos y beneficios potenciales e identifican cómo dichos fondos deben de manejarse y quién debe de hacerlo.
Una campaña reciente de financiamiento alternativo surgió de 1Goal: Education for All. Esta campaña, iniciada por la Global Campaign for Education cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Futbol 2010 (FIFA World Cup and footballers) de alrededor del mundo para concientizar a la gente sobre la importancia de la educación para todos y del objetivo para la educación. Muchos líderes de alrededor del mundo y futbolistas internacionalmente famosos se unieron, recientemente a principios de octubre 2009 para el lanzamiento global de la campaña “1Goal Campaign” y promover la importancia de la educación y de aumentar las inversiones en escuelas, libros, maestros, etc. El Center for Global Development (CGD) propuso a través de su blog un componente adicional a la iniciativa que le permite a los equipos, jugadores, estaciones de televisión, fanáticos y otros contribuir cierta cantidad de dinero—por ejemplo, US$1—por cada equipo o jugador de su elección que anote un gol durante los partidos del mundial. El dinero recolectado sería destinado a conseguir la meta sobre educación. El blog del CGD también promueve un nuevo mecanismo para distribuir estos fondos conocido como “Cash on Delivery, COD,” en donde los donatarios pagan “efectivo” únicamente a partir de cumplir con un resultado previamente acordado (por ejemplo, $200 por cada niño adicional que toma una prueba estandarizada al finalizar la escuela primaria). No obstante, los detalles de dicha propuesta financiera y su método de distribución tienen que investigarse y analizarse. Antes de ser implementados, aún debe de determinarse la mejor manera de verificar los pagos de manera independiente y si COD realmente representa una mejoría por encima de otros mecanismos de asistencia necesarios para ser evaluados.
Otra propuesta creativa se publicó en un artículo de opinión en el New York Times escrito por Philippe Douste-Blazy, Consejero especial para la secretaría general de las Naciones Unidas sobre financiamiento innovador (Special Adviser to the United Nations Secretary General on Innovative Financing). La idea es imponer un impuesto menor a las transacciones de tipo de cambio a las monedas de mayor circulación (el dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro y el yen japonés). El impuesto sería voluntario, pero al ser aceptado por cualquier país se aplicaría a todas las transacciones con la moneda de ese país. Proyecciones indican que si un impuesto de 0.005 por ciento se impone en estas monedas en el mercado cambiario extranjero (con aproximadamente $800 trillones transacciones anuales) más de $33 billones estarían disponibles cada año para objetivos de desarrollo. Douste-Blazy dice que el impuesto sería recopilado por un sistema computacional que maneja transacciones cambiarias extranjeras o por un modelo similar al del fondo global de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria) pero se deben hacer más estudios para analizar el impacto del impuesto en el mercado cambiario y el sistema de recolección y administración más apropiado.
El impuesto cambiario puede seguir el ejemplo de otro planteamiento novedoso para financiar los MDGs que ya ha sido establecido en 14 países. [2] Estos países cobran un pequeño impuesto a las líneas aéreas. La cantidad varía de un país a otro y se trata ya sea de un cobro fijo o se basa en factores tales como el nivel de desarrollo de un país, la distancia recorrida y si el boleto es clase turista o primera clase. El dinero reuniendo a partir de este impuesto es administrado por UNITAID—una organización establecida para ayudar a conseguir los MDGs, sobre todo las metas que se refieren a la salud—y financia más del 70 por ciento del trabajo de UNITAID en materia de VIH/SIDA, malaria y tuberculosis. En tanto que este impuesto ha reunido más de $700 millones para la meta de salud desde 2006, muchos países contemplan un mecanismo de contribución voluntaria en boletos de avión, potencialmente reuniendo $2 billones adicionales al año. Tanto los impuestos obligatorios como los voluntarios han probado ser medidas financieras exitosas que contribuyen a alcanzar las metas del milenio antes del 2015.
Las OSCs pueden contribuir a apoyar las metas del milenio mediante:
- Incidir públicamente temas de desarrollo de importancia
- Diseñar estrategias para alcanzar las metas
- Trabajar con gobiernos para implementar programas de inversión
- Monitoreo y evaluación de esfuerzos para alcanzar las metas del milenio
- Movilizar y alertar a la gente sobre las metas del milenio
- Compartir mejores prácticas y experiencia técnica con los gobiernos
- Prestación directa de servicios
- Participación en el diseño, implementación y revisión de estrategias de combate a la pobreza en favor de las metas del milenio
Ejemplos específicos de las contribuciones de las OSC para alcanzar los MDGs incluyen:
- Una OSC griega está imprimiendo los ocho MDGs en panfletos y los está distribuyendo en escuelas y asilos.
- Una organización en Bangladesh organizó un taller sobre MDGs para periodistas a nivel nacional en 2006 y planeó talleres sobre los MDGs para periodistas en 2007.
- Una OSC de Senegal ha organizado marchas en contra del hambre y protestas de concientización sobre los MDGs, a la vez que ofrece programas básicos de alfabetización a mujeres y niños de la calle.
- Un grupo en México está comprometido a nivel nacional para ofrecer apoyo y cuidado psicológico, información nutricional y campañas de información sobre prevención y tratamiento de VIH/SIDA a personas que padecen la enfermedad.
- Un pequeño grupo ambiental en Rusia está creando un poblado ecológico para mejorar la calidad del medio ambiente y educar a la gente sobre su importancia. [3]
Con los esfuerzos de los gobiernos alrededor del mundo por cumplir con sus promesas de desarrollo— complementados por las distintas iniciativas financieras—la comunidad internacional se acerca cada vez más a cumplir con las metas del milenio.
Para mayor información, contactar a Jay Colburn [email protected].
[1] Las ocho metas del milenio (Millennium Development Goals, MDGs) para reducir la pobreza a nivel mundial antes del 2015 son: 1) Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr educación primaria universal; 3) Promover equidad de género y empoderar a las mujeres; 4) Reducir la mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud maternal; 6) Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7) Asegurar la sustentabilidad ambiental y 8) Desarrollar una alianza global para el desarrollo.
[2] Los 14 países incluyen a Benín, Burkina Faso, Chile, Costa de Marfil, Francia, Guinea, Jordania, Isla Mauricio, Madagascar, Mali, Marruecos, Níger, República Democrática del Congo y la República de Corea del Sur.
[3] Ver http://www.nsi-ins.ca/english/pdf/wtp_2008.pdf, página 9.
Nueva ley de ONGs en Zambia amenaza la libertad de expresión de la sociedad civil por Lena Vind-Andersen, MS Zambia
Organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en Zambia han expresado su frustración ante la inminente legislación de la reciente propuesta de ley sobre ONGs (organizaciones no gubernamentales) que le exige a las ONGs, incluyendo a organizaciones comunitarias de bases, los siguientes requisitos:
- Entrega obligatoria de registro institucional, mismo que debe renovarse cada cinco años. El registro puede negarse en nombre del interés público, pero “interés público” no está definido en la ley.
- Reportar el financiamiento organizacional, actividades y los bienes personales de sus representantes.
- Planeación de actividades conforme al plan de desarrollo nacional de Zambia. Esto se garantizaría mediante un consejo recién establecido responsable de crear un “código de conducta.” No apegarse al código de conducta puede resultar en la cancelación o suspensión del registro institucional.
OSCs están decepcionadas por el hecho de que un presidente republicano pueda aprobar una propuesta de ley que limite los derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación. La ley viola los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos que garantizan la libertad de asociación como la Convención Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles, el Capítulo Africano sobre Derechos Humanos y de los Pueblos y las provisiones de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre 1998.
Ingrid Srinath, secretaria general de CIVICUS, apunta que cualquier marco regulatorio para ONGs debe de preservar activamente la independencia del sector. Esta ley, por el contrario, busca debilitar la autonomía de las NGOs y convertirlas en extensiones del gobierno.
Ley aprobada por el parlamento sin consultas
La ley nacional de ONGs de Zambia fue propuesta inicialmente en 2007 topándose con gran oposición que forzó su retirada del parlamento. Este año el gobierno está decidió a aprobar la propuesta y convertirla el ley a pesar de la ola de protestas. El portavoz del gobierno de Zambia y el ministro de información, Ronnie Shikapwasha afirman que el gobierno “consultó ampliamente” antes de formular esta propuesta, pero la comunidad de ONGs no está de acuerdo.
“La ley fue concebida sin consultar con la sociedad civil y la micro-administración que hace el gobierno del sector tendrá un impacto negativo en el desarrollo social de Zambia, dice Engwase Mwale, director ejecutivo del comité coordinador de ONGs (NGO Co-ordinating Committee, NGOCC), un cuerpo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja temas de género. Malawo Matyola secretaria ejecutiva de (Zambia Council for Social Development, ZCSD), comparte la mima opinión y dice “el gobierno no ha incluido la mayoría de las aportaciones de ONGs que se suponía debían de incluirse en la propuesta.”
Las implicaciones prácticas
La ley puede ser un serio retroceso en las actividades de ONGs. A Engwase Mwale le preocupa el requisito quinquenal de re-registro. Ella cree que esto potencialmente pueda dañar y crear inseguridades entre las ONGs y los donatarios, a quienes se les dificultará planear actividades y proyectos por más de cinco años. Esto sobre todo le afectará a las organizaciones que trabajan proyectos de largo plazo. También apunta la dificultad que enfrentarán organizaciones más pequeñas para cumplir con los requisitos de la ley en cuanto al registro institucional y a la declaración de bienes y activos.
Una de las consecuencias de esta ley puede ser la disminución en el número de organizaciones comunitarias de base que prestan servicios a la población rural, particularmente en áreas que carecen de servicios públicos.
Otra preocupación manifestada por Lee Habasonda, director ejecutivo de Saccord, es que puede desanimar profesionalmente a la gente de unirse al sector no gubernamental. “Cuando sepan que las ONGs tienen que declarar sus bienes personales por un consejo de personas que aparentemente no están capacitadas para hacerlo, quizás decidan mejor no incursionar en este sector,” comentó al “Irin News.”
En resumen, la nueva ley le permite al gobierno de Zambia decidir quién puede obtener el registro, por cuánto tiempo lo puede conservar, qué temas se pueden tratar y en dónde. Además el gobierno ha sido muy claro respecto a lo que no desea: “Es anticuado crear una ONG a fin de oponerse al gobierno…a la gente que ha sido electa…Cuando se va en contra del gobierno, te estas convirtiendo en un partido político,” dice Ronnie Shikapwasha.
Las ONGs de Zambia no se están dando por vencidas. El siguiente paso será llevar al parlamento a la corte por pasar una ley inconstitucional.
Para mayor información, contactar a Lena Vind-Andersen [email protected].
Mejorando el acceso a la información de la juventud en Ghana por King Sarfo, Youth Empowerment for Africa, Ghana
La organización Empoderamiento juvenil para África (Youth Empowerment for Africa, YEA) se fundó en Ghana en 2008. YEA lucha por políticas que respondan a las demandas y necesidades de los ciudadanos, sobre todo la juventud. YEA promueve una plataforma para que la gente joven pueda involucrarse activamente en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas que los afecte.
De octubre 2008 a marzo 2009, el equipo de investigación de YEA realiza encuestas para reunir información sobre los sectores juveniles. Funcionarios públicos, organizaciones juveniles y analistas de políticas sociales fueron contactados para dar información sobre la participación de la juventud en temas socioeconómicos, con atención particular a su entendimiento y participación en cuestiones presupuestarias. Los hallazgos revelaron que la juventud en Ghana—entre 15 y 35 años de edad—está al margen de temas presupuestarios debido a la inaccesibilidad de información presupuestaria pública y al mito respecto a la complejidad técnica del análisis presupuestario. Aunque el presupuesto es visto como un documento público muy importante, de acuerdo con el entonces ministro de finanzas y planeación económica, sigue siendo inaccesible para la mayoría de la gente en Ghana. En Ghana la educación pública respecto a dónde y cómo se obtiene un documento público es muy limitada. Las encuestas revelaron que la población en Ghana o no había visto una copia del presupuesto nacional o no sabía que era un documento público.
Ante esta situación YEA implementó un proyecto llamado Juventud en la democracia del presupuesto (Youth in Budget Democracy) para aumentar el acceso de la juventud a la información del presupuesto y promover su interés en hacer monitoreo de presupuestos para promover cambios en las políticas públicas. Se formó un equipo de trabajo para visitar varias comunidades en regiones de Accra y Ashanti y descubrió que la mayoría de las bibliotecas públicas no tenían copias del presupuesto y muchas personas ignoraban el hecho de que el presupuesto es un documento público. Para superar estos problemas YEA:
- Organizó talleres para organizaciones juveniles específicas (escolares y comunitarias) para ampliar su comprensión de temas presupuestarios
- Informó al público sobre la disponibilidad de información presupuestaria mediante la Internet y estaciones de radio locales
- Distribuyó información presupuestaria entre los jóvenes mediante materiales promocionales como camisetas, pancartas, folletos y calcomanías
- Organizó una conferencia nacional para reunir a los jóvenes para discutir los hallazgos del proyecto
Como respuesta a la solicitud de YEA, la unidad de desarrollo del presupuesto del ministerio de finanzas distribuyó copias de los presupuestos nacionales y otros documentos públicos a las bibliotecas nacionales que abarca el proyecto. Ahora YEA está discutiendo con dicha entidad cómo mantener a flote el proyecto de presupuesto en la biblioteca para garantizar la disponibilidad de documentos del presupuesto nacional en todas las bibliotecas públicas de Ghana. YEA también está en comunicación con otras organizaciones de la sociedad civil para apoyar la capacitación de líderes juveniles por todo el país. En la víspera de la presentación del presupuesto nacional 2010 el 18 de noviembre, YEA espera contactar a todas las bibliotecas de preparatorias y nivel superior en cinco de las diez regiones en Ghana y distribuir copias del presupuesto. Esto se realizará en colaboración con la unidad de desarrollo del presupuesto del ministerio de finanzas y la federación de asociaciones juveniles de Ghana.
Para mayor información, contactar a King Sarfo [email protected].
Traducción al francés de Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
La versión en francés de la guía del IBP, Our Money, Our Responsibility – Notre argent, notre responsabilité: Guide de surveillance des dépenses publiques à l’intention des citoyens, ha sido publicada y se encuentra disponible en la página del IBP en: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-Expenditures-French.pdf.
La guía se tradujo al francés y se imprimió gracias al generoso apoyo de la agencia canadiense de desarrollo internacional (Canadian International Development Agency, CIDA) y a la Iniciativa de la Sociedad Abierta para África Occidental (Open Society Initiative for West Africa, OSIWA), respectivamente. Copias impresas de la guía están siendo distribuidas ampliamente entre las organizaciones pares del IBP en países francófonos y también están disponibles a quien lo solicite.
Esta guía refleja el creciente enfoque de las organizaciones de la sociedad civil por monitorear los resultados conseguidos por el gasto gubernamental. Ofrece una revisión de la implementación del presupuesto del gobierno, incluyendo la ejecución del presupuesto, el proceso de adquisiciones del sector público, medición del impacto y los procesos de vigilancia legislativa. La guía ofrece herramientas prácticas que han sido puestas a prueba y que pueden usarse por organizaciones independientes interesadas en monitorear el gasto del gobierno.
Para solicitar una copia, enviar un mensaje a [email protected].
Edición revisada del libro Civil Society de Michael Edwards
Desde su publicación en 2004 Civil Society se ha convertido en una fuente de referencia para quienes buscan comprender el papel de la acción ciudadana voluntaria en el mundo contemporáneo.
En esta edición revisada rigurosamente, Edwards actualiza los argumentos y evidencia presentada en el original e incluye nuevo material sobre la sociedad civil en África y Medio Oriente, la sociedad civil global, tecnología informativa y nuevas formas de organización ciudadana. Explica cómo en el futuro las presiones de la intromisión del estado, el individualismo reemergente y fuerzas ya conocidas como el nacionalismo y el fundamentalismo pondrán a prueba y reconfigurarán la acción ciudadana de formas positivas y negativas.
Colegas y universidades, fundaciones, ONGs, hacedores de políticas públicas, periodistas y comisiones de investigación han usado el libro de Edwards para comprender y fortalecer el papel que puede jugar la sociedad civil para profundizar la democracia, reconstruir la comunidad y atender la pobreza, inequidad e injusticia. Esta nueva edición será lectura obligatoria para quien esté interesado en crear un mundo mejor mediante la acción ciudadana voluntaria.
Leslie Lenkowsky de la Universidad de Indiana dice, “La segunda edición de este libro es todavía mejor que la primera y ofrece una excelente introducción a un concepto complicado. La perspectiva global de este libro es particularmente valiosa. Al agregar material de África, el Medio Oriente y América Latina, así como de la sociedad civil transnacional, el autor presenta una visión verdaderamente comprensiva de este tema.”
Para pedir el libro y mayor información, ir a John Wiley en la siguiente dirección: http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0745645860.html.
Nuevo reporte: La renta de hidrocarburos en las finanzas prefecturales. Tendencias de los ingresos y gastos (1997-2007) por Juan Luis Espada
Después de tener un déficit de 9 por ciento en 2002, la economía de Bolivia mejoró hasta alcanzar un superávit en 2006. Esta recuperación económica se debió a la explotación de hidrocarburos y el excedente de ingresos aumentó el gasto público. Este reporte preparado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA explora cómo los ingresos adicionales de las industrias extractivas son utilizados a nivel regional. También identifica el impacto del nuevo flujo de recursos en el gasto público. Finalmente, el reporte revisa los cambios en la estructura de la administración de Bolivia como resultado de los ingresos adicionales de las industrias extractivas. CEDLA es un centro de investigación fundado en 1985 dedicado al análisis de políticas económicas relacionadas con los trabajadores rurales y urbanos.
Para leer el reporte, ir a:
http://www.cedla.org/sites/default/files/TENDENCIAS_pdf.pdf.
Nuevo libro: Fighting Poverty with Facts: Community-Based Monitoring Systems por Celia Reyes y Evan Due
Este libro del Centro de Investigación de Desarrollo Internacional de Canadá (International Development Research Centre, IDRC) examina cómo el sistema comunitario de monitoreo (Community-Based Monitoring System, CBMS) ha sido aplicado en África y Asia. CBMS reconoce que los pobres deben de participar en la planeación de programas públicos que afecten su bienestar y que para que estos sean efectivos debe de estar dirigidos e integrados por información desagregada, relevante, actual y precisa. Para conseguir esto CBMS reúne a comunidades y autoridades locales para reunir y monitorear cambios en información local y comprobable sobre las condiciones de vida y usar esta información para la planeación y creación de políticas.
Los autores presentan recomendaciones a los hacedores de políticas, donatarios e investigadores. También presentan guías para desarrollar e implementar sistemas de monitoreo de la pobreza en otras regiones del mundo. El IDRC de Canadá trabaja en cercana colaboración con investigadores del mundo en vías de desarrollo para construir sociedades más sanas, equitativas y prósperas.
Para obtener una copia impresa o electrónica del libro, ir a: http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=95.
Nuevo sitio de Internet de UNICEF sobre política social y económica
UNICEF recientemente lanzó un nuevo sitio de Internet para comunicar sus perspectivas y conocimientos sobre políticas sociales y económicas enfocándose en su importancia para los niños. Este sitio incluye: información y eventos relacionados con la crisis de la economía global, la serie de trabajos y reportes de UNICEF sobre política social y económica y vínculos a organizaciones pares como el International Budget Partnership.
Para visitar el sitio, ir a: www.unicef.org/socialpolicy.
by soapbox | Sep 1, 2009
Audits sociaux et gouvernementaux
- Nouveau documentaire de l’IBP sur les audits sociaux “C’est notre argent. Où est-il?”
- Note sur le livre de Carlos Santiso The Political Economy of Government Auditing. Financial Governance and the Rule of Law in Latina America and Beyond par Bruno Wilhelm Speck, Transparency International
Résumé d’enquêtes: pratiques et procédures budgétaires
- Lancement de l’indice de transparence latino-américain 2009 par José María Marín, Fundar, Mexique et Rocío Campos, IBP
- Pratiques et procédures budgétaires en Afrique par Paolo de Renzio, Overseas Development Institute, Royaume-Uni
- Modifications des résultats de l’enquête sur le budget ouvert par Vivek Ramkumar, IBP
Santé et budgets de genre en Inde
- Leçons du budget de la santé pour l’Inde: dépenses personnelles pour tous?, par Ravi Duggal, IBP
- Institutionnalisation des budgets de genre en Inde par Benita Sharma, experte en genre, Inde
Accès à l’information, liberté d’expression et éducation pour tous: défis et stratégies
- Incidence pour améliorer les budgets pour l’éducation par Samantha Ross, HakiElimu, Tanzanie
- Techniques novatrices de financement pour atteindre les objectifs du millénaire par Jay Colburn, IBP
- La nouvelle loi sur les ONG en Zambie menace la liberté d’expression de la société civile par Lena Vind-Andersen, MS Zambia
Amélioration de l’accès à l’information de la jeunesse au Ghana par King Sarfo, Youth Empowerment for Africa, Ghana
Nouvelles ressources et publications
- Traduction en français de Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
- Edition révisée du livre Civil Society de Michael Edwards
- Nouveau rapport: La renta de hidrocarburos en las finanzas prefecturales. Tendencias de los ingresos y gastos (1997-2007) par Juan Luis Espada
- Nouveau livre: Fighting Poverty with Facts: Community-Based Monitoring Systems par Celia Reyes et Evan Due
- Nouveau site Internet de l’UNICEF sur les politiques sociales et économiques
Nouveau documentaire de l’IBP sur les audits sociaux “C’est notre argent. Où est-il?”
Le Partenariat budgétaire international (IBP) est fier d’annoncer le lancement de “It’s Our Money. Where’s It Gone?”—un nouveau documentaire sur le travail de l’un de ses partenaires, MUHURI (Muslims for Human Rights) pour impliquer directement les communautés dans le suivi des fonds de développement connus sous le nom de “Constituency Development Fund” (CDF) à Mombasa, au Kenya. Le CDF alloue environ un million de dollars par an à chaque membre du parlement pour investir dans des projets de développement de sa localité, sans offrir de vigilance indépendante significative. Voici l’histoire de citoyens comme les autres qui ont décidé de faire quelque chose à ce propos.
Observe de quelle manière MUHURI utilise les “audits sociaux” pour impliquer les communautés dans le suivi des actions du gouvernement concernant la gestion de l’argent public et faire en sorte qu’elle réponde aux besoins des gens, spécialement des personnes les plus pauvres et vulnérables.
Aide nous à faire connaître cette vidéo – envoie-la à tes amis, collègues et réseaux! Pour voir la vidéo, aller sur: http://www.youtube.com/watch?v=z2zKXqkrf2E
Note sur le livre de Carlos Santiso The Political Economy of Government Auditing. Financial Governance and the Rule of Law in Latina America and Beyond par Bruno Wilhelm Speck, Transparency International
L’audit gouvernemental est une activité très ancienne à la périphérie de l’administration publique – tout comme l’étude académique des institutions de contrôle. Cet intérêt s’est modifié récemment, alors que les institutions de contrôle étaient redécouvertes comme un actif institutionnel des systèmes politiques de combat contre la mauvaise utilisation des ressources publiques et le gaspillage. A partir du moment où la bonne gouvernance est devenue le thème des réformistes du secteur public, l’académie a essayé de comprendre ce que font les institutions de contrôle, dans quels secteurs elles rencontrent le plus d’échecs et comment elles doivent améliorer leur travail. Carlos Santiso a beaucoup écrit sur le thème de la gestion financière publique et publie aujourd’hui sa thèse doctorale sur la base d’une analyse détaillée des institutions d’audit en Argentine, au Brésil et au Chili.
Son livre décrit le profil des institutions de contrôle dans des pays avec des modèles distincts de conception et fonctionnement institutionnels:
- Le modèle monocratique du Chili inspiré de la tradition anglo-saxonne où les institutions de contrôle se concentrent sur des rapports d’évaluation de la gestion des ressources publiques.
- Le modèle des cours brésiliennes avec un processus de prise de décisions collégial guidé par des questions de conformité aux standards de comptabilité et aux lois budgétaires.
- Le modèle hybride argentin où le processus de prise de décisions collégial est combiné à un rôle tutorial du législatif.
Ces études de cas incluent des informations détaillées sur l’origine historique et la trajectoire institutionnelle de l’Auditeur général de la Nation en Argentine, le “Tribunal de Contas da União” du Brésil et le Contrôleur général de la République, soulignant les différences dans le rôle et la conception institutionnels. Malgré ces différences, les principaux défis sont similaires dans les trois cas: une fois que les institutions supérieures de contrôle concluent leur tâche et publient leurs rapports, les conclusions ont un impact limité dans la gestion publique et le suivi de ces dernières n’est pas fait systématiquement de la part de la législature, ou bien elles suscitent des actions légales pour exiger des fonctionnaires qu’ils rendent des comptes pour leur mauvaise conduite.
C’est une conclusion importante pour guider la réforme du secteur public et de futures recherches sur les auditeurs gouvernementaux. Au lieu de se concentrer sur des questions de capacité institutionnelle et d’indépendance d’autres pouvoirs, les institutions de contrôle doivent être reliées pour la détection de mauvais comportements, l’analyse des responsabilités et l’application de sanctions. Santiso décrit le rôle de la législature quant à l’identification des mauvais comportements en utilisant la métaphore de l’alarme incendie (agir sélectivement une fois que surgissent les problèmes), dans la mesure où l’institution de contrôle auxiliaire joue un rôle de police (vigilance constante de la gestion des ressources). L’évaluation des mauvais comportements en elle-même fait partie des tâches principales des institutions de contrôle et l’indépendance de ces dernières est importante pour que cette phase soit libre d’interférences politiques. La question est de savoir qui doit exiger des fonctionnaires qu’ils rendent des comptes pour leur mauvaise conduite une fois que les auditeurs ont fait connaître leurs résultats. Santiso distingue la fonction de vigilance qui inclue de contrôler, informer et restreindre le pouvoir du gouvernement de la fonction de responsabilisation qui inclue des sanctions et une pénalisation. L’auteur conclut que la première doit demeurer au sein des institutions de contrôle, tandis que la législatrice est davantage préparée pour la seconde.
Le troisième chapitre du livre de Santiso qualifie le travail des institutions de contrôle. L’auteur développe quatre indicateurs sur des dimensions clés de l’audit gouvernemental dans dix pays latino-américains, incluant l’indépendance, la crédibilité, l’opportunité et la pénalisation. Malheureusement, Santiso ne détaille pas la composition de ces indicateurs, même s’il se réfère à la méthodologie sophistiquée pour composer de tels indicateurs (deux des quatre indicateurs prennent des données de l’Initiative sur le budget ouvert du Partenariat budgétaire international). L’analyse statistique établit une corrélation entre l’efficacité des institutions de contrôle gouvernementales et d’autres indicateurs de bonne gouvernance. Cependant, l’orientation de la causalité n’est pas claire. Comme les outils de “benchmarking” sont importants du point de vue heuristique—méthodologiquement plus sophistiqués – les coefficients de corrélation tendent à être moins significatifs dans ce contexte.
Une des principales conclusions de la recherche de Santiso est fondamentale pour les prochaines recherches. L’auteur explique que les institutions de contrôle requièrent davantage que de l’indépendance des autres institutions et des capacités techniques. Les institutions de contrôle doivent être reliées fonctionnellement à un réseau de responsabilisation qui met en pratique les conclusions de l’audit. La recherche de Santiso se concentre sur la relation entre la législature et les institutions de contrôle. Les législateurs exigent du gouvernement qu’il rende des comptes suivant le modèle de “l’alarme incendie”, c’est-à-dire qu’ils agissent quand surgissent les problèmes. Ils maintiennent un système de “patrouille” dans lequel les institutions de contrôle se consacrent à l’examen permanent de la gestion gouvernementale des ressources publiques. La tragédie est qu’un grand nombre des conclusions d’audit sont ignorées une fois qu’elles sont rapportées. C’est le cas de l’Argentine, où la stratégie alternative a été de faire passer les résultats d’audits au public et de faire pression sur les politiques; au Brésil, malgré l’autorité de la TCU pour appliquer des sanctions, ses décisions ont été questionnées devant la cour; ou dans le cas du Chili où le schéma de CGR d’attachement aux révisions n’encourage pas l’interaction avec la législature.
La réforme de l’audit gouvernemental doit se concentrer sur la responsabilisation verticale et horizontale. Elle doit trouver les formes pour faire en sorte que les institutions de contrôle fassent partie intégrante de la tâche de sanctionner les mauvais comportements et d’améliorer la gestion des ressources publiques. Le livre de Santiso est en ce sens fondamental. D’après les termes mêmes de Santiso “les organisations de la société civile qui font l’examen du budget, incluant les médias, sont des alliés très importants des agences de contrôle dans la chaîne de responsabilisation décrite dans le livre. Cependant, le potentiel de cette relation n’est pas encore totalement exploité”.
Pour davantage d’informations, contacter Bruno Wilhelm Speck [email protected].
Lecture additionnelle:
Améliorer la gouvernance fiscale et lutter contre la corruption: les agences de contrôle autonomes sont-elles pertinentes?, par Carlos Santis
Access to Public Information and Citizen Participation in Supreme Audit Institutions par Ezequiel Nino
Responding to challenges of Supreme Audit Institutions: Can legislatures and Civil Society Help?, par Albert van Zyl, Vivek Ramkumar et Paolo de Renzio
The Role of Civil Society Organizations in Auditing and Public Finance Management par Vivek Ramkumar et Warren Krafchik
Lancement de l’indice de transparence latino-américain 2009, par José María Marín, Fundar, Mexique et Rocío Campos, IBP
Le 10 novembre a été mis en oeuvre la cinquième édition de l’Indice latino-américain de transparence budgétaire dans douze pays latino-américains. Cette étude de perceptions compare les niveaux de transparence et de participation citoyenne au cours du processus budgétaire en Argentine, en Bolivie, au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, en Equateur, au Guatemala, au Mexique, au Panama, au Pérou, en République dominicaine et au Venezuela.
Les organisations qui ont participé à l’étude sont: le Centre d’implantation de politiques publiques pour l’équité et la croissance, CIPPEC (Buenos Aires, Argentine), le Centre d’études pour le développement agraire et du travail, CEDLA (La Paz, Bolivie), l’Institut d’études socioéconomiques (Brasilia, Brésil), Foro Joven, la Corporation Fonds de soutien des entreprises associatives, Proyección Andina et Co-deliberar (Santa Fe de Bogotá, Colombie), le programme d’Etat de la Nation, l’Institut de recherches en sciences économiques de l’Université du Costa Rica, et la Fondation Arias (San José, Costa Rica), Grupo Faro (Quito, Equateur), le Centre d’investigations économiques nationales, CIEN, (Guatemala City, Guatemala), Fundar, Centre d’analyse et de recherche, et Probabilística (México, Mexique), le Centre d’études et d’action sociale du Panama, CEASPA (Panama City, Panama), Ciudadanos Al Día, et le Centre de recherche de l’Université du Pacifique (Lima, Pérou), la Fondation Solidaridad, (Santiago, République dominicaine), Transparencia Venezuela (Caracas, Venezuela).
Malgré le cadre légal qui régule l’accès à l’information budgétaire au Mexique, l’étude démontre que la perception du niveau de transparence et de la participation budgétaire est passée de 54% en 2005, à 50% en 2007, à 48% en 2009. Ceci est du au fait que les informations diffusées par le gouvernement sont confuses et génèrent des doutes et la méfiance parmi la population. En outre, la crise économique a accentué les faiblesses de l’administration publique.
Le Venezuela a obtenu la plus faible qualification avec seulement 23 points. A l’extrême opposé figure le Costa Rica qui reste le seul pays avec une qualification approbatrice supérieure à 60%. Le Pérou demeure en deuxième position avec une qualification de 54%.
La Colombie a connu les augmentations les plus significatives avec sa qualification passant de 38 points en 2007 à 46 points en 2009. L’implantation des nouveaux mécanismes dans la formulation du budget national et les nouveaux espaces créés pour débattre publiquement des thèmes budgétaires ont amélioré la position de la Colombie.
A l’exception du Costa Rica, du Pérou et du Venezuela, le reste des pays se situent sur un rang de 42 à 50 points ce qui révèle le niveau d’uniformité entre les nations et les avancées qu’il reste encore à faire pour améliorer le niveau de transparence budgétaire dans la région. Cette étude considère comme satisfaisants seuls les résultats supérieurs à 60 points. Les résultats de l’étude soulignent le besoin urgent de construire de meilleures pratiques budgétaires et des mécanismes de responsabilisation. Sans transparence, la consolidation de la démocratie n’est pas possible.
Pour voir les résultats, aller sur www.iltpweb.org.
Pour davantage d’informations, contacter José María Marín [email protected].
Pratiques et procédures budgétaires en Afrique par Paolo de Renzio, Overseas Development Institute, Royaume-Uni
Depuis 2003, l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) fait la promotion de l’Enquête sur les pratiques et procédures budgétaires pour réunir des informations sur le fonctionnement des systèmes budgétaires dans différents pays. En 2008 l’enquête s’est élargie à un total de 97 pays, incluant des informations de 26 pays africains réunies en collaboration avec la CABRI (Collaborative Africa Budget Reform Initiative). Dans le cadre de la préparation du cinquième séminaire annuel organisé en avril 2009 au Sénégal, une équipe de recherche de la London School of Economics a analysé les résultats de l’enquête. Le rapport du travail (disponible ici), a été réalisé grâce au soutien de la Banque africaine de développement et réunissait les conclusions de l’enquête pour offrir un panorama des pratiques budgétaires en Afrique.
L’enquête a été remplie à travers une plateforme en ligne par des fonctionnaires du Ministère des finances dans les pays participants. Comme il n’y a pas de participation de la société civile dans ce processus, la base de données offre un moyen unique et complet de comparer et contraster le budget national et les pratiques de gestion financière, pouvant être utilisé par des analystes budgétaires, des universitaires et des membres de la société civile à l’intérieur et hors du continent. Le rapport offre une révision des pratiques et procédures budgétaires dans sept secteurs clés:
- Dates limites du budget
- Formulation du budget
- Vigilance parlementaire
- Exécution du budget
- Transparence fiscale
- Dépenses hors du budget et
- Gestion de l’assistance
Ces secteurs ont été sélectionnés afin de couvrir les thèmes budgétaires les plus pertinents pour l’Afrique et se concentrer sur un sous-ensemble de questions pour lesquelles tant la couverture que la qualité des réponses sont du plus haut niveau possible.
L’analyse souligne la diversité de pratiques et procédures qui caractérisent les pays africains, par exemple, concernant les dates limite du budget, la nature des institutions du budget et le rôle des parlementaires. Ces différences dépendent de nombreux facteurs, depuis les traditions administratives et les efforts de réforme, jusqu’aux réalités économiques passées et présentes. Une conséquence importante de ceci est le fait qu’il peut être difficile d’identifier des recettes permettant de contribuer à améliorer les pratiques budgétaires dans l’ensemble du continent, puisque la majorité dépendront d’interventions conçues pour répondre à des questions spécifiques à l’intérieur de chaque système budgétaire national.
En plus de la variété des pratiques et procédures existantes dans l’ensemble du continent, les résultats identifient également des défis importants pour les pays africains. La nécessité d’augmenter la transparence et répondre au thème des dépenses hors du budget est un secteur. Dans de nombreux cas, les réponses nationales révèlent le manque de disponibilité et d’accessibilité de l’information budgétaire ce qui, à son tour, peut avoir un impact sévère sur la responsabilisation et la “fonction de défi” dans le processus budgétaire, mais aussi nuit à la cohérence et la coordination des politiques publiques. L’administration de l’assistance et la qualité des projections de moyen terme sont d’autres questions qui demandent de l’attention. Spécialement pour les gouvernements qui dépendent de l’aide d’agences de financement. Une gestion plus proactive des flux de l’assistance peut générer davantage de bénéfices en termes de “inclure l’assistance dans le budget” et améliorer la capacité du gouvernement à adopter une perspective de moyen terme. Finalement, des thèmes liés comme la solidité de l’exécution budgétaire et les procédures d’audit montrent qu’il peut toujours y avoir des améliorations.
Pour davantage d’informations, contacter Paolo de Renzio [email protected].
Modifications de l’enquête sur le budget ouvert, par Vivek Ramkumar, IBP
Sur la base d’apports de la part de chercheurs et d’importantes révisions internes, le Partenariat budgétaire international (IBP) a réalisé trois changements dans la méthodologie de l’enquête sur le budget ouvert, fondement de l’indice sur le budget ouvert. Le premier changement se réfère à l’opportunité du lancement des huit documents budgétaires clés évalués pour l’enquête. Le deuxième changement est l’inclusion du budget exécuté dans les calculs des résultats nationaux pour l’IBO. Le troisième changement se fonde sur des commentaires réalisés par des experts du Brésil et du Nigeria qui ont conduit à des révisions apportées à des réponses à quelques-unes des questions utilisées pour évaluer ces pays.
Pour davantage d’informations sur les changements spécifiques, veuillez consulter:
1. Format révisé du Guide du Questionnaire sur le budget ouvert 2010, disponible sur: http://openbudgetindex.org/files/OBIGuide2010.pdf
2. Nouveaux résultats et classements pour l’IBO 2006 et 2008, disponible sur: http://openbudgetindex.org/files/Rankings2006-Revised.pdf et http://openbudgetindex.org/files/Rankings2008-Revised.pdf
3. Note explicative sur les changements dans la méthodologie de l’IBO, disponible sur: http://www.openbudgetindex.org/cms/index.cfm?fa=view&id=2932
Sur la base de ces révisions, les résultats pour tous les pays inclus dans l’enquête de 2006, sauf un, ont augmenté légèrement; le seul pays dont le résultat a diminué (d’un point) est le Bengladesh. Les changements positifs sont plus visibles pour les pays qui occupent les moins bonnes places du classement sur l’échelle d’évaluation, puisque la valeur marginale d’une réponse positive est plus grande pour eux. Dans la mesure où l’augmentation due à la disponibilité du budget exécuté est extrêmement petite (ce sont 92 questions qui calculent l’indice du budget ouvert et le résultat maximum pouvant être obtenu par chaque pays est de 100 points), pour de nombreux pays, le résultat général de l’indice demeure le même (seuls les résultats de 20 pays ont changé).
Pour les pays inclus dans l’enquête sur le budget ouvert 2008, ce changement a réduit les résultats de l’Indice pour un certain nombre de pays qui ne publient pas le budget exécuté. C’est le cas de la Chine, de la Guinée équatoriale, de l’Arabie saoudite et du Soudan. Les résultats pour tous les pays restants sauf un (Namibie) demeurent les même (50 pays) ou augmentent (30 pays).
Leçons tirées du budget de la santé pour l’Inde: dépenses personnelles pour tous?, par Ravi Duggal, IBP
Les budgets de la santé publique représentent une source essentielle d’équité dans la santé pour toute société; ils démontrent l’engagement d’une nation pour assurer que soient assurés les besoins humains de base de tout le monde. La cause principale de sous-développement dans le secteur santé et dans la prestation de services de santé est liée aux allocations budgétaires insuffisantes de la part du gouvernement. Si les indicateurs de santé d’un pays indiquent de grandes iniquités dans les résultats, il est alors évident que l’investissement public en santé est aussi insuffisant.
Des données de pays aux revenus faibles et moyens dans le monde offrent des éléments indiquant que l’allocation insatisfaisante de ressources publiques pour la santé a conduit à ce que plus de 5.6 milliards de personnes doivent financer plus de la moitié de leurs soins de santé à travers la méthode la plus inéquitable possible, c’est-à-dire en couvrant les coûts avec leur propre argent ou prêtant ou vendant des actifs (Rapport mondial de la santé, 2008). Ainsi, dans les pays aux revenus faibles et moyens qui se responsabilisent pour au moins la moitié des dépenses nationales de santé (publiques et privées), les résultats pour la santé et l’accès aux services de santé sont généralement favorables et équitables. Par exemple au Chili, au Costa Rica, à Cuba, en Malaisie, au Sri Lanka et en Thaïlande, les dépenses gouvernementales représentent entre 46 et 88% des dépenses totales de santé. Sont ainsi atteints des niveaux raisonnables de bonne santé et un accès relativement acceptable aux services de santé.
Dans le cas de l’Inde, nous pouvons voir les effets de l’insuffisance des fonds publics pour les gens. En Inde, les dépenses en santé publique représentent moins de 20% des dépenses totales pour la santé et les dépenses personnelles atteignent 98% de toutes les dépenses privées pour la santé. La santé et les services de santé sont non seulement pauvres mais aussi très inéquitables. L’enquête nationale de santé de la famille (National Family Health Survey, NFHS) le montre clairement. La mesure de l’iniquité entre la frange la plus haute et la frange la plus faible pour certains indicateurs est énorme. Cette comparaison montre que pour U5 (enfants ayant moins de cinq ans), la mortalité est 2.97 plus élevée pour la frange du bas, que l’accès aux médecins pour les soins prénataux est 3.83 plus élevé pour la frange du haut, que la prestation de services dans des infrastructures de santé est 6.59 fois plus élevée et que les enfants de la frange la plus basse sont 10.11 fois plus exposés que ceux de la frange du haut, car non immunisés. En revanche, les enfants de la frange la plus haute ont 2.9 fois plus de possibilités d’avoir une immunisation complète que ceux de la frange la plus basse. Ceci est du au fait que les dépenses pour la santé publique en Inde représentent moins de 1% du Produit intérieur brut (PIB), ce qui contraste avec les dépenses privées, s’élevant à plus de 5% du PIB; cette proportion favorise les familles avec des revenus plus élevés et une solvabilité économique pour payer les soins de santé de leur propre poche.
Le dernier budget pour 2009-10 ne diffère pas des cinq derniers budgets, ni d’aucun budget antérieur. Dans le budget 2009-10, l’augmentation générale (en prix réels) des dépenses gouvernementales sur l’année fiscale antérieure est estimée à 36%, mais l’augmentation pour le secteur santé est bien inférieure, atteignant à peine 22% (226.41 milliards de Rs pour le budget actuel, pour 184.76 milliards en 2008-09), ce qui montre un faible niveau d’attention accordé au secteur santé. Si nous regardons le programme de santé de la Mission nationale de santé rurale (National Rural Health Mission, NRHM), la situation est encore pire avec une augmentation de seulement 15.6% entre 2008-09.
Quant à l’implantation budgétaire des finances de santé publique, l’office de comptabilité (Finance and Appropriation Accounts) révèle que toutes les dépenses n’ont pas été exécutées, notamment celles liées aux programmes prioritaires pour le gouvernement sous la NRHM, comme l’immunisation. Certains bureaucrates de haut niveau attribuent souvent la faute à la capacité d’absorption limitée des Etats et ils s’opposent à l’augmentation des budgets pour la santé, bien que cette posture entre en conflit avec la demande de ressources au niveau de la prestation de services de santé. Le suivi communautaire de la NRHM en collaboration avec la société civile a démontré clairement les résultats insuffisants issus des activités de la NRHM. Les mêmes problèmes se poursuivent, incluant:
- Médicaments insuffisants
- Manque de personne médical et paramédical
- Faible utilisation de fonds non attribués
- Qualité limitée des services de santé primaire
- Peu de collaboration du personnel
Ainsi, le problème n’est pas la capacité d’absorption mais la faible planification budgétaire pour répondre aux demandes des gens. En outre, les bureaucraties centrales et étatiques ne sont pas disposées à céder leur contrôle sur le système de prestation de services, malgré tout ce qui a été dit sur la décentralisation. Elles peuvent permettre la planification décentralisée à travers les panchayats (corps gouvernementaux locaux) – et offrir certains fonds non attribués pour leur utilisation par les panchayats—mais ne transfèrent jamais le contrôle fiscal, ni la gouvernabilité, ni l’autonomie ou le contrôle administratifs aux unités qui donnent directement des soins.
La tentative du gouvernement national pour augmenter les dépenses totales en santé publique en augmentant les allocations à son programme national rural de santé (National Rural Health Mission) a échoué parce que les Etats ont répondu par la réduction des dépenses. Au lieu de décentraliser les dépenses de santé, le gouvernement a pris le contrôle d’une grande partie des ressources du secteur; et celles-ci n’ont pas été utilisées de façon appropriée, ni même pour les programmes prioritaires.
Le cas de l’Inde nous montre que le problème se situe au niveau de l’allocation et l’utilisation des ressources. Ceux qui offrent les services connaissent la situation de première main et peuvent planifier et évaluer les ressources mais ce ne sont pas eux qui prennent les décisions. Ce sont ceux qui gouvernent depuis les capitales nationales et étatiques qui prennent toutes les décisions, sans avoir idée de la réalité à laquelle sont confrontés les gens. En Inde, par exemple, la NRHM n’est pas parvenu à faire les corrections structurelles qu’elle voulait faire. A moins que change radicalement le budget et que les mécanismes de financement concèdent l’autonomie totale à ceux qui conduisent le système de santé publique, la NRHM continuera de s’enfoncer et les dépenses personnelles des foyers les plus pauvres continueront d’augmenter.
Adapté de “Sinking Flagships and Health Budgets in India” par Ravi Duggal, Economic and Political Weekly, 15 août 2009, Vol: XLIV No.33 http://indiaenvironmentportal.org.in/files/Sinking%20Flagships%20and%20Health.pdf.
Institutionnalisation des budgets de genre en Inde par Benita Sharma, experte en genre, Inde
L’initiative des budgets sensibles au genre (Gender Responsive Budgeting, GRB) de l’Inde a débuté en juillet 2000 avec l’atelier “Sensibilisation des budgets nationaux au genre dans le Sud de l’Asie” qui a été organisé à New Delhi en collaboration avec UNIFEM. L’atelier réunissait des membres du gouvernement, des agences des Nations unies, des médias, des organisations de la société civile et des membres de la commission de planification de l’Inde—responsable des plans quinquennaux de développement qui servent de base à l’implantation du budget. L’experte en audit Diane Elson a présenté des données pertinentes sur la contribution économique des femmes à la société conjointement à une évaluation de l’impact du budget national sur les femmes, le rôle des femmes pour améliorer le cadre institutionnel pour la prestation de services publics et des alternatives politiques pour construire un budget avec une sensibilité de genre. Après la réunion, l’Institut national des finances et politiques publiques (National Institute of Public Finance and Policy, NIPFP) une institution autonome qui conseille le gouvernement sur les politiques fiscales et qui réalise des recherches pour le Ministère des finances, a réalisé une étude sur des thèmes liés aux politiques économiques et a publié la première étude sur les budgets sensibles au genre en Inde pour le NIPFP avec le soutien d’UNIFEM.
Le programme GRB d’UNIFEM en Inde a obtenu l’approbation du Ministère des finances pour travailler sur les budgets de genre. A la demande du Ministère des finances, a été inclus un chapitre sur l’équité de genre dans l’enquête économique nationale 2001 – il s’agit du guide financier du gouvernement. C’était la première fois que le terme “genre” était inclus dans l’enquête économique nationale de l’Inde. L’enquête 2002 incluait des chapitres sur les “Femmes dans la population active” et le “Développement des femmes et enfants”. L’introduction du genre dans l’enquête n’institutionnalisa cependant pas l’initiative GRB au niveau national. L’année suivante, il n’a été fait aucune mention aux femmes ou au genre dans l’enquête, ce qui a montré la nécessité de surveiller constamment et d’avoir une incidence sur l’équité de genre.
Sur la base de discussions avec des groupes de femmes, le Ministère pour le développement des femmes et des enfants (Ministry for Women and Children Development, MWCD) a conçu une équipe de genre dans chaque ministère pour superviser le programme GRB sans obtenir aucun résultat. Dans la majorité des cas, le responsable du budget a considéré que les budgets sensibles au genre représentaient une responsabilité additionnelle et la promotion de ce thème n’a donc pas été faite à l’intérieur des ministères respectifs. En outre, il était clair que les ministères n’avaient aucune idée de comment faire progresser le thème du GRB. En février 2006, le NIPFP a collaboré avec l’ONG internationale IFES – le Fonds internationale pour les systèmes électoraux qui fait la promotion d’élections justes dans le monde- pour organiser des consultations avec des représentants du Ministère des finances, le MWCD, des femmes élues, des ONG et des associations de femmes; ils ont identifié les actions suivantes pour garantir le succès de l’initiative de GRB:
- Développer un manuel de formation sur les GRB (budgets sensibles au genre) pour uniformiser la compréhension des GRB dans l’ensemble des ministères
- Dissoudre les équipes de genre et constituer et former des groupes de budgets liés au genre intégrés par quatre membres pour superviser les GRB dans chaque ministère
- Désigner un fonctionnaire officiel au niveau du secrétariat pour diriger chacun des groupes de budgets liés au genre
- Rassembler les meilleures pratiques de GRB
- Former des femmes élues sur le GRB pour répondre à l’équité de genre
L’IFES a soutenu la formation des groupes de budgets liés au genre par l’Institut indien d’administration publique en collaboration avec le MWCD. Les recommandations mentionnées ci-dessus ont été utilisées par ces groupes créés par le Ministère des finances. La collaboration entre le Ministère des finances et le MWCD a rendu obligatoire l’initiative de GRB dans tous les ministères, ce qui a conduit à son institutionnalisation. A suivi un atelier de formateurs sur le GRB à partir duquel a été intégré un groupe d’experts en GRB qui forment désormais des fonctionnaires du gouvernement, des ONG et des femmes élues. Il existe également un service de conseil formé par trois experts sous le MWCD et soutenu par UNIFEM pour appuyer le travail du MWCD avec plusieurs acteurs du GRB. En plus de former des fonctionnaires du gouvernement de l’Inde, le service de conseil a organisé des réunions avec différents ministères pour les sensibiliser concernant le thème du genre dans leurs propres programmes et lignes directrices, identifier des brèches de genre et offrir des interventions pour combler ces brèches. Depuis 2007 le Ministère des finances a rendu obligatoire que tous les ministères rapportent non seulement la quantité de fonds dépenses; mais aussi quel a été l’impact des fonds pour les femmes. Parmi les progrès récents, nous pouvons mentionner:
- En 2004, le MWCD a reconnu les budgets de genre comme un outil important pour donner du pouvoir aux femmes. A été adopté le principe de “budgétisation pour l’équité de genre” et il a été diffusé à tous les ministères et départements du gouvernement. De son côté, le MWCD a transmis le GRB vers les Etats.
- Le plan quinquennal de l’Inde (2008-2012) a été développé de manière participative et avec une sensibilité au genre. Avec le soutien de UNIFEM et du PNUD, ont été organisées cinq réunions avec des organisations de femmes, Women’s Political Watch et Women Power Connect, conjointement à la société civile pour assurer que les voix des groupes de base se reflètent dans le plan. Chaque secteur est étudié dans une perspective de genre, comme par exemple le genre et l’agriculture. En outre, la commission de planification (Planning Commission, PC) a formé un groupe de travail sur “la transmission de capacités aux femmes” et un groupe d’économistes pour identifier les brèches de genre dans les politiques et programmes du gouvernement. Une section indépendante sur l’équité de genre a été inclue dans le plan quinquennal actuel pour la première fois. Ceci souligne le fait que l’équité de genre a besoin de politiques et de lignes directrices dans les ministères et départements gouvernementaux pour s’assurer des provisions appropriées.
- Le Ministre des finances a indiqué que l’étape suivante des réformes doit se concentrer sur la gestion des dépenses et sur les résultats. Dans le cadre du processus de suivi, les ministères et départements gouvernementaux doivent préparer un budget fondé sur les résultats dans lesquels les bénéficiaires sont distingués par genre.
L’analyse de genre du budget de l’Inde, réalisée par un grand nombre de groupes de femmes et institutions académiques comme le NIPFP et l’Université de Jahawar lal Nehru, a conduit à la publication d’informations sur les dépenses publiques que les groupes de femmes utilisent dans leurs négociations avec les décideurs et membres du parlement pour s’assurer que les femmes reçoivent ce qui leur correspond. L’évaluation des grandes lignes gouvernementales – dont les grandes lignes anti-pauvreté à travers la perspective du genre – fait maintenant partie du système d’évaluation de l’impact du gouvernement, ce qui garantit que tous les programmes sociaux s’adressent aux femmes.
Pour davantage d’informations, contacter Benita Sharma [email protected].
Incidence pour améliorer les budgets pour l’éducation par Samantha Ross, HakiElimu, Tanzanie
HakiElimu, une organisation de la société civile basée à Dar es Salaam, en Tanzanie, travaille pour transformer les écoles, influer sur les politiques publiques, stimuler le dialogue public et organiser des communautés locales pour améliorer les niveaux d’équité et de qualité de l’éducation. Une partie centrale du travail de HakiElimu consiste à analyser le budget national et le budget pour l’éducation. Cette année, HakiElimu a non seulement réagi au budget pour l’éducation après son approbation par le parlement, mais a aussi entrepris des démarches concrètes – préalables à l’approbation du budget – pour influer sur le vote des ministres et assurer un budget éducatif plus représentatif des besoins des gens.
Durant la session budgétaire de juin et juillet de cette année, HakiElimu a décidé de faire un travail d’incidence pour modifier le débat du budget sur l’éducation avec un document bref dirigé au Parlement. L’idée est d’utiliser ce document alors que le budget se trouve dans la phase d’approbation pour promouvoir une discussion plus critique et des résultats plus favorables. La décision de développer ce rapport a été appuyée par le fait que les membres du parlement, dont le premier ministre, ont cité directement par le passé les publications de HakiElimu. L’expérience de l’équipe des moyens de communication de HakiElimu a été très utile dans cet effort.
Le processus d’incidence
HakiElimu a analysé le budget de l’éducation présenté au parlement en utilisant les informations du site Internet du Ministère des finances. Sur la base de ces informations, l’organisation a préparé un rapport de deux pages félicitant le gouvernement pour l’augmentation du budget général pour l’éducation et exigeant que priorité soit donnée à la qualité de l’éducation et à l’obtention de meilleurs niveaux de transparence. Les recommandations offertes étaient réalistes et mesurables. Bien que la majorité des rapports soient écrits en anglais et en swahili et se distribuent largement dans tout le pays, ce rapport a été écrit uniquement en swahili pour garantir sa compréhension par les membres du parlement (MP) et a été remis à chacun des MP.
Parallèlement, HakiElimu a publié un communiqué d’une page entière dans trois périodiques de circulation nationale avant la lecture du budget. Les périodiques ont été choisis en fonction de leur lecteur et leur bonne réputation journalistique. Ceci permettait que si à un MP n’était pas remis le rapport, il était possible qu’il ou elle lise les pétitions et préoccupations de HakiElimu dans le journal. En même temps, l’équipe de communication de HakiElimu a également fait circuler une annonce à la télévision et dans un service radiophonique public décrivant les problèmes personnels et professionnels auxquels sont confrontés les enseignants et demandant: les plans et budgets du gouvernement prennent-ils en compte les défis auxquels sont confrontés les enseignants? Cette annonce est passée sur trois chaînes télévisées, trois fois par jour, entre quatre et six semaines et sur quatre stations de radio de couverture nationale et quatre stations de radio communautaires, entre cinq et six fois par jour.
Les résultats
La réponse fut positive. Les MP d’opposition ont été vus à la télévision avec le rapport de HakiElimu à la main, l’utilisant pour défier le gouvernement et exiger ce qui était suggéré par HakiElimu. Cependant, au lieu d’utiliser le document comme guide pour un dialogue plus critique, les MP ont préféré le lire directement. On peut se demander ce qu’ils auraient dit ou non, si le rapport n’avait pas été mis entre leurs mains. En outre, le document a été utilisé largement par des journaux de diffusion nationale après la présentation du budget. De nombreux journalistes ont cité des données et utilisé l’analyse pour critiquer le budget.
Des questions pertinentes liées au budget de l’éducation ont été présentées aux parlementaires ainsi qu’au public en général. HakiElimu a aussi appris que l’utilisation de tous les chemins possibles pour promouvoir un message est très efficace. Cela n’est pas suffisant de mener une recherche et écrire un rapport; les conclusions les plus importantes doivent être diffusées de façon proactive, en prenant en compte le public à qui elles sont présentées. Bien qu’écrire et distribuer des documents soient utile et nécessaire, cela ne se substitue en aucune façon aux discussions et interactions personnelles. Une combinaison d’analyse inclusive, de diffusion d’informations et de contact personnel est, sans aucun doute, le moyen le plus efficace d’atteindre les esprits et les coeurs.
Pour davantage d’informations, contacter Samantha Ross [email protected].
Techniques novatrices de financement pour atteindre les objectifs du millénaire par Jay Colburn, IBP
Depuis la création des Objectifs de développement du millénaire (ODM) par les Nations unies en 2000, de nombreux gouvernements et organisations ont contribué avec des milliards de dollars pour les atteindre. [1] Aujourd’hui, à plus de la moitié du chemin pour arriver à 2015 et malgré le fait qu’il y ait eu beaucoup de progrès dans des secteurs comme l’éducation primaire, la mortalité infantile et la durabilité environnementale, de nombreux ODM comme l’emploi, la faim et la salubrité ne sont pas en voie d’être atteints. En plus du caractère imprévisible et limité de l’assistance pour le développement de la part des gouvernements, la crise globale récente a aussi eu un impact négatif sur le financement des ODM. C’est pourquoi sont nécessaires de nouvelles méthodes de financement pour atteindre à temps les objectifs.
Les organisations de la société civile (OSC) autour du monde ont pris en main cette question et font la promotion de l’importance d’atteindre les ODM et de promouvoir les méthodes innovantes de financement. Des organisations comme Leading Group on Innovative Financing for Development et High Level Taskforce on Innovative International Financing on Health Systems soutiennent des évaluations indépendantes pour déterminer la possibilité de programmes de financement innovants qui évaluent les coûts et bénéfices potentiels et identifient comment ces fonds doivent être gérés et par qui.
Une campagne récente de financement alternatif a surgi à partir de 1Goal: Education for All. Cette campagne, initiée par la Global Campaign for Education dispose du soutien de la Fédération internationale de football 2010 dans le monde pour conscientiser les gens sur l’importance de l’éducation pour tous et de l’objectif pour l’éducation. De nombreux leaders du monde entier et footballeurs internationalement reconnus se sont unis début octobre 2009 pour le lancement global de la campagne “1Goal Campaign” et promouvoir l’importance de l’éducation et de l’augmentation des investissements dans les écoles, les livres, les enseignants, etc. Le Center for Global Development (CGD) a proposé à travers son blog un composant additionnel à l’initiative qui permet aux équipes, aux joueurs, aux chaînes de télévision, aux fans et autres, de contribuer avec une certaine somme d’argent – par exemple 1US$ – pour chaque équipe ou joueur de son choix qui marque un but durant les matchs du mondial. L’argent collecté serait destiné à l’objectif sur l’éducation. Le blog du CDG promeut également un nouveau mécanisme pour distribuer ces fonds connu sous le nom“Cash on Delivery, COD,” où les donateurs payent “cash” uniquement à partir du moment où un résultat préalablement défini est atteint (par exemple, 200$ pour chaque enfant additionnel qui passe un test standardisé à la fin de l’école primaire). Cependant, les détails de cette proposition financière et sa méthode de distribution doivent être étudiés et analysés. Avant d’être implantée, il faut encore déterminer la meilleure façon de vérifier les payements de façon indépendante et si le COD représente réellement une amélioration supérieure à d’autres mécanismes d’assistance devant être évalués.
Une autre proposition créative a été publiée dans un article d’opinion du New York Times écrit par Philippe Douste-Blazy, Conseiller spécial pour le secrétaire général des Nations unis sur le financement innovant (Special Adviser to the United Nations Secretary General on Innovative Financing). L’idée est d’imposer un impôt mineur sur les transactions de type change de monnaies de grande circulation (le dollar américain, la livre sterling, l’euro et le yen japonais). L’impôt serait volontaire, mais étant accepté par tout pays, il s’appliquerait à toutes les transactions avec la monnaie de ce pays. Des projections indiquent que si un impôt de 0.005% est imposé dans ces monnaies sur le marché du change étranger (avec approximativement 800 trillions de dollars de transactions annuelles), plus de 33 milliards de dollars seraient disponibles chaque année pour les objectifs de développement. Douste-Blazy explique que l’impôt serait collecté par un système informatique qui gère les transactions de change étrangères ou par un modèle similaire à celui du fonds global de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria) mais d’autres études doivent être faites pour analyser l’impact sur le marché du change et le système de perception le plus approprié.
L’impôt sur le change peut suivre l’exemple d’une autre proposition innovante pour financer les ODM qui a déjà été établie dans 14 pays. [2] Ces pays collectent un petit impôt auprès des compagnies aériennes. La quantité diffère selon les pays et il s’agit d’une cotisation soit fixe soit qui se fonde sur des facteurs comme le niveau de développement d’un pays, la distance parcourue ou si le billet est une première ou deuxième classe. L’argent réuni à partir de cet impôt est géré par UNITAID—une organisation établie pour aider à atteindre les ODM, surtout les objectifs liés à la santé – et finance plus de 70% du travail d’UNITAID en matière de VIH/SIDA, paludisme et tuberculose. Comme cet impôt a réuni plus de 700 millions de dollars pour l’objectif de santé depuis 2006, de nombreux pays envisagent un mécanisme de contribution volontaire sur les billets d’avion, réunissant potentiellement 2 milliards de dollars additionnels cette année. Tant les impôts obligatoires que les volontaires ont démontré être des mesures financières efficaces contribuant à atteindre les objectifs du millénaire avant 2015.
Les OSC peuvent contribuer à soutenir les objectifs du millénaire à travers les actions suivantes:
- Avoir une incidence publique sur des thèmes importants de développement
- Concevoir des stratégies pour atteindre les objectifs
- Travailler avec des gouvernements pour implanter des programmes d’investissement
- Faire le suivi et l’évaluation d’efforts pour atteindre les objectifs du millénaire
- Mobiliser et alerter les gens sur les objectifs du millénaire
- Partager les meilleures pratiques et l’expérience technique avec les gouvernements
- Dispenser directement des services
- Participer à la conception, l’implantation et la révision de stratégies de combat contre la pauvreté en faveur des objectifs du millénaire
Quelques exemples spécifiques des contributions des OSC pour atteindre les ODM:
- Une OSC grecque imprime les huit ODM sur des tracts et les distribuent dans des écoles et hôpitaux.
- Une organisation du Bengladesh a organisé un atelier sur les ODM pour des journalistes au niveau national en 2006 et a planifié des ateliers sur les ODM pour des journalistes en 2007.
- Une OSC du Sénégal a organisé des marches contre la faim et des manifestations de conscientisation sur les ODM, tout en offrant des programmes basiques d’alphabétisation des femmes et enfants de la rue.
- Un groupe au Mexique est engagé au niveau national pour offrir un appui et des soins psychologiques, des informations nutritionnelles et des campagnes d’information sur la prévention et le traitement du VIH/SIDA.
- Un petit groupe environnemental de Russie est en train de créer un village écologique pour améliorer la qualité de l’environnement et éduquer les gens sur son importance. [3]
Avec les efforts des gouvernements du monde entier pour respecter leurs promesses de développement – complétés par les différentes initiatives financières – la communauté internationale s’approche chaque jour un peu plus des objectifs du millénaire.
Pour davantage d’informations, contacter Jay Colburn [email protected].
[1] Les huit objectifs du millénaire (Millennium Development Goals, MDGs) pour réduire la pauvreté au niveau mondial avant 2015 sont: 1) Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim; 2) Atteindre l’éducation primaire universelle; 3) Promouvoir l’équité de genre et transmettre des capacités aux femmes; 4) Réduire la mortalité infantile; 5) Améliorer la santé maternelle; 6) Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies; 7) Assurer la durabilité environnementale et 8) Développer une alliance globale pour le développement.
[2] Les 14 pays incluent le Bénin, le Burkina Faso, le Chili, la Côte d’Ivoire, la France, la Guinée, la Jordanie, l’Île Maurice, Madagascar, le Mali, le Maroc, le Niger, la République démocratique du Congo et la République de Corée du Sud.
[3] Voir http://www.nsi-ins.ca/english/pdf/wtp_2008.pdf, page 9.
La nouvelle loi sur les ONG en Zambie menace la liberté d’expression de la société civile, par Lena Vind-Andersen, MS Zambia
Des organisations de la société civile (OSC) en Zambie ont exprimé leur frustration devant la législation imminente de la toute récente proposition de loi sur les ONG (organisations non gouvernementales) qui exige des ONG, incluant les organisations communautaires de base, les réquisits suivants:
- Remise obligatoire d’un enregistrement institutionnel, devant être renouvelé tous les cinq ans. L’enregistrement peut être refusé au nom de l’intérêt public, mais “l’intérêt public” n’est pas défini dans la loi.
- Rapporter le financement organisationnel, les activités et les biens personnels de leurs représentants.
- Planification d’activités conformément au plan de développement national de la Zambie. Ceci serait garanti à travers un conseil récemment établi responsable de la création d’un “code de conduite”. Ne pas respecter le code de conduite peut résulter en l’annulation ou la suspension de l’enregistrement institutionnel.
Les OSC sont déçues par le fait qu’un président républicain puisse approuver une proposition de loi qui limite les droits constitutionnels liés à la liberté d’expression et d’association. La loi viole les instruments régionaux et internationaux sur les droits de l’homme qui garantissent la liberté d’association comme la Convention internationale sur les droits politiques et civiles, le Chapitre africain sur les Droits de l’homme et des peuples et les provisions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998.
Ingrid Srinath, secrétaire générale de CIVICUS, souligne que tout cadre régulateur pour les ONG doit préserver activement l’indépendance du secteur. Cette loi, au contraire, cherche à affaiblir l’autonomie des ONG et à les convertir en des extensions du gouvernement.
Loi approuvée par le parlement sans consultations
La loi nationale sur les ONG de Zambie a été proposée initialement en 2007, confrontée à une grande opposition qui a conduit à son retrait du parlement. Cette année, le gouvernement est décidé à approuver la proposition et à la convertir en loi, malgré la vague de manifestations. Le porte-parole du gouvernement de Zambie et le Ministre de l’information, Ronnie Shikapwasha, affirment que le gouvernement “a largement consulté” avant de formuler cette proposition, mais la communauté des ONG n’est pas d’accord.
“La loi a été conçue sans consulter la société civile et la micro administration que le gouvernement fait du secteur aura un impact négatif sur le développement social de la Zambie”, explique Engwase Mwale, directrice exécutif du comité coordinateur des ONG (NGO Co-ordinating Committee, NGOCC), un corps d’organisations de la société civile qui travaille des thèmes de genre. Malawo Matyola, secrétaire exécutive du Conseil de la Zambie pour le développement social (Zambia Council for Social Development, ZCSD), partage la même opinion et déclare “le gouvernement n’a pas inclus la majorité des apports des ONG qui devaient normalement être inclus dans la proposition”.
Les implications pratiques
La loi peut représenter un sérieux recul pour les activités des ONG. Engwase Mwale est particulièrement préoccupée par le réquisit quinquennal de renouvellement d’enregistrement. Elle considère que cela peut potentiellement causer des torts et générer une insécurité entre les ONG et les donateurs, pour lesquels il sera plus difficile de planifier des activités et des projets pour plus de cinq ans. Ceci affectera surtout les organisations qui travaillent sur des projets à long terme. Elle souligne aussi la difficulté à laquelle seront confrontées les organisations plus petites pour remplir les réquisits de la loi concernant l’enregistrement institutionnel et la déclaration des biens et actifs.
Une des conséquences de cette loi peut être la diminution du nombre d’organisations communautaires de base qui fournissent des services à la population rurale, particulièrement dans des zones qui manquent de services publics.
Une autre préoccupation exprimée par Lee Habasonda, directeur exécutif de Saccord, concerne le fait que s’unir au secteur non gouvernemental peut démotiver professionnellement les gens. “Quand ils apprendront que les ONG doivent déclarer leurs biens personnels à un conseil de personnes qui ne sont apparemment pas formées pour cela, ils décideront peut-être de ne pas s’orienter vers ce secteur”, a-t-il commenté à “Irin News.”
En résumé, la nouvelle loi permet au gouvernement de Zambie de décider de qui peut obtenir l’enregistrement, pour combien de temps cette organisation peut le conserver, de quels thèmes elle peut travailler et où. En outre, le gouvernement a été très clair concernant ce qu’il ne veut pas: “Il n’est pas approprié de créer une ONG afin de s’opposer au gouvernement… aux gens qui ont été élus…Quand tu te positionnes contre le gouvernement, tu deviens un parti politique”, explique Ronnie Shikapwasha.
Les ONG de Zambie ne se déclarent pas vaincues pour autant. L’étape suivante sera de traduire le parlement devant la cour pour adoption d’une loi anticonstitutionnelle.
Pour davantage d’informations, contacter Lena Vind-Andersen [email protected].
Amélioration de l’accès à l’information de la jeunesse au Ghana, par King Sarfo, Youth Empowerment for Africa, Ghana
L’organisation Youth Empowerment for Africa, YEA, a été fondée au Ghana en 2008. YEA lutte pour des politiques qui répondent aux demandes et besoins des citoyens, surtout la jeunesse. YEA fait la promotion d’une plateforme pour que les jeunes puissent s’impliquer activement dans la prise de décisions et dans l’implantation de politiques publiques qui les concernent.
D’octobre 2008 à mars 2009, l’équipe de recherche de YEA a réalisé des enquêtes pour réunir des informations sur les secteurs de la jeunesse. Des fonctionnaires publics, des organisations de jeunes et des analystes de politiques sociales ont été contactés pour donner des informations sur la participation de la jeunesse dans les thèmes socioéconomiques, avec une attention particulière accordée à leur compréhension et participation dans les questions budgétaires. Les conclusions ont révélé que la population jeune au Ghana – entre 15 et 35 ans – reste en retrait des questions budgétaires, du fait de l’inaccessibilité des informations budgétaires publiques et du mythe concernant la complexité technique de l’analyse budgétaire. Même si le budget est perçu comme un document public très important, d’après le Ministre des finances et de la planification économique alors en place, il reste inaccessible pour la majorité des gens au Ghana. Au Ghana, l’éducation publique concernant où et comment obtenir un document public est très limitée. Les enquêtes ont révélé que la population au Ghana soit n’avait jamais vu d’exemplaire du budget national, soit ne savait pas qu’il s’agissait d’un document public.
FACE à cette situation, YEA a implanté un projet dénommé “Les jeunes dans la démocratie budgétaire” (Youth in Budget Democracy) pour accroître l’accès des jeunes à l’information budgétaire et promouvoir leur intérêt pour le suivi budgétaire afin de générer des changements dans les politiques publiques. A été formée une équipe de travail pour rendre visite à plusieurs communautés dans les régions de Accra et Ashanti et elle a découvert que la majorité des bibliothèques publiques ne disposaient pas d’exemplaires du budget et que de nombreuses personnes ignoraient qu’il s’agit d’un document public. Pour répondre à ces problèmes, YEA:
- A organisé des ateliers pour des organisations spécifiques de jeunes (scolaires et communautaires) pour élargir leur compréhension des thèmes budgétaires
- A informé le public sur la disponibilité des informations budgétaires à travers Internet et des chaînes de radio locales
- A distribué des informations budgétaires parmi les jeunes à travers des supports promotionnels comme des tee-shirts, des pancartes, des tracts et des décalcomanies
- A organisé une conférence nationale pour réunir des jeunes pour discuter des conclusions du projet
En réponse à la sollicitude de YEA, l’unité de développement du budget du Ministère des finances à distribué des copies des budgets nationaux et d’autres documents publics aux bibliothèques nationales qu’englobe le projet. Désormais, YEA est en discussions avec cette entité pour définir comment maintenir le projet de budget dans la bibliothèque pour garantir la disponibilité des documents du budget national dans toutes les bibliothèques publiques du Ghana. YEA est également en communication avec d’autres organisations de la société civile pour soutenir la formation de jeunes leaders dans tout le pays. A la veille de la présentation du budget national 2010 le 18 novembre, YEA espère contacter toutes les bibliothèques de lycées et niveau supérieur dans cinq des dix régions au Ghana et distribuer des copies du budget. Ceci sera réalisé en collaboration avec l’unité de développement du budget du Ministère des finances et la fédération d’associations de jeunes du Ghana.
Pour davantage d’informations, contacter King Sarfo [email protected].
Traduction en Français de Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
La version en Français du guide de l’IBP, Our Money, Our Responsibility – Notre argent, notre responsabilité: Guide de surveillance des dépenses publiques à l’intention des citoyens, a été publiée et est disponible sur la page de l’IBP : https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-Expenditures-French.pdf.
Le guide a été traduit au Français et imprimé grâce au soutien généreux de l’agence canadienne de développement internationale (ACDI) et l’Open Society Initiative de l’Afrique de l’Ouest (OSIWA), respectivement. Des exemplaires imprimés du guide sont distribués largement parmi les organisations paires de l’IBP dans les pays francophones et sont également disponibles pour ceux qui les sollicitent.
Ce guide reflète l’intérêt croissant des organisations de la société civile pour le suivi des résultats obtenus à partir des dépenses gouvernementales. Il offre une révision de l’implantation du budget du gouvernement, incluant l’exécution du budget, le processus d’acquisitions du secteur public, la mesure de l’impact et les processus de vigilance législative. Le guide offre des outils pratiques qui ont été mis à l’épreuve et qui peuvent être utilisés par des organisations indépendantes intéressées par le suivi des dépenses du gouvernement.
Pour demander un exemplaire, envoyer une copie à [email protected].
Edition révisée du livre Civil Society de Michael Edwards
Depuis sa publication en 2004 Civil Society est devenue une source de référence pour ceux qui cherchent à comprendre le rôle de l’action citoyenne volontaire dans le monde contemporain.
Dans cette édition révisée avec rigueur, Edwards actualise les arguments et exemples présentés dans la version originale et inclut de la matière nouvelle sur la société civile en Afrique et au Moyen Orient, la société civile globale, la technologie de l’information et de nouvelles formes d’organisation citoyenne. Il explique comment dans le futur les pressions de l’intromission de l’Etat, l’individualisme réémergeant et des forces déjà connues comme le nationalisme et le fondamentalisme mettront à l’épreuve et reconfigureront l’action citoyenne de formes positives et négatives.
Des collègues et universités, fondations, ONG, concepteurs de politiques publiques, journalistes et commissions de recherche ont utilisé le livre d’Edwards pour comprendre et renforcer le rôle que peut jouer la société civile pour approfondir la démocratie, reconstruire la communauté et faire face à la pauvreté, à l’iniquité et à l’injustice. Cette nouvelle édition sera une lecture obligatoire pour toute personne intéressée par la création d’un monde meilleur à travers l’action citoyenne volontaire.
Leslie Lenkowsky de l’Université d’Indiana déclare, “la deuxième édition de ce livre est encore meilleure que la première et offre une excellente introduction à un concept compliqué. La perspective globale de ce livre est particulièrement louable. En ajoutant de la matière sur l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine, ainsi que sur la société civile transnationale, l’auteur présente une vision vraiment inclusive de ce thème”.
Pour demander le livre et davantage d’informations, aller sur John Wiley à l’adresse suivante: http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0745645860.html.
Nouveau rapport: La renta de hidrocarburos en las finanzas prefecturales. Tendencias de los ingresos y gastos (1997-2007) par Juan Luis Espada
Après avoir eu un déficit de 9% en 2002, l’économie de Bolivie s’est améliorée jusqu’à atteindre un excédent en 2006. Cette récupération économique était due à l’exploitation des hydrocarbures et l’excédent de revenus a généré une hausse des dépenses publiques. Ce rapport préparé par le Centre d’études pour le développement agraire et du travail (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA) étudie comment les revenus additionnels des industries extractives sont utilisés au niveau régional. Il identifie également l’impact du nouveau flux de ressources dans les dépenses publiques. Finalement, le rapport révise les changements dans la structure du gouvernement de Bolivie, issus des revenus supplémentaires des industries extractives. Le CEDLA est un centre de recherche fondé en 1985 consacré à l’analyse des politiques économiques liées avec les travailleurs ruraux et urbains.
Pour lire le rapport, aller sur:
http://www.cedla.org/sites/default/files/TENDENCIAS_pdf.pdf.
Nouveau livre: Fighting Poverty with Facts: Community-Based Monitoring Systems par Celia Reyes et Evan Due
Ce livre du Centre de recherche sur le développement international du Canada (International Development Research Centre, IDRC) examine comment le système communautaire de suivi (Community-Based Monitoring System, CBMS) a été appliqué en Afrique et en Asie. Le CBMS reconnaît que les pauvres doivent participer à la planification des programmes publics qui affectent leur bien-être et que pour que ces derniers soient efficaces, ils doivent être dirigés et intégrés par des informations désagrégées, pertinentes, réelles et précises. Pour obtenir cela, le CBMS rassemble des communautés et des autorités locales pour réunir et surveiller à partir des informations locales les changements s’opérant dans les conditions de vie et utiliser ces informations pour la planification et la création de politiques publiques.
Les auteurs présentent des recommandations aux décideurs, aux donateurs et aux chercheurs. Ils présentent aussi des guides pour développer et implanter des systèmes de suivi de la pauvreté dans d’autres régions du monde. L’IDRC du Canada travaille en proche collaboration avec des chercheurs des pays en voies de développement pour construire des sociétés plus saines, équitables et prospères.
Pour obtenir un exemplaire imprimé ou électronique du livre, aller sur: http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=95.
Nouveau site Internet de l’UNICEF sur les politiques sociales et économiques
L’UNICEF a lancé récemment un nouveau site Internet pour communiquer ses perspectives et connaissances sur les politiques sociales et économiques en se concentrant sur leur importance pour les enfants. Ce site inclut: des informations et des évènements liés à la crise de l’économie mondiale, toute une série de travaux et de rapports de l’UNICEF sur la politique sociale et économique et des liens vers des organisations paires comme le Partenariat budgétaire international.
Pour visiter le site, aller sur: www.unicef.org/socialpolicy.
by soapbox | Sep 1, 2009
Social and Government Audits
- “It’s Our Money. Where’s It Gone?” IBP’s New Documentary on Social Audits
- Bruno Wilhelm Speck, Transparency International, Reviews The Political Economy of Government Auditing. Financial Governance and the Rule of Law in Latina America and Beyond by Carlos Santiso
Survey Roundup: Budget Transparency, Practices, and Procedures
- Release of the Latin American Transparency Index 2009 by José María Marín, Fundar, Mexico and Rocío Campos, IBP
- Budget Practices and Procedures in Africa by Paolo de Renzio, Overseas Development Institute, UK
- Modifications to the Open Budget Survey Results by Vivek Ramkumar, IB
Health and Gender Budgets in India
- Lessons from India’s Health Budget: Out-of-pocket Expenditures for All? by Ravi Duggal, IBP
- Institutionalizing Gender Budgets in India by Benita Sharma, gender budget expert, India
Access to Information, Freedom of Expression, and Education for All: Strategies and Challenges
- Advocacy to Improve Education Budgets by Samantha Ross, HakiElimu, Tanzania
- Innovative Financing to Achieve the Millennium Development Goals by Jay Colburn, IBP
- New NGO Law in Zambia Threatens Civil Society’s Freedom of Expression by Lena Vind-Andersen, MS Zambia
- Improving Access to Information for Ghanaian Youths by King Sarfo, Youth Empowerment for Africa, Ghana
New Publications and Resources
- French Translation of Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
- Revised Edition of Michael Edwards’ Civil Society
- New Book: La renta de hidrocarburos en las finanzas prefecturales. Tendencias de los ingresos y gastos (1997-2007) by Juan Luis Espada
- New Book: Fighting Poverty with Facts: Community-Based Monitoring Systems by Celia Reyes and Evan Due
- UNICEF’s New Social and Economic Policy Website
“It’s Our Money. Where’s It Gone?” IBP’s New Documentary on Social Audits
The International Budget Partnership (IBP) is proud to announce the release of “It’s Our Money. Where’s It Gone?”—a new documentary film on the work of one of its partners, MUHURI (Muslims for Human Rights), to involve communities directly in monitoring the Constituency Development Fund (CDF) in Mombasa, Kenya. The CDF allocates approximately one million dollars annually to each member of parliament to spend on development projects in his or her constituency but provides for no meaningful independent oversight. This is the story of ordinary Kenyans stepping in to do something about it.
See how MUHURI uses “Social Audits” to involve communities in monitoring and holding their government accountable for managing the public’s money and meeting the needs of its people, especially the poor and most vulnerable.
Help us get the word out—Share with your friends, colleagues, and networks!
To see the video, go to: www.internationalbudget.org or http://www.youtube.com/watch?v=z2zKXqkrf2E.
Bruno Wilhelm Speck, Transparency International, Reviews The Political Economy of Government Auditing. Financial Governance and the Rule of Law in Latina America and Beyond by Carlos Santiso
Government auditing is an arcane activity at the periphery of public administration—as has been the academic study of audit institutions. Interest shifted recently, once audit institutions were rediscovered as an institutional asset of political systems that can be used to fight waste and misuse of public resources. Since good governance became the focus of public sector reformists, scholars have tried to understand what audit institutions do, where they fail to do a good job, and how to improve their performance. Carlos Santiso has written extensively on the topic of public finance management and now has published his doctoral thesis, The Political Economy of Government Auditing. Financial Governance and the Rule of Law in Latina America and Beyond, based on a thorough analysis of audit institutions in Argentina, Brazil, and Chile.
His book includes a detailed description of the institutional profile of the audit institutions in these countries, which follow different models of institutional design and function:
- the Chilean monocratic model, inspired by the Anglo-Saxon tradition in which audit institutions focus on performance reviews of public resource management;
- the Brazilian court model, with a collegiate decision-making process driven by questions of compliance with accounting standards and budget laws; and
- the hybrid Argentinean board model, in which the collegiate decision-making process is combined with a counseling role of the legislative branch
These case studies include detailed information on the historic origin and institutional trajectory of the “Auditoría General de la Nación” in Argentina, the “Tribunal de Contas da União” of Brazil, and the “Contraloría General de la República” in Chile, highlighting differences in institutional design and role. Despite these differences, the main shortcomings are similar in all three cases: once the audit institutions conclude their task and issue reports, the findings have limited impact on public administration and tend not to be followed up on by the legislature or result in court action to hold officeholders responsible for misbehavior.
This is an important finding to guide public sector reform and future research on government auditing. Rather than focusing only on institutional capabilities and independence from other powers, would-be reformers and researchers should also address audit institutions’ need to integrate the detection of misbehavior, analysis of responsibilities, and application of sanctions.
Santiso argues that to be effective audit institutions have to be functionally linked to a web of accountability that puts audit findings into practice. Assessing misbehavior is part of the core professional task of audit institutions, and the independence of these institutions is important to keep this phase free from political interference. The tricky question is who should hold officeholders responsible for misbehavior once auditors have issued their findings. Santiso makes a useful distinction between an oversight function that includes controlling, informing, and restraining the power of government and an accountability function that comprises sanctions and enforcement. The author concludes the former should stay with audit institutions, while the legislature is better prepared for the latter.
Santiso looks at the relationship between the legislature and audit institutions, finding that lawmakers tend to perform their role of holding government accountable using the “fire alarm” model, i.e., they act when problems occur. In contrast, they maintain a “police patrol” system with audit institutions performing continuous scrutiny on how the government manages public resources. The tragedy is that once reported, many audit findings fall into oblivion. This is the case in Argentina, where the alternative strategy has been to leak audit findings to the public and put pressure on politicians; in Brazil, where despite the authority of the TCU to apply sanctions, its decisions are questioned in court; and in Chile, where the CGR’s approach of compliance reviews does not promote interaction with the legislature.
Chapter three of Santiso’s book ventures into quantifying the performance of audit institutions. The author develops four indicators on key dimensions of government auditing in 10 Latin American countries, including independence, credibility, timeliness, and enforcement. Unfortunately, Santiso does not share details on the composition of these indicators, despite signs that he developed a sophisticated methodology to compose the indicators (two out of four indicators draw on data from the International Budget Partnership’s Open Budget Initiative). Statistical analysis establishes a correlation between the effectiveness of government audit institutions and other indicators of good governance. However, the direction of causality remains unclear.
Reforming government auditing has to focus on vertical and horizontal accountability. It should find ways to make audit institutions an integral part of the backward-looking task of sanctioning misbehavior, and the forward-looking role of improving public resource management. Santiso’s book is a landmark along this path. In Santiso’s own words, “civil society organizations scrutinizing the budget, including the media, are critical allies of audit agencies along the chain of accountability described in the book. However, the potential of such relationship is seldom deployed to its fullest.”
For more information, contact Bruno Wilhelm Speck at [email protected].
For further reading, review:
Improving Fiscal Governance and Curbing Corruption: How Relevant Are Autonomous Audit Agencies? by Carlos Santiso
Access to Public Information and Citizen Participation in Supreme Audit Institutions by Ezequiel Nino
Responding to Challenges of Supreme Audit Institutions: Can Legislatures and Civil Society Help? By Albert van Zyl, Vivek Ramkumar, and Paolo de Renzio
The Role of Civil Society Organizations in Auditing and Public Finance Management by Vivek Ramkumar and Warren Krafchik
Release of the Latin American Transparency Index 2009 by José María Marín, Fundar Mexico and Rocío Campos, IBP
On November 10 the fifth round of the Latin American Budget Transparency Index was released in 12 Latin American countries. This perceptions study compares the levels of transparency and citizen participation throughout the budget process in Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru, and Venezuela. The organizations tha conducted the study are: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC (Buenos Aires, Argentina), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA (La Paz, Bolivia), Instituto de Estudos Socioeconomicos (Brasilia, Brazil), Foro Joven, Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas, Proyección Andina y Co-deliberar (Santa Fe de Bogota, Colombia), Programa Estado de la Nación, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, y Fundación Arias (San Jose, Costa Rica), Grupo Faro (Quito, Ecuador), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, (Ciudad de Guatemala, Guatemala), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Probabilística (Mexico DF, Mexico), Centro de Estudios y Acción Social Panameña, CEASPA (Panama, Panama), Ciudadanos Al Día, y Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (Lima, Peru), Fundación Solidaridad, (Santiago, Dominican Republic), Transparencia Venezuela (Caracas, Venezuela).
In spite of the legal framework that regulates the access to budget information in Mexico, the study shows that the perception of the level of budget transparency and citizen participation has decreased from 54 points in 2005, to 50 points in 2007, to 48 points in 2009. This is because the information disseminated by the government is confusing and creates doubts and mistrust among the general public. In addition, the economic crisis has accentuated the weaknesses of the country’s public administration.
Venezuela earned the lowest score (23 points) among the countries included in the Index. At the opposite end of the spectrum, Costa Rica continues to be the only country with a passing score higher than 60 percent, and Peru is second with 54 percent.
Colombia experienced the most significant change in its score, which grew from 38 points in 2007 to 46 points in 2009. Factors contributing to Columbia’s improved status include the implementation of new mechanisms for formulating the national budget and the creation of new spaces for the public to debate the budget.
Except for Costa Rica, Peru, and Venezuela, the rest of the countries studied scored within a range of 42 to 50 points, revealing a need to make significant progress toward improving the level of budget transparency across the region. (The study considers only scores over 60 as satisfactory.) These results highlight the urgent need to develop better budget practices and accountability mechanisms, because without transparency the consolidation of democracy is not possible.
To see the country results, go to www.iltpweb.org.
For more information, contact José María Marín at [email protected].
Budget Practices and Procedures in Africa by Paolo de Renzio, Overseas Development Institute, UK
Since 2003 the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) has promoted a Survey on Budget Practices and Procedures to collect information on how budget systems work in different countries. In 2008 the survey was extended to a total of 97 countries, including collecting data for 26 African countries in collaboration with the Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI). In preparation for CABRI’s Fifth Annual Seminar, held in April 2009 in Senegal, a research team from the London School of Economics analyzed the survey results. The resulting report (available here), compiled with support from the African Development Bank, brings together selected findings from the survey to give an overall picture of the state of budgeting in Africa.
The survey was completed by officials from the Ministry of Finance in the participating countries through an online platform. While there was no civil society involvement in this process, the database provides budget practitioners, academics, and civil society with a unique and comprehensive source of data to compare and contrast national budgeting and financial management practices from across the continent and beyond. The report provides an overview of budget practices and procedures in seven key areas:
- Budget timelines
- Budget formulation
- Parliamentary oversight
- Budget execution
- Fiscal transparency
- Off-budget spending
- Aid management
These areas were selected to cover the most relevant issues for budgeting in Africa, and to focus on a subset of questions for which both coverage and quality of responses were of the highest level possible.
The analysis highlights the variety of practices and procedures that characterizes African countries, for example, those regarding budget timelines, the nature of budget institutions, and the role of parliaments. These differences are the consequence of a number of factors, from administrative traditions to reform efforts, to past and current economic realities. An important consequence of this is that it might be difficult to identify ready-made recipes that can contribute to improving budget practices across the continent, as improvements will depend on tailor-made interventions that are designed to address specific issues within each country’s budget system.
Apart from documenting the existing variety of practices and procedures across the continent, the results also identify significant challenges that African countries are facing. The need to increase transparency and address the issue of off-budget spending is one area. In many cases, country responses reveal the lack of availability and comprehensiveness of budget information, which in turn can have a severe impact on accountability and on the “challenge function” in the budget process but also undermine coherence and coordination in policy making. Aid management and the quality of medium-term projections are other areas that deserve close attention. Especially for those governments that depend heavily on donor funding, a more proactive management of aid flows could bring about significant benefits in terms of “putting aid on budget” and improving the capacity of the government to adopt a medium-term perspective. Finally, issues related to the solidity of budget execution and audit procedures show ample room for improvement.
For more information, contact Paolo de Renzio at [email protected].
Modifications to the Open Budget Survey Results by Vivek Ramkumar, IBP
Based on inputs received from researchers and extensive internal reviews, the International Budget Partnership (IBP) has made three changes in the methodology applied to its Open Budget Survey, which is the basis for the Open Budget Index (OBI). The first change concerns the timing of the release of the eight key budget documents assessed by the Survey. The second change is the inclusion of the enacted budget in calculating country scores for the OBI. The third change is based on comments received from experts from Brazil and Nigeria that resulted in revisions to the answers of a few questions used to assess these countries.
For more information on the specific changes, please review:
1. Revised draft of the Guide to the Open Budget Questionnaire 2010, available at http://openbudgetindex.org/files/OBIGuide2010.pdf
2. New rankings and scores for the OBI 2006 and 2008, available at http://openbudgetindex.org/files/Rankings2006-Revised.pdf and http://openbudgetindex.org/files/Rankings2008-Revised.pdf
3. Note explaining changes in OBI methodology, available at http://www.openbudgetindex.org/cms/index.cfm?fa=view&id=2932
Based on these revisions, scores for all but one country included in the Open Budget Survey 2006 have slightly improved; the only country whose score decreased (by one point) is Bangladesh. The improvements are more visible for those countries at the bottom of the rankings, as the marginal value of a positive answer is greater for them. Given that the increase due to the availability of the Enacted Budget is extremely small (since there are 92 questions included in calculating the Open Budget Index and the maximum score that any country can achieve is 100 points in total), for many countries, the overall Index score remains unchanged (scores for only 20 countries changed).
For countries included in the Open Budget Survey 2008, this change reduced Index scores of a few countries that do not release the Enacted Budget, namely China, Equatorial Guinea, Saudi Arabia, and Sudan. Scores for all but one (Namibia) of the remaining countries that were included in the Open Budget Survey 2008 remained the same (50 countries) or increased (30 countries).
Lessons from India’s Health Budget: Out-of-pocket Expenditures for All? by Ravi Duggal, IBP
Public health budgets constitute a critical source for health equity in any society; they demonstrate a country’s commitment to ensuring that the basic human needs and rights for all its people are met. The prime cause of underdevelopment in the health sector and healthcare delivery is inadequate government budget allocations. If a country’s health indicators show gross inequities in outcomes then it is evident that public investment in health is also grossly inadequate.
Data from low- and middle-income countries across the world provides clear evidence that the failure to commit adequate public resources to health has resulted in over 5.6 billion people having to finance over half of their healthcare using the most inequitable method available—paying out-of-pocket, often through borrowing and selling assets (World Health Report 2008). On the other hand, in countries, even low- and middle-income countries, that take responsibility for at least half of national health spending (public and private), health outcomes and access to healthcare are generally favorable and equitable. For instance in Chile, Costa Rica, Cuba, Malaysia, Sri Lanka, and Thailand, government spending accounts for between 46 and 88 percent of total health spending. This leads to reasonably good health outcomes and relatively good access to basic healthcare.
Looking at the case of India, we can see how the question of adequate public health budgets looks on the ground. In India, with public health spending accounting for less than 20 percent of total health spending, and out-of-pocket expenditure reaching 98 percent of all private health expenditure, health and healthcare access are not only poor but also highly inequitable. The National Family Health Survey (NFHS) shows this very clearly. The extent of inequity between the top and bottom quintile for some key indicators is huge. In looking at the bottom quintile compared to the top, U5 (children under five years old) mortality is 2.97 times higher in the bottom, access to doctors for ANC (antenatal care) is 3.83 times higher, delivery in a health facility is 6.59 times higher, and children in the lowest quintile are 10.11 times more likely than their high-quintile counterparts to have no immunization. In contrast, children in the highest quintile are 2.9 times more likely to have full immunization than those in the lowest. This is because the public health expenditure in India accounts for less than 1 percent of the gross domestic product (GDP), in contrast to private health expenditure of over 5 percent of GDP; this ratio favors those families with higher incomes and thus greater ability to pay out-of-pocket for care.
The latest budget for 2009-10 is no different from the last five budgets, or for that matter any earlier budget. In the 2009-10 budget, the overall increase (in current prices) in government expenditure over the previous fiscal year is estimated at 36 percent, but the increase for the health sector is much lower at a mere 22 percent (Rs 226.41 billion in the current budget against Rs 184.76 billion in 2008-09), showing a low level of concern for the health sector. If we look at the flagship program in the health sector, the National Rural Health Mission (NRHM), the situation is even more pathetic, with an increase over 2008-09 of only 15.6 percent.
On the budget implementation side of public health finance, the Finance and Appropriation Accounts reveal gross under spending in some of the government’s own key priority programs under NRHM, like immunization, RCH, and flexi pool funding that affects performance and outcomes. Some high level bureaucrats often blame this on poor absorption capacity of states and oppose increased budgets for health, but this position is in conflict with the substantial demand for resources at the level of health service delivery. The community monitoring of NRHM in partnership with civil society has clearly demonstrated the inadequate performance of NRHM activities. The same problems continue, including:
- inadequate drug supplies
- lack of medical and paramedical staff
- poor utilization of untied funds
- poor quality of primary health centre (PHC) services
- uncooperative behavior of the staff
Hence, the problem is not the absorption capacity but the poor budget planning to address the demands of the people. Furthermore, the central and state bureaucracies are unwilling to relinquish their control over the healthcare delivery system, despite a lot of talk about decentralization. They may allow decentralized planning through the panchayats (local government bodies)—and even provide some untied funds for the panchayats’ direct use—but they will never transfer fiscal, governance, and management autonomy and control to the units that provide care directly.
The national government’s attempt to increase total spending on public health by hiking allocations to its National Rural Health Mission program has failed because the states have responded by reducing their expenditure. Instead of decentralizing expenditure on health, the national government has taken control of a larger share of resources for the sector, resources that have not been adequately utilized even for priority programs.
This example from India shows us where the problem lies in resource allocation and use. Those who deliver care, who understand and know the situation firsthand and can plan and budget the resources, have no role in decision making. And those who govern from the state and national capitals make all the decisions without having a clue to what the realities are on the ground. In the India example, this is why the NRHM has failed to make the structural corrections that it was intended to make. Unless radical changes in budget and financing mechanisms are put in place that grant full autonomy to those who directly run the public health system, the NRHM flagship will continue to sink and the out-of-pocket expenditure for poor households will continue to grow.
Adapted from “Sinking Flagships and Health Budgets in India” by Ravi Duggal, Economic and Political Weekly, August 15, 2009, Vol: XLIV No.33 http://indiaenvironmentportal.org.in/files/Sinking%20Flagships%20and%20Health.pdf.
Institutionalizing Gender Budgets in India by Benita Sharma, gender budget expert, India
The Gender Responsive Budgeting (GRB) initiative in India started in July 2000 with the workshop “Engendering National Budgets in the South Asia Region,” which was held in New Delhi in collaboration with UNIFEM. The workshop gathered South Asian government representatives, UN agencies, media, civil society organizations, and members of India’s Planning Commission, which is responsible for the five-year national development plans on which the budget is implemented. Gender auditing expert Diane Elson presented relevant data on women’s economic contribution to society along with an assessment of the impact of the national budget on women. She also discussed women’s role in improving the institutional framework for the delivery of public services, and policy alternatives for building a gender sensitive budget. A significant outcome of the meeting was that the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), an autonomous institution that provides the government advice on fiscal policy and conducts research for the Ministry of Finance, was commissioned to study gender-related economic policy issues. This led to the publication of the first study on gender budgeting in India by NIPFP with support from UNIFEM.
UNIFEM’s GRB program in India obtained the Ministry of Finance’s consent to work on gender budgeting. At the request of the Ministry, a chapter on gender equality was included in the 2001 National Economic Survey—the government’s financial roadmap. This marked the first time the term “gender” was used in the National Economic Survey of India. The 2002 Survey included chapters on “Women in the Work Force” and “Development of Women and Children.” The introduction of gender in the Survey, however, did not institutionalize GRB at the national level. The following year there was no mention of women or gender in the Survey, showing the need to monitor and advocate for gender equity on a regular basis.
Based on discussions with women’s groups, the Ministry of Women and Children Development (MWCD) designated a gender team in each ministry to oversee GRB, but this did not succeed. In most cases the budget officer considered gender budgeting an appended responsibility and did not promote the issue within their respective ministries. In addition, it was clear that the ministries had no idea how to take GRB forward. In February 2006 NIPFP collaborated with the international NGO, IFES—the International Fund for Election Systems, which works to promote fair elections around the world—to organize consultations with representatives from the Ministry of Finance, MWCD, elected women’s representatives, NGOs, and grassroots women and identify the following actions to ensure the success of GRB:
- Develop a training manual on GRB to ensure a common understanding of GRB across ministries
- Dissolve the gender teams and develop and train gender budget cells (GBC), which designate four members in each ministry to oversee GRB
- Designate a senior official at the level of the Joint Secretary as the head of the GBC
- Collect best GRB practices
- Build capacity of elected women representatives on GRB to address gender equity issues
IFES supported the capacity building of GBCs, which was organized by the Indian Institute of Public Administration in collaboration with MWCD. The actions recommended above fed into the charter of GBCs developed by the Ministry of Finance. The collaboration between the Ministry of Finance and MWCD made GRB mandatory for all ministries, thus institutionalizing it. This was followed by a GRB training of trainers that began to establish a pool of GRB experts who now conduct capacity building on GRB for government officials, NGOs, and elected women representatives.
Today a help desk of three experts under MWCD is being supported by UNIFEM to help the ministry work with various stakeholders on GRB. In addition to conducting capacity-building trainings for Indian government officials, the help desk convenes one-on-one meetings with different ministries to gender-sensitize their programs and schemes, identify gender gaps, and provide interventions to bridge those gaps. Since 2007 the Ministry of Finance has made it mandatory that all ministries must report not only the amount of funds that have been spent but also what has been the impact of the expenditures on women. Other recent developments include:
- In 2004 the MWCD recognized gender budgeting as an important tool for women’s empowerment. They adopted “Budgeting for Gender Equity” as a mission statement, which was disseminated to all ministries and departments of the government. This was followed by MWCD taking GRB to the states.
- India’s current five-year plan (2008-2012) was developed in a participatory and gender sensitive manner. With the support of UNIFEM and UNDP, five regional meetings were held with Women’s Political Watch and Women Power Connect and other civil society organizations to ensure that the voices of grassroots groups were reflected in the plan. Each subject area is looked at from a gender angle, e.g., gender and agriculture. In addition, the Planning Commission (PC) formed a working group on “Empowerment of Women” and a group of economists to identify gender gaps in government’s policies and programs. For the first time, a separate section on gender equity was included in the current five-year plan. It emphasizes that gender equity requires policies and schemes across government ministries and departments to secure adequate provisions.
- The finance minister indicated that the next stage of reforms should shift to focus on expenditure management and outcomes. As part of the monitoring process, government ministries and departments are required to prepare a performance and outcome budget in which beneficiaries are disaggregated by gender.
The gender analysis of the Indian budget, which is carried out by a large number of women’s groups and academic institutions, like NIPFP and Jahawar lal Nehru University, has made expenditure data available to women’s groups, who now use it in their negotiations with policy makers and with members of parliament to ensure that women get their due share. Evaluation of government schemes, including anti-poverty schemes, through a gender lens is now part of the government’s impact assessment system, ensuring that all social programs target women.
For more information, contact Benita Sharma at [email protected].
Advocacy to Improve Education Budgets by Samantha Ross, HakiElimu, Tanzania
HakiElimu, a civil society organization based in Dar es Salaam, Tanzania, works to transform schools, influence policy making, stimulate public dialogue, and organize local communities to improve the levels of equity and quality in education. A central part of HakiElimu’s work is to analyze the national budget and the education budget. This year HakiElimu not only reacted to the education budget after its approval by Parliament but took concrete actions—prior to the approval of the budget—to influence the ministers’ vote and secure a better prioritized education budget that would benefit Tanzanians.
During this year’s budget session in June and July, HakiElimu decided to raise awareness and change the pre-education budget debate by writing a short pre-budget brief addressed to Parliament. The idea was to use this brief while the budget was being tabled to prompt a more critical discussion and to promote more favorable outcomes. The decision to develop a brief was supported by the fact that parliamentarians, including the prime minister have directly quoted from HakiElimu’s publications in the past. The experience of HakiElimu’s media unit was instrumental in this effort.
The Advocacy Process
HakiElimu analyzed the education budget that was to be presented in Parliament using information accessible from the website of the Ministry of Finance. Based on this information they wrote a two-page brief congratulating the government on increasing the overall education budget and demanding better prioritization on quality education alongside improved transparency. The recommendations given were achievable and measurable. Although most reports are written in Swahili and English and widely distributed across the country, the brief was written only in Swahili to ensure its full understanding by the members of parliament (MPs), and it was handed out in person to each MP.
In tandem, HakiElimu ran the brief as a full-page advert in three national newspapers over the three consecutive days leading up to the reading of the budget. The newspapers were chosen on the basis of their readership and reputation of serious journalism. This ensured that if an MP had missed the delivery of the brief, it is likely that she or he would have read HakiElimu’s concerns and requests in the newspaper. At the same time HakiElimu’s media unit also ran a TV and radio public service announcement that described the numerous personal and professional problems facing teachers and asked: Are government plans and budgets seriously thinking about the challenges teachers face? This announcement was aired on three TV stations, three times a day, for four to six weeks, and on four national radio stations and four community radio stations, five to six times daily.
The Results
The response was positive. Opposition MPs were seen on television holding the brief, using it to challenge the government, and demanding what HakiElimu had suggested. However, instead of using the brief to guide more critical dialogue, the MPs preferred to read directly from it. One wonders what they might have said, or not, if HakiElimu’s brief had not been in their hand. In addition, the brief was extensively used by national newspapers following the budget speech, with journalists quoting figures and using the analysis to write critiques of the budget.
Relevant issues related to the education budget were brought to the attention of Parliamentarians as well as the general public. Furthermore, HakiElimu learnt that using all avenues to get your point across is effective. It is not enough to conduct research and write a report; critical findings need to be disseminated proactively, keeping the intended audience in mind at all times. Although writing and distributing briefs is useful and necessary, it cannot replace the in-depth discussions that can stem from face-to-face interaction. A combination of comprehensive analysis, research dissemination, and personal contact is surely the most effective way to win hearts and minds.
For more information, contact Samantha Ross at [email protected].
Innovative Financing to Achieve the Millennium Development Goals by Jay Colburn, IBP
Since the creation of the United Nations’ Millennium Development Goals (MDGs) in 2000, many organizations and governments have contributed billions of dollars to reach the MDGs. [1] Now more than halfway to 2015, though great progress has been made in the areas of primary education, infant mortality, and environmental sustainability, many MDGs such as employment, hunger, and sanitation are not on track to being achieved. In addition to governments’ unpredictable and insufficient official development assistance, the recent global economic crisis has hurt MDGs funding. Hence, there is a need for new financing methods to achieve the targets on time
Civil society organizations (CSOs) around the world have taken matters into their own hands and are raising awareness about the importance of reaching the MDGs, as well as promoting innovative financing methods. Organizations such as the Leading Group on Innovative Financing for Development and the High Level Taskforce on Innovative International Financing on Health Systems support independent assessments to determine the feasibility of innovative financing programs that evaluate potential costs and benefits and identify how such funds should be managed and who should do so.
One recent campaign for a new approach to financing stemmed from 1Goa: Education for All. This campaign, initiated by the Global Campaign for Education, is supported by the 2010 FIFA World Cup and footballers (soccer players) around the world to raise awareness of the importance of education for all and the education MDG. Many world leaders and world-famous footballers recently came together in early October 2009 for the global launch of the Goal 1 Campaign, promoting the importance of education and greater investment in schools, books, teachers, etc. The Center for Global Development (CGD) proposed through its blog an added component to the 1Goal Initiative that would build on the overall effect of this campaign, namely to allow teams, players, TV stations, fans, and others, to contribute a certain amount of money—for example, US$1—for each team or player of their choice that scores a goal during World Cup matches. The money raised would go towards achieving the education MDG. The CGD’s blog also advocated for a new and creative mechanism for delivering these funds dubbed “Cash on Delivery,” where donors pay “cash” only upon “delivery” of an agreed upon outcome (e.g., $200 for each additional child who takes a standardized test at the end of primary school). The details of such a financing proposal and its delivery method would need to be researched and analyzed, however. Before being implemented, the best way to independently verify outcomes for payment proportional to progress needs to be decided and whether COD is an improvement over other aid mechanisms needs to be evaluated.
Another inventive financing idea was originally proposed in a New York Times opinion article by Philippe Douste-Blazy, Special Adviser to the United Nations Secretary General on Innovative Financing. The idea is to impose a small tax on currency exchange transactions on the world’s major currencies (the US dollar, the British pound, the Euro, and the Japanese yen). The tax would be voluntary, but if a country agreed it would be applied to all trades of that country’s currency. Estimates show that if a 0.005 percent tax were levied on these currencies in the foreign exchange market (with an estimated $800 trillion in trades annually) more than $33 billion would be available annually for development purposes. Douste-Blazy claims the tax could be collected by a computer system handling foreign exchange transactions or by a model similar to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria but further studies must be carried out to analyze the tax’s impact on the currency trading market and an appropriate collection and management system.
The currency exchange tax could follow the example of another innovative idea to finance MDGs, which has already been established in 14 countries. [2] These countries charge a small tax on airline tickets. The amount varies from country to country and is either a flat fee or is based on such factors as the country’s level of development, the distance traveled, and whether the ticket is coach or business class. The money raised from this tax is managed by UNITAID—an organization established to help achieve the MDGs, particularly the goals dealing with health—and funds more than 70 percent of UNITAID’s work with HIV/AIDS, malaria, and tuberculosis. While this tax has raised over $700 million for health MDGs since 2006, many countries are contemplating a voluntary contribution mechanism on airline tickets, potentially raising an additional $2 billion a year. Both the compulsory and voluntary taxes have proved to be successful innovative financing measures that contribute to reaching the MDGs by 2015.
CSOs can contribute to support the MDGs by:
- Advocating publicly for pressing development concerns
- Designing strategies to meet targets
- Working with governments to implement scaled-up investment programs
- Monitoring and evaluating efforts to achieve MDGs
- Mobilizing and building public awareness around MDGs
- Sharing best practices and technical expertise with governments
- Delivering services directly
- Participating in design, implementation, and review of MDG-based poverty reduction strategies
Specific examples of CSO contributions to achieving the MDGs include:
- A Greek CSO is printing the eight MDGs on leaflets and distributing them to schools and centers for the elderly.
- An organization in Bangladesh conducted a workshop on the MDGs for journalists at the national level in 2006 and planned more journalist sensitization workshops on achieving the MDGs in 2007.
- A Senegalese CSO has organized protest marches on hunger and awareness campaigns on the MDGs, while providing basic literacy classes to street children and women.
- A group in Mexico is engaged at the national level providing psychological care and support, nutritional information, and information campaigns about HIV/AIDS prevention and treatment to people living with HIV/AIDS.
- A small environmental CSO in Russia is creating a local eco-village to improve the quality of the environment and educate people about its importance. [3]
With the efforts of world governments to live up to their development assistance pledges— supplemented by the many innovative financing initiatives—the international community continues to move closer to the achievement of the MDGs.
For more information contact, Jay Colburn at [email protected].
[1] The eight Millennium Development Goals (MDGs) with the aim of halving extreme poverty worldwide by 2015 are: 1) Eradicate extreme poverty and hunger; 2) Achieve universal primary education; 3) Promote gender equality and empower women; 4) Reduce child mortality; 5) Improve maternal health; 6) Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases; 7) Ensure environmental sustainability; and 8) Develop a global partnership for development.
[2] The 14 countries include Benin, Burkina Faso, Chile, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of Congo, France, Guinea, Jordan, Madagascar, Mali, Mauritius, Morocco, Niger, and the Republic of South Korea.
[3] See http://www.nsi-ins.ca/english/pdf/wtp_2008.pdf, page 9.
New NGO Law in Zambia Threatens Civil Society’s Freedom of Expression by Lena Vind-Andersen, MS Zambia
Civil society organizations (CSOs) in Zambia have expressed their dismay about the imminent legislation of the recent NGO (nongovernmental organizations) Bill, which requires NGOs, including community based organizations, to
- Submit to compulsory registration, which must be renewed every five years. Registration can be denied in the public interest, but “public interest” is not defined in the law.
- Report on organizational funding, activities, and the personal assets of their officials.
- Plan activities in accordance with Zambia’s national development plan. This will be ensured by a newly established authorizing board responsible for instituting a “code of conduct.” Noncompliance can result in cancellation or suspension of registration.
CSOs are discouraged by the fact that a republican president would approve a proposed law that infringes on the constitutional rights of freedom of association and expression. The law violates regional and international instruments on human rights that guarantee freedom of association, like the International Covenant on Political and Civil Rights, the African Charter on Human and Peoples’ Rights, and the provisions of the Declaration on Human Rights Defenders adopted by the United Nations General Assembly on December 9, 1998.
Ingrid Srinath, secretary general of CIVICUS, points out that any regulatory framework for NGOs must actively preserve the independence of the sector. This law, in contrast, seeks to emasculate the autonomy of NGOs and co-opt them into becoming extensions of the government.
Law passed without consultations
The Zambian NGO law was first tabled in 2007 and faced significant opposition, which led to its withdrawal from parliament. This year the government is determined to sign into law the 2009 NGO Bill passed by parliament regardless of the protests. The Zambian government spokesperson and minister of information, Ronnie Shikapwasha, claims that the government “consulted widely” before drafting the bill, although this view is not shared by the NGO community.
“The law was conceived without consultation with civil society, and government’s ’micro-management‘ of the sector would have a negative impact on Zambia’s social development, says Engwase Mwale, executive director of the NGO Co-ordinating Committee (NGOCC), an umbrella body for civic organizations promoting gender issues. She is echoed by Zambia Council for Social Development (ZCSD) Executive Secretary Malawo Matyola, “Government has not included most of the submissions which came from NGOs and were supposed to be included in the Bill.”
The practical implications
The law can be a serious set-back to NGOs’ activities. Engwase Mwale is worried about the five year re-registration requirement. She is of the opinion that it could potentially damage and create insecurities among NGOs and donors, who will suddenly find it hard to plan more than five years ahead. This particularly will affect organizations that work on longer-term projects. She also points out that it will be difficult for smaller grassroots organizations to fulfill the requirements of the law regarding registration and declaration of assets.
One of the consequences of this law could thus be a decline in the number of community based organizations who are currently providing essential services to the rural population, particularly in areas where government services are lacking.
Another concern is voiced by Lee Habasonda, executive director of Saccord, who points out that it could discourage professionally qualified people from going into the NGO sector. “When they hear that the NGOs are being ordered to declare their personal assets by a board of people who don’t seem to be sufficiently able to supervise them then they may just shun venturing into the sector,” he recently told Irin News.
In summary, the new law now allows the Zambian Government to decide who gets to register, how long they can register, what issues the NGOs should work on, and where they should be doing it. And the government is very clear on what it doesn’t want: “It is old fashioned to set up an NGO so that you are going to be at variance with the government…with the people that have been elected…When you are going against the government, you are becoming a political party,” states Ronnie Shikapwasha.
The Zambian NGOs are not giving up without a fight, however. The next step will be to take the parliament to court for passing unconstitutional laws.
For more information, contact Lena Vind-Andersen [email protected].
Improving Access to Information for Ghanaian Youths by King Sarfo, Youth Empowerment for Africa, Ghana
The Youth Empowerment for Africa (YEA) was founded in Ghana in 2008. YEA advocates for policies that are responsive to the demands and needs of citizens, particularly youths. YEA works to provide a platform where young people can actively engage in the decision making and implementation of public policies that affect them.
From October 2008 to March 2009, YEA’s research staff conducted surveys to gather information about the youth sectors. Public officials, youth organizations, and social policy analysts were contacted to provide information about youth participation in socioeconomic issues, with particular regard to their understanding and involvement in budget issues. The findings revealed that Ghanaian youths—between 15 and 35 years of age—are alienated from budget issues due to the inaccessibility of public budget information and misconception regarding the technicalities involved in budget analysis. Although the budget is regarded as a very important public document, according to the then minister of finance and economic planning, it remains inaccessible to most Ghanaians. In Ghana there is very limited or no public education on where and how to obtain a public document. Many Ghanaians either had not seen a copy of the national budget or did not know that it is a public document.
In response to this situation YEA implemented a project called Youth in Budget Democracy to increase youth’s ability to access budget information and to promote their interest in doing budget work for policy change. A project team was formed to visit various communities in the regions of Greater Accra and Ashanti. They discovered that most public libraries did not have copies of the budget statement, and most people ignored the fact that the budget is a public document. To overcome this situation YEA:
- Organized training workshops for selected youth organizations (in-school and community based) to build their understanding of budget issues
- Informed the public about the availability of budget information through the Internet and local radio stations
- Distributed budget information to young people through promotional materials, i.e. T-shirts, banners, brochures, and stickers
- Organized a national conference to bring together young people to discuss the findings of the project
In response to a request submitted by YEA, the Budget Development Unit of the Ministry of Finance distributed copies of the national budget statements and other related public documents to public libraries in the areas covered by this project. Currently, YEA is discussing with the Budget Development Unit of the Ministry of Finance how to sustain its “Budget in the Library Project” to ensure the availability of national budget documents in every public library in Ghana. YEA is also contacting other civil society organizations to support the training of youth leaders across the country. With the 2010 national budget statement expected to be out by 18 November, YEA hopes to reach out to all the libraries of senior high and tertiary institutions in five of the 10 regions in Ghana and distribute copies of the budget statement. This will be done in collaboration with the Budget Development Unit of the Ministry of Finance and the Federation of Youth Associations of Ghana.
For more information, contact King Sarfo [email protected].
New Publications and Resources
French Translation of Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
The French version of IBP’s guide, Our Money, Our Responsibility – Notre argent, notre responsabilité: Guide de surveillance des dépenses publiques à l’intention des citoyens, has been published and is now available on the IBP’s website at: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-Expenditures-French.pdf.
The guide was translated into French and printed through the generous support of the Canadian International Development Agency (CIDA) and the Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), respectively. Hard copies of the guide are being distributed widely to IBP’s partner organizations in Francophone countries and are also available upon request.
This guide reflects the growing focus of civil society organizations on monitoring the results achieved by government expenditures. It offers an overview of government budget implementation, including budget execution, procurement, impact measurement, and auditing and legislative oversight processes. The guide provides practical, tested tools that can be used by independent organizations interested in monitoring government expenditures. To order a copy, send an email to [email protected].
Revised Edition of Michael Edwards’ Civil Society
Since its publication in 2004 Civil Society has become a standard work of reference for all those who seek to understand the role of voluntary citizen action in the contemporary world.
In this thoroughly-revised edition, Edwards updates the arguments and evidence presented in the original and adds new material on civil society in Africa and the Middle East, global civil society, information technology, and new forms of citizen organizing. He explains how in the future the pressures of state encroachment, resurgent individualism, and old, familiar forces of nationalism and fundamentalism will test and re-shape the practice of citizen action in both positive and negative ways.
Colleges and universities, foundations, NGOs, public policy makers, journalists, and commissions of inquiry have used Edwards’s book to understand and strengthen the vital role that civil society can play in deepening democracy, re-building community, and addressing poverty, inequality and injustice. This new edition will be required reading for anyone who is interested in creating a better world through voluntary citizen action.
Leslie Lenkowsky at Indiana University says, “The second edition of this book is even better than the first and provides an excellent introduction to a complicated concept. The global scope of the book is particularly valuable. By adding material from Africa, the Middle East and Latin America as well as about transnational civil society, the author has provided a truly comprehensive view of his topic.”
For orders and review/course evaluation copies, please visit John Wiley at http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0745645860.html.
New Book: La renta de hidrocarburos en las finanzas prefecturales. Tendencias de los ingresos y gastos (1997-2007) by Juan Luis Espada
After a 9 percent budget deficit in 2002, Bolivia’s economy improved sufficiently to lead to a surplus in 2006. This economic revival was due to the exploitation of hydrocarbons and the resultant surplus increased public spending. This report prepared by the Center for Labor and Agriculture Development Studies (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario or CEDLA) explores how additional revenues from extractive industries are used at the regional level. It also identifies the impact of the new flow of resources on public spending. Finally, the report looks at changes in the structure of Bolivia’s public administration as a result of the additional revenues from extractive industries. CEDLA is a research center founded in 1985 to analyze economic policies related to rural and urban workers.
To read the report, go to:
http://www.cedla.org/sites/default/files/TENDENCIAS_pdf.pdf.
New Book: Fighting Poverty with Facts: Community-Based Monitoring Systems by Celia Reyes and Evan Due
This book from the International Development Research Centre examines how the Community-Based Monitoring System (CBMS) has been applied in Africa and Asia. CBMS recognizes that the poor must be involved in planning public programs that affect their well being, and that to be effective development programs must be targeted and informed by relevant, current, and accurate disaggregated data. To accomplish this CBMS brings together communities and local authorities to gather and monitor changes in local, verifiable information about actual living conditions, and to use this information for planning and policy making.
The authors present recommendations for policy makers, donors, and researchers. They also present guidelines for developing and implementing poverty monitoring systems in other regions of the world. Canada’s International Development Research Centre works in close collaboration with researchers from the developing world to build healthier, more equitable, and more prosperous societies.
To obtain a hardcopy or online version of the book, go to: http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=95.
New Social and Economic Policy Website by UNICEF
UNICEF has recently launched a new social and economic policy website to communicate its views and knowledge on social and economic policy issues, focusing on their importance to children and how they should be addressed. The site offers information and events related to the global economic crisis, UNICEF’s growing Social and Economic Policy Working Briefs and Papers series, and links to partner organizations including the International Budget Partnership. To visit the website, go to: www.unicef.org/socialpolicy.
