by soapbox | Jul 1, 2009
Estudios del costo de vida ofrecen evidencia para luchar por mejorías
“Making Ends Meet”: Un vistazo al costo de vida en California por Lisa Gardiner, “California Budget Project” (CBP)
Manual sobre la canasta básica en Zambia por Tina Nanyangwe-Moyo, “Jesuit Center for Theological Reflection” (JCTR)
Presupuestos y derechos humanos: iniciativas y recursos
La sociedad civil y el derecho a la salud ganan una victoria en México por Rocío Campos, International Budget Partnership (IBP)
Guía presupuestaria para avanzar el derecho a los alimentos
Resolución de las Naciones Unidas reconoce la mortalidad materna como un derecho humano por Morgan Stoffrege, “International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights” (IIMMHR)
Programa para educar a la juventud brasileña sobre la influencia de los presupuestos públicos por Alexandre Ciconello, Márcia Acioli y Lucídio Bicalho Barbosa, Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC)
Conferencia sobre decisiones presupuestarias y derechos económicos y sociales, Belfast
Iniciativa presupuestaria para los derechos humanos
Estudios para mejorar el desempeño, gasto y servicios del gobierno
Campaña en contra de la corrupción gubernamental en Argentina por Luis Villanueva, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Eficiencia energética en edificios públicos equivale a eficiencia en el gasto público en Rusia por Marina Shapiro, “Institute of Urban Economics” (IUE)
Ciudades de Estados Unidos incluyen al público en difíciles decisiones presupuestarias por Malka Kopell, “Community Focus”, y Harris Sokoloff, “Penn Project for Civic Engagement”
Encuesta PETS mejora los servicios escolares en Guatemala por Jorge Lavarreda, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)
¿Qué está frenando a la Declaración de Abuja y al aumento de presupuestos de salud en África? por Jay Colburn, “International Budget Partnership” (IBP)
Taller de capacitación del “Partnership Initiative”
Curso sobre el monitoreo de los presupuestos de salud en la India por Thokozile Madonko, “International Budget Partnership” (IBP)
Recursos sobre presupuestos con enfoque de género
Reportes de UNIFEM
Cursos sobre presupuestos sensibles al género, Turín
“Making Ends Meet”: Un vistazo al costo de vida en California por Lisa Gardiner, “California Budget Project” (CBP)
Para tener un parámetro sobre cómo viven las familias en E.U.A. el nivel de pobreza federal, deja mucho que desear. Por ejemplo, no toma en cuenta el costo del cuidado infantil al determinar los gastos de las familias. En nuestro estado de California, el nivel de pobreza federal no toma en cuenta el alto costo de vida.
En 1999 el “California Budget Project” llevó a cabo un esfuerzo para estimar con mayor precisión lo que las familias necesitan para tener un nivel de vida modesto, sin la ayuda de programas públicos. El CBP adaptó la metodología que, originalmente, desarrolló el “Michigan League for Human Services” para calcular cuánto le cuesta a una familia vivir en California, con base en el costo de vivienda, comida, cuidado infantil y otras necesidades básicas. El reporte de dicho análisis bajo el título “Making Ends Meet” (disponible aquí: www.cbp.org), se ha convertido en uno de los pilares del trabajo de la organización.
El estudio “Making Ends Meet” se actualiza y publica aproximadamente cada dos años, y ha sido citado ampliamente en los medios de comunicación y ayudado a poner mayor atención al alto costo de vida en California, los retos económicos que enfrentan las familias trabajadoras y la disparidad entre los salarios y el costo de sacar adelante a una familia. Los hallazgos del reporte se han usado por organizaciones de la comunidad para argumentar el aumento de los techos salariales para algunos programas públicos y promover salarios mínimos locales. Hace algunos años, “Making Ends Meet” fue citado frecuentemente por políticos y por los medios durante un esfuerzo por aumentar el salario mínimo a nivel estatal. Recientemente, “Making Ends Meet” ayudó a organizaciones comunitarias a presentar el caso al consejo de la ciudad de San Diego para apoyar, como parte del plan general de la ciudad, la creación de trabajos de mejor calidad con salarios autosuficientes.
El análisis de “Making Ends Meet” se basa en fuentes de datos disponibles públicamente, tales como el “U.S. Department of Housing and Urban Development’s annual Fair Market Rents for the cost of housing”; el “U.S. Department of Agriculture’s Low Cost Food Plan to estimate food costs”; y estudios realizados por la “California Energy Commission” que ofrece estimaciones sobre costos de transporte y distancias.
El análisis estima “presupuestos familiares básicos” con base en los gastos de cuatro familias hipotéticas integradas por: un adulto, papá o mamá soltero(a) con dos hijos, una familia con mamá y papá y dos hijos, con sólo uno de los padres trabajando, y dos padres trabajando con dos hijos. Trata de cubrir todos los escenarios: además de los gastos obvios—vivienda, pago de servicios, alimentos, transporte y cuidado infantil—el CBP considera los costos de la cobertura de salud, nómina e impuestos por ingresos y gastos misceláneos como shampoo y pañales. Al llevar a cabo nuestro análisis, aprendimos las siguientes lecciones:
- Las conjeturas son todo. Las conjeturas que hicimos fueron críticas para la precisión de los presupuestos de la familia básica. Por ejemplo, debido al alto costo de propiedad de vivienda en California, el análisis asume que las familias rentan en lugar de ser propietarias de sus hogares. En vista de que las familias de bajos ingresos tienen menos probabilidad de estar aseguradas que las familias de altos ingresos, el análisis asume que las familias compran seguro médico en lugar de contar con cobertura por parte de su empleo.
- Es importante tomar en cuenta las diferencias regionales. California es un estado grande, densamente poblado y complejo con 37 millones de personas viviendo en 58 condados. El costo de vida varía ampliamente: el precio promedio de una casa en el condado de Fresno en 2007 es de exactamente la mitad de lo que cuesta una casa en el condado de Los Ángeles. Igualmente, los costos de transporte público fueron, considerablemente, más altos en San Francisco en 2007 que en el condado rural de Butte. A pesar de que “Making Ends Meet” no incluye una estimación general sobre cuánto cuesta vivir en California, los cálculos regionales son mucho más significativos. El análisis divide al estado en diez regiones y calcula los gastos mensuales en cada región.
Conforme los californianos enfrentan mayores retos económicos, la necesidad de un panorama más claro sobre el costo de vida de una familia va en aumento. “Making Ends Meet” promete ser un proyecto que continuaremos en los próximos años.
Para mayor información, contactar a Lisa Gardiner [email protected].
Manual sobre la canasta básica en Zambia por Tina Nanyangwe-Moyo, “Jesuit Center for Theological Reflection” (JCTR)
El “Jesuit Centre for Theological Reflection” (JCTR) con base en Zambia, preparó el manual de la canasta de necesidades básicas “Basic Needs Basket” (BNB) para promover las evaluaciones críticas de la pobreza y sus causas en ocho zonas a lo largo de Zambia: Lusaka, Livingstone, Luanshya, Kabwe, Kitwe, Ndola, Mongu y Kasama. El BNB le ha permitido a JCTR llevar a cabo incidencia con base en evidencia para darle voz a la gente que lucha por satisfacer sus necesidades básicas e inspirar acciones que promuevan la justicia social.
El BNB es una encuesta mensual que presenta el costo de productos alimenticios básicos (harina de maíz, frijoles, pescado seco, carne, huevos, verduras, cebolla, jitomate, leche, pan, azúcar, sal, hojas de té y aceite para cocinar) y productos no alimenticios (carbón, jabón, detergente, crema para el cuerpo, electricidad, agua y rentas de vivienda). El BNB estima la canasta básica que necesita una familia urbana de seis integrantes para llevar a cabo una vida digna y saludable. No incluye otros productos necesarios para aumentar las oportunidades de la familia como educación, transporte, ropa y servicios de salud.
La encuesta mensual se lleva a cabo en Zambia desde hace más de 11 años, con el apoyo de dedicados residentes locales que operan como investigadores de campo. Cada mes, estos residentes capacitados recopilan información precisa sobre el costo de productos alimenticios y no –alimenticios básicos. Dependiendo del tamaño de la ciudad, la información se basa en la recopilación de datos de seis a ocho mercados locales. Además, las viviendas son seleccionadas para ofrecerles a los investigadores de campo información sobre ajustes al acceso de productos alimenticios y no-alimenticios, como el costo de la renta.
Los investigadores de campo enviaron la información recopilada a la oficina de JCTR en Lusaka en donde el personal de JCTR calcula el costo promedio de productos alimenticios y no-alimenticios básicos para una ciudad específica usando aplicaciones básicas de Excel. Un comunicado de prensa es enviado a los medios con los datos más recientes del costo de vida en diferentes ciudades y se resaltan los hechos o casos más notorios.
Con el paso del tiempo, el BNB se ha convertido en una herramienta valiosa para las viviendas, empleados y empleadores, grupos comunitarios, ONGs, sindicatos y para el gobierno. Por ejemplo:
- Los sindicatos lo utilizan como una herramienta para incidir por mejores servicios públicos y argumentar que el salario mínimo necesita corresponder a los niveles de pobreza existentes. También lo utilizan para exigir límites más altos de exención de impuestos por ingresos, documentar su lucha por los derechos de los trabajadores y educar a los trabajadores sobre cómo gastar su salario de manera responsable.
- Las ONGs usan la información del BNB en su investigación para determinar cuándo intervenir con propuestas y acciones de desarrollo.
- Las viviendas usan el BNB para organizar el gasto familiar y priorizar las compras. También sirve como una herramienta para influir en los miembros del parlamento y mejorar ciertas políticas económicas como impuestos y tarifas accesibles.
- El gobierno usa el BNB como una herramienta para vincular las políticas locales, nacionales e internacionales a las necesidades del hogar de la gente de Zambia. El BNB también se puede utilizar para cuestionar las prioridades ministeriales del gasto en inversiones en favor de la pobreza como servicios de salud y generación de empleos.
El BNB ofrece evidencia de la situación actual que enfrenta la gente pobre en Zambia, como resultado de las políticas nacionales. Esta evidencia es utilizada para incidir e influir en cambios y mejorías en políticas socioeconómicas. JCTR cree que las organizaciones de la sociedad civil deben de conducir y usar investigaciones similares en otros países afectados por la pobreza.
Para mayor información, contactar a Tina Nanyangwe-Moyo [email protected].
La sociedad civil y el derecho a la salud ganan una victoria en México por Rocío Campos, International Budget Partnership (IBP)
El 20 de junio, después de casi 11 años de lucha, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora o ISSSTESON— un organismo público descentralizado que tiene a su cargo el otorgamiento de las prestaciones y servicios de seguridad social, mayormente pensiones y servicios de salud, en favor de los servidores públicos del estado—afilió al Sr. Abel Montenegro Velázquez, habitante del estado de Sonora y servidor público, al igual que a su familia. A personas como el Sr. Velázquez y su familia se les niega el acceso a servicios de salud ofrecidos por ISSSTESON con base en la provisión del Artículo 6 de las regulaciones internas de la institución que prohíben la afiliación de solicitantes que no gozan de buena salud. Investigaciones recientes demuestran que en los últimos ocho años el ISSSTESON ha rechazado las solicitudes de 404 servidores públicos en este estado norteño debido a que “no gozan de buena salud.” Lo cual representa, aproximadamente 1,400 personas afectadas, ya que la regulación discriminatoria se hace extensiva también a la familia del trabajador.
El Sr. Montenegro sabía que estaba siendo víctima de discriminación y por casi 10 años se dedicó a presentar su caso a una larga lista de funcionarios públicos, pero la situación nunca se corrigió. Un día el Sr. Montenegro decidió contactar a la organización de la sociedad civil Sonora Ciudadana A.C., para presentar su caso una vez más: “No entiendo porque me piden la salud de un atleta para afiliarme. ¿Qué no se supone que ellos son los proveedores de buena salud? ¡Es casi como si una escuela primaria no le permitiera la entrada a los niños por no saber leer o escribir!”
En respuesta a la regulación discriminatoria, que también existe en otros 13 estados de la república mexicana, Sonora Ciudadana A.C. y otra organización de la sociedad civil mexicana, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, documentaron el gasto no ejecutado del sector salud a nivel nacional. Su análisis encontró que entre 2004 y 2008, el Fideicomiso de Protección Social en Salud no transfirió 80 por ciento del presupuesto para la construcción y expansión de clínicas y hospitales. Las organizaciones enfatizaron la importancia de ejecutar el gasto del sector salud en su totalidad para darles cobertura a todos los interesados, sin excepción. Sonora Ciudadana A.C. y Fundar llevaron el caso del Sr. Montenegro a la Suprema Corte de Justicia y en marzo 2009 el Artículo en cuestión fue declarado como inconstitucional.
Tarde o temprano el ISSSTESON tendrá que eliminar esta regulación discriminatoria y ofrecerles servicios de salud a todos los ciudadanos a quienes se les ha negado el servicio, por no gozar de buena salud. “No puedo explicar lo que siento, ya sabía que habíamos ganado, pero aún no me afiliaban y tenía miedo de que no lo hicieran. Hoy es un gran día, no sólo para mí y mi esposa, hoy es el primer paso para todos aquellos que están en mi situación”, dijo el Sr. Montenegro el día que, finalmente, fue afiliado al sistema de salud social que el estado ofrece a sus servidores públicos.
Para mayor información, contactar a Guillermo Noriega Esparza a [email protected].
Guía presupuestaria para avanzar el derecho a los alimentos
La “United Nations Food and Agriculture Organization” acaba de publicar la guía “Many a slip…” Budget work to advance the right to food.
Con base en las experiencias del trabajo presupuestario en varios países, “Many a slip…” presenta, paso a paso, el proceso de análisis del presupuesto del gobierno y evalúa su cumplimiento con las obligaciones para satisfacer el derecho de las personas a los alimentos. Aunque se enfoca en asuntos relacionados al derecho a la comida, el proceso descrito se puede adaptar a otros derechos humanos.
La publicación construye y amplía la información de Dignity Counts, una guía sobre el trabajo presupuestario de derechos humanos producida en 2004 por el “International Budget Partnership” (IBP), Fundar y el “International Human Rights Internship Program” (IHRIP). En los cinco años posteriores a la publicación de Dignity Counts, organizaciones en varios países se han dedicado activamente al trabajo presupuestario dentro del marco de derechos humanos. Con base en estas experiencias, “Many a slip…” ofrece un enfoque más detallado y avanzado del análisis presupuestario en un marco de derechos humanos, que Dignity Counts.
La guía es producto de un proyecto coordinado por IHRIP con la participación del IBP y de otras organizaciones. Contiene también una sección que presenta iniciativas en tres países para producir “un presupuesto del derecho a los alimentos.”
La publicación está disponible aquí: http://www.fao.org/righttofood/publi09/budget_guide_en.pdf.
Para pedir una copia a FAO, enviar un email a [email protected].
Para pedir una copia a IHRIP, enviar un email a [email protected].
Resolución de las Naciones Unidas reconoce la mortalidad materna como un derecho humano por Morgan Stoffrege, “International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights” (IIMMHR)
El 17 de junio se hizo historia cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “United Nations Human Rights Council” (UNHRC) pasó una resolución, aprobada por más de 70 gobiernos, reconociendo la mortalidad materna como un asunto de derechos humanos. El UNHRC se comprometió a fortalecer los esfuerzos nacionales e internacionales para proteger las vidas de las mujeres y niñas alrededor del mundo. Esta resolución es un avance notorio cuando más de un millón de mujeres muere cada año a consecuencia de complicaciones durante el embarazo o el alumbramiento.
En el contexto de los últimos 20 años, en donde la mortalidad materna era considerada un asunto de salud y desarrollo—y no un derecho humano—la resolución del Consejo sobre “mortalidad materna y morbilidad prevenible y derechos humanos” es un enorme paso hacia delante, no sólo para la sección de derechos humanos de las Naciones Unidas; sino para la comunidad de derechos humanos en general. La resolución reconoce que los esfuerzos de combate a la mortalidad materna requieren de la promoción efectiva de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida, a la equidad y no-discriminación, a la información, a disfrutar de los beneficios del progreso científico y a disfrutar de los niveles de salud más altos posibles, incluyendo la salud sexual y reproductiva.
Además de identificar los derechos humanos clave implicados en la mortalidad materna, la resolución también:
- Reconoce que la mortalidad materna prevenible es un reto colectivo que afecta a todas las culturas y regiones del mundo.
- Reconoce que los enfoques de derechos humanos conllevan a esfuerzos efectivos y sustentables para eliminar la mortalidad materna prevenible.
- Aplaude la participación de los cuerpos de las Naciones Unidas encargados del monitoreo de tratados y procedimientos especiales (tal como el “Special Rapporteur” sobre el derecho a la salud) al atender la mortalidad materna como un asunto de derechos humanos.
- Exige a la oficina de las Naciones Unidas de derechos humanos “Office of the High Commissioner for Human Rights” (OHCHR) hacer un estudio temático para determinar las dimensiones de derechos humanos de la mortalidad materna y morbilidad y recomienda acciones que el Consejo puede tomar para contribuir a los esfuerzos existentes desde un punto de vista de derechos humanos.
Más aún, la resolución exige a los gobiernos redoblar sus esfuerzos de prevención y, básicamente, cambiar su visión de la muerte materna—es decir, como un asunto de derechos humanos de no menos seriedad que las ejecuciones, las detenciones arbitrarias o los actos de tortura. Al hacerlo se crean oportunidades para que la sociedad civil trabaje con el Consejo en la promoción de la rendición de cuentas del gobierno y se avancen los estándares legales respecto a la mortalidad materna.
En el último año y medio, las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo se han dedicado a promover esta resolución y continuarán jugando un papel importante para asegurar la rendición de cuentas del gobierno en este tema.
La iniciativa internacional sobre mortalidad materna y derechos humanos “International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights” (IIMMHR), una asociación de organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, regional y nacional comprometida con un enfoque de derechos humanos comprensivo respecto a la mortalidad materna, trabaja junto con otros grupos para promover la resolución. La IIMMHR se encontraba en una posición estratégica para jugar un papel clave en los esfuerzos de incidencia de la sociedad civil ante los gobiernos. Esto, ya que éramos la única voz de parte de la sociedad civil dentro del primer panel temático que organizara el Consejo sobre mortalidad materna el verano pasado, lo que ayudó a que los gobiernos vieran cómo los derechos humanos pueden contribuir a la perspectiva de salud para reducir la mortalidad materna. También ayudamos a desarrollar un “white paper” para sentar las bases de la resolución del Consejo y trabajamos durante todo el año para sensibilizar y educar a los gobiernos sobre las dimensiones de derechos humanos de la mortalidad materna. (Para ver la transcripción del panel, ir a: www.righttomaternalhealth.org/resource/panel-un-hrc).
Ahora que la resolución ya se aprobó, la IIMMHR continuará colaborando con otros grupos para asegurar que la resolución se convierta en acciones concretas por los gobiernos alrededor del mundo. Por ejemplo, una de nuestras primeras actividades será influir en el contenido del estudio temático sobre mortalidad materna que la resolución le ha solicitado preparar a la OHCHR. Este estudio es crítico pues sentará las bases del trabajo del Consejo sobre mortalidad materna y morbilidad. IIMMHR trabajará en dos frentes: contribuyendo al estudio e influyendo su preparación para asegurar una mayor participación de parte de organizaciones de la sociedad civil.
Una vez que el estudio se presente, trabajaremos para asegurar que el Consejo tome en cuenta los hallazgos y propuestas, idealmente a través de una resolución posterior en 2010. Una segunda resolución sería tan importante como la primera, ya que determinaría los mecanismos que el Consejo necesitaría para atender el tema de la mortalidad materna más sistemáticamente.
En el futuro, planeamos promover la rendición de cuentas para la implementación de la resolución como una herramienta de incidencia a niveles nacional y regional. La resolución puede ser una herramienta de incidencia no sólo para los grupos de la sociedad civil; sino también para otros actores como los proveedores de servicios de salud que quieren que los gobiernos tomen acciones concretas para reducir la mortalidad materna y exigirles rendición de cuentas por los compromisos contraídos.
Al aprobar esta resolución, los gobiernos indican su voluntad de fortalecer sus esfuerzos de reducir la mortalidad materna desde una perspectiva de derechos humanos. Este tipo de reconocimiento se necesita, urgentemente, en vista de que el objetivo del milenio número cinco —mejorar la salud materna— es el más atrasado de los ocho objetivos. Los grupos de la sociedad civil deben de continuar con el momentum creado por la resolución y asegurar que sus gobiernos conviertan la resolución en acciones concretas.
Para mayor información sobre IIMMHR, ir a www.righttomaternalhealth.org.
Programa para educar a la juventud brasileña sobre la influencia de los presupuestos públicos por Alexandre Ciconello, Márcia Acioli y Lucídio Bicalho Barbosa, Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC)
El Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), una organización de la sociedad civil con base en Brasilia, Brasil, organizó un proyecto para introducir los derechos humanos y presupuestos públicos en los programas de estudios de seis escuelas. Las escuelas participantes localizadas en diferentes comunidades en las afueras del Distrito Federal, incluyen una escuela en un área rural. Éstas fueron seleccionadas con base en sus niveles de exclusión social, violencia juvenil, abuso y tráfico de drogas dentro de las instalaciones escolares. Estos problemas explican, en gran parte, su bajo rendimiento escolar.
La idea del proyecto es fortalecer la capacidad de los niños y adolescentes de garantizar sus derechos y monitorear las políticas públicas que los afectan. Los principales objetivos son asegurar que los niños y adolescentes estén involucrados en discusiones sobre derechos y ciudadanía y observar cómo estos factores se relacionan con el presupuesto público.
El proyecto organizó talleres con base en principios de educación artística y popular, en donde la participación es vital para el desarrollo de conocimientos nuevos, de la conciencia y sensibilidad necesarias para la transformación social. El modelo lúdico de los talleres combina arte y comunicación para introducir conceptos y discusiones sobre derechos humanos, formulación y monitoreo de presupuestos y participación democrática. Durante el taller de comunicaciones, niños y niñas desarrollan su capacidad de comprender el mundo y articular puntos de vista de forma crítica y sensible.
Además de estos programas escolares, se espera que los adolescentes asistan a espacios políticos en donde se llevan a cabo debates sobre el presupuesto público, tal como los consejos de la ciudad y la legislatura federal. También se les anima a unirse a redes de activistas de niños y adolescentes. En una reunión para discutir el presupuesto para educación del Distrito Federal 2009 con abogados y administradores públicos, los chicos propusieron una enmienda presupuestaria de, aproximadamente, un millón de dólares. La enmienda se aprobó y los fondos se asignaron a la construcción de canchas deportivas y a renovar las escuelas. El reto ahora es monitorear la ejecución de los recursos asignados.
A través de los talleres, los estudiantes reciben capacitación para convertirse en escritores, fotógrafos y dibujantes para una revista que planean publicar en noviembre sobre derechos humanos y presupuestos públicos. El objetivo de esta revista es ampliar el debate y profundizar la reflexión sobre asuntos que surgieron durante los talleres. También busca ofrecer un foro para definir, consensualmente, las agendas de políticas públicas y presupuestos que repercuten en la educación y la juventud del Distrito Federal.
El entusiasmo que demostraron las escuelas participantes confirma que construir una cultura de derechos humanos es algo posible y necesario. Los jóvenes participantes desarrollaron una fuerte motivación por causas colectivas. En tiempos en donde el nivel de violencia de las escuelas del Distrito Federal va en aumento, las escuelas incluidas en este proyecto van en dirección opuesta, convirtiéndose en espacios de compromiso social y político, de creatividad, afecto y solidaridad.
Durante los últimos cinco años, INESC ha desarrollado una metodología para promover el acceso a los derechos humanos e incorporarlos de forma tangible en las políticas públicas y en la asignación de recursos públicos. Realizar estas actividades con éxito requiere cierta destreza para trabajar con el gobierno a nivel nacional, estatal y municipal, sobre todo, con el Congreso Nacional; así como vincularse con movimientos sociales, ONGs, líderes de movimientos comunitarios, escuelas, organizaciones de jóvenes para discutir y difundir la relación entre los derechos humanos y los presupuestos.
Parte de la misión institucional de INESC es comprender el ciclo presupuestario y el sistema fiscal (ingresos y egresos públicos) para influir en el diseño político y la asignación y ejecución de fondos públicos en beneficio de los pobres y marginados. Aunque esto es tangible en distintos espacios geográficos e institucionales, el trabajo con las escuelas del Distrito Federal demuestra un impacto efectivo en la conciencia ciudadana y el enorme potencial transformador de la educación de la juventud para entender, monitorear e influir en los presupuestos públicos.
Para mayor información, contactar a Alexandre Ciconello a [email protected], Márcia Acioli a [email protected] y Lucídio Bicalho Barbosa a [email protected].
Conferencia sobre decisiones presupuestarias y derechos económicos y sociales, Belfast
El Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Queen en Belfast, Irlanda del Norte, está organizando una conferencia bajo el título “Budget Decisions and Economic and Social Rights” (ESR) del 14-15 de noviembre 2009. La conferencia trata de desarrollar y profundizar la relación entre el análisis económico y la evaluación del cumplimiento de los derechos humanos. La conferencia reunirá a personas que se dedican a monitorear el cumplimiento de los estados con las obligaciones de los ESR, con un enfoque particular en el trabajo de presupuestos. Los presentadores de la conferencia incluirán a expertos de las Naciones Unidas, académicos reconocidos y activistas de la sociedad civil. Con base en la experiencia de los participantes en áreas tales como derecho, derechos humanos, economía y desarrollo este evento multidisciplinario permitirá el intercambio de experiencias para ampliar y fortalecer la investigación en las decisiones presupuestarias y de ESR. Algunos de los temas que cubrirá la conferencia incluyen la vinculación de las obligaciones ESR con el análisis de presupuestos, seguimiento del gasto y presupuestos participativos. Para mayor información, ir aquí.
Iniciativa presupuestaria para los derechos humanos
En 2006 APRODEV (“Association of World Council of Churches related Development Organizations in Europe”), una organización de derechos y desarrollo, inició la iniciativa presupuestaria para los derechos humanos “Budgeting for Human Rights Initiative”. En enero 2009, “Equalinrights”—con el apoyo de agencias de APRODEV—institucionalizaron un proyecto para incluir las perspectivas y costos de cumplir con los derechos humanos en el ciclo presupuestario. El proyecto fue lanzado con talleres e investigación para promover que los derechos humanos deben de financiarse del mismo modo que los gobiernos financian sectores como salud y educación.
La iniciativa está en su segunda fase y lanzará un proceso piloto de dos años para enfocarse en la aplicación práctica del costo y “frontloading” de los derechos humanos en los presupuestos nacionales en Palestina, Namibia, Kenia, India y, posiblemente, Guatemala. La práctica de “fontloading” en los derechos humanos es relativamente nuevo y parte de “cuánto debe de asignarse a la educación primaria para cumplir con los criterios de derechos humanos,” en lugar de “si el derecho a la educación primaria se ha realizado progresivamente,” lo que permite contar con información más concreta y medible. Paralelamente al proceso piloto, se llevará acabo una investigación académica y análisis sobre nuevas estrategias y metodologías para presupuestar los derechos humanos. A partir de la documentación del proceso piloto y de compartir la investigación, la segunda fase de la iniciativa contribuirá, tanto empírica como teóricamente, al cumplimiento de los derechos humanos para todos.
Campaña en contra de la corrupción gubernamental en Argentina por Luis Villanueva, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
A pesar de que Argentina reconoce y ha firmado convenciones anticorrupción, no cuenta con entidades especializadas en donde la gente pueda reportar actos de corrupción dentro del poder legislativo, poder judicial o de los ministerios públicos. Aunque el sistema legal argentino cuenta con algunos mecanismos para denunciar actos de corrupción, en comparación con estándares internacionales, éstos no son suficientes y su aplicación práctica es cada vez menos eficiente. Es muy importante que los ciudadanos cuenten con mecanismos funcionales para denunciar actos de corrupción, pues con ello se investiga, persigue y penaliza la corrupción.
Ante esta situación, la organización de la sociedad civil (OSC) Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) con base en Buenos Aires, Argentina comenzó una serie de actividades para difundir los mecanismos existentes para denunciar la corrupción y crear conciencia pública sobre la importancia de la participación social activa para combatir la corrupción. Una de estas actividades fue la campaña pública en colaboración con otras dos OSCs, Fundación Soporte y Poder Ciudadano. La Campaña pública produjo un corto televisivo bajo el título “Si lo ves y lo contás, lo vemos todos”. El corto tuvo difusión masiva en los medios de comunicación más importantes del país, con el objetivo de generar conciencia respecto a la importancia de las denuncias de hechos de corrupción. (Para ver el corto, ir a: http://www.youtube.com/watch?v=JGjLev5kTAw , o visitar http://www.acij.org.ar.)
ACIJ y Fundación Soporte crearon una línea telefónica para recibir denuncias sobre casos de corrupción para atender las denuncias y a los denunciantes con la debida seriedad. Para ello, ambas organizaciones cuentan con un equipo interdisciplinario destinado a dar apoyo técnico y contención a los denunciantes –que muchas veces se encuentran alterados y han sufrido amenazas. Próximamente, se creará un blog que funcionará como un centro virtual de recepción de denuncias, en donde habrá una sección especialmente diseñada para estimular y asesorar a las pequeñas y medianas empresas proveedoras del Estado que deseen denunciar hechos de corrupción de los cuales hayan sido víctimas o testigos.
Finalmente, ACIJ se puso en contacto con distintas entidades gubernamentales que han expresado interés en implementar políticas de transparencia, es decir, promover la denuncia de casos de corrupción y apoyar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. En este proceso, ACIJ encontró un aliado en el Ministerio de Defensa, con el que se firmó un convenio de cooperación. El acuerdo manifiesta la voluntad recíproca, entre ACIJ y el Ministerio, de implementar actividades comunes para fortalecer y difundir, entre sus funcionarios y dependientes, los mecanismos de denuncia de corrupción; así como aumentar el nivel de transparencia en el manejo de los recursos del Ministerio. Otra de las actividades del convenio incluye el lanzamiento de una campaña para difundir los mecanismos existentes de denuncia de actos de corrupción y fomentar su utilización por parte de empleados públicos en caso de ser necesario y la publicación de una guía sobre cómo denunciar actos de corrupción para su distribución entre funcionarios públicos.
Todas estas iniciativas buscan promover el siguiente mensaje: cualquier decisión pública que no esté bien fundamentada, que no tenga la debida publicidad o difusión, que genere dudas sobre el interés que guía la conducta del funcionario, o que restrinja indebidamente el acceso a la información; afecta la transparencia de la gestión y promueve conductas reñidas con la ética en el ejercicio de la función pública.
Como organización, creemos que la falta de transparencia en la administración pública perjudica la confianza social en el manejo de los recursos públicos. Entre más tiempo tome mejorar los niveles de transparencia, más duraderos serán sus efectos en la democracia. Por ello, todas nuestras actividades están orientadas al fortalecimiento institucional—un objetivo que sólo puede conseguirse siguiendo los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
Para mayor información, contactar a Luis Villanueva at [email protected].
Eficiencia energética en edificios públicos equivale a eficiencia en el gasto público en Rusia por Marina Shapiro, “Institute of Urban Economics” (IUE)
El “Institute for Urban Economics” (IUE), una organización rusa creada para identificar y analizar los problemas sociales y económicos en zonas urbanas y promover soluciones a estos problemas, ha coordinado un proyecto para mejorar la eficiencia energética en edificios públicos en la Federación Rusa a través del análisis de marcos comerciales, financieros y legales de los servicios de energía del sector público, incluyendo asociaciones público/privadas. El proyecto, “Improving Energy Efficiency in Public Buildings”, ha enfrentado varios obstáculos, incluyendo las restricciones presupuestarias y legales, la falta de recursos y capacidades, y la existencia de autoridades ineficientes a niveles local y regional.
El análisis de IUE revela que en 2007 más de 350 billones de rublos ($14 billones), casi 5 por ciento del presupuesto de la Federación Rusa, se gastó en financiar las fuentes de energía y otros gastos de servicios básicos a niveles estatal y municipal. Sin embargo, el desempeño energético de los edificios públicos está muy por debajo de los estándares europeos de consumos de energía. Evaluaciones realizadas por expertos en la materia indican que estos edificios tienen el potencial de operar con el 40 por ciento del nivel de consumo de energía actual. Esto resalta la ineficiencia energética de los edificios públicos y deja ver el potencial y la necesidad de reducir el gasto presupuestario en servicios básicos.
Importantes ahorros presupuestarios se podrían lograr mediante la modernización de los edificios públicos para hacerlos más eficientes en términos de su consumo energético. Sin embargo, los cambios necesarios requieren de inversiones considerables. En lugar de asignar estos fondos del presupuesto nacional, éstos se podrían crear mediante asociaciones público-privadas con un ESCO, por ejemplo, para generar los servicios básicos.
Contratos tipo ESCO en los que una ESCO (compañía de servicios de energía) cubre todos los costos de implementación de un plan de ahorro energético y recibe un reembolso de los ahorros derivados de dicho plan, han demostrado ser un mecanismo efectivo para optimizar el gasto presupuestario en el sector público en Europa Central y del Este en los últimos años. La clave para el éxito de estas asociaciones público-privadas es que el ESCO participa con la inversión inicial para las renovaciones, sin necesidad de usar fondos públicos.
En países en donde los presupuestos del sector público son limitados y mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos es una prioridad importante, el uso de un modelo ESCO tiene ventajas muy claras. A pesar de los beneficios, hasta el momento ha habido muy poca actividad ESCO en Rusia. Un análisis del gasto presupuestario en colaboración con autoridades locales ha permitido a expertos de IUE identificar los siguientes retos para mejorar la eficiencia energética:
- Regulaciones locales no promueven asociaciones público/privadas como un enfoque alternativo al financiamiento del presupuesto público.
- Leyes presupuestarias restringen la habilidad de las autoridades locales de retener los ahorros en energía.
- Autoridades locales no tienen experiencia o los recursos correspondientes para desarrollar o participar en contratos tipo ESCO.
- Igualmente, compañías locales de ingeniería no cuentan con la experiencia suficiente en contratos ESCO, ni con acceso de largo plazo a inversiones financieras.
- La necesidad de atender contractos del sector público le ha impedido a muchas compañías desarrollar este mercado ya que no tienen garantizada ninguna ganancia al final del proceso.
- Bancos locales no están preparados para financiar a compañías de ingeniería con base en ingresos de contratos. Es decir, que sólo algunas compañías contarían con el financiamiento necesario para dichos proyectos.
La implementación de este proyecto mejoraría la eficiencia energética en los edificios públicos, reduciría el gasto presupuestario en servicios de mantenimiento en los edificios públicos, generaría recursos fuera del presupuesto para renovaciones y otras mejorías de los edificios públicos y desarrollaría negocios de servicios de energía en Rusia.
Para mayor información, contactar a Marina Shapiro a [email protected].
Ciudades de Estados Unidos incluyen al público en difíciles decisiones presupuestarias por Malka Kopell, “Community Focus”, y Harris Sokoloff, “Penn Project for Civic Engagement”
Ciudades en los Estados Unidos están cortas de fondos. Afectados por la recesión, los recortes a sus ingresos, los crecientes costos de personal y otros servicios, y los enormes déficits presupuestarios, los funcionarios públicos se ven forzados a tomar decisiones difíciles. A la luz de esta situación cada vez más servidores públicos solicitan la participación de la gente a la que representan—los residentes de las ciudades—para que den sus puntos de vista sobre cómo balancear el presupuesto.
Este es el caso de dos ciudades: Menlo Park en California y Filadelfia, Pensilvania. Se trata de ciudades con dimensiones geográficas y demográficas distintas que usaron métodos de presupuestos participativos similares para educar e involucrar a residentes de la ciudad en el proceso de examinar las difíciles decisiones que enfrentan los funcionarios públicos. Ambas ciudades usaron los resultados de estos ejercicios de participación pública para informar sus decisiones presupuestarias.
“Tu ciudad /tu decisión” – Menlo Park, California
Menlo Park es una ciudad de casi 30,000 habitantes en el Valle de Silicón en California. Aunque, en general, la población goza de altos niveles de vida, la ciudad no atiende a sus residentes de bajos ingresos, concentrados en un vecindario. A principios de 2005, funcionarios de la ciudad proyectaron una brecha de $2.9 millones entre ingresos y egresos para el año fiscal 2006-07. Tomando en cuenta la ayuda de “Community Focus”, una organización de la sociedad civil que facilita asociaciones entre el gobierno y la comunidad, la ciudad convocó a la comunidad a expresar sus prioridades frente a la formulación del presupuesto público. A este proceso se le llamó Tu ciudad/Tu decisión “Your City/Your Decision.”
Hay dos fases en este proceso. Durante la primera fase, la ciudad identificó las prioridades de la comunidad mediante una encuesta que le pide a los residentes balancear el presupuesto, escoger de una lista de opciones desarrolladas por funcionarios de la ciudad. La encuesta se envió a los hogares y también estaba disponible en Internet. A partir de esta primera fase de información, funcionarios de la ciudad desarrollaron una lista de posibles estrategias para balancear el presupuesto (por ejemplo, varios niveles de reducciones netas de costos, métodos alternativos para ofrecer servicios, aumentos a la recaudación, etc.) para enfrentar las prioridades de la comunidad. En la segunda fase, la ciudad presenta estas estrategias a la comunidad en una serie de talleres. Los residentes se organizaron en pequeños grupos para simular las discusiones sobre posibles estrategias dentro del Consejo de la Ciudad, con cada grupo votando, en favor o en contra, por cada una de las estrategias expuestas y terminando con un solución para balancear el presupuesto. En promedio, los participantes del taller recomendaron $1,573,000 en reducciones específicas—muchas de las cuáles serán adoptadas por el consejo—para cerrar el déficit de $2.9 millones. Los participantes también sugirieron que $1,314,000 se puede recaudar de los impuestos, lo que instó al Consejo a imponer una medida de impuesto por servicios en el voto que fuera aprobado en 2006. (Para mayor información, ir a: http://www.menlopark.org/homepage/priority_budget.html.)
“Tiempos difíciles, decisiones difíciles” – Filadelfia
Filadelfia, la cuna de nuestra democracia en Estados Unidos, es una ciudad de un poco más de 1.4 millones de habitantes, más de 23 por ciento de quienes viven por debajo de los niveles de pobreza. El presupuesto anual de la ciudad es de $3.85 billones. Desde 1991 las finanzas de la ciudad han sido monitoreadas por la “Pennsylvania Intergovernmental Cooperation Authority” (PICA), que requiere que la ciudad desarrolle planes fiscales de cinco años con presupuestos balanceados.
Conforme la crisis fiscal comenzó a crecer en el otoño de 2008, el recién electo alcalde Mayor Michael Nutter se vio frente a un déficit presupuestario de cinco años de $1 billón, con $200 millones correspondientes al año fiscal 2008-09. Más tarde a mediados de noviembre, el alcalde anunció que el plan de cinco comenzando con el año fiscal 2009-10 mostraba un déficit adicional de $1 billón.
En respuesta el “Penn Project for Civic Engagement” desarrolló los talleres presupuestarios de la ciudad llamados “Tiempos difíciles, decisiones difíciles” “Tight Times, Tough Choices.” Los talleres se enfocaron en una lista de opciones para disminuir el gasto y aumentar la recaudación con base en información proporcionada por la oficina de presupuesto de la ciudad. Las hojas de datos incluyen las opciones que enfrenta la administración para reducir el déficit, mismas que se utilizaron en cuatro talleres por toda la ciudad. Durante los talleres, más de 1,700 ciudadanos formaron pequeños grupos en donde tomaron decisiones. Cada opción recibió un valor reflejando su valor monetario con un punto equivalente a $2 millones. El objetivo de cada grupo era alcanzar 100 puntos, o $200 millones, el valor del promedio anual del déficit de cinco años.
Un conjunto de recomendaciones de las prioridades de los ciudadanos—del aumento de los ingresos como de los recortes del gasto—salió de los foros. El alcalde Nutter se refirió a dichas recomendaciones en su presentación del presupuesto, al que llamó Presupuesto de la Gente “People’s Budget.” La principal excepción fue la decisión del alcalde de proponer un aumento significativo en los impuestos a la propiedad, uno de los impuestos más populares discutidos en los talleres presupuestarios. Este aumento fue el más criticado durante la presentación del alcalde. (Para mayor información, ir a: http://www.gse.upenn.edu/node/690.)
Conclusión
Claramente, el público juega un papel al darle información a los tomadores durante la formulación de sus presupuestos anuales. A fin de que dicha información sea útil y productiva, ésta debe de 1) involucrar a los residentes en un proceso deliberativo, informativo e interactivo y 2) pedirle al público que enfrente las mismas decisiones que enfrentan los políticos. Tanto el caso de Filadelfia como el de Menlo Park incluyen dichos elementos. Ambas ciudades fueron más allá de crear procesos en donde los residentes expresan sus prioridades. Sino que se le preguntó al público prescindir de qué les incomodaría menos.
Cabe mencionar, sin embargo, que ninguna de las ciudades le dio autoridad de toma de decisiones a los residentes de la ciudad sobre cómo gastar el dinero. Efectivamente, la práctica existe para determinados presupuestos en ciertos vecindarios en algunas ciudades en Estados Unidos, pero no se practica a nivel nacional. Pensamos que nuestra democracia requiere que nuestros funcionarios electos mantengan su papel de tomadores de decisiones en este proceso lo que les permite tomar cierto liderazgo en cuanto al presupuesto final. No obstante, los funcionarios públicos son responsables de informar a sus audiencias sobre las decisiones que toman y porqué. Esta reciprocidad es fundamental para construir una relación de confianza necesaria para promover la participación pública en procesos políticos.
Para mayor información, contactar a Harris Sokoloff [email protected] o Malka Kopell [email protected]
Encuesta PETS mejora los servicios escolares en Guatemala por Jorge Lavarreda, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)
La experiencia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), uno de los “think tanks” más prestigiosos de Guatemala, indica que el rigor técnico de sus investigaciones es necesario, pero no suficiente para incidir en las políticas públicas. Además, es fundamental diseñar una estrategia adecuada de comunicación y divulgación de los resultados de las investigaciones. Este artículo, describe una experiencia exitosa de incidencia que realizaron investigadores del área económica, financiera y social del CIEN, en donde implementaron la metodología de encuestas de seguimiento del gasto público “Public Expenditure Tracking Surveys” (PETS), por sus siglas en inglés, en el sector educativo.
En el marco del Proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas impulsado por el “Brookings Institution” y el “Results for Development Institute” en 2008, el CIEN realizó un estudio sobre la administración de los servicios de apoyo de las escuelas del departamento de Guatemala (Guatemala cuenta con 22 estados o departamentos en el país, uno de los cuales lleva el mismo nombre que el país). Los programas de apoyo a la educación incluyen una serie de programas orientados a mantener el interés de los niños y padres de familia en la escuela. Se ha encontrado evidencia importante de que estos programas tienen un impacto positivo real en la niñez, por ello se tomó la decisión de estudiarlos. Para ello, se elaboró un plan de trabajo que fijó como objetivo central el desarrollo de un análisis detallado de los rubros de gastos del sector educativo como: alimentación escolar, libros de texto, útiles escolares, valija didáctica, becas y vaso de leche, junto con propuestas para mejorar su impacto.
El CIEN siempre pone énfasis en el diseño metodológico de sus estudios de investigación. En este caso, se formularon seis preguntas o hipótesis de trabajo que fueron respondidas mediante la metodología PETS. Algunas de las preguntas que se usaron son: ¿Se asignan suficientes recursos para atender a todos los niños durante todo el año? Y ¿Los recursos llegan completos a los beneficiarios? Asimismo, se realizaron encuestas estadísticamente representativas y análisis financiero para generar información sobre el funcionamiento de los servicios de apoyo del Ministerio de Educación (MINEDUC). Para ello, un equipo de expertos en esta metodología, encuestó al director de la escuela, personal docente, padres y madres de familia, estudiantes, y directivos de las juntas escolares. También se visitaron escuelas en áreas urbanas y rurales a partir de una muestra, estadísticamente, representativa de las escuelas del departamento de Guatemala, se documentaron observaciones importantes y se revisó la información financiera de las mismas.
Además, el equipo del CIEN diseñó una estrategia de divulgación de los hallazgos y resultados del estudio para mejorar los servicios de apoyo a la educación durante los próximos tres años. La estrategia identificó la necesidad de contar con un resumen ejecutivo del estudio junto con una versión ilustrada para facilitar la participación de la comunidad educativa a nivel local.
La ejecución del programa de incidencia inició con una reunión de trabajo con el encargado de los servicios de apoyo del Ministerio de Educación. La reunión cumplió con los objetivos de garantizar la calidad técnica del estudio y promover las recomendaciones para mejorar los servicios escolares. A partir de la reunión, se identificaron y corrigieron algunos errores en la codificación de las escuelas y se refinaron las recomendaciones para mejorar los servicios de apoyo.
Antes del lanzamiento público del estudio, se organizó una reunión a la que asistió la Ministra de Educación para comunicarle los hallazgos y las recomendaciones del estudio. La recomendación de postergar el inicio del ciclo escolar fue bien recibida, ya que aumenta la probabilidad de que al inicio del ciclo escolar los estudiantes cuenten con servicios de apoyo.
Una semana antes del lanzamiento del estudio, la Ministra de Educación declaró en uno de los principales periódicos de Guatemala que “Las clases han dado inicio el 15 de enero sólo por costumbre, pues no hay ninguna justificación técnica” e informó que el MINEDUC estaba analizando la conveniencia de cambiar el inicio del ciclo escolar al 1 de febrero 2009. Además, anunció que se crearían fondos rotativos, es decir, mecanismos financieros que permiten gastar recursos financieros hasta un monto máximo, los cuales se reponen una vez que se hace la liquidación contable de los gastos efectuados. De esta manera las juntas escolares (dedicadas a administrar el dinero para la compra y distribución de útiles escolares, alimentos, pago de becas y materiales de construcción y mantenimiento) pueden recibir el primer aporte para el consumo de alimentos de los estudiantes en diciembre. Esta fue otra de las recomendaciones del CIEN.
Las recomendaciones para mejorar los servicios de apoyo a la educación incluyen medidas como la de acelerar la preinscripción en todas las escuelas. Esto, permitirá un mejor control de los alumnos que llegarán a la escuela el próximo año, permitiendo así un mejor proceso de planificación presupuestaria.
Otros esfuerzos de difusión incluyeron la publicación de un folleto ilustrado con los principales hallazgos del estudio, dirigido a los padres de familia y maestros, y el lanzamiento público de los hallazgos y recomendaciones del estudio a una audiencia de especialistas en educación y periodistas de los principales medios de comunicación social. Estas actividades ayudaron a difundir, ampliamente, los resultados del estudio y lograr el compromiso público de parte del MINEDUC para mejorar los servicios de apoyo. El día del lanzamiento, el CIEN publicó en su página web el informe completo del estudio, el resumen ejecutivo y la presentación en PowerPoint utilizada durante el lanzamiento. El folleto se repartió entre los asistentes al evento y el comunicado de prensa entre los periodistas.
Días más tarde, se le entregaron al encargado de los servicios de apoyo en el MINEDUC, 160 ejemplares del folleto ilustrado para apoyar las capacitaciones ofrecidas por el MINEDUC a las juntas escolares en 2009. Finalmente, se inició la fase de difusión con la participación en un programa de radio de cobertura nacional llamado “Punto de Vista” que busca llegar a los líderes de opinión.
Este caso muestra, entre otras lecciones, que todas las actividades que se lleven a cabo deben tener objetivos claros previamente establecidos y que el rigor técnico permite aumentar las probabilidades de incidir efectivamente sobre los tomadores de decisiones.
Para ver los documentos del proyecto del CIEN, ir a http://www.cien.org.gt/index.aspx?menu=3&indice=182
Para mayor información, contactar a Jorge Lavarreda [email protected] o Mario Cuevas a [email protected].
¿Qué está frenando a la Declaración de Abuja y al aumento de presupuestos de salud en África? por Jay Colburn, “International Budget Partnership” (IBP)
En la Declaración de Abuja 2001, naciones africanas prometieron asignar por lo menos 15 por ciento de sus presupuestos nacionales al sector salud. Ocho años más tarde, la mayoría de los países no han cumplido con esta promesa. Esto se debe, en parte a la ineficiencia en la relación entre los ministerios de finanzas “Ministries of Finance” (MoFs) y los ministerios de salud “Ministries of Health” (MoHs) en muchos países africanos. Expertos nacionales documentaron dicha ineficiencia dentro y entre los ministerios en Ghana, Senegal y Uganda en reportes que se convirtieron en el contenido de un taller de dos días para representantes ministeriales en marzo 2009 en Accra, Ghana. Posteriormente, la iniciativa de salud global del “Woodrow Wilson International Center for Scholars” dio a conocer un reporte bajo el título Improving Ministry of Health and Ministry of Finance Relationships for Increased Health Funding el 24 de junio en Washington, D.C.
¿Por qué éstos y otros países africanos no han podido alcanzar los objetivos planteados en la Declaración de Abuja? ¿Cuáles son los obstáculos que se interponen para el aumento de los presupuestos de salud, especialmente, en Ghana, Senegal y Uganda? Algo que afecta a estas naciones es que parte de su financiamiento proviene de fuentes externas, y se pueden asignar fuentes a sectores específicos, tales como educación o infraestructura. Muchos recursos de donatarios se hacen disponibles a través del MoF, en donde varios ministerios se ocupan de priorizar los debates para obtener recursos. En tanto parte de la dificultad en conseguir los objetivos de Abuja se debe a la naturaleza caprichosa del proceso de asignación, ciertas características de los MoHs y MoFs y de la relación entre ellos ha contribuido a la falta de financiamiento en el sector salud.
A partir de entrevistas con ministros clave y de revisar varios documentos presupuestarios, los investigadores de Ghana, Senegal y Uganda prepararon lineamientos y recomendaciones que pueden usarse por todos los ministerios africanos enfocándose en aumentar los fondos de salud:
- Personal del ministerio de salud con mayor experiencia y capacidad de negociación deben de ser los que promuevan el financiamiento del ministerio de finanzas.
- El personal de salud debe de fortalecer su evidencia para aumentar el financiamiento al vincular indicadores de salud con determinados rubros del presupuesto, esto sin dejar de tomar en cuenta los limitados recursos disponibles.
- Los ministerios de finanzas deben de promover debates y discusiones para mediar la asignación de fondos.
- Los presupuestos deben de ser flexibles y adaptables en lugar de rígidos y predeterminados, como suelen percibirse.
- El MoH debe de consultarse antes de que el MoF asigne fondos para proyectos de salud, para evitar confusión y planear el presupuesto con mayor eficiencia.
- El MoH siente que el proceso presupuestario es una formalidad con poco espacio para negociar y, a veces, no sabe a quién pedirle ayuda dentro del MoF.
- Los MoFs no ofrecen capacitación suficiente sobre el marco de gasto de mediano plazo, que es muy importante para la presupuestación en efectivo “cash budgeting.
- La relación entre el MoF y el MoH también se ve afectada por el bajo nivel de recursos asignados al sector salud.
Con base en estas evaluaciones y análisis, parece que no sólo se trata de la falta de recursos financieros lo que impide que estas naciones africanas aumenten su presupuesto de salud y alcancen los objetivos de la Declaración de Abuja; también existen obstáculos burocráticos, técnicos y de comunicación. Con la esperanza, no sólo de presentar sino de discutir y atender estos temas revelados por la investigación, esta información fue divulgada en el taller en Ghana al que asistieron varios funcionarios ministeriales de Ghana, Senegal y Uganda. Cada asesor nacional compartió sus hallazgos y enseguida los representantes de los ministerios de finanzas y salud discutieron sus expectativas y preocupaciones. Esta ocasión, le permitió a colegas de finanzas y salud interactuar, por primera vez. Cada parte discutió sus necesidades y expectativas y formas alternativas para el desarrollo de capacidades técnicas y comunicativas más efectivas.
El taller en Ghana terminó con varias recomendaciones no sólo para los Ministerios de finanzas y salud, sino para los socios de desarrollo también.
Recomendaciones para el ministerio de salud:
a) Conducir actividades de capacitación para promover capacidades financieras y comprensión.
b) Contratación de economistas expertos en salud para la planeación de largo plazo.
c) Mejorar la documentación del MoF y monitorear y evaluar reportes para justificar aumentos al presupuesto de salud.
Recomendaciones para el ministerio de finanzas:
a) Contratación de personal especializado en temas de salud.
b) Mejorar la proyección del desembolso de fondos.
c) Desarrollar planes presupuestarios de cinco a diez años, así como planes para emergencias y epidemias.
Recomendaciones para la relación entre los ministerios de salud y finanzas:
a) Institucionalizar un mecanismo para el diálogo entre ministerios.
b) Cada ministerio debe asignar funcionarios para trabajar con los ministerios, colaborar en la planeación presupuestaria y aumentar la rendición de cuentas y el intercambio de información.
c) Aprender de las experiencias de otros países al compartir problemas y soluciones en común.
Recomendaciones para socios expertos en desarrollo:
a) La ayuda se debe de asignar a través del presupuesto, en lugar de entregarse directamente a proyectos de salud específicos.
b) Socios expertos en desarrollo deben de trabajar con los ministerios para armonizar los esfuerzos de múltiples donatarios e integrarlos con las estrategias generales de desarrollo de los países.
En coordinación con el lanzamiento del reporte, “Improving Ministry of Health and Ministry of Finance Relationships for Increased Health Funding”, el Wilson Center organizó una discusión con tres de los participantes del taller para discutir los hallazgos y recomendaciones y sus propias perspectivas sobre la relación entre el MoH y el MoF en su país.
En esta reunión Mavis McCarthy de MCM y asociados (quien participó en la investigación de Ghana) y Mary Nannono, secretaria permanente del Ministerio de Salud de Uganda, enfatizaron la necesidad de que los ministerios de salud le den mayor prioridad a sus proyectos con retroalimentación de los ministerios de finanzas. Su relación debe de dejar de ser “un proceso puramente mecánico para convertirse en un diálogo estratégico,” promoviendo el respeto mutuo entre los ministerios.
Eva Mends, representante del Ministerio de Finanzas de Ghana, cerró la sesión enfatizando “acción, acción, acción:” la gente en los ministerios de diferentes países necesita aprender y usar la investigación y progreso realizado durante el taller. Mends observa que el proceso presupuestario no es un proceso técnico, sino político que incluye oportunidades de participación que con frecuencia no se aprovechan.
Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones que van más allá de Ghana, Uganda o Senegal. A lo largo de África, individuos, organizaciones, funcionarios gubernamentales y ministerios pueden aprender de la información difundida durante el taller en Ghana y el reporte dado a conocer en D.C. para aumentar el financiamiento de salud y mejorar las vidas de los ciudadanos.
Para ver el reporte, video del evento en D.C, presentación power point y el resumen, ir aquí.
Curso sobre el monitoreo de los presupuestos de salud en la India por Thokozile Madonko, “International Budget Partnership” (IBP)
Del 20 al 29 de septiembre 2009 el “International Budget Partnership” (IBP), “Centre for Economic Governance and AIDS” en África (CEGAA), y Fundar, Centro de Análisis e Investigación organizaron un taller piloto sobre salud y presupuestos en Kerala, India. Entre los participantes había 18 organizaciones de 10 países alrededor del mundo interesados en usar el análisis y la incidencia presupuestaria como una herramienta para fortalecer su influencia en políticas y presupuestos de salud. Ochos de las organizaciones participan también en el programa de financiamiento del IBP llamado “Partnership Initiative” (PI). Estas organizaciones realizan o planean un proyecto de salud y presupuesto. Las otras organizaciones son socias de CEGAA, WEMOS y del “Open Society Institute.”
El curso de salud y presupuestos es una innovación en el programa de capacitación del IBP. El IBP junto con CEGAA y Fundar, diseñaron el curso para ayudar a los participantes a monitorear políticas y presupuestos de salud. El curso cubre un período de dos años comenzando con un taller introductorio intensivo y siguiendo con asistencia técnica personalizada y tutorías con los socios o pares durante la implementación de su proyecto de salud y presupuesto. Los materiales del taller fueron diseñados para ayudarles a los participantes a comprender los aspectos clave de los presupuestos de salud, tal como el derecho a la salud, determinantes para la salud, información de salud, sistemas de financiamiento de salud, políticas de salud y el proceso presupuestario, cálculos presupuestarios y costos básicos, y equidad en la salud. Los ejercicios prácticos del taller se enfocaron en la mortalidad materna, el VIH/SIDA y acceso a los servicios de salud.
En el taller los participantes también aprendieron técnicas básicas para desarrollar estrategias de incidencia sobre salud y presupuestos y para comunicar mensajes sobre salud y presupuestos. Uno de los participantes dijo, “Me puedo ver planeando de manera muy distinta, a partir de lo que aprendí. El módulo sobre la estrategia de incidencia sin duda tendrá un impacto en el trabajo de mi organización.”
El taller fue de carácter participativo, al igual que otras iniciativas de capacitación del IBP, en donde los participantes responden y hacen preguntas, discuten el material del taller, y realizan trabajo y ejercicios en equipo. Dos talleres se llevaron a cabo simultáneamente con dos equipos de entrenadores. Esto les permitió a los participantes interactuar más de cerca con el material del taller, incluyendo el ejercicio de simulación de Polarus, un país ficticio con varios problemas de salud. Los participantes revisaron un estudio de caso muy semejante a su proyecto de salud y presupuesto para darse una idea de las capacidades necesarias para implementar su proyecto.
Acerca de los ejercicios de Polarus y del estudio de caso, uno de los participantes dijo, “Disfruté mucho el estudio de caso de Polarus, fue como una aventura con los otros participantes y aprendí mucho de este ejercicio en particular.” Otra persona dijo “Polarus fue definitivamente una experiencia increíble, pues nos puso a todos en el mismo nivel.”
Con base en los comentarios de los participantes, el IBP refinará la estructura del taller y de los materiales, para lanzar el taller formalmente en 2010. El sector salud requiere de actividades de monitoreo e incidencia y el IBP está seguro de que este taller temático contribuirá a los distintos esfuerzos alrededor del mundo.
Para mayor información, contactar a Helena Hofbauer a [email protected], o Thokozile Madonko a [email protected].
Reportes de UNIFEM
Reportes del programa EC-UNIFEM “Integrating GRB into the Aid Effectiveness Agenda”
por Debbie Budlender
En 2008 UNIFEM lanzó un programa de tres años llamado “Integrating gender responsive budgeting into the aid effectiveness agenda.” El primer componente de este programa involucró una investigación en 10 países en vías de desarrollo para investigar cómo han sido aplicadas las herramientas estrategias de presupuestos con enfoque de género “gender responsive budgeting” (GRB) en el contexto de las presentes modalidades de ayuda financiera. Esta investigación intenta profundizar la comprensión de los socios nacionales y de los tomadores de decisiones de la Unión Europea “European Union” (EU) sobre las oportunidades de usar GRB para promover la rendición de cuentas de la equidad de género en la efectividad de la ayuda. Los reportes están disponibles en inglés, francés y en español.
“Budgeting for Women’s Rights: A Summary Guide for Policy Makers, Gender Equality and Human Rights Advocates” Con base en un reporte por Diane Elson
Este cuaderno articula el significado de tomar un enfoque de derechos humanos al estudiar los presupuestos gubernamentales. Toma las lecciones y experiencias de iniciativas de presupuestos con enfoque de género “Gender Budgets Initiatives” (GBIs) de otras partes del mundo y vincula los compromisos gubernamentales a la Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación (CEDAW, por sus siglas en inglés) con las cuatro dimensiones principales de los presupuestos: recaudación, gasto, macroeconomía del presupuesto y procesos de toma de decisiones. Aclara cómo el análisis de presupuestos con enfoque de género ayuda al monitoreo de las acciones gubernamentales respecto a CEDAW, identificando cómo CEDAW puede ayudar a establecer criterios de equidad en las actividades del presupuesto y guiar a las GBIs y otras iniciativas a la equidad de género. Esta publicación es una herramienta de incidencia para actores clave en el área de presupuestos gubernamentales y los derechos humanos de las mujeres, incluyendo políticos, legisladores a nivel nacional y activistas de género y derechos humanos. El cuaderno está disponible en árabe, inglés, francés y español.
by soapbox | Jul 1, 2009
Des études du coût de la vie offrent des éléments pour lutter pour des améliorations
“Making Ends Meet”: Un aperçu du coût de la vie en Californie, par Lisa Gardiner, “California Budget Project” (CBP)
Manuel sur le panier de base en Zambie, par Tina Nanyangwe-Moyo, “Jesuit Center for Theological Reflection” (JCTR)
Budgets et droits de l’homme: initiatives et ressources
La société civile et le droit à la santé obtiennent une victoire au Mexique, par Rocío Campos, International Budget Partnership (IBP)
Guide budgétaire pour faire progresser le droit à l’alimentation
Une résolution des Nations unies reconnaît la mortalité maternelle comme un droit humain, par Morgan Stoffrege, «International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights» (IIMMHR)
Programme pour éduquer la jeunesse brésilienne sur l’influence des budgets publics, par Alexandre Ciconello, Márcia Acioli et Lucídio Bicalho Barbosa, Institut d’études socioéconomiques (INESC)
Conférence sur les décisions budgétaires et les droits économiques et sociaux, Belfast
Initiative budgétaire pour les droits de l’homme
Etudes pour améliorer l’exercice, les dépenses et services du gouvernement
Campagne contre la corruption gouvernementale en Argentine, par Luis Villanueva, «Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia» (ACIJ)
L’efficacité énergétique dans les édifices publics conduit à l’efficacité des dépenses publiques en Russie par Marina Shapiro, «Institute of Urban Economics» (IUE)
Des villes des Etats-Unis incluent le public dans des difficiles décisions budgétaires, par Malka Kopell, «Community Focus», et Harris Sokoloff, “Penn Project for Civic Engagement»
L’enquête PETS améliore les services scolaires au Guatemala, par Jorge Lavarreda, “Centro de Investigaciones Económicas Nacionales” (CIEN)
Qu’est-ce qui freine la Déclaration d’Abuja et l’augmentation des budgets de santé en Afrique? Par Jay Colburn, “International Budget Partnership” (IBP)
Atelier de formation de l’Initiative de partenariat
Cours sur le suivi des budgets de santé en Inde, par Thokozile Madonko, “International Budget Partnership” (IBP)
Ressources sur les budgets avec une perspective de genre
Rapports de UNIFEM
Cours sur les budgets sensibles au genre, Turin
“Making Ends Meet”: un aperçu du coût de la vie en Californie, par Lisa Gardiner, “California Budget Project” (CBP)
Le niveau de pauvreté fédéral laisse beaucoup à désirer pour avoir un paramètre sur comment vivent les familles aux Etats-Unis. Par exemple, il ne prend pas en compte le coût du soin infantile en déterminant les dépenses des familles. Dans notre Etat de Californie, le niveau de pauvreté fédéral ne prend pas en compte le coût de vie élevé.
En 1999, le “California Budget Project” a entrepris un effort pour estimer avec plus de précision ce dont les familles ont besoin pour avoir un niveau de vie modeste, sans l’aide de programmes publics. Le CBP a adopté la méthodologie qui, originellement, a été développée par le “Michigan League for Human Services” pour calculer combien cela coûte à une famille de vivre en Californie, en se basant sur le coût du logement, de la nourriture, des soins infantiles et d’autres besoins basiques. Le rapport de cette analyse sous le titre “Making Ends Meet” (disponible ici: www.cbp.org), s’est converti en un des piliers du travail de l’organisation.
L’étude “Making Ends Meet” est actualisée et publiée approximativement tous les deux ans et a été largement citée dans les moyens de communication et contribué à attirer l’attention sur le coût élevé de la vie en Californie, les défis économiques auxquels sont confrontées les familles travailleuses et la disparité entre les salaires et le coût pour maintenir une famille. Les conclusions du rapport ont été utilisées par des organisations de la communauté pour argumenter sur l’augmentation des toits salariaux pour certains programmes publics et promouvoir des salaires locaux minimums. Il y a quelques années, “Making Ends Meet” a été souvent citée par des politiques et par les médias au moment d’un effort pour augmenter le salaire minimum au niveau étatique. Récemment, “Making Ends Meet” a aidé des organisations communautaires à présenter le cas au conseil de la ville de San Diego pour soutenir, dans le cadre du plan général de la ville, la création d’emplois de meilleure qualité avec des salaires auto-suffisants.
L’analyse de “Making Ends Meet” se fonde sur des sources de données disponibles publiquement, telles que le “U.S. Department of Housing and Urban Development’s annual Fair Market Rents for the cost of housing”; le “U.S. Department of Agriculture’s Low Cost Food Plan to estimate food costs”; et des études réalisées par la “California Energy Commission” qui offrent des estimations sur les coûts de transport et les distances.
L’analyse estime des “budgets familiaux de base” en se fondant sur les dépenses de quatre familles hypothétiques intégrées par: un adulte, père ou mère célibataire avec deux enfants, une famille avec père et mère et deux enfants, avec un seul des parents travaillant, et deux parents travaillant avec deux enfants. Elle essaie de couvrir tous les scénarios: en plus des dépenses évidentes – logement, payement de services, aliments, transport et soins infantiles – le CBP considère les coûts de la couverture de santé, impôts sur les revenus et dépenses variées comme le shampoing et les couches. En réalisant notre analyse, nous avons appris les leçons suivantes:
- Les conjonctures sont tout. Les conjonctures que nous avons faites ont été critiques pour la précision des budgets de la famille de base. Par exemple, du fait du coût élevé de la propriété d’un logement en Californie, l’analyse assume que les familles louent au lieu d’être propriétaires de leur foyer. Considérant que les familles aux faibles revenus ont moins de probabilité d’être assurées que les familles aux revenus élevés, l’analyse assume que les familles achètent une assurance médicale au lieu de disposer d’une couverture fournie par leur travail.
- Il est important de prendre en compte les différences régionales. La Californie est un grand Etat, densément peuplé et complexe avec 37 millions de personnes vivant dans 58 comtés. Le coût de la vie varie amplement: le prix moyen d’une maison dans le comté de Fresno en 2007 représente exactement la moitié de ce que coûte une maison dans le comté de Los Angeles. De la même façon, les coûts de transport public ont été considérablement plus élevés à San Francisco en 2007 que dans le comté rural de Butte. Bien que “Making Ends Meet” n’inclut pas d’estimation générale sur combien coûte la vie en Californie, les calculs régionaux sont bien plus significatifs. L’analyse divise l’Etat en dix régions et calcule les coûts mensuels dans chaque région.
Au fur et à mesure que les Californiens sont confrontés à de plus grands défis économiques, la nécessité d’un panorama plus clair sur le coût de la vie pour une famille se fait plus pressant. “Making Ends Meet” est un projet que nous poursuivrons surement dans les prochaines années.
Pour davantage d’informations, contacter Lisa Gardiner [email protected].
Manuel sur le panier de base en Zambie, par Tina Nanyangwe-Moyo, “Jesuit Center for Theological Reflection” (JCTR)
Le “Jesuit Centre for Theological Reflection” (JCTR) basé en Zambie, a préparé le manuel du panier des besoins de base “Basic Needs Basket” (BNB) pour promouvoir les évaluations critiques de la pauvreté et ses causes dans huit zones de la Zambie: Lusaka, Livingstone, Luanshya, Kabwe, Kitwe, Ndola, Mongu et Kasama. Le BNB a permis au JCTR de réaliser des activités d’incidence fondées sur des preuves pour donner une voix aux personnes luttant pour satisfaire leurs besoins de base et inspirer des actions promouvant la justice sociale.
Le BNB est une enquête mensuelle qui présente le coût de produits alimentaires de base (farine de maïs, haricots secs, poisson séché, viande, œufs, légumes, oignon, tomates, lait, pain, sucre, sel, feuilles de thé et huile pour cuisiner) et de produits non alimentaires (charbon, savon, détergeant, crème pour le corps, électricité, eau et loyers). Le BNB estime le panier de base dont a besoin une famille urbaine de six personnes pour avoir une vie digne et saine. Il n’inclut pas d’autres produits nécessaires pour augmenter les opportunités de la famille comme l’éducation, le transport, les vêtements et les services de santé.
L’enquête mensuelle est réalisée en Zambie depuis plus de 11 ans, avec le soutien de résidents locaux opérant comme chercheurs de terrain. Chaque mois, ces résidents formés rassemblent des informations précises sur le coût de produits alimentaires et non alimentaires de base. En fonction de la taille de la ville, les informations se fondent sur la collection de données de six à huit marchés locaux. En outre, les foyers sont sélectionnés pour offrir aux chercheurs de terrain des informations sur les ajustements à l’accès de produits alimentaires et non alimentaires, comme le coût du loyer.
Les chercheurs de terrain envoient les informations collectées au bureau du JCTR à Lusaka où le personnel du JCTR calcule le coût moyen de produits alimentaires et non alimentaires de base pour une ville spécifique en utilisant des applications simples d’Excel. Un communiqué de presse est envoyé aux médias avec les données les plus récentes sur le coût de la vie dans différentes villes et sont soulignés les faits ou les cas les plus notoires.
Avec le passage du temps, le BNB s’est converti en un outil utile pour les foyers, les employés et employeurs, les groupes communautaires, les ONG, les syndicats et pour le gouvernement. Par exemple:
- Les syndicats l’utilisent comme un outil pour lutter pour de meilleurs services publics et expliquer que le salaire minimum doit correspondre aux niveaux de pauvreté existants. Ils l’utilisent également pour exiger des limites plus élevées d’exemption d’impôts sur les revenus, documenter leur lutte pour les droits des travailleurs et éduquer les travailleurs sur comment dépenser son salaire de façon responsable.
- Les ONG utilisent les informations du BNB dans leurs recherches pour déterminer quand intervenir avec des propositions et actions de développement.
- Les foyers utilisent le BNB pour organiser les dépenses familiales et établir des priorités en matière d’achats. Il sert également d’outil pour influencer les membres du parlement et améliorer certaines politiques économiques comme les impôts et les tarifs.
- Le gouvernement utilise le BNB comme outil pour relier les politiques locales, nationales et internationales aux besoins du foyer des habitants de la Zambie. Le BNB peut également être utilisé pour questionner les priorités ministérielles de dépenses en investissements pour lutter contre la pauvreté comme les services de santé et la création d’emplois.
Le BNB offre des éléments sur la situation actuelle à laquelle sont confrontés les pauvres en Zambie, comme résultat des politiques nationales. Ces éléments sont utilisés pour promouvoir et influencer des changements et améliorations dans des politiques socioéconomiques. JCTR considère que les organisations de la société civile doivent mener et utiliser des recherches similaires dans d’autres pays affectés par la pauvreté.
Pour davantage d’informations, contacter Tina Nanyangwe-Moyo [email protected].
La société civile et le droit à la santé obtiennent une victoire au Mexique, par Rocío Campos, International Budget Partnership (IBP)
Le 20 juin, après presque 11 ans de lutte, l’Institut de sécurité et des services sociaux des travailleurs de l’Etat de Sonora (“Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora”) ou ISSSTESON— un organisme public décentralisé qui a à sa charge l’attribution des prestations et services de santé, en faveur des fonctionnaires publics de l’Etat – a affilié M. Abel Montenegro Velázquez, habitant de l’Etat de Sonora et fonctionnaire public, ainsi que sa famille. A des personnes comme M. Velázquez et sa famille est refusé l’accès aux services de santé offerts par ISSSTESON sur la base de la provision de l’article 6 des régulations internes de l’institution qui interdit l’affiliation des demandeurs n’ayant pas une bonne santé. Des recherches récentes démontrent que ces huit dernières années l’ISSSTESON a rejeté les sollicitudes de 404 fonctionnaires publics dans cet Etat du Nord parce qu’ils ne jouissaient pas “d’une bonne santé”. Ce qui représente approximativement 1400 personnes affectés, puisque la règle discriminatoire s’étend également à la famille du travailleur.
M. Montenegro savait qu’il était victime de discrimination et pendant presque 10 ans il s’est consacré à présenter son cas à une grande liste de fonctionnaires publics, mais la situation ne s’est jamais corrigée. Un jour, M. Montenegro a décidé de contacter l’organisation de la société civile Sonora Ciudadana A.C., pour présenter son cas une fois de plus: “je ne comprends pas pourquoi ils me demandent d’avoir la santé d’un athlète pour m’affilier. Ce ne sont pas eux qui sont censés dispenser une bonne santé? C’est presque comme si une école primaire ne permettait pas l’entrée aux enfants parce qu’ils ne savent pas lire ou écrire!”
En réponse à la réglementation discriminatoire, qui existe aussi dans 13 autres états de la République mexicaine, Sonora Ciudadana A.C. et une autre organisation de la société civile mexicaine, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, ont réalisé des recherches sur les dépenses non exécutées du secteur de la santé au niveau national. Leur analyse a révélé qu’entre 2004 et 2008, le Fidéicommis de protection sociale en santé n’avait pas transféré 80% du budget pour la construction et l’agrandissement de cliniques et hôpitaux. Les organisations ont souligné l’importance de l’exécution des dépenses du secteur santé dans leur totalité pour donner une couverture à tous les intéressés, sans exception. Sonora Ciudadana A.C. et Fundar ont mené le cas de M. Montenegro devant la Cour suprême de justice et en mars 2009 l’article en question a été déclaré inconstitutionnel.
Tôt ou tard, l’ISSSTESON devra éliminer cette réglementation discriminatoire et offrir des services de santé à tous les citoyens auxquels il a refusé le service, parce qu’ils ne jouissaient pas d’une bonne santé. “Je ne peux expliquer ce que je ressens, je savais déjà que nous avions gagné, mais ils ne m’affiliaient pas encore et j’avais peur qu’ils ne le fassent pas. Aujourd’hui est un grand jour, non seulement pour moi et ma femme, c’est aujourd’hui la première étape pour tous ceux qui sont dans ma situation”, a déclaré M. Montenegro le jour où il a finalement été affilié au système de santé sociale que l’Etat offre à ses fonctionnaires publics.
Pour davantage d’informations, contacter Guillermo Noriega Esparza à [email protected].
Guide budgétaire pour faire progresser le droit à l’alimentation
L’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation vient de publier le guide ” Many a slip…” Budget work to advance the right to food.
En se fondant sur les expériences du travail budgétaire dans différents pays, “Many a slip…” présente, pas à pas, le processus d’analyse du budget du gouvernement et évalue son respect des obligations pour satisfaire le droit des personnes à l’alimentation. Bien qu’il se concentre sur des questions liées au droit à la nourriture, le processus décrit peut s’adapter à d’autres droits de l’homme.
La publication construit et amplifie les informations de Dignity Counts, un guide sur le travail budgétaire autour des droits de l’homme produit en 2004 par le “International Budget Partnership” (IBP), Fundar et le “International Human Rights Internship Program” (IHRIP). Dans les cinq années suivant la publication de Dignity Counts, des organisations de différents pays se sont consacrées activement au travail budgétaire dans le cadre des droits de l’homme. Sur la base de ces expériences, “Many a slip…” offre une perspective plus détaillée et avancée de l’analyse budgétaire dans le cadre des droits de l’homme que Dignity Counts.
Le guide est le produit d’un projet coordonné par IHRIP avec la participation de l’IBP et d’autres organisations. Il contient également une section qui présente des initiatives dans trois pays pour produire “un budget du droit à l’alimentation”.
La publication est disponible ici: http://www.fao.org/righttofood/publi09/budget_guide_en.pdf.
Pour demander une copie à la FAO, envoyer un mail à [email protected].
Pour demander une copie à l’IHRIP, envoyer un mail à [email protected].
Une résolution des Nations unies reconnaît la mortalité maternelle comme un droit de l’homme, par Morgan Stoffrege, “International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights” (IIMMHR)
Le 17 juin est entré dans l’histoire quand le Conseil des droits de l’homme des Nations unies , “United Nations Human Rights Council” (UNHRC), a adopté une résolution, approuvée par plus de 70 gouvernements, reconnaissant la mortalité maternelle comme une question de droit de l’homme. L’UNHRC s’est engagé à renforcer les efforts nationaux et internationaux pour protéger les vies des femmes et enfants à travers le monde. Cette résolution est une avancée notoire alors que plus d’un million de femmes meurent chaque année à cause de complications durant la grossesse ou l’accouchement.
Dans le contexte des 20 dernières années, alors que la mortalité maternelle était considérée comme une question de santé et de développement – et non un droit humain – la résolution du Conseil sur “la mortalité et morbidité maternelles pouvant être prévenues et les droits de l’homme” est un énorme pas en avant, non seulement pour la section des droits de l’homme des Nations unies; mais aussi pour la communauté des droits de l’homme en général. La résolution reconnaît que les efforts de combat contre la mortalité maternelle requièrent la promotion effective des droits humains des femmes, dont le droit à la vie, à l’équité et à la non discrimination, à l’information, à bénéficier du progrès scientifique et à profiter des niveaux de santé les plus élevés possibles, dont la santé sexuelle et reproductive.
En plus d’identifier les droits humains clés impliqués dans la mortalité maternelle, la résolution:
- reconnaît que la mortalité maternelle pouvant être prévenue est un défi collectif qui affecte toutes les cultures et régions du monde;
- Reconnaît que l’angle des droits de l’homme implique des efforts effectifs et durables pour éliminer la mortalité maternelle pouvant être prévenue.
- Applaudit la participation des corps des Nations unies chargés du suivi des traités et procédures spéciales (tels que le Rapporteur spécial sur le droit à la santé) en traitant la mortalité maternelle comme une question de droits humains.
- Demande à l’Office du Haut commissaire aux droits de l’homme, “Office of the High Commissioner for Human Rights”, (OHCHR) de réaliser une étude thématique pour déterminer les dimensions de droits humains de la mortalité maternelle et morbidité et recommande au Conseil des actions pour contribuer aux efforts existants du point de vue des droits de l’homme.
Qui plus est, la résolution exige des gouvernements qu’ils redoublent leurs efforts de prévention et qu’ils modifient leur vision de la mortalité maternelle – c’est-à-dire, comme une question de droits humains non moins sérieuse que les exécutions, les détentions arbitraires ou les actes de torture. En le faisant, sont créées des opportunités pour que la société civile travaille avec le Conseil pour la promotion de la responsabilisation du gouvernement et que progressent les standards légaux concernant la mortalité maternelle.
Lors de la dernière année et demie, des organisations de la société civile autour du monde se sont consacrées à promouvoir cette résolution et continueront à jouer un rôle important pour s’assurer de la responsabilisation du gouvernement sur ce thème.
L’initiative internationale sur la mortalité maternelle et les droits de l’homme, “International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights” (IIMMHR), une association d’organisations de la société civile aux niveaux international, régional et national engagée dans une perspective de droits de l’homme inclusive concernant la mortalité maternelle, travaille conjointement à d’autres groupes pour promouvoir la résolution. L’IIMMHR se trouvait dans une position stratégique pour jouer un rôle clé dans les efforts d’incidence de la société civile devant les gouvernements. Ceci du fait que nous étions la seule voix issue de la société civile dans le premier panel thématique organisé par le Conseil sur la mortalité maternelle l’été dernier, qui a contribué à ce que les gouvernements observent de quelle façon les droits de l’homme peuvent contribuer à la perspective de santé pour réduire la mortalité maternelle. Nous avons également aidé à développer un “white paper” pour établir les bases de la résolution du Conseil et nous avons travaillé toute l’année pour sensibiliser et éduquer les gouvernements sur les dimensions de droits humains de la mortalité maternelle. (Pour voir la transcription du panel, aller sur: www.righttomaternalhealth.org/resource/panel-un-hrc).
Maintenant que la résolution a été approuvée, l’IIMMHR continuera de collaborer avec d’autres groupes pour s’assurer que la résolution se convertisse en actions concrètes des gouvernements autour du monde. Par exemple, l’une de nos premières activités sera d’influencer le contenu de l’étude thématique sur la mortalité maternelle que la résolution a demandé de préparer à l’OHCHR. Cette étude est très importante car elle posera les bases du travail du Conseil sur la mortalité et la morbidité maternelles. L’IIMMHR travaillera sur deux fronts: en contribuant à l’étude et en influençant sa préparation pour assurer une plus grande participation de la part d’organisations de la société civile.
Une fois l’étude présentée, nous travaillerons pour assurer que le Conseil prenne en compte les conclusions et propositions, idéalement à travers une résolution postérieure en 2010. Une seconde résolution serait aussi importante que la première, puisqu’elle déterminerait les mécanismes dont le Conseil a besoin pour répondre plus systématiquement au thème de la mortalité maternelle.
Dans le futur, nous prévoyons de promouvoir la responsabilisation pour l’implantation de la résolution comme un outil d’incidence aux niveaux national et régional. La résolution peut être un outil d’incidence non seulement pour les groupes de la société civile; mais aussi pour d’autres acteurs comme les fournisseurs de services de santé qui désirent que les gouvernements entreprennent des actions concrètes pour réduire la mortalité maternelle et leur exiger des compte-rendus sur les engagements pris.
En approuvant cette résolution, les gouvernements indiquent leur volonté de renforcer leurs efforts pour réduire la mortalité maternelle dans une perspective de droits de l’homme. Ce type de reconnaissance est nécessaire, de façon urgente, considérant que l’objectif du millénaire numéro cinq – améliorer la santé maternelle – est le plus en retard des huit objectifs. Les groupes de la société civile doivent continuer avec le momentum créé par la résolution et s’assurer que leur gouvernement convertisse la résolution en actions concrètes.
Pour davantage d’informations sur l’IIMMHR, aller sur www.righttomaternalhealth.org.
Programme pour éduquer la jeunesse brésilienne sur l’influence des budgets publics, par Alexandre Ciconello, Márcia Acioli et Lucídio Bicalho Barbosa, Institut d’études socioéconomiques (INESC)
L’Institut d’études socioéconomiques (INESC), une organisation de la société civile basée à Brasilia, au Brésil, a organisé un projet pour introduire les droits de l’homme et les budgets publics dans les programmes d’études de six écoles. Les écoles participant localisées dans différentes communautés autour du district fédéral incluent une école en zone rurale. Celles-ci ont été sélectionnées à partir de leurs niveaux d’exclusion sociale, de violence juvénile, d’abus et de trafic de drogues à l’intérieur des installations scolaires. Ces problèmes expliquent, en grande partie, leur faible rendement scolaire.
L’idée du projet est de renforcer la capacité des enfants et des adolescents à garantir leurs droits et surveiller les politiques publiques qui les affectent. Les principaux objectifs sont d’assurer que les enfants et les adolescents soient impliqués dans les discussions sur les droits et la citoyenneté et d’observer comment ces facteurs sont liés au budget public.
Le projet a organisé des ateliers sur la base de principes d’éducation artistique et populaire, où la participation est vitale pour le développement de nouvelles connaissances, de la conscience et de la sensibilité nécessaires pour la transformation sociale. Le modèle ludique des ateliers combine art et communication pour introduire des concepts et des discussions sur les droits de l’homme, la formulation et le suivi de budgets et la participation démocratique. Lors de l’atelier de communications, les enfants développent leur capacité à comprendre le monde et articuler des points de vue de forme critique et sensible.
Outre ces programmes scolaires, il est prévu que les adolescents participent à des espaces politiques dans lesquels sont organisés des débats sur le budget public, tels que les conseils de la ville et la législature fédérale. Ils sont également encouragés à s’unir à des réseaux d’activistes d’enfants et adolescents. Dans une réunion pour discuter du budget pour l’éducation du District fédéral 2009 avec des avocats et administrateurs publics, les enfants ont proposé un amendement budgétaire d’environ un million de dollars. L’amendement a été approuvé et les fonds ont été alloués à la construction de terrains de sports et à la rénovation des écoles. Le défi est désormais de surveiller l’exécution des ressources allouées.
A travers les ateliers, les étudiants reçoivent une formation pour devenir écrivains, photographes et dessinateurs pour une revue qu’ils prévoient de publier en novembre sur les droits de l’homme et les budgets publics. L’objectif de cette revue est d’élargir le débat et d’approfondir la réflexion sur des questions mentionnées durant les ateliers. Elle veut également offrir un forum pour définir, de façon consensuelle, les agendas de politiques publiques et budgets qui se répercutent sur l’éducation et la jeunesse du District fédéral.
L’enthousiasme démontré par les écoles participant confirme que construire une culture de droits de l’homme est quelque chose de possible et nécessaire. Les jeunes participants ont développé une forte motivation pour les causes collectives. En des jours où le niveau de violence des écoles du District fédéral est en augmentation, les écoles inclues dans ce projet vont en sens opposé, se convertissant en des espaces d’engagement social et politique, de créativité, d’affect et de solidarité.
Lors des cinq dernières années, l’INESC a développé une méthodologie pour promouvoir l’accès aux droits de l’homme et les incorporer de forme tangible dans les politiques publiques et dans l’assignation des ressources publiques. Réaliser ces activités avec succès requiert une certaine habilité pour travailler avec le gouvernement aux niveaux national, étatique et municipal, surtout, avec le Congrès national; ainsi que se lier à des mouvements sociaux, des ONG, des dirigeants de mouvements communautaires, des écoles, des organisations de jeunes pour discuter et diffuser la relation entre les droits de l’homme et les budgets.
Une partie de la mission institutionnelle de l’INESC est de comprendre le cycle budgétaire et le système fiscal (revenus et dépenses publics) pour influer sur la conception politique et l’assignation et l’exécution de fonds publics au bénéfice des personnes pauvres et marginalisées. Bien que ceci soit tangible dans différents espaces géographiques et institutionnels, le travail avec les écoles du District fédéral démontre un impact effectif sur la conscience citoyenne et l’énorme potentiel transformateur de l’éducation des jeunes pour comprendre, surveiller et influencer les budgets.
Pour davantage d’informations, contacter Alexandre Ciconello à [email protected], Márcia Acioli à [email protected] et Lucídio Bicalho Barbosa à [email protected].
Conférence sur les décisions budgétaires et les droits économiques et sociaux, Belfast
Le Centre des droits de l’homme de l’Ecole de droit de l’Université de Queen à Belfast, En Irlande du Nord, organise une conférence sous le titre “Budget Decisions and Economic and Social Rights” (ESR) du 14 au15 novembre 2009. La conférence veut développer et approfondir la relation entre l’analyse économique et l’évaluation du respect des droits de l’homme. La conférence réunira des personnes qui se consacrent à surveiller le respect par les Etats des obligations des ESR, avec la perspective particulière du travail des budgets. Les présentateurs de la conférence incluront des experts des Nations unies, des universitaires reconnus et des activistes de la société civile. Sur la base de l’expérience des participants dans des secteurs tels que le droit, les droits de l’homme, l’économie et le développement, cet événement multidisciplinaire permettra l’échange d’expériences pour amplifier et renforcer la recherche dans les décisions budgétaires et les ESR. Certains des thèmes couverts par la conférence incluent le lien entre les obligations ESR et l’analyse des budgets, le suivi des dépenses et les budgets participatifs. Pour davantage d’informations, aller ici.
Initiative budgétaire pour les droits de l’homme
En 2006 APRODEV (“Association of World Council of Churches related Development Organizations in Europe”), une organisation de droits et développement, a initié l’initiative budgétaire pour les droits de l’homme “Budgeting for Human Rights Initiative”. En janvier 2009, “Equalinrights”—avec le soutien d’agences d’APRODEV—a institutionnalisé un projet pour inclure les perspectives et les coûts d’application des droits de l’homme dans le cycle budgétaire. Le projet a été lancé avec des ateliers et des recherches pour promouvoir le fait que les droits de l’homme doivent être financés de la même façon que les gouvernements financent des secteurs comme la santé et l’éducation.
L’initiative se trouve dans sa seconde phase et lancera un processus pilote de deux ans pour se concentrer sur l’application pratique du coût et le “frontloading” des droits de l’homme dans les budgets nationaux en Palestine, Namibie, au Kenya, en Inde et, possiblement au Guatemala. La pratique de “frontloading” dans les droits de l’homme est relativement neuve et part de “combien doit être assigné à l’éducation primaire pour respecter les critères des droits de l’homme”, au lieu de “si le droit à l’éducation primaire s’est réalisé progressivement”, ce qui permet de disposer d’informations plus concrètes et mesurables. Parallèlement au processus pilote, seront réalisées une recherche universitaire et des analyses sur de nouvelles stratégies et méthodologies pour budgéter les droits de l’homme. A partir de la documentation issue du processus pilote et du partage de la recherche, la seconde phase de l’initiative contribuera, tant de façon empirique que théorique, à l’application des droits de l’homme pour tous.
Campagne contre la corruption gouvernementale en Argentine, par Luis Villanueva, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Même si l’Argentine reconnaît et a signé des conventions anti-corruption, le pays ne dispose pas d’entités spécialisées où les gens peuvent rapporter des actes de corruption au sein du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire ou des ministères publics. Bien que le système légal argentin dispose de certains mécanismes pour dénoncer des actes de corruption, en comparaison avec les standards internationaux, ceux-ci ne sont pas suffisants et leur application pratique est de moins en moins efficiente. Il est très important que les citoyens disposent de mécanismes fonctionnels pour dénoncer les actes de corruption, parce qu’ainsi il est possible de faire des recherches, de poursuivre et de pénaliser la corruption.
Devant cette situation, l’organisation de la société civile (OSC) “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia” (ACIJ) basée à Buenos Aires, en Argentine, a commencé une série d’activités pour diffuser les mécanismes existants pour dénoncer la corruption et créer une conscience publique sur l’importance de la participation sociale active pour combattre la corruption. Une de ces activités était la campagne publique en collaboration avec deux autres OSC, Fundación Soporte et Poder Ciudadano. La Campagne publique a produit un court-métrage intitulé “Si lo ves y lo contás, lo vemos todos”. Le court-métrage a été diffusé massivement dans les médias les plus importants du pays, avec l’objectif de générer une prise de conscience concernant l’importance des dénonciations de faits de corruption. (Pour voir le court-métrage, aller sur: http://www.youtube.com/watch?v=JGjLev5kTAw , ou visiter http://www.acij.org.ar.)
ACIJ et la Fundación Soporte ont créé une ligne téléphonique pour recevoir des dénonciations sur des cas de corruption, pour répondre aux dénonciations et aux dénonciateurs avec le sérieux qui se doit. Pour cela, les deux organisations disposent d’une équipe interdisciplinaire destinée à donner un soutien technique et un appui aux dénonciateurs –qui sont souvent affectés et ont subi des menaces. Prochainement sera créé un blog qui fonctionnera comme un centre virtuel de réception des dénonciations, dans lequel il y aura une section spécialement conçue pour stimuler et conseiller les petites et moyennes entreprises fournisseurs de l’Etat désirant dénoncer des faits de corruption dont elles auraient été les victimes ou témoins.
Finalement, ACIJ est entré en contact avec différentes entités gouvernementales qui ont exprimé leur intérêt pour implanter des politiques de transparence, c’est-à-dire promouvoir la dénonciation de cas de corruption et soutenir la participation citoyenne dans la lutte contre la corruption. Dans ce processus, ACIJ a trouvé un allié chez le Ministère de la défense, avec lequel l’association a signé un accord de coopération. L’accord manifeste la volonté réciproque, entre ACIJ et le Ministère, d’implanter des activités communes pour renforcer et diffuser, entre ses fonctionnaires et dépendants, les mécanismes de dénonciation de corruption; ainsi que d’augmenter le niveau de transparence dans la gestion des ressources du Ministère. Une autre activité incluse dans l’accord concerne le lancement d’une campagne pour diffuser les mécanismes existants de dénonciation d’actes de corruption et encourager leur utilisation par les employés publics si nécessaire et la publication d’un guide sur comment dénoncer des actes de corruption, avec sa distribution parmi les fonctionnaires publics.
Toutes ces initiatives cherchent à promouvoir le message suivant: toute décision publique qui n’est pas bien justifiée, qui n’a pas la publicité ou la diffusion qui se doit, qui génère des doutes sur l’intérêt qui guide la conduite du fonctionnaire, ou qui restreint l’accès à l’information sans que cela soit nécessaire; affecte la transparence de la gestion et fait la promotion de conduites incompatibles avec l’éthique dans l’exercice de la fonction publique. r
Comme organisation, nous croyons que le manque de transparence dans l’administration publique nuit à la confiance sociale dans la gestion des ressources publiques. Plus nous prendrons le temps d’améliorer les niveaux de transparence, plus les effets sur la démocratie seront durables. Pour cela, toutes nos activités sont orientées vers le renforcement institutionnel – un objectif qui ne peut être obtenu qu’en suivant les principes de transparence, d’accès à l’information et de responsabilisation.
Pour davantage d’informations, contacter Luis Villanueva à [email protected].
L‘efficacité énergétique dans les édifices publics conduit à l’efficacité dans les dépenses publiques en Russie, par Marina Shapiro, “Institute of Urban Economics” (IUE)
L’ “Institute for Urban Economics” (IUE), une organisation russe créée pour identifier et analyser les problèmes sociaux et économiques dans des zones urbaines et promouvoir des solutions à ces problèmes, a coordonné un projet pour améliorer l’efficacité énergétique dans les édifices publics de la Fédération russe à travers l’analyse des cadres commerciaux, financiers et légaux des services d’énergie du secteur public, dont des association public/privé. Le projet, “Improving Energy Efficiency in Public Buildings”, a été confronté à plusieurs obstacles, incluant les restrictions budgétaires et légales, le manque de ressources et de capacités, et l’existence d’autorités inefficaces aux niveaux local et régional.
L’analyse de l’IUE révèle qu’en 2007 plus de 350 milliards de roubles (14 milliards de dollars), presque 5% du budget de la Fédération russe, ont été dépensés pour financer les sources d’énergie et autres dépenses de services de base aux niveaux étatique et municipal. Cependant, l’exercice énergétique des édifices publics est très en-dessous des standards européens de consommation d’énergie. Des évaluations réalisées par des experts en la matière indiquent que ces édifices pourraient opérer avec 40% du niveau de consommation d’énergie actuel. Ceci souligne l’inefficacité énergétique des édifices publics et laisse voir le potentiel et la nécessité de réduire les dépenses budgétaires dans les services de base.
Des économies budgétaires importantes pourraient être obtenues à travers la modernisation des édifices publics pour les rendre plus efficaces en termes de consommation énergétique. Cependant, les changements nécessaires requièrent des investissements considérables. Au lieu d’assigner ces fonds à partir du budget national, ceux-ci pourraient être créés à travers des associations publiques-privées avec un ESCO, par exemple, pour générer les services de base. Des contrats type ESCO dans lesquels une ESCO (compagnie de services d’énergie) couvre tous les coûts d’implantation d’un plan d’économie énergétique et reçoit un remboursement des économies dérivées de ce plan, ont démontré être un mécanisme efficace pour optimiser les dépenses budgétaires dans le secteur public en Europe centrale et de l’Est ces dernières années. La clé pour le succès de ces associations publiques-privées est que l’ESCO participe à l’investissement initial pour les rénovations, sans besoin d’utiliser des fonds publics.
Dans des pays dans lesquels les budgets du secteur public sont limités et améliorer l’efficacité énergétique des édifices publics est une priorité importante, l’utilisation d’un modèle ESCO présente des avantages très clairs. Malgré ces bénéfices, il y a eu jusqu’à aujourd’hui très peu d’activité ESCO en Russie. Une analyse des dépenses budgétaires en collaboration avec des autorités locales a permis à des experts de l’IUE d’identifier les défis suivants pour améliorer l’efficacité énergétique:
- Les réglementations locales ne promeuvent pas les associations publiques/privées comme solution alternative au financement du budget public.
- Les lois budgétaires restreignent la capacité des autorités locales à retenir les économies en énergie.
- Les autorités locales n’ont pas l’expérience ou les ressources nécessaires pour développer ou participer à des contrats type ESCO.
- De la même façon, les compagnies locales d’ingénierie ne disposent pas de l’expérience suffisante en contrats ESCO, ni d’un accès aux investissements financiers à long terme.
- La nécessité de répondre à des contrats du secteur public a empêché de nombreuses compagnies de développer ce marché puisqu’elles n’ont aucune garantie concernant les gains à la fin du processus.
- Les banques locales ne sont pas préparées pour financer des compagnies d’ingénierie sur la base de revenus de contrats. C’est-à-dire que seules certaines compagnies disposeraient du financement nécessaire pour de tels projets.
L’implantation de ce projet améliorerait l’efficacité énergétique dans les édifices publics, réduirait les dépenses budgétaires dans les services d’entretien des édifices publics, génèrerait des ressources hors du budget pour des rénovations et autres améliorations des édifices publics et développerait des entreprises de services énergétiques en Russie.
Pour davantage d’informations, contacter Marina Shapiro à [email protected].
Des villes des Etats-Unis incluent le public dans des difficiles décisions budgétaires, par Malka Kopell, “Community Focus”, et Harris Sokoloff, “Penn Project for Civic Engagement”
Les villes aux Etats-Unis manquent de fonds. Affectés par la récession, les baisses de leurs revenus, les coûts en hausse du personnel et autres services, et les énormes budgétaires, les fonctionnaires publics se voient forcés de prendre des décisions difficiles. A la lumière de cette situation, de plus en plus de services publics sollicitent la participation des personnes qu’ils représentent – les résidents des villes – pour qu’elles donnent leur point de vue sur comment équilibrer le budget.
C’est la cas de deux villes: Menlo Park en Californie et Philadelphie, en Pennsylvanie. Il s’agit de villes avec des dimensions géographiques et démographiques distinctes qui ont utilisé des méthodes de budgets participatifs similaires pour éduquer et impliquer des résidents de la ville dans le processus d’examen des décisions difficiles auxquelles sont confrontés les fonctionnaires publics. Les deux villes ont utilisé les résultats de ces exercices de participation publique pour expliquer leurs décisions budgétaires.
“Ta ville /ta décision” – Menlo Park, Californie
Menlo Park est une ville de presque 30 000 habitants dans la Silicon Valley en Californie. Bien que, en général, la population jouisse d’un niveau de vie élevé, la ville ne répond pas aux besoins de ses résidents aux faibles revenus, concentrés dans un quartier. Début 2005, les fonctionnaires de la ville ont projeté une brèche de 2.9 millions de dollars entre les revenus et les dépenses pour l’année fiscale 2006-07. Avec l’aide de “Community Focus”, une organisation de la société civile qui facilite les associations entre le gouvernement et la communauté, la ville a invité la communauté à exprimer ses priorités devant la formulation du budget public. Ce processus a été nommé Ta ville/Ta décision “Your City/Your Decision.”
Il y a deux phases dans ce processus. Durant la première phase, la ville a identifié les priorités de la communauté à travers une enquête qui demandait aux résidents d’équilibrer le budget, de choisir parmi une liste d’options développées par des fonctionnaires de la ville. L’enquête a été envoyée aux foyers et était également disponible sur Internet. A partir de cette première phase d’informations, les fonctionnaires de la ville ont développé une liste de stratégies possibles pour équilibrer le budget (par exemple, différents niveaux de réductions nettes des coûts, des méthodes alternatives pour offrir des services, des augmentations de la fiscalisation, etc.) pour répondre aux priorités de la communauté. Dans la seconde phase, la ville présente ces stratégies à la communauté lors d’une série d’ateliers. Les résidents se sont organisés en petits groupes pour simuler les discussions sur les stratégies possibles dans le Conseil de la ville, avec chaque groupe votant, en faveur ou contre, pour chacune des stratégies exposées et avec finalement une solution pour équilibrer le budget. En moyenne, les participants de l’atelier ont recommandé 1 573 000 dollars de réductions spécifiques – dont un grand nombre seront adoptées par le conseil – pour fermer le déficit de 2.9 millions de dollars. Les participants ont également suggéré que 1 314 000 dollars puissent être collectés à travers les impôts, ce qui a amené le Conseil à imposer une mesure d’impôt pour services dans le vote approuvé en 2006. (Pour davantage d’informations, aller sur: http://www.menlopark.org/homepage/priority_budget.html.)
“Temps difficiles, décisions difficiles” – Philadelphie
Philadelphie, le berceau de notre démocratie aux Etats-Unis, est une ville d’un peu plus d’1,4 millions d’habitants, dont plus de 23% vivant en-dessous du niveau de pauvreté. Le budget annuel de la ville est de 3,85 milliards de dollars. Depuis 1991, les finances de la ville sont surveillées par la “Pennsylvania Intergovernmental Cooperation Authority” (PICA), qui requiert que la ville développe des plans fiscaux de cinq ans avec des budgets équilibrés.
Alors que la crise fiscale commençait à s’installer durant l’automne 2008, le maire tout récemment élu Michael Nutter a été confronté à un déficit budgétaire de cinq ans de 1 milliard de dollars, avec 200 millions correspondant à l’année fiscale 2008-2009. Mi-novembre, le maire a annoncé que le plan sur cinq ans commençant avec l’année fiscale 2009-10 montrait un déficit additionnel de 1 milliard de dollars.
En réponse, le “Penn Project for Civic Engagement” a développé les ateliers budgétaires de la ville, nommés “Temps difficiles, décisions difficiles”, “Tight Times, Tough Choices.” Les ateliers se sont concentrés sur une liste d’options pour diminuer les dépenses et augmenter la collection d’impôts sur la base d’informations proportionnées par l’office du budget de la ville. Les feuilles de données incluaient les options qui s’offrent à l’administration pour réduire le déficit, et qui ont été utilisées dans quatre ateliers dans toute la ville. Durant les ateliers, plus de 1700 citoyens ont formé de petits groupes dans lesquels ils ont pris des décisions. Chaque option a reçu une note reflétant sa valeur monétaire avec un point équivalant à 2 millions de dollars. L’objectif de chaque groupe était d’atteindre 100 points, ou 200 millions de dollars, soit la valeur de la moyenne annuelle du déficit de cinq ans.
Un ensemble de recommandations issues des priorités des citoyens – concernant l’augmentation des revenus ou les réductions des dépenses – est sorti des forums. Le maire Nutter s’est référé à ces recommandations dans sa présentation du budget, qu’il a appelé Budget des gens, “People’s Budget”. La principale exception fut la décision du maire de proposer une augmentation significative des impôts sur la propriété, un des impôts les plus populaires discutés dans les ateliers budgétaires. Cette augmentation fut la plus critiquée durant la présentation du maire. (Pour davantage d’informations, aller sur: http://www.gse.upenn.edu/node/690.)
Conclusion
Clairement, le public joue un rôle en donnant des informations aux décideurs durant la formulation de leur budget annuel. Afin que ces informations soient utiles et productives, celles-ci doivent 1) impliquer les résidents dans un processus délibératif, informatif et interactif 2) demander au public qu’il fasse face aux même décisions auxquelles sont confrontés les politiques. Tant le cas de Philadelphie que celui de Menlo Park incluent ces éléments. Ces deux villes ont été au-delà de la création de processus dans lesquels les résidents expriment leurs priorités. Il a été demandé au public de décider de ce qui l’incommoderait le moins.
Il faut mentionner, cependant, qu’aucune des villes n’a donné l’autorité à ses résidents pour la prise de décisions sur comment dépenser l’argent. Effectivement, la pratique existe pour des budgets déterminés dans certains quartiers de certaines villes des Etats-Unis, mais cela ne se pratique pas au niveau national. Nous pensons que notre démocratie requiert que nos fonctionnaires élus maintiennent leur rôle de décideurs dans ce processus, afin de rester leaders concernant le budget final. Cependant, les fonctionnaires publics sont responsables d’informer le public sur les décisions prises et leur pourquoi. Cette réciprocité est fondamentale pour construire la relation de confiance nécessaire pour promouvoir la participation publique dans les processus politiques.
Pour davantage d’informations, contacter Harris Sokoloff [email protected] ou Malka Kopell [email protected].
L‘enquête PETS améliore les services scolaires au Guatemala, par Jorge Lavarreda, “Centro de Investigaciones Económicas Nacionales” (CIEN)
L’expérience du Centre de recherches économiques nationales, “Centro de Investigaciones Económicas Nacionales”, (CIEN), un des “think tanks” les plus prestigieux du Guatemala, indique que la rigueur technique de ses recherches est nécessaire, mais pas suffisante pour avoir une incidence sur les politiques publiques. En outre, il est fondamental de concevoir une stratégie appropriée de communication et de divulgation des résultats des recherches. Cet article décrit une expérience réussie d’incidence réalisée par des chercheurs de l’aire économique, financière et sociale du CIEN, dans laquelle ils ont implanté la méthodologie d’enquêtes de suivi des dépenses publiques, “Public Expenditure Tracking Surveys” (PETS, par ses sigles en anglais), dans le secteur éducatif.
Dans le cadre du Projet de transparence et responsabilisation impulsé par la “Brookings Institution” et le “Results for Development Institute” en 2008, le CIEN a réalisé une étude sur l’administration des services de soutien des écoles du département de Guatemala (le Guatemala compte 22 Etats ou départements dans le pays, dont l’un porte le même nom que le pays). Les programmes de soutien à l’éducation incluent une série de programmes visant à maintenir l’intérêt des enfants et parents pour l’école. Des preuves importantes ont été trouvées montrant que ces programmes ont un impact positif réel sur l’enfance, et c’est pourquoi la décision a été prise de les étudier. Pour cela, a été élaboré un plan de travail qui a fixé comme objectif central le développement d’une analyse détaillée des catégories de dépenses du secteur éducatif comme: l’alimentation scolaire, les livres de texte, le matériel scolaire, la valise didactique, les bourses et le verre de lait, conjointement à des propositions pour améliorer leur impact.
Le CIEN met toujours l’accent sur la conception méthodologique de ses études. Dans ce cas, ont été formulées six questions ou hypothèses de travail auxquelles il a été répondu à travers la méthodologie PETS. Certaines des questions qui ont été utilisées sont: Est-ce que suffisamment de ressources sont assignées pour répondre aux besoins de tous les enfants durant toute l’année? Les ressources parviennent-elles intégralement aux bénéficiaires? Ainsi, ont été réalisées des enquêtes statistiquement représentatives et une analyse financière pour générer des informations sur le fonctionnement des services d’appui du Ministère de l’éducation (MINEDUC). Pour cela, une équipe d’experts de cette méthodologie a mené une enquête auprès du directeur de l’école, du personnel enseignant, des pères et mères de famille, des étudiants et des responsables des associations scolaires. Elle a également visité des écoles dans des zones urbaines et rurales à partir d’un échantillon statistiquement représentatif des écoles du département de Guatemala, rassemblé des observations importantes et révisé leurs informations financières.
En outre, l’équipe du CIEN a conçu une stratégie de divulgation des conclusions et résultats de l’équipe pour améliorer les services de soutien à l’éducation durant les trois prochaines années. La stratégie a identifié la nécessité de disposer d’un résumé exécutif de l’étude conjointement à une version illustrée pour faciliter la participation de la communauté éducative au niveau local.
L’exécution du programme d’incidence a commencé avec une réunion de travail avec le responsable des services d’appui du Ministère de l’éducation. La réunion a atteint les objectifs de garantir la qualité technique de l’étude et de promouvoir les recommandations pour améliorer les services scolaires. A partir de la réunion, ont été identifiées et corrigées certaines erreurs dans la codification des écoles et ont été redéfinies les recommandations pour améliorer les services d’appui.
Avant le lancement public de l’étude, a été organisée une réunion à laquelle a assisté la Ministre de l’éducation et où on lui a communiqué les conclusions et recommandations de l’étude. La recommandation de repousser le début du cycle scolaire a été bien reçue, puisqu’elle augmente la probabilité que les étudiants disposent au début du cycle scolaire des services d’appui.
Une semaine avant le lancement de l’étude, la Ministre de l’éducation a déclaré dans l’un des principaux journaux du Guatemala que “les classes ont commencé le 15 janvier seulement par habitude, mais il n’y a aucune justification technique” et a informé que le MINEDUC était en train d’analyser la pertinence de passer le début du cycle scolaire au 1er février 2009. En outre, elle a annoncé que seraient créés des fonds rotatifs, c’est-à-dire des mécanismes financiers qui permettent de dépenser des ressources financières jusqu’à un montant maximum, lesquelles sont réattribuées une fois réalisée la liquidation comptable des dépenses effectuées. De cette manière les associations scolaires (se consacrant à administrer l’argent pour l’achat et la distribution de matériel scolaire, d’aliments, le payement de bourses et de matériel de construction et d’entretien) peuvent recevoir le premier apport pour la consommation d’aliments des étudiants en décembre. Ceci était une des autres recommandations du CIEN.
Les recommandations pour améliorer les services de soutien à l’éducation incluent des mesures comme accélérer la pré-inscription dans toutes les écoles. Ceci permettrait un meilleur contrôle des étudiants arrivant à l’école l’année suivante, favorisant ainsi un meilleur processus de planification budgétaire.
Les autres efforts de diffusion incluaient la publication d’un prospectus illustré avec les principales conclusions de l’étude, dirigé aux parents et enseignants, et le lancement public des conclusions et recommandations de l’étude pour un public de spécialistes en éducation et de journalistes des principaux médias de communication sociale. Ces activités ont contribué à diffuser, amplement, les résultats de l’étude et obtenir l’engagement public de la part du MINEDUC d’améliorer les services d’appui. Le jour du lancement, le CIEN a publié sur la page Internet le rapport complet de l’étude, le résumé exécutif et la présentation PowerPoint utilisée durant le lancement. Le prospectus a été réparti entre les assistants à l’événement et le communiqué de presse entre les journalistes.
Quelques jours plus tard, ont été remis au responsable des services d’appui du MINEDUC 160 exemplaires du prospectus illustré pour appuyer les formations offertes par le MINEDUC aux associations scolaires en 2009. Finalement, a débuté la phase de diffusion avec la participation dans un programme de radio de couverture nationale dénommé Point de vue, “Punto de Vista”, qui cherche à atteindre les leaders de l’opinion publique.
Ce cas montre, entre autres faits, que toutes les activités réalisées doivent avoir des objectifs clairs établis préalablement et que la rigueur technique permet d’augmenter les probabilités d’avoir une incidence effective sur les décideurs.
Pour voir les documents du projet du CIEN, aller sur http://www.cien.org.gt/index.aspx?menu=3&indice=182
Pour davantage d’informations, contacter Jorge Lavarreda [email protected] ou Mario Cuevas à [email protected].
Qu’est-ce qui freine la Déclaration d’Abuja et l’augmentation des budgets de santé en Afrique? Par Jay Colburn, “International Budget Partnership” (IBP)
Dans la Déclaration d’Abuja de 2001, les nations africaines ont promis d’allouer au moins 15% de leur budget national au secteur de la santé. Huit ans plus tard, la majorité des pays n’ont pas respecté cette promesse. Ceci est dû en partie à l’inefficacité dans la relation entre les ministères des finances et les ministères de la santé dans de nombreux pays africains. Des experts nationaux ont documenté cette inefficacité à l’intérieur et entre les ministères au Ghana, au Sénégal et en Ouganda dans des rapports qui ont nourri le contenu d’un atelier de deux jours pour des représentants ministériels en mars 2009 à Accra, au Ghana. Puis l’initiative de santé globale du “Woodrow Wilson International Center for Scholars” a publié un rapport sous le titre Improving Ministry of Health and Ministry of Finance Relationships for Increased Health Funding le 24 juin à Washington, D.C.
Pourquoi ces pays et d’autres n’ont pu atteindre les objectifs fixés dans la Déclaration d’Abuja? Quels sont les obstacles s’opposant à l’augmentation des budgets de la santé, spécialement au Ghana, au Sénégal et en Ouganda? Un élément affectant ces nations est que partie de leur financement provient de sources externes, et que peuvent être assignées des sources à des secteurs spécifiques, tels que l’éducation ou l’infrastructure. Une grande part des ressources des donateurs sont disponibles à travers le Ministère des finances, où plusieurs ministères s’occupent d’établir des priorités dans les débats pour obtenir des ressources. Ainsi, la difficulté pour atteindre les objectifs d’Abuja se doit en partie à la nature capricieuse du processus d’assignation; certaines caractéristiques des ministères et de la relation entre eux ont contribué au manque de financement dans le secteur santé.
A partir d’entretiens avec des ministres clés et de la révision de différents documents budgétaires, des chercheurs du Ghana, du Sénégal et de l’Ouganda ont préparé des lignes directrices et recommandations pouvant être utilisées par tous les ministères africains se consacrant à augmenter les fonds pour la santé:
- le personnel du ministère de la santé avec davantage d’expérience et capacité de négociation doit être celui qui fait la promotion du financement auprès du ministère des finances.
- Le personnel de santé doit renforcer ses arguments concrets pour augmenter le financement en reliant les indicateurs de santé avec des catégories déterminées du budget, cela sans oublier de prendre en compte les limites des ressources disponibles.
- Les ministères des finances doivent promouvoir des débats et discussions pour jouer le rôle de médiateur dans l’assignation des fonds.
- Les budgets doivent être flexibles et adaptables et non rigides et prédéterminés comme d’accoutumée.
- Le ministère de la santé doit être consulté avant que le ministère des finances assigne des fonds pour des projets de santé, pour éviter la confusion et planifier le budget avec plus d’efficacité.
- Le ministère de la santé sent que le processus budgétaire est une formalité avec peu d’espace pour négocier et, parfois, ne sait pas à qui demander de l’aide au sein du ministère des finances.
- Les ministères des finances n’offrent pas de formation suffisante sur le cadre des dépenses de moyen terme, ce qui est très important pour la budgétisation en effectif, “cash budgeting”.
- La relation entre les ministères est également affectée par le faible niveau de ressources assignées au secteur santé.
Sur la base de ces évaluations et analyse, il semble que ce n’est pas seulement le manque de ressources financières qui empêche que ces nations africains augmentent le budget de santé et atteignent les objectifs de la Déclaration d’Abuja; il existe aussi des obstacles bureaucratiques, techniques et de communication. Avec l’espoir, non seulement de présenter, mais aussi de discuter et répondre aux questions soulevées par la recherche, ces informations ont été divulguées lors de l’atelier au Ghana auquel ont assisté plusieurs fonctionnaires ministériels du Ghana, du Sénégal et d’Ouganda. Chaque conseiller national a partagé ses conclusions et les représentants des ministères des finances et de la santé ont ensuite discuté de leurs expectatives et préoccupations. Cette occasion a permis à des collègues des finances et de la santé d’interagir pour la première fois. Chaque partie a présenté ses besoins et expectatives et des formes alternatives pour le développement de capacités techniques et communicatives plus efficaces.
L’atelier au Ghana s’est achevé avec différentes recommandations non seulement pour les ministères des finances et de la santé, mais aussi pour les partenaires du développement.
Recommandations pour le ministère de la santé:
a) Conduire des activités de formation pour promouvoir les capacités financières et la compréhension.
b) Embauche d’économistes experts en santé pour la planification de long terme.
c) Améliorer la documentation du ministère des finances et surveiller et évaluer les rapports pour justifier des augmentations au budget de la santé.
Recommandations pour le ministère des finances:
a) Embauche de personnel spécialisé en thèmes de santé.
b) Améliorer la projection du versement de fonds.
c) Développer des plans budgétaires de cinq à dix ans, ainsi que des plans pour les urgences et épidémies.
Recommandations pour la relation entre les ministères de la santé et des finances:
a) Institutionnaliser un mécanisme pour le dialogue entre les ministères.
b) Chaque ministère doit assigner des fonctionnaires pour travailler avec les ministères, collaborer dans la planification budgétaire et augmenter les compte-rendus et l’échange d’informations.
c) Apprendre des expériences d’autres pays en partageant problèmes communs et solutions.
Recommandations pour les partenaires experts en développement:
a) L’aide doit être assignée à travers le budget, au lieu d’être attribuée directement à des projets de santé spécifiques.
b) Des partenaires experts en développement doivent travailler avec les ministères pour harmoniser les efforts de multiples donateurs et les intégrer aux stratégies générales de développement des pays.
En coordination avec le lancement du rapport “Improving Ministry of Health and Ministry of Finance Relationships for Increased Health Funding”, le Wilson Center a organisé une discussion avec trois des participants de l’atelier pour discuter des conclusions et recommandations et de leurs propres perspectives sur la relation entre le ministère des finances et le ministère de la santé dans leur pays.
Dans cette réunion, Mavis McCarthy de MCM et associés (qui a participé à la recherche du Ghana) et Mary Nannono, secrétaire permanente du Ministère de la santé d’Ouganda, ont souligné la nécessité que les ministères de la santé donnent plus d’importance à leurs projets avec rétroalimentation des ministères des finances. Leur relation doit arrêter d’être “un processus purement mécanique pour devenir un dialogue stratégique”, faisant la promotion du respect mutuel entre les ministères.
Eva Mends, représentante du Ministère des finances du Ghana, a fermé la session en soulignant “action, action, action”: les gens des ministères de différents pays doivent apprendre et utiliser la recherche et les progrès réalisés durant l’atelier. Mends observe que le processus budgétaire n’est pas un processus technique, mais politique qui inclut des opportunités de participation qui ne sont souvent pas saisies.
Les conclusions de cette recherche ont des implications qui vont au-delà du Ghana, de l’Ouganda ou du Sénégal. Dans toute l’Afrique, des individus, des organisations, des fonctionnaires gouvernementaux et des ministères peuvent apprendre de ces informations dispensées durant l’atelier au Ghana et le rapport publié à D.C. pour augmenter le financement de la santé et améliorer les vies des citoyens.
Pour voir le rapport, la vidéo de l’événement à D.C., la présentation PowerPoint et le résumé, aller ici.
Cours sur le suivi des budgets de la santé en Inde, par Thokozile Madonko, “International Budget Partnership” (IBP)
Du 20 au 29 septembre 2009, l’ ”International Budget Partnership” (IBP), le “Centre for Economic Governance and AIDS” en Afrique (CEGAA), et “Fundar, Centro de Análisis e Investigación” ont organisé un atelier pilote sur la santé et les budgets à Kerala, en Inde. Parmi les participants, figuraient 18 organisations de 10 pays du monde entier intéressées par l’utilisation de l’analyse et l’incidence budgétaires comme un outil pour renforcer leur influence sur les politiques et budgets de la santé. Huit des organisations participent aussi au programme de financement de l’IBP dénommé “Partnership Initiative” (PI). Ces organisations réalisent ou planifient un projet sur le budget et la santé. Les autres organisations sont des partenaires de ECEGAA, WEMOS et de l’ ”Open Society Institute.”
Le cours sur la santé et les budgets est une innovation dans le programme de formation de l’IBP. L’IBP avec CEGAA et Fundar ont conçu le cours pour aider les participants à surveiller les politiques et budgets de la santé. Le cours couvre une période de deux ans commençant avec un atelier introductif intensif, suivi d’une assistance technique personnalisée et de tutorats avec les partenaires ou pairs durant l’implantation de leur projet sur la santé et le budget. Les matériels de l’atelier ont été conçus pour aider les participants à comprendre les aspects essentiels des budgets de santé, tels que le droit à la santé, les déterminants pour la santé, les informations de santé, les systèmes de financement de santé, les politiques de santé et le processus budgétaire, les calculs budgétaires et les coûts de base et l’équité dans la santé. Les exercices pratiques de l’atelier se sont concentrés sur la mortalité maternelle, le VIH/SIDA et l’accès aux services de santé.
Lors de l’atelier, les participants ont aussi appris des techniques de base pour développer des stratégies d’incidence et pour communiquer des messages sur la santé et les budgets. Un des participants a déclaré “je sais que je vais planifier de façon très distincte, à partir de ce que j’ai appris. Le module sur la stratégie d’incidence aura sans aucun doute un impact sur le travail de mon organisation.”
L’atelier était de caractère participatif, tout comme d’autres initiatives de formation de l’IBP, où les participants répondent et font des questions, discutent sur le matériel de l’atelier et réalisent un travail et des exercices en équipe. Deux ateliers se sont organisés simultanément avec deux équipes d’entraineurs. Ceci a permis aux participants d’interagir de plus près avec le matériel de l’atelier, incluant l’exercice de simulation de Polarus, un pays fictif avec plusieurs problèmes de santé. Les participants ont révisé une étude de cas très similaire à leur projet sur la santé et le budget pour avoir une idée des capacités nécessaires pour implanter leur projet.
Concernant les exercices de Polarus et de l’étude de cas, un des participants a déclaré “j’ai beaucoup apprécié l’étude de cas de Polarus, ce fut comme une aventure avec les autres participants et j’ai beaucoup appris de cet exercice en particulier.” Une autre personne a déclaré “Polarus fut définitivement une expérience incroyable, parce qu’elle nous a tous mis au même niveau.”
En se fondant sur les commentaires des participants, l’IBP redéfinira la structure de l’atelier et des matériels, pour lancer formellement l’atelier en 2010. Le secteur santé requiert des activités de suivi et d’incidence et l’IBP est convaincu que cet atelier thématique contribuera aux différents efforts dans le monde.
Pour davantage d’informations, contacter Helena Hofbauer à [email protected], ou Thokozile Madonko à [email protected].
Rapports d’UNIFEM
Rapports du programme EC-UNIFEM “Integrating GRB into the Aid Effectiveness Agenda”,
par Debbie Budlender
En 2008 UNIFEM a lancé un programme de trois ans dénommé “Integrating gender responsive budgeting into the aid effectiveness agenda.” Le premier composant de ce programme a impliqué une recherche dans 10 pays en voies de développement pour observer comment ont été appliqués les outils stratégiques de la budgétisation répondant au genre, “gender responsive budgeting” (GRB), dans le contexte des modalités présentes d’aide financière. Cette recherche tente d’approfondir la compréhension des partenaires nationaux et des décideurs de l’Union européenne sur les opportunités d’utilisation de la GRB pour promouvoir la responsabilisation sur l’équité de genre dans l’efficacité de l’aide. Les rapports sont disponibles en anglais, français et espagnol.
«Budgeting for Women’s Rights: A Summary Guide for Policy Makers, Gender Equality and Human Rights Advocates” Sur la base d’un rapport, par Diane Elson
Ce texte s’interroge sur le sens qu’implique l’adoption d’une perspective de droits de l’homme dans l’étude des budgets gouvernementaux. Il reprend les leçons et expériences d’initiatives de budgets adoptant une perspective de genre, “Gender Budgets Initiatives” (GBIs), d’autres parties du monde et relie les engagements gouvernementaux à la Convention pour l’élimination de toute forme de discrimination (CEDAW, par ses sigles en anglais) avec les quatre dimensions principales des budgets: perception, dépenses, macroéconomie du budget et processus de prise de décisions. Il explique comment l’analyse des budgets avec une perspective de genre contribue au suivi des actions gouvernementales concernant la CEDAW, identifiant de quelle façon la CEDAW peut aider à établir des critères d’équité dans les activités budgétaires et guider les GBI et d’autres initiatives vers l’équité de genre. Cette publication est un instrument d’incidence pour les acteurs clés dans le champ des budgets gouvernementaux et des droits des femmes, incluant les politiques, les législateurs au niveau national et les activistes du genre et des droits de l’homme. Le texte est disponible en arabe, anglais, français et espagnol.
by soapbox | Jul 1, 2009
Cost-of-Living Measures for Evidence-Based Advocacy
Making Ends Meet: A Fresh Look at the Cost of Living in California by Lisa Gardiner, California Budget Project (CBP)
Basic Needs Basket Manual: A Guide to Conducting Evidence-Based Advocacy in Zambia by Tina Nanyangwe-Moyo, Jesuit Center for Theological Reflection (JCTR)
Budgets and Human Rights: Initiatives and Resources
Civil Society and the Right to Health Win a Victory in Mexico by Rocío Campos, International Budget Partnership (IBP)
Guide to Budgeting to Advance the Right to Food
UN Resolution Recognizes Maternal Mortality as a Human Right by Morgan Stoffrege, International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights (IIMMHR)
Educating Brazilian Youths on the Influence of Public Budgets by Alexandre Ciconello, Márcia Acioli and Lucídio Bicalho Barbosa, Institute for Social and Economic Studies (INESC)
Conference on Economic, Social, and Cultural Rights, Belfast
Budgeting for Human Rights Initiative
Improving Government Performance, Spending, and Service Delivery
Campaign Against Government Corruption in Argentina by Luis Villanueva, Civic Association for Equity and Justice (ACIJ)
Energy Efficiency in Public Buildings Equals Budget Efficiency in Russia by Marina Shapiro, Institute for Urban Economics (IUE)
U.S. Cities Involve Public in Tough Budget Choices by Malka Kopell, Community Focus, and Harris Sokoloff, Penn Project for Civic Engagement
Public Expenditure Tracking Surveys Improve School Services in Guatemala by Jorge Lavarreda, National Economics Research Center (CIEN)
What Is Getting in the Way of the Abuja Declaration and Increasing Health Budgets in Africa? By Jay Colburn, International Budget Partnership (IBP)
Partnership Initiative Training
Monitoring Health Budgets Course in India by Thokozile Madonko, International Budget Partnership (IBP)
Gender Budget Resources
Gender Budget Publications by UNIFEM
Courses on Gender Responsive Budgeting, Turin
Making Ends Meet: A Fresh Look at the Cost of Living in California by Lisa Gardiner, California Budget Project (CBP)
As a benchmark for how families in the U.S. are faring, the federal poverty level does not measure up. For instance, it does not take into account the cost of child care in determining families’ expenses. In our state of California, the federal poverty level fails to account for the high cost of living.
In 1999 the California Budget Project undertook an effort to more accurately estimate what families need to achieve a modest standard of living without assistance from public programs. The CBP adapted a methodology originally developed by the Michigan League for Human Services to calculate how much it costs a family to live in California, based on the cost of housing, food, child care, and other essentials. The resulting report of the analysis, Making Ends Meet (available at www.cbp.org), has become one of the mainstays of our organization’s work.
Updated and re-released approximately every two years, Making Ends Meet has been widely cited in the media and has helped draw attention to the high cost of living in the state, the economic challenges faced by working families, and the disparity between wages and the cost of raising a family. The reports findings have been used by community organizations to argue for raising income ceilings for some public programs and to push for local minimum wage ordinances. A few years ago, Making Ends Meet was cited frequently by policy makers and the media during an ultimately successful effort to raise the state’s minimum wage. More recently, Making Ends Meet helped community-based organizations make the case to the San Diego City Council to support as part of the city’s general plan the creation of higher-quality jobs that pay self-sufficient wages.
The analysis for Making Ends Meet relies on publicly available data sources, such as the U.S. Department of Housing and Urban Development’s annual Fair Market Rents for the cost of housing; the U.S. Department of Agriculture’s Low Cost Food Plan to estimate food costs; and studies by the California Energy Commission for estimates of transportation costs and driving miles.
The analysis estimates “basic family budgets” based on the expenses of four hypothetical families: a single adult, a single working parent with two children, a two-parent family with two children and one working parent, and two working parents with two children. It attempts to be fairly exhaustive: in addition to the obvious expenses—housing, utilities, food, transportation, and child care—the CBP considers the costs of health coverage, payroll and income taxes, and miscellaneous expenses like shampoo and diapers. When undertaking our analysis, we discovered some important lessons:
- Assumptions are everything. The assumptions we made were critical to the accuracy of the basic family budgets. For instance, due to the high cost of homeownership in California, the analysis assumes that families rent, rather than own, their homes. Because lower-income families are less likely to be insured than higher-income families, the analysis also assumes that families purchase private health coverage, instead of having job-based coverage.
- It’s important to consider regional differences. California is a large, heavily populated, and complex state, with 37 million people living in 58 counties. The cost of living varies widely: the median home price in Fresno County in 2007 was exactly half that of a home in Los Angeles County. Similarly, public transit commuting costs were considerably higher in the San Francisco Bay Area in 2007 than in rural Butte County. Although Making Ends Meet does include an overall state estimate for how much it costs to live in California, the regional calculations are much more meaningful. The analysis divides the state into ten regions and calculates the expenses per month in each region.
As Californians face greater economic challenges, the need for an accurate picture of how much it costs for a family to live has only grown. Making Ends Meet promises to be a project we’ll continue for years to come.
For more information, contact Lisa Gardiner at [email protected].
Basic Needs Basket Manual: A Guide to Conducting Evidence-Based Advocacy in Zambia by Tina Nanyangwe-Moyo, Jesuit Center for Theological Reflection (JCTR)
The Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR) based in Zambia, prepared the Basic Needs Basket (BNB) Manual to promote critical assessments of poverty and its causes in eight areas across Zambia: Lusaka, Livingstone, Luanshya, Kabwe, Kitwe, Ndola, Mongu, and Kasama. The BNB has enabled the JCTR to carry out evidence-based advocacy, to empower people to voice their struggles in meeting their basic needs, and to inspire actions in pursuit of social justice.
The BNB is an accurate monthly survey that presents the cost of essential food items (corn meal, beans, dry fish, meat, eggs, vegetables, onion, tomato, milk, bread, sugar, salt, tea leaves, and cooking oil), and non-food items (charcoal, bath and washing soap, body lotion, electricity, water, and house rentals). The BNB estimates the bare minimum basket of goods needed by an urban family of six to survive and lead a minimally decent, healthy lifestyle. It does not include items that are needed to increase a family’s prospects, such as education, transport, clothing, or healthcare.
The monthly survey has been conducted in Zambia for over 11 years with the support of dedicated, trained local residents and field researchers. Every month, these trained residents collect accurate information on the cost of essential food and non-food items. Depending on the size of a town, the data is based on collecting data from between six to eight local markets. In addition, households are selected to provide field researchers with information on adjustments in the accessibility of food and non-food items, such as monthly rent fees.
Field researchers send the information they have collected to the JCTR office in Lusaka where staff members use basic Excel spreadsheet software to calculate the average cost of essential food and non-food items for a particular town. A press statement is then issued to the media with the latest cost of living in different towns, highlighting striking cases and facts.
Over time the BNB has become a valuable socioeconomic tool for households, employers and employees, community groups, NGOs, trade unions, and the government. Here are some examples:
- Trade unions use it as a tool to advocate for improved public services and argue that the minimum wage needs to tally with existing poverty levels. They also use it to demand for a higher threshold for income tax exemption, document their fight for the rights of workers, and educate workers on how to spend their pay responsibly.
- NGOs use the BNB data in their research to determine how and when to intervene with development proposals and actions.
- Households use the BNB to facilitate household budgeting and prioritize spending on important items. It also serves as a tool to lobby members of parliament to improve certain economic policies, i.e., affordable taxes and levies.
- Government uses it as a tool to link local, national, and international policies to the household needs of Zambians. The BNB also can be used to challenge how ministerial expenditure prioritizes such pro-poor investments as healthcare and employment creation.
The BNB provides evidence of the actual situation faced by people hard hit by poverty as a result of national policies. This evidence is then used to advocate and lobby for improved socioeconomic policies. JCTR believes that civil society organizations should conduct and use similar research in other countries affected by poverty.
For more information, contact Tina Nanyangwe – Moyo at [email protected].
Civil Society and the Right to Health Win a Victory in Mexico by Rocío Campos, International Budget Partnership (IBP)
On June 29, after almost 11 years of struggle, the Institute of Security and Social Services of Public Servants of the State of Sonora (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, or ISSSTESON)—the federal agency responsible for providing health services to public servants— recognized the eligibility of Mr. Abel Montenegro Velázquez and his family to receive health services as a public servant of the state of Sonora, Mexico. People like Mr. Velázquez and his family are denied access to the health services provided by ISSSTESON through a provision in Article 6 of the institution’s internal regulations that prohibits the affiliation of applicants who are not in good health. Research shows that in the last eight years ISSSTESON has rejected the affiliation of 404 public servants in this northern state because they “are not in good health.” This translates to approximately 1,400 affected people, because the discriminatory regulation is extensive to the worker’s family.
Mr. Montenegro knew that he was a victim of discrimination and for almost 10 years he presented his case to a long list of elected public officials, but nothing happened. One day, Mr. Montenegro decided to appeal to a civil society organization, Sonora Ciudadana A.C., and present his case once more: “I don’t understand why they need me to be in athletic shape to affiliate me, aren’t they supposed to provide good health? It is almost like an elementary school rejecting kids because they don’t know how to read or write!”
Outraged by the discriminatory regulation, which also exists in 13 other states in the country, Sonora Ciudadana A.C. and another Mexican CSO, Fundar, Center for Analysis and Research, documented the serious underspending in the health sector at national level. Their analysis found that between 2004 and 2008, the Social Protection Health Subsidy (Fideicomiso de Protección Social en Salud) failed to transfer 80 percent of the budget for the construction and expansion of hospitals and clinics. The organizations emphasized the importance of executing the entire health budget in order to serve everyone without exception. Sonora Ciudadana A.C. and Fundar took Mr. Montenegro’s case to the Supreme Court, and in March 2009 it was declared that Article 6 was unconstitutional.
Sooner or later ISSSTESON will have to eliminate the discriminatory regulation and extend its health services to all citizens who have been denied care under it. “I cannot explain what I am feeling, I knew we had won, but they hadn’t affiliated me yet and I was afraid they wouldn’t. Today is a great day not just for me and my wife. Today is the first step for all of the people in my situation”, said Mr. Montenegro the day he was finally affiliated to the state’s health system.
For more information, contact Guillermo Noriega Esparza at [email protected].
Guide to Budgeting to Advance the Right to Food
The United Nations Food and Agriculture Organization just published a guide titled “Many a slip…” Budget work to advance the right to food.
Drawing on the experiences of budget work in a number of countries, “Many a slip…” presents a step-by-step process for analyzing a government’s budget and assessing its compliance with its obligations to fulfill its people’s right to food. While the focus is on right to food-related issues, the process described is readily adaptable to work on other rights, as well.
The publication builds on and expands the information in Dignity Counts, a guide for human rights-based budget work produced in 2004 by the International Budget Partnership (IBP), Fundar, and the International Human Rights Internship Program (IHRIP). In the five years since Dignity Counts was published, organizations in a number of countries have actively pursued budget work within a rights framework. By drawing on these experiences, “Many a slip…” is able to provide a more in-depth and developed approach to human rights budget analysis than Dignity Counts was able to do.
The current guide, the product of a project coordinated by IHRIP with substantial input from IBP and other organizations, also contains a section that presents initiatives in three countries to produce a “right to food budget.”
The publication is available online at: http://www.fao.org/righttofood/publi09/budget_guide_en.pdf.
To obtain hard copies from FAO, send an email to [email protected].
To obtain hard copies from IHRIP, send an email to [email protected].
UN Resolution Recognizes Maternal Mortality as a Human Rights Issue by Morgan Stoffregen, International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights (IIMMHR)
On June 17 history was made when the United Nations Human Rights Council passed a landmark resolution that was co-sponsored by over 70 governments recognizing maternal mortality as a human rights issue. The Council committed to enhancing national and international efforts to protect the lives of women and girls around the globe. At a time when over half a million women die each year from complications during pregnancy and childbirth, this resolution is a vital development.
If we put it in the context of the last 20 years, during which maternal mortality was viewed primarily as a health and development issue and not as a human rights one, the Council’s resolution on “Preventable maternal mortality and morbidity and human rights” is a giant step forward—not just for the UN’s main political human rights body but also for the human rights community in general. The resolution recognizes that efforts to combat maternal mortality require the effective promotion of women’s human rights, including the rights to life, to equality and non-discrimination, to information, to enjoy the benefits of scientific progress, and to enjoy the highest attainable standard of health, including sexual and reproductive health.
In addition to identifying the key human rights involved in maternal mortality, the resolution does the following:
- Recognizes that preventable maternal mortality is a collective challenge that affects all cultures and regions of the world.
- Recognizes that human rights-based approaches lead to more effective and sustainable efforts to eliminate preventable maternal mortality.
- Welcomes the involvement of UN treaty monitoring bodies and Special Procedures (such as the Special Rapporteur on the Right to Health) in addressing maternal mortality as a human rights issue.
- Requests the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to conduct a thematic study to determine the human rights dimensions of maternal mortality and morbidity and to recommend actions that the Council can take to contribute to the existing efforts to combat this issue from a human rights perspective.
Above all, the resolution signals that governments must step up their prevention efforts and fundamentally change the way they view maternal death—that is, as a human rights issue no less serious than executions, arbitrary detentions, or torture. In doing so, it creates opportunities for civil society to work with the Council in promoting government accountability and advancing legal standards around maternal mortality.
Over the past year and a half, civil society organizations worldwide conducted a tremendous amount of advocacy to push for this resolution. And they will continue to play an important role in moving forward to ensure government accountability on the issue. The International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights (IIMMHR), a partnership of international, regional, and national civil society organizations committed to a comprehensive human rights approach to maternal mortality, worked alongside these groups to push for the resolution. For example, we were the sole civil society voice at the Council’s first-ever thematic panel on maternal mortality last summer, which encouraged governments to see how human rights can add value to the health perspective in reducing maternal mortality. We also helped develop a white paper intended to form the basis of the Council’s resolution and worked throughout the year to sensitize and educate governments on the human rights dimensions of maternal mortality. (To see a transcript of the panel, go to www.righttomaternalhealth.org/resource/panel-un-hrc).
Now that the resolution has been passed, IIMMHR will continue to collaborate with other groups to ensure that the resolution gets translated into concrete actions by governments worldwide. For example, one of our first activities will be to influence the content of the thematic study on maternal mortality, which the resolution requests the OHCHR to prepare. This study is critical, as it will lay the foundation of the Council’s work on maternal mortality and morbidity. IIMMHR will engage on two fronts: providing input on the study and influencing the process of the study to ensure a broad participation of civil society organizations.
Once the study is presented, we will work to ensure that the Council takes into consideration its findings and proposals, ideally in the form of a follow-up resolution in 2010. A second resolution is arguably just as important as the first, because it would determine the mechanisms the Council would use to address the issue of maternal mortality in a more systematic way.
Moving forward, we plan to promote accountability for implementation of the resolution by using it as an advocacy tool at the national and regional levels. The resolution can be an advocacy tool not only for civil society groups but also for other key stakeholders, such as health care providers, who want to push their governments to take concrete steps to reduce maternal mortality and to hold them accountable for their commitments.
By passing this resolution, governments indicate their willingness not only to enhance their efforts to reduce maternal mortality but to do so from a human rights perspective. This kind of recognition is urgently needed, given that Millennium Development Goal 5—to improve maternal health—has made the least progress of the eight goals. Civil society groups must now carry the momentum forward by ensuring that their governments translate this resolution into action.
For more information about IIMMHR, go to www.righttomaternalhealth.org.
Educating Brazilian Youths on the Influence of Public Budgets by Alexandre Ciconello, Márcia Acioli and Lucídio Bicalho Barbosa, Institute for Social and Economic Studies (INESC)
The Institute for Social and Economic Studies (INESC), a civil society organization based in Brasilia, Brazil, organized a project to introduce human rights and public budgets into schools’ curricula. The six participating schools are located in different communities in the outskirts of the Federal District, including one in a rural area. The schools were selected based on their levels of social exclusion, teenage violence, drug abuse, and drug dealing within the school facilities. These problems largely explain the schools’ low academic performance.
The idea of the project is to strengthen the capacity of children and teenagers to secure their rights and monitor public policies that affect them. The main goals are to ensure that children and teenagers are involved in discussions on rights and citizenship and to observe how these factors relate to the public budget.
The project organized workshops based on the principles of popular and art education, in which participation is vital to developing new knowledge, awareness, and sensibility needed for social transformation. The workshops’ playful approach combine art and communication to introduce deeper concepts and discussions on human rights, budget formulation, budget monitoring, and democratic participation. During the communications workshop, boys and girls develop their capacity to understand the world and articulate their viewpoints in a critical and sensible way.
In addition to these school programs, teenagers are encouraged to attend political spaces where public budget debates take place, such as city councils and the federal legislature. They also are encouraged to join children and teenage advocacy networks. In a meeting to discuss the 2009 Federal District education budget with lawmakers and public managers, kids proposed a budget amendment for approximately one million dollars. The amendment was passed, and funds were allocated to build sports courts and renovate schools. The challenge now is to monitor the execution of the allocated resources.
Throughout the workshops, students are trained to become writers, photographers, and illustrators for a magazine they will publish that focuses on human rights and public budgets. The purpose of this magazine is to broaden the debate and deepen the reflection on issues that emerged during the workshops. It also seeks to provide a forum for reaching consensus on the agendas for influencing public policies and budgets geared toward education and youth in the Federal District. The first issue of the magazine will go out in November.
The enthusiasm shown by all the participating schools confirms that building a culture of human rights is viable and necessary. Young participants developed a strong motivation for collective causes. In a time when the level of violence in Federal District schools is increasing, schools included in this project are headed in the opposite direction, becoming spaces for political and social commitment, creativity, affection, and solidarity.
During the last five years, INESC has developed a methodology for promoting access to human rights and incorporating them concretely in public policies and the allocation of public resources. Doing this successfully requires agility to be able to work with the government at national, state, and municipal levels, particularly with the National Congress, as well as to network with social movements, NGOs, grassroots leaders, schools, and youth organizations to discuss and disseminate the link between rights and budgets.
Part of INESC’s institutional mission is to understand the budget cycle and the tax system (public revenues and spending) to influence policy design and the allocation and execution of public funds that benefit the poor and marginalized. Although this mission statement is tangible in different geographical and institutional spaces, the work with the Federal District schools has shown an effective impact on citizenship awareness and the great transformational potential in youth education to understand, monitor, and influence public budgets.
For more information, contact Alexandre Ciconello at [email protected], Márcia Acioli at [email protected] and Lucídio Bicalho Barbosa at [email protected].
Conference on Budget Decisions and Economic and Social Rights, Belfast
The Human Rights Centre at the School of Law at the Queen’s University in Belfast, Northern Ireland, is organizing a conference titled “Budget Decisions and Economic and Social Rights” (ESR) from 14-15 November 2009. The conference intends to develop and deepen the relationship between economic analysis and the assessment of human rights compliance. The conference will bring together people who are monitoring state compliance with ESR obligations, with a particular focus on budget work. The conference’s presenters will include UN experts, internationally renowned scholars, and civil society practitioners. Drawing on the expertise of participants with backgrounds in law, human rights, economics, and development, this multidisciplinary event will enable the exchange of experiences to expand and strengthen the research on budget decisions and ESR. Some of the topics that will be covered include linking ESR obligations with budget analysis, tracking allocations and expenditure, and participatory budgeting.
For more information, click here.
Budgeting for Human Rights Initiative
In 2006 APRODEV (Association of World Council of Churches related Development Organizations in Europe), a rights and development organization, initiated the Budgeting for Human Rights Initiative. In January 2009, Equalinrights—with the support of the APRODEV agencies—institutionalized a project to include perspectives on and costs of realizing human rights in the budget cycle. The project was launched with workshops and research advocating that human rights should be “costed” and budgeted, just as governments do for such sectors as health care and education.
The initiative is now in its second phase and will launch a two-year pilot process focusing on the practical application of costing and frontloading human rights in national budgets in Palestine, Namibia, Kenya, India, and possibly Guatemala. The frontloading approach to human rights is relatively new, and would ask the question “How much must be allocated to primary education in order to meet human rights criteria,” rather than “Has the right to primary education been progressively realized,” allowing for more concrete and measurable budget information. Continued academic research and analysis will parallel the pilot process, as well as offer insight into new strategies and methodologies for budgeting human rights. Through documenting the pilots and sharing a variety of academic research and resources, this second phase of the initiative will contribute, both practically and theoretically, to the realization of human rights for all.
Campaign Against Government Corruption in Argentina by Luis Villanueva, Civic Association for Equity and Justice (ACIJ)
Although Argentina adheres to anticorruption conventions, it has no specific entities to which people can report acts of corruption within the legislature, judiciary, or public ministries. Although the Argentinean legal system has some mechanisms for reporting corruption, compared to international standards, they are inadequate and their practical application, decreasingly efficient. Working mechanisms that allow citizens to report acts of corruption are very important, as they allow for the legal investigation, prosecution, and penalization of corruption.
In response to this situation, the civil society organization (CSO) “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia”(ACIJ), based in Buenos Aires, Argentina, started a series of activities to further disseminate the existing mechanisms for reporting corruption and to raise public awareness of the importance of active social participation in fighting corruption. One of these activities was a public campaign developed in collaboration with two other CSOs, “Fundación Soporte” and “Poder Ciudadano.” The public campaign produced a television ad titled “Si lo ves y lo contás, lo vemos todos,” (“If you see it and you tell it, we all see it.”) The ad was massively broadcast in the national media, hoping to raise awareness on the importance of reporting cases of corruption. (To see the ad, go to: http://www.youtube.com/watch?v=JGjLev5kTAw , or visit http://www.acij.org.ar.)
ACIJ and “Fundación Soporte” created a phone line to receive complaints on cases of corruption. They intend to treat the complaints seriously and follow-up with each case. To this end, both organizations have an interdisciplinary team that provides technical assistance to callers, who may be upset or may have received threats. They will launch a blog very soon on which people will be able to submit complaints of corruption. This blog will serve as a virtual center and will offer a section specifically designed for small- and medium-sized companies that provide services to the government and want to share instances where they have been victims of or witnesses to corruption.
Finally, ACIJ contacted different government offices that have expressed interest in implementing transparency policies, i.e., to encourage reporting on cases of corruption and support citizen participation in fighting corruption. In this process, ACIJ found an ally in the Ministry of Defense and signed a cooperation agreement. The agreement states the mutual will to implement common activities toward strengthening and disseminating mechanisms for reporting corruption among government staff and increase the level of transparency with regard to how the Ministry manages resources. Other efforts in the pipeline consist of launching a campaign to disseminate the existing mechanisms to denounce acts of corruption and to encourage public servants to use them when necessary, and publishing a guide on how to report acts of corruption to be distributed among public servants.
All of these initiatives try to get the following message across: any public decision that is not well founded, is not properly advertised or disseminated, generates doubts about the interest that motivated it, restricts access to information unnecessarily, or affects the transparency of public administration enables unethical behavior in public administration.
As an organization, we believe that lack of transparency in public administration damages social trust regarding the administration of public resources. And the longer it takes to improve the levels of transparency, the more lasting the effects on democracy. Hence, all our activities are geared toward strengthening institutions—a goal that can only be achieved by following the principles of transparency, access to information, and accountability.
For more information, contact Luis Villanueva at [email protected].
Energy Efficiency in Public Buildings Equals Budget Efficiency in Russia by Marina Shapiro, Institute for Urban Economics (IUE)
The Institute for Urban Economics (IUE), a Russian organization created to identify and analyze the social and economic problems of urban areas and promote solutions to these problems, has undertaken a project intended to improve energy efficiency in public buildings in the Russian Federation through the analysis of commercial, financial, and legal frameworks for energy services in the public sector, including public/private partnerships. This project, Improving Energy Efficiency in Public Buildings, has identified a number of obstacles, including a number of budgetary and legal constraints, as well as a lack of resources and skills and inefficient authorities at the local and regional levels.
IUE’s analysis revealed that in 2007 more than 350 billion rubles ($14 billion), almost 5 percent of the Russian Federation’s budget, were spent on financing the energy supply and other utility resources at the state and municipal levels. However, the energy performance of public buildings is far below the average European level, with actual energy consumption considerably exceeding European standards. Expert evaluations have found that these buildings actually have the potential to operate at up to 40 percent of current energy consumption. This highlights the energy inefficiency of these public buildings and implies the potential, and need, to reduce budget expenditures on utilities.
Substantial budget savings could be realized by upgrading public buildings for enhanced energy performance. However, the building enhancements needed to achieve this require considerable investments. Instead of allocating these funds from the national budget, they could be raised by creating public/private partnerships, for example, with an ESCO, to supply utility services.
ESCO-type contracts, under which the ESCO (Energy Services Company) will incur the costs of implementing an energy-saving plan and will get reimbursed from the savings generated by said plan, have been shown to be an effective mechanism for optimizing budget expenditures in the public sector in Central and Eastern Europe over the last few years. . The key to these public/private partnerships is that the ESCO provides the initial investment for the building enhancements, thus solving the energy inefficiency without calling on public budget funds.
In countries where public sector budgets are highly constrained and improving energy efficiency in public buildings is an important priority, the use of an ESCO model has obvious advantages. Despite the benefits, however, there has been very limited ESCO activity so far in Russia. A budget expenditure analysis in collaboration with local authorities has allowed IUE experts to identify the following challenges to improving energy efficiency:
- Local regulations do not promote public/private partnerships as an alternative approach to public budget financing.
- Budget laws have restricted the ability of local authorities to retain energy savings.
- Local authorities do not have the experience or the corresponding resources to develop or enter into ESCO-type contracts.
- Similarly, local engineering firms have not had sufficient experience with ESCO contracts, nor do they have access to long-term funds to finance investments.
- The need to tender public sector contracts has deterred many firms from trying to develop this market, as they have no guarantee of business at the end of the process.
- Local banks have not been prepared to finance engineering firms on the basis of prospective income from the contracts, meaning only firms with substantial balance sheets would be able to raise adequate capital to finance such projects.
The implementation of this project would improve energy performance in public buildings, reduce budget expenditures on utilities in public buildings, raise off-budget resources for renovations and other improvements of public buildings, and develop energy services businesses in Russia.
For more information, contact Marina Shapiro at [email protected].
U.S. Cities Involve Public in Tough Budget Choices by Malka Kopell, Community Focus, and Harris Sokoloff, Penn Project for Civic Engagement
Cities in the United States are strapped for funds. Straining from the recession, starved of their regular revenue streams, hampered by the spiraling cost of personnel and other services, and facing huge budget deficits, city officials are now forced to make ever more difficult choices. More and more city officials are using this context to turn to the people they represent—the residents—for their input on how to balance the budget.
This is a tale of two cities: Menlo Park, California, and Philadelphia, Pennsylvania. They are cities of different geographic size and population that used similar “participatory budgeting” methods to educate and involve city residents in the process of examining the tough decisions that the public officials were faced with. Both used the results of these public participation exercises to inform their budget decisions.
“Your City/Your Decision” – Menlo Park, California
Menlo Park is a city of about 30,000 in California’s Silicon Valley. Although the population is largely well-to-do, the city does serve low-income residents, who are concentrated in one neighborhood. Early in 2005 city officials forecast a $2.9 million gap between revenues and expenditures for the upcoming fiscal year 2006-07. Enlisting the help of Community Focus, a civil society organization that facilitates government-community partnerships, the city engaged the community to understand the public’s priorities so it could develop a budget based on these preferences. The resulting process was called Your City/Your Decision.
There were two phases in this process. During the first phase, the city identified the community’s priorities through a survey that asked residents to balance the budget, choosing from a list of options developed by city staff. The survey was mailed to every household and was also available online. From this phase-one data, city staff members developed a list of possible budget-balancing strategies (e.g., various levels of net cost reductions, alternative ways to provide services, revenue increases, etc.) to address the community’s priorities. In the second phase, the city presented these strategies to the community in a series of workshops. Residents were organized into small groups to simulate what a City Council might experience and discussed possible strategies, with each group voting for or against each strategy presented and finishing with a balanced budget solution. On average, workshop participants recommended $1,573,000 in specific cost reductions—many of which the council adopted—to close the $2.9 million deficit. Participants also suggested that $1,314,000 could be raised in taxes, which prompted the council to put a utility tax measure on the ballot that passed in 2006. (For more information, go to: http://www.menlopark.org/homepage/priority_budget.html.)
“Tight Times, Tough Choices” – Philadelphia
Philadelphia, the cradle of our democracy in the U.S., is a city of just over 1.4 million people, more than 23 percent of whom live below the poverty level. The city’s annual operating budget is $3.85 billion. Since 1991 the city’s finances have been monitored by the Pennsylvania Intergovernmental Cooperation Authority (PICA), which requires the city to develop five-year fiscal plans that include annual balanced budgets.
As the national fiscal crisis began to grow in Fall 2008, newly elected Mayor Michael Nutter was confronted with a five-year budget deficit of $1 billion, with $200 million of that in the 2008-09 fiscal year. Then, in mid-November the Mayor announced that the five-year plan starting with fiscal year 2009-10 showed an additional $1 billion deficit.
In response, the Penn Project for Civic Engagement developed the Tight Times, Tough Choices city budget workshops. The workshops focused on a worksheet of options for decreasing spending and increasing revenues based on data provided by the city’s budget office. The worksheets included the choices the administration was facing as it tried to address the deficit and were used in four workshops held throughout the city. During the workshops, more than 1,700 citizens formed small groups where they deliberated on the choices. Each option was assigned a point value reflecting its actual monetary value, with one point equaling $2 million. The object for each group was to reach 100 points, or $200 million, the average annual value of the five-year deficit.
A set of values-based recommendations of citizen priorities—in both spending cuts and revenue increases—emerged from the forums. Mayor Nutter referred explicitly to those recommendations in his budget address and built most of those into his budget, which he referred to as the “People’s Budget.” The one notable exception was the mayor’s decision to propose a significant increase in property taxes, one of the least popular tax increases discussed in the budget workshops. That increase was the most roundly criticized budget decision in the mayor’s address. (For more information, go to: http://www.gse.upenn.edu/node/690.)
Conclusion
Clearly, there is an identifiable role for the public in informing policy makers as they develop annual budgets. In order for that input process to be productive and result in usable information, it needs to 1) involve residents in a deliberative, informed, and interactive process, and 2) ask the public to struggle with the same trade-offs that policymakers face. Both the Philadelphia and Menlo Park experiences included those important elements. Both cities went beyond creating input processes that asked what their residents cared most about. Rather, they asked the pubic what it would feel the least uncomfortable doing without.
One should note, however, that both cities stopped short of giving decision-making authority to the city residents about how money should be spent. Yes, that practice does exist for limited neighborhood budgets in some U.S. cities, although it is not practiced on a large scale. But we think our representative form of democracy requires that our elected officials maintain the role of decision-maker in this process. This allows them to make some leadership calls on the final budget; however, public officials are responsible for informing their constituents about what decisions they ultimately make, and why. This reciprocity is essential to building the relationship of trust needed to foster effective public participation in policy processes.
For more information, contact Harris Sokoloff at [email protected] or Malka Kopell at [email protected]
Public Expenditure Tracking Surveys Improve School Services in Guatemala by Jorge Lavarreda, National Economics Research Center (CIEN)
One of the most respected think tanks in Guatemala, the “Centro de Investigaciones Económicas Nacionales” (CIEN), observes that credibility and accuracy in their research is a necessary, but not sufficient, condition to have an impact on public policies. It is crucial to design an effective communications strategy so that you can disseminate the results of the research. This article describes a recent research project where CIEN’s economic, financial, and social experts implemented Public Expenditure Tracking Surveys (PETS) in the education sector. This 2008 study was supported by the Brookings Institution and the Results for Development Institute.
CIEN conducted research on the management of support services provided by the Ministry of Education (“Ministerio de Educación,” or MINEDUC) in the schools in the state of Guatemala, one of the 22 states in the country. These support services include programs to maintain the interest of children and their parents in the schools’ activities. Important evidence suggests that these programs have a positive impact on childhood development, hence, the decision to study them. The main objective was to develop a detailed analysis of the following education expenses: school meals, textbooks, learning and teaching materials, and scholarships, and to make recommendations to improve their impact.
CIEN formulated six questions that would be used in statistically representative surveys the organization would conduct using the PETS methodology. A team of experts interviewed the director of the schools, teachers, parents, students, and representatives of school councils. They visited schools in urban and rural areas, based on a pilot sample of the schools in the state. Some of the questions that asked were: Is the allocation of resources adequate to serve all the children throughout the school year?, and Do all the allocated resources reach the beneficiaries?
In addition, CIEN created a communications and advocacy strategy for disseminating the findings of the research and improving support services for education in the next three years. To this end, an executive summary of the research was prepared, along with an illustrated version to promote participation among the education community at the local level.
The advocacy phase of the project started with a meeting with the head of support services at MINEDUC. In the meeting CIEN was able to confirm the technical quality of the study and offer recommendations to promote improvements in school services. The participants in the meeting identified and corrected several mistakes in the coding for the schools and also helped to refine the study’s recommendations.
In a separate meeting organized before the public launch of the research results, the Minister of Education learned the findings and recommendations of the study. The Minister welcomed the study’s recommendation to delay the start of the school year, as it increases the chances that students receive all the support services they need. One week before the launch of the study, the Minister declared to a major national newspaper that “there is no technical justification to start classes on January 15, it just has always been this way” and said that the MINEDUC acknowledged the convenience of starting the school year on February 1, 2009.
The Minister also announced the creation of rotating funds. These are financial mechanisms that allow spending resources up to a maximum amount and then replacing those funds once the expenses are made. For example, this allows the school councils or “juntas escolares” (entities dedicated to managing the purchase and distribution of school supplies, meals, scholarship funds, and construction and maintenance supplies) to receive an advance allocation for food items that will be consumed by the students during recess during the month of December. This was another recommendation proposed by CIEN.
This meeting resulted in efforts to improve support services in education that include accelerating pre-enrollment in every school. This would allow to better control and anticipate the number of students that will attend the school in the following year and improve the budget planning process.
Other dissemination efforts included:
- the publication of an illustrated brochure with the main findings of the study targeted to parents and teachers, and
- the public launch of the findings and recommendations of the study to an audience of education experts and journalists of the main mass media
These activities were essential to widely publicize the results of the study and achieve a public commitment from MINEDUC to improve support services for education. The day of the launch, CIEN posted the full report of the study on its website, along with the PowerPoint presentation used during the launch. The illustrated brochure was handed out to the attendees, and the press release was distributed to the media.
Days later, 160 copies of the brochure were given to the head of support services at MINEDUC to use during their 2009 trainings for the school councils. Finally, the dissemination phase included an appearance on a national radio program called Point of View (“Punto de Vista”) aimed at opinion leaders.
Among the main lessons learned, CIEN emphasizes that all the activities in a research project should have clear objectives, and that technical accuracy increases the opportunities to have an impact on decision makers.
To see the project’s documents, go to: http://www.cien.org.gt/index.aspx?menu=3&indice=182
For more information, contact Jorge Lavarreda [email protected] or Mario Cuevas [email protected].
What is Getting in the Way of the Abuja Declaration and Increasing Health Budgets in Africa? By Jay Colburn International Budget Partnership (IBP)
In the Abuja Declaration of 2001, African nations pledged to allocate at least 15 percent of their national budgets to the health sector. Eight years later, most countries have not fulfilled this pledge. This is partly due to the inefficiencies in the relationship between the Ministries of Finance (MoFs) and the Ministries of Health (MoHs) in many African countries. In-country experts documented several of these within and between ministries in Ghana, Senegal, and Uganda in reports that became the basis of a two-day workshop for ministry representatives in March 2009 in Accra, Ghana. A subsequent policy brief based on the country-assessment and workshop findings titled Improving Ministry of Health and Ministry of Finance Relationships for Increased Health Funding was released by the Woodrow Wilson International Center for Scholars’ Global Health Initiative in Washington, D.C. on June 24, 2009.
Why have these and other African countries not been able to reach their goals set forth in the Abuja Declaration? What obstacles are standing in the way of increasing health budgets, specifically in Ghana, Senegal, and Uganda? One issue affecting these nations is that some of their funding is provided by external sources, which can allocate funds for specific sectors, such as education or infrastructure. Many donor resources are made available to the MoF, where various ministries take part in prioritization debates to get funding. While part of the difficulty in achieving the Abuja goals is due to the capricious nature of the allocation process, specific characteristics of the MoHs and MoFs and the relationship between them have also contributed to inadequate health spending.
Upon conducting interviews with key ministry officials and reviewing various budget related documents, in-country researchers in Ghana, Senegal, and Uganda came up with a number of general guidelines and recommendations that can be used by all African ministries, focusing on increasing health funding:
- Ministry of Health staff with more experience and negotiation skills should be the ones to advocate for funding from the Ministry of Finance.
- Health staff should strengthen their evidence for increased funding by linking health indicators to specific budget items, while at the same time remaining mindful of the limited available resources.
- Ministries of Finance should allow for widespread discussion and debate in arbitrating the allocation of funds.
- Budgets should be flexible and adaptable as opposed to rigid and predetermined, which is how they are often perceived.
- The MoH should be consulted before the MoF allocates funds for health projects, which would help avoid confusion and ensure more efficient budget planning.
- The MoH feels the budget process is a formality with little room for negotiation and sometimes does not know who in the MoF to turn to for assistance.
- MoFs provide insufficient training on the medium-term expenditure framework, which is important for cash budgeting.
- The MoF and MoH relationship is further hindered by the low share of government resources provided for the health sector.
Based on these assessments and analyses, it seems that it is not only the lack of financial resources that is keeping these African nations from increasing health funding and reaching the goals of the Abuja Declaration. The obstacles to increasing health funding are also bureaucratic, technical, and communication issues. With the hope of not only presenting but also discussing and addressing the issues revealed through this research, this information was disseminated at the workshop in Ghana. Participating were several Ghanaian, Senegalese, and Ugandan ministry officials. Each country assessor shared their findings, followed by an opportunity for representatives from the Ministries of Finance and Health to discuss one another’s concerns and expectations. Here, finance and health colleagues were able to interact, some for the first time. Each side discussed its needs and expectations and considered various ways to develop more effective and efficient communication and technical skills.
The workshop in Ghana resulted in a number of recommendations for not only the Ministries of Finance and Health but for development partners as well.
Recommendations to the Ministry of Health:
a) Conduct budget training activities to enhance financial skills and understanding.
b) Hire health economists for long-term planning.
c) Improve documentation for MoF and monitoring and evaluation reports to justify increased health funding.
Recommendations to the Ministry of Finance:
a) Hire staff with more knowledge and experience in health.
b) Improve predictability of fund disbursement.
c) Develop five- to ten-year budget plans, as well as plans for emergencies and epidemics.
Recommendations for the interactions between ministries of health and finance:
a) Institutionalize a mechanism for dialogue between ministries.
b) Each ministry should appoint liaison officers to work between ministries, collaborate on budget planning, and increase accountability and information sharing.
c) Learn from other country experiences by sharing common problems and solutions.
Recommendations to development partners:
a) Aid should be allocated through the budget as opposed to being given directly to specific health projects.
b) Development partners should work with ministries to harmonize the efforts of multiple donors and integrate them into the countries’ overall development strategies.
In coordination with the release of a policy brief, Improving Ministry of Health and Ministry of Finance Relationships for Increased Health Funding, the Wilson Center hosted three of the workshop participants to discuss the findings and recommendations and their own perspectives on the MoH and MoF relationship in their country.
At this meeting, Mavis McCarthy, from MCM Associates (who was involved in the Ghana research), and Mary Nannono, permanent secretary of the Ugandan Ministry of Health, stressed the need for ministries of health to prioritize their projects with feedback from ministries of finance. Their relationship should be changed from a “purely mechanical process to a strategic dialogue,” fostering a mutual respect between ministries.
Eva Mends, representing the Ministry of Finance of Ghana, closed by emphasizing “action, action, action:” people from various ministries from various countries need to learn from and act on the research and progress made at the workshop. Mends notes that the budget process is not only a technical process but also a political one, which has many possible points of entry or involvement that are often underutilized.
The scope of these research findings reach beyond Ghana, Uganda, or Senegal. Across Africa, individuals, organizations, government officials, and ministries can all learn from the information disseminated through the workshop in Ghana and the report release in D.C. to work towards achieving their goal of increasing health funding and improving the lives of their citizens.
To see the report, video of D.C. event, power points, and summary, click here.
Monitoring Health Budgets Course in India by Thokozile Madonko, International Budget Partnership (IBP)
From 20–29 September 2009 the International Budget Partnership (IBP), Centre for Economic Governance and AIDS in Africa (CEGAA), and Fundar, Center for Analysis and Research hosted a pilot health and budgets training workshop in Kerala, India. Participants included 18 organizations from 10 countries across the world that are interested in using budget analysis and advocacy as a tool to strengthen their influence on health-related budgets and policies. Eight of the participating organizations are participating in the IBP’s Partnership Initiative (PI) grant program. These organizations are either undertaking or are about to undertake a health and budget project. The other organizations are partners of CEGAA, WEMOS, and the Open Society Institute.
The health and budgets course is a new innovation in the IBP’s training program. The IBP, in close partnership with CEGAA and Fundar, designed the course to assist participants in conducting health budget and policy monitoring. The course is designed to span a two-year period, beginning with an introductory 10-day intensive workshop and followed by one-on-one technical assistance and mentoring with partners during the implementation of their health and budget project. The workshop materials were designed to provide participants with an understanding of key health and budget issues, such as the right to health, health determinants, health information, health systems financing, health policies and the budget process, basic budget calculations, basic costing, and equity in health. The practical exercises of the workshop focus on maternal health, HIV/AIDS, and access to health services.
In the workshop, participants also were introduced to some basic skills for developing a health and budgets advocacy strategy and for communicating their health and budget advocacy message. One participant reported, “I can see myself planning in a very different manner as a result of what I learnt. The module on advocacy strategy is something that will surely impact and affect the way I plan to carry out my organization’s work.”
The workshop was highly participatory and, similar to other IBP joint-training initiatives, participants are required to respond to issues, raise questions, discuss the workshop material, and undertake group work and exercises. Two workshops were run simultaneously with two teams of facilitators. This enabled the participants to engage more closely with the workshop material, including the simulation scenario of Polarus, a hypothetical country facing several health-related development constraints. The participants reviewed a case study that closely resembled their organization’s health and budget project, thus being exposed to the skills necessary for their own project implementation.
Commenting on the Polarus and the case study exercises, one participant said, “I enjoyed very much the case study of Polarus, feeling as if it is an adventure with participants and learning a lot through this concrete exercise.” Another commented that “Polarus was definitely a wonderful experience, since it put us all at an equal level and brought about cohesiveness.”
Based on the feedback provided by participants, the IBP will refine the workshop structure and materials, so as to launch this training formally in 2010. Much budget monitoring and advocacy is needed in the health sector, and the IBP is confident that this thematic training will contribute to various efforts around the world.
For more information, contact Helena Hofbauer at [email protected], or Thokozile Madonko at [email protected].
Gender Budget Publications by UNIFEM
Reports from the EC-UNIFEM program “Integrating GRB into the Aid Effectiveness Agenda”
by Debbie Budlender
In 2008 UNIFEM launched a three-year program called “Integrating gender responsive budgeting into the aid effectiveness agenda.” The first component of this program involved research in 10 developing countries to investigate how gender responsive budgeting (GRB) tools and strategies have been applied in the context of currently used aid modalities. This investigation intended to deepen the understanding of national partners and European Union (EU) decision makers of the opportunities to use GRB to enhance accountability to gender equality in aid effectiveness. The reports are available in English, French, and Spanish.
Budgeting for Women’s Rights: A Summary Guide for Policy Makers, Gender Equality and Human Rights Advocates. Based on a report by Diane Elson
This booklet articulates what it means to take a rights-based approach to government budgets, draws on the lessons of Gender Budgets Initiatives (GBIs) experiences around the world, and links governments’ commitments under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW) with the four main dimensions of budgets: revenue, expenditure, macroeconomics of the budget, and budget decision-making processes. It clarifies how gender budget analysis can assist in monitoring a government’s compliance with CEDAW, identifying how CEDAW can be used to set equality-enhancing criteria in budget activities, and guiding GBIs and other initiatives toward achieving gender equality. The publication is intended as an advocacy and action tool for key stakeholders in the area of government budgets and women’s human rights, including policy makers and legislators at the country level, and gender and human rights advocates. The booklet is available in Arabic, English, French, and Spanish.