Democracia de presupuestos locales: herramientas y lecciones
Los retos de la institucionalización de los presupuestos participativos: experiencias y lecciones de Vitoria, Brasil por Marta Zorzal e Silva y Mark S. Langevin
Evaluación de la democracia del presupuesto en Indonesia mediante el índice de presupuesto local por Yuna Farhan, Yeni Sucipto, Muhammad Maulana y Uchok Sky Khadafi, Indonesia Forum for Budget Transparency (FITRA)
Impacto del gasto social en la salud y el desarrollo rural
Reveladora investigación sobre el gasto en salud en India y Kenia
Respuesta al reporte de IFPRI sobre prioridades y gasto público para el desarrollo agrícola y rural en ÁfricaporManyewu Mutamba, Leslie Nyagah, Idasa
OSCs monitorean presupuestos para la educación
Trabajo de presupuestos de la sociedad civil: cumplir con el derecho a la educación por Victoria Turrent, Save the Children, Reino Unido
CIPPEC en Argentina crea un proyecto de monitoreo de la ley de financiamiento educativo por Alejandro Vera
Tecnología al servicio de las actividades de incidencia de la sociedad civil
“Investiga los gastos de tus miembros del parlamento”: iniciativa en línea para el monitoreo presupuestario del Guardianpor Delaine McCullough
Teléfonos celulares: tecnología transformadora para el trabajo presupuestario de la sociedad civil por Rocío Campos
Recursos y publicaciones
“The Missing Link: Applied Budget Work as a Tool to Hold Governments Accountable for their Maternal Mortality Reduction Commitments”
Hacer que el dinero público esté al servicio de la gente en Nigeria
“Dignity and Defiance, Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization”
“A Portrait of Egypt: The Squander of Socio-Economic Rights in the Implementation of the Government Development Plan, 2002-2007”
Freedom.org
Iniciativa de Rendición de Cuentas “The Accountability Initiative”
Talleres y eventos del OBI
Azerbaiyán y Yemen lanzan la Encuesta de Presupuesto Abierto 2008
Talleres de la iniciativa de presupuesto abierto 2010
Anuncios
Festival de género en Tanzania. Haciendo que los recursos públicos estén al servicio de las mujeres
Oportunidad para la sociedad civil de influir en la reforma de gobernabilidad del FMI
Nuevo miembro del equipo del IBP
Oportunidad de trabajo con el IBP
Versiones en francés y en español de Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
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Los retos de la institucionalización de los presupuestos participativos: experiencias y lecciones de Vitoria, Brasil por Marta Zorzal e Silva y Mark S. Langevin
En años recientes muchos han celebrado el modelo de presupuestos participativos (PB) de Porto Alegre, que en gran medida surgió a consecuencia de “la forma de gobernar” del Partido de los Trabajadores (PT). En Brasil, el planteamiento inicial del proceso de presupuestos participativos ha cambiado con las administraciones municipales del Partido de Trabajadores a finales de los ochenta, incluyendo aquellos en Porto Alegre y Vitória (la capital de Espirito Santo), a más de 6,000 municipalidades en 2001. En tanto que el modelo de PB de Porto Alegre evolucionó a lo largo de sucesivas administraciones del PT de 1989 a 2004, el proceso de PB de Vitória fue interrumpido por los cambios en la administración en el partido. Esto dio lugar a que esfuerzos de parte de alcaldes recientemente electos, con diferentes conceptualizaciones de PB, institucionalizaran sus modelos predilectos. Por ello, las experiencias de Vitória son muy representativas de lo que sucede en el contexto multipartita en Brasil con los PB a la vez que más jurisdicciones adoptan mecanismos de PB para organizar consultas directas con los ciudadanos.
El laboratorio de estudios políticos de la Universidad de Espiritu Santo “Political Studies Laboratory at the Federal University of Espirito Santo” (LEP-UFES) ha coordinado muchos proyectos de investigación que le dan seguimiento a las distintas experiencias con PB en Vitória y las ciudades del área metropolitana, incluyendo Cariacica y Serra. Entre las publicaciones de LEP-UFES, el libro de Euzineia Carlos, Controle Social e Justiça Redistributiva no Orçamento Participativo, y el volumen editado de Marta Zorzal e Silva y Bajonas Teixeira de Brito Junior, Participação Social na Gestão Pública: Olhares Sobre as Experiências de Vitória-ES, ofrecen análisis crítico del disparejo proceso de institucionalización de las estructuras y procesos de PB en Vitória y de su sustentabilidad con el paso del tiempo.
En tanto que gran parte de la discusión e investigación se ha enfocado en quién encabeza y participa en los procesos de PB, LEP-UFES ha explorado cómo los partidos políticos y coaliciones, alcaldes, líderes del poder ejecutivo, y líderes comunitarios y asociaciones crean y usan los marcos institucionales que permiten el desenvolvimiento de este tipo de democracia directa. El liderazgo de las alcaldías y contestación social pueden interactuar para producir resultados de PB específicos en judicaturas y jurisdicciones específicas, LEP-UFES identifica el desarrollo institucional como un indicador esencial de la vitalidad y sustentabilidad del PB para aquellos ciudadanos históricamente marginados de las instituciones representativas de políticas públicas. En particular, divisiones territoriales, apoyo institucional y recursos, y vigilancia del proceso de PB pueden jugar un papel crítico para empoderar a los ciudadanos a participar efectivamente en tales formas de democracia directa.
La composición de las divisiones territoriales para las deliberaciones de PB puede ampliar su control social sobre comunidades marginadas o empoderarlas para enfrentar la distribución inequitativa de servicios y recursos públicos. LEP-UFES ha observado y analizado cómo la variación en las divisiones territoriales que enmarcan las deliberaciones del PB (vecindario, ciudad, etc.) y sus relaciones con el poder ejecutivo en Vitória desde 1989 afectan la medida en la que el público verdaderamente participa en el proceso. Durante la primera administración municipal del PT de Mayor Vitor Buaiz (1989-1992), la estructura del proceso inicial de PB reflejó un énfasis en el vecindario y estableció un consejo con dos representantes de cada vecindario participante. Este consejo se convirtió en una parte integral de la estructura de la administración de Buaiz y fue apoyado por la Secretaría de acción social y su división de apoyo popular.
Debido a la novedad de este modelo, los miembros del PT durante la administración de Buaiz se centraron en refinar el proceso y ofrecer a los participantes capacitación y educación “popular” para aumentar la efectividad de los miembros del público en el proceso PB. En 1991, la administración redefinió el proceso desarrollando comisiones de PB para trabajar en el presupuesto y atender varios temas, incluyendo retos políticos pendientes, necesidades de infraestructura, desarrollo de las siete regiones que componen a la ciudad y el ingreso promedio de una familia para cada región.
La siguiente administración de Paulo Hartung (1993-1996) del Partido Social Democrático de Brasil (PSDB) continuó con el proceso de PB y añadió algunas reformas institucionales. Primero, la administración Hartung le cambió de nombre al proceso a Presupuestos Populares para reflejar la nueva visión del alcalde sobre un proceso participativo que ofrece un esquema comprensivo para la planeación de la ciudad y no sólo un listado de las obras públicas deseadas por un vecindario o región. Hartung transfirió la coordinación del PB a la secretaría de planeación y estableció un proceso muy refinado para medir la calidad de vida para cada vecindario o región. La administración desarrolló un indicador de acciones y obras públicas que, en parte, juzga proyectos conforme a su cobertura en una ciudad, región o vecindario. Esto permite un esquema más integral de toma de decisiones mediante los PB.
Irónicamente, aunque la siguiente administración de Luiz Paulo (1997-2005) también estuvo a cargo del PSDB, hubo un retroceso en los avances del PB como una forma de democracia directa. Aunque Luiz Paulo apoyó el sistema PB, rápidamente lo reformó para eventualmente controlar las deliberaciones. Paulo estableció siete administraciones regionales para la ciudad, cada una con su propia mini-alcaldía responsable del proceso PB y organizó estructuras de PB y deliberaciones a fin de que las mini-alcaldías puedan controlar e imponer sus prerrogativas en el proceso. La administración de Paulo también abolió el sistema de indicador de acciones y obras públicas a fin de implementar su propia estrategia de planeación para la ciudad, y asegurar que cada foro regional (estructuras establecidas para regular las deliberaciones regionales del PB) llegara a políticas compatibles.
Hubo dos resultados. A lo largo de dos administraciones de Luiz Paulo el proceso PB fue desacreditado y los niveles de participación disminuyeron. Asimismo, el consejo de la ciudad adoptó la ley Italo Batan, la cual recibió el apoyo de grupos comunitarios que buscaban institucionalizar el proceso PB y protegerlo de la administración.
En 2005, el alcalde João Coser del PT asumió la administración de Vitória y trabajó para restaurar la vitalidad y credibilidad del sistema PB. En 2008 fue reelecto, en parte debido a que su esfuerzo por revitalizar el proceso PB y asegurar que las deliberaciones abiertas se dieran a todos los niveles territoriales (vecindario, región y ciudad) para desarrollar un plan presupuestario comprensivo verdaderamente participativo. Además, el nuevo alcalde comisionó a un consejo presupuestario responsable de asegurar que el presupuesto se ejecute con transparencia y rendición de cuentas.
El nivel y naturaleza del apoyo institucional y recursos pueden empoderar o impedir la participación de comunidades marginadas. A excepción del gobierno municipal de Luiz Paulo, los alcaldes de Vitória han tratado de apoyar el proceso PB vinculándolo con una secretaría administrativa clave que refuerza el apoyo de la alcaldía al proceso y los recursos necesarios para financiar y organizar deliberaciones populares que involucran a miles de ciudadanos y docenas de organizaciones comunitarias. Bajo la presente administración de João Coser, el proceso PB se coordina por la secretaría de administración estratégica, indicando el alto nivel de apoyo dentro de la administración. Las administraciones de Buaiz, Hartung y Coser han invertido importantes recursos para garantizar que los participantes estén capacitados en PB y tengan acceso a información y datos necesarios para desarrollar y presentar proyectos, definir preferencias y exigir rendición de cuentas a la administración respecto a los resultados del proceso.
La presente administración Coser ha profundizado el apoyo institucional y expandido recursos para el proceso PB en Vitória. Además de dejar la coordinación del proceso PB en manos de una agencia ejecutiva clave, la creación de un consejo presupuestario responsable de asegurar la rendición de cuentas y garantizar deliberaciones a nivel local, regional y a lo largo de la ciudad, el gobierno ha identificado ocho áreas para enmarcar las deliberaciones de PB: niños, jóvenes, afro-brasileños, cultura, negocios, mujeres, seguridad y economía de solidaridad. De acuerdo con un participante del proceso en Cosme Santos de Jesús en la localidad de Jaburu, “la construcción de nuestra preprimaria fue una necesidad y un sueño. Nadie podía creer que un día la construcción tendría lugar, pero hoy el proyecto está casi terminado. Cuatrocientos niños que antes tenían que ir a localidades aledañas como Ilha de Santa Maria, Consolação y Santa Helena ahora ya no lo tienen que hacer. Ahora tenemos voz y voto lo que le da valor a cada ciudadano, pues ahora ven que su participación vale la pena.”
El monitoreo y medidas o reglas del proceso PB para exigir rendición de cuentas a las jurisdicciones del gobierno respecto al proceso y sus resultados es esencial para la sustentabilidad de este tipo de democracia directa. Las lecciones aprendidas por la administración de Luiz Paulo son muy claras—las instituciones importan y pueden prevenir o generar deliberaciones importantes. Bajo la administración de Paulo, el proceso PB estaba bajo la autoridad de las mini-alcaldías regionales y orientado a producir resultados que apoyen la estrategia municipal de planeación del alcalde. Después de varios años, los participantes encontraron menos significado en las deliberaciones, enfocándose en la democracia representativa para la protección de las instituciones de democracia directa del PB mediante la aprobación de la ley Italo Batan y en el apoyo al candidato a la alcaldía en favor del proceso. Conforme a uno de los recientes participantes del proceso PB, Aureny Scheidegger Amaral de la localidad de Estrelinha, “Realmente he disfrutado esta forma de contabilidad del dinero público pues por muchos años no contábamos con PB de verdad.”
Los presupuestos participativos en Vitória no evolucionaron de forma progresiva o linear como en Porto Alegre bajo el PT. En lugar de ello, los alcaldes y partidos sucesivos ofrecieron enfoques distintos a este tipo de democracia directa y experimentaron con distintas estructuras institucionales para facilitar el proceso o, en el caso del alcalde Mayor Luiz Paulo, para someterlo a sus preferencias de planeación. Las lecciones son claras: el PB requiere de administraciones comprometidas que ofrecen los recursos para apoyar el proceso y desarrollar y preservar instituciones que promueven la participación, brindan capacitación y recursos a todos los participantes y estructura a una variedad de foros de discusión vecinal, regional o citadina, así como una gama temas de planeación que pueden darle vitalidad al proceso y hacerlo sostenible para todos los ciudadanos y comunidades.
Bibliografía
Carlos, Euzineia. Controle Social e Justiça Redistributiva no Orçamento Participativo. Vitória/ES. EDUFES. 2007.
Zorzal e Silva, Marta and Bajonas Teixeira de Brito Junior. Participação Social na Gestão Pública: Olhares Sobre as Experiências de Vitória-ES. São Paulo. Annablume Editora. 2009.
Marta Zorzal e Silva, Ph.D. is Director of Political Studies Laboratory and Professor of Political Science at the Federal University of Espirito Santo.
Mark S. Langevin, Ph.D. is an Associate Researcher at the Political Studies Laboratory/UFES and adjunct Associate Professor of Government and Politics at the University of Maryland-University College.
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Evaluación de la democracia del presupuesto en Indonesia mediante el índice de presupuesto local por Yuna Farhan, Yeni Sucipto, Muhammad Maulana y Uchok Sky Khadafi, Indonesia Forum for Budget Transparency (FITRA)
El movimiento de incidencia presupuestaria en Indonesia comenzó a surgir con la implementación de reformas tras la caída del régimen de Soeharto en 1999. El público comenzó a darse cuenta de que el presupuesto es uno de los instrumentos de política pública más importantes del estado y requiere de esfuerzos de incidencia a lo largo del proceso presupuestario para garantizar la participación, transparencia y rendición de cuentas. Además, la incidencia es necesaria para alinear los resultados del presupuesto con las necesidades del público. La democracia y descentralización en Indonesia han cambiado su enfoque de administración del servicio público a nivel local. Este cambio es un esfuerzo para mejorar la prestación de servicios públicos y, por ende, el bienestar de la gente. Por ello, la reforma de gobernabilidad local es fundamental para fortalecer la habilidad y voluntad de las autoridades locales para asignar recursos tomando en cuenta los intereses de sus constituyentes.
Después de diez años del inicio de las reformas del presupuesto nacional, las reformas a nivel local han permanecido estancadas. Uno de los principales problemas identificados con los procesos locales del presupuesto es que ha habido un mínimo esfuerzo por traducir el concepto de presupuestos participativos en términos prácticos y operativos. Esto le dificulta al gobierno o a los miembros de la sociedad civil monitorear y evaluar dichos procesos locales. En un esfuerzo por medir y atender este problema la organización “Indonesia Forum for Budget Transparency” (FITRA) con el apoyo de la “Asia Foundation”, formuló un instrumento para medir los principios de presupuestos abiertos y responsables, es decir, el índice de presupuesto “Local Budget Index” (LBI).
El índice de presupuesto local espera facilitarle al público la evaluación de la gobernabilidad local en sus distritos, sobre todo respecto al presupuesto. Desde la perspectiva gubernamental, el LBI ha simplificado la auto-evaluación y mejorado la habilidad administrativa del presupuesto a partir de identificar las debilidades en el proceso presupuestario. Además, el LBI puede ser utilizado para incentivar o castigar a los distritos y ayudar a fortalecer la voluntad política de contar con presupuestos abiertos y responsables.
El LBI mide los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y equidad de género en el proceso del desarrollo del presupuesto. Muchos estándares en el instrumento LBI se basan en el marco legal de los presupuestos locales en Indonesia y en los estándares internacionales de administración de presupuestos del Código de Buenas Prácticas sobre Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, así como aquellos que mide el índice de presupuesto abierto “Open Budget Index” (OBI) del International Budget Partnership (IBP).
Indonesia fue uno se los 85 países incluidos en la encuesta de presupuesto abierto “Open Budget Survey” 2008—un análisis y encuesta que evalúa si los gobiernos centrales le dan al público acceso a la información presupuestaria y oportunidades de participar en el proceso presupuestario. El “Open Budget Index” 2008 (OBI) es una medida comparativa del compromiso total de los gobiernos encuestados hacia la transparencia presupuestaria con base en 123 preguntas.
Indonesia obtuvo un puntaje de 54 de un total de 100 para el OBI 2008. Este puntaje situó a Indonesia entre aquellos países que ofrecen alguna información al público. El Reino Unido alcanzó el puntaje más alto de todos los países encuestados con una calificación de 88 de un total de 100. La unidad de análisis empleada para la encuesta fue el presupuesto nacional conocido como el APBN en Indonesia. Aunque el OBI fue diseñado para medir la transparencia presupuestaria y rendición de cuentas a nivel nacional, el LBI fue capaz de incorporar aquellos elementos que podrían emplearse en el contexto local, incluyendo elementos que miden el marco legal de presupuestos locales y oportunidades de participación pública.
Al formular el LBI, fue difícil identificar indicadores apropiados para el presupuesto abierto, en parte debido a la interrelación de dichos principios como la transparencia y la rendición de cuentas. Otro reto fue decidir qué peso darle a los distintos indicadores. Por eso, todos los indicadores y preguntas en el LBI tienen el mismo peso y valor.
El LBI está siendo puesto en práctica en 47 distritos en Indonesia. La revisión semestral encontró dificultades para verificar las respuestas a las preguntas que se usaron en el índice. Para atender este problema, los evaluadores llevaron a cabo entrevistas y organizaron grupos plurales de discusión para crear consenso alrededor de las respuestas apropiadas.
Además de implementar el LBI, FITRA está llevando a cabo un análisis que busca medir la correlación entre los niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación pública en el proceso presupuestario (conforme al LBI) y las asignaciones presupuestarias. Además, esta tendencia del presupuesto toma en cuenta el alineamiento entre la planeación y la presupuestación, la capacidad de respuesta del presupuesto a temas de equidad de género, el impacto de ingreso y la política en la asignación del presupuesto para sectores sociales y la eficacia presupuestaria.
Para mayor información contactar a Yuna Farhan at [email protected].
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Reveladora investigación sobre el gasto en salud en India y Kenia
El programa sobre transparencia y rendición de cuentas “Transparency and Accountability Program” (TAP), un proyecto del “Results for Development Institute” (http://tap.resultsfordevelopment.org), ofreció apoyo financiero y técnico a organizaciones de la sociedad civil (OSCs) para llevar a cabo investigación e incidencia sobre el gasto público en temas sociales. Aquí presentamos resúmenes de los hallazgos de dos proyectos sobre gasto en salud. El primero estuvo a cargo del “Institute of Policy Analysis and Research” (IPAR) en Kenia. El segundo fue coordinado por el “Indo-Dutch Project Management Society” (IDPMS) de la India.
El “Institute of Policy Analysis and Research” (IPAR), una ONG de Kenia que trabaja para desarrollar, implementar y evaluar políticas públicas constructivas, se vió en la necesidad de investigar el deterioro de los servicios de salud pública en Kenia. A pesar de que recientemente se han registrado aumentos al gasto en salud pública, éstos no se ven reflejados en los indicadores de salud. De hecho, el aumento al presupuesto de salud en Kenia, de 16 billones de schillings kenianos (Ksh) en 2003-2004 a 27 billones Ksh en 2006-2007 (equivalente a 7.92 por ciento del total del gasto gubernamental y a dos por ciento del PIB para ese año), coincide con el aumento de la mortalidad infantil y la caída en los niveles de vida. Entre 2002 y 2007, entre 50y 54 por ciento del gasto en salud se fue a los salarios de los trabajadores del sector salud, mismos que son significativamente más bajos que los del sector privado, especialmente para doctores y farmacólogos.
El análisis de presupuestos realizado demuestra que una gran parte del gasto de salud fue asignado al pago de salarios. Aunado al plan estratégico nacional de salud 2005-2020 que dice que el personal administrativo debe de ser más eficiente, motivó a IPAR a realizar un estudio de las instalaciones de salud pública en el distrito de Machakos en Kenia para determinar las causas y seriedad del problema de ausentismo en el sector salud. IPAR manejó la hipótesis de que el ausentismo es un problema que contribuye a la fuga de fondos públicos. Después de visitar 40 instalaciones de salud sin anunciarse, los investigadores encontraron que el nivel promedio de ausentismo es de 25 por ciento. Conforme a la estimación de IPAR, el ausentismo le cuesta al distrito de Machakos 6,659,832 Ksh (aproximadamente US$107,000) al mes.[3] Se estima que en el transcurso del año, el coso acumulado sobrepasaría $1 millón, lo que sería suficiente para construir un centro de salud de nivel medio. Para responder a estos hallazgos sobre las causas y las implicaciones fiscales del ausentismo, IPAR ofreció varias recomendaciones políticas para remediar la situación, incluyendo la descentralización del proceso de contratación y despidos a nivel local para que la administración pueda mejorar la evaluación del desempeño laboral en relación con las decisiones de empleo; monitorear el ausentismo más a fondo; y penalizar a los trabajadores que faltan con regularidad.
El segundo proyecto de análisis presupuestario coordinado por “Indo-Dutch Project Management Society” (IDPMS), se dedica a fomentar los valores de la justicia social y económica y a empoderar a los sectores pobres de zonas rurales de la India. Recientemente, IDPMS terminó una investigación sobre la prestación de servicios de salud pública en el estado de Karnataka en la India, que se caracteriza por su población rural en condiciones de pobreza. El estudio busca evaluar la calidad y accesibilidad de los centros de salud pública “Public Health Centers” (PHCs) en dos distritos de Karnataka, Bellary y Chamaraja Nagar, a partir de revisar el flujo de presupuestos y estructura organizativa de los PHCs locales. El estudio también examina los tres niveles del sistema de gobernabilidad de Karnataka que abarca la transferencia de fondos públicos y poderes administrativos al gobierno local—el Zilla Panchayat (ZP) del distrito, el Taluk Panchayat (TP) en la subdivisión del distrito conocida como taluk y el Gramma Panchayat (GP) a nivel comunitario. Estas instituciones Panchayat Raj (PRIs) fueron creadas para mejorar la calidad de vida de todas las personas de la India para promover mecanismos de retroalimentación más accesibles en donde la gente pueda expresar sus necesidades y formular políticas a nivel local. La evaluación de la prestación de servicios de salud pública y el éxito de los PRIs exige comprender el proceso presupuestario y el funcionamiento de estas instituciones.
El Zilla Panchayat es responsable de compras en el sector salud para los niveles más bajos de los PRIs. Todos los empleados de salud de nivel inferior dan cuentas al “District Health and Family Welfare Officer”, quien reporta al CEO de ZP. Cuando el estado asigna recursos en el presupuesto aprobado por la legislatura, se prepara un documento conocido como “Link Document” que asigna recursos a todas las actividades de todos los departamentos bajo el control administrativo del ZP. Aunque todos los fondos que vienen del estado le llegan al ZP, los PHCs están capacitados para hacer observaciones sobre la compra de fármacos. El presupuesto para fármacos está dividido en dos componentes, con 60 por ciento hacia compras centralizadas de medicamentos regulares para todo el sistema, mientras el 40 por ciento restante se va a la compra de fármacos que se necesitan en los PHCs locales.
En su análisis IDPMS usó encuestas sobre el seguimiento del gasto público “Public Expenditure Tracking Surveys” (PETS), encuestas cuantitativas sobre la prestación de servicios “Quantitative Service Delivery Surveys” (QSDS), entrevistas, cuestionarios, así como datos legales y económicos. Las preguntas al personal PHC se enfocaron en sus responsabilidades, la disponibilidad de fármacos, la disponibilidad y funcionalidad del equipo y otros servicios ofrecidos por el PHC y el departamento de salud y bienestar familiar. Las preguntas para los pacientes se enfocaron en la percepción y preferencias de los servicios de salud, lo adecuado de las instalaciones de salud pública, disponibilidad de doctores, tiempo de espera y costos relacionados. Se identificaron varios problemas como la falta de personal y de fondos e irregularidades en la obtención y distribución de fármacos en los PHCs. (Aunque el proceso presupuestario para la compra de medicamentos permite la retroalimentación a nivel local, los PHCs y el nivel Gramma no reciben fondos directamente por dichas compras.) Todos estos factores hacen que la gente opte por servicios de salud privados, aunque no tengan dinero para solventar los costos.
Los hallazgos preliminares de la investigación de IDPMS indican retos tanto del lado de la demanda, como de la oferta de la prestación de servicios públicos de salud en Bellary y Chamaraja Nagar. Los problemas del lado de la oferta usualmente caben en una de las siguientes categorías: 1) disponibilidad de personal médico calificado en el PHC; 2) disponibilidad de medicamentos y equipo médico; e 3) infraestructura de la instalación.
El estudio IDPMS identifica cuatro acciones políticas clave necesarias para atender los problemas del sistema de salud en los distritos de Bellary y Chamaraja Nagar: 1) aumentar la asignación al rubro de salud y bienestar familiar un dos por ciento del producto doméstico estatal neto “Net State Domestic Product”; 2) capturar y clasificar todos los datos relevantes al flujo de presupuestos, jurisdicción y administración de proceso de procuración a todos los niveles y presentarlos, periódicamente, en formatos accesibles; 3) difundir ampliamente y aumentar el acceso a la información sobre la prestación de servicios y las necesidades del presupuesto, y con ello aumentar la transparencia y rendición de cuentas a nivel local y, finalmente, 4) promover agresivamente la educación médica para garantizar una planta de profesionistas médicos que cumplan con las demandas del sistema.
Para mayor información contactar a Courtney Tolmie [email protected].
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Respuesta al reporte de IFPRI sobre prioridades y gasto público para el desarrollo agrícola y rural en África por Manyewu Mutamba, Leslie Nyagah, Idasa
El “International Food Policy Research Institute” (IFPRI) recientemente publicó el reporte “Setting Priorities for Public Spending for Agricultural and Rural Development in Africa” , en donde se presentan estudios de caso de África y Asia para ilustrar las contribuciones de los diferentes tipos de gasto público en la reducción de la pobreza, el crecimiento y el bienestar. Manyewu Mutamba y Leslie Nyagah, investigadores del sector agrícola del programa de gobernabilidad económica de Idasa, una organización de la sociedad civil en Sudáfrica, usa este reporte como punto de partida para discutir el impacto del gasto en agricultura en la reducción de la pobreza y el crecimiento.
El estudio de IFPRI encuentra fuertes efectos positivos del gasto en agricultura en el crecimiento y la reducción de la pobreza, lo cual no sorprende. Antecedentes sólidos y vínculos con otros sectores aseguran que la inversión en los resultados de agricultura genere mejores niveles económicos y sociales con ramificaciones fuera del sector. Varios estudios coordinados por el “Consultative Group on International Agricultural Research” (CGIAR) en el este y sur de África comprueban los beneficios de los avances en la investigación y tecnología agrícola. Además, el mejoramiento de la seguridad alimentaria con frecuencia produce resultados socio-económicos positivos como es la menor incidencia de dejar la escuela, menores costos de salud en el hogar y de migración hacia afuera. En muchos países en el continente, las inversiones que incentivan los resultados agrícolas han producido un crecimiento y desarrollo positivos, excepto en circunstancias en donde las limitaciones en infraestructura no permiten la integración con otros sectores económicos.
La accesibilidad, costos de transacción y flujo de información son esenciales para el éxito de la inversión agrícola y desarrollo rural. Debido a las deficiencias en infraestructura y a su difícil acceso en muchas zonas rurales en África, atender estos cuellos de botella es uno de los retos de desarrollo más importantes. Sin embargo, en lugar de tratarlas como iniciativas de inversión independientes, las ganancias del apoyo a la agricultura son mucho más grandes cuando se integran a proyectos de inversión más amplios con flujos de ingresos más directos e inmediatos. De lo contrario, es más factible que dichas ganancias se den después de un tiempo y beneficien a la élite de la población rural, involucradas en actividades económicas que pueden beneficiarse de cualquier mejora en la infraestructura.
Los hallazgos de IFPRI subrayan la necesidad de identificar diferentes tipos de gasto geográficamente para asegurar que la inversión reditúe. A pesar de la dificultad de este enfoque en la práctica, debido a que los procesos de planeación y presupuestos suelen ser agregados, los objetivos geográficos abren oportunidades para regímenes de gasto que enfrentan las limitantes más importantes del sector. Los retos que enfrentan las granjas pequeñas son diversos y con frecuencia particulares a una localidad. De hecho, problemas similares pueden exigir soluciones diferentes dependiendo de las circunstancias locales. Los niveles de pobreza también están relacionados con variables geográficas y un régimen de gasto más focalizado está mejor habilitado para conseguir resultados de combate a la pobreza.
Además de los efectos de la infraestructura y geografía en los resultados del gasto en agricultura, el reporte de IFPRI también explora cómo el gasto no-agrícola (como el de educación) puede ampliar oportunidades de ingreso y tener un impacto en el sector campesino y en viviendas rurales. Por ejemplo, en el caso de Ghana, el reporte menciona los efectos negativos del crecimiento del gasto en educación. Lo que parece salirse de la norma, sobre todo si consideramos las ramificaciones documentadas y vinculadas a hogares rurales que tienen acceso a oportunidades de ingreso fuera de las granjas. Estudios en varios países del sub-Sahara africano sugieren que las remesas de miembros de la familia que trabajan fuera de la granja, con frecuencia suscitan costos debido a atender los cuellos de botella laborales (por ejemplo, mediante la contratación de personal suplente o mecanización) relacionados con la migración hacia afuera y las limitantes de efectivo en la compra de insumos, lo que a su vez mejora el desempeño agrícola. La acumulación de activos y otras inversiones domésticas derivadas de las remesas también crean condiciones para actividades económicas sustentables a nivel del hogar con un potencial real de escapar de la pobreza. Cabe mencionar que estos procesos avanzan de manera escalonada y las ganancias de la inversión en educación no siempre se ven de inmediato y a veces hasta pueden parecer negativas. Además, los altos niveles de desempleo en muchos países pueden obstaculizar los prospectos de nuevas oportunidades de ingreso usualmente asociadas con mejores niveles educativos.
Muchos gobiernos africanos continúan tratando a la agricultura como un medio de vida para las familias de los campesinos. De manera que los compromisos concretos para transformar la vida en el campo son pocos y esporádicos. Sólo 19 por ciento de los países africanos cumplen su compromiso de asignar más del 10 por ciento de su gasto nacional a la agricultura.
Desafortunadamente, la falta de sistemas organizacionales agrícolas efectivos y apoyo limitado de grupos de la sociedad civil ha perjudicado la habilidad de pequeñas granjas de presionar (mediante prácticas de cabildeo) para obtener recursos públicos. La paradoja de la disminución en las asignaciones presupuestarias a la agricultura a pesar de las continuas contribuciones al PIB en la mayoría de los países africanos, es un ejemplo de la asimetría en el balance de poder. Una brecha clave es la falta de acceso a información o análisis del presupuesto y su proceso y sus efectos en el bienestar de los campesinos. A menos que participen con propuestas concretas alternativas con base en evidencia empírica, los grupos de campesinos y la sociedad civil en general, permanecerán al margen de los procesos de formulación e implementación del gasto público. A menos que se resuelva el acceso a la información, el futuro de la agricultura africana dependerá de la buena voluntad política por resolver las necesidades y aspiraciones de los campesinos.
Trabajo de presupuestos de la sociedad civil: cumplir con el derecho a la educación por Victoria Turrent, Save the Children, Reino Unido
Sociedad civil, presupuestos y educación para todos
El “Commonwealth Education Fund” (CEF) fue establecido en marzo 2002 para promover la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de la educación para todos “Education for All” (EFA). Los objetivos de CEF son aumentar el debate público respecto a los objetivos de educación, aumentar la transparencia en el presupuesto para la educación, y enfocarse en las necesidades de los niños fuera del sistema educativo. CEF apoyó a socios en 16 países para fortalecer a comunidades para monitorear el gasto en educación a nivel local y nacional. Esto implicó construir la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para influir en las decisiones políticas del presupuesto y la educación. Este artículo considera el trabajo de los socios de CEF en Pakistán y Zambia y presenta las lecciones aprendidas de la experiencia de CEF respecto al monitoreo de presupuestos en el sector educativo.
El trabajo presupuestario de la sociedad civil en el sector educativo ha servido para examinar si el gasto se desembolsa conforme se ha planeado, si ha tenido el impacto deseado, y cuál es el impacto del presupuesto de la educación en diferentes partes de la población. Al construir capacidad de análisis y monitoreo del presupuesto, la sociedad civil en muchos países ha utilizado la información sobre el gasto público para satisfacer el derecho a la educación.
Pakistán: comprender los presupuestos de la educación
En Pakistán, el “Commonwealth Education Fund” (CEF) con el apoyo de la “Human Rights Commission of Pakistan” (HRCP) coordina seguimiento y monitoreo de presupuestos a nivel nacional y empoderan a comunidades locales para exigirles transparencia respecto a los recursos públicos para educación. Se coordinaron investigaciones para informar el trabajo de incidencia y los debates con políticos, así como para fortalecer la participación en la planeación y gasto para la educación. CEF también colaboró con “Pakistan Coalition for Education” (PCE) y el “Centre for Peace and Development Initiatives” (CDPI) para aumentar las asignaciones a la educación y trabajar con parlamentarios sobre el uso de recursos públicos para la educación.
Los socios en Pakistán emplearon un esquema multidimensional para mejorar las finanzas de la educación. Llevaron a cabo análisis de los presupuestos de educación, construyeron la capacidad de las comunidades de darle seguimiento al gasto en educación y desarrollar e implementar estrategias de activismo. Delinearon y aumentaron el papel de la sociedad civil en el monitoreo y activismo del presupuesto para la educación y fortalecieron las relaciones entre las comunidades, la sociedad civil y los parlamentarios.
HRCP realiza investigación para informar el trabajo de activismo y los debates políticos, así como para fortalecer la participación en la planeación y el gasto en educación. Las publicaciones HRCP fueron difundidas ampliamente y muchas OSCs usaron sus recomendaciones durante las intervenciones en los debates sobre presupuestos para la educación. Esto le dio poder a la sociedad civil para luchar por aumentar las asignaciones de la educación, mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas y de participación en la planeación del presupuesto con el gobierno.
Tanto HRCP como PCE trabajaron para fortalecer las comunidades y capacitarlas para darle seguimiento al gasto del gobierno y asegurar el uso efectivo de los recursos disponibles, exigir transparencia y rendición de cuentas e incidir por el aumento del presupuesto para educación en donde se habían identificado algunas deficiencias. Esto se hizo mediante sesiones de concientización, diálogos comunitarios, talleres de capacitación y foros políticos con actores clave.
Además de estos esfuerzos, CDPI desarrolló una interfase entre la comunidad, los actores clave y el comité legislativo sobre educación. CDPI formó un grupo de trabajo que se reunió cada tres meses para discutir temas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas en educación y facilitó una mesa redonda de discusión sobre estos temas a la que asistieron miembros del PCE, parlamentarios y miembros de la asamblea nacional.
El impacto real de este trabajo se vió en marzo 2007 cuando el gobierno de Pakistán anunció aumentos importantes en el financiamiento de la educación. En esta ocasión se comprometió a aumentar el gasto en educación de 2 a 4 por ciento del PIB en 2011.
Zambia: Construir capacidad a nivel local en el trabajo de presupuestos
La iniciativa CEF de Zambia busca aumentar las oportunidades de participación de la sociedad civil en el seguimiento del presupuesto a fin de colaborar con el gobierno en temas de presupuestos para la educación. CEF apoyó la capacitación del seguimiento presupuestario para aumentar la capacidad de las OSCs, los comités de administración escolar, asociaciones de maestros y padres de familia, grupos de mujeres, y niños en edad escolar para monitorear los programas financieros escolares básicos del gobierno, así como procesos nacionales sobre presupuestos para la educación.
“Operation Young Vote” apoyó a CEF mediante la coordinación e intercambio de información presupuestaria y facilitó la producción de una herramienta de seguimiento presupuestaria creada para las necesidades de los usuarios locales y traducida en las lenguas locales. Los planes de acción para el desarrollo de las escuelas fueron desarrollados conforme a la capacitación sobre el seguimiento presupuestario y gobernabilidad escolar. Esto consiguió que las comunidades reportaran casos de corrupción y fraude a la oficina del “District Education Board”. Los hallazgos de estas actividades fueron difundidos a través de estaciones de radio locales, reuniones y otras publicaciones con los medios.
Los hallazgos del seguimiento presupuestario fueron difundidos a funcionarios públicos a nivel distrital y nacional. El Ministro de Educación se comprometió a atender la mayoría de los puntos mencionados. Sus compromisos fueron monitoreados muy de cerca por las OSCs a nivel distrital y por la “Zambia National Education Coalition” a nivel nacional.
Retos y lecciones aprendidas
Estos son sólo dos ejemplos del trabajo de los socios de CEF. Otros retos y lecciones surgen de la experiencia de CEF al construir la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y permitirles un papel más estratégico e importante en las decisiones del presupuesto para la educación en los 16 países socios.
El control ejecutivo y secretismo son características comunes del proceso presupuestario en muchos países, especialmente durante la fase de formulación en donde se establecen las prioridades del gasto. Además, las actividades del trabajo de presupuestos pueden estar limitadas en términos de la habilidad de obtener acceso a la información —en muchos países las leyes de acceso público a la información necesitan aprobarse e implementarse para aumentar los niveles de transparencia presupuestaria a todos los niveles del gobierno. Con frecuencia, hay retrasos en recibir respuestas a los pedidos de información y, en algunos casos, la información ni siquiera se da a conocer. En muchos países, la ausencia general de información sobre presupuestos para la educación—sobre todo en formatos no-técnicos y accesibles— restringe los esfuerzos de OSCs de participar en discusiones sobre la distribución de recursos para la educación.
También está la necesidad de construir la capacidad de OSCs para llevar a cabo análisis de presupuestos y seguimiento presupuestario. Éste es uno de los retos más importantes para avanzar las actividades presupuestarias. Vinculado a esto está la ausencia de coaliciones para la educación en muchos países. Sin una plataforma más amplia, bien establecida y nacionalmente reconocida para fomentar el aprendizaje y la colaboración entre agencias, es difícil que las actividades del presupuesto sean efectivas. Aún queda mucho por hacer para involucrar a los ciudadanos comunes y corrientes en el trabajo de presupuestos, creando la demanda de miembros del público para pedir, sistemáticamente, datos presupuestarios. Sentir que se pueden generar cambios es tan importante como crear las instituciones y el marco para que sucedan. Crear una cultura de participación pública sólo puede conseguirse a partir de desmitificar el trabajo de presupuestos y hacer que la gente conozca cómo formar parte del cambio.
(2008) “Civil Society Engagement in Education Budgets: A Report Documenting Commonwealth Education Fund Experience”, Londres, “Commonwealth Education Fund”.
(2008) “Making the Budget Work for Education: Experiences, Achievements and Lessons from Civil Society Budget Work”, Londres, “Commonwealth Education Fund”.
(2009) “A Budget Guide for Civil Society Organizations Working in Education”, Londres, “Commonwealth Education Fund”.
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CIPPEC en Argentina crea un proyecto de monitoreo de la ley de financiamiento educativo por Alejandro Vera
Argentina cuenta desde el año 2006 con una Ley de Financiamiento Educativo, que tiene como principal objetivo aumentar la inversión en educación, ciencia y tecnología hasta alcanzar el 6 por ciento del PBI en 2010. Esta norma ha significado un importante compromiso por la educación de parte del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires, ya que los mecanismos que establece para alcanzar sus progresivas metas financieras implican el esfuerzo conjunto de ambos niveles de gobierno y de todas las jurisdicciones.
Consciente de la importancia estratégica de esta política educativa, CIPPEC ha realizado un monitoreo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo desde el primer año de su implementación, convirtiéndose en el principal referente en la temática para los principales actores sociales que actúan en la educación. En este marco, en los últimos tres años se han publicado 12 informes, que incluyen un “Informe Anual de Monitoreo” para cada ejercicio presupuestario; se han realizado dos eventos públicos de difusión de resultados y se han realizado capacitaciones a funcionarios provinciales, periodistas y organizaciones sociales.
Debido al oportuno liderazgo de CIPPEC en este tema, su proyecto de monitoreo ha sido aceptado por miembros del gobierno y el sector educativo como la principal herramienta para cumplir con la ley de financiamiento educativo. El proyecto de monitoreo se ha convertido en una herramienta central para garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, cobrando una amplia legitimidad entre los actores involucrados. El Ministerio de Educación de la Nación ha confiado en CIPPEC para difundir de forma exclusiva los datos referidos al cumplimiento de la LFE por parte de todas las jurisdicciones provinciales. Las autoridades nacionales y provinciales, los sindicatos docentes, los especialistas en la temática y los medios de comunicación han tomado a CIPPEC como referente ineludible sobre la temática, para informarse sobre el cumplimiento y las implicancias de la LFE. Por ejemplo, el Ministro de Educación de la Nación y el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) participaron como oradores en el evento de presentación del Informe Anual en 2007 y 2008. Debe destacarse que la renovación de autoridades en ambas instituciones nacionales, acontecida entre los dos eventos, no modificó el compromiso de estos actores con el Proyecto de Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo.
Además, el proyecto ha formado una coalición de organizaciones de la sociedad civil, conocida como “Compromiso con el Financiamiento Educativo” que ha cobrado creciente protagonismo como un tercer sector en las discusiones de política educativa, mediando entre los gobiernos y sindicatos, que hasta ahora monopolizan las definiciones del financiamiento educativo. CIPPEC ha capacitado a las organizaciones del grupo y ha extendido la participación en las instancias de monitoreo a otras organizaciones de nivel provincial, logrando conformar una red federal de monitoreo del financiamiento educativo.
El Proyecto de Monitoreo ha resultado central no sólo para garantizar el cumplimiento de la LFE sino también para proponer modificaciones en el texto legal y en la institucionalización de esta política. Tan es así, que CIPPEC ha logrado un exitoso proceso de incidencia en la distribución de los recursos asignados por la Ley de Financiamiento Educativo a las provincias, especialmente en lo referido al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
Finamente, durante el último evento anual del Proyecto de Monitoreo el Ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, anunció que durante el año 2009 se debatirán reformas en la Ley de Financiamiento Educativo, en gran medida influidas por los informes del Proyecto. CIPPEC aspira a tener un rol protagónico en este debate y aportar un conjunto de sugerencias al nuevo texto de la ley a partir de la exitosa experiencia de monitoreo realizada de los últimos tres años.
“Investiga los gastos de tus legisladores”: Iniciativa cibernética para el monitoreo presupuestario del Guardian por Delaine McCullough
En la siguiente dirección http://mps-expenses.guardian.co.uk/, cualquier persona puede examinar cientos de miles de gastos de los miembros del parlamento del Reino Unido en los últimos cuatro años. Con el apoyo del periódico Guardian, esta página es la herramienta clave en el experimento sobre monitoreo del presupuesto público conocido como “crowdsourcing.”
En vista de los recientes escándalos dentro y fuera del Reino Unido sobre los gastos de miembros del parlamento, el gobierno dio a conocer información de los 646 miembros del parlamento sobre todo lo que pagaron con dinero público, incluyendo recibos de comidas, muebles, viajes y hasta casas para patos. La página le ofrece al público la oportunidad de exigirles rendición de cuentas a sus representantes. El periódico Guardian reporta que el gobierno ha publicado más de 700,000 documentos individuales equivalentes a 5,500 archivos PDF, y—fomentó la idea de que “la labor conjunta de muchas manos pueden hacer la diferencia” de revisar cuidadosamente esta inmensa base de datos—el periódico le ha pedido a miembros del público revisar los documentos de sus legisladores y marcar aquellos que se deben de investigar más a fondo. Esta página de internet incluye un marcador que indica que hasta el 22 de junio, más de 20,000 personas habían revisado 171,920 de los 457,153 documentos que se habían puesto en la base de datos.
Este recurso equipa al público con información y consejos sobre lo que deben de buscar (por ejemplo, “cuentas de comidas, gastos repetidos de menos de £250 – el límite de cobros que no tienen el respaldo de un recibo. Además la iniciativa le permite a aquellos con acceso al internet jugar un papel crítico en la vigilancia. La iniciativa “crowdsourcing” es un esfuerzo único de los medios para aumentar la participación pública en el proceso presupuestario. Al publicar los abusos de los parlamentarios al erario público se pueden promover reformas para que los fondos públicos se usen más eficientemente.
Aunque la iniciativa del Guardian tiene limitaciones (la participación pública es sólo para quienes cuentan con acceso a internet y los resultados del ejercicio de monitoreo no están integrados en un mecanismo oficial para exigirle rendición de cuentas a los miembros del parlamento), es un ejemplo de cómo dos fuerzas poderosas importantes de rendición de cuentas—vigilancia pública de los presupuestos del gobierno y medios críticos bien informados— se unen para poner mayor atención a la malversación del dinero público.
Ampliar oportunidades para que el público se involucre en el monitoreo de la implementación del presupuesto, como lo hace esta iniciativa, puede jugar un papel clave en la vigilancia efectiva y en mejores decisiones políticas y resultados presupuestarios. Tradicionalmente, las auditorias oficiales del presupuesto de parte de las instituciones supremas de auditoria se han enfocado en si el dinero fue gastado conforme a la ley y a prácticas sensatas de administración financiera. Cada vez hay mayor interés en ampliar el enfoque de las auditorías oficiales para incluir evaluaciones de “valor por dinero”—es decir, si los programas y políticas financiados por el gobierno obtuvieron los resultados deseados. La retroalimentación pública a este tipo de auditoria puede ser invaluable. Por eso el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras implementó un programa piloto en 2007 para solicitar información directa del público sobre el funcionamiento y efectividad de ocho agencias, incluyendo hospitales, escuelas y municipalidades. El programa piloto, que incluyó reuniones públicas organizadas por el SAI, dio lugar a un gran número de hallazgos que muy probablemente no se hubieran identificado mediante una investigación de auditoria regular.
Además de ofrecer información crítica sobre las actividades del gobierno, la participación pública en el proceso de auditoría tiene implicaciones políticas que pueden resultar en un aumento en el seguimiento a los hallazgos de las auditorías. Debido a que las instancias de auditoria – que generalmente no pueden jugar un papel político – dependen de las legislaturas, asegura que los gobiernos se apeguen a las recomendaciones de las auditorías. Un papel más preponderante para sus constituyentes en el proceso de auditoria aumenta la presión sobre los legisladores, no sólo para darle seguimiento a las auditorías; sino para informar al público sobre las acciones que se tomaron para atender las recomendaciones de auditoría.
La respuesta a la convocatoria del Guardian a la participación pública indica el potencial para usar tecnología de las comunicaciones para involucrar al público directamente en el proceso de auditoría, así como en otros procesos presupuestarios. Sin embargo, mientras más gobiernos pongan información presupuestaria en internet y ofrezcan direcciones de correo electrónico y otros mecanismos cibernéticos que permitan la participación pública, es difícil hacer que la gente participe en el proceso.
Claramente, el acceso a internet juega un papel en la participación del monitoreo cibernético de información para exigirle rendición de cuentas al gobierno, pero la iniciativa del Guardian apunta a otros factores que pueden ser más influyentes en la participación. Por ejemplo, ¿se trata del tipo de información que se publica lo que promueve que la gente participe? El descontento público ante la corrupción en que se basa la iniciativa puede generar más participación que las propias cifras del impacto al ingreso como resultado de las reglas de depreciación fiscal. Lo importante es cómo comunicarle al público que las cifras de impuestos a la propiedad pueden ser menos controversiales pero pueden influir mucho más en la cantidad de recursos gubernamentales para financiar servicios críticos como la salud y la educación.
Sin embargo, el publicar información y comunicar efectivamente su importancia puede que no sea suficiente para involucrar a la gente que no entiende de números. Los reportes sobre los pedidos de gastos de reembolso son muy sencillos de comprender para la gente común y corriente. Este puede que no sea el caso con los datos de depreciación. Por lo tanto, contar con una guía simple y accesible sobre lo que quieren decir los números y cómo leerlos es un paso clave para aumentar la participación pública en el monitoreo de presupuestos.
Además del tipo de información que se publica, la sui géneris relación —aunque seguramente no intencional de parte del gobierno—entre el gobierno del Reino Unido, los medios y el público jugó un papel muy importante para el éxito de la iniciativa. Tanto el gobierno como el Guardian publicaron información en un formato accesible dentro de plataformas fáciles de usar (visitantes a ambas páginas de internet pueden tener rápido acceso a documentos entregados por los miembros del parlamentos sin tener que revisar grandes cantidades de información). Sin embargo, la iniciativa del Guardian aumentó la cantidad de usuarios potenciales de información: el sitio de internet del periódico (www.guardian.co.uk) recibe 9.7 millones de usuarios al mes, casi 3 millones más que la página pública del gobierno (www.direct.gov.uk).
Más importante todavía, el ejercicio del Guardian le dio a la gente la oportunidad de hacer algo (en lugar de sólo castigar a los parlamentarios con su voto) capaz de mejorar el sistema que permite la práctica de abusos. El darle a la gente un medio para canalizar su enojo de forma coordinada para investigar y denunciar abusos y, potencialmente, crear reformas, puede resultar en mayor participación que el sólo publicar la información.
Aunque el experimento del Guardian respecto a “crowdsourcing” no ofrece respuestas definitivas sobre cómo superar el reto de la demanda para la participación pública en los procesos de vigilancia y presupuesto, sí demuestra que dichas iniciativas en línea, sobre todo aquellas que involucran al gobierno y a los medios críticos e independientes, cuentan con el potencial de fortalecer la rendición de cuentas y con ello los resultados del presupuesto.
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Teléfonos celulares: tecnología transformadora para el trabajo presupuestario de la sociedad civil por Rocío Campos
¿Jeffrey Sachs está exagerando al decir que el teléfono celular es el medio de tecnología más transformador para el desarrollo? Claramente, el uso de la tecnología celular en países en vías de desarrollo ha aumentado dramáticamente. De acuerdo con Rohit Singh, investigador del “Overseas Development Institute”, “el número de suscriptores global a teléfonos celulares se estima haber alcanzado cuatro billones en 2008, con la penetración de celulares de 61 por ciento. Alrededor de 58 por ciento de los suscriptores se encuentran en países en vías de desarrollo y el crecimiento de suscriptores en África —más de 50 por ciento al año—es el más alto del mundo” (ver http://www.odi.org.uk/resources/download/2846.pdf). Este auge en el uso de celulares ha tenido un impacto en la comunidad internacional para el desarrollo que ahora ve en los celulares herramientas accesibles en sus esfuerzos por aliviar y combatir la pobreza.
El creciente uso de celulares para el desarrollo se debe a dos series de factores. Por un lado, muchas áreas rurales y urbanas carecen de cableado telefónico e infraestructura, o no cuentan con servicios de internet y de correo electrónico. Por otro lado, los celulares ofrecen conveniencia al ser portables, un medio de comunicación por voz instantáneo, servicio de mensajes de texto o “short-messaging service “(SMS), acceso a internet y capacidad de tomar fotos. En su conjunto estos factores hacen de los celulares herramientas efectivas para la rápida distribución de mensajes a una red de constituyentes con un llamado a tomar acción reduciendo el tiempo de respuesta considerablemente.
Por ejemplo, Rashida Dohad del “Omar Asghar Khan Development Foundation” en Pakistán, comenta que los celulares jugaron un papel clave durante la campaña por la legalidad en la que la sociedad civil y abogados de Pakistán se manifestaron (incluyendo la organización de Sohad) de 2007-09. La campaña empleó teléfonos celulares para enviar mensajes de texto e informar a los participantes sobre reuniones, protestas y arrestos. Rashida explica que un amigo activista envió un mensaje de texto a sus colegas al ser arrestada en su casa temprano en la mañana. Gracias a esta acción otros activistas supieron de su arresto antes de que saliera de su casa y se logró liberarla horas más tarde.
En una entrevista con Katrin Verclas, experta en comunicación celular, presentada en el boletín del IBP no. 44, hablamos de algunas de las formas innovadoras en que los activistas usan sus teléfonos celulares. Sin embargo, al solicitarle a los colegas del IBP el envío de ejemplos sobre cómo podrían usar los teléfonos celulares en sus actividades de análisis e incidencia presupuestaria, la mayoría de las respuestas indicaron que muy pocas organizaciones estaban usando tecnología celular en su trabajo, pues aunque hay interés no saben por donde comenzar. En este artículo, revisamos otros ejemplos sobre cómo organizaciones alrededor del mundo han aprovechado la tecnología celular para hacer avanzar sus actividades de activismo y ofrecemos algunas sugerencias para que organizaciones de la sociedad civil dedicadas al presupuesto usen la tecnología celular y fortalezcan el análisis, monitoreo, vigilancia e incidencia del presupuesto. Cabe resaltar que no todas las sugerencias son aplicables o apropiadas en todos los contextos. Cada organización necesita evaluar sus posibilidades y entorno político e identificar las soluciones más convenientes.
Esperamos que las ideas que aquí se presentan inspiren nuevas oportunidades en su trabajo. Asimismo agradeceremos nos envíen a [email protected] sus sugerencias sobre cómo se pueden usar los teléfonos celulares en el trabajo presupuestario, mismas que publicaremos en el siguiente ejemplar del boletín del IBP.
Movilización de seguidores
Amnistía Internacional-Países Bajos es un ejemplo de cómo el poder de los mensajes de texto puede hacer avanzar el trabajo de una organización y atraer a nuevos miembros mediante una campaña específica. Mediante llamados urgentes “urgent action appeals” Amnistía Internacional fue capaz de crear conciencia de la campaña en contra de la tortura y atraer a nuevos seguidores para responder a casos de tortura. La tecnología SMS le sirvió mucho al trabajo de Amnistía para frenar actos de tortura, en donde es fundamental contar con una rápida capacidad de respuesta ante arrestos y desapariciones.
El primer paso en una campaña de movilización SMS es hacer que activistas potenciales se inscriban para recibir mensajes de texto con instrucciones o avisos. Además de inscribir a personas mayores en iglesias y bibliotecas, Amnistía se enfocó en reunir a jóvenes activistas a través de su página de internet solicitándole a estrellas pop que hicieran anuncios en sus conciertos pidiéndole a la gente que hablara en ese momento a Amnistía para unirse a la campaña. Más de 5,000 personas se inscribieron a la campaña “SMS Urgent Action” en la sección Dutch de Amnistía, aceptando recibir notificaciones y llamados de acción vía SMS; de los cuales 500 se convirtieron en miembros formales. Alrededor de 39 por ciento de las campañas celulares de Aministía en 2002 probaron tener éxito al liberar a prisioneros políticos, encontrar a personas “desaparecidas”, y sabotear sentencias de muerte.
Grupos presupuestarios de la sociedad civil con frecuencia necesitan movilizar a sus colegas y atraer a nuevos seguidores a sus campañas. En ambas instancias, los grupos presupuestarios enfrentan la tarea de difundir mensajes clave a audiencias específicas como los legisladores, periodistas, colegas y ciudadanía, de manera oportuna a lo largo del proceso presupuestario. Se pueden utilizar una variedad de métodos para crear mensajes difundir y promoverlos, incluyendo la tecnología celular.
Algunos de los métodos empleados por grupos presupuestarios de la sociedad civil para desarrollar mensajes para sus audiencias clave incluyen grupos de discusión y sondeos. Además, cuentan con la retroalimentación de miembros de sus coaliciones, equipo interno, políticos y otros activistas. Para reunir dicha retroalimentación, los grupos presupuestarios pueden usar los teléfonos celulares para encuestar a sus miembros y facilitar el intercambio de ideas entre un gran número de personas.
Una vez que los mensajes han sido formulados, los grupos usan distintas estrategias para difundir los mensajes a sus audiencias objetivo, incluyendo conferencias de prensa, notificaciones de acción a sus redes, boletines, cabildeo, sitios de internet y correo electrónico. Los grupos presupuestarios de la sociedad civil también pueden usar los teléfonos celulares para pedirle a la gente que tome acción—mediante la firma de una petición o la testificación en una audiencia. También se pueden usar para reunir información sobre los resultados de dichas peticiones, que luego pueden ponerse en un blog o sitio de internet.
Por ejemplo, Kubatana, una ONG local de Zimbabue que promueve los derechos humanos y la buena gobernabilidad, emplearon una combinación de SMS y correo electrónico para preguntarle a la gente: “¿Qué te gustaría ver en un Zimbabue libre?” Se usó SMS para enviar mensajes masivos y reunir respuestas, mismas que luego fueron distribuidas mediante un boletín electrónico y publicadas en el blog “Kubatana Community” (ver http://www.kubatanablogs.net/kubatana/?p=474). Kubatana utilizó SMS Frontline para administrar los mensajes que entraban y salían. Este es un sistema comúnmente utilizado por ONGs en el mundo en vías de desarrollo interesadas en integrar SMS en su trabajo.
Además de usar los teléfonos celulares para reunir información, formular mensajes y distribuirlos como parte de una campaña, los grupos presupuestarios pueden usar sus teléfonos celulares para coordinar y planear actividades como puede ser una audiencia pública o una auditoría social. En la primera comunicación se le pide a los residentes que se inscriban para recibir mensajes SMS sobre la audiencia. Después se les puede informar sobre la ubicación de la audiencia y el tema a discutirse como puede ser la contratación y manejo de un proyecto de infraestructura pública. Al aumentar la eficiencia en la movilización de seguidores, los grupos presupuestarios pueden dedicarse a comunicarse con aquellas personas que no tienen celulares usando otros medios como el correo electrónico.
Durante la audiencia pública, los activistas de la sociedad civil pueden usar sus teléfonos celulares para reportarle a los medios de cualquier noticia sobresaliente o inesperada. Después de la audiencia pública o auditoría social, los activistas pueden usar sus teléfonos celulares para llamar a sus miembros con acceso SMS y solicitarles que contacten a las autoridades pertinentes para pedir que realicen auditorías a programas o proyectos en donde se identificaron problemas o irregularidades.
El fortalecer la habilidad de los grupos para informar y movilizar a activistas alrededor de un evento planeado es fundamental. Asimismo, los celulares también pueden servir cuando suceden eventos inesperados. Los grupos presupuestarios de la sociedad civil pueden usar tecnología SMS para fomentar su habilidad de responder rápidamente ante cambios en un evento y movilizar a sus activistas. Por ejemplo, si usted está trabajando para asegurar que se incluyan recursos para un programa de salud en el presupuesto y se encuentra en una audiencia en donde se está discutiendo el financiamiento, la tecnología SMS le puede permitir alertar a sus colegas activistas instantáneamente de cualquier recorte financiero y permitirles a los legisladores responder de inmediato.
Mejorar la comunicación y facilitar el monitoreo del presupuesto en zonas de desastre o conflicto
Con frecuencia en zonas de conflicto o desastre natural, las líneas de comunicación son interrumpidas al igual que el acceso al internet y correo electrónico. Lo cual hace que los teléfonos celulares sean el único medio de comunicación confiable y disponible. Tal fue el caso de Chad cuando la violencia coincidió con la investigación del “Open Budget Index” 2006. El cuestionario de 122 preguntas se completó y verifico vía mensajes de texto entre el investigador en Chad y el equipo del IBP en Cape Town y D.C.
Otro ejemplo del uso de teléfonos celulares en zonas de conflicto es el de “Interaction Belfast” que creo una red de telefonía celular para prevenir la erupción de la violencia entre zonas vulnerables en Belfast. Voluntarios en comunidades católicas y protestantes recibieron teléfonos celulares para comunicarse con sus contrapartes cuando rumores de violencia comenzaron a propagarse. El uso de los celulares hizo posible responder rápidamente al abuso. En el norte de Irlanda los teléfonos celulares posibilitaron la comunicación aun cuando las dos partes no tenían una relación fuerte pero compartían el compromiso de ponerle fin a la violencia.
Esta experiencia sugiere el potencial de la telefonía celular en ambientes complejos. Por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil pueden usar los teléfonos celulares para el monitoreo de proyectos de reconstrucción en una zona post-conflicto. Los teléfonos celulares pueden usarse para recabar información que puede alimentar bases de datos con detalles sobre la implementación de proyectos de reconstrucción en cooperación con universidades locales e internacionales, tanques de pensamiento u ONGs con experiencia en la recolección de información. Estos detalles pueden incluir información como: ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo se gasta el dinero? Y ¿en qué se gasta el dinero? Los hallazgos pueden compartirse entre todas las partes interesadas vía SMS.
Cuando la comunicación no es sencilla debido a la amenaza de la violencia, los teléfonos celulares pueden jugar un papel instrumental en el desarrollo de mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas en situaciones post-conflicto. Los monitores de proyectos pueden usar SMS reportar los avances de proyectos específicos y solicitar ayuda en situaciones de emergencia. Todos los interesados en ofrecer ayuda para proyectos de reconstrucción en zonas post-conflicto (gobiernos, donatarios bilaterales o multilaterales, instituciones financieras internacionales, compañías privadas y grupos locales) deben de pensar en invertir en tecnología celular para mejorar la recolección de información y aumentar los niveles de transparencia.
El monitoreo del uso de asistencia financiera para la reconstrucción después de un desastre natural es crucial para asegurar que el flujo de asistencia sea suficiente, focalizado de manera efectiva y gastado eficientemente. Tras el devastador huracán Mitch de 1998, la sociedad civil nicaragüense estaba preocupada sobre el manejo gubernamental del flujo de asistencia. Ante esta situación, una red de la sociedad civil, conocida como Coordinadora Civil organizó una auditoria social de las percepciones de las comunidades sobre la distribución de la asistencia.
La auditoría se llevó a cabo mediante encuestas y entrevistas con un total de 10,528 viviendas ubicadas en 61 municipalidades. El gran número de comunidades afectadas aumentó la dificultad de medir la distribución de la asistencia. En una situación como esta, la tecnología celular puede mejorar la recolección de información de manera importante.
Reunir información e influir en actores clave
La “African Medical and Research Foundation” (Amref) y su socio “Farm-Africa” en Katine, Uganda, están planeando usar tecnología celular para mejorar las prácticas del mercado agrícola. En Uganda, el costo de teléfonos celulares es más alto de lo que muchos pueden pagar. Por ello, Amref planea equipar a los campesinos con teléfonos celulares, un pizarrón de noticias y una calculadora y llevarlos a visitar los mercados del pueblo. La idea es que los campesinos puedan encontrar los mejores precios y mercados para sus productos sin tener que pasar por intermediarios (ver http://www.guardian.co.uk/katine/2009/jan/04/katine-uganda-africa-mobile-phones).
Grupos de la sociedad civil pueden usar teléfonos celulares para promover su habilidad de recabar información durante actividades de seguimiento y monitoreo del presupuesto. Aquí, los monitores comunitarios trabajan para reunir información cualitativa y cuantitativa sobre los bienes y servicios recibidos por una comunidad, con frecuencia en zonas distantes. Miembros de la comunidad que reúnen información en diferentes localidades pueden usar los teléfonos celulares para enviar mensajes que documenten la entrega de bienes defectuosos e informar a otros monitores, periodistas y autoridades locales.
Otra forma en que los teléfonos celulares pueden contribuir al debate sobre el uso de recursos públicos está siendo explorada por el “Parliamentary Center” de Canadá (ver http://www.parlcent.ca/), que trabaja para promover la efectividad de asambleas representativas alrededor del mundo.
Como parte de una nueva iniciativa al servicio de los parlamentos y las legislaturas, el Centro está explorando la opción de usar mensajes de texto para vincular a los ciudadanos con los miembros del parlamento. En una reunión del “Overseas Development Institute” (ODI) en 2007 se habló de cómo los parlamentos en países en desarrollo pueden contribuir a la reducción de la pobreza. Rasheed Draman, director de los programas para África notó la importancia de los teléfonos celulares en la difusión de información. Su importancia es evidente a lo largo del continente africano en donde Draman y su equipo se están preparando para un nuevo programa de vigilancia presupuestario. Entre otras cosas, el programa busca fortalecer la capacidad de respuesta del parlamento hacia los ciudadanos al aumentar sus oportunidades de participación en el proceso presupuestario con más y mejor información.
Espero que estos ejemplos e ideas sean sugerentes sobre cómo aplicar la tecnología celular en el trabajo presupuestario. A continuación enlistamos una serie de pasos a seguir para quienes estén interesados:
Aprender más sobre cómo otras ONGs están usando los teléfonos celulares en sus esfuerzos de activismo (por ejemplo, llamadas, mensajes de texto, fotos para documentar el funcionamiento o calidad de proyectos, etc.).
Considerar las necesidades y características de su organización y audiencia objetivo.
Examinar su presente estrategia de activismo e identificar las instancias en que los teléfonos celulares podrían reforzar su estrategia.
Si ya se encuentra usando herramientas activistas electrónicas, evalúe si conviene integrar la telefonía celular como parte de su estrategia.
Si decide realizar una campaña SMS, estime los costos involucrados en la licencia de la campaña mediante un contrato con un proveedor especializado, averigüe el costo mensual por el envío de mensajes de texto y de la compra e instalación del software necesario. En la siguiente dirección se recomiendan algunos pasos a seguir: http://ezinearticles.com/?Step-by-Step-Guide-to-an-SMS-Campaign&id=24951.
Construir y mantener una lista de contactos (miembros de organizaciones y coaliciones, periodistas, miembros del parlamento, etc.) a quienes le gustaría enviar mensajes de texto. Kubatana, mencionada en este articulo ofrece sugerencias útiles sobre como crear listas y atraer seguidores (ver https://archive.internationalbudget.org/kubatanatrainingmanual.doc).
Reunir a voluntarios con teléfonos celulares.
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“The Missing Link: Applied Budget Work as a Tool to Hold Governments Accountable for their Maternal Mortality Reduction Commitments”
La “International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights” (IIMMHR) y el “International Budget Partnership” (IBP) se complacen en anunciar la publicación de The Missing Link: Applied Budget Work as a Tool to Hold Governments Accountable for their Maternal Mortality Reduction Commitments. Esta publicación conjunta explora la relevancia del análisis presupuestario y activismo de la sociedad civil y su potencial como herramienta para exigirle rendición de cuentas al gobierno respecto a sus compromisos con la salud materna. Este trabajo discute tres ejemplos de la sociedad civil involucrados en estos temas: Fundar, Centro de Análisis e Investigación en México; “Women’s Dignity” en Tanzania; y el “Center for Budget and Governance Accountability” en la India. El trabajo y experiencias de estas organizaciones dejan ver que lo poco que se ha avanzado en la reducción de la mortalidad materna se debe al fracaso de los gobiernos para darle prioridad a la salud materna en el presupuesto. Su trabajo demuestra que aunque sí hay recursos para atender este tema y éstos vayan en aumento, éstos no se asignan debidamente, ni se gastan eficientemente.
Tanto el IIMMHR como el IBP esperan que este trabajo contribuya a la creciente literatura respecto a la mortalidad materna, los derechos humanos y los presupuestos y que les sirva a los activistas de salud materna para la incidencia y la rendición de cuentas del gobierno.
Para saber más sobre el IIMMHR y la participación del IBP favor de visitar la nueva página del IIMMHR www.righttomaternalhealth.org.
Hacer que el dinero público esté al servicio de la gente en Nigeria
La organización nigeriana “Journalists Against AIDS” (JAAIDS) lleva a cabo diferentes actividades como parte de su iniciativa de monitoreo presupuestario para fortalecer la respuesta nacional al VIH/SIDA. En el libro Making the Money Work for the People (http://www.nigeria-aids.org/documents/MakingTheMoneyWorkForThePeople.pdf), JAAIDS presenta una investigación sobre las asignaciones presupuestarias y el dinero del alivio de la deuda para financiar las intervenciones de VIH/SIDA en Nigeria en 2006 y 2007. Sin embargo, documentar estas asignaciones es sólo un paso en el proceso de rendición de cuentas, como lo han comentado distintos actores en varios foros y reseñas literarias organizadas por JAAIDS. Es importante tomar el siguiente paso para identificar la cantidad exacta que se ha gastado en la intervención de VIH/SIDA.
JAAIDS coordinó un análisis de gasto presupuestario para promover la implementación responsable y precisa de programas de VIH/SIDA a nivel nacional, estatal y comunitario. La investigación analiza y documenta desembolsos presupuestarios en seis ministerios federales (salud, educación, defensa, temas de mujeres, agricultura, agua y trabajo) para la implementación de programas de VIH/SIDA en 2006 y 2007.
La principal limitante que enfrentó JAAIDS en su investigación del presupuesto fue el difícil acceso a documentos ministeriales. No obstante, el equipo de investigación siguió los procedimientos establecidos y consiguió tener acceso a documentos presupuestarios de la oficina del contador general de la federación “Accountant General of the Federation” (OAGF). Aunque estos documentos contienen un resumen de los montos otorgados a los ministerios, departamentos y agencias para actividades de VIH/SIDA se requiere de mayor investigación en la fase de auditoría del proceso presupuestario para asegurar que las actividades sean implementadas efectivamente
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“Dignity and Defiance, Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization”
El Centro para la Democracia de Cochabamba, Bolivia, recientemente publicó Dignity and Defiance, Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization. Uno de los casos examinados en el libro revisa cómo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Bolivia para reducir su déficit, ha suscitado aumentos en los impuestos a los pobres lo que, a su vez, provocó el levantamiento y represión gubernamental que dejó un saldo de 34 muertos. Otro caso revisa a detalle la larga lucha en Bolivia por asegurar ingresos justos a cambio de los recursos de gas y petróleo incluyendo los recientes esfuerzos de “nacionalización” del gobierno de Evo Morales. Éstos y otros casos presentados en el libro se basan en entrevistas con funcionarios gubernamentales, activistas de la sociedad civil y representantes de instituciones financieras internacionales.
“A Portrait of Egypt: The Squander of Socio-Economic Rights in the Implementation of the Government Development Plan, 2002-2007”
La organización egipcia de la sociedad civil, “Budgetary and Human Rights Observatory” (BAHRO), ha dado a conocer el reporte A Portrait of Egypt: The Squander of Socio-Economic Rights in the Implementation of the Government Development Plan, 2002-2007. En él se examina cómo la implementación del plan quinquenal de desarrollo del gobierno cumplió con los derechos socioeconómicos. Además de analizar el plan de presupuesto y el efecto de sus políticas de gasto en los derechos socioeconómicos, el trabajo reporta las discusiones entre los miembros de la asamblea del pueblo y sus opiniones sobre el plan quinquenal.
El reporte concluye que el plan quinquenal no cumplió con sus objetivos conforme a los indicadores establecidos por el mismo gobierno. Además, le atribuyó este fracaso directamente a la caída en las inversiones públicas para derechos económicos, sociales y culturales. La inversión pública en educación disminuyó en 36 por ciento durante los cinco años del plan, al igual que el gasto en educación.
El gasto público en salud cayó 25 por ciento durante el mismo período, lo que quiere decir que la meta de reducir la natalidad no se cumplió, ni se disminuyó la mortalidad y mortalidad materna. La situación tampoco se muestra alentadora en el tema de vivienda y servicios públicos. El plan no cumplió con aumentar el número de viviendas alcanzando sólo 87 por ciento de la meta general y sólo 62 por ciento de la meta de vivienda rural. Sólo se completaron 84 por ciento de los proyectos de salubridad.
El director ejecutivo de BAHRO, Helmy Elrawy, le pidió a la asamblea del pueblo dejar de confiar en el gobierno durante las discusiones sobre el próximo presupuesto. Además exigió al ministerio de finanzas respetar las recientes enmiendas constitucionales y presentar la siguiente propuesta presupuestaria a la asamblea del pueblo por lo menos tres meses antes de comenzar el nuevo ciclo fiscal. Por su parte, el director de derechos y presupuestos de BAHRO, Ahmed El-Hawit, exigió la creación de un mecanismo permanente para el monitoreo de la implementación del plan como lo establece la asamblea del pueblo, así como la participación de miembros de la sociedad civil en el monitoreo para garantizar su transparencia. ———————————————————————————————————————
Freedominfo.org
Esta comunidad en línea (Freedominfo.org) ofrece recursos sobre leyes y movimientos de acceso a la información alrededor del mundo. Esta iniciativa se centra en un portal cibernético que busca convertirse en la memoria institucional de las campañas de acceso libre a la información “freedom of information” (FOI) alrededor del mundo. Es un sitio de intercambio para miembros de una red global de activistas con un interés en el derecho ciudadano al acceso a la información del gobierno. La información de este sitio se puede acceder de distintas maneras, ya sea por país, a través de documentos, noticias y links relacionados con el FOI en más de 65 países.
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Iniciativa de Rendición de Cuentas “The Accountability Initiative”
El “Centre for Policy Research” de Nueva Delhi recientemente lanzó la iniciativa The Accountability Initiative, una nueva página web diseñada para ser una fuente completa del estado de la rendición de cuentas en la India, publicando información sobre experimentos de la sociedad civil, paquetes de herramientas de rendición de cuentas, e investigación y análisis relevante. Este sitio busca presentar avances de investigación y proyectos de la iniciativa.
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Azerbaiyán y Yemen lanzan la Encuesta de Presupuesto Abierto 2008
Además del lanzamiento regional y nacional de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2008 que reportamos en el boletín anterior, varias organizaciones del IBP han organizado eventos nacionales posteriores al lanzamiento internacional del 1 de febrero 2009. Los grupos realizaron esfuerzos importantes para aprovechar los lanzamientos como oportunidades de incidencia y enganchar a los medios para difundir la encuesta y hacer recomendaciones políticas a los legisladores y otros funcionarios gubernamentales sobre cómo hacer que los procesos presupuestarios de sus países sean más abiertos y responsables. Seguiremos reportando sobre estos eventos y actividades conforme tengan lugar.
El 11 de febrero, el “National Budget Group” (NBG) en Azerbaiyán llevó a cabo un evento para dar a conocer los resultados de la encuesta. Esto atrajo participantes de varias embajadas, organizaciones internacionales, instituciones financieras internacionales, organizaciones comunitarias de la sociedad civil, legisladores y funcionarios del Ministerio de Finanzas y otros cuerpos gubernamentales, como el departamento del presupuesto y el departamento de planeación del ingreso. El “Public Finance Monitoring Center”, miembro fundador de NBG, estuvo a cargo de la implementación de la encuesta en Azerbaiyán.
Kenan Aslanli de NBG presentó los resultados de la encuesta, que encontró que Azerbaiyán no le d al público suficiente información durante el proceso presupuestario que permita exigirle rendición de cuentas al gobierno sobre el manejo del dinero público. La calificación de Azerbaiyán de 37 de un total de 100 en el “Open Budget Index” 2008 (OBI) —un estudio comparativo que mide la transparencia presupuestaria derivada de un subconjunto de preguntas de la encuesta —sitúa a esta país en el lugar 50 de un total de 85 países en la encuesta y entre los 16 países que le ofrece al público “mínima” información presupuestaria.
En tanto que los representantes gubernamentales reconocieron el trabajo de NBG en la encuesta y la importancia de la iniciativa de presupuesto abierto, rechazaron algunos de los hallazgos sobre la disponibilidad de documentos del presupuesto. Los expertos de NBG Ingilab Ahmadov, Rovshan Agayev, Kenan Aslanli y Zohrab Ismailov respondieron a la postura del Ministerio de Finanzas: “Por supuesto que todos los documentos presupuestarios se producen. El problema es su acceso al público, pues hay que contactar a los miembros del parlamento o usar otros mecanismos informales para obtener estos documentos. Hay páginas de internet para casi todos los ministerios en donde se pueden poner los documentos”
Durante las discusiones quedó claro que tanto la sociedad civil, como el gobierno comparten su interés por aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso presupuestario del país. El Ministerio de Finanzas respondió positivamente al llamado de NBG para trabajar con la sociedad civil y mejorar la calificación de Azerbaiyán para el 2010.
National Budget Group presents findings of the Open Budget Survey 2008 to media, civil society, and government
La “Cultural Development Program Foundation” (CDPF) en Yemen coordinó su lanzamiento de la encuesta de presupuesto abierto 2008 el 21 de marzo, el día de las madres en ese país, para enfatizar el vínculo entre la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas para el uso efectivo de recursos públicos y conseguir las metas del milenio. El evento tuvo lugar en Sana’a y asistieron medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil de Sana’a y otros funcionarios involucrados en la red de monitoreo presupuestario de CDPF, miembros del consejo anticorrupción, miembros del parlamento y varios funcionarios del Ministerio de Finanzas.
Dr. Raufa Hassan, quien encabeza la CDPF, presentó los hallazgos de la encuesta, incluyendo el pobre desempeño en el OBI 2008—su calificación de 9 de un total de 100 indica que el gobierno ofrece poca o ninguna información al público, impidiéndole tener un papel significativo en el proceso presupuestario. Dr. Raufa enfatizó que el acceso a la información puede crear mejoras en la calidad de las decisiones y prioridades del presupuesto lo que, a su vez, promueve que los fondos públicos sean más efectivos y balanceados.
El CDPF le pidió a los participantes, especialmente a los medios y a la red nacional de monitoreo del presupuesto exigirle mayor transparencia a las instancias gubernamentales relevantes: “Vayan al ministerio de finanzas y pidan información, vayan al banco central y pidan información, vayan al comité público nacional de combate a la corrupción y pidan información, vayan al parlamento y pregunten, vayan a la organización central de auditoría y contabilidad y pregunten, vayan a todas partes y pregunten. Ese es su trabajo y para eso están aquí.” También se le pidió a los medios poner más atención al presupuesto y aumentar su cobertura del proceso.
El póster con los resultados del OBI que produjo el IBP para el lanzamiento fue distribuido entre los asistentes, quienes lo difundieron ampliamente. Además, el CDPF produjo un video de la canción del OBI “It’s Your Money,” que ilustra la falta de transparencia presupuestaria en Yemen. El video presenta un mensaje claro sobre el tema con subtítulos en árabe y una narrativa visual del problema de gran utilidad a quienes no hablan inglés para entender el tema y la importancia de la transparencia en Yemen.
El CDPF reportó los siguientes resultados tras el lanzamiento:
La formación de redes locales de monitoreo presupuestario, abrirá oportunidades para aumentar los niveles de transparencia, crear mejores mecanismos de rendición de cuentas y asegurar que el gasto del gobierno nacional y local llegue a los beneficiarios en cuestión y se gaste lo más eficiente y efectivamente posible.
Los funcionarios del ministerio de finanzas han prometido publicar documentos presupuestarios en la página de internet del ministerio para mejorar el desempeño de Yemen en el OBI 2010.
Varios periódicos publicaron artículos sobre la Encuesta de Presupuesto Abierto 2008, y la noticia salió en los noticiarios locales de la noche. Esta cobertura ha suscitado muchas solicitudes de individuos y organizaciones de la sociedad civil por mayor información sobre la encuesta en árabe.
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Talleres de la iniciativa de presupuesto abierto 2010
El “International Budget Partnership” recientemente organizó dos talleres para 50 de los 90 investigadores que participan en la ronda 2010 del “Open Budget Initiative” (OBI). El primer taller de investigadores del OBI 2010 se organizó en Washington, DC, de 4 al 6 de mayo 2009, y el segundo taller se llevó a cabo en Cape Town, Sudáfrica del 27 al 29 de mayo 2009. Ambos talleres incluyeron a participantes del sub-Sahara africano, sur de Asia, América Latina y el Caribe, el Medio Oriente y África del Norte y Europa del Esta y Asia Central.
La primera parte de los talleres se centró en que los participantes desarrollaran un entendimiento profundo de la metodología para realizar la investigación del cuestionario de presupuesto abierto. En esta parte del taller, los participantes resaltaron la importancia del acceso a la información del presupuesto y revisaron todas las secciones del cuestionario de presupuesto abierto. La segunda parte de los talleres fue para que los participantes produjeran planes de incidencia sobre cómo ampliar la transparencia de los sistemas presupuestarios en países determinados. Los participantes se enfocaron en el vínculo entre la investigación y el activismo de la encuesta de presupuesto abierto, así como en identificar los componentes de una estrategia activista exitosa. Además de las presentaciones de los facilitadores, los talleres contaron con grupos de discusión y ejercicios de simulación. Los talleres terminaron con discusiones sobre cómo el IBP y sus colaboradores pueden encabezar una campaña de transparencia global y cómo establecer y fortalecer normas globales para la transparencia fiscal.
El IBP trató de que estos talleres fortalecieran el intercambio entre los asistentes para trabajar y ayudarse durante la preparación de la investigación, difusión e incidencia para la encuesta de presupuesto abierto 2010. Durante ambos talleres, los investigadores del OBI de varias regiones tuvieron la oportunidad de interactuar unos con otros y compartir información sobre la administración pública financiera desde perspectivas nacionales y regionales.
En general, el IBP recibió retroalimentación positiva de parte de los participantes del taller quienes valoraron la oportunidad de revisar la metodología de la encuesta de presupuesto abierto antes de comenzar a hacer la investigación. También reconocieron estos talleres como la base para “aumentar las interacciones y la colaboración.”
El IBP se complace en ayudar a sus colaboradores y agradece su colaboración en la preparación de la ronda de la iniciativa de presupuesto abierto 2010.
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Festival de género en Tanzania. Haciendo que los recursos públicos estén al servicio de las mujeres
La “Feminist Activist Coalition” (FemAct) y “Tanzania Gender Networking Programme” (TGNP) están organizando el Festival de Género 2009 (Tamasha la Jinsia) del 8 al 11 de septiembre 2009. El festival se enfocará en hacer que los recursos públicos estén al servicio de las mujeres marginadas en el contexto de género, democracia y desarrollo. En el evento de cuatro días habrá talleres, sesiones plenarias y exhibiciones orientadas a fortalecer las capacidades de la sociedad civil dentro y fuera del país y del continente africano. El festival de TGNP es una oportunidad para expertos en género, activistas de derechos humanos y otros interesados en el intercambio de experiencias para avanzar la agenda de democracia y desarrollo desde una perspectiva feminista de género.
El festival espera fomentar la capacidad de los participantes a nivel distrital, nacional y regional para organizar y exigir enfoques transformadores para la gobernabilidad y la toma de decisiones sobre políticas y asignación de recursos. Esto para promover la equidad de género y la transformación social. Algunos de los temas que se cubrirán incluyen: salud maternal y reproductiva, derechos económicos, identidad cultural y documentación de la historia de las mujeres, derecho a los recursos y la política alrededor del VIH/SIDA.
Las organizaciones de la sociedad civil están invitadas a participar mediante:
la preparación de presentaciones (trabajos, poemas, videos, canciones, shows artísticos, etc.),
la organización o moderación de un taller o debate,
la movilización y moderación de un grupo de tu país, región, área, audiencia u organización para asistir y contribuir al festival,
la creación de una exhibición interactiva que pueda incluir publicaciones, fotografías, materiales tecnológicos adecuados, artesanías, etc., o
apoyo financiero para eventos específicos
Los lineamientos para trabajos, estudios de caso y talleres pronto estarán disponibles en la siguiente dirección www.tgnp.org. Para mayor información contactar a Tanzania Gender Networking Programme (TGNP) a [email protected] o [email protected] (re: GF 2009).
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Oportunidad para la sociedad civil de influir en la reforma de gobernabilidad del FMI
En septiembre 2008, Dominique Strauss-Kahn, el director administrativo del Fondo Monetario Internacional (FMI), estableció un esquema de cuatro pilares para la reforma de la estructura de gobernabilidad del FMI. Los cuatro pilares son:
Oficina de evaluación independiente del FMI
Un grupo de trabajo de los directores ejecutivos del FMI
Un comité de personas destacadas
Interacción directa con organizaciones de la sociedad civil (OSCs)
El FMI desarrolló una página de internet interactiva (ver thefourthpillar.org) en donde las OSCs pueden unirse al debate sobre las reformas del FMI y ofrecer comentarios sobre la estructura de gobernabilidad del FMI. El administrador de la sociedad civil de la página es “New Rules for Global Finance” (ver http://www.new-rules.org/). Las invitaciones a participar en la consulta inicialmente serán enviadas por el administrador de la sociedad civil, una vez invitados cualquier miembro puede invitar a otros miembros. Para enviar su solicitud de participación en esta página, enviar un correo electrónico a [email protected].
El viernes 10 de julio, el administrador de la sociedad civil entregará un resumen preliminar de tres páginas con los principios, recomendaciones y temas a considerar por la mesa directiva y el IMFC para ser discutidos el 22 de julio.
Además, el equipo de relaciones externas del FMI está coordinando una sesión informal entre OSCs y la mesa ejecutiva del FMI a finales de agosto o principios de septiembre.
Finalmente para el 1 de septiembre, “New Rules for Global Finance” comisionará a un autor independiente para escribir un reporte de la sociedad civil sobre la gobernabilidad del FMI para su consideración por todos los directores ejecutivos del FMI antes de la reunión anual el 6 y 7 de octubre en Estambul, Turquía. Este trabajo identificará puntos de consenso, así como organizar la variedad de perspectivas que se presenten. Los directores ejecutivos del FMI y su cuerpo gobernante tendrán acceso a todos los documentos entregados a menos que el autor(es) exija(n) anonimidad. Los hallazgos serán presentados en un evento paralelo en Estambul.
Para mayor información, contactar al Director Ejecutivo de “New Rules for Global Finance” Jo Marie Griesgraber [email protected], o llamarlo a 202-277-9390.
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Nuevo miembro del equipo del IBP
El “International Budget Partnership” (IBP) se complace en darle la bienvenida a Jason Lakin como “program officer” del “Partnership Initiative”. Jason está en Boston pero en septiembre 2009 se mudará a Washington, DC. Antes de unirse al equipo del IBP, Jason terminó su doctorado en gobierno y política social y su investigación post-doctoral en salud global en la Universidad de Harvard. El enfoque de la investigación de Jason fue sobre política económica de la reforma política social en México (sobre la implementación y financiamiento para la salud). Antes de realizar sus estudios de posgrado, Jason trabajó brevemente como investigador en temas de impuestos y vivienda en el Instituto de Política Fiscal en D.C. También cuenta con estudios en Alemania, Chile, India, México, India y Zimbabue. Es co-autor, junto con Seymour Martin Lipset, de “The Democratic Century” (2004).
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Oportunidad de trabajo en el IBP
El IBP está buscando a un experto en capacitación y asistencia técnica para trabajar con su equipo internacional.
Responsabilidades:
Trabajar con el equipo de capacitación del IBP para desarrollar y cumplir con los objetivos de capacitación y asistencia técnica.
Llevar a cabo evaluaciones del ambiente estratégico para el trabajo presupuestario de la sociedad civil y la capacidad organizacional de posibles organizaciones colaboradoras.
Identificar las necesidades de capacitación y asistencia técnica de las organizaciones pares.
Diseñar y producir materiales de capacitación para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a llevar a cabo análisis de finanzas públicas e incidencia.
Conceptualizar y desarrollar programas curriculares.
Ofrecer y coordinar asistencia técnica directa para organizaciones individuales en las regiones objetivo.
Identificar organizaciones y oportunidades estratégicas para hacer y promover el trabajo presupuestario de la sociedad civil en las regiones identificadas por el IBP.
Conocimiento, educación y experiencia:
Posgrado o experiencia equivalente en finanzas públicas aplicadas, políticas públicas o temas relacionados.
Experiencia y conocimientos avanzados en métodos de capacitación, mediación y desarrollo de programas curriculares.
Por lo menos tres años de experiencia en capacitación de análisis presupuestario aplicado, trabajo de incidencia, finanzas públicas aplicadas o capacitación de temas de políticas públicas.
Varios años de experiencia trabajando en un ambiente de desarrollo internacional.
Habilidad de trabajar en inglés y, por lo menos, en otra lengua como francés, español o portugués.
El candidato seleccionado estará en una de las oficinas del IBP en la ciudad de México; Washington, DC; o en Cape Town, Sudáfrica. En caso de no recibir una respuesta después de 15 días de la fecha en que envió su solicitud, considere su solicitud como no exitosa.
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Versiones en francés y en español de Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
La versión en francés de la guía, Our Money, Our Responsibility – Notre argent, notre responsabilité: Guide de surveillance des dépenses publiques à l’intention des citoyens – ha sido publicada y la versión en español, pronto estará lista también. Ambas versiones electrónicas de la guía pronto estarán disponibles en la página del IBP en www.internationalbudget.org. La guía se tradujo al francés y se imprimió mediante el generoso apoyo de “Canadian International Development Agency” (CIDA) y el “Open Society Initiative for West Africa” (OSIWA), respectivamente. Las copias impresas de la guía serán distribuidas ampliamente a las organizaciones pares del IBP en países francófonos y también están a disposición del público en general.
La guía refleja el creciente enfoque de organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de resultados del gasto del gobierno. Ofrece una revisión de la implementación del presupuesto del gobierno, incluyendo la ejecución del presupuesto, la procuración, la medición del impacto y los procesos de auditoría y vigilancia legislativa. La guía ofrece herramientas prácticas y comprobadas que pueden utilizarse por organizaciones independientes interesadas en el monitoreo del gasto gubernamental. Para pedir una copia en francés o en español de la guía, enviar un mensaje a [email protected].
Les défis de l’institutionnalisation des budgets participatifs: expériences et leçons de Vitoria, Brésil par Marta Zorzal e Silva et Mark S. Langevin
Évaluation de la démocratie budgétaire en Indonésie à travers l’indice du budget local par Yuna Farhan, Yeni Sucipto, Muhammad Maulana et Uchok Sky Khadafi, Forum d’Indonésie pour la transparence budgétaire (FITRA)
Impact des dépenses sociales dans la santé et le développement local
Recherche révélatrice sur les dépenses de santé en Inde et au Kenya
Réponse au rapport de l’IFPRI sur les priorités et les dépenses publiques pour le développement agricole et rural en Afrique parManyewu Mutamba, Leslie Nyagah, Idasa
Les OSC surveillent les budgets pour l’éducation
Travail budgétaire de la société civile: respecter le droit à l’éducation par Victoria Turrent, Save the Children, Royaume-Uni
Le CIPPEC en Argentine crée un projet de suivi de la loi de financement éducatif par Alejandro Vera
Technologie au service des activités d’incidence de la société civile
« Etudie les dépenses des membres de ton parlement »: initiative en ligne pour le suivi budgétaire du Guardian par Delaine McCullough
Téléphones cellulaires: technologie transformatrice pour le travail budgétaire de la société civile par Rocío Campos
Ressources et publications
“The Missing Link: Applied Budget Work as a Tool to Hold Governments Accountable for their Maternal Mortality Reduction Commitments”
Faire en sorte que l’argent public soit au service des gens au Nigéria
“Dignity and Defiance, Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization”
“A Portrait of Egypt: The Squander of Socio-Economic Rights in the Implementation of the Government Development Plan, 2002-2007”
Freedom.org
Initiative de responsabilisation “The Accountability Initiative”
Ateliers et événements de l’IBO
L’Azerbaïdjan et le Yémen lancent l’Enquête sur les budgets ouverts 2008
Ateliers de l’initiative sur les budgets ouverts 2010
Annonces
Festival du genre en Tanzanie. Faire en sorte que les ressources publiques soient au service des femmes
Opportunité pour la société civile d’influer sur la réforme de la gouvernance du FMI
Nouveau membre de l’équipe de l’IBP
Opportunité de travail à l’IBP
Versions en français et en espagnol de Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
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Les défis de l’institutionnalisation des budgets participatifs: expériences et leçons de Vitoria, Brésil par Marta Zorzal e Silva et Mark S. Langevin
Ces dernières années beaucoup ont célébré le modèle des budgets participatifs (BP) de Porto Alegre, qui en grande mesure a surgi en conséquence de « la forme de gouverner » du Parti des travailleurs (PT). Au Brésil, l’exposé initial du processus des budgets participatifs a changé, des administrations municipales du Parti des travailleurs à la fin des années 80, dont celles de Porto Alegre et Vitória (la capitale d’Espirito Santo), aux plus de 6000 municipalités en 2001. Alors que le modèle du PB de Porto Alegre a évolué tout au long des gestions successives du PT de 1989 à 2004, le processus de BP de Vitória a été interrompu par les changements de l’administration dans le parti. Ceci a engendré que les maires récemment élus, partageant différentes conceptualisations du BD, institutionnalisent à chaque fois leurs modèles privilégiés. C’est pourquoi, les expériences de Vitória sont très représentatives de ce qui se passe dans le contexte multipartis au Brésil avec les BP alors que de plus en plus de juridictions adoptent des mécanismes de BP pour organiser des consultations directes avec les citoyens.
Le laboratoire d’études politiques de l’Université d’Espiritu Santo “Political Studies Laboratory at the Federal University of Espirito Santo” (LEP-UFES) a coordonné de nombreux projets de recherche qui font le suivi des différentes expériences de BP à Vitória et les villes de la zone métropolitaine, dont Cariacica et Serra. Les publications de LEP-UFES, le livre de Euzineia Carlos, Controle Social e Justiça Redistributiva no Orçamento Participativo, et le volume édité de Marta Zorzal e Silva et Bajonas Teixeira de Brito Junior, Participação Social na Gestão Pública: Olhares Sobre as Experiências de Vitória-ES, offrent une analyse critique du processus dissemblable d’institutionnalisation des structures et processus de BP à Vitória et de sa durabilité au fil du temps.
Alors qu’une grande partie des discussions et recherches se sont concentrées sur qui dirige et participe aux processus de BP, LEP-UFES a étudié comment les partis politiques et coalitions, maires, leaders du pouvoir exécutif, et leaders communautaires et associations créent et utilisent les cadres institutionnels permettant le déroulement de ce type de démocratie directe. Le leadership des mairies et la contestation sociale peuvent interagir pour produire des résultats de BP spécifiques dans des judicatures et juridictions spécifiques; hLEP-UFES identifie lé développement institutionnel comme un indicateur essentiel de la vitalité et la durabilité du BP pour les citoyens historiquement marginalisés des institutions représentatives de politiques publiques. En particulier, les divisions territoriales, le soutien institutionnel et les ressources, et la vigilance du processus de BP peuvent jouer un rôle critique pour renforcer les capacités des citoyens à participer efficacement à de telles formes de démocratie directe.
La composition des divisions territoriales pour les délibérations du BP peut amplifier son contrôle social sur les communautés marginalisées ou renforcer leurs capacités pour faire face à la distribution inéquitable des services et ressources publiques.
LEP-UFES a observé et analysé de quelle façon la variation des divisions territoriales qui encadrent les délibérations du BG (quartier, ville, etc.) et leurs relations avec le pouvoir exécutif à Vitória depuis 1989 affectent le degré de participation véritable du public dans le processus. Durant la première gestion municipale du PT de Mayor Vitor Buaiz (1989-1992), la structure du processus initial du BP s’appuyait surtout sur le quartier et a établi un conseil avec deux représentants de chaque quartier participant. Ce conseil s’est converti en une partie intégrante de la structure de la gestion de Buaiz et a été soutenu par le secrétariat d’action sociale et sa division de soutien populaire.
Du fait de la nouveauté de ce modèle, les membres du PT durant la gestion de Buaiz se sont centrés sur la précision du processus et l’offre de formation et d’éducation « populaire » aux participants pour accroitre l’efficacité des membres du public dans le processus de BP. En 1991, l’administration a redéfini le processus en développant des commissions de BP pour travailler sur le budget et traiter différentes questions, dont les défis politiques en cours, les besoins d’infrastructure, le développement des sept régions composant la ville et le revenu moyen d’une famille pour chaque région.
La gestion suivante de Paulo Hartung (1993-1996) du Parti social démocratique du Brésil (PSDB) a poursuivi le processus du BP et ajouté quelques réformes institutionnelles. Premièrement, l’administration de Hartung a changé de nom au processus pour budgets populaires pour refléter la nouvelle vision du maire d’un processus participatif offrant un schéma inclusif pour la planification de la ville et pas seulement d’une liste des œuvres publiques souhaitées par un quartier ou région. Hartung a transféré la coordination du BP au Secrétariat de planification et établi un processus très affiné pour mesurer la qualité de vie pour chaque quartier ou région. L’administration a développé un indicateur des actions et œuvres publiques qui, en partie, juge des projets conformément à leur couverture dans une ville, région ou quartier. Ceci permet un schéma plus intégral de prise de décisions à travers les BP.
De façon ironique, bien que la gestion suivante de Luiz Paulo (1997-2005) soit faite également sous le PSDB, on a observé un recul dans les avancées du BP comme forme de démocratie directe. Même si Luiz Paulo a soutenu le système BP, il l’a rapidement réformé pour finalement contrôler les délibérations. Paulo a établi sept administrations régionales pour la ville, chacune avec son propre mini-maire responsable du processus de BP et a organisé les structures de BP et les délibérations de façon à ce que les mini-mairies puissent contrôler et imposer leurs prérogatives au processus. L’administration de Paulo a également aboli le système d’indicateur des actions et œuvres publiques afin d’implanter sa propre stratégie de planification pour la ville, et assurer que chaque forum régional (structures établies pour réguler les délibérations du BP) se traduise par des politiques compatibles.
Il y a eu deux résultats. Au cours des deux gestions de Luiz Paulo le processus de BP a été discrédité et les niveaux de participation ont diminué. Ainsi, le Conseil de la ville a adopté la loi Italo Batan, laquelle a bénéficié du soutien de groupes communautaires qui cherchaient à institutionnaliser le processus de BP et à le protéger de l’administration.
En 2005, le maire João Coser du PT a assumé la gestion de Vitória et a travaillé pour restaurer la vitalité et la crédibilité du système de GP. Il a été réélu en 2008 En 2008 en partie pour ses efforts pour revitaliser le processus du BP et assurer que les délibérations ouvertes se réalisent à tous les niveaux territoriaux (quartier, région et ville) pour développer un plan budgétaire inclusif véritablement participatif. En outre, le nouveau maire a chargé un conseil budgétaire d’assurer que le budget soit exécuté avec transparence et que des comptes soient rendus.
Le niveau et la nature du soutien institutionnel et des ressources peuvent accroître ou empêcher la participation des communautés marginalisées. A l’exception du gouvernement municipal de Luiz Paulo, les maires de Vitória ont essayé de soutenir le processus du BP en le liant avec un secrétariat administratif clé renforçant le soutien de la mairie au processus et les ressources nécessaires pour financer et organiser des délibérations populaires qui impliquent des milliers de citoyens et des douzaines d’organisations communautaires. Sous l’administration actuelle de de João Coser, le processus de BP est coordonné par le secrétariat de l’administration stratégique, ce qui reflète le niveau élevé de soutien à l’intérieur de l’administration. Les administrations de Buaiz, Hartung et Coser ont investi des ressources importantes pour garantir que les participants soient formés sur le BP et aient accès aux informations et données nécessaires pour développer et présenter des projets, définir des préférences et exiger de l’administration qu’elle rende des comptes concernant les résultats du processus.
L’administration actuelle de Coser a approfondi le soutien institutionnel et étendu les ressources pour le processus BP à Vitória. En plus de laisser la coordination du processus BP dans les mains d’une agence exécutive clé, la création d’un conseil budgétaire chargé d’assurer la responsabilisation et garantir les délibérations aux niveaux local et régional et dans l’ensemble de la ville, le gouvernement a identifié huit secteurs pour encadrer les délibérations du BP: enfants, jeunes, afro brésiliens, culture, affaires, femmes, sécurité et économie solidaire. D’après un participant du processus à Cosme Santos de Jesús dans la localité de Jaburu, « la construction de notre maternelle était à la fois un besoin et un rêve. Personne ne pouvait croire qu’un jour la construction aurait lieu, mais aujourd’hui le projet est presque achevé. Quatre cent enfants qui auparavant devaient se rendre dans des localités éloignées comme Ilha de Santa Maria, Consolação et Santa Helena ne doivent désormais plus le faire. Nous avons maintenant une voix et un vote ce qui valorise chaque citoyen, puisque désormais ils voient que leur participation en vaut la peine. »
La surveillance et les mesures ou règles du processus du BP pour exiger des juridictions du gouvernement qu’elles rendent des comptes concernant le processus et ses résultats sont essentielles pour la durabilité de ce type de démocratie directe. Les leçons apprises par l’administration de Luiz Paulo sont très claires – les institutions sont importantes et peuvent prévenir ou générer des délibérations importantes. Sous l’administration de Paulo, le processus du BP était sous l’autorité des mini-mairies régionales et orienté à produire des résultats soutenant la stratégie municipale de planification du maire. Après plusieurs années, les participants trouvèrent moins de sens aux délibérations, se concentrant sur la démocratie représentative pour la protection des institutions de démocratie directe du BP à travers l’approbation de la loi Italo Batan et sur le soutien au candidat à la mairie en faveur du processus. D’après les mots de ‘un des participants récents au processus du BP, Aureny Scheidegger Amaral de la localité de Estrelinha, « j’ai réellement apprécié cette forme de comptabilité de l’argent public, puisque pendant de nombreuses années nous ne disposions pas d’un vrai BP ».
Les budgets participatifs à Vitória n’ont pas évolué de forme progressive ou linéaire comme à Porto Alegre sous le PT. Au lieu de cela, les maires et partis successifs ont offert des perspectives différentes à ce type de démocratie directe et ont expérimenté différentes structures institutionnelles pour faciliter le processus ou, dans le cas du maire Luiz Paulo, pour le soumettre à ses préférences de planification. Les leçons sont claires: le BP nécessite des administrations engagées qui offrent les ressources pour soutenir le processus et développer et préserver des institutions faisant la promotion de la participation, apportant formation et ressources à tous les participants et structure à divers forums de discussion de quartier, régionaux ou citadins, ainsi qu’une série de thèmes de planification qui peuvent donner vitalité au processus et le rendre durable pour tous les citoyens et communautés.
Bibliographie
Carlos, Euzineia. Controle Social e Justiça Redistributiva no Orçamento Participativo. Vitória/ES. EDUFES. 2007.
Zorzal e Silva, Marta et Bajonas Teixeira de Brito Junior. Participação Social na Gestão Pública: Olhares Sobre as Experiências de Vitória-ES. São Paulo. Annablume Editora. 2009.
Marta Zorzal e Silva, Ph.D. Est Directrice du Laboratoire d’études politiques et Professeur de sciences politiques à l’Université fédérale d’Espirito Santo.
Mark S. Langevin, Ph.D. Est un chercheur associé du Laboratoire d’études politiques/UFES et Professeur associé de Politiques publiques et gouvernement à l’Université de Maryland-University College.
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Évaluation de la démocratie budgétaire en Indonésie à travers l’Indice du budget local par Yuna Farhan, Yeni Sucipto, Muhammad Maulana et Uchok Sky Khadafi, Indonesia Forum for Budget Transparency (FITRA)
Le mouvement d’incidence budgétaire en Indonésie a commencé à surgir avec l’implantation de réformes après la chute du régime de Soeharto en 1999. Le public a commencé à réaliser que le budget est un des instruments de politique publique les plus importants de l’Etat et que sont requis des efforts d’incidence tout au long du processus budgétaire pour garantir la participation, la transparence et la responsabilisation. En outre, l’incidence est nécessaire pour aligner les résultats du budget avec les besoins du public. La démocratie et la décentralisation en Indonésie ont changé leur perspective de gestion du service public au niveau local. Ce changement est un effort pour améliorer la prestation de services publics et, finalement, le bien-être des gens. Pour cela, la réforme de la gouvernance locale est fondamentale pour renforcer la capacité et la volonté des autorités locales pour allouer des ressources en prenant en compte les intérêts de leurs constituants.
Dix ans après le début des réformes du budget national, les réformes au niveau local étaient toujours coincés. Un des principaux problèmes identifiés avec les processus locaux du budget est que l’effort mis en place pour traduire le concept de budget participatif en termes pratiques et opérationnels était minime. Il est donc plus difficile pour le gouvernement ou les membres de la société civile de surveiller et évaluer de tels processus locaux. Dans un effort pour faire face à ce problème l’organisation “Indonesia Forum for Budget Transparency” (FITRA), avec le soutien de la Fondation Asia, a conçu un instrument pour mesurer les principes des budgets ouverts et responsables, c’est-à-dire, l’Indice du budget local ou “Local Budget Index” (LBI).
L’Indice du budget local espère faciliter pour le public l’évaluation de la gouvernance locale dans les districts, surtout concernant le budget. Depuis la perspective gouvernementale, le LBI a simplifié l’autoévaluation et amélioré l’habilité administrative du budget à partir de l’identification des faiblesses du processus budgétaire. En outre, le LBI peut être utilisé pour encourager ou pénaliser les districts et renforcer la volonté politique concernant les budgets ouverts et responsables.
Le LBI mesure les principes de participation, transparence, responsabilisation et équité de genre dans le processus d’élaboration du budget. De nombreux standards de l’instrument LBI se fondent sur le cadre légal des budgets locaux en Indonésie et sur les standards internationaux de gestion des budgets du Code des bonnes pratiques sur la transparence fiscale du Fonds monétaire international, ainsi que ceux qui mesurent l’Indice sur le budget ouvert “Open Budget Index” (OBI) du Partenariat budgétaire international (IBP).
L’Indonésie est l’un des 85 pays inclus dans l’Enquête sur le budget ouvert “Open Budget Survey” 2008—une analyse et enquête évaluant si les gouvernements centraux fournissent au public l’accès à l’information budgétaire et des opportunités de participer au processus budgétaire. L’Indice sur le budget ouvert 2008 (IBO) est une mesure comparative de l’engagement total des gouvernements enquêtés pour la transparence budgétaire à partir de 123 questions.
L’Indonésie a obtenu un résultat de 54 sur 100 pour l’IBO 2008. Ce résultat situe l’Indonésie parmi les pays qui offrent quelques informations au public. Le Royaume-Uni a obtenu le résultat le plus élevé des pays enquêtés avec une qualification de 88 sur 100. L’unité d’analyse employée pour l’enquête est le budget national, connu sous le sigle APBN en Indonésie. Bien que l’IBO ait été conçu pour mesurer la transparence budgétaire et la responsabilisation au niveau national, le LBI a pu incorporer quelques éléments pouvant s’employer dans le contexte local, dont des éléments mesurant le cadre légal des budgets locaux et les opportunités de participation publique.
En formulant le LBI, il a été difficile d’identifier des indicateurs appropriés pour le budget ouvert, en partie du fait de l’interrelation des principes comme la transparence et la responsabilisation. Un autre défi fut de décider quel poids donner aux différents indicateurs. C’est pourquoi, tous les indicateurs et questions du LBI ont le même poids et la même valeur.
Le LBI est appliqué dans 47 districts de l’Indonésie. La révision semestrielle a rencontré des difficultés pour vérifier les réponses aux questions utilisées dans l’indice. Pour répondre à ce problème, les évaluateurs ont mené des entretiens et organisé des groupes pluriels de discussion pour faire naître le consensus autour des réponses appropriées.
Outre l’implantation du LBI, FITRA réalise actuellement une analyse qui cherche à mesurer la corrélation entre les niveaux de transparence, de responsabilisation et de participation publique dans le processus budgétaire (conformément au LBI) et les allocations budgétaires. En outre, cette tendance du budget prend en compte l’alignement entre la planification et la budgétisation, la capacité de réponse du budget à des thèmes d’équité de genre, l’impact des revenus et la politique d’allocation budgétaire pour des secteurs sociaux et l’efficacité budgétaire.
Pour davantage d’informations, veuillez contacter Yuna Farhan à [email protected].
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Investigation révélatrice sur les dépenses de santé en Inde et au Kenya
Le programme sur la transparence et la responsabilisation “Transparency and Accountability Program” (TAP), un projet du “Results for Development Institute” (http://tap.resultsfordevelopment.org), a offert un soutien financier et technique à des organisations de la société civile (OSC) pour réaliser une recherche et des activités d’incidence sur les dépenses publiques pour des thèmes sociaux. Nous présentons ici des résumés des conclusions de deux projets sur les dépenses de santé. Le premier a été entrepris par “Institute of Policy Analysis and Research” (IPAR) au Kenya. Le second a été coordonné par “Indo-Dutch Project Management Society” (IDPMS) en Inde.
“Institute of Policy Analysis and Research” (IPAR) est une ONG du Kenya qui travaille pour développer, implanter et évaluer des politiques publiques constructives; elle a jugé nécessaire de faire des recherches sur la détérioration des services de santé publique au Kenya. Bien que récemment aient été enregistrées des augmentations des dépenses de santé publique, celles-ci ne sont pas reflétées dans les indicateurs de santé. De fait, l’augmentation du budget de la santé au Kenya, de 16 milliards de schillings kenyans (Ksh) en 2003-2004 à 27 milliards de Ksh en 2006-2007 (équivalents à 7.92% du total des dépenses gouvernementales et à 2% du PIB cette année), coïncide avec l’augmentation de la mortalité infantile et la chute des niveaux de vie. Entre 2002 et 2007, entre 50et 54% des dépenses de santé ont été consacrés aux salaires des travailleurs du secteur santé – salaires significativement plus bas que ceux du secteur privé -, spécialement aux médecins et pharmacologues.
L’analyse des budgets réalisée démontre qu’une grande partie des dépenses de santé a été allouée au payement de salaires. Conjugué au plan stratégique national de santé 2005-2020 qui déclare que le personnel administratif doit être plus efficace, ceci a motivé IPAR a réaliser une étude des installations de santé publique dans le district de Machakos au Kenya pour déterminer les causes et la gravité du problème de l’absentéisme dans le secteur de la santé. IPAR s’est basé sur l’hypothèse selon laquelle l’absentéisme est un problème qui contribue à la fuite de fonds publics. Après avoir rendu visite à 40 installations de santé sans prévenir, les chercheurs ont découvert que le niveau moyen d’absentéisme est de 25%. Conformément à la prévision d’IPAR, l’absentéisme coûte au district de Machakos 6,659,832 Ksh (approximativement 107 000 US$) par mois.[2] Il est estimé qu’au cours de l’année, le coût total dépasserait le million de dollars, somme suffisante pour construire un centre de santé de niveau moyen. Pour répondre à ces conclusions sur les causes et les implications fiscales de l’absentéisme, IPAR a offert plusieurs recommandations politiques pour remédier à la situation, dont la décentralisation du processus d’embauche et des renvois au niveau local pour que l’administration puisse améliorer l’évaluation du travail fourni et la relier aux décisions d’emploi; surveiller l’absentéisme plus à fond; et pénaliser les travailleurs s’absentant de façon régulière.
Le second projet d’analyse budgétaire coordonné par “Indo-Dutch Project Management Society” (IDPMS) se consacre à promouvoir les valeurs de la justice sociale et économique et à renforcer les capacités des secteurs pauvres de zones rurales en Inde. Récemment, IDPMS a achevé une investigation sur la prestation de services de santé publique dans l’Etat de Karnataka en Inde, qui se caractérise par sa population rurale en conditions de pauvreté. L’étude cherche à évaluer la qualité et l’accessibilité des centres de santé publique “Public Health Centers” (PHC) dans deux districts de Karnataka, Bellary et Chamaraja Nagar, à partir de la révision du flux des budgets et la structure organisationnelle de PHC locaux. L’étude examine également les trois niveaux du système de gouvernance de Karnataka qui englobe le transfert de fonds publics et de pouvoirs administratifs au gouvernement local —le Zilla Panchayat (ZP) du district, le Taluk Panchayat (TP) dans la sous-division du district connue comme taluk et le Gramma Panchayat (GP) au niveau communautaire. Ces institutions Panchayat Raj (PRI) ont été créées pour améliorer la qualité de vie de toutes les personnes d’Inde pour promouvoir des mécanismes de rétro alimentation plus accessibles au moyen desquels les gens peuvent exprimer leurs besoins et formuler des politiques au niveau local. L’évaluation de la prestation de services de santé publique et du succès des PRI exige de comprendre le processus budgétaire et le fonctionnement de ces institutions.
Le Zilla Panchayat est responsable des achats dans le secteur de la santé pour les niveaux les plus bas des PRI. Tous les employés de santé de niveau inférieur rendent des comptes au “District Health and Family Welfare Officer”, qui fait un rapport au CEO de ZP. Quand l’Etat assigne des ressources dans le budget approuvé par la législature, est préparé un document dénommé “Link Document” qui assigne des ressources à toutes les activités de tous les départements sous le contrôle administratif du ZP. Bien que tous les fonds provenant de l’Etat arrivent au ZP, les PHC sont formés pour faire des observations sur l’achat de produits pharmaceutiques. Le budget pour ces produits est divisé en deux éléments, avec 60% pour des achats centralisés de médicaments réguliers pour tout le système, et 40% pour l’achat des produits pharmaceutiques nécessaires dans les PHC locaux.
Dans son analyse IDPMS a utilisé des enquêtes de suivi des dépenses publiques “Public Expenditure Tracking Surveys” (PETS), des enquêtes quantitatives sur la prestation de services “Quantitative Service Delivery Surveys” (QSDS), des entretiens, des questionnaires, ainsi que des données légales et économiques. Les questions au personnel PHC se sont focalisées sur ses responsabilités, la disponibilité de produits pharmaceutiques, la disponibilité et la fonctionnalité de l’équipement et d’autres services offerts par le PHC et le département de santé et bien-être familial. Les questions pour les patients se sont concentrées sur la perception et les préférences des services de santé, le caractère approprié des installations de santé publique, la disponibilité des docteurs, le temps d’attente et les coûts liés. Ont été identifiés plusieurs problèmes tels que le manque de personnel et de fonds et des irrégularités dans l’obtention et la distribution de produits pharmaceutiques dans les PHC. (Bien que le processus budgétaire pour l’achat de médicaments permette la rétro alimentation au niveau local, les PHC et le niveau Gramma ne reçoivent pas directement de fonds pour ces achats.) Tous ces facteurs font que les gens optent pour des services de santé privés, même s’ils n’ont pas suffisamment d’argent pour assumer les coûts.
Les conclusions préliminaires de l’investigation d’IDPMS indiquent des défis tant du côté de la demande que de l’offre de prestation de services publics de santé à Bellary et Chamaraja Nagar. Les problèmes du côté de l’offre se classent généralement dans les catégories suivantes: 1) disponibilité de personnel médical qualifié dans le PHC; 2) disponibilité de médicaments et d’équipement médical; et 3) infrastructure de l’installation.
L’étude de IDPMS identifie quatre actions politiques clés nécessaires pour répondre aux problèmes du système de santé dans les districts de Bellary et Chamaraja Nagar: 1) augmenter l’assignation au secteur santé et bien-être familial de 2% du produit intérieur étatique net, “Net State Domestic Product”; 2) capturer et classifier toutes les données pertinentes sur le flux des budgets, la juridiction et l’administration du processus de procuration à tous les niveaux et les présenter, périodiquement, sous des formats accessibles; 3) diffuser largement et accroître l’accès à l’information sur la prestation de services et les nécessités du budget, et augmenter la transparence et la responsabilisation au niveau local, et finalement, 4) promouvoir avec force l’éducation médicale pour garantir une base de professionnels de la santé qui répondent aux demandes du système.
Pour davantage d’informations, contacter Courtney Tolmie [email protected].
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Réponse au rapport de l’IFPRI sur les priorités de dépenses publiques pour le développement agricole et rural en Afrique par Manyewu Mutamba, Leslie Nyagah, Idasa
Le “International Food Policy Research Institute” (IFPRI) a publié récemment le rapport “Setting Priorities for Public Spending for Agricultural and Rural Development in Africa”, dans lequel sont présentées des études de cas d’Afrique et Asie pour illustrer les contributions des différents types de dépenses publiques dans la réduction de la pauvreté, la croissance et le bien-être. Manyewu Mutamba et Leslie Nyagah, chercheurs du secteur agricole du programme de gouvernance économique d’Idasa, une organisation de la société civile en Afrique du Sud, utilisent ce rapport comme point de départ pour discuter de l’impact des dépenses dans l’agriculture sur la réduction de la pauvreté et la croissance.
L’étude de l’IFPRI trouve de forts effets positifs aux dépenses de l’agriculture sur la croissance et la réduction de la pauvreté, ce qui n’est pas surprenant. Des antécédents solides et des liens avec d’autres secteurs assurent que l’investissement dans les résultats de l’agriculture génère de meilleurs niveaux économiques et sociaux avec des ramifications hors du secteur. Différentes études coordonnées par le “Consultative Group on International Agricultural Research” (CGIAR) dans l’Est et le Sud de l’Afrique attestent des bénéfices des avancées dans la recherche et la technologie agricoles. En outre, l’amélioration de la sécurité alimentaire produit souvent des résultats socioéconomiques positifs comme par exemple la plus faible probabilité d’abandonner l’école, des plus faibles dépenses de santé dans le foyer et taux de migration vers l’extérieur. Dans de nombreux pays du continent, les investissements qui encouragent les résultats agricoles ont produit une croissance et un développement positifs, sauf dans des circonstances où les limitations en infrastructure ne permettent pas l’intégration avec d’autres secteurs économiques.
L’accessibilité, les coûts de transaction et le flux d’informations sont essentiels pour le succès de l’investissement agricole et le développement rural. Du fait des déficiences de l’infrastructure et de la difficulté d’accès à de nombreuses zones rurales en Afrique, résoudre ces problèmes est un des plus importants défis du développement. Cependant, au lieu de les traiter comme initiatives d’investissement indépendantes, les gains du soutien à l’agriculture sont beaucoup plus importants quand il est intégré à des projets d’investissements plus larges avec des flux de revenus plus directs et immédiats. Dans le cas contraire, il est plus probable que ces gains soient obtenus après un certain temps et bénéficient à l’élite de la population rurale, impliquée dans des activités économiques pouvant tirer bénéfice de n’importe quelle amélioration de l’infrastructure.
Les conclusions de l’IFPRI soulignent le besoin d’identifier différents types de dépenses géographiquement pour assurer que l’investissement rétribue. Malgré la difficulté de cette approche dans la pratique, car les processus de planification et les budgets sont généralement agrégés, les objectifs géographiques ouvrent des opportunités pour les régimes de dépenses auxquels sont confrontées les limitations les plus importantes du secteur. Les défis auxquels sont confrontées les petites exploitations sont divers et souvent particuliers à une localité. De fait, des problèmes similaires peuvent exiger des solutions différentes, en fonction des circonstances locales. Les niveaux de pauvreté sont aussi liés à des variables géographiques et un régime de dépenses plus focalisé est plus à même d’obtenir des résultats dans le combat contre la pauvreté.
En plus des effets de l’infrastructure et de la géographie sur les résultats des dépenses pour l’agriculture, le rapport de l’IFPRI s’interroge également sur comment les dépenses non agricoles (comme l’éducation) peuvent accroître les opportunités de revenus et avoir un impact sur le secteur paysan et les logements ruraux. Par exemple, dans le cas du Ghana, le rapport mentionne les effets négatifs de la croissance des dépenses pour l’éducation. Ce qui semble être une exception à la règle, surtout si l’on considère les ramifications expliquées et liées à des foyers ruraux qui ont accès à des opportunités de revenus hors des exploitations. Des études dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne suggèrent que les versements de membres de la famille qui travaillent hors de l’exploitation génèrent souvent des dépenses parce qu’il faut résoudre des problèmes de travail (par exemple, à travers l’embauche de personnel remplaçant ou la mécanisation) liés à la migration vers l’extérieur et pour l’achat de matériels, ce qui améliore alors la production agricole. L’accumulation d’actifs et d’autres investissements domestiques dérivés de ces versements créent aussi les conditions pour des activités économiques durables au niveau du foyer avec un potentiel réel d’échapper à la pauvreté. Il faut mentionner que ces processus avancent de manière échelonnée et les gains de l’investissement en éducation ne sont pas toujours visibles de suite et peuvent même parfois paraître négatifs. En outre, les hauts niveaux de chômage dans de nombreux pays peuvent faire obstacle aux recherches de nouvelles opportunités de revenus généralement associées à de meilleurs niveaux d’éducation.
De nombreux gouvernements africains continuent de traiter l’agriculture comme un moyen de vie pour les familles des paysans. C’est pourquoi les engagements concrets pour transformer la vie dans les campagnes sont peu nombreux et sporadiques. Seuls 19% des pays africains respectent leur engagement à allouer plus de 10% de leurs dépenses nationales à l’agriculture.
Malheureusement, le manque de système agricole d’organisation efficace et le soutien limité des groupes de la société civile ont nui à la capacité des petites exploitations à faire pression (à travers des pratiques de lobbysme) pour obtenir des ressources publiques. Le paradoxe de la diminution des allocations budgétaires à l’agriculture malgré les contributions continues au PIB dans la majorité des pays africains est un exemple de l’asymétrie de l’équilibre des pouvoirs. Une brèche essentielle est le manque d’accès à l’information ou à l’analyse du budget et son processus et ses effets sur le bien-être des paysans. A moins qu’ils ne participent avec des propositions alternatives concrètes fondées sur des preuves empiriques, les groupes de paysans et la société civile en général demeureront en marge des processus de formulation et d’implantation des dépenses publiques. A moins que ne se résolve l’accès à l’information, le futur de l’agriculture africain dépendra de la bonne volonté politique pour répondre aux besoins et aspirations des paysans.
Travail budgétaire de la société civile: respecter le droit à l’éducation par Victoria Turrent, Save the Children, Royaume-Uni
Société civile, budgets et éducation pour tous
Le “Commonwealth Education Fund” (CEF) a été établi en mars 2002 pour promouvoir la participation de la société civile dans l’application de l’éducation pour tous “Education for All” (EFA). Les objectifs du CEF sont d’amplifier le débat public concernant les objectifs d’éducation, augmenter la transparence dans le budget pour l’éducation, et se concentrer sur les nécessités des enfants hors du système éducatif. Le CEF a soutenu des partenaires dans 16 pays pour renforcer des communautés pour surveiller les dépenses en éducation aux niveaux local et national. Ceci impliquait de construire la capacité des organisations de la société civile pour influer sur les décisions politiques du budget et l’éducation. Cet article considère le travail des partenaires du CEF au Pakistan et en Zambie et présente les leçons apprises à partir de l’expérience du CEF concernant la surveillance des budgets dans le secteur éducatif.
Le travail budgétaire de la société civile dans le secteur éducatif a servi pour étudier si les dépenses sont déboursées conformément à la planification, si elles ont eu l’impact souhaité, et quel est l’impact du budget de l’éducation sur différentes parties de la population. En construisant une capacité d’analyse et de suivi du budget, la société civile de nombreux pays a utilisé les informations sur les dépenses publiques pour faire respecter le droit à l’éducation.
Pakistan: comprendre les budgets de l’éducation
Au Pakistan, le “Commonwealth Education Fund” (CEF) avec le soutien de la “Human Rights Commission of Pakistan” (HRCP) coordonne le suivi et la surveillance de budgets au niveau national et renforce les capacités de communautés locales pour exiger la transparence des ressources publiques pour l’éducation. Ont été coordonnées des investigations pour documenter le travail d’incidence et les débats avec des hommes politiques, ainsi que pour renforcer la participation dans la planification des dépenses pour l’éducation. Le CEF a également collaboré avec la “Pakistan Coalition for Education” (PCE) et le “Centre for Peace and Development Initiatives” (CDPI) pour augmenter les assignations à l’éducation et travailler avec des parlementaires sur l’utilisation des ressources publiques pour l’éducation.
Les partenaires au Pakistan ont employé un schéma multidimensionnel pour améliorer les finances de l’éducation. Ils ont réalisé une analyse des budgets de l’éducation, construit la capacité des communautés pour faire le suivi des dépenses en éducation et développé et implanté des stratégies d’activisme. Ils ont défini et accru le rôle de la société civile dans l’incidence et le suivi budgétaires pour l’éducation et ont consolidé les relations entre les communautés, la société civile et les parlementaires.
La HRCP réalise une investigation pour documenter le travail d’activisme et les débats politiques, ainsi que pour renforcer la participation dans la planification des dépenses en éducation. Les publications de la HRCP ont été largement diffusées et de nombreuses OSC ont utilisé ses recommandations durant les interventions dans les débats sur les budgets pour l’éducation. Ceci a donné plus de force à la société civile pour lutter pour l’augmentation des allocations à l’éducation, l’amélioration des niveaux de transparence et responsabilisation et de participation dans la planification budgétaire avec le gouvernement.
Tant la HRCP que le PCE ont travaillé pour renforcer les communautés et les former pour faire le suivi des dépenses du gouvernement et s’assurer de l’utilisation efficace des ressources disponibles, exiger la transparence et des compte-rendus et défendre l’augmentation du budget pour l’éducation là où avaient été identifiées certaines déficiences. Ceci a été réalisé à travers des sessions d’information, des dialogues communautaires, des ateliers de formation et des forums politiques avec des acteurs clés.
En plus de ces efforts, le CDPI a développé une interface avec la communauté, les acteurs clés et le comité législatif sur l’éducation. Le CDPI a formé un groupe de travail qui s’est réuni tous les trois mois pour discuter de thèmes liés à la transparence et la responsabilisation dans le secteur de l’éducation et a animé une table ronde de discussion sur ces questions autour de laquelle étaient présents des membres du PCE, des parlementaires et des membres de l’Assemblée nationale.
L’impact réel de ce travail s’est vu en mars 2007 quand le gouvernement du Pakistan a annoncé des augmentations importantes du financement de l’éducation. A cette occasion, il s’est engagé à augmenter les dépenses en éducation de 2 à 4% du PIB en 2011.
Zambie: construire des capacités au niveau local dans le travail des budgets
L’initiative du CEF de Zambie cherche à augmenter les opportunités de participation de la société civile dans le suivi du budget afin de collaborer avec le gouvernement sur les thèmes de budgets pour l’éducation. Le CEF a soutenu la formation sur le suivi budgétaire pour renforcer la capacité des OSC, les comités d’administration scolaire, les associations d’enseignants et pères de famille, les groupes de femmes, et les enfants en âge scolaire pour surveiller les programmes financiers scolaires basiques du gouvernement, ainsi que les processus nationaux sur les budgets pour l’éducation.
“Operation Young Vote” a soutenu le CEF a travers la coordination et l’échange d’informations budgétaires et a facilité la production d’un outil de suivi budgétaire créé pour les besoins des usagers locaux et traduit dans les langues locales. Les plans d’action pour le développement des écoles ont été développés conformément à la formation sur le suivi budgétaire et la gouvernance scolaire. Les communautés ont par la suite reporté des cas de corruption et de fraude à l’office du district “District Education Board”. Les conclusions de ces activités ont été diffusées à travers des stations de radio locales, des réunions et d’autres publications dans les médias.
Les conclusions du suivi budgétaire ont été diffusées à des fonctionnaires publics du niveau national et du district. Le Ministre de l’éducation s’est engagé à répondre à la majorité des points mentionnés. Ses engagements ont été suivis de très près par les OSC au niveau du district et par la “Zambia National Education Coalition” au niveau national.
Défis et leçons apprises
Voici simplement deux exemples du travail des partenaires du CEF. D’autres défis et leçons surgissent de l’expérience du CEF en construisant la capacité des organisations de la société civile et en leur permettant d’avoir un rôle plus stratégique et important dans les décisions budgétaires pour l’éducation dans les 16 pays partenaires.
Le contrôle exécutif et le secret sont des caractéristiques communes du processus budgétaire dans de nombreux pays, spécialement durant la phase de formulation quand sont établies les priorités de dépenses. En outre, les activités du travail budgétaire peuvent être limitées par la capacité à avoir accès aux informations – dans de nombreux pays les lois sur l’accès public à l’information doivent être approuvées et implantées pour augmenter les niveaux de transparence budgétaire à tous les niveaux du gouvernement. Souvent, il y a des retards pour recevoir les réponses aux demandes d’informations et, dans certains cas, les informations ne sont même pas communiquées. Dans de nombreux pays, l’absence générale d’informations sur les budgets pour l’éducation – surtout sous des formes non techniques et accessibles – restreint les efforts des OSC pour participer aux discussions sur la distribution de ressources pour l’éducation.
Il existe également le besoin de construire la capacité des OSC pour mener des analyses et un suivi budgétaires. C’est un des défis les plus importants pour faire progresser les activités budgétaires. Un défi qui lui est lié concerne l’absence de coalitions pour l’éducation dans de nombreux pays. Sans une plateforme plus large, bien établie et reconnue nationalement pour encourager l’apprentissage et la collaboration entre agences, il est difficile que les activités budgétaires soient efficaces. Il reste encore beaucoup à faire pour impliquer les citoyens communs dans le travail budgétaire, créer la demande de membres du public pour exiger, systématiquement, des données budgétaires. Sentir que peuvent être générés de tels changements est aussi important que la création d’institutions et du cadre leur permettant de se mettre en place. Créer une culture de participation publique ne peut être obtenu qu’à partir de la démystification du travail budgétaire et que si les gens savent comment faire partie du changement.
(2008) “Civil Society Engagement in Education Budgets: A Report Documenting Commonwealth Education Fund Experience”, Londres, “Commonwealth Education Fund”.
(2008) “Making the Budget Work for Education: Experiences, Achievements and Lessons from Civil Society Budget Work”, Londres, “Commonwealth Education Fund”.
(2009) “A Budget Guide for Civil Society Organizations Working in Education”, Londres, “Commonwealth Education Fund”.
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Le CIPPEC en Argentine crée un projet de suivi de la Loi de financement éducatif par Alejandro Vera
L’Argentine dispose depuis 2006 d’une Loi de financement éducatif qui a pour principal objectif d’augmenter l’investissement en éducation, science et technologie pour atteindre 6% du PIB en 2010. Cette norme a signifié un important engagement envers l’éducation de la part du gouvernement national, des gouvernements provinciaux et la ville de Buenos Aires, puisque les mécanismes qu’elle établit pour atteindre ses objectifs financiers progressistes impliquent l’effort conjoint des deux niveaux de gouvernement et de toutes les juridictions.
Conscient de l’importance stratégique de cette politique éducative, le CIPPEC a réalisé un suivi de l’application de la Loi de financement éducatif depuis la première année de son implantation, se convertissant en référant principal sur la thématique pour les principaux acteurs sociaux agissant pour l’éducation. Dans ce cadre, ces trois dernières années ont été publiés 12 rapports, incluant un “Informe Anual de Monitoreo” (« Rapport annuel de suivi ») pour chaque exercice budgétaire; ont été réalisés deux événements publics de diffusion de résultats et des formations à des fonctionnaires provinciaux, des journalistes et des organisations sociales.
Du fait du leadership pertinent du CIPPEC sur ce thème, son projet de suivi a été accepté par des membres du gouvernement et le secteur éducatif comme le principal outil pour appliquer la Loi de financement éducatif. Le projet de suivi s’est converti en un outil central pour garantir l’application de la loi de financement éducatif, bénéficiant d’une large légitimité parmi les acteurs impliqués. Le Ministère d’éducation de la nation a fait confiance au CIPPEC pour diffuser de forme exclusive les données liées à l’application de la LFE de la part de toutes les juridictions provinciales. Les autorités nationales et provinciales, les syndicats d’enseignants, les spécialistes de la thématique et les moyens de communication ont pris le CIPPEC comme référent incontournable sur la thématique, pour s’informer sur l’application et les implications de la LFE. Par exemple, le Ministre de l’éducation de la Nation et le Secrétaire général de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) ont participé comme orateurs lors de l’événement de présentation du Rapport annuel en 2007 et 2008. Il est important d’observer que le renouvellement des autorités dans les deux institutions nationales, réalisé entre les deux événements, n’a pas modifié l’engagement de ces acteurs concernant le Projet de suivi de la Loi de financement éducatif.
En outre, le projet a formé une coalition d’organisations de la société civile, connue sous le nom de “Compromiso con el Financiamiento Educativo” (« engagement avec le financement éducatif ») qui a assumé un protagonisme croissant comme troisième secteur dans les discussions de politique éducative, entre les gouvernements et les syndicats, qui jusque lors monopolisaient les définitions du financement éducatif. Le CIPPEC a formé les organisations du groupe et a étendu la participation dans les instances de suivi à d’autres organisations du niveau provincial, réussissant à former un réseau fédéral de suivi du financement éducatif.
Le Projet de suivi s’est avéré central non seulement pour garantir l’application de la LFE mais aussi pour proposer des modifications dans le texte légal et dans l’institutionnalisation de cette politique. Le CIPPEC a même mis en place avec succès un processus d’incidence dans la distribution des ressources allouées par la Loi de financement éducatif aux provinces, spécialement concernant le Programme national de compensation salariale des enseignants.
Finalement, durant le dernier événement annuel du Projet de suivi, le Ministre de l’éducation de la Nation, Juan Carlos Tedesco, a annoncé que durant l’année 2009 seraient débattues des réformes de la Loi de financement éducatif, en grande mesure influencées par les rapports du projet. Le CIPPEC aspire à avoir un rôle protagoniste dans ce débat et à apporter un ensemble de suggestions au nouveau texte de loi à partir de l’expérience réussie de suivi réalisée ces trois dernières années.
« Étudie les dépenses de tes législateurs »: initiative cybernétique pour le suivi budgétaire du Guardianpar Delaine McCullough
A l’adresse suivante http://mps-expenses.guardian.co.uk/, toute personne peut étudier des centaines de milliers de dépenses des membres du parlement du Royaume-Uni ces quatre dernières années. Avec le soutien du journal Guardian, cette page est l’instrument clé de l’expérience sur le suivi du budget public connu sous le nom de “crowdsourcing.”
Considérant les scandales récents à l’intérieur et hors du Royaume-Uni sur les dépenses de membres du parlement, le gouvernement a diffusé des informations concernant les 646 membres du parlement et tout ce qu’ils ont payé avec l’argent public, dont des reçus pour aliments, meubles, voyages et jusque maisons pour canards. La page offre au public l’opportunité d’exiger des comptes-rendus de la part de ses représentants. Le journal Guardian rapporte que le gouvernement a publié plus de 700 000 documents individuels équivalents à 5500 documents PDF, et —il a défendu l’idée selon laquelle « le travail conjoint de nombreuses mains peut faire la différence » et encouragé à réviser avec soin cette immense base de données – le journal a demandé aux membres du public de réviser les documents de ses législateurs et d’indiquer ceux devant être étudiés plus en profondeur. Cette page Internet inclut un indicateur montrant que le 22 juin, plus de 20 000 personnes avaient révisé 171 920 des 457 153 documents de la base de données.
Cette ressource dote le public d’informations et conseils sur ce qu’il doit chercher (par exemple, comptes d’alimentaire, dépenses répétées de moins de 250£ – le montant limite ne nécessitant pas de facture). Ainsi, l’initiative permet aux personnes disposant d’un accès Internet de jouer un rôle critique dans la vigilance. L’initiative “crowdsourcing” est un effort unique en son genre de la part des médias pour augmenter la participation publique dans le processus budgétaire. En publiant les abus des parlementaires, des réformes peuvent être encouragées pour que les fonds publics soient utilisés de façon plus efficace.
Bien que l’initiative du Guardian ait ses limites (la participation publique se limite à ceux qui ont un accès Internet et les résultats de l’exercice de suivi ne sont pas intégrés dans un mécanismes officiel permettant d’exiger des comptes-rendus auprès des membres du parlement), elle est un exemple de comment deux forces puissantes de responsabilisation – la vigilance publique des budgets du gouvernement et des médias critiques bien informés – s’unissent pour attirer l’attention sur le détournement de l’argent public.
Élargir les opportunités pour que le public s’implique dans le suivi de l’implantation du budget, comme le fait cette initiative, peut jouer un rôle clé dans une vigilance efficace et de meilleurs décisions politiques et résultats budgétaires. Généralement, les audits budgétaires officiels de la part des institutions supérieures de contrôle se concentrent sur le fait de déterminer si l’argent a été dépensé conformément à la loi et à des pratiques sensées de gestion financière. Il y a un intérêt croissant pour élargir l’angle des audits officiels et inclure des évaluations de « valeur de l’argent » – c’est-à-dire, observer si les programmes et politiques financés par le gouvernement ont obtenu les résultats escomptés. La rétro alimentation publique à ce type d’audit peut être de grande valeur. C’est pourquoi le Tribunal supérieur des comptes du Honduras a implanté un programme pilote en 2007 pour solliciter des informations directement auprès du public sur le fonctionnement et l’efficacité de huit agences, incluant des hôpitaux, des écoles et municipalités. Le programme pilote, qui a inclus des réunions publiques organisées par l’ISC, a donné lieu à un grand nombre de conclusions qui n’auraient vraisemblablement pas été identifiées à travers une investigation d’audit habituelle.
En plus d’offrir des informations critiques sur les activités du gouvernement, la participation publique dans le processus d’audit a des implications politiques pouvant résulter en un plus grand suivi des conclusions des audits. Le fait que les instances de contrôle – qui généralement ne peuvent pas jouer de rôle politique – dépendent des législatures assure que les gouvernements respectent les recommandations des audits. Un rôle plus important des électeurs dans le processus de contrôle fait croître la pression sur les législateurs, non seulement pour qu’ils fassent le suivi des audits; mais aussi pour qu’ils informent le public sur les actions entreprises pour répondre aux recommandations de l’audit.
La réponse à la convocation du Guardian à la participation publique indique le potentiel de l’utilisation des technologies de la communication pour impliquer directement le public dans le processus d’audit, ainsi que dans d’autres processus budgétaires. Cependant, alors que de plus en plus de gouvernements mettent les informations budgétaires sur Internet et offrent des adresses de courrier électronique et d’autres mécanismes cybernétiques permettant la participation publique, il est difficile de faire en sorte que les gens participent au processus.
Clairement, l’accès à Internet joue un rôle dans la participation du suivi cybernétique des informations pour exiger du gouvernement qu’il rende des comptes, mais l’initiative du Guardian pointe d’autres facteurs pouvant être plus influents dans la participation. Par exemple: ne s’agit-il pas du type d’informations publiées qui encourage la participation des gens? Le mécontentement public face à la corruption sur lequel se base l’initiative peut générer plus de participation que les chiffres mêmes de l’impact sur le revenu comme résultat des règles de dépréciation fiscale. L’important est comment communiquer au public que les chiffres des impôts sur les propriétés peuvent être moins sources de controverses mais peuvent influer beaucoup plus sur la quantité de ressources gouvernementales pour financer des services critiques comme la santé et l’éducation.
Cependant, il est possible que publier des informations et communiquer efficacement leur importance ne soit pas suffisant pour impliquer les personnes qui ne sont pas réceptives aux chiffres. Les rapports sur les demandes de dépenses de remboursement sont très simples à comprendre pour les gens en général. Il se peut que ce ne soit pas le cas des données de dépréciation. Ainsi, disposer d’un guide simple et accessible sur ce que veulent dire les chiffres et comment les lire est un pas essentiel pour augmenter la participation publique dans le suivi budgétaire.
En plus du type d’informations publiées, la relation sui generis —bien que surement non intentionnelle de la part du gouvernement – entre le gouvernement du Royaume-Uni, les médias et le public a joué un rôle très important pour le succès de l’initiative. Tant le gouvernement que le Guardian ont publié des informations sous un format accessible sur des plateformes simples d’utilisation (les visiteurs des deux pages Internet peuvent avoir un accès rapide aux documents rendus par les membres du parlement sans avoir à réviser de grandes quantités d’informations). Cependant, l’initiative du Guardian a augmenté la quantité d’utilisateurs potentiels de l’information: le site Internet du journal (www.guardian.co.uk) reçoit 9,7 millions d’utilisateurs par mois, presque 3 millions de plus que la page publique du gouvernement (www.direct.gov.uk).
Plus important encore, l’exercice du Guardian a donné aux gens l’opportunité de faire quelque chose (au lieu de seulement punir les parlementaires avec leur vote) pour améliorer le système qui permet la pratique d’abus. En donnant aux gens un moyen de canaliser leur colère de forme coordonnée pour rechercher et dénoncer des abus et, potentiellement, créer des réformes, peut être générée une plus grande participation qu’en publiant simplement les informations.
Bien que l’expérience du Guardian concernant le “crowdsourcing” n’offre pas de réponses définitives sur comment relever le défi de la demande pour la participation publique dans les processus de vigilance et budgétaires, elle démontre cependant que de telles initiatives en ligne, surtout celles qui impliquent le gouvernement et les médias critiques et indépendants, ont le potentiel de renforcer la responsabilisation et ainsi les résultats budgétaires.
Téléphones cellulaires: technologie transformatrice pour le travail budgétaire de la société civile par Rocío Campos
Jeffrey Sachs exagère-t-il en disant que le téléphone cellulaire est le moyen de technologie le plus transformateur pour le développement? Clairement, l’utilisation de la technologie cellulaire dans les pays en voies de développement a augmenté de façon très importante. D’après Rohit Singh, chercheur de l’“Overseas Development Institute”, « le nombre global de souscriptions à des téléphones portables est estimé à quatre milliards en 2008, avec une pénétration de portables de 61%. Environ 58% des souscripteurs se trouvent dans des pays en voies de développement et la croissance des souscripteurs en Afrique – plus de 50% par an – est la plus élevée au monde » (voir http://www.odi.org.uk/resources/download/2846.pdf). Cette croissance de l’utilisation des cellulaires a eu un impact sur la communauté internationale pour le développement qui voit désormais dans les portables des outils accessibles dans leurs efforts pour combattre la pauvreté.
L’utilisation croissante de portables pour le développement se doit à deux séries de facteurs. D’un côté, de nombreuses zones rurales et urbaines ne disposent pas de câble téléphonique et d’infrastructure, ou de services d’Internet et de courrier électronique. Par ailleurs, les cellulaires sont commodes étant portatifs, offrant un moyen de communication par la voix instantané, un service de messages textuels (SMS), un accès à Internet et la possibilité de prendre des photos. Pris ensemble ces facteurs font des portables des outils efficaces pour la distribution rapide de messages à un réseau de constituants avec un appel à agir réduisant considérablement le temps de réponse.
Par exemple, Rashida Dohad de la “Omar Asghar Khan Development Foundation” au Pakistan, explique que les cellulaires ont joué un rôle clé durant la campagne pour la légalité dans laquelle la société civile et des avocats du Pakistan se sont manifestés (incluant l’organisation de Sohad) de 2007 à 09. La campagne a utilisé les portables pour envoyer des textes et informer les participants des réunions, manifestations et arrestations. Rashida raconte qu’un ami activiste a envoyé un texto à ses collègues lors de son arrestation chez lui. Grâce à cette action d’autres activistes ont été mis au courant de son arrestation avant son départ et il a pu être libéré quelques heures plus tard.
Dans un entretien avec Katrin Verclas, experte en communication cellulaire, présenté dans le bulletin de l’IBP N°44, nous parlons de quelques-unes des formes innovatrices d’utilisation des téléphones portables par les activistes. Cependant, quand il a été demandé aux collègues de l’IBP d’envoyer des exemples sur comment pourraient être utilisés les portables dans leurs activités d’analyse et incidence budgétaires, la majorité des réponses indiquaient que très peu d’organisations utilisaient la technologie cellulaire dans leur travail, parce que même s’il y a un intérêt, elles ne savent pas par où commencer. Dans cet article, nous révisons d’autres exemples sur comment des organisations de différentes parties du monde ont profité de la technologie cellulaire pour faire progresser leurs activités militantes et nous offrons quelques suggestions pour que les organisations de la société civile se consacrant au budget utilisent cette technologie et renforcent l’analyse, le suivi, la vigilance et l’incidence budgétaires. Il faut préciser que toutes les suggestions ne sont pas applicables ou appropriées dans tous les contextes. Chaque organisation doit évaluer ses possibilités et son contexte politique et identifier les solutions les plus adaptées.
Nous espérons que les idées présentées ici inspirent de nouvelles opportunités dans votre travail. Aussi, nous vous serons reconnaissants de nous envoyer à [email protected] vos suggestions sur comment peuvent être utilisés les téléphones portables dans le travail budgétaires, que nous publierons dans le prochain numéro du bulletin de l’IBP.
Mobilisation de suiveurs
Amnesty International – Pays-Bas est un exemple de comment le pouvoir des textes peut faire progresser le travail d’une organisation et attirer de nouveaux membres à travers une campagne spécifique. A travers des appels urgents à l’action, Amnesty International a pu alerter sur la campagne contre la torture et attirer de nouveaux suiveurs pour répondre à des cas de torture. La technologie SMS a beaucoup servi au travail d’Amnesty pour freiner les actes de torture, pour lesquels il est fondamental de disposer d’une capacité rapide de réponse face aux arrestations et disparitions.
Le premier pas d’une campagne de mobilisation SMS est de faire en sorte que des activistes potentiels s’inscrivent pour recevoir des messages de texte avec des instructions ou annonces. En plus d’inscrire des personnes adultes dans des églises et bibliothèques, Amnesty s’est attaché à réunir de jeunes militants à travers sa page Internet en demandant à des stars pop de faire des annonces lors de leurs concerts pour demander aux gens de s’adresser à Amnesty et s’unir à la campagne. Plus de 5000 personnes se sont inscrites à la campagne “SMS Urgent Action” dans la section hollandaise de Amnesty, acceptant de recevoir des informations et appels à l’action via SMS; parmi ces personnes, 500 se sont converties en des membres formels. Autour de 39% des campagnes via cellulaires d’Amnesty en 2002 ont prouvé avoir du succès avec la libération de prisonniers politiques, le retour de personnes « disparues » et la non exécution de sentences de mort.
Les groupes budgétaires de la société civile ont souvent besoin de mobiliser leurs collègues ou attirer de nouveaux sympathisants à leurs campagnes. Dans ces deux cas, les groupes budgétaires doivent assumer la tache de diffuser des messages clés à des publics spécifiques comme les législateurs, les journalistes, les collègues et les citoyens, de façon opportune tout au long du processus budgétaire. Toute une variété de méthodes peut être utilisée pour créer des messages, les diffuser et les promouvoir, dont la technologie cellulaire.
Parmi les méthodes employées par des groupes budgétaires de la société civile pour développer des messages pour leurs publics clés sont inclues des groupes de discussion et des sondages. En outre, ils comptent sur la rétro alimentation de membres de leurs coalitions, équipe interne, politiques et autres activistes. Pour obtenir cette rétro alimentation, les groupes budgétaires peuvent utiliser les téléphones portables pour sonder leurs membres et faciliter l’échange d’idées entre un grand nombre de personnes.
Une fois les messages formulés, les groupes utilisent différentes stratégies pour diffuser les messages auprès de leurs publics cibles, incluant des conférences de presse, des notifications d’action à leurs réseaux, des bulletins, du lobbysme, des sites Internet et le courrier électronique. Les groupes budgétaires de la société civile peuvent également utiliser les téléphones portables pour demander aux gens d’agir – à travers la signature d’une pétition ou le témoignage lors d’une audience. Ils peuvent aussi être utilisés pour réunir des informations sur les résultats de ces pétitions, qui peuvent alors être mises en ligne sur un blog ou un site Internet.
Par exemple, Kubatana, une ONG locale du Zimbabwe qui promeut les droits de l’homme et la bonne gouvernance, a employé la combinaison du SMS et du courrier électronique pour demander aux gens: « Qu’aimerais-tu voir dans un Zimbabwe libre? » Les SMS ont été utilisés pour envoyer les messages massivement et réunir des réponses, qui à leur tout ont été distribuées à travers un bulletin électronique et publiées sur le blog “Kubatana Community” (voir http://www.kubatanablogs.net/kubatana/?p=474). Kubatana a utilisé SMS Frontline pour gérer les messages qui entraient et sortaient. Il s’agit d’un système communément utilisé par les ONG dans les pays en voies de développement souhaitant intégrer le SMS à leur travail.
En plus d’utiliser les téléphones portables pour réunir des informations, formuler des messages et les distribuer dans le cadre d’une campagne, les groupes budgétaires peuvent utiliser leurs téléphones pour coordonner et planifier des activités comme une audience publique ou un audit social. Dans la première communication il est demandé aux résidents de s’inscrire pour recevoir des messages SMS sur l’audience. Ensuite ils peuvent être informés sur le lieu de l’audience et le thème discuté, comme par exemple la gestion d’un projet d’infrastructure publique. En améliorant l’efficacité de la mobilisation des sympathisants, les groupes budgétaires peuvent se consacrer à la communication auprès des personnes ne disposant pas de portables en utilisant d’autres moyens comme le courrier électronique.
Durant l’audience publique, les activistes de la société civile peuvent utiliser leurs téléphones portables pour rapporter aux médias toute information inattendue ou importante. Après l’audience publique ou l’audit social, les activistes peuvent utiliser leur téléphone pour appeler leurs membres avec accès SMS et leur demander de contacter les autorités pertinentes pour qu’elles réalisent des audits aux programmes ou projets au sein desquels ont été identifiés des problèmes ou irrégularités.
Il est fondamental de renforcer la capacité des groupes à informer et mobiliser des activistes autour d’un événement planifié. De la même façon, les portables peuvent également servir quand se déroulent des événements inattendus. Les groupes budgétaires de la société civile peuvent utiliser la technologie SMS pour développer leur capacité à répondre rapidement aux changements lors d’un événement et mobiliser leurs activistes. Par exemple, si vous travaillez afin d’assurer que des ressources soient allouées à un programme de santé et que vous vous trouvez dans une audience où le financement est discuté, la technologie SMS peut vous permettre d’alerter vos collègues activistes instantanément sur toute réduction financière et permettre aux législateurs de répondre immédiatement.
Améliorer la communication et faciliter le suivi budgétaire dans des zones de désastre ou de conflit
Souvent dans des zones de conflit ou de désastre naturel, les lignes de communication sont interrompues tout comme l’accès à Internet et au courrier électronique. Ce qui fait que les téléphones cellulaires sont le seul moyen de communication fiable et disponible. C’est ce qui s’est passé au Tchad quand la violence a coïncidé avec la recherche de l’Indice sur le budget ouvert 2006. Le questionnaire de 122 questions a été complété et vérifié via messages texto entre le chercheur au Tchad et l’équipe de l’IBP à Cape Town et Washington D.C.
Un autre exemple de l’utilisation de téléphones portables en zone de conflit est celui de “Interaction Belfast” qui a créé un réseau de téléphonie mobile pour prévenir l’éruption de la violence entre des zones vulnérables de Belfast. Des volontaires de communautés catholiques et protestantes ont reçu des téléphones portables pour être en communication avec leurs contreparties quand des rumeurs de violence ont commencé à se propager. L’utilisation de portables a rendu possible une réponse rapide à l’abus. Au Nord de l’Irlande les téléphones portables ont rendu possible la communication même quand les deux parties n’avaient pas une relation forte mais partageaient l’engagement de mettre fin à la violence.
Cette expérience suggère le potentiel de la téléphonie mobile dans des environnements complexes. Par exemple, des organisations de la société civile peuvent utiliser les téléphones portables pour le suivi de projets de reconstruction dans une zone post-conflictuelle. Les téléphones peuvent être utilisés pour collecter des informations qui peuvent alimenter des bases de données avec des détails sur l’implantation de projets de reconstruction en coopération avec des universités locales et internationales, des réservoirs de pensée ou des ONG expérimentées dans la collecte d’informations. Ces détails peuvent inclure des informations telles que: d’où vient l’argent? Comment est dépensé l’argent? Les conclusions peuvent être partagées entre toutes les parties intéressées par SMS.
Quand la communication n’est pas simple du fait de la menace de violence, les portables peuvent jouer un rôle instrumental dans le développement de mécanismes de suivi et de responsabilisation dans des situations post-conflictuelles. Les gestionnaires de projets peuvent utiliser des SMS pour rapporter les avancées de projets spécifiques et solliciter de l’aide dans des situations d’urgence. Toutes les personnes intéressées pour offrir de l’aide pour des projets de reconstruction dans des zones post-conflictuelles (gouvernements, donateurs bilatéraux ou multilatéraux, institutions financières internationales, compagnies privées et groupes locaux) doivent penser à investir en technologie cellulaire pour améliorer la collecte d’informations et augmenter les niveaux de transparence.
Le suivi de l’utilisation de l’assistance financière pour la reconstruction après un désastre naturel est crucial pour assurer que le flux de l’assistance financière soit suffisant, focalisé et dépensé de façon efficace. Après l’ouragan dévastateur Mitch de 1998, la société civile du Nicaragua s’inquiétait de la gestion gouvernementale du flux d’assistance. Face à cette situation, un réseau de la société civile, connu sous le nom de « Coordinadora Civil » a organisé un audit social des perceptions des communautés sur la distribution de l’assistance.
L’audit a été réalisé à travers des enquêtes et entretiens dans un total de 10 528 logements situés dans 61 municipalités. Le grand nombre de communautés affectées a augmenté la difficulté à mesurer la distribution de l’assistance. Dans une situation comme celle-ci, la technologie cellulaire peut améliorer la collecte des informations de façon importante.
Réunir des informations et influencer les acteurs clés
La “African Medical and Research Foundation” (Amref) et son partenaire “Farm-Africa” à Katine, Ouganda, prévoient d’utiliser la technologie cellulaire pour améliorer les pratiques du marché agricole. En Ouganda, le coût des téléphones portables est supérieur à ce que bien des gens peuvent payer. C’est pourquoi Amref prévoit d’équiper les paysans avec des téléphones portables, une ardoise et une calculatrice et de les emmener visiter les marchés du coin. L’idée est que les paysans puissent trouver les meilleurs prix et marchés pour leurs produits sans avoir à passer par des intermédiaires (voir http://www.guardian.co.uk/katine/2009/jan/04/katine-uganda-africa-mobile-phones).
Les groupes de la société civile peuvent utiliser les téléphones cellulaires pour promouvoir leur capacité à réunir des informations durant des activités de suivi et surveillance du budget. Ici, les moniteurs communautaires travaillent pour réunir des informations qualitatives et quantitatives sur les biens et services reçus par une communauté, souvent dans des zones distantes. Les membres de la communauté qui réunissent des informations dans différentes localités peuvent utiliser les téléphones portables pour envoyer des messages rapportant la distribution de biens défectueux et informer d’autres moniteurs, journalistes et autorités locales.
Une autre façon d’utiliser les téléphones portables pour contribuer au débat sur l’utilisation des ressources publiques est à l’étude au sein du “Parliamentary Center” du Canada (voir http://www.parlcent.ca/), qui travaille pour la promotion de l’efficacité des assemblées représentatives dans le monde.
Dans le cadre d’une nouvelle initiative au service des parlementaires et législatures, le centre explore l’option d’utiliser des textes pour lier les citoyens aux membres du parlement. Dans une réunion de l’“Overseas Development Institute” (ODI) en 2007, une discussion a porté sur comment les parlementaires des pays en développement peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté. Rasheed Draman, directeur des programmes pour l’Afrique a observé l’importance des téléphones portables dans la diffusion de l’information. Leur importance est évidente dans l’ensemble du continent africain où Draman et son équipe se préparent pour un nouveau programme de vigilance budgétaire. Entre autres choses, le programme cherche à renforcer la capacité de réponse du parlement envers les citoyens en augmentant leurs opportunités de participation dans le processus budgétaire avec davantage et de meilleurs informations.
J’espère que ces exemples et idées sont suggestifs sur comment appliquer la technologie cellulaire dans le travail budgétaire. Ci-dessous nous présentons une liste de pas à suivre pour les personnes intéressées:
Apprendre davantage sur comment d’autres ONG utilisent les téléphones portables dans leurs efforts militants (par exemple, appels, textes, photos pour documenter le fonctionnement ou la qualité des projets, etc.).
Considérer les besoins et caractéristiques de votre organisation et du public cible.
Etudier votre stratégie d’activisme actuelle et identifier les cas pour lesquels les portables pourraient renforcer votre stratégie.
Si vous utilisez déjà des outils électroniques d’activisme, évaluez s’il vous convient d’intégrer la téléphonie cellulaire dans le cadre de votre stratégie.
Si vous décidez de réaliser une campagne SMS, évaluez les coûts impliqués dans la licence de la campagne à travers un contrat avec un fournisseur spécialisé, vérifiez le coût mensuel pour l’envoi de textes et l’achat et l’installation du software nécessaire. A l’adresse suivante sont recommandés certains pas à suivre: http://ezinearticles.com/?Step-by-Step-Guide-to-an-SMS-Campaign&id=24951.
Construire et entretenir une liste de contacts (membres d’organisations et de coalitions, journalistes, membres du parlement, etc.) auxquels vous souhaiteriez envoyer des textes. Kubatana, mentionnée dans cet article, offre des suggestions utiles sur comment créer des listes et attirer des sympathisants (voir https://archive.internationalbudget.org/kubatanatrainingmanual.doc).
Réunir des volontaires avec des téléphones portables.
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“The Missing Link: Applied Budget Work as a Tool to Hold Governments Accountable for their Maternal Mortality Reduction Commitments”
La “International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights” (IIMMHR) et le Partenaire budgétaire international, “International Budget Partnership” (IBP) sont heureux d’annoncer la publication de The Missing Link: Applied Budget Work as a Tool to Hold Governments Accountable for their Maternal Mortality Reduction Commitments. Cette publication conjointe étudie la pertinence de l’analyse budgétaire et l’activisme de la société civile et leur potentiel comme outil pour exiger du gouvernement qu’il rende des comptes concernant ses engagements avec la santé maternelle. Ce travail présente trois exemples de la société civile impliqués dans ces questions: Fundar, Centre d’analyse et de recherche à Mexico; “Women’s Dignity” en Tanzanie; et le “Center for Budget and Governance Accountability” en Inde. Le travail et les expériences de ces organisations font comprendre que si la réduction de la mortalité maternelle n’avance que peu, cela est du à l’échec des gouvernements pour rendre prioritaire la santé maternelle dans le budget. Leur travail démontre que même s’il y a des ressources pour répondre à cette question et que ces dernières augmentent, elles ne sont pas allouées comme il se doit et ne sont pas dépensées de façon efficace.
Tant l’IIMMHR que l’IBP espèrent que ce travail contribuera à la littérature croissante concernant la mortalité maternelle, les droits de l’homme et les budgets et qu’il servira aux activistes de la santé maternelle pour l’incidence et la promotion de la responsabilisation du gouvernement.
Pour en savoir plus sur l’IIMMHR et la participation de l’IBP, veuillez visiter la nouvelle page de l’IIMMHR www.righttomaternalhealth.org.
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Faire en sorte que l’argent public soit au service des gens aux Nigeria
L’organisation nigérienne “Journalists Against AIDS” (JAAIDS) réalise différentes activités dans le cadre de son initiative de surveillance budgétaire pour consolider la réponse nationale au VIH/SIDA. Dans le livre Making the Money Work for the People (http://www.nigeria-aids.org/documents/MakingTheMoneyWorkForThePeople.pdf), JAAIDS présente une recherche sur les allocations budgétaires et l’argent de l’allègement de la dette pour financer les interventions liées au VIH/SIDA au Nigeria en 2006 et 2007. Cependant, documenter ces assignations n’est qu’un pas dans le processus de responsabilisation, comme l’ont commenté différents acteurs dans plusieurs forums et notices littéraires organisés par JAAIDS. Il est important d’entreprendre l’étape suivante pour identifier la quantité exacte dépensée dans l’intervention liée au VIH/SIDA.
JAAIDS a coordonné une analyse des dépenses budgétaires pour promouvoir l’implantation responsable et précise de programmes liés au VIH/SIDA aux niveaux national, étatique et communautaire. La recherche analyse et documente des versements budgétaires dans six ministères fédéraux (santé, éducation, défense, femmes, agriculture, eau et travail) pour l’implantation de programmes liés au VIH/SIDA en 2006 et 2007.
La principale limitation à laquelle a été confronté JAAIDS dans son investigation budgétaire fut le difficile accès à des documents ministériels. Cependant, l’équipe de recherche a suivi les procédures établies et a pu avoir accès à des documents budgétaires de l’Office du comptable général de la fédération, “Accountant General of the Federation” (OAGF). Bien que ces documents contiennent un résumé des montants alloués aux ministères, départements et agences pour les activités liées au VIH/SIDA, est nécessaire une recherche plus approfondie dans la phase d’audit du processus budgétaire pour assurer que les activités sont implantées efficacement.
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“Dignity and Defiance, Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization”
Le Centre pour la démocratie de Cochabamba, Bolivie, a publié récemment Dignity and Defiance, Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization. Un des cas étudiés dans le libre revoir comment la pression du Fonds monétaire international (FMI) sur le gouvernement bolivien pour réduire son déficit a généré des augmentations dans les impôts aux pauvres, ce qui a alors provoqué le soulèvement et la répression gouvernementale, laissant un décompte de 34 morts. Un autre cas révise en détails la longue lutte en Bolivie pour assurer des revenus justes en échange des ressources de gaz et pétrole, incluant les efforts récents de « nationalisation » du gouvernement d’Evo Morales. Ceux-ci et d’autres cas présentés dans le livre se fondent sur des entretiens avec des fonctionnaires gouvernementaux, des activistes de la société civile et des représentants d’institutions financières internationales.
“APortrait of Egypt: The Squander of Socio-Economic Rights in the Implementation of the Government Development Plan, 2002-2007”
L’organisation égyptienne de la société civile, “Budgetary and Human Rights Observatory” (BAHRO), a publié le rapport A Portrait of Egypt: The Squander of Socio-Economic Rights in the Implementation of the Government Development Plan, 2002-2007. Dans ce rapport est étudié de quelle façon l’implantation du plan quinquennal de développement du gouvernement a respecté les droits socioéconomiques. En plus d’analyser le plan budgétaire et l’effet de ses politiques de dépenses sur les droits socioéconomiques, le travail rapporte les discussions entre les membres de l’assemblée et leurs opinions sur le plan quinquennal.
Le rapport conclut que le plan quinquennal n’a pas respecté ses objectifs conformément aux indicateurs établis par le même gouvernement. En outre, il a attribué cet échec directement à la chute dans les investissements publics pour les droits économiques, sociaux et culturels. L’investissement public en éducation a diminué de 36% durant les cinq années du plan, ainsi que les dépenses dans ce secteur.
Les dépenses publiques en santé ont chuté de 25% durant la même période, ce qui veut dire que l’objectif de réduire la natalité n’a pas été atteint, et n’ont pas été réduites non plus la mortalité et la mortalité maternelle. La situation n’est pas non plus encourageante dans le secteur du logement et des services publics. Le plan n’a finalement pas augmenté suffisamment le nombre de logements, n’atteignant que 87% de l’objectif général et seulement 62% de l’objectif concernant les logements ruraux. N’ont été réalisés que 84% des projets de développement.
Le directeur exécutif de BAHRO, Helmy Elrawy, a demandé à l’assemblée du peuple d’arrêter de faire confiance au gouvernement durant les discussions sur le prochain budget. Il a en outre exigé du Ministère des finances de respecter les récents amendements constitutionnels et de présenter la proposition budgétaire suivante à l’assemble du peuple au moins trois mois avant le début du nouveau cycle fiscal. De son côté, le directeur des droits et budgets de BAHRO, Ahmed El-Hawit, a exigé la création d’un mécanisme permanent pour la surveillance de l’implantation du plan comme établi par l’assemblée du peuple, ainsi que la participation de membres de la société civile dans la surveillance pour garantir sa transparence. ——————————————————————————————————————— Freedominfo.org
Cette communauté en ligne (Freedominfo.org) offre des ressources sur les lois et mouvements d’accès à l’information dans le monde. Cette initiative se centre sur un portail cybernétique qui cherche à devenir la mémoire institutionnelle des campagnes pour l’accès libre à l’information “freedom of information” (FOI) autour du monde. Il s’agit d’un site d’échange pour les membres d’un réseau global d’activistes avec un intérêt pour le droit des citoyens à l’accès à l’information gouvernementale. Les informations de ce sont accessibles sous différentes formes, soit par pays, au travers de documents, nouvelles et liens liés à FOI dans plus de 65 pays.
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Initiative de responsabilisation “The Accountability Initiative”
“Le Centre for Policy Research” de New Delhi a récemment lancé l’initiative The Accountability Initiative, une nouvelle page Web conçue pour être une source complète sur l’état de la responsabilisation en Inde, publiant des informations sur des expériences de la société civile, des boites à outils, et des recherches et analyses pertinentes. Ce site cherche à présenter les avancées des recherches et projets de l’initiative.
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L’Azerbaïdjan et le Yémen lancent l’Enquête sur le budget ouvert 2008
En plus du lancement régional et national de l’Enquête sur le budget ouverts2008 que nous avons rapporté dans le numéro antérieur, plusieurs organisations de l’IBP ont organisé des événements nationaux postérieurs au lancement international du 1er février 2009. Les groupes ont réalisé des efforts importants pour transformer les lancements en des opportunités d’incidence et impliquer les médias pour diffuser l’enquête et faire des recommandations politiques aux législateurs et à d’autres fonctionnaires gouvernementaux sur comment faire en sorte que les processus budgétaires de leur pays soient plus ouverts et responsables. Nous continuerons d’informer sur ces événements et activités au fur et à mesure de leur réalisation.
Le 11 février, le “National Budget Group” (NBG) en Azerbaïdjan a organisé un événement pour faire connaître les résultats de l’enquête. Ceci a attiré des participants de différentes ambassades, organisations internationales, institutions financières internationales, organisations communautaires de la société civile, des législateurs et fonctionnaires du Ministère des finances et d’autres corps gouvernementaux, comme le département du budget et le département de la planification des revenus. Le “Public Finance Monitoring Center”, membre fondateur de NBG, a été en charge de l’implantation de l’enquête en Azerbaïdjan.
Kenan Aslanli de NBG a présenté les résultats de l’enquête, qui a trouvé que l’Azerbaïdjan ne donnait pas suffisamment d’informations au public durant le processus budgétaire pour lui permettre d’exiger du gouvernement de rendre des comptes sur la gestion de l’argent public. La qualification de l’Azerbaïdjan de 37 sur un total de 100 dans l’Indice sur le budget ouvert 2008 (IBO) – une étude comparative qui mesure la transparence budgétaire dérivée d’un sous-ensemble de questions de l’enquête – situe ce pays à la cinquantième place parmi un total de 85 pays dans l’enquête, et parmi les 16 pays offrant au public des informations budgétaires « minimales ».
Bien que les représentants gouvernementaux aient reconnu le travail de NBG dans l’enquête et l’importance de l’initiative, ils ont rejeté certaines des conclusions sur la disponibilité des documents budgétaires. Les experts de NBG Ingilab Ahmadov, Rovshan Agayev, Kenan Aslanli et Zohrab Ismailov ont répondu à la posture du Ministère des finances: « bien sûr que tous les documents budgétaires sont produits. Le problème est leur accès pour le public, puisqu’il faut contacter les membres du parlement ou utiliser d’autres mécanismes informels pour obtenir ces documents. Il y a des pages Internet pour presque tous les ministères sur lesquelles les documents peuvent être mis en ligne ».
Durant les discussions, il est apparu clairement que tant la société civile que le gouvernement partagent un intérêt pour augmenter la transparence et la responsabilisation dans le processus budgétaire du pays. Le Ministère des finances a répondu positivement à l’appel de NBG pour travailler avec la société civile et améliorer la qualification de l’Azerbaïdjan pour 2010.
National Budget Group présente les conclusions de l’Enquête sur le budget ouvert 2008 aux médias, à la société civile et au gouvernement
La “Cultural Development Program Foundation” (CDPF) au Yémen a coordonné son lancement de l’Enquête sur le budget ouvert 2008 le 21 mars, le jour de la fête des mères dans ce pays, pour accentuer le lien entre la transparence budgétaire et la responsabilisation pour l’utilisation efficace des ressources publiques et atteindre les objectifs du millénaire. L’événement a eu lieu à Sana’a et y ont assisté des médias, des organisations de la société civile de Sana’a et d’autres fonctionnaires impliqués dans le réseau de surveillance budgétaire de la CDPF, des membres du conseil anti-corruption, des membres du parlement et différents fonctionnaires du Ministère des finances.
Dr. Raufa Hassan, qui dirige la CDPF, a présenté les conclusions de l’enquête, et la faible performance du pays dans l’IBO 2008 – sa qualification de 9 sur 100 indique que le gouvernement n’offre que peu ou pas d’informations au public, l’empêchant d’avoir un rôle significatif dans le processus budgétaire. Le Dr. Raufa a expliqué que l’accès à l’information peut générer des améliorations dans la qualité des décisions et priorités budgétaires, ce qui, ensuite, rend les fonds publics plus efficaces et équilibrés.
La CDPF a demandé aux participants, spécialement aux médias et au réseau national de surveillance budgétaire, d’exiger plus de transparence auprès des instances gouvernementales concernées: « allez au Ministère des finances et demandez des informations, allez à la Banque centrale et demandez des informations, allez au Comité public national de combat contre la corruption et demandez des informations, allez au parlement et posez des questions, allez à l’institution supérieure de contrôle et posez des questions, allez partout et posez des questions. C’est votre travail et c’est pour cela que vous êtes ici ». Il a aussi demandé aux médias d’accorder davantage d’attention au budget et d’augmenter leur couverture du processus.
Le poster avec les résultats de l’IBO produit par l’IBP pour le lancement a été distribué à l’assistance, qui l’a alors largement diffusé. En outre, la CDPF a produit une vidéo de la chanson de l’IBO “It’s Your Money,” qui illustre le manque de transparence budgétaire au Yémen. La vidéo présente un message clair sur le thème avec des sous-titres en Arabe et une narrative visuelle du problème de grande utilité pour les personnes ne parlant pas anglais pour comprendre le thème et l’importance de la transparence au Yémen.
La CDPF a rapporté les résultats suivants suite au lancement:
La formation de réseaux locaux de surveillance budgétaire créera des opportunités pour augmenter les niveaux de transparence, créer de meilleurs mécanismes de responsabilisation et assurer que les dépenses du gouvernement national et local parviennent aux bénéficiaires en question et soient utilisées de la façon la plus efficace possible.
Les fonctionnaires du Ministère des finances ont promis de publier des documents budgétaires sur la page Internet du ministère pour améliorer le résultat du Yémen dans l’IBO 2010.
Différents journaux ont publié des articles sur l’Enquête sur le budget ouvert 2008, et la nouvelle est sortie dans les journaux télévisés locaux du soir. Cette couverture a généré de nombreuses sollicitudes de la part d’individus et d’organisations de la société civile pour plus d’informations sur l’enquête en Arabe.
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Ateliers de l’Initiative sur le budget ouvert 2010
Le Partenariat budgétaire international a organisé récemment deux ateliers pour 50 des 90 chercheurs qui participent à la version 2010 de l’Initiative sur le budget ouvert (IBO). Le premier atelier de chercheurs de l’IBO 2010 a été organisé à Washington, DC, du 4 au 6 mai 2009, et le second atelier a été organisé à Cape Town, en Afrique du Sud, du 27 au 29 mai 2009. Les deux ateliers ont inclus des participants de l’Afrique subsaharienne, du Sud de l’Asie, de l’Amérique latine et des Caraïbes, du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord et de l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.
La première partie des ateliers avait pour objectif que les participants développent une compréhension en profondeur de la méthodologie pour réaliser la recherche du questionnaire. Dans cette partie de l’atelier, les participants ont souligné l’importance de l’accès à l’information budgétaire et ont révisé toutes les sections du questionnaire. La seconde partie des ateliers était pour que les participants produisent des plans d’incidence sur comment élargir la transparence des systèmes budgétaires dans des pays déterminés. Les participants se sont concentrés sur le lien entre la recherche et l’activisme de l’enquête, et ont également identifié les composants d’une stratégie activiste réussie. En plus des présentations des facilitateurs, les ateliers se sont composés de groupes de discussion et d’exercices de simulation. Les ateliers se sont achevés avec des discussions sur comment l’IBP et ses collaborateurs peuvent diriger une campagne globale de transparence et comment établir et renforcer des normes globales pour la transparence fiscale.
L’IBP a fait en sorte que ces ateliers renforcent l’échange entre les participants pour travailler et s’aider durant la préparation de la rechercher, la diffusion et les activités d’incidence de l’Enquête sur les budgets ouverts 2010. Durant les deux ateliers, les chercheurs de l’IBO de différentes régions ont eu l’opportunité d’interagir les uns avec les autres et de partager des informations sur la gestion financière publique depuis des perspectives nationales et régionales.
En général, l’IBP a reçu des retours positifs de la part des participants de l’atelier qui ont valorisé l’opportunité de réviser la méthodologie de l’enquête avant de commencer à faire la recherche. Ils ont également reconnu ces ateliers comme la base pour « accroître les interactions et la collaboration ».
L’IBP est heureux d’aider ses collaborateurs et les remercie pour leur collaboration dans la préparation de la version 2010 de l’initiative.
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Festival du genre en Tanzanie. Faire en sorte que les ressources publiques soient au service des femmes
La “Feminist Activist Coalition” (FemAct) et le “Tanzania Gender Networking Programme” (TGNP) organisent le Festival du genre 2009 (Tamasha la Jinsia) du 8 au 11 de septembre 2009. Le festival se concentrera sur l’objectif de faire en sorte que les ressources publiques soient au service des femmes marginalisées dans un contexte de démocratie et développement. Lors de cet événement de quatre jours, il y aura des ateliers, des sessions plénières et des expositions orientés vers le renforcement des capacités de la société civile à l’intérieur et hors du pays et du continent africain. Le festival du TGNP est une opportunité pour les experts sur le genre, les activistes des droits de l’homme et autres personnes intéressées par l’échange d’expériences pour faire progresser l’agenda de la démocratie et du développement dans une perspective féministe de genre.
Le festival souhaite fomenter la capacité des participants au niveau national, régional et du district pour s’organiser et exiger des perspectives transformatrices pour la gouvernance et la prise de décisions concernant les politiques publiques et l’allocation des ressources. Ceci pour promouvoir l’équité de genre et la transformation sociale. Certains des thèmes qui seront couverts sont: santé maternelle et reproductive, droits économiques, identité culturelle et documentation de l’histoire des femmes, droit aux ressources et politique autour du VIH/SIDA.
Les organisations de la société civile sont invitées à participer à travers:
la préparation de présentations (travaux, poèmes, vidéos, chansons, shows artistiques, etc.),
l’organisation ou la modération d’un atelier ou débat,
la mobilisation et la modération d’un groupe de leur pays, région, zone, public ou organisation pour assister et contribuer au festival,
la création d’une exposition interactive qui puisse inclure des publications, des photographies, des matériels technologiques appropriés, de l’artisanat, etc., ou
un soutien financier pour des événements spécifiques
Les lignes directrices pour les travaux, études de cas et ateliers seront bientôt disponibles à l’adresse suivante www.tgnp.org. Pour davantage d’informations, contacter le Tanzania Gender Networking Programme (TGNP) à [email protected] ou [email protected] (re: GF 2009).
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Opportunité pour la société civile d’influer sur la réforme de la gouvernance du FMI
En septembre 2008, Dominique Strauss-Kahn, le directeur administratif du Fonds monétaire international (FMI), a établi un schéma de quatre piliers pour la réforme de la structure de la gouvernance du FMI. Les quatre piliers sont:
Office d’évaluation indépendante du FMI
Un groupe de travail des directeurs exécutifs du FMI
Un comité de personnalités
Interaction directe avec des organisations de la société civile (OSC)
Le FMI a développé une page Internet interactive (voir thefourthpillar.org) sur laquelle les OSC peuvent se joindre au débat sur les réformes du FMI et offrir des commentaires sur la structure de la gouvernance du FMI. L’administrateur de la société civile de la page est “New Rules for Global Finance” (voir http://www.new-rules.org/). Les invitations à participer à la consultation seront initialement envoyées par l’administrateur de la société civile; une fois invité, tout membre peut inviter d’autres membres. Pour envoyer votre sollicitude de participation à cette page, envoyez un courrier électronique à [email protected].
Vendredi 10 juillet, l’administrateur de la société civile rendra un résumé préliminaire de trois pages avec les principes, les recommandations et les thèmes à considérer par le conseil directif et le FMI lors des discussions du 22 juillet.
En outre, l’équipe de relations externes du FMI est en train de coordonner une session informelle entre des OSC et le conseil exécutif du FMI à la fin d’août ou début septembre.
Finalement pour le 1er septembre, “New Rules for Global Finance” chargera un auteur indépendant d’écrire un rapport de la société civile sur la gouvernance du FMI pour être étudié par tous les directeurs exécutifs du FMI avant la réunion annuelle les 6 et 7 octobre à Istanbul, en Turquie. Ce travail identifiera des points de consensus et organisera la diversité des perspectives présentées. Les directeurs exécutifs du FMI et leur corps dirigeant auront accès à tous les documents remis à moins que l’auteur exige l’anonymat. Les conclusions seront présentées lors d’un événement parallèle à Istanbul.
Pour davantage d’informations, contacter le directeur exécutif de “New Rules for Global Finance” Jo Marie Griesgraber [email protected], ou l’appeler au 202-277-9390.
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Nouveau membre de l’équipe de l’IBP
Le Partenariat budgétaire international (IBP) est heureux de souhaiter la bienvenue à Jason Lakin comme “program officer” de la “Partnership Initiative”. Jason se trouve à Boston mais déménagera en septembre 2009 à Washington, DC. Avant de rejoindre l’équipe de l’IBP, Jason a terminé son doctorat en Gouvernement et politique sociale et sa recherche post-doctorale en santé globale à l’Université de Harvard. L’angle de la recherche de Jason était la politique économique de la réforme de politique sociale au Mexique (sur l’implantation et le financement pour la santé). Avant de réaliser ses études doctorales, Jason a travaillé brièvement comme chercheur sur les thèmes des impôts et du logement au sein de l’Institut de politique fiscale à D.C. Il a également réalisé des études en Allemagne, au Chili, en Inde, au Mexique, et au Zimbabwe. Il est co-auteur, avec Seymour Martin Lipset, de “The Democratic Century” (2004).
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Opportunité de travail à l’IBP
L’IBP recherche un expert en formation et assistance technique pour travailler avec son équipe internationale.
Responsabilités:
Travailler avec l’équipe de formation de l’IBP pour développer et atteindre les objectifs de formation et d’assistance technique.
Réaliser des évaluations de l’environnement stratégique pour le travail budgétaire de la société civile et la capacité organisationnelle d’éventuelles organisations collaboratrices.
Identifier les besoins de formation et d’assistance technique des organisations pairs.
Concevoir et produire des matériels de formation pour aider les organisations de la société civile à réaliser des analyses de finances publiques et des activités d’incidence.
Conceptualiser et développer des programmes d’études.
Offrir et coordonner l’assistance technique directe pour des organisations individuelles dans les régions cibles.
Identifier des organisations et des opportunités stratégiques pour promouvoir le travail budgétaire de la société civile dans les régions identifiées par l’IBP.
Connaissances, formation et expérience:
Troisième cycle ou expérience équivalente en finances publiques appliquées, politiques publiques ou thèmes liés.
Expérience et connaissances approfondies en méthodes de formation, médiation et développement de programmes d’études.
Au moins trois années d’expérience en formation en analyse budgétaire appliquée, travail d’incidence, finances publiques appliquées ou formation en thèmes de politiques publiques.
Plusieurs années d’expérience professionnelle dans un environnement de développement international.
Capacité à travailler en Anglais et, au moins, dans une autre langue comme le Français, l’Espagnol ou le Portugais.
Le candidat sélectionné sera basé dans l’un des bureaux de l’IBP à Mexico, Washington, DC ou Cape Town, en Afrique du Sud. Si vous ne recevez pas de réponse sous les 15 jours, vous pouvez alors considérer votre sollicitude comme non sélectionnée.
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Versions en français et en espagnol de Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
La version en Français du guide, Our Money, Our Responsibility – Notre argent, notre responsabilité: Guide de surveillance des dépenses publiques à l’intention des citoyens – a été publiée et la version en Espagnol sera bientôt disponible. Les deux versions électroniques du guide seront bientôt disponibles sur la page de l’IBP sur www.internationalbudget.org. Le guide a été traduit en Français et imprimé grâce au soutien généreux de l’Agence canadienne pour le développement international (ACDI) et l’“Open Society Initiative for West Africa” (OSIWA), respectivement. Les versions papier du guide seront distribuées largement aux organisations paires de l’IBP dans les pays francophones et mises à la disposition du public en général.
Le guide reflète la croissance de la perspective du suivi des résultats de dépenses gouvernementales parmi les organisations de la société civile. Il offre une révision de l’implantation du budget gouvernemental, dont l’exécution budgétaire, la procuration, la mesure de l’impacte et les processus d’audit et de vigilance législative. Le guide offre des outils pratiques et testés pouvant être utilisés par des organisations indépendantes intéressées par le suivi des dépenses gouvernementales. Pour demander une copie en français, ou en espagnol du guide, envoyer un message à [email protected].
The Challenges of Institutionalizing Participatory Budgeting: Experiences and Lessons from Vitoria, Brazil by Marta Zorzal e Silva and Mark S. Langevin
Assessing Budget Democracy in Indonesia through the Local Budget Index by Yuna Farhan, Yeni Sucipto, Muhammad Maulana, and Uchok Sky Khadafi, Indonesia Forum for Budget Transparency (FITRA)
Impacts of Public Spending on Health and Rural Development
Revealing Health Spending Research in India and Kenya
Response to IFPRI Policy Brief: Setting Priorities for Public Spending for Agricultural and Rural Development in AfricabyManyewu Mutamba and Leslie Nyagah, Idasa
CSOs Monitor Education Budgets
Civil Society Budget Work: Meeting the Right to Education by Victoria Turrent, Save the Children U.K.
CIPPEC in Argentina Creates Program to Monitor the Law on Education Funding by Alejandro Vera
Technology at the Service of Civil Society Advocacy
“Investigate Your MP’s Expenses”: Online Budget Monitoring Initiative from the Guardianby Delaine McCullough
Cell Phones: Transformative Technology for Civil Society Budget Work by Rocío Campos
Resources and Publications
The Missing Link: Applied Budget Work as a Tool to Hold Governments Accountable for their Maternal Mortality Reduction Commitments
Making the Money Work for the People in Nigeria
Dignity and Defiance, Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization
A Portrait of Egypt: The Squander of Socio-Economic Rights in the Implementation of the Government Development Plan, 2002-2007
Freedom.org
The Accountability Initiative
OBI Trainings and Events
Azerbaijan and Yemen Launch the Open Budget Survey 2008
Open Budget Initiative 2010 Trainings
Announcements
Gender Festival in Tanzania. Making Resources Work for Women
Opportunity for Civil Society to Influence IMF Governance Reform
New IBP Staff
IBP Job Opportunity
French and Spanish Translations of Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
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The Challenges of Institutionalizing Participatory Budgeting: Experiences and Lessons from Vitoria, Brazil by Marta Zorzal e Silva and Mark S. Langevin
In recent years many have celebrated the Porto Alegre model for participatory budgeting (PB), largely a consequence of the Brazilian Workers Party “way of governing” that features direct democratic institutions for policy and budget making. In Brazil, the participatory budgeting process has grown from its initial establishment through Worker Party municipal administrations in the late 1980s, including those in Porto Alegre and Vitória (the capital of Espirito Santo), to over 6,000 municipalities by 2001. While Porto Alegre’s participatory budgeting model evolved through successive Workers Party administrations from 1989 to 2004, Vitória’s PB process was disrupted by turnover in the governing party, which resulted in efforts by newly elected mayors, often with different conceptualizations of PB, to institutionalize their preferred models. Hence, Vitória’s experiences with PB are more representative of what might happen in multiparty Brazil as more jurisdictions adopt PB mechanisms for organizing direct consultations with citizens.
The Political Studies Laboratory at the Federal University of Espirito Santo (LEP-UFES) has conducted numerous research projects that track the different experiences with PB in Vitória and the cities of the greater metropolitan area, including Cariacica and Serra. Among the many publications of LEP-UFES, Euzineia Carlos’ book, Controle Social e Justiça Redistributiva no Orçamento Participativo, and Marta Zorzal e Silva and Bajonas Teixeira de Brito Junior’s edited volume, Participação Social na Gestão Pública: Olhares Sobre as Experiências de Vitória-ES, provide critical analyses of the uneven process of institutionalizing PB structures and processes in greater Vitória and its sustainability over time.
While much research and commentary has focused on who leads and participates in PB processes, LEP-UFES has explored how political parties and coalitions, mayors, appointed executive branch policy leaders, and community leaders and associations erect and then navigate the institutional frameworks through which this form of direct democracy unfolds. While mayoral leadership and social contestation may interact to produce specific PB outcomes in distinct jurisdictions and junctures, LEP-UFES identifies institutional development as a prime indicator of vitality and sustainability of PB for those citizens historically marginalized from the representative institutions of public policy making. In particular, such factors as territorial divisions, institutional support and resources, and oversight of the PB process may play critical roles in empowering citizens to effectively participate in such forms of direct democracy.
The composition of the territorial bases (neighborhoods, entire cities, or greater metropolitan areas) for PB deliberations may extend social control over marginalized communities or empower them to confront the unequal distribution of public services and resources. LEP-UFES has observed and analyzed how variation in the territorial bases that frame PB deliberations (neighborhood, citywide, etc.) and their relationships to executive branch power in Vitória since 1989 affect the extent to which the public can truly participate in the process. During the first Workers Party (PT) municipal administration of Mayor Vitor Buaiz (1989-1992), the structure of the initial PB process reflected an emphasis on the neighborhood, establishing a council with two representatives from each participating neighborhood. This council became an integral part of the structure of Buaiz’s administration and was supported by the Secretariat of Social Action and its Division of Popular Support.
Because of the novelty of this model, Buaiz’s Workers Party administration focused on refining the process and providing participants with trainings and “popular” education to increase the effectiveness of members of the public in the PB process. In 1991 the administration further defined the process, developing PB commissions to work on the budget by addressing various issues, including outstanding policy challenges, infrastructure needs, development of the seven regions composing the city, and the average family income of each region.
The subsequent administration of Paulo Hartung (1993-1996) of the Brazilian Social Democratic Party (PSDB) continued to embrace the PB process but added several distinct institutional reforms. First, the Hartung administration changed the name of the process to Popular Budgeting to better reflect the new mayor’s vision of a participatory process that offered a comprehensive approach to city planning, not just the tallying of neighborhood and regional public works preferences. Hartung transferred PB coordination to the Secretariat of Planning and established a very refined process for measuring the quality of life for each neighborhood and region. The administration developed the Public Works and Actions Indicator that judged projects, in part, according to whether they were of (citywide) or concentrated (neighborhood/region) value,allowing for a more integrated approach to decision making through PB.
Ironically, the next administration, that of Luiz Paulo (1997-2005), continued the Brazilian Social Democratic Party’s rule over the city but derailed the progress of PB as a form of direct democracy. Although Luiz Paulo voiced his support for the PB system, he quickly moved to reform it and eventually control the deliberations. Paulo established seven regional administrations for the city, each with its own mini-mayor who would be responsible for the PB process, and organized PB structures and deliberations so that the mini-mayors could control and even impose their prerogatives upon the process. The Paulo administration also abolished the system of the Public Works and Actions Indicator in order to implement its own planning strategy for the city, while making sure that each Regional Forum (structures established to regulate regional PB deliberations) arrived at compatible policy preferences.
The results were twofold. Through the two terms of Luiz Paulo the PB process was discredited, and participation rates fell as a consequence. Second, the city council moved to counter the administration’s efforts by adopting the Italo Batan law, enthusiastically supported by community groups, which sought to institutionalize the PB process, protecting it against the administrative fiat.
In 2005 Mayor João Coser of the Workers Party assumed the administration of Vitória and worked to restore the vitality and credibility of the PB system. In 2008 he was re-elected, in part because of his work to revitalize the PB process and ensure that open deliberations occur at every territorial base (neighborhood, region, and city wide) in order to develop a comprehensive budget plan that is truly participatory and advances the aspirations of all citizens of the city. Moreover, the new mayor appointed a Budget Council that is held accountable for ensuring that the budget is carried out with transparency and accountability to the PB process and participants.
The level and nature of institutional support and resources can empower or hinder the participation of marginalized communities. With the exception of the Luiz Paulo municipal government, Vitória’s mayors have attempted to support the PB process by linking it to a key administrative secretariat that reinforces the mayor’s support for the process with the resources needed to finance and structure popular deliberations involving thousands of citizens and dozens of community organizations. Under the current administration of João Coser, the PB process is now coordinated by the Strategic Administration Secretariat, indicating the high level of support within the administration. The administrations of Buaiz, Hartung, and Coser have all invested substantial resources to guarantee that participants are trained in PB and have access to the information and data necessary for developing and presenting projects, defining preferences, and holding the administration accountable to the outcomes of the process.
The current Coser administration has deepened institutional support and expanded resources for the PB process in Vitória. Aside from placing the coordination of PB within a key executive agency, creating a Budget Council responsible for ensuring accountability, and guaranteeing deliberations at the local, regional, and city wide levels, the government has created eight policy issue areas for framing PB deliberations: Children, Youth, Afro-Brazilians, Culture, Business, Women, Security, and Solidarity Economics. According to PB participant Cosme Santos de Jesus of the neighborhood Jaburu, “the construction of our neighborhood preschool was a necessity and dream. Nobody believed that one day the construction would take place, but today the project is almost completed. 400 children will be served that previously had to go to the neighborhoods of Ilha de Santa Maria, Consolação and Santa Helena. Today, we have both a voice and vote, and this values each citizen because they now believe that their participation is meaningful.”
The monitoring of the PB process and measures or rules to hold government jurisdictions accountable to both the process and its outcomes are essential to the sustainability of this form of direct democracy. The lessons learned by Luiz Paulo’s administration are clear—institutions matter and can either preclude meaningful deliberations or generate them. Under Paulo, the PB process was under the authority of the regional mini-mayors and controlled so as to produce results that supported the mayor’s municipal planning strategy. After several years, participants found less meaning in the deliberations, ultimately turning to representative democracy to protect the direct democracy institutions of PB both through the passage of the Italo Batan law and in their support for a mayoral candidate who embraced the process. According to one of the recent PB participants, Aureny Scheidegger Amaral of the neighborhood Estrelinha, “I have really enjoyed this form of accounting for public monies because for many years we did not have real Participatory Budgeting.”
Participatory budgeting in Vitória did not evolve in a progressive, linear fashion as is the case of Porto Alegre under the Workers Party. Rather, successive mayors and parties offered contrasting approaches to this form of direct democracy and experimented with different institutional structures to facilitate the process, or in the case of Mayor Luiz Paulo, to subordinate it to his planning preferences. The lessons are clear: participatory budgeting requires committed administrations that provide the resources to support the process and develop and preserve institutions that promote participation, provide essential training and resources to assist all participants, and structure a variety of forums to discuss neighborhood, regional, citywide, and a set of diverse planning issues that provide vitality to the process and sustain it for all citizens and communities.
Bibliography
Carlos, Euzineia. Controle Social e Justiça Redistributiva no Orçamento Participativo. Vitória/ES. EDUFES. 2007.
Zorzal e Silva, Marta and Bajonas Teixeira de Brito Junior. Participação Social na Gestão Pública: Olhares Sobre as Experiências de Vitória-ES. São Paulo. Annablume Editora. 2009.
Marta Zorzal e Silva, Ph.D. is Director of Political Studies Laboratory and Professor of Political Science at the Federal University of Espirito Santo.
Mark S. Langevin, Ph.D. is an Associate Researcher at the Political Studies Laboratory/UFES and adjunct Associate Professor of Government and Politics at the University of Maryland-University College.
Assessing Budget Democracy in Indonesia through the Local Budget Index by Yuna Farhan, Yeni Sucipto, Muhammad Maulana, and Uchok Sky Khadafi, Indonesia Forum for Budget Transparency (FITRA)
The budget advocacy movement in Indonesia began to surface soon after reforms were implemented in the wake of the downfall of the Soeharto regime in 1999. The public began to realize that the budget is one of the state’s most important policy instruments and requires advocacy throughout the budget process to ensure participation, transparency, and accountability. Furthermore, advocacy is needed to help align budget outcomes with the needs of the public. Democracy and decentralization in Indonesia have shifted the focus of public service management to the local level. This shift is an effort to improve public service delivery and, ultimately, the people’s overall welfare. Thus local governance reform is essential for strengthening the ability and will of local authorities to appropriate budgets openly and with the interests of their constituents in mind.
Ten years after the initiation of national budget reforms, reforms at the local level have remained rather stagnant. One of the major problems identified with local budget processes is that there has been little attempt to translate the concept of participatory budgeting into practical and operational terms, making it difficult for the government or members of the public and civil society to monitor and evaluate these local processes. In an effort to measure and address this problem, the Indonesia Forum for Budget Transparency (FITRA) supported by The Asia Foundation, has formulated an instrument to measure the principles of open and accountable budgeting: the Local Budget Index (LBI).
The Local Budget Index is expected to make it easier for the public to assess local governance in their own districts, particularly with regard to the budget. From the perspective of the government, the LBI has simplified self-evaluation and improved its ability to manage the budget by helping to identify weaknesses in their budget processes and practices. Furthermore, the LBI could be used as either an incentive or a punishment to the districts, helping to strengthen the political will to have open and accountable budgets.
The Local Budget Index measures principles of participation, transparency, accountability, and gender equality in the budget development process. Many standards in the LBI instrument are based on the legal framework of local budgeting in Indonesia and to international standards of budget management found in the International Monetary Fund’s Code of Good Practices on Fiscal Transparency, as well as those measured in the International Budget Partnership’s Open Budget Index (OBI).
Indonesia was one of 85 countries included in the Open Budget Survey 2008—a comprehensive analysis and survey that evaluates whether central governments give the public access to budget information and opportunities to participate in the budget process. The Open Budget Index 2008 (OBI) is a comparative measure of the overall commitment of the governments surveyed to budget transparency based on a subset of the Survey’s 123 questions.
Indonesia scored 54 out of a possible 100 on the OBI 2008, which placed it among those countries that provide some information to the public. The United Kingdom scored the highest of all the surveyed countries at 88 out of 100. The unit of analysis used for the Survey was the national budget, known as the APBN in Indonesia. Though the OBI was designed to measure budget transparency and accountability at the national level, the LBI was able to incorporate those components that could be used in the local context, including elements that measure the legal framework of local budgeting and opportunities for public participation.
In formulating the LBI, it was difficult to identify appropriate indicators for open budgeting, in part because of interconnectedness of such principles as transparency and accountability. Another challenge was deciding how to weight the various indicators. Thus all of the indicators and questions in the LBI were given the same weight and value.
The Local Budget Index is currently being field tested in 47 districts in Indonesia. The midterm review found that assessors who had come from NGOs had difficulties verifying answers to the questions used for the index. To address this problem, these assessors carried out in-depth interviews and held multi-stakeholder focus group discussions to gain consensus on the appropriate answers.
In addition to implementing the LBI, FITRA is carrying out an analysis aimed at measuring the correlation between levels of transparency, accountability, and public participation in the budget process (as measured by the LBI) and actual budget allocations. This budget trend analysis also looks at the alignment between planning and budgeting, the responsiveness of the budget to issues of gender equity, the impact of revenue and policy on budget allocation for the social sectors, and budget efficiency.
Revealing Health Spending Research in India and Kenya
The Transparency and Accountability Program (TAP), a project of the Results for Development Institute (http://tap.resultsfordevelopment.org), provided financial and technical support for Civil Society Organizations (CSOs) to conduct research and related advocacy on social sector public spending. Here, we present summaries of the findings of two projects on health spending. The first one was conducted by the Institute of Policy Analysis and Research (IPAR) in Kenya. The second one was conducted by the Indo-Dutch Project Management Society (IDPMS) in India.
The Institute of Policy Analysis and Research (IPAR), an NGO in Kenya whose aim is to develop, implement, and evaluate constructive public policy ideas, was compelled to research the recent decline of Kenyan health and public health care. Even though public spending on health care has been rising recently, there has been no corresponding increase in health outcomes. Significant increases in Kenya’s health budget, from 16 billion Kenyan schillings (Ksh) in 2003-2004 to 27 billion Ksh in 2006-2007 (which represents 7.92 percent of total government expenditures and two percent of GDP for that year) have coincided with decreases in a number of health indicators, such as infant mortality and life expectancy. Between 50-54 percent of health expenditures between 2002 and 2007 went to public health care workers’ salaries, which are significantly lower than those of private sector health workers, especially for doctors and pharmacists.
Budget analysis showing that a significant portion of health expenditures was being allocated to salaries, coupled with the mention in the 2005-2020 National Health Sector Strategic Plan that personnel management needs to be more efficient, led IPAR to conduct a study of public health care facilities in the Machakos district of Kenya to determine the extent and causes of health care provider absenteeism. IPAR hypothesized that absenteeism was a problem contributing to a leakage of public funds. Upon visiting 40 health facilities unannounced, researchers found an average absenteeism rate of 25 percent. According to IPAR’s estimate, employee absenteeism costs the district of Machakos 6,659,832 Ksh (approx. US$107,000) per month. [1] Estimates show that over the course of a year, the accumulated cost, over $1 million, would be enough to build a fully equipped mid-level health care facility. In response to its findings on the causes and fiscal implications of absenteeism, IPAR has offered a number of policy recommendations to begin to remedy the situation, including decentralizing the control of hiring and firing to the local level so management can better assess job performance in relation to employment decisions; monitoring absenteeism more closely; and disciplining frequently absent workers.
The second budget analysis project was conducted by the Indo-Dutch Project Management Society (IDPMS), which is dedicated to fostering the values of economic and social justice and empowering the rural poor in India. Recently IDPMS conducted a study of public health service delivery in the State of Karnataka, India, which has a vast rural poor population. The study aimed to assess the quality and accessibility of Public Health Centers (PHCs) in two districts of Karnataka, Bellary and Chamaraja Nagar, by looking at the budget flows and the organizational structure of local PHCs. The study also examines Karnataka’s three-tiered governance system that resulted from the devolution of financial resources and administrative powers to local government—the Zilla Panchayat (ZP) at the district level, the Taluk Panchayat (TP) at the taluk level (a taluk is a subdivision of a district), and the Gramma Panchayat (GP) at the village level. These Panchayat Raj institutions (PRIs) were created to improve the quality of life for all Indians by promoting more accessible feedback mechanisms for locals to express their needs and formulate policies around them. Assessing public healthcare service delivery and the success of these PRIs requires an understanding of the budget processes of these government institutions.
The Zilla Panchayat is responsible for healthcare purchases for the lower level PRIs. All lower level public health sector employees report to the District Health and Family Welfare Officer, who reports to the CEO of the ZP. After the state makes allocations in the annual budget enacted by the legislature, a “Link Document” is then drafted, which further allocates funds for all activities of all departments under administrative control of the ZP. While the ZP is the repository of all funds that flow from the State to the lower levels, PHCs are able to provide some input on the purchase of pharmaceuticals. The budget for pharmaceuticals is divided into two components, with 60 percent going to centralized purchases of standard drugs for the entire system, while the remaining 40 percent goes to purchase pharmaceuticals specific to local PHCs’ needs.
IDPMS used Public Expenditure Tracking Surveys (PETS), Quantitative Service Delivery Surveys (QSDS), interviews, questionnaires, and some legal and economic data in their analysis. The questions to PHC personnel focused on duties, availability of pharmaceuticals, availability and functioning of equipment, and life amenities provided by the PHC and Health and Family Welfare Department. For patients, the questions focused on their perception of and preferences for healthcare provision, the adequacy of public health facilities, doctor availability, waiting time, and costs. Several understaffing and underfunding problems were identified, as well as irregularities in obtaining and distributing pharmaceuticals at the PHCs. (Although the budget processes for pharmaceutical purchases allows for local-level feedback, PHCs and Gramma governments do not directly receive any funds for purchases.)All of these factors make people opt for private healthcare, even when they cannot afford it.
IDPMS’s preliminary findings document challenges on both the demand and supply sides of public healthcare service delivery in Bellary and Chamaraja Nagar. Supply-side problems discovered generally fall into one of three categories: 1) availability of qualified medical personnel in the PHC; 2) availability of pharmaceuticals and other medical supplies; and 3) a facility’s infrastructure.
The IDPMS study identifies four key policy actions needed to address the underlying problems of the public healthcare system in the districts of Bellary and Chamaraja Nagar: 1) increase the allocation to health and family welfare to two percent of the Net State Domestic product; 2) capture and classify all relevant data on budget flows, jurisdiction, and management of the procurement process at all levels and periodically present them to the public in accessible formats; 3) widely disseminate and increase the accessibility information on service delivery and budget needs, thereby increasing transparency and accountability at the local level; and 4) aggressively promote medical education to ensure a greater supply of medical professionals that will fulfill the demands of the system.
[1] According to more recent exchange rates, 6.6 million Ksh is approximately $85,000.
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Response to IFPRI Policy Brief: Setting Priorities for Public Spending for Agricultural and Rural Development in Africa by Manyewu Mutamba, Leslie Nyagah, Idasa
The International Food Policy Research Institute (IFPRI) recently published a brief titled “Setting Priorities for Public Spending for Agricultural and Rural Development in Africa,’ in which it draws on case studies from both Africa and Asia to reflect on the contributions different types of public spending make to poverty reduction, growth, and welfare outcomes. Manyewu Mutamba and Leslie Nyagah, agriculture sector researchers at the Economic Governance Program at Idasa, a civil society organization based in South Africa, use the brief as a starting point to discuss the impact of agricultural spending on poverty reduction and growth.
The IFPRI brief finds strong positive effects of agricultural spending on growth and poverty reduction. This is not surprising as strong backward and forward linkages with other sectors ensure that investment in agriculture results in high economic and social returns that often filter beyond the sector itself. A number of studies conducted by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) in Eastern and Southern Africa show high benefit-cost ratios for agricultural research and technology improvements. Even at the local level, improved food security and increased agricultural incomes often lead to a suite of positive socio-economic outcomes that include reduced school drop-out rates, reduced household healthcare costs, and lower rates of out-migration. In many countries on the continent, investments that boost agricultural output have generated positive growth and development outcomes, except in circumstances where infrastructural constraints are severely limiting, undermining integration with other economic sectors.
Issues of access, transaction costs, and flow of information are central to the success of agricultural investment and rural development. Due to remoteness and major infrastructural weaknesses in many rural areas in Africa, tackling these bottlenecks is one of the most pressing development challenges. However, rather than being treated as stand-alone investment initiatives, returns from support for agriculture are higher when it is integrated into broader investment projects with more direct and immediate income flows. Otherwise such returns are more likely to occur after a time lag and may mostly benefit the elite segment of the rural population, who are already engaged in economic activities that can take advantage of any improvements in infrastructure.
The IFPRI findings also emphasize the need to target different types of spending geographically to ensure a high return on investment. Despite the difficulty of this approach in practice due to the aggregate nature of national planning and budgeting processes, geographical targeting presents opportunities for a more responsive expenditure regime that addresses the greatest constraints on the sector. The challenges facing smallholder farmers are diverse and often location specific; even similar problems may call for different solutions depending on local circumstances. Levels of poverty also correlate with geographical variables and a more targeted spending regime is better placed to achieve pro-poor outcomes.
In addition to the effects of infrastructure and geography on the outcomes from agricultural spending the IFPRI brief also explores how non-agricultural spending, such as that on education, that can expand income earning opportunities impacts the farming sector and rural households. For example, in the case of Ghana, the brief notes negative growth returns from education spending, which seems to be out of the norm, considering the well documented spin-offs that are associated with rural households that gain access to off-farm income earning opportunities. Studies in a number of sub-Saharan African countries suggest that remittances from family members in off-farm employment often offset costs for addressing labor bottlenecks (e.g., through hiring replacement workers or mechanization) that are associated with out-migration and cash constraints on the purchase of inputs, leading to improved agricultural performance. Asset accumulation and other household investments driven by remittances also create conditions for sustained economic activity at the household level that provides real prospects for escaping poverty. Again, it needs to be noted that these processes play out in a lagged fashion, and returns from investment in education may not be immediately apparent and may even seem to be negative. Furthermore, the already high unemployment rates in many countries may dampen prospects for new income-earning opportunities usually associated with improving levels of education.
Many African governments continue to treat agriculture as a way of life for peasant families, such that concrete commitments for transforming rural livelihoods are few and far between. With only 19 percent of African countries meeting their commitment to allocate more than 10 percent of their national expenditure to agriculture, it is clear that a seismic shift in thinking across the continent will be required before changes start to happen.
Unfortunately, the lack of effective farmer organizational systems and limited support from civil society groups has undermined the ability of smallholder farmers to put pressure on governments through sustained lobbying for adequate share of public expenditure. The paradox of declining budget allocation to agriculture despite its continued high contribution to GDP in most African countries is a significant example of this skewed balance of power. A key gap is the lack of accessible information on budgets and budget processes and analyses of how these affect the welfare of smallholder farmers. Unless they engage with concrete alternative proposals based on empirical evidence, farmer groups, and civil society in general, will remain marginal to processes of public expenditure and priority setting, without an effective voice to influence political decisions that affect the sector. Unless the information imbalances are addressed, the fate of African agriculture will continue to depend on political goodwill rather than the needs and aspirations of the smallholder farmers themselves.
Civil Society Budget Work: Meeting the Right to Education by Victoria Turrent, Save the Children U.K.
Civil Society, Budgets, and Education for All
The Commonwealth Education Fund (CEF) was established in March 2002 to promote civil society participation in the move toward achieving Education for All (EFA). The goals of CEF were to increase public debate around education goals, bring about greater transparency in the education budget, and focus on the needs of children outside the education system. The CEF supported partners in 16 countries to empower communities to monitor spending on education at local and national levels. This involved building the capacity of civil society organizations (CSOs) to influence budget and education policy decisions. This article considers the work of CEF partners in Pakistan and Zambia and outlines the principal lessons learnt from the CEF experience of budget monitoring in the education sector.
Civil society budget work in the education sector has been used to examine whether expenditure is disbursed as planned, whether it has the desired impact, and what is the impact of the education budget on different parts of the population. By building national capacity in budget analysis, tracking, and monitoring, civil society in many countries have used the information generated on public expenditure to advocate for the fulfillment of their right to education.
Pakistan: Understanding Education Budgets
In Pakistan, the CEF supported the Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) to carry out national level budget tracking and monitoring and to empower local communities to demand transparency for public education resources. The CEF also partnered with the Pakistan Coalition for Education (PCE) and the Centre for Peace and Development Initiatives (CDPI), which respectively advocated for increased allocations to education and worked with parliamentarians on the use of public education resources.
The partners in Pakistan used a multi-pronged approach to improving education finance. They conducted analysis of education budgets, built the capacity of communities to track education spending and develop and implement advocacy strategies, delineated and increased the role of civil society in education budget monitoring and advocacy, and strengthened relationships between communities, civil society, and parliamentarians.
The HRCP conducted research to inform advocacy work and debate with policy makers, as well as to strengthen participation in education planning and spending. HRCP publications were widely disseminated, and many CSOs used the recommendations they contained when intervening in education budget debates. This empowered civil society to advocate for increased allocations for education, lobby for improved transparency and accountability, and participate in budget planning with the government.
Both the HRCP and the PCE worked to empower communities and train them to track government spending in order to ensure the effective use of available resources, demand transparency and accountability, and to advocate for an increase in the education budget where shortfalls were identified. This was done through awareness-raising sessions, community dialogues, capacity-building workshops, and policy forums with key stakeholders.
In addition to these efforts, the CDPI worked to develop an interface between the community, stakeholders, and the standing legislative committee on education. The CDPI established a working group that met quarterly to discuss issues related to transparency and accountability in education and facilitated a roundtable discussion on these issues that was attended by PCE members, parliamentarians, and members of the National Assembly.
The real impact of this work was felt in March 2007 when the government of Pakistan announced significant increases in funding for the education sector, committing to an increase in education spending from 2 percent to 4 percent of GDP by 2011.
Zambia: Building Local Level Capacity in Budget Work
The CEF Zambia initiative aimed at widening opportunities for civil society participation in budget expenditure tracking in order to engage with the government on education budget issues. The CEF supported training in budget tracking to increase the capacity of CSOs, school management committees, parent-teacher associations, women’s groups, and school-going children to monitor the government’s basic school grants at school level, as well as national education budget processes.
Operation Young Vote supported CEF partners by coordinating and sharing budget-related information as well as facilitating the production of a budget-tracking tool tailored to the needs of local users and translated into local languages. School development action plans were developed following training on school governance and budget tracking. This led to communities reporting cases of misappropriation of resources and fraud to the District Education Board office. The findings from budget tracking and monitoring school governance were shared through local radio stations, meetings, and other media publications.
Budget-tracking findings were disseminated to officials at the district and national level. The Ministry of Education committed to addressing most of the issues raised. Their commitments were closely monitored by CSOs at the district level and by the CEF partner, the Zambia National Education Coalition, at the national level.
Challenges and Lessons Learnt
These are just two examples of the work of CEF partners. Further challenges and lessons learnt arise from the CEF’s experience in building capacity and enabling civil society organizations to more strategically and substantively influence budgetary decisions and decisions around education budget policy in the 16 partner countries.
Executive control and secrecy are common characteristics of the budget process in many countries, especially at the formulation stage during which expenditure priorities are determined. Moreover, budget work activities may be limited in terms of the ability to gain access to information—in many countries freedom of information laws need to be enacted and implemented to allow for greater budget transparency at all levels of government. Often, there are long delays in receiving responses to requests for information, and in some cases the information may not be disclosed at all. In many countries, the general absence of information on education budgets—particularly in accessible, non-technical forms—seriously hinders the efforts of CSOs to participate in discussions on the distribution of education resources.
There is also a need to build CSOs’ capacity to undertake budget analysis and expenditure tracking. This is one of the biggest challenges to scaling up successful budget work activities. Related to this is the absence of education coalitions in many countries. Unless a wider platform is in place to support capacity building and allow for interagency collaboration and learning, it is difficult to undertake effective budget work activities strengthened by the support and voice of a well-established and nationally recognized platform. More needs to be done to engage ordinary citizens in budget work, creating the demand from members of the public to routinely ask for budget figures and feel that they can affect change is as important as creating the institutions and framework in which this can happen. Building a culture of such wider public participation can only be achieved by demystifying budget work and empowering people with the understanding that they can be part of the change process.
(2008) Civil Society Engagement in Education Budgets: A Report Documenting Commonwealth Education Fund Experience, London, Commonwealth Education Fund.
(2008) Making the Budget Work for Education: Experiences, Achievements and Lessons from Civil Society Budget Work, London, Commonwealth Education Fund.
(2009) A Budget Guide for Civil Society Organizations Working in Education, London, Commonwealth Education Fund.
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CIPPEC in Argentina Creates Program to Monitor the Law on Education Funding by Alejandro Vera
In 2006 Argentina created an education finance law that aims to increase resources for education, science, and technology up to 6 percent of GDP by 2010. The law represented a significant commitment to education from the national and provincial governments. The mechanisms established to reach the progressive financial goals imply a joint effort by both levels of government.
Aware of the strategic importance of this education policy, the Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth (CIPPEC), a non-profit based in Buenos Aires, Argentina, has monitored the law since it was enacted. In the last three years, CIPPEC has published 12 reports that include an annual report for each fiscal cycle, and organized two public events and several trainings on the law for journalists, state officials, and civil society organizations.
Because of CIPPEC’s early leadership on the issue, its monitoring project is now accepted by the government and education stakeholders as the main tool to guarantee the fulfillment of the education finance law. The Ministry of Education asked CIPPEC exclusively to disseminate the data related to provincial authorities’ implementation of the law. National and provincial authorities, teaching unions, education experts, and the media value CIPPEC as a key resource for information on the implementation and implications of the law. For instance, the Minister of Education and the General Secretary of the Confederation of Education Workers in Argentina (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CTERA) participated as speakers in the presentation of the annual report in 2007 and 2008. Even when these two national institutions had changes in their administrations, they maintained their commitment to the monitoring project.
In addition, the project has formed a coalition of civil society organizations, known as the “Committment to Education Financing,” that has taken the lead as a third voice in education policy discussions and serves as a mediator between the government and the unions, which had previously monopolized education finance policy. CIPPEC has trained the coalition’s member organizations and promoted the participation of other state level organizations in the monitoring process, developing a federal network for monitoring education finance activities.
The monitoring project has been instrumental not only in guaranteeing the fulfillment of the law but also in proposing amendments to the law and in institutionalizing the policy therein. This can be seen in CIPPEC’s successful advocacy to ensure that the funds designated by the law to the provinces are disbursed, particularly those related to the national program on compensatory teachers’ wages.
During the last event organized by the monitoring project, Minister of Education, Juan Carlos Tedesco, announced the 2009 debates on reforms to the law on funding for education. The proposed reforms are based largely on the reports produced by the monitoring project. Recently, a commission of provincial ministers of education has been created in order to elaborate a law project, and CIPPEC hopes to have a leading role in the debates and contribute with a set of recommendations for the new text of the law based on the monitoring experience of the last three years.
“Investigate Your MP’s Expenses”: Online Budget Monitoring Initiative from the Guardian by Delaine McCullough
When you go to http://mps-expenses.guardian.co.uk/, you land on a web-based application that allows members of the public to examine hundreds of thousands of expense claims filed by U.K. members of parliament (MPs) over the past four years. Sponsored by the Guardian newspaper, the website is the key tool in an experiment in public budget monitoring aptly named “crowdsourcing.”
In light of recent scandals in the U.K. (and elsewhere) related to MPs’ expense claims, the government’s release of information from all 646 MPs on items they have billed the public for, including receipts for meals, furnishings, travel, and (yes) duck houses, provides an opportunity for the public to call their representatives to account. The Guardian reports that the government has made publicly available over 700,000 individual documents contained in 5,500 PDF files, and—fueled by the belief that “many hands can make light work” of sifting through this huge dataset—the newspaper has called on members of the public to look through the documents for their MPs and highlight those that merit further investigation. The website includes a tracker that indicates that by June 22, over 20,000 individuals had reviewed 171,920 of the 457,153 documents that had been loaded into the online database.
Arming the public with easily accessible data and tips on what to look for (e.g., “food bills, repeated claims for less than £250 [the limit for claims not backed up by a receipt], and rejected claims”), the initiative allows those with Internet access to play a critical oversight role. The “crowdsourcing” initiative is a unique effort by the media to increase public participation in the budget process, which, if a significant amount of abuse in MP expensing is uncovered and made public, has the potential to lead to reforms that ensure that public funds are used more efficiently.
Even though the Guardian’s initiative has limitations (public participation is restricted to those with Internet access and the results of the monitoring exercise are not integrated into an official mechanism for holding MPs accountable), it is an exciting example of how two powerful and important forces of accountability—public oversight of government budgets and an informed and critical media—are uniting to shine a spotlight on misuse of public money.
Expanding opportunities for the public to be involved in monitoring how government budgets are implemented, as this initiative does, can play a key role in effective oversight and improved policy decisions and budget outcomes. Traditionally, official audits of government budgets by supreme audit institutions (SAIs) have focused on whether money was spent in compliance with existing legislation and in line with sound financial management practices. There is increasing interest in expanding the scope of official audits to include a “value for money” assessment—i.e., did the programs and policies funded by the government achieve the desired results? Public input into these types of audits can be invaluable, which is why the Honduran Tribunal Superior de Cuentas (the national SAI) implemented a pilot program in 2007 to solicit information directly from the public on the functioning and effectiveness of eight agencies, including hospitals, schools, and municipalities. The pilot, which involved public meetings organized by the SAI, led to a large number of findings that would most likely not have been identified through a regular audit investigation.
In addition to providing critical information on government activities, public participation in the auditing process has political implications that could result in increased follow up on audit findings. Because SAIs are generally prohibited from playing a direct policy or political role, it is up to legislatures to ensure that the government follows up on audit findings and recommendations. A greater role for their constituents in the audit process increases the pressure on legislators not only to follow up on audits but also to inform the public on the actions taken to address audit recommendations.
The healthy response to the Guardian’s call for public involvement indicates the potential for using communications technology to engage the public directly in the auditing process, as well as in other budget processes. However, while more governments are posting budget information online and providing dedicated email addresses and other Internet-based mechanisms that allow for public input, it has been difficult to get people to actually engage in the process.
Internet access clearly plays a role in whether there is broad involvement in monitoring online data to hold government accountable, but the Guardian initiative points to other factors that may have greater influence on participation. For instance, is it the type of data that is made available that spurs people to get involved? Public ire at the kind of corruption that the Guardian initiative focuses on may generate far more engagement than would trend data on the revenue impacts of changes to the property tax’s depreciation rules. At issue is how to communicate to the public that the property tax data may be less controversial but may have a much greater impact on the amount of resources the government has to fund such critical public services as health care and education.
However, providing the data and effectively communicating its importance may not be enough to engage people who do not understand the data. The reports on the expense reimbursement requests are fairly easy for the average non-technical person to grasp; this may not be the case with the depreciation data. Therefore, providing guidance in simple and accessible formats on what the data means and how to read it is likely to be a key step in efforts to increase public participation in budget monitoring.
In addition to the type of data made available, the unique—though unintended, on the part of the government—partnership between the U.K. government, the media, and the public was probably an important factor in the success of the initiative. Both the government and the Guardian posted the data in an accessible form within user-friendly platforms (visitors to both websites can quickly access the documents submitted by their MP without having to sift through reams of data). However, the initiative by the Guardian increased the pool of potential users of the data: the paper’s website (www.guardian.co.uk) boasts 9.7 million monthly users, nearly 3 million more than the government’s public website where the data is posted (www.direct.gov.uk).
More important, the Guardian’s exercise gave people an opportunity to actually do something (other than punish individual MPs at the ballot box) that ultimately might improve the system that allowed abuse to occur. Providing people with a means to channel their anger into a coordinated effort to investigate and publicize questionable claims and potentially call for systemic reform may have resulted in greater participation than releasing the data alone would have.
Although the Guardian’s experiment in “crowdsourcing” does not provide definitive answers on how to overcome the “demand-side” challenge in engaging the public in budget and oversight processes, it demonstrates that such online initiatives, particularly those that involve both the government and a critical and independent media, have the potential to strengthen accountability and, therefore, budget outcomes.
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Cell Phones: Transformative Technology for Civil Society Budget Work by Rocío Campos
Is Jeffrey Sachs exaggerating when he says that the cell phone is the single most transformative technology for development? Indeed, the use of cell phone technology in developing countries has increased dramatically. According to Rohit Singh, research officer at the Overseas Development Institute, “the number of mobile subscribers globally is estimated to have reached four billion in 2008, with mobile penetration reaching 61 percent. Around 58 percent of subscribers are in developing countries, and subscriber growth in Africa—more than 50 percent per year—is the highest in the world” (see http://www.odi.org.uk/resources/download/2846.pdf). Such widespread use has had an impact on the international development community that now sees cell phones as accessible tools in their efforts to alleviate poverty.
The increased use of cell phones in development is driven by two sets of factors. First, many rural and urban areas lack landline infrastructure or accessible and affordable Internet or email services. The second set of factors relates to convenience, cell phones offer portability, instant voice communications, short-messaging service (SMS), Internet access, and photo functionality. Combined these factors make cell phones a suitable tool for the rapid dissemination of messages to a network of supporters with a specific call to action, cutting response time considerably.
For example, Rashida Dohad, from the Omar Asghar Khan Development Foundation in Pakistan, reports that cell phones played a critical communications and response role during the campaign for the rule of law led by Pakistan’s lawyers and supported by civil society (including the Foundation) from 2007-09. The campaign used cell phones to send text messages to inform participants about meetings, protests, and even arrests. Rashida recounts that an activist friend sent a text message to others as she was being arrested from her home early in the morning. This ensured that the campaign activists were aware of her arrest even before she had left her house. Prompt action ensured her release within a few hours.
In an interview with Katrin Verclas, mobile communications expert, featured in the IBP Newsletter No. 44, we discussed some of the innovative ways in which advocates are using cell phones. But when I asked IBP partners to send us examples of how they might be using cell phones in their budget analysis and advocacy, the overwhelming response was that though few were currently using cell phones in their work, most were interested but didn’t know where to start. In this article, we look at some additional examples of how organizations around the world have taken advantage of cell phone technology to further their advocacy and suggest possible ways that civil society budget groups might use this technology to strengthen their budget analysis, monitoring, and oversight work. It is important to note that not all of the suggestions below will be appropriate for all contexts. Each group will need to evaluate their budget and political environment and identify those most appropriate.
The ideas presented below are just to get you thinking, please send us your ideas for ways you and IBP’s partners might use cell phones in their work at [email protected]. We will share those ideas that we receive in the next newsletter.
Mobilize a Constituency
Amnesty International-Netherlands is one example of how the power of text messaging can further the organization’s work and attract new members by engaging them in a specific campaign. Through urgent action appeals Amnesty International was able to build awareness of the campaign against torture and engage new followers to respond to cases of torture. SMS technology is a perfect fit for Amnesty’s work to stop torture as a rapid response to arrests and “disappearances” is critical.
The first step in an SMS mobilization campaign is to get potential activists to sign up to receive action alerts. In addition to signing up older people through such traditional venues as churches and libraries, Amnesty focused on recruiting younger activists through its website and by asking pop stars to make announcements at concerts and encourage attendees to call Amnesty on the spot to sign up. Over 5,000 people signed up for the SMS Urgent Action campaign in the Dutch section of Amnesty, agreeing to receive alerts and calls to action via SMS; of these 500 became paying members. About 39 percent of the cell phone campaigns conducted by Amnesty in 2002 were successful achieving the release of prisoners of conscience, finding people who had “disappeared,” and sabotaging death sentences.
Civil society budget groups also often need to mobilize fellow supporters and attract new advocates to campaigns. In both instances, budget groups face the task of getting key messages to specific audiences, such as legislators, journalists, fellow advocates, and citizens, in a timely way during the budget process. A variety of methods can be used to craft the messages and disseminate and promote them, including cell phone technology.
Some of the methods used by civil society budget groups to develop messages for their target audiences include focus groups and polling. In addition, they rely on input from coalition partners, internal staff, policy makers, and other advocates. To gather such input, budget groups could use cell phones to survey constituents and to streamline the exchange of feedback and ideas amongst a large number of constituents.
Once messages are crafted, groups use a number of strategies to deliver them to their target audiences, including press conferences, action alerts to networks, newsletters, lobbying, websites, and email. Civil society budget groups also can use cell phones to ask people to take action—by joining a petition or testifying at hearings. They can also be used to gather information on the results of these petitions, which can later be posted on a blog or website.
For example, Kubatana, a local NGO in Zimbabwe that promotes human rights and good governance, used a combination of SMS and email to ask people: “What would you like a free Zimbabwe to look like?” SMS was used to blast the messages out and to collect responses, which were then distributed via an electronic newsletter and posted on the Kubatana Community Blog (see http://www.kubatanablogs.net/kubatana/?p=474). Kubatana used SMS Frontline to manage its incoming and outgoing messages, which is a common solution for NGOs in the developing world interested in using SMS in their work.
In addition to using cell phones to gather information, formulate messages, and deliver them as part of a campaign, budget groups can use their cell phones for better planning and coordination around a public hearing or social audit. The first step is to ask residents to sign up to receive SMS messages about the hearing in your initial contact with them. You can then use this list to inform residents about the location of the hearing and the topic to be discussed, e.g., contracting and management aspects of a specific public infrastructure project. By making outreach more efficient, budget groups will free up time for other mobilization activities that reach those without cell phones or other electronic communications (i.e., Internet and email).
During the public hearing, civil society advocates can use their cell phones to report to the media any unexpected developments. And after the public hearing or social audit, advocates can use their cell phones to call on all those on their SMS network to contact the pertinent authorities and request that they audit problematic programs or projects.
Strengthening the ability of groups to inform and mobilize activists around a planned event is critical, but cell phones also can help when the unexpected happens. Civil society budget groups can use SMS technology to enhance their ability to respond quickly to changing events and mobilize their activists. For example, if you are working to ensure that funding for a specific health care program is included in the budget and are in a hearing where funding is being discussed, SMS technology could enable you to instantaneously alert your activists to any proposals to cut funding, thus allowing for an immediate response to legislators.
Enhance Communication and Facilitate Budget Monitoring in Conflict or Disaster Zones
Often in areas of conflict or natural disasters, phone lines are cut and Internet and email access is interrupted, leaving cell phones as one of the only reliable means of communication. This was the case in Chad, when the outbreak of violence coincided with the Open Budget Index 2006 research. The entire 122-question survey was completed and vetted via text messaging between the researcher in Chad and IBP staff in Cape Town and D.C.
In an another example of cell phone use in conflict zones, Interaction Belfast created a cell phone network to prevent outbreaks of violence between volatile neighborhoods in Belfast. Volunteers in both Catholic and Protestant communities were given cell phones to communicate with their counterparts when rumors of violence start to spread. The widespread use of cell phone technology facilitated rapid responses to ongoing abuse. In Northern Ireland, cell phones made communication possible even when the two sides did not at first have a particularly strong relationship but shared a commitment to ending the violence.
This experience suggests the potential of cell phone technology in complex environments. For example, civil society organizations could use cell phones to monitor reconstruction projects in a post-conflict zone. Cell phones could be used to collect information that will build useful databases of the details on the implementation of reconstruction projects in cooperation with local and international universities, think tanks, and NGOs with expertise in data collection. These details could include such information as: Where is the money coming from? How is it being spent? And where is it being spent? The findings could then be shared amongst all stakeholders via SMS.
In many post-conflict situations where communication is not easy because of the threat of recurring violence, cell phones could play an instrumental role in developing accountability monitoring mechanisms. Project monitors can use SMS to report on particular projects, but more important in volatile environments, to alert others in emergencies. It is in the interest of all the stakeholders involved in providing aid for post-conflict reconstruction projects (governments, bilateral or multilateral donors, international financial institutions, private-sector companies, and local groups) to invest in cell phone technology for better data collection and greater transparency.
Monitoring the use of financial aid for relief and reconstruction after a natural disaster is crucial in ensuring that aid flows are sufficient, targeted effectively, and spent efficiently. Following the devastation in Nicaragua wrought by hurricane Mitch in 1998, civil society was concerned with the government’s management of the resulting international aid flows. In response, a local civil society network, “Coordinadora Civil,” undertook a social audit of communities’ perceptions of aid delivery.
The audit was carried out through surveys and interviews with a total of 10,528 households located in 61 municipalities. The large number of affected communities increased the difficulty of measuring the distribution of aid. In a situation like this cell phone technology could improve the collection of information.
Gather Information and Influence Key Stakeholders
The African Medical and Research Foundation (Amref) and its partner Farm-Africa in Katine, Uganda, are planning to use mobile phone technology to improve agricultural marketing practices. In Uganda, the cost of cell phones and service is higher than many can afford. In response, Amref is planning to equip farmers with cell phones, a noticeboard, and a calculator and take them to visit town markets. The idea is to enable villagers to bypass middlemen and find out the best prices for their crops (see http://www.guardian.co.uk/katine/2009/jan/04/katine-uganda-africa-mobile-phones).
Civil society groups could use cell phones to enhance their ability to gather data during budget tracking and monitoring activities. Here, community monitors work to gather qualitative and quantitative information on the goods and services received by a community, often at far flung sites. Community members collecting data in different localities could use cell phones to send messages documenting the delivery of defective goods and inform their fellow monitors, journalists, or local authorities.
Another way in which cell phones can contribute to the debate on the use of public resources is being explored by the Parliamentary Center in Canada (see http://www.parlcent.ca/), which works to improve the effectiveness of representative assemblies around the world. As part a new initiative to serve parliaments and legislatures, the Center is exploring the feasibility of using text messaging to link citizens and members of parliament. At a 2007 Overseas Development Institute (ODI) meeting on how parliaments in developing countries can contribute to poverty reduction. Rasheed Draman, director of Africa programs noted the importance of mobile phones in disseminating information. Their importance is in evidence across Africa, where Draman and his team are gearing up for a big new budget oversight program. Among other things, the program aims at strengthening parliamentary responsiveness to citizens by increasing their opportunities to participate in the budget process, and to do so with more and better information available to them.
I hope that these examples and ideas get you thinking about how you might use cell phone technology in your budget work. If you are interested in doing so, here are some initial steps to follow:
Learn more about how other NGOs are using cell phones in their advocacy efforts (e.g., regular calls, text messaging, taking photos as a way to gather data on functioning of public utilities and quality of capital projects, etc.).
Consider the needs and characteristics of your organization and target audience.
Examine your current advocacy strategy methods and identify the instances where cell phones can strengthen your strategy.
If you are currently using electronic advocacy tools, evaluate if you should integrate cell phone technology into your strategy.
If you decide to do an SMS campaign estimate the costs involved in licensing a campaign through a contract with a specialized vendor, find out about per-message monthly fees, and buying and installing adequate software. The following website offers some guidelines on steps to follow: http://ezinearticles.com/?Step-by-Step-Guide-to-an-SMS-Campaign&id=24951.
Build and maintain a list of contacts (members of organization or coalition, journalists, members of parliament, etc.) that you would want to reach through text messages. Kubatana, mentioned in this article, offers useful suggestions on how to build lists and attract supporters (see https://archive.internationalbudget.org/kubatanatrainingmanual.doc).
Recruit volunteers with cell phones.
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The Missing Link: Applied Budget Work as a Tool to Hold Governments Accountable for their Maternal Mortality Reduction Commitments
The International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights (IIMMHR) and the International Budget Partnership (IBP) are happy to announce the publication of The Missing Link: Applied Budget Work as a Tool to Hold Governments Accountable for their Maternal Mortality Reduction Commitments. This joint publication explores the relevance of civil society budget analysis and advocacy and its potential as a tool to hold governments accountable for their commitments around maternal health. The brief discusses three recent examples of civil society groups engaged in budget analysis and advocacy: Fundar, Center for Analysis and Research in Mexico; Women’s Dignity in Tanzania; and the Center for Budget and Governance Accountability in India. The work and experiences of these organizations underscore that the lackof real progress in reducing maternal mortality is unquestionablylinked to the failure of governments to make maternal health abudget priority. Their work has found that even though resourcesto address this issue exist—and may continue to grow—they arenot necessarily being allocated correctly or spent effectively.
Both the IIMMHR and IBP hope that this paper will contribute to the growing literature around maternal mortality, human rights, and budgets and that it will provide maternal health activists with new approaches and avenues for advocacy and government accountability.
To learn more about the IIMMHR, its partners, and IBP’s contributions, we cordially invite you to visit the newly launched IIMMHR website at www.righttomaternalhealth.org.
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Making the Money Work for the People in Nigeria
The Nigerian NGO Journalists Against AIDS (JAAIDS) has carried out different activities as part of their budget monitoring initiative to strengthen the national response to HIV and AIDS. In the book Making the Money Work for the People (http://www.nigeria-aids.org/documents/MakingTheMoneyWorkForThePeople.pdf), JAAIDS presents research on budget allocation and money available from debt relief to fund HIV/AIDS interventions in Nigeria in 2006 and 2007. However, documenting these allocations is just one step in the accountability process, as stakeholders at several forums and book reviews held by JAAIDS have commented. It is also important to take the next step of identifying the actual amount spent on HIV/AIDS intervention.
JAAIDS conducted budget expenditure analysis to encourage responsible and precise implementation of HIV/AIDS programs at the national, state, and community level. The research analyzes and documents budget disbursements of six selected federal ministries (health, education, defense, women affairs, agriculture and water resources, and labor) towards the implementation of HIV/AIDS programs in 2006 and 2007.
JAAIDS’s major constraint on their budget expenditure research was the difficulty faced in gaining approvals for the release of documents from the line ministries. However, following due process, the research team was able to access budget documents from the office of the Accountant General of the Federation (OAGF). Although these documents contained a summary of amounts released to ministries, departments, and agencies for HIV/AIDS-related activities, further research is needed at the audit stage of the budget process to ensure that activities were effectively implemented.
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Dignity and Defiance, Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization
The Democracy Center based in Cochabamba, Bolivia, recently published Dignity and Defiance, Stories from Bolivia’s Challenge to Globalization. One of the cases examined in the book traces how International Monetary Fund (IMF) pressure on the Bolivian government to reduce its deficit spiraled into a proposed tax increase on the poor and a public revolt and government repression that left 34 people dead. Another case looks in detail at the decades-long struggle by Bolivia to secure fair revenue in exchange for its formidable gas and oil resources, including recent “nationalization” efforts by the government of President Evo Morales. These cases and others in the book are based on extensive interviews with government officials, civil society activists, and representatives of international financial institutions.
——————————————————————————————————————— A Portrait of Egypt: The Squander of Socio-Economic Rights in the Implementation of the Government Development Plan, 2002-2007
The Egyptian civil society organization, Budgetary and Human Rights Observatory (BAHRO), has released a report titled A Portrait of Egypt: The Squander of Socio-Economic Rights in the Implementation of the Government Development Plan, 2002-2007. The report addresses how the implementation of the government’s previous five-year development plan fulfilled socio-economic rights. In addition to analyzing the plan’s budget and the effect its expenditure policies had on socio-economic rights, the paper reports on the discussions held by members of the People’s Assembly and their opinions on the five-year plan.
The report concluded that the five-year plan had failed to meet its targets, according to the indicators set by the planners themselves. Further, it attributed this failure directly to a decline in public investments in economic, social, and cultural rights. Public investment in education decreased by 36 percent over the course of the last five-year plan, when individual shares of real expenditure on education also decreased.
Public expenditure on health decreased by 25 percent during that same period, which meant that the target to reduce the birth rate was not realized, nor was the desired decrease in the mortality and maternal mortality rates realized. The situation is not much better when it comes to housing and public utilities. The plan failed to increase the number of housing units, reaching only 87 percent of the overall target, and only 62 percent of the rural housing target. Only 84 percent of the targeted sanitation projects were completed, even though investments in sovereign areas increased noticeably during this period.
BAHRO executive director, Helmy Elrawy, called on the People’s Assembly to withdraw confidence from the government during discussions on the upcoming budget and demanded that the finance minister respect the most recent constitutional amendments by presenting the next budget proposal to the People’s Assembly at least three months before the start of the new fiscal year. BAHRO rights and budgets director, Ahmed El-Hawit, demanded that a permanent mechanism be created for monitoring the implementation of the plan as set by the People’s Assembly, and that the monitoring body includes members of civil society in order to guarantee transparency.
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Freedominfo.org
This online community (Freedominfo.org) offers resources about freedom of information laws and movements around the world. This initiative centers on a web portal that aims to be the online institutional memory of freedom of information (FOI) campaigns throughout the world. It is a gathering place for members of a global network of advocates sharing an interest in citizens’ right of access to government information. Information on the site may be accessed in various ways, such as country-specific background, documents, news, and links related to FOI in more than 65 countries.
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The Accountability Initiative
The Centre for Policy Research, New Delhi has recently launched The Accountability Initiative, a new website designed to be a comprehensive source on the state of accountability in India, making available information on civil society experiments, accountability tool kits, and relevant research and analytical work. The website also aims to showcase ongoing research and projects undertaken at the initiative.
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Azerbaijan and Yemen Launch the Open Budget Survey 2008
In addition to the regional and national Open Budget Survey 2008 releases we reported on in the last issue, several IBP partner organizations have held national launch events in the weeks and months following the international release on February 1, 2009. Groups made particular efforts to use these launches as advocacy opportunities, engaging in media outreach to further disseminate the Survey and making policy recommendations to legislators and other government officials on how to make their countries’ budget processes more open and accountable. We will continue to report on these events and activities as they occur.
On February 11, the National Budget Group (NBG) in Azerbaijan held an event to release the Survey results, which drew participants from various embassies, international organizations, international financial institutions, national and community-based civil society organizations, legislators, and officials from the Ministry of Finance and other government bodies, including the heads of the Budget Department and the Income Planning Department. The PublicFinanceMonitoring Center, a member and one of the founders of the NBG, implemented the Survey in Azerbaijan.
Kenan Aslanli of the NBG presented the results of the Survey, which found that Azerbaijan does not provide the public with enough information during the budget process to hold the government accountable for how it manages the public’s money. Azerbaijan’s score of 37 out of a possible 100 on the Open Budget Index 2008 (OBI)—a comparative measure of budget transparency derived from a subset of questions from the Survey – places it 50th of the 85 countries in the survey and among the 16 countries that provide the public with “minimal” budget information.
While the official representatives acknowledged NBG for its work on the Survey and noted the importance of the Open Budget Initiative, they rejected some of the Survey’s findings on the availability of budget documents. NBG experts Ingilab Ahmadov, Rovshan Agayev, Kenan Aslanli, and Zohrab Ismailov responded to the Ministry of Finance’s position: “Of course, all budget documents are produced. The problem is with their accessibility. The public and experts do not have access to them; we usually need to ask MPs or use other informal ways to obtain these documents. There are websites for almost all ministries, why not post the documents on them?”
During the discussions it became clear that both civil society and government share an interest in increasing transparency and accountability in the country’s budget process. The Ministry of Finance responded positively to NBG’s call for government to work with civil society to improve Azerbaijan’s OBI score in 2010.
National Budget Group presents findings of the Open Budget Survey 2008 to media, civil society, and government
National Budget Group presents findings of the Open Budget Survey 2008 to media, civil society, and government
The Cultural Development Program Foundation (CDPF) in Yemen held its launch of the Open Budget Survey 2008 on March 21, Yemeni Mother’s Day, to emphasize the link between budget transparency and accountability for the efficient and effective use of public resources and the achievement of the Millennium Development Goals. The event took place in Sana’a and was attended by the media, civil society organizations from Sana’a and the other governorates involved with the Budget Monitoring Network formed by CDPF, members of the Anticorruption Council, members of parliament, and a number of Ministry of Finance officials.
Dr. Raufa Hassan, chairperson of the CDPF, presented the findings from the Survey, including Yemen’s poor performance on the OBI 2008—its score of 9 out of 100 indicates that the government provides, scant or no, information to the members of the public, barring them from any meaningful role in the budget process. Dr. Raufa emphasized that access to information would lead to improvements in the quality of decisions made on spending priorities in the budget, leading to more effective and balanced use of public funds.
The CDPF called on the participants, especially members of the media and the National Budget Monitoring Network, to petition the relevant government institutions for greater transparency: “Go to the Ministry of Finance and ask for information, go to the Central Bank and ask for information, go to the National Public Committee to Combat Corruption and ask for information, go to the Parliament and ask, go to the Central Organization for Auditing and Accounting and ask, go and ask them all. That is your job and that is why you are here.” The media was also encouraged to pay closer attention to the budget and to increase its coverage of the process.
The poster with the OBI rankings that the IBP produced for the release was distributed to the launch event attendees who, in turn, made it widely available. In addition, the CDPF produced an accompanying video to “It’s Your Money,” the OBI campaign song, that illustrates the lack of budgetary transparency in Yemen. This video gives a clear message about the issue with Arabic subtitles, and a visual narrative of the problem, thus helping non-English speakers to understand the issue and the importance of transparency in Yemen.
The CDPF reported the following outcomes of the launch:
The formation of local budget monitoring networks, which will open up opportunities for more budget transparency, create tighter accountability channels, and ensure that expenditures from national and local governments actually reach the intended beneficiaries and are spent as efficiently and effectively as possible.
Ministry of Finance officials have promised to put available budget-related documents on the ministry’s website in an effort to improve Yemen’s performance on the OBI in 2010.
Several newspapers published articles on the Open Budget Survey 2008, and the story was broadcast on the local evening news. This coverage has led to numerous requests from individuals and civil society organizations for more information on the Survey in Arabia.
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Open Budget Initiative 2010 Trainings
Recently the International Budget Partnership hosted two trainings for approximately 50 of the 90 researchers participating in the 2010 round of the Open Budget Initiative. The first OBI 2010 researcher training was organized in Washington, DC, on 4-6 May 2009, and the second training was held in Cape Town, South Africa, on 27-29 May 2009. Both trainings included participants from sub-Saharan Africa, South Asia, Latin America and the Caribbean, the Middle East and North Africa, and Eastern Europe and Central Asia.
The first part of the trainings was focused on participants developing an in-depth understanding of the methodology to be used to complete research on the Open Budget Questionnaire. During this segment of the training, participants highlighted the importance of access to budget information and reviewed all sections of the Open Budget Questionnaire. The second part of the trainings encouraged participants to produce draft advocacy plans on how transparency in budget systems can be expanded in targeted countries. Participants focused on the link between Open Budget Survey research and advocacy, as well as on identifying the components of a successful advocacy strategy. In addition to presentations by the facilitators, the trainings involved group discussions as well as role play exercises. The trainings ended with discussions about how IBP and its partners could take the lead in a global transparency campaign and establish and strengthen global norms for fiscal transparency.
The IBP also intended for these trainings to strengthen a peer network of researchers who can work with and assist one another with the Open Budget Survey 2010 research and dissemination and advocacy. During both trainings, OBI researchers from various regions had an opportunity to interact with one another and to share information about public financial management from national and regional perspectives.
In general the IBP received positive feedback from training participants, who valued the opportunity to revise the Open Budget Survey methodology before they commence their research. They also recognized these trainings as the basis for “great interactions and far stronger partnerships.”
The IBP is glad to have had an opportunity to host our partners and to strengthen our collaboration with them, and we look forward to commencing with the 2010 round of the Open Budget Initiative with the support of our partners.
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Gender Festival in Tanzania. Making Resources Work for Women
The Feminist Activist Coalition (FemAct) and the Tanzania Gender Networking Programme (TGNP) are organizing the 2009 Gender Festival (Tamasha la Jinsia) from 8–11 September 2009. The festival will focus on Making Resources Work for Marginalised Women within the broad theme of Gender, Democracy and Development. This four-day event will feature workshops, plenary sessions, and exhibitions geared towards strengthening civil society skills in and outside the country and beyond Africa. TGNP’s festival provides a major opportunity for gender practitioners, human rights activists, and others to exchange experiences in order to further the democracy and development agenda from a gender feminist perspective.
The festival hopes to enhance participants’ capacity at the district, national, and regional levels to organize and demand transformative approaches to governance and decision-making on policies and resource allocation, in order to promote gender equity and social transformation. Some of the themes that will be covered include: reproductive and maternal health, economic rights and livelihoods, cultural identity and documentation of her-stories, right to resources, and politics of HIV/AIDS.
Civil society organizations are invited to participate by
preparing a presentation (e.g., paper, poem, video, song, art performance),
organizing or facilitating a workshop or debate
mobilizing and facilitating a large group from your country, region, area, constituency or organization to attend and contribute to the festival,
creating an interactive exhibition that may include publications, photographs, appropriate technology materials, handcrafts, etc.
offering financial support and fundraising to support specific events
The guidelines for papers, case studies, and workshops will soon be available online at www.tgnp.org. For further information, contact Tanzania Gender Networking Programme (TGNP) at [email protected] or [email protected] (re: GF 2009).
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Opportunity for Civil Society to Influence IMF Governance Reform
In September 2008, Dominique Strauss-Kahn, the managing director of the International Monetary Fund (IMF), laid out a four-pillar approach to reform the governance structure of the IMF. The four pillars are:
IMF Independent Evaluation Office of the IMF
A working group of the IMF executive directors
A committee of eminent persons
Direct interaction with civil society organizations (CSOs)
The IMF developed an interactive website (see thefourthpillar.org) where CSOs can join the debate on IMF reforms and offer feedback on the IMF governance structure. The CSO administrator of this website is New Rules for Global Finance (see http://www.new-rules.org/). Invitations to participate in the consultation will be initially sent out by the CSO administrator, once invited any member can invite other members. To send your request to participate in the website, send an email to [email protected].
On Friday, July 10, the CSO administrator will submit a preliminary three-page summary of the principles, recommendations, and issues to be considered by the board of governors, IMFC, and executive board for their discussion in July 22.
In addition, the IMF external relations team is coordinating an informal session between CSOs and the IMF executive board in either early or late August, or early September.
Finally by September 1, New Rules for Global Finance will commission an independent author to write a “CSO Report on IMF Governance” for consideration by all IMF governors and executive directors (EDs) in the lead-up to the October 6-7, 2009 Annual Meetings in Istanbul, Turkey. This paper will identify points of consensus, as well as catalog the diverse range of views submitted. IMF EDs and governors will have access to all documents and submissions, unless the author(s) request anonymity. The findings will be presented at a side event in Istanbul.
For further information, contact New Rules for Global Finance Executive Director Jo Marie Griesgraber at [email protected], or call 202-277-9390.
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New IBP Staff
The International Budget Partnership (IBP) is pleased to welcome Jason Lakin as a program officer for its Partnership Initiative. Jason is currently based in Boston but will be relocating to IBP’s Washington, DC, office in September 2009. Prior to joining IBP, Jason completed his Ph.D. in Government and Social Policy and post-doctoral research in Global Health at Harvard University. The focus of Jason’s research was on the political economy of social policy reform in Mexico (particularly health financing and implementation). Before graduate school, Jason worked briefly as a researcher on tax and housing issues for the D.C. Fiscal Policy Institute. He also has studied and conducted research in Chile, Germany, Mexico, India, and Zimbabwe. He is the co-author, with Seymour Martin Lipset, of The Democratic Century (2004).———————————————————————————————————————
The IBP is seeking a trainer/technical assistance provider to work with its international team.
Responsibilities:
Work with the IBP training team in developing and achieving training and technical assistance objectives.
Conduct assessments of the strategic environment for civil society budget work and the organizational capacity of potential partners.
Undertake training and technical needs analysis of partner organizations.
Design and produce training materials to assist civil society organizations to undertake applied public finance analysis and advocacy.
Conceptualize and develop curricula.
Provide directly and coordinate one-on-one technical assistance/mentoring to individual organizations in the targeted regions.
Identify organizations and strategic opportunities to undertake and promote civil society budget work in the IBP targeted regions.
Knowledge, education, and experience:
Post-graduate qualification or equivalent experience in applied public finance, public policy, or related subject.
In-depth knowledge and experience in training methods, training provision, facilitation, and curriculum development.
At least three years experience in providing training in applied budget analysis and advocacy work, applied public finance, or public policy-related training.
Several years of experience working in an international development environment.
Ability to work in English and one other language is required, e.g., French, Spanish, or Portuguese.
The successful candidate will be based at one of the IBP offices in Mexico City, Mexico; Washington, DC; or Cape Town, South Africa. Please consider your application unsuccessful if you have not received a reply within 15 working days of your application.
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French and Spanish Translations of Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
The French version of IBP’s guide, Our Money, Our Responsibility – Notre argent, notre responsabilité: Guide de surveillance des dépenses publiques à l’intention des citoyens – has been published, and the Spanish version of the guide will soon be available for distribution, as well. The electronic version of the guide is available on the IBP’s website at: www.internationalbudget.org. The guide was translated into French and printed through the generous support of the Canadian International Development Agency (CIDA) and the Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), respectively. Hard copies of the guide will be distributed widely to IBP’s partner organizations in Francophone countries and will also be available upon request.
This guide reflects the growing focus of civil society organizations on monitoring the results achieved by government expenditures. It offers an overview of government budget implementation, including budget execution, procurement, impact measurement, and auditing and legislative oversight processes. The guide provides practical, tested tools that can be used by independent organizations interested in monitoring government expenditures. To order a copy in French or Spanish, send an email to [email protected].
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