Newsletter No. 47 – Spanish

Iniciativa de presupuesto abierto 2008

  • Resumen de los hallazgos de la iniciativa de presupuesto abierto 2008 por Harika Masud y Julie Seiwell
  • Reacciones gubernamentales a la encuesta de presupuesto abierto 2008 por Harika Masud
  • ¿Porqué mejoró la calificación de Kenia en el OBI? por Bonfas Owinga, Social Development Network
  • Estrategias de incidencia usando los resultados de la encuesta de presupuesto abierto 2008 por Rocío Campos y Julie Seiwell

Transparencia y rendición de cuentas: Recaudación y gastos

  • Reporte de “Global Integrity: 2008” encuentra que la principal amenaza de corrupción global es la falta de regulación financiera en procesos políticos
  • Impuestos y gasto son dos caras de la misma moneda: participa en el análisis de impuestos por Katarina Ott, “Institute of Public Finance” (IPF)
  • Recovery.gov: Estados Unidos abre sus libros sobre el paquete de estímulo económico por Delaine McCullough
  • Publicación de información presupuestaria, necesaria para la vigilancia ciudadana sobre políticas agrícolas por Jack Thurston
  • ONG en Zambia enfatiza la necesidad de distribuir fondos asignados por Robert Valencia.

Presupuestos con enfoque de género

  • Entrevista con la experta en presupuestos con enfoque de género Lucía Pérez-Fragoso (fragmento del boletín de UNIFEM, Gender Responsive Budgeting No. 3, 3 marzo 2009 págs 5-6)

Recursos sobre educación

  • Retos para financiar la educación en Orissa, India por Sarit Rout
  • Compromiso de la sociedad civil en los procesos de educación: reporte que documenta la experiencia del “Commonwealth Education Fund” por Victoria Perry
  • Making the Budget Work for Education: Experiences, Achievements, and Lessons from Civil Society Budget Work por Mario Claasen
  • A Budget Guide for Civil Society Organizations Working in Education

Publicaciones y eventos

  • Nuestro dinero, nuestra responsabilidad: Aplicación de herramientas prácticas para el monitoreo del gasto gubernamental
  • Sociedad civil, monitoreo de presupuestos e influencia política: evento del “Overseas Development Institute” para el lanzamiento del Índice de Presupuesto Abierto 2008 y del libro Presupuestos en favor de los pobres Budgeting for the Poor
  • Idasa organiza la mesa redonda “Parliament, the Budget, and Poverty” en Cape Town, Sudáfrica
  • Responding to the challenges of Supreme Audit Institutions: Can Legislatures and Civil Society Help?
  • The Community Media Sustainability Guide: The Business of Changing Lives
  • Aid Effectiveness: Overview of the Results 2006 Survey on Monitoring the Paris Declaration

Anuncios

  • Nuevo coordinador y analista decano del OBI
  • La “Network Movement for Justice and Development” (NMJD) solicita asistencia técnica sobre el preoceso presupuestario en Sierra Leona
  • Se solicitan comentarios: Fondo Monetario Internacional propone nuevo papel y reformas de gobernabilidad

 

Resumen de los hallazgos de la iniciativa de presupuesto abierto 2008 por Harika Masud y Julie Seiwell

El 1 de febrero 2009, el “International Budget Partnership” (IBP) dio a conocer los resultados de la encuesta de presupuesto abierto 2008, una evaluación independiente y comparativa de la rendición de cuentas y transparencia presupuestaria a lo largo de 85 países. Los resultados demostraron que el estado de la transparencia presupuestaria alrededor del mundo es deplorable.

Sesenta y ocho de los 85 países que cubrió la encuesta—80 por ciento—no ofrecen al público información comprensiva, oportuna y necesaria para que la gente pueda comprender y participar en el monitoreo del uso de los fondos públicos. Casi 50 por ciento de los 85 países ofrecen mínima información que permite esconder gastos indebidos y corruptos.

La encuesta de presupuesto abierto 2008 evalúa si los gobiernos centrales le dan al público acceso a información presupuestaria y oportunidades para participar en el proceso presupuestario.  También examina la habilidad de las legislaturas y los auditores de exigirle rendición de cuentas al gobierno por el manejo de fondos públicos. Para medir fácilmente el compromiso general de los 85 países y hacer comparaciones entre los países, el IBP creó el “Open Budget Index”  (OBI) que se basa en 91 preguntas que evalúan el acceso público a la información presupuestaria.

El OBI 2008 encuentra que sólo cinco países—Francia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos—ponen a disposición del público amplia información a lo largo del proceso presupuestario. Unos 12 países más ofrecen información suficiente al público.

Lo más alarmante son los 25 países que ofrecen poca o ninguna información presupuestaria al público. Éstos incluyen países de bajos ingresos como Cambodia, la República Democrática del Congo, Nicaragua y la República de Kirguistán, así como varios países de medianos y altos ingresos como China, Nigeria y Arabia Saudita.

Restringir el acceso a la información impide la habilidad del público, periodistas, comentaristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil de exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos.  La encuesta encuentra que la mayoría de los países ofrecen sólo información limitada durante la preparación, ejecución y auditoría del proceso presupuestario lo que le impide al público contar con la oportunidad de participar en la formulación de políticas y prioridades, mejorar el valor del dinero y los esfuerzos de combate a la pobreza.

A pesar de que la importancia de la transparencia presupuestaria y la creciente capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de participar en el proceso presupuestario son ampliamente reconocidas investigaciones recientes del IBP, entre otras, indican que la rendición de cuentas se entorpece cuando los procesos presupuestarios son cerrados y no hay acceso público a información presupuestaria útil, accesible y oportuna.  Los resultados de la primera encuesta de presupuesto abierto 2006 resaltaron la severidad de estos problemas y los resultados de la encuesta de presupuesto abierto 2008 lo confirman.

Menos países transparentes comparten características similares

Países con bajos puntajes en el OBI tienden a compartir ciertas características, que pueden explicar algunas de las causas y consecuencias de la falta de transparencia presupuestaria. Aquellos con peores calificaciones se encuentran en el Medio Oriente y Norte de África y en el Subsahara africano. También tienden a ser países de bajos ingresos que con frecuencia son altamente dependientes  de los ingresos de asistencia internacional  o de las exportaciones de petróleo y gas. Muchos de ellos tienen instituciones democráticas débiles o se encuentran gobernados por regímenes autocráticos.

No obstante, dentro de la mayoría de estas categorías hay países que hacen un buen papel y que demuestran que los niveles de transparencia pueden mejorar en una amplia gama de contextos. Por ejemplo, aunque más de dos tercios de los países encuestados en el Subsahara africano no obtuvieron buenos resultados en la encuesta de presupuestos abiertos, Botsuana y Sudáfrica cuentan con puntajes relativamente altos.

Mientras países de bajos ingresos como Chad y Liberia tienden a obtener puntajes por debajo del promedio conforme a la encuesta, existen importantes anomalías en este contexto.  Por ejemplo,   Perú y Sri Lanka publican una cantidad importante de información presupuestaria.

Igualmente países con una gran dependencia de ingresos de gas y petróleo tienden a obtener puntajes por debajo del promedio general de 39 por ciento. Sin embargo, aun dentro de esta categoría Colombia, Noruega y México tienen un desempeño favorable.

Débiles instituciones de auditoría contribuyen a la falta de transparencia

Los resultados de la encuesta de presupuesto abierto 2008 demuestran que países con legislaturas e instituciones supremas de auditoría (SAIs, por sus siglas en inglés) débiles también tienden a ser aquellas con puntajes más bajos en el índice de presupuesto abierto. Esto es importante ya que la rendición de cuentas efectiva no sólo depende de la transparencia y acceso a información presupuestaria; sino también de la fortaleza de estas instituciones. La encuesta encuentra que la capacidad de vigilancia de las legislaturas y SAIs, se ve perjudicada por muchas restricciones en la mayoría de los países estudiados.

En varios de los países encuestados las legislaturas cuentan con poderes, tiempo y capacidad limitados para revisar la propuesta presupuestaria del ejecutivo y monitorear su implementación. Las mejores prácticas internacionales recomiendan que el ejecutivo ofrezca una propuesta de presupuesto detallada al legislativo por lo menos tres meses antes del comienzo del año fiscal para permitirle al legislativo una revisión exhaustiva. Sin embargo, menos de la mitad de todos los países encuestados cumplieron con este plazo. En vista del tiempo limitado con el que cuentan las legislaturas para revisar la propuesta presupuestaria no sorprende que 67 de los 85 países encuestados no lleven a cabo audiencias públicas en donde las organizaciones de la sociedad civil puedan presentar su testimonio sobre el marco macroeconómico y fiscal, ni detalles de la propuesta presupuestaria del gobierno.

Además, en casi un tercio de los países encuestados la legislatura no tiene la oportunidad de aprobar los presupuestos suplementarios hasta después de que los fondos se gastan. Esto es particularmente problemático en países con frecuentas solicitudes de presupuestos suplementarios, tales como la República de Kirguistán, Malawi, México, Sudan y Yemen—además le permite a los gobiernos esconder gastos controvertidos o poco populares.

Los resultados de la encuesta sobre la habilidad de las SAIs de jugar un papel de vigilancia, también dejan mucho que desear. Una de las medidas más importantes sobre la habilidad de las SAIs de ofrecer vigilancia efectiva es la independencia legal y financiera del ejecutivo. Desafortunadamente, en 26 países encuestados el ejecutivo puede destituir de su cargo a la cabeza de la SAI sin necesidad de contar con el consentimiento ni de la legislatura, ni del poder judicial. Es más, en 38 de los 85 países es el ejecutivo, no la legislatura o el poder judicial quien determina la asignación presupuestaria anual para la SAI. En 24 de estos países los investigadores de la sociedad civil de la encuesta sintieron que el financiamiento para la SAI estaba por debajo del nivel necesario para cumplir con este cometido.

En 46 de los países encuestados, la SAI mantiene mecanismos formales de comunicación con el público para recibir quejas y sugerencias para las agencias, programas o proyectos que deben de ser auditados. Sin embargo, en 31 países las SAI tienen limitado poder de toma de decisiones sobre lo que van a auditar, de manera que un gran número de SAIs pueden estar impedidas del uso eficiente de las aportaciones del público.

Es posible mejorar de inmediato

A pesar de la complejidad de estos retos, la encuesta de presupuesto abierto 2008 demuestra que se puede mejorar rápidamente y a un costo relativamente bajo. Las comparaciones entre los resultados de la encuesta 2006 y 2008 demuestran que algunos países ya han comenzado a mejorar su transparencia presupuestaria en los últimos dos años. Estos países —Bulgaria, Croacia, Egipto, Georgia, Kenia, Nepal, Papa Nueva Guinea y Sri Lanka—mejoraron su calificación por siete puntos o más en el índice de presupuesto abierto 2008.

Estos alentadores cambios pueden explicarse debido a varios factores. Por ejemplo, el deseo de ser admitido a la Unión Europea dio lugar a mayor transparencia presupuestaria en Croacia y Bulgaria. En Kenia, Nepal y Sri Lanka, mejorías importantes fueron el resultado del trabajo de organizaciones de la sociedad civil o han creado oportunidades de participación para la sociedad civil.

A pesar de las fuerzas que han creado la voluntad de mejorar, las altas calificaciones de estos países pueden atribuirse principalmente a la publicación de ciertos documentos presupuestarios que antes no estaban disponibles. Como los puntajes del OBI 2008 se basan en la disponibilidad de ocho documentos presupuestarios que todos los gobiernos deben de publicar conforme a buenas prácticas internacionales, si un gobierno da a conocer un documento al público que antes estaba restringido o hace que documentos que ya son del dominio público sean más comprensibles, su puntaje en la evaluación OBI aumentará de forma significativa.

Otro país que mejoró considerablemente fue Sri Lanka, pasó de una calificación de 47 puntos en 2006 a 64 en 2008 (17 puntos en total).  El investigador en Sri Lanka atribuye este cambio a la intervención de organizaciones de la sociedad civil y de los medios.  En 2007, por primera vez organizaciones de la sociedad civil en Sri Lanka retaron al gobierno al llenar siete peticiones cuestionándolo. Su principal preocupación era que el departamento del Tesoro tuviera facultades de transferir fondos destinados a “actividades de desarrollo” hacia gastos en otros programas.  Estas peticiones dieron lugar a que la suprema corte dictaminara en favor de las organizaciones de la sociedad civil, argumentando que este poder negaba el derecho del público a evaluar el uso de los fondos públicos.

El gobierno de Kenia tomó una postura interesante respecto a la participación ciudadana al solicitar al público enviar propuestas, vía email, al ministerio de finanzas durante la fase de la preparación del presupuesto.  Además, la oficina nacional de auditoría comenzó a publicar en su página de internet reportes fiscales de auditoría (ver: http://www.kenao.go.ke/).  Kenia es un gran ejemplo del uso del internet por parte de los gobiernos para publicar documentos y comunicarse con el público.  El gobierno de Kenia no sólo usa el internet, además estableció la oficina presupuestaria parlamentaria que ayuda a los legisladores con investigación presupuestaria y mejorar su capacidad de participar en el proceso presupuestario.

El aumento en el puntaje de Croacia se debe sobre todo a la inclusión de estimaciones multi-anuales en documentos presupuestarios en 2007, tal como la propuesta presupuestaria del ejecutivo.  El aumento en la transparencia presupuestaria en Croacia puede vincularse a los esfuerzos de incidencia de organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Finanzas Públicas y el deseo gubernamental de cumplir con los requisitos de admisión a la Unión Europea.

En general, el aumento en las calificaciones para los ocho países fue determinado por la decisión del gobierno de publicar documentos que antes no eran públicos. Esto demuestra que se pueden lograr cambios en cualquier parte y a un costo relativamente bajo si se cuenta con la voluntad política suficiente. Muchos países con bajas calificaciones ya se encuentran produciendo mucha de la información presupuestaria necesaria para cumplir con las mejores prácticas de acceso a la información.  Por ejemplo en 51 de los 85 países encuestados, el gobierno produce por lo menos un documento presupuestario clave que no es de acceso público. Simplemente con publicar información existente estos países pueden aumentar las calificaciones del OBI.  Otra forma rápida y de bajo costo de mejorar la transparencia sería publicar documentos presupuestarios en internet.


Reacciones gubernamentales a la encuesta de presupuesto abierto 2008 por Harika Masud

La amplia cobertura que recibió la encuesta de presupuesto abierto 2008 suscitó una serie de reacciones por parte de distintos gobiernos. Además de recibir solicitudes de países no incluidos en la encuesta como Italia, Israel, Canadá y Singapur para formar parte de la siguiente ronda en 2010. El IBP y sus pares recibieron muchas reacciones de los gobiernos cubiertos por la investigación 2008.

La mayoría de las respuestas del gobierno se centraron en el puntaje del índice de presupuesto abierto “Open Budget Index” (OBI)— una evaluación comparativa del compromiso gubernamental con la transparencia con base en el promedio de 91 de las 123 preguntas que se enfocan en cómo se publica mucha de la información. Por ejemplo, la calificación de Bulgaria hizo que el ministro de finanzas solicitara una descripción de la encuesta. Después de la explicación el ministro estuvo de acuerdo con las respuestas de la encuesta para su país y elogió la precisión de la investigación. Otras respuestas positivas provienen del gobierno de Sudáfrica, que incluye los resultados del OBI 2008 en su revisión presupuestaria para el año fiscal 2009 http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/2009/review/chap1.pdf, así como de un experto en el presupuesto de la casa de representantes de la oficina del presupuesto que mencionó los resultados de la encuesta en su presentación en la reunión de parlamentarios presupuestarios de la OCDE en Roma el pasado mes de febrero.

Además de las reacciones positivas de los resultados de la encuesta, las respuestas fueron desde defensivas hasta alentadoras. Cuando la prensa le pidió al primer ministro de Albania Sali Berisha que comentara sobre los resultados del OBI para Albania, éste evadió críticas de su gobierno argumentando que la encuesta evalúa el nivel de transparencia a nivel local y no central.  Sin embargo, el partido socialista de oposición de Albania resultó estar mejor informado al señalar que los resultados del OBI 2008 se basan exclusivamente en evaluar a los gobiernos centrales.

El “Institute for Public Policy Research”, la organización que prepara la encuesta en Namibia, está  dialogando con el ministerio de finanzas, que dio a conocer un comunicado de prensa que refuta los resultados de la encuesta para Namibia. El ministerio argumentó que la encuesta “fracasó en hacer una distinción entre el alto nivel de apertura alcanzado en Namibia” y rechazó que “Namibia tiene puntajes casi del doble del promedio de sus vecinos en el Sub-Sahara Africano.”

Una de las respuestas más preocupantes proviene de Camerún. Aunque el investigador solicitó mucho antes del 1 de febrero – el día del lanzamiento del OBI – que el gobierno le diera permiso de publicar los resultados del OBI 2008, no tuvo autorización de publicar los pésimos resultados para Camerún.

Las reacciones de los gobiernos de Afganistán y Ruanda fueron más alentadoras. El gobierno afgano habló de los resultados del OBI 2008 diciendo que el presupuesto nacional de Afganistán es altamente dependiente de asistencia extranjera, la cual puede ser impredecible. Por ello es difícil terminar de consolidar los documentos presupuestarios, incluyendo la propuesta presupuestaria del ejecutivo con suficiente anticipación para permitirle a la legislatura contar con tiempo suficiente para revisarla. Sin embargo, el ministerio de finanzas expresó el deseo de mejorar el puntaje del OBI para Afganistán a partir de la publicación de más información presupuestaria.

El gobierno de Ruanda está discutiendo con el IBP (a través del Banco Mundial) su calificación de cero en el OBI 2008. El gobierno está preocupado de que como la investigación se hizo en 2007, los resultados de la encuesta de presupuesto abierto 2008 no reflejan la reciente agenda de reforma presupuestaria, que incluye la publicación de más información presupuestaria en la página de internet del gobierno.

Como primer paso, el IBP está animando a los gobiernos nacionales a ofrecer respuestas detalladas al OBI 2008, mismas que serán publicadas en internet. Además, IBP llevará a cabo estudios de caso detallados de un número limitado de países para documentar los cambios.

No sorprende que gobiernos de países con buenas calificaciones hayan utilizado los resultados para promover sus esfuerzos; como tampoco sorprende que gobiernos con malas calificaciones criticaran la investigación. Sin embargo, el IBP se encuentra muy animado con las respuestas de gobiernos como Afganistán y Ruanda pues son un indicador de voluntad de hacer los presupuestos más abiertos y responsables al público y participar en una discusión pública sobre cambios en el presente y en el futuro.

 


 

¿Porqué mejoró la calificación de Kenia en el OBI? por Bonfas Owinga, “Social Development Network”

“Social Development Network” (SODNET), con base en Nairobi, Kenia, es una de las organizaciones que participaron en la encuesta de presupuesto abierto 2008 del IBP. Aquí exploramos cómo este año el puntaje para Kenia fue de 57 de un total de 100 puntos en comparación con 48 puntos hace dos años en la encuesta del OBI 2006 .  En particular, examinamos el papel del gobierno, las instituciones financieras internacionales y la sociedad civil en promover y apoyar las presentes reformas presupuestarias en Kenia.

Las reformas presupuestarias promovidas por el gobierno fueron promovidas por el partido “National Rainbow Coalition”, que comenzó a instituir reformas y cambios dentro de los primeros tres años de su administración después de la abrumadora victoria en 2002. En 2003, el gobierno reintrodujo la “Public Expenditure Review”, que se había destituido en 1997. También estableció el “Budget Supply Department”, encargado de coordinar el proceso presupuestario y organizar foros públicos de discusión sobre temas presupuestarios. Otros ejemplos de legsilación presupuestaria clave – y de rendición de cuentas – son el “Government Financial Management Act”, el “Anti-Corruption and Economics Crime Act”, el “Public Officer Ethics Act”, el “Public Audit Act”, el “Public Procurement and Disposal Act”, el “Privatization Act” y el “Statistics Act”.

En el año fiscal 2005/06, el gobierno adoptó el “Government Finance Statistics” (GFS) y un sistema económico compatible de clasificación para el presupuesto que reemplaza el presupuesto lineal. En el año fiscal 2007/08, el Ministerio de Finanzas comenzó un programa para facilitar el monitoreo de los fondos públicos.

Un vistazo más detallado al “Statistics Act” de 2006, demuestra los tipos de reformas necesarios para mejorar la transparencia y calidad de las decisiones presupuestarias. Aprobada el 1 de febrero 2006, la ley fue diseñada para atender las brechas en información, mala calidad en la información y falta de independencia profesional del “Central Bureau of Statistics”. El “Statistics Act” remplazó el “Central Bureau of Statistics” y su visión limitada con el “Kenya National Bureau of Statistics”, una agencia gubernamental semi-autónoma.

La nueva agencia, bajo la autoridad del ministerio de planeación y desarrollo nacional es responsable de reunir, analizar y difundir información estadística oficial en el país y realizar censos demográficos y de vivienda cada 10 años. Se cree que el acto le ha otorgado a la agencia mayor independencia profesional y autonomía legal. Lo que repercutirá en la calidad de la recopilación y análisis de la información necesarios para políticas de planeación y desarrollo más fuertes.

Una segunda agrupación de reformas deriva del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 2006 el Ministerio de Finanzas, en colaboración con el Banco y el FMI, inició una comprensiva estrategia de administración pública “Public Expenditure Management Reform Strategy”. Introdujo el “Integrated Financial Management Information System” y el “Public Expenditure Tracking Survey” para informar la implementación presupuestaria y prácticas de ejecución.

Finalmente, organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que trabajan estrechamente con el Parlamento, también han jugado un papel importante en promover las reformas presupuestarias. En 2007 el “Institute of Economic Affairs” (IEA), junto con otras organizaciones como SUNY-Kenia, comenzaron la preparación del “Fiscal Management Bill” 2007, crearon la oficina presupuestaria parlamentaria para ayudar a los legisladores con la investigación presupuestaria y mejorar su capacidad de participación en el proceso presupuestario.  También se creó el comité de análisis fiscal “Fiscal Analysis and Appropriation Committee” para apoyar a los miembros del parlamento en la preparación y monitoreo del presupuesto.

IEA también publica una guía presupuestaria para legisladores cada año después de que el presupuesto se lee en el parlamento para aumentar el nivel de comprensión del presupuesto y la calidad del debate presupuestario. IEA y otras OSCs continúan organizando foros abiertos para discutir las prioridades presupuestarias antes y después de que se lea el presupuesto.

OSCs enfocadas en temas presupuestarios han desarrollado un presupuesto alternativo que ha generado serios debates sobre la propuesta presupuestaria y promovido ante el gobierno la publicación de información presupuestaria. De hecho, están presionando para que se apruebe una ley de acceso a la información que garantice el acceso público a información presupuestaria clave y mejore los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

El foro presupuestario “Kenya Budget Engagement Forum”, creado por el grupo presupuestario de la sociedad civil, realiza labores de cabildeo frente a miembros del parlamento y el ejecutivo para abrir el proceso presupuestario a la participación pública.  Otros ejemplos de mayor participación pública combinan el trabajo de activismo de la sociedad civil con reformas gubernamentales internas. Por ejemplo, durante la preparación del presupuesto 2007/08, el gobierno les pidió a los ciudadanos que mandaran sus perspectivas y propuestas sobre el presupuesto por correo electrónico al Ministerio de Finanzas.

Además, el gobierno hizo que 175 autoridades locales llevaran a cabo audiencias públicas sobre la preparación de sus presupuestos y que dieran lectura a sus presupuestos públicamente. Esta iniciativa ha creado gran interés y participación a nivel local. Es probable que esto continúe teniendo un impacto positivo en los presupuestos de gobiernos locales conforme las prioridades ciudadanas se toman en cuenta. Además aumentará la transparencia y rendición de cuentas conforme los ciudadanos se sientan más involucrados y estén más conscientes de la importancia del presupuesto en su vida diaria y exijan rendición de cuentas de parte de funcionarios gubernamentales locales.

Aunque aún queda mucho por hacer, Kenia ha avanzado en el mejoramiento de la transparencia fiscal y rendición de cuentas desde 2003. Ha habido cambios a nivel multisectorial en el gobierno con la participación de OSCs y del parlamento. Sin embargo, aún hay mucho que aprender de la economía política sobre lo que motiva al gobierno a instituir reformas y de qué forma contribuyen las OSCs, lo que indica la necesidad de hacer más investigación y estudios de caso.

 


Estrategias de incidencia usando los resultados de la encuesta de presupuesto abierto 2008 por Rocío Campos y Julie Seiwell

El 1 de febrero, fueron publicados los resultados del índice de presupeusto abierto 2008 alrededor del mundo (http://openbudgetindex.org/index.cfm?fa=ipr).  El OBI, por sus siglas en ingles fue diseñado para medir las prácticas de transparencia en los sistemas presupuestarios del gobierno mediante la evaluación de la disponibilidad pública de ocho documentos presupuestarios clave mediante una serie de 91 preguntas en 85 países. El OBI es parte de la encuesta de presupuesto abierto 2008, un análisis completo y una encuesta que evalúa si los gobiernos en 85 países ofrecen acceso público a la información presupuestaria y oportunidades de participar en el proceso presupuestario a nivel nacional.

El IBP cree que los presupuestos abiertos le permiten al público juzgar si los funcionarios gubernamentales hacen un buen manejo de los presupuestos públicos y debido a que reducen las oportunidades de despilfarros, los presupuestos transparentes pueden aumentar los recursos disponibles para combatir la pobreza. La encuesta se lleva a cabo cada dos años en colaboración con investigadores independientes de la sociedad civil en cada país.

Las organizaciones del IBP alrededor del mundo trabajan temas sociales, políticos y económicos con énfasis en la eliminación de la pobreza y el mejoramiento de la gobernabilidad.  Este trabajo está directamente afectado por el nivel de transparencia del presupuesto de sus gobiernos.  A fin de crear conciencia sobre la importancia de presupuestos claros y transparentes y de generar cobertura en los medios de los resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2008 el IBP ofrece apoyo a sus pares de la sociedad civil para preparar los respectivos lanzamientos de los resultados en ocho regiones alrededor del mundo—América Central, América del Sur, África Occidental y Oriental, el Medio Oriente y África del Norte y el Sur y Sudeste Asiático.  Los lanzamientos fueron organizados por las siguientes organizaciones:

  • El Centro de Implementación de Políticas Públicas para le Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) organizó el lanzamiento para América del Sur en Argentina ;
  • Fundar, Centro de Análisis e Investigación organizó el lanzamiento para América Central en México;
  • El “Center for Public Policy Studies”(CPPS) en Malasia y el “Philippine Center for Investigative Journalism” (PCIJ) conjuntamente organizaron el lanzamiento del Sudeste Asiático en Tailandia;
  • El “Center for Budget and Governance Accountability” (CBGA) organizó el lanzamiento del Sur de Asia en la India ;
  • La “Lebanese Transparency Association” (LTA) organizó el lanzamiento del Medio Oriente y el Norte de África en Líbano;
  • La “Society Development Network” (SODNET) organizó el lanzamiento para África Oriental en Kenia;
  • El “Social Development Center” (ISODEC) de Ghana organizó el lanzamiento para África Occidental en Nigeria; e
  • Idasa organizó el lanzamiento del Sur de África en Sudáfrica.

Las actividades para el lanzamiento regional fueron muy variadas. Por ejemplo, en América Central, Fundar produjo una presentación Flash con los resultados del OBI que salió simultáneamente en las páginas de los investigadores del OBI en la región y trajeron colaboradores regionales a la ciudad de México por dos días para eventos de prensa y discusión pública. En el Sur de Asia, CBGA reunió a socios regionales en Nueva Delhi para una exitosa conferencia de prensa. En el Este de África, SODNET reunión a socios regionales por dos días en Nairobi para publicar el OBI, discutir cuestiones de transparencia con funcionarios gubernamentales y otros representantes de la sociedad civil y recibir capacitación sobre la herramienta de seguimiento del presupuesto de SODNET. En el Medio Oriente y el Norte de África, “Transparency Lebanon” organizó un taller de medio día en Beirut para socios regionales del OBI, sociedad civil y representantes gubernamentales y medios de comunicación que incluyó presentaciones sobre los resultados del OBI para países en la región y una discusión sobre asuntos regionales relacionados con transparencia.

Además de reunir a socios del IBP dentro de sus regiones para colaborar en estas actividades, los eventos regionales ampliaron el alcance de la encueta de presupuesto abierto 2008.  La cobertura generada por estos eventos incluye transmisiones por radio en W Radio y Espacio Abierto de Radio Ciudadana en México y en Capital FM en Kenia y artículos en medios impresos como el Cambodia Daily, La Jornada (México), the Daily Nation (Kenia), el Standard (Kenia), Nepal News, Malaysia Star, Philippine Star, Fiji Times, India Journal, Daily Star (Líbano), el Times of India y el Financial Express (India).

Los lanzamientos ayudaron a aumentar la sensibilidad pública de la importancia de los presupuestos transparentes y responsables y sirvió como una oportunidad para los socios del IBP de comenzar a discutir y desarrollar planes para el uso de los resultados del OBI para mejorar la transparencia presupuestaria mediante distintas estrategias de incidencia en los próximos meses.  A continuación destacamos algunos ejemplos de estos planes:

  • CPPS en Malasia y Fundar en México están trabajando para producir un presupuesto ciudadano con la idea de que el gobierno publique el suyo—uno de los ocho documentos presupuestarios clave que los gobiernos deben de publicar conforme a buenas prácticas internacionales. Hasta hoy ningún país publica un presupuesto ciudadano.
  • CIPPEC en Argentina, SODNET en Kenia e ISODEC en Ghana están explorando la posibilidad de adaptar la encuesta de presupuesto abierto a sus contextos nacionales para examinar el nivel de transparencia presupuestaria a nivel subnacional y determinar si documentos presupuestarios específicos son accesibles al público.
  • Grupos en Argentina, Malasia, México y Kenia planean continuar dialogando con el gobierno y presentarle a los funcionarios públicos opciones de cambios concretos que se pueden implementar fácilmente para aumentar la transparencia de sus presupuestos. CPPS, por ejemplo, planea llevar a cabo una reunión con el ministro de tesorería responsable de la formulación del presupuesto para discutir formas en que Malasia pueda mejorar su nivel de transparencia presupuestaria.
  • Grupos en Cambodia, Indonesia, Malasia y Filipinas estuvieron de acuerdo en que los pasos a seguir para la región incluyen extraer lecciones y establecer estándares de transparencia presupuestaria y procurarlos de manera independiente y como parte de una red para el Sudeste Asiático—dentro de la ya existente “Association of South East Asian States” (ASEAN) y otras redes regionales de la sociedad civil y grupos independientes de medios de comunicación.
  • Organizaciones con fuertes vínculos con los medios como PCIJ en Filipinas compartirán los resultados del OBI con grupos de incidencia dentro de su país a fin de alcanzar un mayor impacto.
  • En Líbano, LTA utilizó al OBI como plataforma para desarrollar recomendaciones para enfrentar los retos que comparten los países de la región árabe. Estas recomendaciones incluyen el aumento de información disponible al público sobre cómo se gastan los impuestos, desarrollo de un sistema de monitoreo del gasto, aprobación de leyes que garanticen el acceso a la información, fortalecimiento de la relación entre parlamentarios, activistas de la sociedad civil y ministros de finanzas para mejor entender el presupuesto y aumentar la transparencia y participación pública en los procesos presupuestarios.  LTA también planea abogar por la ratificación de la “United Nations Convention Against Corruption” (UNCAC).  De acuerdo con LTA, UNCAC es la herramienta anti-corrupción disponible más completa y no está ratificada por todos los países árabes.

Los ocho lanzamientos regionales, así como las distintas actividades a nivel nacional realizadas por todo el mundo lograron presentar los resultados del OBI y sensibilizar a los medios, los gobiernos y al público sobre la importancia de la transparencia presupuestaria y rendición de cuentas para la reducción de la pobreza y la mejor gobernabilidad. El IBP continuará apoyando a las organizaciones pares en la implementación de sus estrategias de incidencia para aumentar el impacto de los resultados del OBI a nivel nacional y regional.

 


 

Reporte de “Global Integrity: 2008” encuentra que la principal amenaza de corrupción global es la falta de regulación financiera en proceso políticos

Global Integrity (GI) recientemente dio a conocer el Global Integrity Report: 2008 un estudio que identifica que la falta de regulación del flujo de dinero en el proceso político es la principal amenaza de corrupción que enfrentan una gran mayoría de países.  El reporte le hace seguimiento a tendencias de gobernabilidad y corrupción en 57 países.  “Por tercer año consecutivo, la falta de transparencia alrededor del financiamiento de partidos y candidatos políticos fue el elemento más débil en la mayoría de los marcos anti-corrupción de los países,” dijo el director administrativo de GI Nathaniel Heller.

El estudio cubre países desarrollados como Canadá, Japón e Italia, así como docenas de mercados emergentes mundiales y países en desarrollo desde Argentina y China hasta Palestina e Irak. En lugar de medir las percepciones de corrupción el reporta utiliza más de 300 “Indicadores de Integridad” para evaluar los mecanismos de rendición de cuentas y medidas de transparencia en uso (o no) para prevenir la corrupción.  Las brechas existentes siguieren donde es más factible que brote la corrupción.

Como parte del reporte, GI introdujo su nueva Grand Corruption Watch List, que identifica a países en donde la falta de regulaciones efectivas de conflictos de interés, la desregulación de flujos monetarios en el proceso político y la mala vigilancia de compañías estatales se confabulan para poner en riesgo a los recursos públicos. El reporte del “Watch List” 2008 incluye a Angola, Bielorrusia, Cambodia, China, Georgia, Irak, Montenegro, Marruecos, Nicaragua, Palestina, Serbia, Somalia y Yemen, países con serios riesgos de corrupción de alto nivel. “Los países del “Watch List” desafortunadamente se caracterizan por una mezcla tóxica de factores de riesgo de corrupción que deben de ser motivo de alarma,” dijo Heller.

Otros hallazgos importantes del reporte son:

  • El fracaso anti-corrupción más importante en gran parte del mundo árabe es el pobre acceso a la información presupuestaria. Mientras los países en el Medio Oriente y el Norte de África evaluados en el reporte 2008 batallaron para apegarse a estándares globales en muchos factores, su falta de acceso efectivo a información gubernamental  es casi del doble de sus déficits en cualquier otra de las variables evaluadas por GI.
  • Varios países clave experimentaron avances o retrocesos desde 2007. Se notaron importantes cambios en los esfuerzos anti-corrupción en Bangladesh y Nigeria y los cambios favorables en la evaluación para China en 2007 están relacionados a la introducción de una nueva regulación que le da a los ciudadanos acceso a información gubernamental. Desafortunadamente Bosnia y Herzegovina, Ecuador y Georgia tuvieron puntajes más bajos este año.
  • Retos de corrupción y transparencia parecen empeorar en el Cuerno de África, una región cuya seguridad está muy fragmentada.  El empeoramiento en la evaluación GI para Kenia y Etiopía, junto con el hecho de que Somalia ocupa el lugar como el peor país evaluado por GI, indican que la falta de contrapesos necesita mejorar para promover la  buena gobernabilidad y mejorar la estabilidad en esta región.

“La evaluación por país que abarca el reporte ofrece una de las más detalladas evaluaciones con base en hechos sobre mecanismos anti—corrupción en todo el mundo,” dijo el director internacional de Global Integrity Marianne Camerer. “Le ofrece a políticos, inversionistas y ciudadanos información para entender los singulares retos de la gobernabilidad de cada país y cómo hacerles frente.”

Para leer el reporte, ir a: http://report.globalintegrity.org.

ATENCIÓN: Global Integrity solicita propuestas para proyectos que utilicen las herramientas para mejorar la gobernabilidad y combatir la corrupción.  Los ganadores obtendrán un premio de US$1,000 y la oportunidad de solicitar ayuda del “Partnership for Transparency Fund” para obtener fondos que ayuden a materializar sus ideas.  Para mayor información ir a http://tinyurl.com/impactlink.

 


Impuestos y gasto son dos caras de la misma moneda: participa en el análisis de impuestos por Katarina Ott, “Institute of Public Finance” (IPF)

El IPF está constituido como una institución académica de investigación en Croacia desde 1970, pero nuestro trabajo de incidencia comenzó a finales de los noventa. Las finanzas públicas de Croacia en ese momento estaban en desorden —por falta de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana—debido al colapso de la ex-Yugoslavia y el surgimiento de Croacia como una nueva nación, la transición de socialismo a una economía de mercado y las consecuencias políticas, institucionales, económicas y sociales de la guerra. Por ello, el IPF decidió salir del aislamiento académico para involucrarse en actividades en beneficio de la sociedad croata en general.

Nuestro objetivo central es realizar análisis de presupuestos independiente y profesional y crear las condiciones básicas para contar con debates presupuestarios mejor informados. Aunque al principio nuestro trabajo presupuestario se enfocó en análisis de gasto—acceso a información confiable, clasificaciones apropiadas y transparencia en general—desde el principio también nos enfocamos en el análisis de impuestos, evaluando su estructura, rangos y lo apropiados o abrumadores que pueden ser.

El análisis del gasto con frecuencia puede ser más interesante que sólo examinar políticas fiscales, particularmente para grupos comprometidos con activismo relacionado con la pobreza o los derechos y necesidades de minusválidos o de minorías.  No obstante, el presupuesto consiste de dos partes—ingresos y egresos—que necesitan balancearse. Por ello, IPF consistentemente analiza ambos e informa al público sobre cuestiones críticas (ver boletines relacionados en inglés aquí http://www.ijf.hr/ y comunicados de prensa aquí http://www.ijf.hr/eng/publications/serial-publications/12/press-releases/109/).

Tanto el análisis del gasto como de la recaudación pueden ser muy complejos y publicar los resultados de cualquier análisis con frecuencia puede crear enemigos.  Esto se debe a que no importa el tema o la política que se examina o el cambio que se sugiera, casi siempre se entra en conflicto con los intereses de alguien.

Identificar las opciones políticas que enfrenta el gobierno es tan simple como abrir el periódico o prender la televisión—exportadores están exigiendo subsidios adicionales, los minusválidos piden importaciones privilegiadas de equipo necesario, el ministro de educación pide libros de texto gratuitos para todos los alumnos, los beneficiarios de salud hacen un llamado para abolir los cargos de participación. Cumplir con cualquiera de estas demandas implica escoger entre aumentar las recaudaciones, recortar el gasto público en otras áreas o las dos cosas.  Esto además de un debate informado con base en análisis objetivo que aumenta la probabilidad de tomar las decisiones correctas. A fin de participar efectivamente en estos debates, los investigadores de la sociedad civil y los activistas deben de indagar las cifras de ingresos y egresos, hacer cálculos y sugerir posibles soluciones.

El análisis de ingresos puede tener formas distintas, dependiendo de los temas latentes y del contexto político. Por ejemplo, la distribución del ingreso fiscal entre ciudadanos más ricos y ciudadanos más pobres y la manera en que cada grupo enfrenta el peso de los impuestos es siempre controvertido, así que el IFP ha publicado numerosas evaluaciones sobre quién paga impuestos (ver http://www.ijf.hr/eng/newsletter/9.pdf ) y sobre cómo funcionan los impuestos progresivos (es decir, aquellos con más posibilidades económicas pagan impuestos a un nivel más alto, ver http://www.ijf.hr/eng/newsletter/23.pdf).

En vista de que Croacia tiene una carga fiscal muy alta —expresada en los impuestos respecto del Producto Interno Bruto (PIB) — y muchos tratamientos fiscales preferenciales para varias regiones, industrias y categorías de contribuyentes, el IFP con frecuencia examina la eficiencia de las políticas fiscales. Por ejemplo, hemos hecho seguimiento de los efectos de las exenciones fiscales en regiones afectadas por la guerra (ver http://www.ijf.hr/eng/newsletter/23.pdf) y determinado los costos administrativos y de cumplimiento fiscal, es decir, los costos derivados de las autoridades de impuestos y contribuyentes (ver  http://www.ijf.hr/eng/newsletter/16.pdf o http://www.ijf.hr/eng/newsletter/21.pdf).

Como Croacia está en camino de unirse a la Unión Europea (UE), el IFP está mirando de cerca el alineamiento de las leyes fiscales en Croacia con los requisitos de la UE. Desafortunadamente, el gobierno croata no informa sincera y objetivamente al público sobre estos temas, problemas y avances en las negociaciones con la UE, ni sobre las posturas que se toman. Aunque, creemos que el fracaso en poner la información a disposición del público se debe más a la falta de capacidad y mal funcionamiento institucional que a un complot por negarles a los ciudadanos el derecho a estar informados, de todos modos pensamos que el público debe de estar informado (ver http://www.ijf.hr/eng/releases/4.pdf).

La presente crisis económica en Croacia pondrá mucha presión en el gasto público a la vez que se reducen los ingresos y se le solicita al gobierno atender las reformas institucionales necesarias y atender los gastos más apremiantes como los salarios de servidores públicos, pensiones y salud. La situación requerirá que renovemos nuestro enfoque en políticas fiscales para identificar maneras de generar suficientes ingresos para cubrir estos gastos (ver http://www.ijf.hr/eng/releases/9.pdf). Anticipamos que este trabajo derive en nuevas recomendaciones para cambios en tasas fiscales, exenciones (es decir, cuando actividades determinadas o categorías del contribuyente o ingreso no se fiscalizan) y límites (es decir, conforme a qué nivel de ingreso las personas fiscales o morales empiezan a pagar impuestos o tasas más altas).

Cuando sea posible, se deben de hacer esfuerzos para vincular el análisis propio, en la forma en la que esté disponible, con propuestas gubernamentales específicas sobre nuevas políticas o cambios a políticas existentes, ya que esto permite aprovechar la atención de los medios en los detalles de dichas propuestas, así como cuestiones más amplias relacionadas con la fiscalización. Por ejemplo, el IFP ha analizado el impacto de una nueva ley fiscal sobre la distribución de la carga fiscal (ver http://www.ijf.hr/eng/newsletter/18.pdf) y del impacto de los cambios propuestos en las contribuciones fiscales personales en los niveles de vida de los ciudadanos (ver http://www.ijf.hr/eng/releases/2.pdf).

Para aumentar la habilidad del público de comprender nuestro trabajo sobre ingresos, el IFP publicó su primera guía ciudadana sobre impuestos 2002, que se ha actualizado muchas veces (ver http://www.ijf.hr/eng/index.php?ime=16). Estamos en proceso de preparar una nueva edición de la guía junto con una nueva versión de nuestra guía ciudadana de presupuesto, publicada en 2000 (ver http://www.ijf.hr/eng/budget-guide/guide.pdf). Además de estas guías, las cuales son ampliamente utilizadas por periodistas, ONGs, sindicatos y comunidades locales, hemos organizado numerosos talleres y otras formas de educación sobre impuestos y presupuestos.

Tengan presente la frase de uno de mis colegas favoritos del IBP, el brillante Joel Friedman, “los impuestos y el gasto son dos caras de una misma moneda.” Para comenzar a hacer análisis fiscal lo mejor es empezar a leer A Guide to Tax Work for NGOs, seleccionar el tema de mayor actualidad en su contexto local y seguir las instrucciones que ofrece el manual (ver https://archive.internationalbudget.org/GuideTaxWork.pdf).

Buena suerte son su trabajo de impuestos y no dude en comunicarse con el IPF.

 



Recovery.gov: Estados Unidos abre sus libros sobre el paquete de estímulo económico por Delaine McCullough

Barack Obama tomó posesión como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero 2009 y en su acto inaugural se comprometió de la siguiente manera: “Nosotros que manejamos el dinero público rendiremos cuentas—para gastar con cautela, reformar malos hábitos y trabajar a la luz del día—porque sólo así se puede restaurar la confianza entre un pueblo y su gobierno.”

En uno de sus primeros actos como presidente, Obama firmó el “American Recovery and Reinvestment Act”—un paquete de estímulo económico de $787 billones con medidas para ingresos y egresos diseñado para atender la crisis en la economía de Estados Unidos, crear trabajos y sentar las bases para una fundación de largo plazo. Consistente con su promesa inaugural, el presidente Obama se ha comprometido a implementar el “Recovery Act” bajo un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas.  Como parte de este esfuerzo, el gobierno de Estados Unidos ha creado una página en internet—www.recovery.gov—en donde el público puede evaluar los detalles del uso de los fondos destinados bajo el “Recovery Act”.

El presidente Obama ha establecido los siguientes cinco objetivos para agencias federales para garantizar que los fondos de este acto se gasten efectiva y eficientemente y sean sujetos al escrutinio público:

  • Los fondos son asignados y distribuidos de manera ágil, justa y razonable
  • Los beneficiarios de los fondos y el uso de los fondos son transparentes al público y el público se beneficia de reportes de gasto claros, oportunos y precisos
  • Los fondos se utilizan para objetivos autorizados y se previenen posibles actos de corrupción, despilfarro o abuso
  • Los proyectos financiados bajo la legislación de rehabilitación evitan retrasos innecesarios y costos adicionales
  • Los programas cumplen objetivos y metas y contribuyen a mejorar el desempeño de indicadores económicos

En www.recovery.gov, el público tiene acceso a datos agregados sobre cómo se distribuyen los fondos del “Recovery Act” a lo largo de distintas áreas de ingresos y egresos, datos desagregados por agencia y estado e información actualizada sobre la implementación. Hasta la fecha existe información limitada en la página de internet que permita el seguimiento de los fondos, ya que las agencies aun tienen que tomar las decisiones finales sobre cómo asignar recursos.  Sin embargo, los datos agregados y la semblanza de la ley y sus objetivos están disponibles.

Además muchas agencias federales han establecido sus propias páginas tales como la “Agency for International Development”; “Departments of Agriculture”, defensa, educación, salud y servicios humanos, entre otros; “Environmental Protection Agency”; y la “Social Security Administration”. El público puede visitar estos sitios (disponibles en www.recovery.gov) para revisar reportes semanales sobre el financiamiento de las agencies, actividades principales y planes relacionados con el “Recovery Act”. Debido a que una gran parte del paquete de asistencia proviene de los gobiernos estatales, todos excepto quince estados de Estados Unidos han desarrollado páginas similares que le dan seguimiento a cómo se gastan los fondos asignados a través del “Recovery Act” a nivel estatal.

Los esfuerzos de la administración por ofrecerle al público acceso a información detallada sobre el paquete de asistencia son reforzados por mecanismos de rendición de cuentas contemplados dentro del “Recovery Act”, que establece una mesa de vigilancia de inspectores (los “watchdogs” del gobierno) conocida como “Recovery Accountability and Transparency Board”. Esta mesa supervisará las agencias federales responsables del gasto de los fondos de asistencia.  Hasta que la mesa entre en funciones el presidente Obama ha coordinado a un equipo de agencias federales para darle seguimiento al uso de los fondos del “Recovery Act” y reportar los hallazgos en el internet.

Transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la participación pública y la vigilancia, en el uso de los fondos públicos es crítica para prevenir la corrupción, fortalecer políticas, asegurar el uso efectivo y eficiente de los fondos y lograr los resultados deseados. Estas tareas son aún más críticas en tiempos de crisis económica, cuando los recursos son limitados y la necesidad de los servicios gubernamentales es más grande. En este contexto, los pasos que está tomando la administración de Obama para implementar el paquete de asistencia de manera abierta y responsable son alentadores.

Por el contrario, el Fondo Monetario Internacional ha identificado que Arabia Saudita cuenta con el paquete de asistencia fiscal más grande (como porcentaje del Producto Interno Bruto) hasta la fecha y China ocupa el cuarto lugar después de Estados Unidos y España. Tanto Arabia Saudita como China no tienen la voluntad de publicar información sobre cómo el gobierno maneja los recursos públicos.  En el “Open Budget Index” 2008, que mide el acceso público a la información del presupuesto en 85 países, la calificación de China es de 14 puntos de un total de 100 y Arabia Saudita alcanzó 1 de calificación lo que sitúa a estos países entre los 25 países que ofrecen poca o ninguna información al pública. En vista de su desempeño anterior, es poco probable que la gente de China o Arabia Saudita cuente con suficiente información sobre los planes de asistencia de sus países para participar efectivamente en las decisiones sobre la implementación, o bien ofrecer vigilancia adecuada.

 


 

Publicación de información presupuestaria, necesaria para la vigilancia ciudadana sobre políticas agrícolas por Jack Thurston

En octubre 2006 la página editorial del periódico francés La Tribune argumentó que los detalles de quién recibe la información del “European Union’s Common Agricultural Policy” en Francia eran secretos de estado junto con los códigos de armamento nuclear del gobierno.  Gracias a la red pan-europea de investigadores pro-transparencia, periodistas y activistas de ONGs estos detalles dejarán de ser un secreto a partir del 1 de mayo 2009.

La red que fuera constituida en mayo 2005 por Nils Mulvad, un periodista danés y líder en  periodismo computarizado “computer-assisted reporting” (CAR); Brigitte Alfter, una reportera alemana y experta en acceso a la información y un servidor, analista político y ex-consejero del ministerio de agricultura del Reino Unido, el propósito de la red es compartir nuestras experiencias en hacer que los gobiernos publiquen el tipo de información presupuestaria necesaria para la vigilancia ciudadana de políticas agrícolas. (Al mismo tiempo sólo dos países—Dinamarca y el Reino Unido—dieron a conocer cualquier información sobre el pago de subsidios agrícolas.) Además, pensamos que sería útil desarrollar una base de datos que le permita al público tener acceso a los frutos de nuestra labor de transparencia, parecido a la base de datos de Estados Unidos “U.S. Farm Subsidy Database” lanzada por el “Environmental Working Group” en 2002 (ver http://farm.ewg.org/).

En diciembre 2005 se lanzó la base de datos www.farmsubsidy.org y desde entonces le ha ofrecido al público acceso a toda la información que hemos obtenido sobre subsidios agrícolas—en la actualidad más de 70 billones de euros en pagos. Durante este tiempo se han registrado casi 3.5 millones de solicitudes de usuarios y los periódicos, la televisión y el radio le han dado cobertura a nuestros hallazgos sobre pagos excesivos a algunos de los ciudadanos más ricos de Europa incluyendo la Reina Isabel II, así como aerolíneas, campos de golf, clubs de ponis, compañías de agua y pozos de petróleo. El tema recurrente de nuestros hallazgos es que los beneficios de los subsidios agrícolas fluyen prominentemente a las zonas agrícolas que se encuentran mejor equipadas para tener éxito en el Mercado sin apoyo estatal.

Por el momento estamos reconstruyendo la base de datos de la página de internet desde abajo para ofrecer funcionalidad y resultados de las solicitudes de información más rápidos y eficientes, así como un nuevo conjunto de herramientas interactivas para la vigilancia ciudadana de esta importante pare del presupuesto de la UE. Planeamos ampliar el uso de herramientas de mapeo como Google Maps para presentar datos presupuestarios y métodos novedosos y accesibles. Todos los datos estarán disponibles mediante la interface “Application Programming Interface” que permite combinar, los datos sobre pagos con otros medios de información tales como los niveles de pesticidas y fertilizantes en ríos y mares.

Estamos ampliando nuestro trabajo al ver los datos disponibles en otras áreas del presupuesto anual de la UE de 140 billones de euros, como los subsidios a pescaderías y asistencia para el desarrollo. Además estamos en las primeras fases de un proyecto que examina la asistencia del gobierno a la industria en la UE, un tema candente en este momento.

Nuestro enfoque en la transparencia presupuestaria va más allá de la tradicional y muy necesaria agenda del IBP que pone énfasis en los procesos presupuestarios y la publicación de egresos e ingresos. Sobre estas medidas, la UE y la mayoría de los países de la UE alcanzan muy buenos puntajes como lo muestra el Índice de Presupuesto Abierto 2008 publicado en febrero.

Promovemos la transparencia presupuestaria a nivel de compañías individuales que reciben apoyo del gobierno. Cuando se trata de subsidios estatales, es realmente importante saber qué empresas reciben subsidios, y por qué. Con gobiernos alrededor del mundo lanzando paquetes de estímulo fiscal de proporciones sin precedentes para revivir sus economías, más que nunca se necesita darle seguimiento al dinero. La vigilancia pública bien informada no sólo juega un papel crítico en garantizar que el desperdicio, fraude y abuso se mantengan casi inexistentes; sino que también ayuda a asegurar que el gasto público esté alineado con las prioridades públicas.

La colaboración está al centro de lo que hacemos ya que el conocimiento local y especializado siempre se necesita para hacer que la información cobre vida. Si su organización quisiera colaborar en cualquiera de nuestros proyectos, favor de enviar un mensaje a [email protected].

Para mayor información sobre Farmsubsidy, ir a www.farmsubsidy.org.



ONG en Zambia enfatiza la necesidad de distribuir fondos asignados
por Robert Valencia

A través de su programa de investigación y análisis político, “Civil Society for Poverty Reduction” (CSPR) monitorea el gasto gubernamental y hace análisis de pobreza y evaluaciones para determinar la efectividad de las iniciativas y programas del gobierno en Zambia desde 2000. Como parte de este trabajo, CSPR publicó tres comunicados de prensa en la primera semana de febrero en donde habla de sus preocupaciones y optimismo respecto al presupuesto nacional para este año.

CSPR identificó una “debilidad” en el reporte general de auditoría 2007 respecto a cómo el gobierno asigna fondos hacia programas de reducción de la pobreza “Poverty Reduction Programs”  (PRP). Los PRPs que no han recibido fondos incluyen programas de salud y educación, el “National Ministry of Community Development”, el “Social Services’ Fertilizer Support Program” (FSP) y el “Street Kids Fund”, entre otros.

La habilidad de CSPR de monitorear cómo el presupuesto del gobierno fue implementado depende, en gran medida, de la capacidad de la institución suprema para producir y publicar de manera oportuna los reportes de auditoria comprensivos. La experiencia de CSPR refleja lo importante que es que todas las fases del proceso presupuestario sean transparentes incluyendo la fase de ejecución y auditoria a fin de exigirle rendición de cuentas al gobierno por la manera en que administra los fondos públicos.

Saul Banda, director ejecutivo suplente de CSPR explicó que la eficiencia de la oficina del auditor general en producir reportes presupuestarios “sólo arrojará resultados positivos si se ponen en práctica fuertes castigos en los funcionarios corruptos especialmente respecto a fondos ilícitos.” Entre algunos de los hallazgos más sobresalientes del reporte del Auditor General figura que “Street Kids Fund” no contaba con ningún registro de desembolso de fondos alimenticios para grupos objetivo.

Banda enfatizó lo importante que es para CSPR el estricto control fiscal y el monitoreo durante la implementación de los PRPs, al servicio de los más vulnerables pero que “aparentemente son tratados con poco cuidado.” Banda dijo que el mal manejo de recursos públicos para estos programas puede perjudicar los esfuerzos de Zambia por completar su Quinto Plan Nacional de Desarrollo así como las metas del milenio.

Emmanuel Musonda, coordinador estatal de CSPR y del equipo de trabajo “Eastern Province Program Management Team” (EPPMT) apoya el llamado de Banda para mejorar las asignaciones. Musonda le ha solicitado al gobierno desembolsar recursos a estos sectores oportunamente y publicar información sobre erogaciones a departamentos gubernamentales y al público. “Hasta que esto suceda, el presupuesto de este año no refleja el compromiso gubernamental de enfrentar la pobreza de los ciudadanos,” afirmó.

En los últimos cinco años, el EPPMT ha conducido ejercicios de seguimiento presupuestario para sectores como educación, salud, protección social, agricultura, y agua y salubridad. En el ejercicio de este año, el EPPMT encontró que los fondos asignados para los distritos de Mambwe y Chipata fueron desembolsados tardíamente o ni siquiera fueron desembolsados. Por ejemplo, el “Fertilizer Support Program” (FSP) encontró que 1,500 bolsas de fertilizante con un valor de US$12,291 no habían sido contabilizadas.

Sin embargo, CSPR es optimista respecto a las nuevas asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, el equipo de CSPR “Western Province Program Management Team” (WPPMT) reconoció el compromiso del gobierno de rehabilitar y ampliar 27 escuelas de capacitación sobre salud por todo el país, que buscan mitigar la escasez de personal médico, así como la asignación de US$7 millones para la construcción y rehabilitación de siete institutos de capacitación vocacional y empresarial.

Más aún, CSPR anticipa la iniciativa gubernamental de publicar los cuadernos que reportaran las asignaciones de cada proyecto. Mubyana Kakenenwa, quien encabeza WPPMT, dijo que esta es una medida importante ya que “nosotros [WPPMT] no hemos podido obtener información sobre las asignaciones para la provincial occidental debido a la reticencia de algunos funcionarios gubernamentales a publicar esta información, lo que ha tenido un impacto negativo en nuestras actividades de activismo.”

CSPR concluyó que las medidas de política delineadas para el año fiscal son “potencialmente buenas y en caso de ser debida y oportunamente ejecutadas, podrían hacer realidad que, ‘todos nuestros ciudadanos, en todos los rincones del país, despierten cada mañana bien alimentados, en viviendas dignas, con acceso a agua potable y salubridad.”

Para mayor información sobre CSPR, visitar http://www.cspr.org.zm.


 

Entrevista con la experta en presupuestos con enfoque de género Lucía Pérez-Fragoso (fragmento del boletín de UNIFEM, Gender Responsive Budgeting No. 3, 3 marzo 2009 págs 5-6)

Iniciativas locales de presupuestos sensibles al género (GRB, por sus siglas en inglés) son reconocidas cada vez más por su habilidad de enfrentar temas de equidad en contextos  descentralizados. En la ciudad de México, Equidad de Género, una organización conocida por su labor en el área de presupuestos sensibles al género fue contactada en 2006 por el recientemente electo gobierno local solicitando apoyo para cumplir con una de sus promesas de campaña, es decir, “construir una ciudad con equidad”. Esta solicitud se hizo en medio de una serie de reformas políticas más amplias introducidas por el nuevo gobierno, que incluye la aprobación de la ley sobre equidad substantiva entre mujeres y hombres y directrices para una evaluación sistemática del impacto diferencial de políticas públicas sobre mujeres y hombres.

Después de un año y medio de colaboración en 2008 se adoptó el primer presupuesto de la ciudad sensible al género. En la siguiente entrevista, le preguntamos a la economista feminista Lucía Pérez-Fragoso coordinadora del programa GRB en Equidad de Género, sobre este avance y lo que significa para las mujeres en una de las ciudades más grandes del mundo, la ciudad de México.

UNIFEM: Nos puedes decir ¿cómo surgió la propuesta presupuestaria 2008 para la ciudad de México?

LPF: La propuesta presupuestaria 2008 para la ciudad de México llamada “presupuesto con equidad de género” fue el resultado de esfuerzos inmensos, trabajo de largo plazo y un compromiso inquebrantable del nuevo gobierno, que presentó el primer presupuesto con enfoque de género dentro del primer año de entrar en funciones. La preparación de esta propuesta presupuestaria fue el resultado de esfuerzos a distintos niveles durante 2006 y 2007, además de los muchos años de activismo y capacitación por parte de organizaciones de mujeres y del Instituto Nacional de Mujeres del Distrito Federal (INMUJERES DF), legisladores, sobre todo miembros de la comisión de equidad de género y UNIFEM. Cuando la nueva administración entró en funciones, se formó una alianza entre la secretaría de finanzas del gobierno del Distrito Federal (SFGDF), INMUJERES DF y Equidad de Género. INMUJERES DF contaba con una red de puntos focales de género de cada una de las agencias del gobierno del DF responsables de propagar el tema de género en sus instituciones. Esta red ha existido desde hace varios años, y ha recibido capacitación sobre temas de género. En 2007, Equidad de Género recibió una solicitud para capacitar a la red y a funcionarios de alto nivel en la formulación de políticas, programas y presupuestos sensibles al género con la ampliamente reconocida metodología GRB para promover la equidad de género. Al mismo tiempo, la secretaría de finanzas estableció una dirección de presupuestos sensible al género con el cometido de prestar servicios a agencias gubernamentales sobre cómo darle seguimiento al tema de género en las asignaciones presupuestarias. La secretaría de finanzas, INMUJERES DF y Equidad de Género trabajaron conjuntamente para incluir los elementos en los nuevos formatos presupuestarios y en los nuevos manuales programáticos y presupuestarios para capacitar a funcionarios públicos de la administración de la ciudad de México.

UNIFEM: Exactamente ¿qué hace que el gobierno de la ciudad de México sea sensible al género?

LPF: El concepto de presupuestos con enfoque de género es muy amplio y puede incluir varias definiciones. El presupuesto 2008 del gobierno de la ciudad de México se puede considerar sensible al género por varias razones.

En primer lugar, se han hecho importantes esfuerzos en todas las agencias gubernamentales del Distrito Federal para formular políticas, programas y presupuestos sensibles al género. Las primeras 20 páginas de la propuesta presupuestaria de la ciudad claramente explican el trabajo realizado. En segundo lugar, la propuesta presupuestaria asigna recursos para temas de mujeres y equidad de género y propone indicadores específicos para monitorear el uso de dichos fondos. Por ejemplo, el número de respuestas de la oficina de seguridad pública del gobierno a casos de violencia en contra de las mujeres. En tercer lugar, por primera vez en 2008 se comprometieron recursos para la equidad de género en el presupuesto de la ciudad por un total 1,234 millones de pesos, igual a 1.12% del presupuesto. La propuesta presupuestaria también incluye fondos para un programa que busca eliminar la violencia en contra de las mujeres en el transporte público. Esto forma parte de un programa más grande llamado “Viajemos seguras” que ofrece camiones sólo para mujeres a ciertas horas y en ciertas zonas de la ciudad. El gobierno de la ciudad de México lanzó esta iniciativa como resultado del intercambio con el programa regional “Ciudades sin violencia para mujeres: ciudades seguras para todos” durante un encuentro internacional organizado por INMUJERES con el apoyo de UNIFEM. El objetivo de esta reunión fue discutir, analizar y comparar experiencias e iniciativas exitosas de “ciudades seguras” para mujeres en la región. Se analizó el modelo teórico del programa regional de UNIFEM en favor de “ciudades seguras” y se promovió su aplicación en la ciudad de México para promover políticas públicas eficientes, responder a la seguridad de las mujeres y apegarse a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.  Entre otras medidas se colocaron posters en unidades de transporte público para denunciar la violencia en contra de las mujeres. También se asignaron vagones sólo para mujeres en algunos camiones y líneas del metro y en algunos lugares hay entradas reservadas para mujeres y protección especializada. En cuarto lugar, se crearon tres categorías en el presupuesto para asignar recursos a la equidad de género. Las asignaciones son para el diseño, coordinación e implementación de políticas de equidad de género. Muchas de estas agencias gubernamentales asignaron recursos para el análisis con enfoque de género en temas más amplios como el género y el medio ambiente. También se hizo un esfuerzo por desagregar el número de beneficiarios de programas públicos por sexo. La hoja de cálculo ofrece información para mejorar el diseño de políticas, programas y presupuestos de género, entre otras cosas.

UNIFEM: ¿El presupuesto 2009 incluye medidas similares?

LPF: En 2009, los recursos asignados para la equidad de género representan 1.27% del presupuesto 2009, un cambio leve pero considerable si se compara con 2008. Se crearon nuevos programas y hay una mejoría en los programas relacionados con temas de género en todas las oficinas del gobierno. INMUJERES y Equidad de Género siguen fortaleciendo la capacidad del creciente número de participantes en el proceso de formulación de políticas y presupuestos sensibles al género. Además, se introdujeron tres nuevas categorías presupuestarias sobre género: prevenir la violencia contra las mujeres; apoyar a mujeres víctimas de actos de violencia y asegurarle a las mujeres el acceso a la justicia. Se les pidió a las agencias gubernamentales reportar sobre las acciones que cada institución está tomando para promover el género en sus respectivos programas.

UNIFEM: ¿Cuáles son los factores clave del éxito de la iniciativa de presupuestos con enfoque de género en México?

LPF: El éxito de la iniciativa en México sin lugar a dudas se debe a una combinación de factores: voluntad política, alianzas estratégicas, capacidad y reforma presupuestaria. La alianza entre INMUJERES DF, la secretaría de finanzas – principalmente la subsecretaría responsable del gasto público, ejecutora del presupuesto del gobierno del DF – y organizaciones de la sociedad civil fue fundamental para enmarcar la iniciativa. También fue estratégico para Equidad de Género contra con el “know-how” técnico y la metodología para apoyar la formulación de políticas, programas y presupuestos de género y fomentar las capacidades de funcionarios públicos y de los puntos focales de género en sus primeras fases. Pienso que la participación de la secretaría de finanzas fue decisiva en términos de cambiar el formato del presupuesto y los manuales de capacitación y  capacitar a todas las agencias gubernamentales para ejecutar por lo menos una acción en su plan operativo anual 2008 (documento de planeación). En general, el gobierno del DF le dio gran apoyo a la formulación de presupuestos sensibles al género durante 2008 y 2009. Entre otras cosas, el marco político le exige a cada agencia gubernamental definir sus objetivos anuales en el área de género. Esto también sirve como una herramienta de rendición de cuentas e implementación de monitoreo.

UNIFEM: ¿Cuál es el futuro del trabajo de presupuestos con enfoque de género en la ciudad de México?

LPF: La experiencia de presupuestos con enfoque de género en el gobierno del DF está en progreso, lo que exige atención constante y dedicación de largo plazo. Si sólo tomamos el ejemplo de transporte público de la ciudad de México, puede imaginarse por un momento lo que se necesita para movilizar a ocho millones de personas diariamente y las implicaciones de género que esto conlleva. En realidad, el acceso al transporte tiene un impacto en el acceso a la educación, los servicios de salud, el trabajo, los mercados, etc. Si el presupuesto con enfoque de género ayuda a mejorar estos servicios y aumentar el acceso de las mujeres a ellos de manera segura y confiable, el impacto en las vidas de las mujeres será invaluable. Necesitamos ser capaces de monitorear esto en los siguientes años.

Para leer el ejemplar completo del boletín de UNIFEM, ir a: http://www.gender-budgets.org/



Retos para financiar la educación en Orissa, India
por Sarit Rout

En la India, como en la mayoría de los países de medianos y bajos ingresos, el gobierno es el principal proveedor de servicios básicos como salud y educación.  El país recientemente pasó la enmienda constitucional número 93 haciendo de la educación un derecho fundamental, pero enfrenta enormes retos para proveer educación de alta calidad para todos, en particular los pobres y marginados.

Algunos de los retos claramente están presentes en el estado de Orissa, un estado eminentemente agrícola en donde casi 85 por ciento de sus 36.8 millones de habitantes viven en zonas rurales. Alrededor de 38 por ciento del total de la población en Orissa es de castas o tribus clasificadas, grupos vulnerables que enfrentan prejuicios y aislamiento económico. Como resultado, el estado está por debajo del promedio nacional para muchos de los indicadores socioeconómicos, incluyendo alfabetismo femenino (50.5 por ciento en Orissa en 2001 vs. 53.7 a nivel nacional), expectativa de vida (57.2 años vs. 61.1), y mortalidad infantil (65 de 1,000 nacimientos vs. 57).

El alfabetismo femenino no sólo es más bajo en Orissa que en el resto del país; sino que además existe una importante brecha de alfabetismo por género al interior del estado lo que indica un posible fracaso para atender las necesidades en la educación de mujeres y niñas. De acuerdo con el censo 2001 (la información más reciente que está disponible) la brecha por género es de 24.98 por ciento, casi igual al 25.79 por ciento de 1971.

De gran preocupación son los siete distritos en donde el nivel de alfabetismo femenino es menor al 30 por ciento, mismo que corresponde con los bajos niveles de educación para mujeres en tribus clasificadas. Estos distritos están principalmente dominados por tribus y se caracterizan por su pobreza extrema en términos de ingreso, infraestructura y bajos niveles de alfabetismo.

Hay otras deficiencias respecto a la disponibilidad e infraestructura de apoyo que obstaculizan la calidad de la educación primaria.

Gasto público para educación: tendencias y cuestiones

A pesar de que el sector privado ofrece cierto apoyo a la educación en Orissa, los gobiernos estatal y nacional son los principales proveedores de escuelas. El gobierno del estado enfrentó una seria crisis financiera durante los noventa que resultó en un aumento de la deuda pública y menos recursos para el gasto público en sectores como el de educación.  En respuesta a esta situación el gobierno estatal de Orissa tomó ciertas medidas de consolidación fiscal, que mejoraron la situación financiera y, finalmente, llevó al superávit de recaudación de 2005-06. Durante este período, el total del gasto en educación como parte del presupuesto estatal total bajó, al igual que el gasto para educación primaria. Esto es importante ya que para muchos de los residentes del estado, la escuela primaria es su primera y, a veces, única oportunidad de recibir educación formal.

No se destinan suficientes fondos de educación primaria para mejorar la calidad

Las asignaciones para educación primaria están distribuidas entre muchos programas y actividades incluyendo la administración escolar, apoyo para escuelas públicas y privadas, libros de texto, becas y el subplan de áreas tribales “Tribal Areas Subplan”  (TSP) — un plan especialmente introducido durante el plan quinquenal para el desarrollo socioeconómico de pueblos tribales. El mejoramiento de la calidad en la educación ofrecida por las escuelas requiere de inversiones para la capacitación de maestros, libros de texto y otros materiales didácticos, becas y edificios para escuelas.

Desafortunadamente para las necesidades de la educación de los estudiantes del estado, las asignaciones para libros de texto en proporción al presupuesto total para educación primaria ha disminuido de 1997-98 a 2003-04, y el total de asignaciones para becas es menor a 1 por ciento del gasto para educación primaria. Igualmente, hay muy pocas inversiones para la capacitación de maestros en este período. Preocupa sobre todo la importante disminución en la asignación TSP durante el período estudiado, lo que claramente contribuye a que no se responda a las necesidades educativas de los miembros de las tribus clasificadas.

¿Qué tan efectivo ha sido el gasto para educación en Orissa en cuanto a resultados?

Un estudio de campo en dos distritos del estado evalúa el impacto del gasto en educación con base en retos como el aumento del acceso y calidad de la educación primaria.  Las instalaciones educativas y disponibilidad de los maestros son dos factores que afectan el acceso y la calidad;  El estudio encuentra que de las 50 escuelas encuestadas 12 escuelas tienen cinco maestros, tres escuelas tienen cuatro maestros y 25 sólo tienen dos maestros. Además, en la mayoría de las escuelas, los maestros están obligados a preparar y servir almuerzo al medio día, lo que los distrae de sus labores docentes.  Esto es una carga para las escuelas que sólo tienen dos maestros.

Hay 39 por ciento menos salones de clase de los que se necesitan en los distritos y casi la mitad de las escuelas estudiadas sólo tienen dos salones de clase.  Lo más importante es que más de dos tercios de las escuelas en los distritos no cuentan con una oficina para los maestros.  El estudio encontró que 70 por ciento de las escuelas en los distritos carecen de inodoros, 68 por ciento no tienen patios para jugar o hacer ejercicio y 62 por ciento de las escuelas carece de bardas que las delimiten. Además, en 60 por ciento de las escuelas se encontraron goteras en la estación de lluvias y sólo 26 por ciento están conectadas con caminos.

En lo que se refiere a materiales de enseñanza y aprendizaje, el estudio encontró que en las escuelas del distrito los libros de texto no estaban disponibles o no había suficientes para todos los estudiantes. Escuelas en ambos distritos con frecuencia sufren retrasos de hasta seis meses para recibir los libros de texto. Aunado al efecto de la mala calidad o falta de instalaciones, maestros y libros de texto adecuados está el hecho de que en ambos distritos la disponibilidad de becas es muy irregular.

Conclusión

Los pronunciamientos políticos, como la enmienda constitucional que reconoce a la educación como un derecho fundamental y las acciones no siempre son congruentes como lo muestra el caso de Orissa. En tanto que la inversión pública es un componente crítico para la educación de alta calidad, a fin de cuentas depende de cómo se usan los fondos y si éstos llegan a los beneficiarios en cuestión lo que determina el resultado. La pregunta central es cómo aumentar el uso efectivo y eficiente de recursos públicos y la participación de la sociedad civil es una parte importante de la respuesta.

El presupuesto para la educación en Orissa y en otras partes de la India, con frecuencia carece de fondos suficientes para monitorear el desempeño de los maestros. La sociedad civil puede ayudar a cerrar esta brecha a partir de movilizar y construir la capacidad de miembros de la comunidad para monitorear qué tan bien los maestros y los estudiantes se desempeñan, así como preparar y servir almuerzos para que los maestros no interrumpan sus clases.

Como podemos ver en el ejemplo de Orissa, India enfrenta retos importantes respecto al aumento del acceso y calidad de la educación primaria. La sociedad civil puede documentar instancias en donde hay problemas y organizar campañas de activismo para presionar al gobierno y mejorar la situación.  Los grupos presupuestarios deben de estar basados en necesidades reales y la sociedad civil juega un papel central en identificar esas necesidades y luchar para que se atiendan.

Para mayor información contactar a Sarit Rout [email protected].


 

“Civil Society Engagement in Education Budgets: A Report Documenting Commonwealth Education Fund Experience” por Victoria Perry
http://www.globalpartnership.org/media/CSEF/Civil_Society_Engagement_in_Education_Budgets[1].pdf

El fondo para la educación “Commonwealth Education Fund” (CEF) se estableció en marzo 2002 para lograr los siguientes objetivos: promover la participación de la sociedad civil en el programa de educación para todos “Education for All” (EFA); aumentar el debate público sobre objetivos para la educación; aumentar la transparencia en el presupuesto para la educación y satisfacer las necesidades de los niños fuera del sistema educativo. El CEF apoya a sus socios en 16 países y ayuda a comunidades a monitorear el gasto en educación a nivel local y nacional. Esto mediante el fomento de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) para influir en las decisiones del presupuesto y en las políticas educativas. Este reporte ofrece una semblanza de la experiencia de los 16 países del CEF. Explica cómo las OSCs se han involucrado en el proceso de presupuestos, cómo hacer el seguimiento y monitoreo del gasto y luchar por asignaciones presupuestarias en el sector educativo.


 

“Making the Budget Work for Education: Experiences, Achievements, and Lessons from Civil Society Budget Work” por Mario Claasen
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/01/Making_the_Budget_Work_for_Education.pdf
El fondo para la educación “Commonwealth Education Fund” (CEF) ha estado apoyando la participación de la sociedad civil con gobiernos sobre sus compromisos con los objetivos del programa de educación para todos “Education for All” (EFA) y las metas del milenio desde 2002. Este reporte ofrece una perspectiva de cinco estudios de caso en Bangladesh, Ghana, Kenia, Malawi y Uganda, en donde OSCs y comunidades locales han logrado usar el análisis y monitoreo presupuestario para exigirle a los presupuestos y políticas de sus gobiernos rendición de cuentas respecto a los objetivos del EFA y las metas del milenio. Los estudios de caso presentan iniciativas nacionales y locales, ofrecen lecciones clave, reconocen avances e identifican los retos que comparten las OSCs y las comunidades locales.  El propósito de esta publicación es ofrecer lecciones clave a OSCs que operan en el sector educación para llevar a cabo iniciativas similares en sus propios contextos.


 

“A Budget Guide for Civil Society Organizations Working in Education”
http://www.pamoja-west-africa.org/English/Documents/Guide%20CSO.pdf

Los presupuestos pueden ser complejos y hasta intimidantes para mucha gente. Sin embargo, el trabajo presupuestario de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) a nivel mundial por más de una década ha demostrado que a pesar de que los presupuestos pueden ser técnicos, los ciudadanos pueden aprender simples cálculos para usar y comprenderlos. El trabajo de presupuestos ha comprobado que los presupuestos no son documentos abstractos; sino herramientas útiles para las campañas activistas de la sociedad civil y para exigirles rendición de cuentas a sus gobiernos y políticos sobre sus promesas y compromisos de gastos en favor de los pobres. Esta guía tiene un enfoque particular en el sector educación y ofrece información básica sobre cómo las OSCs pueden comenzar a hacer trabajo presupuestario, introducir conceptos presupuestarios clave y utilizar estudios de caso para informar a las OSCs sobre cómo el trabajo de presupuestos puede ayudar a crear mensajes activistas y promover la educación.


 

Nuestro dinero, nuestra responsabilidad: Aplicación de herramientas prácticas para el monitoreo del gasto gubernamental

Del 7 al 20 de noviembre el IBP organizó un taller en Cape Town, Sudáfrica sobre la implementación del monitoreo presupuestario. Asistieron representantes de organizaciones de 13 países de todo el mundo interesadas en monitorear los resultados del gasto gubernamental.

El taller de 14 días de duración se basó en la publicación del IBP Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures. Esta guía ofrece 10 metodologías de buenas prácticas utilizadas por organizaciones de la sociedad civil para monitorear la ejecución del presupuesto del gobierno y evaluar el impacto del gasto público. Los materiales del curso fueron el resultado de un esfuerzo de colaboración y se aprovechó la experiencia de organizaciones alrededor del mundo que están implementando metodologías y herramientas innovadoras para el monitoreo del gasto gubernamental. El trabajo de estas organizaciones va más allá de influir en la formulación o ejecución del presupuesto.

El taller está diseñado para darles a los participantes ideas y herramientas básicas de cuatro metodologías de monitoreo, para monitorear cómo se gasta el presupuesto. El taller es altamente participativo – muy similar a otras iniciativas de capacitación del IBP – en donde los participantes tienen que resolver problemas, hacer preguntas, discutir los materiales del curso y hacer trabajo de equipo. El taller utiliza un paquete muy completo de materiales que incluyen una simulación de la información del presupuesto para un país ficticio, así como un estudio de caso sobre salud que los participantes tienen que analizar.

Uno de los participantes observó que “el taller fue muy intenso, informativo y práctico en términos de la aplicación de metodologías.” Como resultado de lo que aprendieron, los participantes sintieron que ahora ya estaban en posición de “identificar documentos necesarios y relevantes pues ya saben qué deben de buscar al analizar documentos para desarrollar un objetivo de incidencia presupuestaria.

Además de monitorear los presupuestos, el taller se enfocó en la incidencia presupuestaria.  Los activistas presupuestarios deben de llegar a una audiencia específica, lo que requiere de una planeación estratégica sobre cómo hacer que el mensaje en cuestión llegue a la gente común y corriente. En el taller, los participantes fueron introducidos a novedosas opciones de medios de comunicación para comunicar su mensaje activista. Se les pidió a los participantes usar rallies, marionetas, radionovelas, canciones y medios impresos. Al final del ejercicio los participantes dijeron que se veían capaces de hacer trabajo de incidencia más intensamente.” Uno de los participantes sintió que “el taller fue una buena experiencia para mejorar mi comprensión del activismo con base en evidencia.

Un importante objetivo de largo plazo del IBP es hacer que las organizaciones participantes implementen estas metodologías de monitoreo. Para poder determinar el uso práctico de las herramientas, los participantes tuvieron que considerar si sus organizaciones estarían interesados o en posición de implementar las metodologías.

En la evaluación del curso, muchos de los participantes dijeron que el contenido fue útil para el trabajo presupuestario de sus organizaciones. Por ejemplo, uno de los participantes dijo, “la relevancia del taller para nuestro trabajo es muy grande, sobre todo ahora que estamos por finalizar nuestro plan anual 2009.  Al mismo tiempo estamos preparando nuestra estrategia de activismo para guiar las actividades del 2009 en adelante. Ciertamente las capacidades del curso contribuirán a que logremos estas importantes actividades.”

Alguien más concluyó que “fue una experiencia maravillosa participar en el taller. Estuvo lleno de experiencias multidimensionales, interacciones con gente experimentada y de oportunidades para compartir perspectivas con los participantes del taller de diferentes países y en diferentes ámbitos. Estoy seguro de que en los siguientes días podré contribuir y jugar un papel productivo como miembro del equipo de mi organización en el monitoreo de la implementación del presupuesto y activismo presupuestario.”

Para mayor información contactar a Vivek Ramkumar [email protected].

Para leer Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures, ir a: https://archive.internationalbudget.org/resources/expenditure/index.htm.

 


Sociedad civil, monitoreo de presupuestos e influencia política: evento del “Overseas Development Institute” para el lanzamiento del Índice de Presupuesto Abierto 2008 y del libro “Presupuestos en favor de los pobres” Budgeting for the Poor

Organizaciones de la sociedad civil (OSCs) juegan un papel central para asegurar la transparencia y rendición de cuentas. Con esfuerzo y dedicación también pueden ayudar a informar los procesos de toma de decisiones con evidencia e investigación. El 17 de marzo 2009, el “Overseas Development Institute” organizó un evento para resaltar la importancia de procesos presupuestarios participativos con el libro Budgeting for the Poor. El evento también sirvió para ofrecer un contexto internacional más amplio con la presentación de los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2008.

Budgeting for the Poor examina la creciente importancia que juegan las OSCs en el análisis de las políticas presupuestarias del gobierno y en el activismo para procesos presupuestarios más transparentes e incluyentes en países en vías de desarrollo o economías en transición. Mediante el uso de seis estudios de caso de grupos presupuestarios a lo largo de Europa, África, Asia y América Latina este libro es el primer estudio comprensivo del impacto e importancia de iniciativas cívicas dirigidas a promover le transparencia presupuestaria y el enfoque sobre pobreza en las prioridades de gasto del gobierno. Los logros que se han documetnado incluyen mejoramiento en la transparencia de la toma de decisiones del presupuesto, aumento en la sensibilidad y educación sobre el presupuesto y mayor compromiso en el proceso presupuestario de parte de legisladores, los medios y organizaciones de la sociedad civil. Los estudios de caso en este libro demuestran cómo los grupos presupuestarios producen mayor equidad en las políticas del presupuesto y fortalecen la democracia mediante el fomento de la rendición de cuentas, la transparencia y la participación.

El evento incluyó presentaciones de Mark Robinson, quien encabeza el “Profession for Governance and Conflict” del “UK Department for International Development” (DFID) y editor de Budgeting for the Poor; Paolo de Renzio, investigador asociado del “Oversees Development Institute”; y Warren Krafchik, director del IBP.

Para mayor información sobre el evento y para bajar las presentaciones, ir a http://www.odi.org.uk/events/details.asp?id=442&title=civil-society-budget-monitoring-policy-influence.

 


 

Idasa organiza la mesa redonda “Parliament, the Budget, and Poverty” en Cape Town, Sudáfrica

El 14 de octubre 2008, el servicio de Idasa “Political Information and Monitoring Service” (PIMS) reunió a especialistas en finanzas públicas, legisladores y miembros de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) para discutir el papel del parlamento sudafricano en el proceso de presupuesto con énfasis en el alivio a la pobreza. Paul Graham, director ejecutivo de Idasa, dijo que la reciente tabulación del presupuesto 2008 “Money Bills” en el parlamento—en vista de la importancia de los poderes presupuestarios de enmienda son una herramienta crítica para la participación democrática—hicieron de la mesa redonda un evento muy importante y oportuno.

Joachim Wehner del “London School of Economics” presentó un trabajo sobre la historia de la legislación sobre enmiendas presupuestarias en Sudáfrica bajo el título  “Reforma presupuestaria y control legislativo en Sudáfrica: ¿puede el parlamento ser poderoso y fiscalmente responsable?” Wehner también presentó los resultados de un estudio realizado en 2003 sobre el alcance del poder legislativo en los procesos presupuestarios en más de 30 países con base en seis indicadores clave: poderes de enmienda, presupuestos reversibles, flexibilidad durante el año, oportunidad del proceso presupuestario, capacidad del comité y capacidad de investigación. Análisis comparativo de los resultados demuestra que el alcance del poder legislativo en Sudáfrica es de los más débiles entre los países encuestados. Sin embargo, Wehner notó que en cinco años desde que se aplicó la encuesta, la habilidad de participar del parlamento sudafricano en el proceso de presupuesto ha aumentado, al igual que la capacidad de la oficina de investigación parlamentaria.

Wehner sugirió que la propuesta de ley “2008 Draft Money Bill Amendment Procedure and Related Matters Bill” debe contener cierto número de salvaguardas necesarias para asegurar la responsabilidad fiscal de un mayor poder de enmienda presupuestaria del legislativo, incluyendo la creación de comités de apropiaciones y un proceso de arriba hacia abajo. No obstante, concluyó que la verdadera prueba de arreglos institucionales sería qué tan bien los poderes de enmienda de la legislatura determinan cómo el control legislativo se ve reflejado en el presupuesto en un contexto partidario fragmentado.

La presentación de Wehner suscitó discusiones sobre política fiscal y sobre cómo el balancear la flexibilidad del poder de enmienda del presupuesto con restricciones y reglas que garantizan prudencia. Otros enfatizaron el valor de la oficina de presupuesto no partidaria que ofrecería capacidad analítica a los comités y miembros del parlamento.

En la segunda sesión, Tania Ajam del “Applied Fiscal Research Centre” (AFReC) presentó “Budget Oversight and Poverty Alleviation: Opportunities and Challenges,” en donde habló del impacto de la vigilancia presupuestaria dentro del parlamento, junto con la transparencia y rendición de cuentas pueden crear incentivos para que las instituciones públicas sean efectivas, eficientes, responsables y respondan a las necesidades de los pobres. Ajam sugirió que la vigilancia efectiva se determina por el número de factores, incluyendo los sistemas políticos y la cultura, los poderes formales de enmienda y vigilancia, incentivos para la vigilancia efectiva, credibilidad y oportunidad en la información y sensibilidad pública.

Ajam identificó retos vinculados a la capacidad institucional, percepciones de la credibilidad del parlamento y la necesidad de enfatizar los resultados e impactos presupuestarios y distinguir entre la rendición de cuentas política y administrativa. También observó que los presupuestos provinciales y locales tienen fuertes implicaciones en el alivio a la pobreza y argumentó que el parlamento debe de poner en práctica sus habilidades de vigilancia a estos niveles, pues de lo contrario se puede reducir su importancia y credibilidad.

Esta presentación suscitó discusiones sobre la efectividad de los resultados del presupuesto, la prestación de servicios y las ganancias de inversiones. Los participantes también se enfocaron en el papel de instituciones complementarias de vigilancia incluyendo el poder judicial.

En la tercera sesión, los investigadores de Idasa Len Verwey y Mario Claasen presentaron estudios de caso sobre la participación de la sociedad civil en el presupuesto. Claasen habló de la iniciativa de presupuestos para mujeres “Women’s Budget Initiative” en Sudáfrica y del grupo de presión sobre educación “All-Party Parliamentary Caucus on Education” en Bangladesh. En ambos casos, OSCs enfrentaron múltiples retos como la falta de voluntad política y dedicación, capacidad institucional y prioridades políticas dentro de las legislaturas. Verwey y Claasen argumentaron que la participación activa de las OSCs en el proceso presupuestario es vital y puede reducir las asimetrías de información entre el poder legislativo y el ejecutivo, ofrecer vigilancia efectiva y legitimar el presupuesto final. Recomendaron que las OSCs deben de formar alianzas efectivas entre sí y con los legisladores, desarrollar investigación creíble y relevante y construir capacidad dentro del parlamento.

Al examinar porqué un número limitado de OSCs hacen análisis de presupuestos y si las aportaciones de dichas organizaciones son representativas de la participación pública en el proceso presupuestario, hay quienes siguieren que las OSCs financiadas por el gobierno pueden titubear para participar en el proceso presupuestario o criticar las asignaciones o prioridades del gasto público. Otros hablaron de la relativa inaccesibilidad de información, la naturaleza de oferta de la información disponible y la capacidad técnica requerida.

Se argumentó que para participar efectivamente en el proceso presupuestario las OSCs deben de evitar “legitimar” los requisitos de la participación pública y enfocarse en impactos y resultados.  El análisis de presupuestos debe de combinarse más efectivamente con campañas activistas, como en el caso del “Bangladesh All-Party Parliamentary Caucus” para la educación. Otras estrategias deben de incluir participar más eficientemente con comités parlamentarios, el sector privado y los medios así como formar alianzas entre OSCs que hacen análisis de presupuestos para todos los sectores del gobierno.

Para mayor información contactar a Len Verwey [email protected].


“Responding to the Challenges of Supreme Audit Institutions: Can Legislatures and Civil Society Help?”

Las brechas entre los presupuestos aprobados y las políticas y objetivos de desarrollo son uno de los retos clave de la gobernabilidad en muchos países en vías de desarrollo.  Las instituciones de auditoría suprema “Supreme audit institutions” (SAIs) juegan un papel importante al exigirle a los gobiernos rendir cuentas de sus acciones.  No obstante, muchas SAIs enfrentan serios retos al evaluar los gastos y desempeño de las oficinas gubernamentales.  En este trabajo se revisan detalladamente tales retos y se presentan sugerencias sobre cómo las SAIs pueden superarlos mediante la formación de alianzas con los parlamentos y la sociedad civil organizada. Propone que en los casos en que la legislatura es débil las SAIs pueden ampliar su jurisdicción en beneficio de la aplicación más eficiente de los recursos públicos en favor del desarrollo.  Para leer el documento, ir a:

http://www.cmi.no/publications/publication/?3287=responding-to-the-challenges-of-supreme-audit.

 


“The Community Media Sustainability Guide: The Business of Changing Lives”

La organización internacional de desarrollo no lucrativa Internews recientemente publicó una guía sobre cómo incorporar nuevas plataformas en línea y usar energía alternativa en estaciones de radio y ayudarle a los medios locales a informar a la gente.  Los medios de comunicación comunitarios le han dado a la gente la habilidad de conectarse y el espacio para hacer escuchar sus voces.  Esto es de mucho valor en el ámbito de los medios, incluso las agencias internacionales han demostrado interés en la habilidad informativa de los medios comunitarios.  De acuerdo con Internews más y más gobiernos están reconociendo la contribución de los medios comunitarios en la educación, la salud pública y el desarrollo económico y están creando marcos legales para promover su expansión.  La guía puede ser particularmente útil en los esfuerzos activistas de las organizaciones de la sociedad civil que ya se encuentran aprovechando los avances de la tecnología digital y que trabajan para concretar la sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios.

Para leer la guía, ir a:  http://www.internews.org/research-publications/community-media-sustainability-guide-business-changing-lives

 


“Aid Effectiveness: Overview of the Results 2006 Survey on Monitoring the Paris Declaration”

En la Declaración de París, donatarios y socios se comprometieron con el monitoreo de sus avances para mejorar la eficiencia de la asistencia en 56 acciones específicas, de las cuales 12 indicadores y objetivos fueron seleccionados como metas para el 2010. Este reporte presenta los hallazgos y recomendaciones de la primera ronda de monitoreo en 2006 con base en las actividades del 2005. Las conclusiones de este reporte se basan en una encuesta de 34 países auto-seleccionados y una lista de donatarios que cubren 37 por ciento de la asistencia programada alrededor del mundo en 2005. El reporte demuestra que en la mitad de los países en vías de desarrollo signatarios de la Declaración de París, socios y donatarios deben recorrer un largo camino para cumplir con los compromisos contraidos.  Algunas de las implicaciones clave de la encuesta son altas expectativas de reforma, sentido más profundo de responsabilidad, mayor eficiencia en la asistencia junto con mejor coordinación entre los donatarios. Los autores sugieren que las cuestiones y resultados de la efectividad de la asistencia deben de discutirse más explícitamente a nivel nacional y que se deben de desarrollar mecanismos de monitoreo más creíbles.  Para leer el reporte, ir a: http://www.oecd.org/dataoecd/58/28/39112140.pdf.

 


La “Network Movement for Justice and Development” (NMJD) solicita asistencia técnica sobre análisis presupuestario en Sierra Leona

NMJD es una organización nacional de la sociedad civil sobre desarrollo establecida en 1988 en Kenema, al este de Sierra Leona. NMJD es una red comprometida con la buena gobernabilidad, prácticas de democracia participativa, derechos humanos, género, justicia social y económica y una cultura de paz.  NMJD cuenta con cuatro programas centrales: paz y seguridad, minas e industrias extractivas, empoderamiento de la juventud y gobernabilidad y rendición de cuentas. El objetivo del proyecto de gobernabilidad y rendición de cuentas que hace la presente solicitud busca aumentar la transparencia y rendición de cuentas en el proceso de presupuestos sobre todo en el sector salud y educación en Sierra Leona. Los objetivos del proyecto son:

  • Aumentar la habilidad de la sociedad civil para demandar mejores servicios en los sectores de salud y educación
  • Aumentar el desempeño de la prestación de servicios de salud y educación
  • Aumentar la habilidad tanto del gobierno como de la sociedad civil para ofrecer información actualizada, relevante, precisa y confiable sobre los programas de salud y educación
  • Administración efectiva y confiable con base en resultados de programas de planeación e implementación

El proyecto cubre tres distritos, Kono en el este, Bombali en el norte, y el distrito de la zona occidental rural del oeste. Para maximizar el impacto del proyecto y promover su sustentabilidad, es necesario contar con un esquema de colaboración.  Por ello, los socios y personal han adquirido conocimientos en presupuestos y derechos humanos y monitoreo de políticas de salud y educación. No obstante, se necesita de asistencia técnica para el análisis de presupuesto, el seguimiento del gasto, la orientación de políticas sobre salud, educación, mujeres y niños en favor los pobres, el procesamiento de documentos y sistematización de resultados. La asistencia técnica en estas áreas apoyaría el trabajo de activismo presupuestario y fortalecería el trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil.

NMJD solicita a expertos en análisis y procesos presupuestarios prestar asistencia técnica por un período de dos meses, de abril a mayo 2009.  Para mayor información contactar a Abu A Brima, director ejecutivo [email protected] o [email protected]

 


Nuevo coordinador y analista decano del OBI

La Iniciativa de Presupuesto Abierto está por emprender un nuevo camino de crecimiento.  Esta iniciativa del IBP planea ampliar su trabajo a nivel subnacional y robustecer sus esfuerzos de activismo con instituciones internacionales y a nivel nacional. Esto además de continuar con la Encuesta de Presupuesto Abierto cada dos años.  El nuevo coordinador de la Iniciativa de Presupuesto Abierto, Vivek Ramkumar es la persona ideal para guiar esta iniciativa por este emocionante período.  Cuando Vivek se unió al IBP su experiencia era en activismo para el derecho a la información, sobre todo a nivel subnacional.  En el IBP su enfoque cambia al análisis y activismo presupuestarios.  Este nuevo nombramiento le ofrece a Vivek la oportunidad de combinar su experiencia con el activismo para derecho a la información y el análisis y activismo presupuestarios.  Asimismo, le ofrece al IBP la oportunidad de aprender cómo unir a estas dos comunidades y desarrollar su propio camino activista.

Además, el IBP se complace en presentar a Maurice Nsabimana, quien recientemente se unió al equipo de la Iniciativa de Presupuesto Abierto como analista decano. Su enfoque principal es en investigación colaborativa en la transparencia presupuestaria y la vigilancia a nivel nacional y subnacional. Antes de unirse al IBP, Maurice trabajó en el sector privado, en la sociedad civil y en instituciones multilaterales. Recientemente, trabajó en políticas macroeconómicas en el Banco Mundial en donde se enfocó en deuda y sustentabilidad fiscal en África Central y Occidental. Anteriormente, Maurice fue asistente legal de Ramsey Clark en el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda. Maurice cuenta con una maestría en relaciones internacionales de la “School of International and Public Affairs” de la Universidad de Columbia y una licenciatura en Computación de “Vesalius Colleg” en Bruselas, Bélgica.

 



Se solicitan comentarios: Fondo Monetario Internacional propone nuevo papel y reformas de gobernabilidad

En un reporte publicado el 24 de marzo 2009, el Fondo Monetario Internacional (FMI) trata de poner énfasis en la crisis financiera global para ampliar su papel de proveer seguridad financiera global y acelerar reformas de gobernabilidad dentro de la institución. En el reporte final del comité sobre reforma a la gobernabilidad del FMI, encabezada por el ministro de finanzas de Sudáfrica Trevor Manuel, el comité identifica la necesidad de contar con una instancia de toma de decisiones “con la influencia política, autoridad a nivel nacional, flexibilidad y legitimidad para ofrecer un mecanismo efectivo para la colaboración y responder a las primeras señales y problemas financieros globales.” El reporte argumenta que el FMI puede ser esa instancia si el paquete de recomendaciones del comité es adoptado e implementado con debida premura.

En resumen, el reporte recomienda las siguientes reformas:

  • Completar la siguiente ronda de reformas para la primavera 2010 a fin de “facilitar mejor representación de economías emergentes y en desarrollo”
  • Enmendar los Artículos de Acuerdo para eliminar los cinco asientos en la mesa ejecutiva y consolidar otros asientos
  • Activar un consejo compuesto por ministros y gobernadores de países miembros que pueden ser responsables de decisiones estratégicas sobre vigilancia e instalaciones financieras
  • Reconfigurar responsabilidades de gobernabilidad de la mesa ejecutiva y del director administrativo y del personal para aumentar la rendición de cuentas y mejorar la funcionalidad

Para mayor información, incluyendo el reporte completo, ir a http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr0988.htm o contactar a la oficina de Asuntos Públicos del FMI [email protected].

El FMI está solicitando opiniones sobre su política de transparencia, ver convocatoria a comentarios. Para compartir sus opiniones puede llenar el breve cuestionario o enviar un email a [email protected] antes del 30 de abril 2009.

Newsletter No. 47 – French

Enquête sur le budget ouvert 2008

  • Résumé des observations de l’indice sur le budget ouvert 2008, par Harika Masud et Julie Seiwell
  • Réactions des gouvernements à l’enquête sur le budget ouvert 2008, par Harika Masud
  • Pourquoi la note du Kenya dans l’IBO s’est-il amélioré? par Bonfas Owinga, Social Development Network
  • Stratégies militantes utilisant les résultats de l’enquête sur le budget ouvert 2008, par Rocío Campos et Julie Seiwell

Transparence et responsabilité budgétaire: Taxations et dépenses

  • Rapport de l’ONG Global Integrity: 2008 L’argent non-régulé en politique représente la plus grande menace mondiale en matière de corruption
  • Les taxes et les dépenses sont les deux côtés d’une même pièce: Engagez-vous dans l’analyse fiscale, par Katarina Ott, Institute of Public Finance (Institut des finances publiques)
  • Recovery.gov: Les États Unis ouvrent les comptes du plan de relance économique, par Delaine McCullough
  • La divulgation de données budgétaires est nécessaire à une surveillance citoyenne informée des politiques agricoles, par Jack Thurston
  • Une ONG Zambienne souligne le besoin que les fonds alloués soient effectivement déboursés, par Robert Valencia.

Budgets du gendre

  • Entretien avec l’expert en budgets du gendre de Mexico, Lucia Pérez-Fragoso (extrait du Bulletin d’information de l’UNIFEM, Numéro 3, 3 mars 2009, pp. 5-6)

Ressources sur l’éducation

  •  Défis du financement de l’éducation à Orissa, Inde, par Sarit Rout
  • L’engagement de la société civile dans les budgets de l’éducation: Un rapport sur l’expérience du Fond du Commonwealth pour l’éducation, par Victoria Perry
  • Comment rendre efficace le budget pour l’éducation: expériences, réussites et leçons du Civil Society Budget Work, par Mario Claasen
  • Un guide budgétaire pour les organisations de la société civile travaillant dans le milieu de l’éducation

Publications et évènements

  • Our Money, Our Responsability: Application d’outils pratiques pour surveiller les dépenses gouvernementales
  • Société civile, surveillance budgétaire et influence politique: l’Overseas Development Institute lance Budgeting for the Poor, ainsi que l’Enquête sur le budget ouvert 2008
  • L’Idasa organise un tour de table sur «le parlement, le budget et la pauvreté » à Le Cap, Afrique du Sud
  • Répondre aux défis des institutions suprêmes d’audit: les législatures et la société civile peuvent-ils aider?
  • Le Guide de la viabilité des médias communautaires: Comment changer des vies
  • Efficacité de l’aide: Aperçu des résultats de l’enquête 2006 sur la surveillance de la Déclaration de Paris

Annonces

  • L’IBO a un nouveau directeur et un nouvel analyste senior
  • Le Réseau du mouvement pour la justice et le développement (NMJD) demande une assistance technique pour l’analyse budgétaire au Sierra Leone
  • Appel aux commentaires: Le Fond Monétaire International propose des réformes pour un nouveau rôle et une nouvelle gouvernance

Résumé des observations de l’Indice sur le budget ouvert 2008, par Harika Masud et Julie Seiwell

Le 1er février 2009, le Partenariat international pour le budget (IBP) a publié les résultats de l’enquête sur le budget ouvert 2008, un état des lieux indépendant et comparatif de la transparence et de la responsabilité budgétaire dans 85 pays. Dans l’ensemble, les résultats montrent que la transparence budgétaire dans le monde est déplorable. Cependant, l’enquête offre des raisons d’espérer et apporte la preuve que des pays de contextes différents peuvent être transparents et peuvent s’améliorer et gagner en transparence.

Soixante-huit des 85 pays enquêtés, soit 80%, ne procurent pas à temps au public les informations complètes, utiles, nécessaires pour comprendre, participer et surveiller l’utilisation des fonds publics. Près de 50% de ces 85 pays donnent si peu d’informations qu’ils sont capables de masquer des dépenses impopulaires, inutiles et corrompues.

L’enquête sur le budget ouvert 2008 évalue les gouvernements centraux suivant leur propension à donner au public des informations budgétaires et les possibilités de participer au processus budgétaire. Il examine également la capacité des législateurs et des auditeurs à tenir leurs gouvernements responsables de la gestion de l’argent public. Afin de mesurer facilement l’engagement général des 85 pays en matière de transparence et de permettre une comparaison des pays, l’IBP a créé l’Indice sur le budget ouvert (IBO) à partir des 91 questions de l’enquête qui évaluent l’accès public aux informations budgétaires.

L’IBO 2008 conclut que seuls cinq pays (La France, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis) mettent à disposition une information exhaustive concernant le processus budgétaire. Douze autres pays livrent des informations substantielles.

Plus inquiétants sont les vingt-cinq pays donnant pas ou très peu d’informations au public concernant le budget. Cette liste inclue des pays à faibles revenus tels que le Cambodge, la République Démocratique du Congo, le Nicaragua et le Kirghizistan, ainsi que plusieurs pays à hauts/moyens revenus tels que la Chine, le Nigeria et l’Arabie Saoudite.

Restreindre l’accès à l’information limite la capacité du public, des journalistes, des commentateurs, des académiciens et des organisations civiles de tenir les fonctionnaires responsables.

Les pays les moins transparents ont des points communs

Les pays mal classés par l’IBO tendent à partager un certain nombre de caractéristiques, qui pourraient pointer vers certaines des causes et des conséquences du manque de transparence budgétaire. Les pays les moins bien notés sont pour la plupart situés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu’en Afrique subsaharienne. Ils ont aussi tendance à être des pays à faibles revenus et dépendant souvent lourdement des revenus obtenus grâce aux aides étrangères ou engendrés par l’exploitation de gaz et de pétrole. Nombre de ces pays ont de faibles institutions démocratiques ou sont gouvernées par des régimes autocratiques.

Cependant, il existe dans la plupart de ces catégories des pays qui s’en sortent très bien, montrant ainsi qu’une plus grande transparence budgétaire est possible dans de nombreux contextes très différents. Par exemple, même si plus des deux-tiers des pays enquêtés en Afrique Sub-saharienne sont mal classées par l’IBO, le Botswana et l’Afrique du Sud ont des classements relativement hauts concernant leur transparence budgétaire.

Alors que les pays à faibles revenus tels que le Tchad et le Liberia tendent à être classés en-dessous de la moyenne par les mesures de l’enquête, ils représentent tout de même des exceptions dans ce contexte. Par exemple, le Pérou et le Sri Lanka donnent tous les deux accès à une quantité importante d’informations à leur public.

De la même façon, les pays qui dépendent lourdement des revenus du gaz et du pétrole tendent à obtenir des scores OBI 2008 sous le score global moyen de 39%. Néanmoins, même dans cette catégorie, la Colombie, la Norvège et le Mexique obtiennent de relativement bons scores.

De faibles institutions de surveillance exacerbent le manque de transparence

Les résultats de l’enquête sur le budget ouvert 2008 montre que les pays disposant des plus faibles législatures et des plus faibles institutions suprêmes d’audit (SAI) ont tendance à être aussi les pays avec les plus faibles résultats sur l’Indice sur le budget ouvert. C’est important car une obligation à rendre des comptes efficaces passe non seulement par la transparence et l’accès aux informations budgétaires, mais aussi par la force de ces institutions. L’enquête révèle que la capacité de surveillance des législatures et des SAI est sapée par plusieurs contraintes importantes dans la majorité des pays étudiés.

Dans plusieurs des pays enquêtés, les législateurs ne disposent que de pouvoirs, d’un temps et d’une capacité de révision et de surveillance de la mise en œuvre, limités sur les propositions budgétaires de l’exécutif. Les bonnes pratiques internationales recommandent que l’exécutif fournisse des propositions budgétaires détaillées aux législateurs au moins trois mois avant le début de l’année fiscale, afin de permettre une étude législative détaillée. Néanmoins, moins de la moitié des pays enquêtés respecte ce délai. Étant donné le temps limité dont les législateurs disposent pour étudier les propositions budgétaires, il n’est pas surprenant de voir que soixante-sept des quatre-vingt-cinq pays enquêtés n’effectuent aucune audience publique lors de laquelle les organisations civiles pourraient attester du cadre macroéconomique et fiscal, ainsi que des détails des propositions budgétaires gouvernementales.

De plus, dans près d’un tiers des pays enquêtés, les législateurs n’ont pas la possibilité d’entériner les rallonges budgétaires avant que les fonds ne soient dépensés. Ceci est particulièrement problématique dans les pays faisant appel fréquemment et de façon importante à des demandes de rallonge budgétaire comme le Kirghizistan, le Malawi, le Mexique, le Soudan et le Yémen, ce qui permet aux gouvernements de masquer les dépenses controversées et impopulaires.

Les résultats de l’enquête sur la faculté des SAI à effectuer leur rôle de surveillance sont tout aussi décevants. L’un des critères les plus importants pour permettre à une SAI de fournir une surveillance efficace consiste son indépendance légale et fiscale vis-à-vis de la branche exécutive. Malheureusement, dans 26 pays enquêtés, l’exécutif peut décapiter le SAI sans le consentement des branches législatives et judiciaires. De plus, dans trente-huit des quatre-vingt-cinq pays, c’est l’exécutif et non le législatif ou la judiciaire qui détermine l’allocation budgétaire annuelle du SAI. Dans vingt-quatre de ces pays, les chercheurs civils enquêtés ont senti que le financement du SAI était en dessous du niveau de ressources nécessaire pour remplir son mandat.

Dans quarante-six des pays surveillés, le SAI entretient des mécanismes formels de communication avec le public pour recevoir des complaintes et des suggestions concernant les agences, les programmes ou les projets qui devraient être audités. Cependant, dans trente et un pays, le SAI ne dispose que d’un pouvoir de décision limité sur ce qu’il va auditer, rendant ainsi un grand nombre de SAI impuissantes à utiliser efficacement les apports du public.

Des améliorations immédiates sont possibles

Malgré la complexité de ces défis, l’Enquête sur le budget ouvert 2008 montre que des améliorations peuvent être apportées rapidement et à coût relativement bas. Une comparaison entre les résultats de l’enquête 2006 et ceux de 2008 montre que certains pays ont déjà commencé à améliorer leur transparence budgétaire sur les deux dernières années. Ces pays, la Bulgarie, la Croatie, l’Egypte, la Géorgie, le Kenya, le Népal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Sri Lanka, ont amélioré leur score IBO de sept points ou plus entre 2006 et 2008.

Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour justifier de ces améliorations. Par exemple, le désir de rejoindre l’Union européenne a apporté une plus grande transparence budgétaire en Croatie et en Bulgarie. Au Kenya, au Népal et au Sri Lanka, des améliorations importantes ont été influencées par les activités de groupes civils ou ont donné plus de possibilités à la société civile d’intervenir.

Les forces ayant créé un désir d’amélioration dans ces pays, ces scores peuvent quoi qu’il en soit être en bonne partie attribuées à la parution de documents budgétaires spécifiques qui étaient jusqu’alors indisponibles. Les scores de l’Indice sur le budget ouvert 2008 sont basés sur la disponibilité de huit documents budgétaires clefs que tous les gouvernements devraient rendre disponible en fonction des bonnes pratiques internationales. Ainsi, si un gouvernement révèle un document au public qui était jusqu’alors retenu, ou s’il rend plus complets des documents publics disponibles, son score dans l’IBO s’améliorera grandement.

Dans le cas de l’Egypte, la décision de faire paraître la proposition budgétaire de l’exécutif a augmenté son score de 25 points dans l’IBO, de 18%en 2006 à 43 % en 2008.  Le cas de la Géorgie est aussi remarquable par l’augmentation de son score de 33 % en 2006 à 53 % en 2008 (+ 20 points). L’augmentation est en grande partie due à l’introduction par le gouvernement d’un Budget Citoyen et d’un format budgétaire s’étalant plusieurs années.

Un autre pays ayant considérablement amélioré son score est le Sri Lanka, qui passe de 47 % en 2006 à 64 % en 2008 (+ 17 points). Les chercheurs au Sri Lanka ont principalement attribué cette amélioration à l’intervention de certaines organisations de la société civile et des médias.  En 2007, des organisations de la société civile sri-lankaise ont pour la première fois récusé le budget devant les tribunaux, interrogeant l’autorité donnée au Département du trésor de transférer des fonds désignés pour des « activités de développement » afin de respecter les seuils de dépenses dans d’autres programmes. La Cour suprême a tranché en faveur des organisations de la société civile, avec l’argument que ce pouvoir niait le droit du public d’évaluer l’utilisation des fonds publics.

Le gouvernement du Kenya a pris une approche intéressante afin d’augmenter la participation en demandant au public de faire des propositions par courriel au Ministère des finances au cours de la phase d’élaboration. De plus, le Bureau national d’audit a commencé à publier sur son site des Rapports d’audit fiscaux: http://www.kenao.go.ke/. Le Kenya est un très bon exemple de gouvernement utilisant Internet afin de mettre à disposition des documents et de communiquer par son biais. En plus d’utiliser Internet pour rendre publiques certaines informations, le gouvernement kenyan a établi le Bureau du budget parlementaire afin d’assister les législateurs à effectuer des recherches budgétaires et d’améliorer leur capacité à s’engager dans le processus budgétaire.

L’amélioration du score de la Croatie est en grande partie due à l’inclusion d’estimations sur plusieurs années dans les documents budgétaires de 2007, comme la Proposition budgétaire de l’exécutif. L’augmentation de la transparence budgétaire en Croatie peut être liée aux efforts militants des organisations de la société civile, comme l’Institut des finances publiques, ainsi qu’au désir du gouvernement de répondre aux exigences établies pour l’entrée dans l’Union Européenne.

En général, les améliorations dans les huit pays ont été dynamisées par la décision des gouvernements de rendre disponible des documents qu’ils maintenaient jusqu’alors secrets. Cela montre que des progrès pourraient être effectués ailleurs rapidement et à un coût relativement bas, à partir du moment où il existe un désir politique suffisant. De nombreux pays ayant un mauvais classement sur l’IBO génèrent déjà la majorité des informations nécessaires à la conformité avec les bonnes pratiques. Par exemple, dans cinquante et un des quatre-vingt-cinq pays enquêtés, le gouvernement a généré au moins un document budgétaire clef qui n’a pas été révélé au public. En rendant simplement accessible au public ces informations déjà présentes, ces pays augmenteraient leur score IBO ainsi que la capacité du public à jouer un rôle de surveillance efficace, ce qui est encore plus important. Un autre moyen d’améliorer rapidement et à relativement bas coût la transparence serait de poster des documents budgétaires sur Internet.


Réactions des gouvernements à l’Enquête sur le budget ouvert 2008, par Harika Masud

Une importante couverture médiatique des résultats de l’Enquête sur le budget ouvert 2008 suscita toute une gamme de réactions de la part de différents gouvernements. En plus de recevoir des demandes de pays pas encore inclus dans cette enquête, comme l’Italie, Israël, le Canada et Singapour, et qui le seront lors de la prochaine session en 2010, le Partenariat International pour le budget (IBP) et ses partenaires ont reçu différentes réponses de la part de gouvernements inclus dans la recherche de 2008.

La majorité des réponses de gouvernements se concentrèrent sur le score de leur pays dans l’Indice sur le budget ouvert (IBO), une mesure comparative de l’engagement gouvernemental envers la transparence basée sur la moyenne de 91 des 123 questions du questionnaire se concentrant sur la quantité d’information rendue accessible au public. Par exemple, les inquiétudes concernant le score dans l’IBO de la Bulgarie ont fait demander un briefing sur l’enquête par le Ministre des finances du pays. Une fois le briefing effectué, le ministre accepta les réponses de l’enquête pour la Bulgarie et loua la précision de la recherche. Parmi les autres réponses engageantes, il faut compter celle de l’Afrique du Sud qui inclut le classement IBO 2008 dans son année fiscale Budget Review for the 2009, ainsi que celle d’un expert brésilien du budget de la Chambre des représentants qui mentionna les résultats de l’enquête sur le Brésil dans sa présentation à la réunion de Février des Officiels du budget parlementaire de l’OCDE à Rome.

En plus de ces remarques positives sur les résultats de l’Enquête, les réponses allèrent de la défense à l’encouragement. Lorsque la presse demanda au Premier ministre albanais Sali Berisha de commenter les résultats de l’IBO concernant l’Albanie, il détourna la critique de son gouvernement en argumentant que l’enquête évalue le degré de transparence au niveau local de l’appareil étatique, et non central. Cependant, le Parti socialiste albanien d’opposition s’avéra être mieux informé, indiquant que l’Enquête sur le budget ouvert sur laquelle l’IBO 2008 des pays est basé, se concentre exclusivement sur l’évaluation des gouvernements centraux.

L’Institut de recherche en politique publique, l’organisation ayant effectué l’Enquête en Namibie, est en pourparlers avec le Ministère des finances Namibien, lequel a publié un communiqué de presse pour protester contre les résultats de l’Enquête concernant la Namibie. Le ministère argumenta que l’Enquête « ne parvint pas à distinguer le haut degré d’ouverture déjà atteint en Namibie », et négligea de souligner que « la Namibie obtient un score proche du double de la moyenne de ses voisins de l’Afrique subsaharienne. »

L’une des réponses de gouvernement les plus dérangeantes vint de la part du Cameroun. Bien que le chercheur dépêché sur place ait demandé bien avant la date de parution fixée au 1ier Février que le gouvernement lui donne la permission de publier les résultats de l’Enquête sur le budget ouvert 2008, il ne lui fut pas accordé de rendre public les tristes résultats du Cameroun.

Les réactions des gouvernements d’Afghanistan et du Rwanda furent plus encourageantes. Le gouvernement afghan répondit aux résultats de l’IBO 2008 en argumentant que le budget national de l’Afghanistan est fortement dépendant de l’aide extérieure, qui est imprévisible. Il serait ainsi difficile de finaliser des documents budgétaires consolidés, comme la proposition budgétaire de l’exécutif, assez en avance afin de donner suffisamment de temps au législatif pour l’étudier. Néanmoins, le Ministère des finances exprima le désir d’améliorer le score de l’Afghanistan dans l’IBO en rendant plus d’informations budgétaires accessibles au public.

Le gouvernement du Rwanda est en pourparlers avec l’IBP (via la Banque mondiale) au sujet de son score 2008 dans l’IBO de 0/100. Le gouvernement est préoccupé par le fait qu’étant donné que la recherche fut effectuée en 2007, l’Enquête sur le budget ouvert 2008 ne reflète pas l’agenda récent des réformes budgétaires qui inclut la publication dé davantage d’informations budgétaires sur le site gouvernemental. Étant donné la place importante de l’IBO dans la communauté internationale préoccupée par les affaires de budget, le gouvernement pense que le bas classement du Rwanda renforce la perception que le Rwanda ne fait aucun effort pour devenir transparent et responsable.

Le gouvernement propose que des agences multilatérales entreprennent de minimiser la publicité négative en s’engageant plus intensément aux côtés du Rwanda pour préparer la prochaine session de l’Enquête qui aura lieu en 2010, indiquant ainsi son désir d’amélioration. Comme première étape, l’IBP encourage les gouvernements des pays à fournir des réponses détaillées à l’IBO 2008, qui seront alors publiées et mis en valeur sur son site web. Par la suite, l’IBP pourra conduire des études de cas en profondeur pour un nombre limité de pays afin de documenter les améliorations possibles.

Il n’est pas surprenant de voir que les gouvernements des pays ayant obtenu de bons résultats dans l’Enquête sur le budget ouvert 2008 fassent usage des résultats pour promouvoir leurs efforts, tout comme il n’est pas surprenant de voir que les gouvernements ayant obtenu de mauvais résultats critiquent la recherche. Néanmoins, l’IBP se sent encouragé par les réponses des gouvernements comme l’Afghanistan ou le Rwanda, qui montrent leur volonté de rendre leur budget plus ouvert et responsable envers le public, ainsi que leur volonté d’engager une discussion publique concernant les améliorations présentes et futures.


Pourquoi la note du Kenya dans l’IBO s’est-elle améliorée? par Bonfas Owinga, Social Development Network (Réseau pour le développement social)

Le Réseau pour le développement social (SODNET – Social Development Network), basé à Nairobi au Kenya, est l’une des organisations ayant participé à l’enquête de l’IBP Open Budget Survey 2008. Nous réfléchissons ici sur le score de 5 7% obtenu cette année par le Kenya dans l’Indice sur le budget ouvert (IBO) en comparaison de son précédent score de 4 8% 2006 score de 2006.

Les réformes budgétaires initiées par le gouvernement furent menées par le gouvernement de la Coalition nationale arc-en-ciel, lequel commença son mandat conscient de la nécessité des réformes, suite à sa victoire écrasante aux élections en 2002, et qui institua de nombreux changements dans les trois premières années de son administration. En 2003, le gouvernement a réintroduit un mécanisme de Revue des dépenses publiques, qui avait été retiré en 1997. Il a aussi établi le Département des réserves budgétaires, qui coordonne le processus budgétaire et organise des forums publics et ouverts sur les sujets liés au budget. On peut citer comme autres points clefs de la législation liée au budget et à la responsabilité budgétaire le Government Financial Management Act, l’Anti-Corruption et Economics Crime Act, le Public Officer Ethics Act, le Public Audit Act, le Public Procurement and Disposal Act, le Privatization Act et le Statistics Act.

Au cours de l’exercice fiscal 2005/06, le gouvernement a adopté le Government Finance Statistics (GFS) ainsi qu’un système de classification économique compatible avec le budget qui a remplacé le système de prévisions budgétaires par lignes utilisé à l’époque. De plus, lors de l’année 2007/08, le Ministère des finances a commencé à mettre en place des prévisions budgétaires orientées vers les performances et architecturées autour des programmes, ce qui devrait faciliter le suivi et la surveillance des fonds publics.

Une étude détaillée du Statistics Act de 2006 montre le genre de réforme nécessaire pour améliorer la transparence et la qualité des décisions budgétaires. Décrétée le 1ier février 2006, la loi a été conçue pour répondre aux problèmes relatifs aux données: piètre qualité, vides, et un manque d’indépendance professionnelle au Bureau central des statistiques. L’Act a remplacé le Bureau central des statistiques, et ses compétences et son mandat ont été restreints par le Bureau national kenyan des statistiques, une agence gouvernementale semi-autonome.

La nouvelle agence, placée sous l’autorité du Ministère de la planification et du développement national, est mandatée pour collecter, analyser et disséminer les informations statistiques officielles dans le pays et pour diriger un recensement des logements tous les 10 ans. On estime que l’Act a donné à l’agence une plus grande indépendance professionnelle, ainsi qu’une autonomie légale. Ces deux aspects amélioreront la qualité de la collecte et de l’analyse des données, comme cela est nécessaire pour permettre un développement et une planification politiques plus forts.

Un second tiers des réformes provient des pratiques promulguées par la Banque centrale et le Fond monétaire internationale (FMI).  En 2006, le Ministère des finances, en consultation avec la Banque mondiale et le FMI, a lancé une Stratégie de réforme de la gestion des dépenses publiques complète. Il a introduit le Système intégré d’information de la gestion financière et l’Enquête de suivi des dépenses publiques afin d’informer de la mise en place du budget et des pratiques exécutives.

Enfin, des organisations de la société civile travaillant en étroite coopération avec le Parlement ont aussi joué un important rôle dans la promotion des réformes budgétaires. En 2007, l’Institut des affaires économiques, en lien avec d’autres organisations telles que SUNY-Kenya, menèrent l’élaboration et la préparation du projet de loi sur la gestion fiscale 2007, laquelle a créé le Bureau du budget parlementaire afin d’aider les législateurs dans leurs recherches budgétaires et améliorer leur capacité à participer au processus budgétaire. Le projet de loi a également créé le Comité d’analyse et d’approbation fiscales afin d’améliorer le rôle des membres du parlement dans la préparation et la surveillance du budget.

L’IEA a aussi publié un guide budgétaire pour les législateurs chaque année après la lecture du budget au parlement, afin d’améliorer le niveau de compréhension du budget et la qualité des débats le concernant. L’IEA et d’autres organisations de la société civile continuent par ailleurs d’organiser des forums publics ouverts pour discuter les priorités budgétaires avant et après la lecture du budget.

Les organisations de la société civile travaillant sur les problèmes budgétaires ont développé un budget alternatif, qui génère de sérieux débats autour du budget proposé, et ont fait pression sur le gouvernement afin qu’il publie des informations sur le budget. En fait, elles sont présentement en train de forcer le passage d’un robuste Projet de loi sur la liberté de l’information qui garantira l’accès aux informations budgétaires critiques et améliorera les niveaux de transparence et de responsabilité.

Le Forum Kenyan pour l’engagement budgétaire a été créé par un groupe de la société civile travaillant sur le budget, des membres lobbyistes du Parlement et du pouvoir exécutif, pour ouvrir le processus budgétaire à la participation du public.  D’autres exemples d’augmentation de la participation publique combinent le travail de soutien de la société civile et des réformes internes au gouvernement. Par exemple, pendant la phase d’élaboration du budget 2007/08, le gouvernement a demandé aux citoyens d’envoyer par courriel leur point de vue et leurs propositions concernant le budget au Ministère des finances.

De plus, le gouvernement a conduit les 175 autorités locales à organiser des écoutes du public au sujet de la préparation de leur budget et à lire leurs budgets publiquement. Cette initiative a suscité un grand intérêt et une grande participation au niveau locale. Il est probable que cela continue d’avoir un impact positif sur les budgets des gouvernements locaux étant donné que les priorités des citoyens sont pris en compte. De plus, cela augmentera la transparence et la responsabilité au fur et à mesure que les citoyens deviendront plus engagés et conscients de l’importance du budget dans leur vie de tous les jours, et qu’ils demandent aux fonctionnaires gouvernementaux locaux de rendre des comptes.

Biens que d’autres actions nécessitent d’être menées, le Kenya a fait d’importants progrès dans l’amélioration de sa transparence fiscale et de sa responsabilité budgétaire depuis 2003. Des améliorations touchant plusieurs secteurs du gouvernement ont eu lieu, à l’aide de la participation du Parlement et des organisations civiles.  Cependant, il y a encore beaucoup à apprendre en matière de politique économique, notamment sur la raison pour laquelle le gouvernement a institué ses réformes, ou comment les organisations civiles y ont participé, ce qui rend indispensable une nouvelle étude de cas.


Stratégies militantes utilisant les résultats de l’Enquête sur le budget ouvert 2008, par Rocío Campos et Julie Seiwell

Le 1ier février, les résultats de l’Open Budget Index 2008 ont été mis à la disposition de la presse et du public mondialhttp://openbudgetindex.org/index.cfm?fa=ipr. L’IBO a été désigné pour mesurer les pratiques en matière de transparence des systèmes budgétaires gouvernementaux, en évaluant le degré d’accessibilité au public de huit documents budgétaires clefs que les gouvernements sont sensés rendre public suivant les bonnes pratiques internationales. L’IBO fait partie de l’Enquête sur le budget ouvert 2008, une analyse complète adjointe d’une enquête évaluant si les gouvernements de quatre-vingt-cinq pays permettent l’accès aux informations budgétaires et donnent la possibilité de participer au processus budgétaire au niveau national.

Le Partenariat international pour le budget (IBP) est convaincu que l’ouverture budgétaire permet au public de juger si les élus des gouvernements sont de bons intendants des fonds publics ou non, et ainsi, puisque le public permet de réduire les dépenses inutiles ou corrompues, des budgets transparents et responsables peuvent faire augmenter les ressources disponibles pour le combat contre la pauvreté. L’enquête est conduite tous les deux ans en partenariat avec des chercheurs de la société civile indépendants dans chaque pays.

Les partenaires d’IBP dans les sociétés civiles tout autour du globe travaillent sur les problèmes sociaux, politiques et économiques, en mettant l’accent sur l’élimination de la pauvreté et l’amélioration de la gouvernance. Ce travail est directement affecté par le niveau de transparence budgétaire de leur gouvernement. Afin de faire prendre conscience de l’importance cruciale de la transparence et de la responsabilité budgétaires et de générer une couverture médiatique des constatations faites par l’Indice sur le budget ouvert 2008, IBP a aidé ses partenaires des sociétés civiles à lancer et à diriger des activités dans huit régions autour du globe: l’Amérique Centrale, l’Amérique du Sud, l’Afrique australe, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Asie du Sud, et l’Asie du Sud-est.

Ces lancements ont été entrepris par les organisations suivantes:

  • Le Centre pour la mise en œuvre des politiques publiques, pour l’équité et pour la croissance (CIPPEC), a organisé le lancement en Amérique du Sud, en Argentine
  • Fundar, le Centre de recherche et d’analyse a organisé le lancement en Amérique Centrale au Mexique
  • Le Centre pour les Etudes des politiques publiques (CPPS) en Malaisie et le Centre philippin pour le journalisme d’investigation (PCIJ) ont organisé en commun le lancement en Asie du Sud-est en Thaïlande
  • Le Centre pour une gouvernance et un budget responsables (CBGA) a organisé le lancement de l’Asie du Sud
  • L’Association libanaise pour la transparence (LTA) a organisé le lancement au Moyen-Orient et en Afrique du Sud.
  • Le Réseau pour le développement social (SODNET) a organisé le lancement en Afrique de l’Est au Kenya
  • Le Centre pour le développement social intégré (ISODEC) du Ghana a organisé le lancement en Afrique de l’Ouest au Nigeria
  • Idasa a organisé le lancement en Afrique australe en Afrique du Sud

Le lancement régional des activités a beaucoup varié d’un endroit à l’autre. Par exemple, en Amérique centrale, FUNDAR a produit une présentation en Flash des résultats de l’IBO, qui fut postée simultanément sur les sites Web des chercheurs de l’IBO dans la région et qui fit se réunir les partenaires régionaux à Mexico, pour deux jours d’évènements médiatiques et de discussion publique. En Asie du Sud, CBGA a convoqué ses partenaires régionaux à New Delhi pour une conférence de presse très fructueuse. En Afrique de l’Est, SODNET fit se rassembler les partenaires régionaux pour deux jours à Nairobi afin de publier l’IBO, discuter des problèmes de transparence avec les fonctionnaires gouvernementaux et d’autres représentants de la société civile, et recevoir une formation sur l’Outil de suivi budgétaire de SODNET. Au Moyen-Orient et en Afrique du nord, Transparence Liban a convoqué les partenaires régionaux de l’IBO, la société civile, les représentants gouvernementaux, ainsi que les médias, à un atelier d’une demi-journée à Beyrouth, incluant des présentations des résultats de l’IBO des pays de la région, ainsi qu’une discussion sur les problèmes de transparence régionaux.

En plus d’avoir fait se réunir les partenaires régionaux d’IBP afin de collaborer sur ses activités, les évènements régionaux ont étendu la portée de l’Enquête sur le budget ouvert 2008. La couverture médiatique générée par ces évènements inclut des émissions radio sur W Radio, sur Espacio Abierto de Radio Ciudadana au Mexique et sur Capital FM au Kenya, des articles dans le Cambodia Daily, La Jornada (Mexique), le Daily Nation (Kenya), le Standard (Kenya), le Nepal News, le Malaysia Star, le Philippine Star, le Fiji Times, l’India Journal, le Daily Star (Liban), le Times of India, et le Financial Express (Inde).

Les lancements ont aidé à faire avancer la conscience publique sur l’importance que représentent la transparence et la responsabilité budgétaires, ainsi qu’à permettre aux partenaires d’IBP de commencer à discuter et à développer des plans afin d’utiliser les constats de l’IBO pour améliorer la transparence budgétaire via différentes stratégies dans les mois à venir. Voici quelques exemples de ces plans:

  • CPPS en Malaisie et Fundar au Mexique travaillent désormais à l’élaboration d’un Budget citoyen visant à pousser leurs gouvernements à publier un Budget citoyen officiel (l’un des huit documents budgétaires clefs, qui est une présentation accessible à une audience large et non-technique). Présentement, aucun des deux pays ne publie une version de ce document.
  • CIPPEC en Argentine, SODNET au Kenya et ISODEC au Ghana explorent la possibilité d’adapter l’Enquête sur le budget ouvert à leurs contextes domestiques, afin d’examiner le niveau de transparence budgétaire au niveau infranational et de déterminer si des documents budgétaires locaux spécifiques sont accessibles au public.
  • Des groupes en Argentine, en Malaisie, au Mexique et au Kenya planifient de continuer le dialogue sur ces problèmes avec des fonctionnaires gouvernementaux et de leur fournir des changements concrets que les gouvernements peuvent mettre en place afin d’augmenter leur ouverture budgétaire. CPPS, par exemple, planifie de tenir une réunion avec le Ministère du Trésor responsable de la formulation budgétaire, afin de discuter des moyens par lesquels la Malaisie pourrait améliorer son niveau de transparence budgétaire.
  • Des groupes au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines se sont mis d’accord pour dire que les prochaines étapes importantes pour la région incluent: de faire un état des lieux, d’établir des standards de référence communs concernant la transparence budgétaire, de militer pour ces standards indépendamment et en tant que réseau sur l’Asie du Sud-est, dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (ASEAN) déjà existante, et d’autres réseaux régionaux de la société civile et de groupes médiatiques indépendants.
  • Les organisations ayant une forte composante médiatique comme le PCIJ aux Philippines, partageront les constats de l’IBO avec des groupes de soutien dans leur pays afin d’obtenir un plus grand impact.
  • Au Liban, LTA a utilisé l’IBO comme une plate-forme pour développer des recommandations afin de répondre aux défis communs de la région Arabique. Ces recommandations incluent: l’augmentation de la quantité d’informations disponibles au public sur la manière dont les taxes sont utilisées, le développement d’un système de surveillance des dépenses, le passage de lois garantissant l’accès à l’information, l’établissement d’une relation plus forte entre les parlements, les activistes de la société civile et les Ministères des finances afin d’améliorer la compréhension du budget et d’améliorer la transparence budgétaire ainsi que la participation publique aux processus budgétaires. LTA planifie également de soutenir la ratification de la Convention des Nations-Unies contre la corruption (UNCAC). L’UNCAC est perçue par le LTA comme étant l’outil anticorruption le plus complet disponible aujourd’hui, et elle n’est pas ratifiée par tous les pays arabes.

Les huit lancements régionaux, ainsi que les nombreuses activités de lancement conduites à l’échelle de pays de par le monde, ont réussi à présenter les constats de l’IBO et à faire prendre conscience aux médias, aux gouvernements et au public, de l’importance de la responsabilité et de la transparence budgétaire pour la réduction de la pauvreté et pour l’amélioration de la gouvernance. L’IBP continuera d’aider ses organisations partenaires à développer et à mettre en œuvre leurs stratégies de soutien, afin d’augmenter l’impact des constatations de l’IBO aux niveaux régional et national.


Rapport de l’ONG Global Integrity: En 2008, l’argent non-régulé en politique représente la plus grande menace mondiale en matière de corruption

Global Integrity a récemment publié son rapport sur l’intégrité mondiale  2008, qui suit les tendances des gouvernances et de la corruption dans 57 pays. Le rapport 2008 identifie les mouvements d’argent non-régulés dans le processus politique comme étant la plus grande menace pour une majorité de pays. « Pour la troisième année consécutive, la faible transparence du financement des partis politiques et des candidats représente le point faible de la structure anticorruption de la plupart des pays » indique le Directeur général de Global Integrity, Nathaniel Heller.

L’étude couvre des pays développés tels que le Canada, le Japon, l’Italie, ainsi que des douzaines de marchés émergeants mondiaux et de pays en voie de développement, de l’Argentine à la Chine en passant par la Cisjordanie et l’Irak. Plutôt que de mesurer la perception de la corruption, le rapport utilise plus de 300 « indicateurs d’intégrité » afin d’évaluer les mécanismes obligeant à rendre des compte et mesurant la transparence en place (ou pas), permettant ainsi d’éviter la corruption. Des vides dans ces garde-fous suggèrent les points par lesquels la corruption passe le plus probablement.

Global Integrity a introduit dans son rapport sa nouvelle Liste de surveillance de la grande corruption, laquelle identifie les pays dans lesquels un manque de mécanismes efficaces permettant de réguler les conflits d’intérêt et les mouvements de capitaux dans le processus politique, ainsi qu’une pauvre surveillance des grandes entreprises nationales, se combinent pour constituer une menace importante de détournement des ressources publiques. La Liste de surveillance du rapport 2008 compte l’Angola, la Biélorussie, le Cambodge, la Chine, la Géorgie, l’Irak, le Monténégro, le Maroc, le Nicaragua, la Servie, la Somalie, la Cisjordanie et le Yémen, dans sa liste de pays présentant de forts risques de corruption à haut niveau. « Les pays présents sur la liste de surveillance sont malheureusement caractérisés par un mélange toxique de facteurs de risque de corruption qui devraient susciter des réactions », ajoute M. Heller.

Parmi les autres constats du rapport on trouve:

  • L’échec le plus important des mécanismes anticorruption dans la plus grande partie du monde arabe est le faible accès aux informations gouvernementales. Alors que les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord présents dans le rapport 2008 cherchent à atteindre la moyenne mondiale sur bien des points, leur manque total d’accès efficace aux informations gouvernementales double virtuellement leurs déficits sur n’importe quel autre sujet.
  • Plusieurs pays clefs ont fait des progrès ou ont reculé depuis 2007. D’importantes améliorations des efforts anticorruption ont été notées au Bengladesh et au Nigeria ; en Chine, l’évaluation plus positive qu’en 2007 est liée à l’introduction d’une nouvelle régulation permettant aux citoyens d’accéder aux informations gouvernementales. Malheureusement, la Bosnie-Herzégovine, l’Equateur et la Géorgie ont tous obtenus des scores déclinants cette année.
  • Les défis de corruption et de transparence semblent empirer dans la corne de l’Afrique, menaçant d’exacerber des tensions dans une situation déjà délicate. La chute des notes du Kenya et de l’Ethiopie, combinée avec la Somalie qui obtient la plus basse note global du classement, indique que l’équilibrage et la surveillance nécessaires à l’amélioration des gouvernances et de la stabilité dans cette région ne sont pas en place.

«Les évaluations des pays qui constituent le rapport sont parmi les estimations les plus détaillées et les plus justifiées des mécanismes anticorruption disponibles au monde» précise Marianne Camerer, Directrice internationale de Global Integrity. «Ils offrent aux responsables, aux investisseurs et aux citoyens les informations pour comprendre les défis de gouvernance propres à chaque pays et pour mieux agir.»

Rapport de l’ONG Global Integrity: 2008, à l’adresse http://report.globalintegrity.org.

ATTENTION: Global Integrity est à la recherche de propositions de projets faisant usage des outils de diagnostics récompensés de Global Integrity pour améliorer la gouvernance et le combat contre la corruption. Les gagnants décrocheront un prix de 1000 $US et la possibilité de présenter leurs idées devant le Partenariat pour la Transparence budgétaire afin d’obtenir un financement permettant de mettre en place leurs idées. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse http://tinyurl.com/impactlink.


Les taxes et les dépenses sont les deux côtés d’une même pièce: Engagez-vous dans l’analyse fiscale, par Katarina Ott, Institute of Public Finance (Institut des finances publiques)

L’Institut des finances publiques (IPF) existe en tant qu’institution académique de recherche en Croatie depuis 1970, mais notre démarche militante n’a commencé qu’à la fin des années 1990. À l’époque, les finances publiques croates étaient sens dessus dessous, manquant de transparence budgétaire, de responsabilité gouvernementale et de participation citoyenne, suite à la chute de l’ancienne Yougoslavie, à l’établissement du nouveau pays qu’était la Croatie, à la transition du socialisme à l’économie de marché et à la guerre et ses conséquences politiques, institutionnelles, économiques et sociales. C’est pourquoi l’IFP a décidé de descendre de son piédestal académique doré pour commencer des activités qui pourraient bénéficier aux Croates et à la société dans son ensemble.

Notre premier objectif a été d’offrir une analyse budgétaire professionnelle et indépendante et d’attirer l’attention sur les conditions essentielles à des débats budgétaires plus informés. Bien que dans un premier temps notre travail budgétaire ait fait ressortir les dépenses (accès à des données fiables, à des classifications appropriées et à une transparence globale), nous avons dès le début analysé les taxes, estimant leurs justesses, leurs structures, leurs taux et leurs rôles.

Analyser les dépenses peut souvent sembler comme étant plus intéressant que de regarder les politiques de taxes, particulièrement pour les groupes engagés dans la défense de sujets particuliers tels que la pauvreté ou les droits et les besoins des handicapés ou des minorités, mais le budget comprend deux parties: les revenus et les dépenses, qui doivent être équilibrées. C’est pourquoi l’IPF analyse de façon systématique les deux côtés et informe le public des problèmes critiques (voir les bulletins d’information en anglais à l’adresse http://www.ijf.hr/ et le communiqué de presse à l’adresse http://www.ijf.hr/eng/publications/serial-publications/12/press-releases/109/).

L’analyse des dépenses comme des revenus peut être une démarche complexe et publier les résultats de n’importe quelle analyse peut souvent vous apporter plus d’ennemis que d’amis. Ceci est dû au fait que quel que soit le problème ou la politique que vous examinez et quel que soit le changement que vous suggérez, vous entrerez presque toujours en conflit avec les intérêts de quelqu’un.

Identifier les choix politiques auxquels les gouvernements font face est aussi simple que d’ouvrir le journal ou d’allumer la TV: les exportateurs demandent des subventions supplémentaires, les handicapés demandent des importations préférentielles d’équipements nécessaires, le ministre de l’éducation demande des cahiers gratuits pour tous les pupilles, les bénéficiaires de soins médicaux appellent à l’abolition des charges participatives. Répondre à n’importe laquelle de ces demandes nécessiterait de choisir entre augmenter les revenus, réduire d’autres dépenses publiques, ou une combinaison des deux, et un débat de fond informé par une analyse objective augmente la probabilité de prendre les bonnes décisions. Afin de participer efficacement à ces débats, les chercheurs et les militants de la société civile doivent se plonger dans les chiffres des revenus et des dépenses, effectuer les calculs et suggérer les solutions possibles.

L’analyse des revenus peut prendre plusieurs formes suivant les problèmes en jeu et l’environnement politique dans lequel vous opérez. Par exemple, la répartition de l’impôt sur le revenu entre les citoyens les plus riches et les plus pauvres et la mesure dans laquelle chaque groupe porte le poids des impôts sont toujours sujet à controverse. Ainsi, l’IFP a publié de nombreuses évaluations sur qui paye l’impôt sur le revenu (voir http://www.ijf.hr/eng/newsletter/9.pdf) et sur les critères qui rendent l’impôt personnel progressif (c’est-à-dire que ceux ayant une plus grande possibilité de payer sont taxés à un plus fort taux, voir http://www.ijf.hr/eng/newsletter/23.pdf).

Étant donné que la Croatie a globalement une forte taxation (exprimée comme la part des taxes dans le produit intérieur brut (PIB)), et de nombreux traitements fiscaux préférentiels pour différentes régions, industries et catégories de contribuable, l’IFP examine souvent l’efficacité des politiques fiscales. Par exemple, nous avons suivi les effets des exemptions de taxe dans les régions affectées par la guerre (voir http://www.ijf.hr/eng/newsletter/23.pdf) et nous avons évalué les coûts administratifs et de conformité de la taxation, c.à.d. les coûts induits par les autorités fiscales et les contribuables (voir http://www.ijf.hr/eng/newsletter/16.pdf or http://www.ijf.hr/eng/newsletter/21.pdf).

Alors que la Croatie avance pour rejoindre l’Union Européenne (UE), l’IFP surveille étroitement l’alignement des lois fiscales croates avec les critères de l’UE. Malheureusement, le gouvernement croate n’informe pas objectivement et avec franchise le public sur les sujets, les problèmes et les développements des négociations avec l’UE, ou sur ses prises de position.  Bien que nous pensions que l’échec de la mise à disposition de l’information soit plus du à un manque de capacité et à un pauvre fonctionnement institutionnel qu’à une conspiration pour dénigrer les citoyens de leurs droits à être informés, nous pensons néanmoins que le public doit être informé (voir http://www.ijf.hr/eng/releases/4.pdf).

La crise économique actuelle placera une plus grande demande sur les dépenses publiques tout en réduisant simultanément les revenus, ce qui nécessitera que le gouvernement s’attelle aux réformes institutionnelles nécessaires et absorbe les dépenses les plus lourdes telles que les salaires des fonctionnaires, les retraites et la santé. Cette situation nous demandera de renouveler notre attention sur la politique fiscale afin d’identifier les moyens de générer des revenus suffisants pour couvrir les dépenses (voir http://www.ijf.hr/eng/releases/9.pdf). Nous anticipons que ce travail aboutira à de nouvelles recommandations sur les changements de taux d’imposition, les exemptions (c.à.d., lorsque des activités spécifiques, des catégories de contribuable ou des revenus ne sont pas taxés) et les seuils (c.à.d., à quel niveau de revenu les individus ou les entités commencent à payer leur impôt avec un plus fort taux d’imposition).

Si possible, les efforts devraient être faits de façon à ce que vos analyses, quels que soient leurs formes, soient reliées à des propositions spécifiques au gouvernement de nouvelles politiques ou de changements dans les politiques actuelles, car cela permettrait d’utiliser l’importante attention médiatique pour faire prendre conscience des spécificités des propositions, ainsi que des problèmes plus généraux liés à la fiscalité. Par exemple, l’IFP a analysé l’impact de nouvelles lois sur l’impôt sur le revenu sur la distribution des taxes (voir http://www.ijf.hr/eng/newsletter/18.pdf), ainsi que l’impact des changements proposés sur l’impôt sur le revenu personnel et sur le niveau de vie des citoyens (voir http://www.ijf.hr/eng/releases/2.pdf).

Afin d’augmenter la capacité du public à comprendre notre travail lié au revenu, l’IFP a publié son premier guide d’impôt citoyen en 2002, lequel a été mis à jour de nombreuses fois (voir http://www.ijf.hr/eng/index.php?ime=16). Nous sommes en train de préparer une toute nouvelle édition du guide fiscal ainsi qu’une nouvelle version de notre guide du citoyen au budget, publié pour la première fois en 2000 (voir http://www.ijf.hr/eng/budget-guide/guide.pdf). En plus des guides fiscal et budgétaire, qui sont régulièrement utilisés par les journalises, les ONG, les syndicats et les communautés locales, nous avons organisé de nombreux ateliers et autres activités pédagogies sur les sujets de la fiscalité et du budget.

Gardez bien à l’esprit la devise de l’un de mes collègues préféré de l’IBP, le brillant Joel Friedmann: « Les taxes et les dépenses sont deux choses indissociables. » La meilleure chose à faire pour qui veut entreprendre une analyse des revenus est de se procurer le Guide to Tax Work for NGOs de Joël, de choisir le problème le plus pressant dans son environnement local, et de suivre les instructions données dans ce manuel. (Voir https://archive.internationalbudget.org/GuideTaxWork.pdf).

Bonne chance dans vos travaux fiscaux et n’hésitez pas à contacter l’IPF.


Recovery.gov: Les États Unis ouvrent les comptes du plan de relance économique, par Delaine McCullough

Barack Obama a prêté serment en tant que Président des Etats-Unis le 20 Janvier 2009, et dans son discours inaugural il fit la promesse suivante: « Et ceux d’entre nous qui gèrent les deniers publics seront responsables, de dépenser sagement, de réformer les mauvaises habitudes et de mener nos affaires à la lumière du jour, car c’est seulement ainsi que nous pourrons restaurer la confiance vitale entre un peuple et son gouvernement. »

L’un des premiers actes d’Obama fut de signer l’American Recovery and Reinvestment Act, un plan de relance économique de 787 millions de dollars de mesures fiscales et de dépenses, conçu comme une réponse à la crise immédiate de l’économie américaine, une loi pour la création d’emplois, et la base d’une croissance durable. En respect de la promesse faite dans son discours inaugural, le président Obama s’est engagé à ce que la mise en œuvre du Recovery Act soit sujette à des niveaux sans précédent de transparence et de responsabilité. Contribuant à cet effort, le gouvernement américain a mis en place un site web (www.recoveèy.gov), lequel le public peut accéder aux détails de l’utilisation des fonds alloués par le Recovery Act.

Le président Obama a établi les cinq objectifs suivants pour les agences fédérales afin d’assurer que les fonds de la relance soient dépensés de façon efficace et efficiente, et qu’ils soient soumis à l’examen du public:

Que les fonds de la relance soient accordés et distribués de façon rapide, équitable et raisonnable

  • Que les bénéficiaires et les usages de tous les fonds de relance soient transparents au public, et que les bénéfices publics de ces fonds soient rapportés de façon claire, précise et ponctuelle
  • Que les fonds de relance soient utilisés à des fins autorisées, et que chaque mesure soit respectée pour éviter des fraudes, du gaspillage, des erreurs et des abus
  • Que les projets financés par la législation de la relance évitent les délais inutiles et les surcoûts
  • Que les programmes respectent des buts et objectifs spécifiques et qu’ils contribuent à l’amélioration des performances des indicateurs économiques généraux

Sur www.recovery.gov, le public aura accès aux données consolidées sur la façon dont le Recovery Act est distribué parmi les postes de dépenses généraux et les mesures fiscales, aux données indépendantes par agence et état, ainsi que des informations à jour sur la mise en œuvre. À ce jour, il n’y a que des informations limitées sur le site web qui permettraient aux visiteurs de suivre l’utilisation des fonds de relance, étant donné que les agences ont encore à prendre les décisions finales sur l’allocation budgétaire. Néanmoins, des données consolidées et un aperçu de la loi et de ses buts sont disponibles.

De plus, de nombreuses agences fédérales ont établi leur propre site de relance, dont l’Agence pour le développement international, les départements de l’agriculture, de la défense, de l’éducation, de la santé et des services sociaux entre autres, l’Agence pour la protection environnementale et l’administration de la sécurité sociale. Le public peut se rendre sur ces sites (liens disponibles à l’adressewww.recovery.gov) afin d’accéder aux rapports hebdomadaires du financement des agences, des actions importantes et des activités planifiées qui sont en relation avec le Recovery Act. En outre, étant donné qu’une portion importante du plan de relance passera via les gouvernements des états, tous les états américains sauf 15 ont développé des sites similaires qui effectuent le suivi de la manière dont les fonds alloués via le Recovery Act sont dépensés à l’échelle des états.

Les efforts faits par l’administration pour donner l’accès au public à des informations détaillées concernant le plan de relance sont renforcés par les mécanismes de rendu des comptes intégrés au Recovery Act, lequel établi un conseil de surveillance constitué d’inspecteurs généraux (les chiens de garde du gouvernement) appelé le Recovery Accountability and Transparency Board. Ce conseil chapeautera les agences fédérales responsables de la dépense des fonds de relance. Jusqu’à ce que le conseil devienne opérationnel, le président Obama a mandaté une équipe transversale aux agences fédérales pour suivre l’utilisation des fonds du Recovery Act et en reporter les résultats sur le site web.

La transparence et la responsabilité, ainsi que la participation du public et la surveillance, sont indispensables au processus d’utilisation des fonds publics afin d’éviter les dépenses inutiles et corrompues, de renforcer les politiques, d’assurer l’utilisation efficace et efficient des fonds et d’atteindre les objectifs désirés. Ces derniers sont encore plus critiques en temps de crise économique, lorsque les ressources sont limitées et que le besoin de services gouvernementaux est important. Dans ce contexte, les actions entreprises par l’administration Obama pour mettre en place le plan de relance américain d’une façon responsable et ouverte sont encourageantes.

Au contraire, le document International Monetary Fund rapporte que l’Arabie Saoudite comme étant le pays ayant le plus gros plan de relance fiscal (en pourcentage du Produit intérieur brut) à ce jour, et la Chine en quatrième place, derrière les E-U et l’Espagne. L’Arabie Saoudite et la Chine se sont montrés réticents à permettre l’accès aux informations, sur la manière dont le gouvernement gère les ressources publiques. Sur Open Budget Index 2008, site mesurant l’accès public aux informations budgétaires dans 85 pays, les notes de 14/100 pour la Chine et de 1/100 pour l’Arabie Saoudite placent ces pays parmi les 25 pays ne donnant le moins d’information à leurs publics. Étant donné leurs performances dans le passé, il est improbable que les citoyens de la Chine et de l’Arabie Saoudite obtiennent des informations suffisantes sur les plans de relance de leurs pays afin de participer efficacement aux décisions sur la mise en œuvre du plan ou de sa surveillance.


La divulgation de données budgétaires est nécessaire à une surveillance citoyenne informée des politiques agricoles, par Jack Thurston

En Octobre 2006, un éditorial du quotidien français La Tribune déclara que les détails de qui obtient quoi’ en France de la part de la Politique agricole commune de l’Union européenne soit le deuxième plus important secret d’état, juste après les codes des armes nucléaires du gouvernement. Grâce à un réseau paneuropéen de chercheurs, de journalistes et de militants d’ONG en faveur de la transparence, ces détails ne seront plus un secret à compter du 1er mai 2009.

Constitué en mai 2005 par Nils Mulvad, un journaliste Danois et leader dans le domaine du journalisme assisté par ordinateur (JAR); Brigitte Alfter, une journaliste Allemande et praticienne de l’accès à l’information ; Et de moi-même, un analyste politique et ancien conseiller politique du ministre de l’agriculture du Royaume-Uni, le but du réseau est de partager nos expériences dans la course à l’obtention de la publication par les gouvernements du genre de données nécessaires à une surveillance vraiment informée des politiques agricoles, pour les citoyens. (À l’époque, seuls deux pays, le Danemark et le Royaume-Uni, avaient publié de quelconques informations sur le paiement des subventions agricoles.) De plus, nous avons pensé qu’il serait intéressant de développer une base de données en ligne, pour permettre au public d’accéder au fruit de notre travail sur la transparence, un peu comme la base de données des subventions agricoles américaines lancées par le Groupe de travail sur l’environnement en 2002 (voir http://farm.ewg.org/).

En décembre 2005, la base de données www.farmsubsidy.org a été lancée et depuis elle a donné accès au public à toute l’information disponible sur les subventions agricoles, soit à ce jour plus de 70 milliards d’euros de paiements. Pendant ce temps environ 3,5 millions de recherches ont été enregistrées sur le site, et des journaux, la télévision et la radio ont couvert nos révélations concernant certains paiements massifs à des citoyens européens parmi les plus riches, dont la reine Elizabeth II, ainsi que des bénéficiaires des aides agricoles les plus curieux: Les compagnies aériennes, les parcours de golf, les clubs de poney, les compagnies des eaux et les forages pétroliers. Le thème récurant de nos constations est que les bénéfices des subventions agricoles vont, dans l’extrême majorité, aux fermes qui sont le mieux équipées pour fonctionner correctement sans l’aide de l’état.

En ce moment, nous reconstruisons la base de données du site web de bas en haut afin d’offrir de meilleures fonctionnalités, des recherches plus rapides et plus puissantes, ainsi qu’un nouvel ensemble d’outils pour la surveillance citoyenne de cette part importante de l’UE. Nous planifions de partir de notre utilisation innovante des outils de cartographie en ligne ouverts tels que Google Maps afin de présenter les données budgétaires d’une façon entièrement nouvelle et hautement compréhensible et imagée. Toutes les données seront disponibles via une Interface de programmation (API) qui permettra à tout le monde de combiner ou de réunir les données relatives aux paiements avec d’autres sources de données, comme des données sur le niveau de pesticide et d’engrais dans les rivières et dans les mers.

Nous élargissons présentement notre travail en regardant la disponibilité de données dans d’autres parties des 140 milliards d’euros du budget annuel de l’UE, comme les subventions à la pêche et à l’aide au développement. Nous sommes également au début d’un projet qui examinera l’aide gouvernementale à l’industrie dans l’UE, un sujet actuellement brûlant.

Notre approche de la transparence budgétaire dépasse le cadre de l’agenda traditionnel et extrêmement nécessaire du Partenariat international pour le budget (IBP), qui souligne les processus budgétaires et la publication des données relatives aux revenus et aux dépenses. De ces mesures, l’UE et la plupart des pays européens obtiennent une bonne note, comme le montre l’Indice sur le budget ouvert 2008, publié en février.

Nous promouvons aussi la transparence budgétaire au niveau des sociétés obtenant une aide gouvernementale. Lorsqu’il s’agit de subventions étatiques, il est vraiment important de savoir quelles entreprises sont subventionnés et pourquoi. Alors que les gouvernements du monde entier lancent leurs plans de relance budgétaire à une échelle sans précédent pour raviver les économies défaillantes, il est plus important que jamais de suivre où va cet argent. Une surveillance informée de la part du public joue non seulement un rôle critique pour s’assurer que les gaspillages, les fraudes et les abus restent à un minimum absolu, mais aussi pour aider à s’assurer que les dépenses publiques sont en accord avec les priorités du public.

La coopération est au cœur de ce que nous faisons, étant donné que des connaissances locales et spécialisées sont toujours nécessaires à l’émergence de données. Si votre organisation aimerait collaborer sur n’importe lequel de nos projets, envoyez un message à[email protected].

Pour plus d’informations concernant Farmsubsidy, visitez le sitewww.farmsubsidy.org.


Une ONG Zambienne souligne la nécessité que les fonds alloués soient effectivement déboursés,

Dans son programme d’analyse et de recherche politique, la Société civile pour la réduction de la pauvreté (CSPR) a surveillé et suivi les dépenses budgétaires gouvernementales et a effectué des estimations des impacts, notamment sur la pauvreté, de l’efficacité des initiatives et des programmes gouvernementaux en Zambie depuis 2000. Intégré à ce travail, CSPR a également publié trois communiqués de presse dans la première semaine de février, exprimant ses inquiétudes et son optimisme concernant le budget national de cette année.

CSPR a également souligné une « faiblesse » identifiée dans le Rapport général d’audit 2007 sur la façon dont le gouvernement Zambien alloue des fonds aux Programmes pour la réduction de la pauvreté (PRP). Les PRP auxquels les fonds n’ont pas été totalement déboursés incluent les programmes pour l’éducation et la santé, le Programme d’aide aux engrais du ministère du développement communautaire et des services sociaux (FSP), et le Fond des enfants de la rue, pour n’en citer que quelques-uns.

La capacité de CSPR de surveiller la mise en place du budget gouvernemental dépendait en grande partie, de la capacité de l’institution d’audit suprême à produire et à publier des rapports d’audits complets à temps. L’expérience de CSPR reflète combien il est important que toutes les étapes du processus budgétaire soient transparentes, comme l’exécution de la phase d’audit, afin d’inciter le gouvernement à rendre des comptes sur la manière dont il gère l’argent public.

Saul Banda, le directeur général du CSPR, a expliqué que l’efficacité du Bureau de l’auditeur général à produire des rapports budgétaires « ne mènera à des résultats positifs que si des mesures punitives sont prises immédiatement sur les officiers corrompus, spécialement concernant le détournement de fonds ». Parmi les découvertes consternantes du rapport de l’auditeur général on compte le fait que le Street Kids Fun (Fond pour les enfants des rues) ne dispose d’aucune trace de déboursement de denrées alimentaires destinées à des groupes cibles.

Banda a souligné l’importance que place le CSPR sur le contrôle fiscal strict et la surveillance lors de la mise en place des PRP, qui servent les gens vulnérables mais qui « semblent être traités avec peu de soin. » Banda a dit qu’une mauvaise utilisation des ressources publiques pour ces programmes peut saper les efforts de la Zambie pour réaliser son Cinquième plan de développement national, ainsi que ses Objectifs de développement du millénaire.

Emmanuel Musonda, Coordinateur provincial de CSPR, et l’Easter Province programme management team (EPPMT, Equipe de direction du programme de la province est) de CSPR ont réitérés l’appel de Banda pour une meilleure allocation des fonds. Musonda a demandé au gouvernement de débourser opportunément des fonds aux secteurs et de donner des informations sur le paiement aux départements du gouvernement et au public. « Tant que cela n’est pas fait, le budget de cette année ne pourra pas être utilisé pour montrer aux citoyens l’engagement du gouvernement envers la pauvreté. »

Sur les cinq dernières années, l’EPPMT a conduit des exercices de suivi budgétaire pour des secteurs tels que l’éducation, la santé, la protection sociale, l’agriculture, l’eau et l’assainissement. Dans l’exercice de cette année, l’EPPMT a découvert que les fonds alloués pour les districts de Mambwe et de Chipata ont été soit déboursés tardivement, soit pas du tout. Par exemple, le Fertilizer Support Program (FSP, Programme d’aide aux engrais) a constaté l’absence de 1500 sacs d’engrais d’une valeur de 12 291$US.

Néanmoins, le CSPR est optimiste au sujet des allocations du nouveau budget gouvernemental. Par exemple, la Western Province Program Management Team (WPPMT, Equipe de direction du programme de la province ouest) a applaudi l’engagement pris par le gouvernement de réhabiliter et d’étendre les 27 écoles de formation sanitaire à travers le pays, lesquelles sont destinées à compenser le manque de personnel médical, ainsi que l’allocation de 7 millions de dollars pour la construction et la réhabilitation de sept instituts de formation professionnelle et d’entreprenariat.

De plus, le CSPR est plein d’espoir concernant l’initiative prise par le gouvernement de publier des brochures rapportant l’allocation pour chaque projet. Mubyana Kakenenwa, président de WPPMT, a déclaré que cette mesure est pertinente étant donné que « nous [WPPMT] avons été dans l’impossibilité d’obtenir des informations sur les allocations pour la province [ouest] à cause de la répugnance de certains responsables gouvernementaux chargés de ces informations de la publier, et cela a affecté négativement notre travail de soutien.»

CSPR a conclu que les mesures politiques esquissées pour le budget annuel sont «potentiellement bonnes, et si exécutées correctement et à temps, surtout au regard des inquiétudes grandissantes de plusieurs participants consultés, pourraient rendre réalisable la vision “de tous les citoyens, dans tous les coins du pays, se levant chaque matin bien nourris, dans des maisons décentes, avec un accès à l’eau propre et saine”»

Pour de plus amples informations concernant CSPR, consultez le site http://www.cspr.org.zm.


Entretien avec l’expert en budgets du gendre de Mexico, Lucia Pérez-Fragoso (extrait du Bulletin d’information de l’UNIFEM, Numéro 3, 3 mars 2009, pp. 5-6)

Les initiatives locales du GRB sont de plus en plus reconnues pour leurs capacités à aborder les problèmes d’égalité homme-femme dans les contextes décentralisés. À Mexico, Equidad de Género, une organisation bien connue pour son travail dans le domaine du Gender Responsive Budgeting (GRB, Budgétisation du gendre), a été approchée en 2006 par le gouvernement local nouvellement élu pour l’aider à réaliser une de ses promesses de campagne: Construire une «ville équitable». Cette demande a été faite au milieu de réformes politiques plus vastes introduites par le gouvernement nouvellement élu, qui inclut le passage d’une «Loi positive sur l’égalité homme-femme» et de directives pour une évaluation systématique des différences d’impact des politiques publiques entre les hommes et les femmes.

La collaboration a mené en un an et demi à l’adoption en 2008 par la ville du premier budget sensible su gendre. Dans l’entretien suivant, nous avons questionné l’économiste féministe Lucía Pérez-Fragoso, coordinatrice du programme GRB d’Equidad de Género, à propos du processus ayant mené à cette réussite, et ce qu’il signifie pour les femmes de l’une des plus grandes villes du monde, Mexico.

UNIFEM: Pourriez-vous nous dire comment a été faite la proposition budgétaire de la ville de Mexico?

LPF: La proposition de budget 2008 de la ville de Mexico nommée « Budget sensible à l’égalité homme-femme » a été le résultat de formidables efforts et d’un engagement indéfectible du nouveau gouvernement, qui a présenté le premier budget sensible au gendre dans la première année de son mandat. Développer cette proposition budgétaire a été le résultat des efforts sur de nombreux fronts en 2006 et 2007, en plus des nombreuses années de militantisme et de construction entrepris depuis 2000 par les organisations féministes et le National Women Machinery Institute of Women in the Federal District (INMUJERES DF, L’Institut national du dispositif féministe des femmes dans le district fédéral), les parlementaires, des membres particuliers de la Gender Equity Commission (Commission pour l’égalité homme-femme) et de l’UNIFEM. Lorsque la nouvelle administration est arrivée, une alliance a été établie entre le Finance Secretariat of the Federal District Government (FDG, Secrétariat aux finances du gouvernement du district fédéral), l’INMUJERES DF et Equidad de Género. INMUJERES DF avait un réseau de centres pour l’égalité homme-femme de la part de chacune des agences du Gouvernement du district fédéral, qui étaient responsables de l’intégration de la problématique de l’égalité homme-femme dans leurs institutions. Ce réseau a existé depuis plusieurs années, et a reçu des formations sur les problèmes liés aux disparités homme-femme. En 2007, il a été demandé à Equidad de Género de former le réseau et les hauts fonctionnaires dans la formulation de politiques, de programmes et de budgets sensibles au gendre, à l’aide de sa méthodologie largement reconnue d’application du GRB, pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans le même temps, le Secrétariat aux finances établit un Conseil d’administration sur la sensibilité budgétaire au gendre dont la tâche était de fournir des conseils aux agences gouvernementales sur la manière de suivre le différences du gendre dans les allocations budgétaires. Le Secrétariat aux finances, INMUJERES DF et Equidad de Género ont travaillé ensemble à l’inclusion d’éléments du gendre dans les formats du nouveau budget et dans les nouveaux manuels de programmation et de budgétisation qui sont utilisés pour former tous les fonctionnaires publics de l’Administration de la ville de Mexico.

UNIFEM: Qu’est ce qui fait que le budget 2008 de la ville de Mexico comporte des sexospécificités?

LPF: Le concept de budget sensible au gendre est très large et peut inclure plusieurs définitions. Le budget 2008 du Gouvernement du district fédéral de Mexico (FDG) peut être considéré comme un budget sensible au gendre pour plusieurs raisons.

Premièrement, des efforts importants ont été faits dans toutes les agences du FDG pour formuler des politiques, des programmes et des budgets sensibles au gendre. Les vingt premières pages de la Proposition budgétaire de la ville expliquent clairement le travail qui a été fait à ce sujet. Deuxièmement, la proposition budgétaire décrit des ressources allouées aux préoccupations des femmes et à l’égalité homme-femme. Elle propose également des indicateurs spécifiques pour surveiller l’utilisation des fonds, par exemple, le nombre de réponses du Bureau gouvernemental pour la sécurité publique à des cas de violence contre les femmes. Troisièmement, en 2008, et pour la première fois, des ressources ont été désignées pour l’égalité homme-femme dans le budget de la ville. Elles représentent un total de 1234 millions de pesos soit 1,12 % du budget total. La proposition budgétaire inclut également des fonds pour un programme cherchant à éliminer la violence contre les femmes dans les transports publics. Cela fait partie d’un programme plus vaste nommé « Viajemos seguras » (Transport sûr) qui fournit des bus « seulement pour les femmes » à certaines heures et dans certaines parties de la ville. Le gouvernement de la ville de Mexico a lancé cette initiative en résultat des échanges effectués avec le programme régional « Pas de violence urbaine contre les femmes: Des villes sûres pour tout le monde » lors d’une réunion internationale organisée par In Mujeres avec l’aide d’UNIFEM. L’objectif de cette réunion était de discuter, d’analyser et de comparer les expériences et les initiatives réussies de « villes sûres » pour les femmes dans la région. Le modèle théorique du Programme régional de l’UNIFEM pour des « villes sûres » a été analysé et son application à la ville de Mexico a été promue comme un moyen d’assurer des politiques publiques efficaces, de s’occuper de la sécurité des femmes et de se conformer à la loi du district fédéral sur VAW (Ley de Acceso de las Mujeres a une Vida Libre de Violencia). Entre autres mesures, des posters dénonçant la violence contre les femmes dans les transports ont été placés dans les équipements de transport. Des unités de transport dédiées aux femmes ont aussi été assignées dans certains bus et dans certains wagons de métro ; Des entrées réservées aux femmes et une protection spécialisée sont aussi proposés à certains endroits. Quatrièmement, trois éléments budgétaires ont été créés afin d’assigner des ressources à l’égalité homme-femme. Les allocations assignées à ces éléments budgétaires sont dédiées à des activités telles que la conception, la coordination et la mise en œuvre de politiques respectant l’égalité homme-femme. Un certain nombre d’agences gouvernementales ont assigné des ressources à l’analyse du gendre sur des sujets plus vastes comme le lien entre homme, femme et environnement. Un effort a également été fait pour décomposer le nombre de bénéficiaires des programmes publics par sexe. La fiche technique offre des informations pour améliorer la conception de politiques, de programmes et de budgets sensibles au gendre, entre autres nombreuses choses.

UNIFEM: Le budget 2009 inclut-il des mesures similaires?

LPF: Pour 2009, les ressources assignées aux femmes et à l’égalité homme-femme représentent 1,27 % du budget, soit une faible augmentation qui constitue néanmoins une amélioration considérable en comparaison de 2008. Un certain nombre de programmes ont été créés et l’on constate une amélioration globale des programmes liés à la problématique homme-femme dans tous les services gouvernementaux. INMUJERES et Equidad de Género continuent également de renforcer leurs capacités en matière de GRB d’un nombre toujours grandissant de participants engagés dans le processus de formulation de politiques et de budgets sensibles au gendre. De plus, trois nouveaux éléments budgétaires liés au gendre ont été introduits dans le budget: la prévention de la violence contre les femmes, l’aide aux femmes victimes de violences et la garantie de l’accès à la justice aux femmes. Il a également été demandé aux agences gouvernementales d’effectuer des rapports sur les actions entreprises par chaque institution pour intégrer la problématique homme-femme comme partie intégrante de tous les programmes.

UNIFEM: Quels sont les clefs du succès de l’initiative du GRB de Mexico?

LPF: Le succès de l’initiative de Mexico est sans aucun doute dû à une combinaison de facteurs: la volonté politique, les partenariats stratégiques, la réforme des moyens et des budgets. Le partenariat entre INMUJERES DF, le Secrétariat aux finances (en fait le sous-secrétariat), responsable des dépenses publiques et de l’établissement du budget du FDG, des organisations de la société civile, a été essentiel au cadrage de l’initiative. Il a également été stratégique pour Equidad de Género d’avoir le savoir-faire technique et la méthodologie pour aider à la formulation de politiques, de programmes et de budgets du gendre et de donner des moyens aux fonctionnaires du budget et aux centres pour l’égalité homme-femme dès les premières étapes. Je pense que l’engagement du Secrétariat aux finances a été un facteur clef en termes de changement du format budgétaire et des manuels de formation et en demandant aux agences gouvernementales de prendre au moins une action ayant des dispositions du gendre dans leur programme annuel de fonctionnement 2008 (document de planification). Dans l’ensemble, le FDG a énormément aidé en 2008 et 2009 à la formulation de budgets prenant en compte les spécificités homme-femme. Entre autres choses, le cadre politique demande à chaque agence gouvernementale de définir ses objectifs y compris pour les problèmes homme-femme sur l’année. Cela offre un outil utile à la surveillance et à la transparence de la mise en place.

UNIFEM: Quel est l’avenir du travail sur le GRB à Mexico?

LPF: L’expérience de l’établissement d’un budget sensible au gendre dans le FDG est en cours, ce qui demande une attention et un dévouement constants pour la plus grande partie des temps à venir. Si nous regardons seulement l’exemple des transports publics à Mexico, pouvez-vous imaginer un instant ce que cela prend de déplacer huit millions de personnes et les problèmes relatifs aux femmes qui viennent avec? En réalité, l’accès à l’éducation impacte l’accès à l’éducation, aux services sanitaires, au travail, aux marchés, etc. Si GFR aide à améliorer ces services et à augmenter leur l’accès aux femmes de façon sûre et correctes, l’impact sur les vies des femmes sera inestimable. Nous avons besoin d’être en mesure de surveiller cela dans les années à venir.

Pour lire le numéro complet du bulletin d’information sur le GRB de l’UNIFEM, rendez-vous à l’adresse: http://www.gender-budgets.org/


Défis du financement de l’éducation à Orissa, Inde, par Sarit Rout

En Inde, comme dans la plupart des pays à revenu faible ou moyen, le gouvernement est le premier prestataire de services fondamentaux, comme la santé et l’éducation. Le pays a récemment voté le 93ième amendement constitutionnel faisant de l’éducation un droit fondamental, mais il fait face à d’énormes défis pour offrir une éducation de haute qualité à tous, et particulièrement aux pauvres et aux marginaux. Certains de ces défis sont clairement visibles dans l’état d’Orissa en difficulté, un état majoritairement agricole dans lequel environ 85%des 36,8 millions d’habitants vivent dans des zones rurales.

Près de 38%de la population totale d’Orissa proviennent de castes et de tribus privilégiées, de groupes vulnérables confrontés à des préjudices et à l’isolement économique. En conséquence, l’état est sous la moyenne nationale pour la plupart des indicateurs, dont l’alphabétisation des femmes (50,5%à Orissa en 2001 contre 53,7 à l’échelle nationale), l’espérance de vie (57,2 années contre 61,1), et la mortalité infantile (65 pour mille naissances contre 57).

Non seulement l’alphabétisation des femmes est plus faible à Orissa que dans le pays mais il existe des disparités importantes et persistantes en matière d’alphabétisation entre les hommes et les femmes dans l’état qui indiquent un manque un échec de réponse aux besoins des femmes et des filles.  D’après le consensus de 2001 (données disponibles les plus récentes), les disparités homme-femme semblent atteindre 24,98 pour cent, soit un pourcentage inchangé depuis celui de 25,79 en 1971.

Plus inquiétants sont les sept districts dans lesquels l’alphabétisation des femmes est inférieure à 30%, un taux tiré par le faible niveau d’éducation des femmes dans les tribus privilégiées. Ces districts sont dominés pour la plupart par des tribus et sont caractérisés par leur extrême degré de privation en termes de revenu et d’infrastructure, ainsi que par les faibles taux d’alphabétisation. Il existe de nombreuses autres incohérences en termes de disponibilité de salles de classe et d’aide aux infrastructures qui empêchent une éducation élémentaire de qualité.

Dépenses publiques pour l’éducation: Tendances et problèmes

Bien que le secteur privé fournisse de l’aide à l’éducation à Orissa, l’état et les gouvernements nationaux sont les premiers acteurs permettant l’éducation. Le gouvernement de l’état a fait face à une sérieuse crise financière dans les années 1990, ce qui a résulté en une plus grande dette publique et moins de ressources pour d’autres domaines de dépenses publiques telles que l’éducation. En réponse à cela, le gouvernement de l’état d’Orissa a mis en place une série de mesures de consolidation fiscale, qui a amélioré la situation financière et qui ont, in fine, permis de dégager un surplus de revenu en 2005-06. Sur cette période, la part des dépenses totales pour l’éducation dans le budget total de l’état a diminué, tout comme les dépenses pour l’éducation élémentaire. C’est important car pour de nombreux résidents de l’état, l’école primaire constitue leur première, et bien souvent dernière et seule opportunité de recevoir une éducation formelle.

Trop peu de fonds pour l’éducation élémentaire sont destinés à améliorer la qualité

Les allocations pour l’éducation élémentaire sont réparties parmi de nombreux programmes et activités, dont l’administration scolaire, l’aide aux écoles gouvernementales et non gouvernementales, les manuels, les bourses d’étude, et le Tribal Areas Subplan (TSP, Plan pour les zones tribales), un plan particulier introduit lors du cinquième plan quinquennal pour le développement socioéconomique des peuples tribaux. Améliorer la qualité de l’éducation offerte par les écoles nécessite des investissements dans la formation des professeurs, les manuels et autres supports pédagogiques, les bourses d’étude et les bâtiments scolaires.

Malheureusement les efforts pour répondre aux besoins scolaires des étudiants de l’état, la part des allocations du budget de l’éducation élémentaire dédiée aux manuels a décliné entre 1997-98 et 2003-04, et les allocations totales pour les bourses d’étude représentent moins d’un pour cent des dépenses de l’éducation élémentaire. De la même façon, très peu d’investissements dans la formation des professeurs ont été effectués dans cette période. Plus dérangeant, l’allocation dédiée au TSP a diminué de façon importante sur la période étudiée, contribuant clairement à la réponse inadaptée des besoins scolaires des membres des tribus privilégiées.

Les dépenses pour l’éducation à Orissa ont-elles apporté des résultats concrets?

Une observation sur le terrain effectuée dans deux districts test de l’état a cherché à évaluer l’impact des dépenses pour l’éducation, pour des défis aussi simples que d’améliorer la qualité de l’enseignement primaire et sont accès. Les aménagements scolaires et la disponibilité de professeurs sont les deux facteurs principaux influençant à la fois l’accès à l’enseignement primaire et sa qualité. L’étude conclut que sur les 50 écoles étudiées, douze écoles ont cinq enseignants, trois écoles ont quatre enseignants, et vingt-cinq écoles n’ont seulement que deux enseignants. De plus, dans la plupart des écoles, les enseignants doivent préparer et servir le repas du midi, ce qui les écarte encore plus de leurs devoirs d’enseignement. Ceci est particulièrement lourd pour les écoles ne disposant que deux professeurs.

Le district ne dispose que de 39 % du nombre de classes qui serait nécessaire, et près de la moitié des écoles étudiées ne disposent seulement que de deux classes. Plus important, plus des deux-tiers des écoles du district n’ont pas de bureau indépendant pour les enseignants. L’étude indique aussi que 70%des écoles du district manquent de toilettes, que 68 % n’ont pas d’aire de jeux, et que 62%des écoles manquent d’un mur d’enceinte. De plus, 60%des écoles ont des fuites pendant la saison des pluies et seulement 26 % sont reliées aux routes.

En termes de support d’apprentissage et d’enseignement, l’étude a découvert que dans les écoles du district, les manuels étaient soit inexistants, soit en nombre insuffisant pour tous les étudiants. Les écoles des deux districts ont souvent un retard de six mois sur les manuels. S’ajoute à la piètre qualité ou à l’inadaptation des aménagements, des professeurs et des manuels, le fait que dans les deux districts la disponibilité des bourses d’étude et des subventions est la plupart du temps irrégulière.

Conclusion

Les déclarations politiques, telles que l’amendement constitutionnel établissant l’éducation comme un droit fondamental, et les actions concrètes ne sont pas toujours cohérentes, comme le montre l’exemple d’Orissa. Alors que l’investissement public reste une composante fondamentale pour une éducation de haute qualité, les résultats sont souvent déterminés par la manière dont les fonds sont utilisés et s’ils atteignent les bénéficiaires cibles ou non. La question centrale est de savoir comment augmenter l’utilisation efficace et efficiente des ressources publiques pour l’éducation, et la participation de la société civile représente une part importante de la réponse.

Les budgets pour l’éducation à Orissa, et ailleurs en Inde, manquent souvent de fonds dédiés à la surveillance de la performance des enseignants. La société civile peut aider à combler le manque en construisant et mobilisant les capacités des membres des communautés à surveiller les performances des enseignants et des élèves, ainsi qu’en aidant à la préparation et au service des repas afin de libérer du temps pour que les professeurs enseignent.

Comme le montre l’exemple d’Orissa, l’Inde fait face à d’importants défis en termes d’accès à l’enseignement élémentaire et de qualité. La société civile peut documenter les cas à problèmes et organiser des compagnes militantes afin de faire pression sur le gouvernement pour améliorer la situation. Les priorités budgétaires devraient être basées sur les besoins réels et la société civile joue un rôle pivot dans l’identification de ces besoins en réclamant qu’ils soient comblés.

Pour de plus amples informations sur le financement de l’éducation en Inde et à Orissa, veuillez contacter Sarit Rout à l’adresse [email protected].


L’engagement de la société civile dans les budgets de l’éducation: Un rapport sur l’expérience du Fond du Commonwealth pour l’éducation, par Victoria Perry
http://www.globalpartnership.org/media/CSEF/Civil_Society_Engagement_in_Education_Budgets[1].pdf

Le Commonwealth Education Fund (CFE, Fond du Commonwealth pour l’éducation) a été créé en mars 2002 pour promouvoir la participation de la société civile dans le programme Education for All (EFA, L’éducation pour tous), développer le débat public autour des objectifs de l’éducation, d’emmener une plus grande transparence dans le budget de l’éducation, et de se concentrer sur les besoins des enfants en dehors du système scolaire. Le CEF a aidé des partenaires dans 16 pays afin de donner la capacité à des communautés de surveiller les dépenses en matière d’éducation aux niveaux local et national. Cela a inclus le développement des moyens d’organisations de la société civile pour influencer les décisions politiques en matière de budget et d’éducation. Ce rapport offre un aperçu de l’expérience menée dans tous les 16 pays. Il explique comment les organisations de la société civile ont pris part au processus budgétaire, comment ils ont suivi les versements de fonds, et comment ils ont surveillé les dépenses et fait pression pour des allocations budgétaires pour le secteur de l’éducation.


Comment rendre efficace le budget pour l’éducation: Expériences, réussites et leçons du Civil Society Budget Work, par Mario Claasen
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/01/Making_the_Budget_Work_for_Education.pdf

Le Commonwealth Education Fund (CEF, Fond du Commonwealth pour l’éducation) soutient l’investissement des sociétés civiles et de leurs gouvernements dans leurs engagements envers les objectifs des programmes l’Education pour tous (EFA) et Millennium Development Goals (MDG, Objectifs de développement pour le millénaire) depuis 2002. Ce rapport offre un aperçu des cinq études de cas au Bengladesh, au Ghana, au Kenya, au Malawi et en Uganda, dans lesquels des organisations de la société civile et leurs communautés locales ont pu utiliser l’analyse et la surveillance budgétaire pour rendre les budgets de leurs gouvernements responsables devant les objectifs de l’EFA et des MDG. Les cas d’études présentent des initiatives locales et nationales permettant de tirer des leçons clefs, de montrer des réussites reconnues et d’identifier les défis communs rencontrés par les organisations de la société civile et des communautés locales. L’objectif de cette publication est de tirer des leçons clefs pour les organisations de la société civile du secteur de l’éducation afin qu’ils puissent prendre des initiatives similaires dans leurs propres contextes.


Un guide budgétaire pour les organisations de la société civile travaillant dans le milieu de l’éducation
http://www.pamoja-west-africa.org/English/Documents/Guide%20CSO.pdf
Les budgets peuvent apparaître comme des objets complexes et intimidants pour de nombreuses personnes. Néanmoins, le travail budgétaire entrepris par les organisations de la société civile du monde entier depuis plus d’une dizaine d’années a démontré que, bien que les budgets soient parfois techniques, les citoyens peuvent apprendre par des calculs simples à les utiliser et à les comprendre. Le travail budgétaire a démontré que les budgets ne sont pas des documents abstraits mais des outils utiles à la société civile pouvant être utilisés dans leurs campagnes militantes et permettant de tenir responsable leurs gouvernements et leurs responsables pour leurs engagements financiers envers les pauvres. Ce guide met particulièrement l’accent sur le secteur de l’éducation, offre des informations simples sur la manière dont les organisations de la société civile peuvent entreprendre un travail budgétaire, introduit les concepts budgétaires clefs et utilise des études de cas pour informer les organisations de la société civile sur la manière dont le travail budgétaire peut les aider à adapter leurs messages stratégiques et promouvoir le changement dans le secteur de l’éducation.



Our Money, Our Responsability: Application d’outils pratiques pour surveiller les dépenses gouvernementales

Du 7 au 20 novembre à Le Cap, Afrique du Sud, l’IBP a tenu un atelier de formation pilote sur la mise en place de la surveillance budgétaire. Ont participé à l’atelier des représentants d’organisations de 13 pays du monde entier intéressés dans la surveillance des résultats obtenus à l’aide des dépenses gouvernementales.

L’atelier, qui dura 14 jours, fit un usage intensif de la publication d’IBP, Our Money, Our Responsability: A Citizen’s Guide to Monitoring Government Expenditures (Notre argent, notre responsabilité: Application d’outils pratiques pour surveiller les dépenses gouvernementales). Le guide présente 10 méthodologies de bonnes pratiques utilisées par les organisations de la société civile pour surveiller l’exécution du budget gouvernementale et évaluer l’impact des dépenses budgétaires. Les supports de cours ont été le résultat d’un effort commun et ont été tirés de l’expertise et de l’expérience d’organisations du monde entier qui mettent en place actuellement des méthodologies et des outils innovants pour surveiller les dépenses publiques. Le travail de ces organisations va de l’influence du développement budgétaire (l’établissement du budget) au suivi des budgets jusqu’à leur mise en place finale (exécution du budget).

L’atelier de formation est conçu pour donner aux participants les idées et les outils essentiels qui composent quatre méthodologies de surveillance, ce qui leur permettra de commencer la surveillance des dépenses budgétaires. L’atelier est fortement participatif et similaire aux autres initiatives de formation d’IBP dans lesquelles il est demandé aux participants de réagir sur les sujets, de soulever des questions, de discuter des documents de l’atelier et d’entreprendre des travaux et exercices de groupe. La formation utilise un ensemble complet de documents, dont une simulation des informations budgétaires d’un pays fictif ainsi qu’un problème sur une étude de cas sur la santé maternelle que les participants doivent analyser.

L’un des participants a remarqué que «la formation a été très intensive, instructive et pratique en termes d’application des méthodologies. » Suite à ce qu’ils ont appris, les participants ont senti qu’ils étaient désormais « capables d’identifier les documents nécessaires et pertinents et ce qu’ils devaient chercher dans l’analyse des documents pour développer des objectifs budgétaires.»

En plus de la surveillance des budgets, l’atelier se concentre sur la participation budgétaire. Les militants budgétaires doivent atteindre une audience diversifiée, ce qui nécessite une réflexion stratégique sur la manière de faire passer un plaidoyer aux gens ordinaires. Lors de l’atelier, des médias innovants ont été présentés aux participants pour qu’ils puissent communiquer sur leur plaidoyer budgétaire. Il a été demandé aux participants d’utiliser le média suivant pour leurs présentations: Des rassemblements, des spectacles de marionnettes, des drames radiophoniques, des chansons et des tirages. Suite à ce qu’ils ont appris, les participants ont dits être capables de se voir eux-mêmes faire «plus de travail militant intensif ». Un des participants a senti que « la formation [lui avait] apporté une bonne expérience, spécialement dans l’amélioration de la compréhension des plaidoyers “basés sur les évidences”.»

Un objectif à long-terme important d’IBP concernant cet atelier est la mise en place de ces méthodologies de surveillance par les organisations participantes. Afin de déterminer l’utilisation pratique des outils, il a été demandé aux participants de considérer si leurs organisations pourraient être en position de mettre en place, ou seraient intéressés à mettre en place, ces méthodologies.

Les réponses ont été globalement positives. Lors de l’évaluation du cours, un certain nombre de participants ont dit que le contenu était utile au budget actuel de leur organisation. Par exemple, un participant déclara, «la pertinence de la formation vis-à-vis de notre situation de travail est excellente, spécialement en ce moment, alors que nous finalisons notre plan annuel pour 2009. En même temps, nous esquissons notre stratégie pour guider les activités pour 2009 et après. Il est certain que les compétences du cours sur la surveillance de la mise en place budgétaire contribueront à accomplir ces activités très importantes.»

Un autre participant conclut que «ce fut une expérience formidable de participer à l’atelier. Cela a été plein d’expériences enrichissantes et multidimensionnelles, d’interaction avec des gens expérimentés, et de partage de points de vue avec les participants de l’atelier provenant de différents pays et de différents environnements de travail. Je suis sûr que dans les jours qui viennent, je serai en mesure de [faire une] contribution utile et de jouer un rôle productif en tant que membre de l’équipe de mon organisation, ou de surveiller la mise en œuvre du budget et la politique budgétaire.»

Pour de plus amples informations, contactez Vivek Ramkumar à l’adresse [email protected].

Pour lire notre livre Our money, Our Responsability: A Citizen’s Guide to Monitoring Government Expenditures, rendez-vous à l’adresse: https://archive.internationalbudget.org/resources/expenditure/index.htm.


Société civile, surveillance budgétaire et influence politique: L’Overseas Development Institute lance Budgeting for the Poor, ainsi que l’Enquête sur le budget ouvert 2008

Les organisations de la société civile jouent un rôle clef en s’assurant de la transparence et de la responsabilité gouvernementale. En y consacrant des efforts, elles peuvent aussi aider à éclairer le processus de prise de décision en l’étayant de preuves et de recherches. Le 17 mars 2009, l’Overseas Development Institute (Institut pour le développement extérieur) a organisé un évènement pour souligner l’importance du fait que les processus de budgétisation soient intégrateurs et participatifs en présentant un nouveau livre sur le sujet, Budgeting for the Poor. Il a aussi profité de l’évènement pour situer le livre dans un contexte international plus général en offrant un aperçu des résultats de l’Enquête sur le budget ouvert 2008 d’IBP.

Budgeting for the Poor examine le rôle de plus en plus important joué par les organisations de la soci été civile dans l’analyse des politiques budgétaires gouvernementales en militant pour des processus budgétaires plus transparents et plus inclusifs dans les pays en transition et en voie de développement. S’appuyant sur les études de cas de six groupes budgétaires à travers l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine, ce livre est la première étude complète de l’impact et de l’importance des initiatives civiques visant à améliorer la transparence budgétaire et l’accent mis sur la pauvreté dans les priorités de dépense gouvernementales. Les réussites constatées incluent des améliorations de la transparence des décisions budgétaires, une augmentation de la conscience budgétaire et de la culture de l’information, ainsi qu’un engagement plus profond dans le processus budgétaire de la part des législateurs, des médias et des organisations de la société civile. Les études de cas de ce livre montrent comment les groupes budgétaires produisent une meilleure équité dans les politiques budgétaires et renforcent la démocratie en rendant les personnes responsables, en améliorant la transparence et en approfondissant la participation.

L’évènement comprenait des présentations de Mark Robinson, directeur de Profession for Governance and Conflict (Groupe gouvernement et conflit), UK Department for International Development (DFID, Ministère du développement international) et éditeur du livre Budgeting for Poor ; Paolo de Renzio, associé de recherche, Institut de développement extérieur ; Et Warren Krafchik, directeur d’IBP.

Pour de plus amples informations sur l’évènement et pour télécharger les présentations, visitez la page http://www.odi.org.uk/events/details.asp?id=442&title=civil-society-budget-monitoring-policy-influence.


L’Idasa organise un tour de table sur «le Parlement, le budget et la pauvreté» à Le Cap, Afrique du Sud

Le 14 Octobre 2008, le programme Political Information and Monitoring Service (PIMS, Service d’information et de surveillance politique) de l’Idasa a convoqué des spécialistes des finances publiques, des législateurs et des membres d’organisations de la société civile afin de discuter le rôle du Parlement Sud-Africain dans le processus budgétaire, avec un accent particulier sur la réduction de la pauvreté. Paul Graham, directeur exécutif d’Idasa, a souligné que le report récent des « Money bills » au parlement, étant donné l’importance des puissances d’amendement budgétaire comme outil de participation démocratique, a rendu cette table ronde spécialement pertinente et d’actualité.

Joachim Wehner de la London School of Economics (Ecole d’économie et de sciences politiques de Londres) a présenté un article sur l’histoire de la législation de l’amendement budgétaire en Afrique du Sud intitulé «Les réformes budgétaires et le contrôle législatif en Afrique du Sud: Le Parlement peut-il être à la fois puissant et fiscalement responsable?» Wehner a également présenté les résultats d’une étude de 2003 sur  les puissances d’amendement, les budgets réversibles, la flexibilité intra-annuelle, la durée du processus budgétaire, la capacité d’engagement et la capacité de recherche. Une analyse comparative des résultats a montré que les puissances législatives d’Afrique du Sud sont parmi les plus faibles des pays enquêtés. Néanmoins, Wehner a remarqué que dans les cinq années suivant l’enquête, la capacité du Parlement Sud Africain à participer au processus budgétaire a augmenté, ce qui inclut les capacités grandissantes du bureau de recherche du Parlement.

Wehner a suggéré que la présente 2008 Draft Money Bill Amendment Procedure and Related Matters Bill (Loi de 2008 concernant la procédure d’amendement des lois pour lever des fonds et autres sujets rattachés) contient un certain nombre de garde-fous procéduraux nécessaires à assumer la responsabilité fiscale dans le contexte de plus grandes puissances d’amendement budgétaire législatifs, dont l’établissement de forts Appropriations Committees et d’un processus descendant.  Néanmoins, il a conclu que le vrai test des arrangements institutionnels proposés est de voir comment les exercices de législature s’en sortent dans un contexte partisan fragmenté, étant donné que les politiques déterminent en fin de compte comment le contrôle législatif se reflète dans le budget.

La présentation de Wehner a mené à des discussions sur la politique fiscale et sur comment équilibrer la flexibilité dans la puissance d’amendement budgétaire avec des contraintes et des règles pour assurer la prudence. Les autres ont souligné la valeur d’un Bureau du budget non-partisan, qui offrirait une capacité analytique aux comités et aux membres du parlement.

Dans la seconde session, Tania Ajam du Applied Fiscal Research Centre (AFREC, Centre de recherche fiscale appliquée) a présenté « Surveillance budgétaire et réduction de la pauvreté: Opportunités et défis », qui questionne comment une forte surveillance budgétaire au sein du parlement, couplée à la transparence et à la responsabilité, peut inciter les institutions publiques à être efficaces, efficientes, responsables et réactives aux besoins du public. Ajam a suggéré qu’une surveillance efficace est déterminée par un certain nombre de facteurs, dont les systèmes politiques et culturels, la surveillance formelle et les puissances d’amendement, les incitations à une surveillance efficace, la crédibilité et la ponctualité des informations, ainsi que la conscience et les perceptions publiques.

Ajam a identifié un certain nombre de défis liés à la capacité institutionnelle, aux perceptions de la crédibilité du Parlement et au besoin de souligner les résultats et les impacts du budget plutôt que ses sorties et de clarifier la différence entre la responsabilité managériale et la responsabilité politique. Elle a également observé que les budgets provinciaux et locaux ont d’énormes implications pour la réduction de la pauvreté et d’après elle, le Parlement devrait exercer activement ses capacités de surveillance à ces niveaux; Manquer cette étape réduirait sa pertinence et sa crédibilité.

Cette présentation a conduit à des discussions sur l’efficacité des issues budgétaires, la prestation de service et le retour sur investissement. Les participants se sont aussi concentrés sur le rôle des institutions de surveillance complémentaires, dont le judiciaire.

Dans la troisième session, les chercheurs de l’Idasa Len Verwey et Mario Classen ont présenté leurs observations des études de cas sur l’engagement de la société civile dans le budget. Claasen a discuté du Women’s Budget Initiative (Initiative budgétaire pour les femmes) en Afrique du Sud et du All-Party Parliamentary Caucus on Education (Caucus parlementaire interpartis sur l’éducation) au Bengladesh. Dans les deux cas, les organisations de la société civile ont fait face à un certain nombre de défis, dont un manque de volonté et de dévouement politique, de capacité institutionnelle et de classement en ordre de priorité des politiques dans les législatures. Verwey et Claason ont argumenté que la participation active des organisations de la société civile dans le processus budgétaire est vital et qu’elle peut réduire les asymétries d’information entre les branches législative et exécutive, effectuer une surveillance efficace et apporter de la légitimité au budget final. Ils ont recommandé que les organisations de la société civile forment des partenariats efficaces entre eux et avec les législateurs dès le début de leur travail militant, développent des recherches crédibles et pertinentes et cherchent à construire des moyens d’agir au sein même du Parlement.

En examinant pourquoi un nombre limité d’organisations de la société civile effectuent un travail d’analyse budgétaire et en se demandant si les apports de telles organisations sont représentatifs de la participation du public dans le processus budgétaire, certains ont suggéré que les organisations de la société civile fondées par le gouvernement peuvent hésiter à participer aux processus budgétaires ou à critiquer les allocations ou les priorités de dépenses. D’autres ont soulevé des problèmes tels que la relative inaccessibilité aux données, la nature de l’information disponible, dirigée par l’offre, et la capacité et l’expertise technique nécessaires.

Il a été développé que pour participer efficacement au processus budgétaire, les organisations de la société civile doivent éviter de simplement « légitimer » les besoins de participation publique et se concentrer plutôt sur les issues et les impacts. L’analyse budgétaire devrait être couplée plus efficacement avec les campagnes et les plaidoyers orientés vers un problème, comme c’est le cas pour le Caucus parlementaire interpartis sur l’éducation au Bengladesh. Les autres stratégies devraient inclure un engagement plus efficace avec les comités parlementaires, le secteur privé et les médias, ainsi que des partenariats et des coopérations plus forts entre les organisations de la société civile effectuant une analyse budgétaire de toutes les parties du gouvernement.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Len Verwey à l’adresse [email protected].


Répondre aux défis des institutions suprêmes d’audit: Les législatures et la société civile peuvent-ils aider?

Les écarts entre les budgets approuvés et la réalisation d’objectifs politiques et de développement font partie des défis clefs pour la gouvernance de nombreux pays en voie de développement. Les institutions suprêmes d’audit (SAI) jouent un rôle important auprès des gouvernements en les faisant rendre des comptes. Cependant, de nombreux SAI font face à de sérieux défis lorsqu’ils essayent d’évaluer les dépenses et la performance des agences gouvernementales. Ce papier étudie ces défis en détail et suggère la manière dont les SAI peuvent en surmonter certains en formant et en renforçant des alliances avec des parlements et la société civile. Il propose que dans les cas où la législature est faible, le SAI nécessite peut-être d’étendre les termes de leurs mandants au bénéfice d’une utilisation plus efficace des ressources publiques pour les défis du développement. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse:
http://www.cmi.no/publications/publication/?3287=responding-to-the-challenges-of-supreme-audit.


Le Guide de la viabilité des médias communautaires: Comment changer des vies

L’organisation internationale à but non lucratif de développement média Internews a récemment publié un guide sur la façon d’inclure de nouvelles plateformes en ligne et utiliser l’énergie alternative pour alimenter des stations de radio et donner la possibilité aux médias locaux d’apporter aux gens les nouvelles et les informations dont ils ont besoin. Les médias communautaires offrent aux gens communs la possibilité de s’interconnecter et les moyens de faire entre leurs voix. Aujourd’hui, cela représente une part estimable du paysage médiatique, et les agences internationales montrent un intérêt croissant dans la capacité qu’ont les médias communautaires à informer. D’après Internews, de plus en plus de gouvernements reconnaissent la contribution des médias communautaires à l’éducation, à la santé publique et au développement économique, et créent des politiques et des cadres légaux qui permettent cette expansion. Ce guide peut être particulièrement utile aux efforts militants des organisations de la société civile tirant déjà parti des nouvelles technologies numériques et travaillant à rendre viable les médias communautaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page: http://www.internews.org/research-publications/community-media-sustainability-guide-business-changing-lives


Efficacité de l’aide: Aperçu des résultats de l’enquête 2006 sur la surveillance de la Déclaration de Paris

Dans la Déclaration de Paris, les donneurs et les partenaires se sont engagés à surveiller leurs progrès en améliorant l’efficacité de l’aide à l’encontre de cinquante-six actions spécifiques, desquelles 12 indicateurs et cibles ont été établies pour 2010. Ce rapport présente les observations et les recommandations de la première session de surveillance effectuée en 2006 sur la base des activités entreprises en 2005. Les conclusions de ce rapport sont basées sur une enquête de 34 pays volontaires, et une liste complète des organisations donatrices recouvrant 37 % de l’aide mondiale planifiée en 2005. Le rapport montre que la moitié des pays en voie de développement signataire de la Déclaration de Paris, les partenaires et les donneurs, ont une longue route devant eux pour réaliser les engagements qu’ils ont pris. Les implications clefs de l’enquête incluent de plus hautes attentes en matière de réformes, une possession plus profonde et des institutions plus responsables, ainsi qu’une efficacité grandissante de l’aide conjointement à une harmonisation des donneurs. Les auteurs suggèrent que les problèmes d’efficacité de l’aide et les résultats soient discutés plus explicitement au niveau du pays et que des mécanismes de surveillance crédibles soient développés. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur: http://www.oecd.org/dataoecd/58/28/39112140.pdf.


Le Réseau du mouvement pour la justice et le développement (NMJD) demande une assistance technique pour l’analyse budgétaire au Sierra Leone

Le Network Movement for Justice and Development (NMJD, Réseau du mouvement pour la justice et le développement) est une organisation nationale militante de la société civile et de développement établie en 1988 à Kenema, dans l’est de la Sierra Leone. NMJD s’est engagé à promouvoir la bonne gouvernance, les pratiques de démocratie participative, les droits de l’Homme, l’égalité homme-femme, les justices sociales et économiques, et une culture de la paix. NMJD comprend quatre programmes centraux: La paix et sécurité, l’exploitation minière et les extractibles, la responsabilisation de la jeunesse et la responsabilité de la gouvernance. L’objectif du projet pour la gouvernance et la responsabilité pour lequel cette demande est faite est d’augmenter la transparence et la responsabilité du budget et des processus politiques dans les secteurs de la santé et de l’éducation dans la Sierra Leone. Les objectifs du projet sont:

  • D’augmenter la capacité de la société civile de demander de meilleurs services dans les secteurs de la santé et de l’éducation
  • D’améliorer la performance des services offerts dans les secteurs de la santé et de l’éducation
  • D’augmenter la capacité du gouvernement et de la société civile à fournir des données pertinentes, fiables, exactes et à jour sur les programmes de la santé et de l’éducation
  • D’arriver à une gestion efficace et responsable de la planification et l’exécution des programmes

Le projet couvre trois districts, Kono à l’est, Bombali au nord, et le District de la zone rurale de l’ouest, à l’ouest. Afin de maximiser l’impact du projet et de promouvoir sa viabilité, une approche basée sur le partenariat et la constitution d’équipes partenaires et dédiées à des programmes sont nécessaires. À cet égard, le personnel du programme et les projets partenaires ont acquis des compétences élémentaires en matière de budget, de droits de l’Homme, de surveillance, de politiques de santé et d’éducation. Néanmoins, un support technique supplémentaire sur les sujets de l’analyse budgétaire, du suivi du budget et des dépenses, des opérations envers les pauvres (établissement de budget pour la santé, l’éducation, les femmes et les enfants) et la documentation des observations, est nécessaire. Le personnel de support technique dans ces zones apporterait des approches innovantes aux plaidoyers budgétaires, ainsi que l’utilisation des compétences acquises pour renforcer les autres organisations de la société civile.

Par la présente, NMJD sollicite des experts budgétaires compétents pour offrir une assistance technique sur les sujets de l’analyse budgétaire et du processus budgétaire pour une période de deux mois, prenant effet en avril-mai 2009. Pour plus d’informations, contactez Abu A Brima, directeur exécutif, à l’adresse [email protected] ou [email protected].


L’IBO a un nouveau directeur et un nouvel analyste senior

L’Initiative sur le budget ouvert est sur le point de prendre un nouvel élan d’importance. L’IBP planifie d’étendre l’Initiative pour y inclure des travaux au niveau infranational et accélérer de façon substantielle son travail militant avec les institutions internationales et à l’échelle internationale, en plus de sa publication tous les deux ans de son Enquête sur le budget ouvert. En tant que nouveau directeur nommé à la tête de l’Initiative sur le budget ouvert, Vivek Ramkumar est la personne idéale pour diriger l’Initiative dans cette période passionnante. Lorsque Vivek a rejoint l’IBP, son expérience principale était dans le militantisme pour le droit à l’information, particulièrement au niveau infranational. À l’IBP, il se concentre désormais sur l’analyse et le militantisme budgétaire. Cette nouvelle nomination donne à Vivek la possibilité de combiner son militantisme du droit de l’accès à l’information à celui du militantisme budgétaire et à l’analyse budgétaire. Et cela donne une opportunité à l’équipe d’IBP d’apprendre à rapprocher ces deux communautés et à développer sa propre démarche militante.

De plus, l’IBP est très heureux de présenter Maurice Nsabimana, qui a récemment rejoint l’équipe de l’Initiative sur le budget ouvert en tant qu’analyste W qu’analyste senior. Sa tâche principale se situe en recherche collaborative sur la transparence et la surveillance budgétaire au niveau national et infranational des gouvernements. Avant de rejoindre l’IBP, Maurice a travaillé dans le secteur privé, la société civile et dans des institutions multilatérales. Plus récemment, il a travaillé sur la politique macroéconomique à la Banque mondiale, où il s’est concentré sur la dette et la viabilité fiscale en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest. Avant cela, Maurice a travaillé comme assistant légal à l’ancien procureur général des Etats-Unis Ramsey Clark, au Tribunal criminel international du Rwanda. Maurice détient un MA en affaires internationales de la School of International and Public Affairs de la Columbia University ainsi qu’un BA en informatique du Collège Versalius à Bruxelles, Belgique.


Appel aux commentaires: Le Fond monétaire international propose des réformes pour un nouveau rôle et une nouvelle gouvernance

Dans un rapport publié le 24 mars 2009, le Fond monétaire international (FMI) cherche à tirer profit de la crise mondiale actuelle pour étendre son rôle en assurant les réformes de gouvernance au sein de l’institution pour une sécurité financière mondiale et une gouvernance facilitée.  Dans son rapport final, le Comité sur la réforme de gouvernance du FMI, présidé par le ministre des finances Sud-Africain Trevor Manuel, identifie le besoin d’un « corps décisionnaire disposant du poids politique requis, de l’autorité délibérative nationale, de la flexibilité et de la légitimité largement reconnue, pour fournir un mécanisme efficace de collaboration et de réponse aux premiers avertissements et aux problèmes financiers mondiaux. » Le rapport étaye que le FMI pourrait être ce corps, si l’ensemble recommandé de réformes du comité est adopté et mis en œuvre à temps.

En bref, le rapport recommande les grandes réformes suivantes:

  • Compléter le prochain ensemble de réformes sur les quotas et les voix pour le printemps 2010 pour « faciliter une meilleure représentation des économies émergeantes et en voix de développement. »
  • Amender les projets de convention pour éliminer les cinq sièges attitrés du directoire et consolider les autres sièges
  • Activer un conseil, composé de ministres et de gouverneurs des pays membres, qui sera responsable des décisions stratégiques sur les amendements financiers et de surveillance
  • Reconfigurer les responsabilités de gouvernance aux niveaux du directoire, du directeur général et du personnel afin d’améliorer la responsabilité et améliorer le fonctionnement

Pour de plus amples informations, dont un lien vers le rapport complet, rendez-vous à l’adresse http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr0988.htm ou contactez les Affaires publiques du FMI à [email protected].

Le FMI cherche des points de vue de la part du public sur sa politique de transparence et a posté un call for comments. Vous pouvez donner votre avis via un court questionnaire ou donner d’autres commentaires par courriel à l’adresse [email protected]. Veuillez noter que la date butoir est le 30 avril 2009.

Newsletter No. 47 – English

Open Budget Survey 2008

  • Summary Findings of the Open Budget Index 2008 by Harika Masud and Julie Seiwell
  • Government Reactions to the Open Budget Survey 2008 by Harika Masud
  • Why Did Kenya’s OBI Score Improve? by Bonfas Owinga, Social Development Network
  • Advocacy Strategies Using the 2008 Open Budget Survey Findings by Rocío Campos and Julie Seiwell

Transparency and Accountability: Taxing and Spending

  • Global Integrity Report: 2008 Finds Unregulated Money in Politics is Greatest Global Corruption Threat
  • Taxes and Spending are Two Sides of the Same Coin: Do Engage in Tax Analysis by Katarina Ott, Institute of Public Finance
  • Recovery.gov: U.S. Opens the Books on Economic Stimulus Package by Delaine McCullough
  • Disclosure of Budget Data Needed for Informed Citizen Oversight of Farm Policies by Jack Thurston
  • Zambian NGO Stresses Need to Deliver Allocated Funds by Robert Valencia

Gender Budgets

  • Interview with Mexico’s Gender Budget Expert, Lucia Pérez-Fragoso (excerpt from UNIFEM’s, Gender Responsive Budgeting Newsletter, Issue 3, March 3, 2009, pp. 5-6)

Resources on Education

  • Challenges to Education Finance in Orissa, India by Sarit Rout
  • Civil Society Engagement in Education Budgets: A Report Documenting Commonwealth Education Fund Experience by Victoria Perry
  • Making the Budget Work for Education: Experiences, Achievements, and Lessons from Civil Society Budget Work by Mario Claasen
  • A Budget Guide for Civil Society Organizations Working in Education

Publications and Events 

  • Our Money, Our Responsibility: Applying Practical Tools for Monitoring Government Expenditures
  • Civil Society, Budget Monitoring, and Policy Influence: Overseas Development Institute’s Event to Launch Budgeting for the Poor and the Open Budget Survey 2008
  • Idasa Hosts “Parliament, the Budget, and Poverty” Roundtable in Cape Town, South Africa
  • Responding to the Challenges of Supreme Audit Institutions: Can Legislatures and Civil Society Help?
  • The Community Media Sustainability Guide: The Business of Changing Lives
  • Aid Effectiveness: Overview of the Results 2006 Survey on Monitoring the Paris Declaration

Announcements

  • New OBI Manager and OBI Senior Analyst
  • The Network Movement for Justice and Development (NMJD) Requests Technical Support in the Budget Process in Sierra Leone
  • Call for Comments: International Monetary Fund Proposes New Role and Governance Reforms

Summary Findings of the Open Budget Index 2008 by Harika Masud and Julie Seiwell

On February 1, 2009, the International Budget Partnership (IBP) released the results of the Open Budget Survey 2008, an independent, comparative assessment of budget transparency and accountability across 85 countries. Overall, the results show that the state of budget transparency around the world is deplorable. However, the Survey also offers grounds for hope by providing evidence that countries in a variety of contexts can be transparent and can improve.

Sixty-eight of the 85 countries surveyed—80 percent—do not provide the public with the comprehensive, timely, and useful information needed to understand, participate in, and monitor the use of public funds. Nearly 50 percent of the 85 countries provide such minimal information that they are able to hide unpopular, wasteful, and corrupt spending.

The Open Budget Survey 2008 evaluates whether central governments give the public access to budget information and opportunities to participate in the budget process. It also examines the ability of legislatures and auditors to hold their governments accountable for managing the public’s money. To easily measure the overall commitment of the 85 countries to transparency and to allow for comparisons among countries, IBP created the Open Budget Index (OBI) based on the 91 questions on the Survey that evaluate public access to budget information.

The OBI 2008 finds that only five countries—France, New Zealand, South Africa, the United Kingdom, and the United States—make extensive information available to the public throughout the budget process. A further 12 countries provide substantial information.

Most troubling are the 25 countries that provide scant or no budget information to the public. These include low-income countries like Cambodia, the Democratic Republic of Congo, Nicaragua, and the Kyrgyz Republic, as well as several middle- and high-income countries, such as China, Nigeria, and Saudi Arabia.

Restricting access to information hinders the ability of the public, journalists, commentators, academicians, and civil society organizations to hold officials accountable.  The Survey finds that most countries provide only limited information during the drafting, execution, and auditing stages of the budget process, which prevents the public from having input on overarching policies and priorities, improving value for money, and efforts to curb corruption.

Less Transparent Countries Share Similar Characteristics

Countries that perform poorly on the OBI tend to share a number of characteristics, which may point to some of the causes and consequences of the lack of budget transparency. The worst performers are mostly located in the Middle East and North Africa, and in sub-Saharan Africa. They also tend to be low-income countries and often depend heavily on revenues from foreign aid or oil and gas exports. Many of them have weak democratic institutions or are governed by autocratic regimes.

However, within most of these categories there are countries that perform well, showing that greater budget transparency is possible in a wide range of different contexts. For instance, even though more than two-thirds of the countries surveyed in sub-Saharan Africa do not do well on the OBI, Botswana and South Africa have relatively high budget transparency rankings.

While low-income countries, such as Chad and Liberia, tend to score below average on the Survey’s measures, there are notable outliers in this context, as well. For example, Peru and Sri Lanka both provide their publics with a significant amount of budget information.

Similarly, countries that depend heavily on oil and gas revenues tend to earn OBI 2008 scores below the overall average score of 39 percent out of a possible 100. However, even within this category, Columbia, Norway, and Mexico all perform fairly strongly.

Weak Formal Oversight Institutions Exacerbate Lack of Transparency

The results of the Open Budget Survey 2008 show that countries with the weakest legislatures and supreme audit institutions (SAIs) also tend to be those that that score lowest on the Open Budget Index. This is important because effective accountability depends not only on transparency and access to budget information but also on the strength of these institutions. The Survey finds that oversight capacity of legislatures and SAIs is undermined by several serious constraints in the majority of the countries studied.

In several of the countries surveyed, legislatures have very limited powers, time, and capacity to review the Executive’s Budget Proposal and to monitor its implementation. International good practices recommend that the executive provide a detailed budget proposal to the legislature at least three months prior to the start of the fiscal year to allow for a thorough legislative review. However, less than half of all countries surveyed meet this deadline. Given the limited time legislatures have to review the budget proposal, it is not surprising that 67 of 85 countries surveyed do not hold public hearings in which civil society organizations can testify on the macroeconomic and fiscal framework or details of the government’s budget proposal.

Furthermore, in almost one third of the countries surveyed the legislature does not have the opportunity to approve supplemental budgets until after the funds are spent. This is particularly problematic in countries with large and frequent supplemental budget requests—such as the Kyrgyz Republic, Malawi, Mexico, Sudan, and Yemen—and allows governments to hide controversial or unpopular spending.

The Survey results on the ability of SAIs to perform their oversight role are similarly disappointing. One of the most important measures of an SAI’s ability to provide effective oversight is its legal and financial independence from the executive branch. Unfortunately, in 26 countries surveyed the executive can remove the head of the SAI from office without the consent of either the legislature or the judiciary. Moreover, in 38 of the 85 countries the executive, not the legislature or the judiciary, determines the yearly budget allocation for the SAI. In 24 of these countries the Survey’s civil society researchers felt that funding for the SAI was below the level of resources needed to fulfill its mandate.

In 46 of the countries surveyed, the SAI maintains formal mechanisms of communication with the public to receive complaints and suggestions on the agencies, programs, or projects that should be audited. However, in 31 countries, the SAI has limited decision-making power over what it will audit, so a significant number of SAIs might be powerless to use public input effectively.

Immediate Improvements are Possible

Despite the complexity of these challenges, the Open Budget Survey 2008 shows that improvements can be made quickly and at relatively little cost. Comparisons between the Survey results for 2006 and those for 2008 show that some countries have already started to improve their budget transparency over the past two years. These countries—Bulgaria, Croatia, Egypt, Georgia, Kenya, Nepal, Papua New Guinea, and Sri Lanka—improved their OBI score by seven points or more from 2006 to 2008.

There may be several factors driving the improvements. For instance, the desire to join the European Union led to greater budget transparency in Croatia and Bulgaria. In Kenya, Nepal, and Sri Lanka, significant improvements either were influenced by the activities of civil society groups or have created opportunities for greater civil society interventions.

Regardless of the forces that created the will to improve, these countries’ higher scores can mainly be attributed to the release of specific budget documents that were previously unavailable. Open Budget Index 2008 scores are based on the availability of eight key budget documents that all governments should make available according to international good practice. Therefore, if the government releases a document to the public that was previously withheld or makes publicly available documents more comprehensive, it’s OBI score will increase significantly.

In the case of Egypt, the decision to release the Executive’s Budget Proposal increased their OBI score 25 points, from 18 percent in 2006 to 43 percent in 2008. Also notable is Georgia, which increased its score from 33 percent in 2006 to 53 percent (20 points) in 2008. The increase is due primarily to the government’s introduction of a Citizens Budget and a multi-year budgeting format.

Another country that improved considerable was Sri Lanka, which went from a score of 47 in 2006 to 64 percent in 2008 (17 points).  The researcher in Sri Lanka attributes this improvement mainly to the intervention of civil society organizations and the media.  In 2007, for the first time civil society organizations in Sri Lanka challenged the budget in court, questioning the authority given to the Treasury Department to transfer funds designated for “development activities” to meet expenditures under other programs.  The Supreme Court ruled in favor of the civil society organizations, arguing that this power denied the public’s right to evaluate the use of public funds.

Kenya’s government took an interesting approach to increasing participation by asking the public to contribute proposals via email to the Ministry of Finance during the drafting phase.  In addition, the National Audit Office began posting Fiscal Audit Reports on their website: http://www.kenao.go.ke/.  Kenya is a great example of governments using the Internet to make documents available and to communicate with the public.  In addition to using Internet to make information publicly available, the Kenyan government established a Parliamentary Budget Office to assist legislators with budget research and improve their capacity to engage in the budget process.

The increase of Croatia’s score is mainly due to the inclusion of Multi-Year Estimates in budget documents in 2007, such as the Executive Budget Proposal.  The increase in budget transparency in Croatia can be linked to advocacy efforts of civil society organizations, such as the Institute of Public Finance, and the government’s desire to meet requirements set for admission into the European Union.

In general, improvements in the eight countries were driven by the governments’ decision to make available documents that they had previously withheld. This shows that progress could be made elsewhere quickly and at relatively low cost, if there were sufficient political will. Many countries that perform poorly on the OBI are already producing much of the budget information required for compliance with good practices.  For instance in 51 of the 85 countries surveyed, the government produces at least one key budget document that is not disclosed to the public. Simply by making information already produced available to the public, these countries would increase their OBI scores and, more important, the ability of the public to play an effective oversight role. Another quick and relatively lost cost way of improving transparency would be to post budget documents on the Internet.



Government Reactions to the Open Budget Survey 2008
by Harika Masud

Significant media coverage of the Open Budget Survey 2008 results led to a range of reactions from different governments. In addition to receiving requests from countries not included in this Survey, like Italy, Israel, Canada, and Singapore, to be part of the next round in 2010, the International Budget Partnership (IBP) and its partners received a variety of responses from governments covered in the 2008 research.

The majority of government responses centered on their countries’ score on the Open Budget Index (OBI)—a comparative measure of a government’s commitment to transparency based on the average of 91 of the Survey’s 123 questions that focus on how much information is made available to the public. For example, concern about Bulgaria’s OBI score led the Minister of Finance to request a briefing on the Survey. After being briefed, the minister agreed with the Survey responses for Bulgaria and commended the accuracy of the research. Other positive responses include those from the government of South Africa, which included the OBI 2008 rankings in its Budget Review for the 2009 fiscal year, and from a Brazilian budget expert from the House of Representatives budget office, who mentioned Brazil’s Survey results in his presentation at the February meeting of OECD Parliamentary Budget Officials in Rome.

In addition to positive feedback on the Survey results, responses ranged from defensive to encouraging. When the press asked Albanian Prime Minister Sali Berisha to comment on the OBI results for Albania, he deflected criticism of his government by arguing that the Survey evaluates the extent of transparency at the local, not the central, level of government. However Albania’s opposition Socialist Party turned out to be better informed, pointing out that the Open Budget Survey, on which the country’s OBI 2008 score was based, focused exclusively on evaluating central governments.

The Institute for Public Policy Research, the organization that conducted the Survey research in Namibia, is involved in a dialogue with the Ministry of Finance, which issued a press statement protesting the results of the Survey for Namibia. The ministry argued that the Survey “failed to distinguish between the high level of openness already achieved in Namibia” and neglected to highlight that “Namibia already scores nearly double the average of its Sub-Saharan African neighbors.”

One of the more disturbing government responses came from Cameroon. Even though the researcher there had requested well in advance of the February 1 release date that the government grant permission for him to release the Open Budget Survey 2008 results, he was not allowed to publicize Cameroon’s dismal results.

The reactions of the governments of Afghanistan and Rwanda were more encouraging. The Afghan government responded to the OBI 2008 results by arguing that Afghanistan’s national budget is highly dependent on foreign aid, which can be unpredictable. Thus it is difficult to finalize consolidated budget documents, including the Executive’s Budget Proposal, far enough in advance to allow the legislature sufficient time to review it. However, the Ministry of Finance expressed a desire to improve Afghanistan’s OBI score by making more budget information publicly available.

The government of Rwanda is engaged in a discussion with the IBP (through the World Bank) about its OBI 2008 score of zero out of a possible 100. The government is concerned that because the research was undertaken in 2007, the Open Budget Survey 2008 results do not reflect Rwanda’s recent budget reform agenda, which includes posting more budget information on the government’s website.

As a first step, IBP is encouraging country governments to provide detailed responses to the OBI 2008, which it will post and publicize on its website. Subsequently, IBP may conduct in-depth case studies of a limited number of countries to document improvements.

It is not surprising to see governments of countries that performed well on the Open Budget Survey 2008 using the results to promote their efforts; nor is it unexpected that governments that performed poorly would criticize the research. However, the IBP is encouraged by the responses of governments like those in Afghanistan and Rwanda that indicate willingness to make their budgets more open and accountable to the public and engage in a public discussion about current and future improvements.


Why Did Kenya’s OBI Score Improve? by Bonfas Owinga, Social Development Network

The Social Development Network (SODNET), based in Nairobi, Kenya, is one of the organizations that participated in the IBP’s Open Budget Survey 2008. Here we reflect on this year’s score of 57 of 100 for Kenya on the Open Budget Index (OBI) compared to its 2006 score of 48.  In particular, we examine the role of the government, international financial institutions, and civil society in promoting and supporting current budget reforms in Kenya.

Government-initiated budget reforms were led by the National Rainbow Coalition government, which started off reform-minded after a landslide election victory in 2002 and instituted many changes within the first three years of its administration. In 2003 the government reintroduced the Public Expenditure Review, which had been scrapped in 1997. It also established the Budget Supply Department, which coordinates the budget process and organizes open public forums on budget issues. Other examples of key budget- and accountability-related legislation include the Government Financial Management Act, the Anti-Corruption and Economics Crime Act, the Public Officer Ethics Act, the Public Audit Act, the Public Procurement and Disposal Act, the Privatization Act, and the Statistics Act.

In fiscal year 2005/06, the government adopted Government Finance Statistics (GFS) and a compatible economic classification system for the budget that replaced the line budgeting in use at the time. And, in fiscal year 2007/08, the Ministry of Finance began entrenching program-based performance budgeting, which should facilitate tracking and monitoring public funds.

A closer look at the Statistics Act of 2006, demonstrates the kinds of reforms necessary to improve the transparency and quality of budget decisions. Enacted on February 1, 2006, the law was designed to address data gaps, poor quality of data, and lack of professional independence at the Central Bureau of Statistics. The Act replaced the Central Bureau of Statistics with its narrow scope and mandate with the Kenya National Bureau of Statistics, a semi-autonomous government agency.

The new agency, under the authority of the Ministry of Planning and National Development, is mandated to collect, analyze, and disseminate official statistical information in the country and conduct a population and housing census every 10 years. It is believed that the Act has given the agency more professional independence, as well as providing it with legal autonomy. Both of which will, in turn, enhance the quality of data collection and data analysis required for stronger policy development and planning.

A second tier of reforms stems from practices promoted by the World Bank and the International Monetary Fund (IMF). In 2006 the Ministry of Finance, in consultation with the Bank and the IMF, initiated a comprehensive Public Expenditure Management Reform Strategy. It has introduced the Integrated Financial Management Information System and Public Expenditure Tracking Survey to inform budget implementation and execution practices.

Finally, civil society organizations (CSOs) working closely with Parliament, have also played an important role in promoting budget reforms. In 2007 the Institute of Economic Affairs (IEA), together with other organizations like SUNY-Kenya, spearheaded the drafting and preparation of the Fiscal Management Bill 2007, which created the Parliamentary Budget Office to help legislators with budget research and improve their capacity to participate in the budget process. The bill also created the Fiscal Analysis and Appropriation Committee to enhance the role of members of parliament in the preparation and monitoring of the budget.

IEA has also published a budget guide for legislators each year after the budget is read in Parliament to increase the level of understanding of the budget and the quality of the budget debate. IEA and other CSOs continue to organize open public forums to discuss budget priorities before and after the budget is read, as well.

CSOs working on budget issues have developed an alternative budget, which generated serious debate about the proposed budget, and lobbied the government to publish budget information. In fact, they are currently pushing for the passage of a robust Freedom of Information Bill, which will guarantee public access to critical budget information and improve the levels of transparency and accountability.

The Kenya Budget Engagement Forum, created by a civil society budget group, lobbies members of parliament and the executive to open up the budget process to public participation. Other examples of increased public participation combine civil society advocacy work and internal government reforms. For instance, during the drafting phase of the 2007/08 budget, the government asked citizens to send in their views and proposals on the budget via email to the Ministry of Finance.

In addition, the government directed all 175 local authorities to hold public hearings on the preparation of their budgets and to read their budgets publicly. This initiative has created great interest and participation at the local level. It is likely that this will continue to have a positive impact on local government budgets as citizens’ priorities are taken into account. In addition, it will increase transparency and accountability as citizens become more involved and aware of the importance of the budget in their day-to-day lives and demand accountability from local government officials.

Although more needs to be done, Kenya has made significant progress in improving fiscal transparency and accountability since 2003.  There have been multisector improvements across government, which involved CSOs and parliament. However, there is still more to learn about the political economy of why the government instituted reform and how CSOs contributed to it, indicating a need for further case study research.


Advocacy Strategies Using the 2008 Open Budget Survey Findings by Rocío Campos and Julie Seiwell

On February 1, the results of the Open Budget Index 2008 were released to the press and the public around the world.  The OBI was designed to measure transparency practices in government budget systems by evaluating the public availability of eight key budget documents that governments should make public, according to international good practice. The OBI is part of the Open Budget Survey 2008, a comprehensive analysis and survey that evaluates whether governments in 85 countries give the public access to budget information and opportunities to participate in the budget process at the national level.

The International Budget Partnership (IBP) believes that open budgets allow the public to be the judge of whether or not their government officials are good stewards of public funds and, because they reduce opportunities for wasteful or corrupt spending, transparent and accountable budgets can increase the resources available to fight poverty.  The survey is conducted biennially in partnership with independent civil society researchers within each country.

The IBP’s civil society partners around the world work on social, political, and economic issues with an emphasis on eliminating poverty and improving governance. This work is directly affected by the level of transparency of their government’s budget. In order to raise awareness about the critical importance of transparent and accountable budgets and to generate media coverage of the Open Budget Index 2008 findings, IBP provided support to its civil society partners to conduct launch activities in eight regions around the world—Central America, South America, Southern Africa, West Africa, East Africa, Middle East and North Africa, South Asia, and Southeast Asia.

The launches were hosted by the following organizations:

  • The Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth (CIPPEC) organized the South America launch in Argentina
  • Fundar, Center for Research and Analysis organized the Central America launch in Mexico
  • The Center for Public Policy Studies (CPPS) in Malaysia and the Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) jointly organized the Southeast Asia launch in Thailand
  • The Center for Budget and Governance Accountability (CBGA) organized the South Asia launch in India
  • The Lebanese Transparency Association (LTA) organized the Middle East and North Africa launch in Lebanon
  •   The Social Development Network (SODNET) organized the East Africa launch in Kenya
  • The Integrated Social Development Center (ISODEC) from Ghana organized the West Africa launch in Nigeria
  • Idasa organized the Southern Africa launch in South Africa
  • The regional launch activities varied widely. For instance, in Central America, FUNDAR produced a Flash presentation of the OBI results that was posted simultaneously on the websites of the OBI researchers in the region and brought regional partners to Mexico City for two days of press events and public discussion. In South Asia, CBGA convened regional partners in New Delhi for a very successful press conference. In East Africa, SODNET brought together regional partners for two days in Nairobi to release the OBI, discuss issues of transparency with government officials and other civil society representatives, and receive training on SODNET’s Budget Tracking Tool. In the Middle East and North Africa, Transparency Lebanon convened a half-day workshop in Beirut for OBI regional partners, civil society and government representatives, and the media that included presentations on OBI results for the countries in the region and discussion on regional transparency issues.

In addition to bringing IBP partners within regions together to collaborate on these activities, the regional events extended the reach of the Open Budget Survey 2008. Some of the media coverage generated from these events include radio broadcasts on W Radio and Espacio Abierto de Radio Ciudadana in Mexico and on Capital FM in Kenya and articles in the Cambodia Daily, La Jornada (Mexico), the Daily Nation (Kenya), the Standard (Kenya), Nepal News, Malaysia Star, Philippine Star, Fiji Times, India Journal, Daily Star (Lebanon), the Times of India, and the Financial Express (India).

The launches helped increase public awareness of the importance of transparent and accountable budgets and served as an opportunity for IBP partners to start discussing and developing plans to use the OBI findings to improve budget transparency through different advocacy strategies in the upcoming months.  Here are some examples of these plans:

  • CPPS in Malaysia and Fundar in Mexico are working to produce a Citizens Budget as a way to push their governments to release an official Citizens Budget—one of the eight key budget documents, this is an accessible presentation of the budget intended for a broad, non-technical audience. Currently neither country publishes a version of this document.
  • CIPPEC in Argentina, SODNET in Kenya, and ISODEC in Ghana are exploring the possibility of adapting the Open Budget Survey to their domestic contexts to examine the level of budget transparency at the subnational level and determine whether or not specific local budget documents are accessible to the public.
  • Groups in Argentina, Malaysia, Mexico, and Kenya plan to continue dialogues on these issues with government officials and provide them with concrete changes governments can implement to increase the openness of their budgets. CPPS, for example, is planning to hold a meeting with the Treasury Ministry responsible for budget formulation to discuss ways in which Malaysia could improve its level of budget transparency.
  • Groups in Cambodia, Indonesia, Malaysia and the Philippines agreed that important next steps for the region include drawing lessons and common benchmark standards for budget transparency and advocating for them independently and as a network for Southeast Asia, within the existing Association of South East Asian States (ASEAN) and other regional networks of civil society and independent media groups.
  • Organizations with a strong media component like PCIJ in the Philippines will share the OBI findings with advocacy groups in their country to have a greater impact.
  • In Lebanon, LTA used the OBI as a platform to develop recommendations to address common challenges in the Arab region. These recommendations include increasing the amount of information available to the public on how taxes are being used, developing a monitoring system for expenditures, passing laws to guarantee access to information, establishing a stronger relationship between parliamentarians, civil society activists, and Ministries of Finance to better understand the budget, and improving budget transparency and public participation in budget processes.  LTA also plans to advocate for the ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).  UNCAC is seen by the LTA as the most comprehensive anti-corruption tool currently available and is not ratified in every Arab country.
  • The eight regional launches, as well as the numerous country-level launch activities conducted around the world, succeeded in presenting the OBI findings and raising awareness in the media, governments, and the public on the importance of budget transparency and accountability for poverty reduction and improved governance.  The IBP will continue to support its partner organizations in developing and implementing their advocacy strategies to increase the impact of the OBI findings at regional and national levels.

Global Integrity Report: 2008 Finds Unregulated Money in Politics is Greatest Global Corruption Threat

Global Integrity recently released the Global Integrity Report: 2008, which tracks governance and corruption trends in 57 countries. The 2008 report identifies the unregulated flow of money in the political process as the number one corruption threat facing a majority of countries.  “For the third straight year, poor transparency around the financing of political parties and candidates was the weakest element of most countries’ anti-corruption frameworks,” said Global Integrity Managing Director Nathaniel Heller.

The study covers developed countries, such as Canada, Japan, and Italy, as well as dozens of the world’s emerging markets and developing nations, from Argentina and China to the West Bank and Iraq. Rather than measure perceptions of corruption, the report uses more than 300 “Integrity Indicators” to assess the accountability mechanisms and transparency measures in place (or not) to prevent corruption. Gaps in those safeguards suggest where corruption is more likely to occur.

As part of the report, Global Integrity introduces its new Grand Corruption Watch List, which identifies countries where the lack of effective mechanisms to regulate conflicts of interest and flows of money into the political process and poor oversight over large state-owned enterprises combine to pose a great risk of theft of public resources. The Watch List for the 2008 report includes Angola, Belarus, Cambodia, China, Georgia, Iraq, Montenegro, Morocco, Nicaragua, Serbia, Somalia, the West Bank and Yemen, all countries viewed at serious risk for high-level corruption. “Watch List countries are unfortunately characterized by a toxic mix of corruption risk factors that should be cause for alarm,” said Heller.

Other major findings of the report include:

  • The most significant anti-corruption failure in much of the Arab world is poor access to government information. While the countries in the Middle East and North Africa assessed in the 2008 report struggle to match global medians on many factors, their comprehensive lack of effective access to government information is virtually double their deficits on any other issue assessed.
  • Several key countries experienced gains or backsliding since 2007. Important improvements in anti-corruption efforts were noted in Bangladesh and Nigeria, and in China a more positive assessment over 2007 was linked to the introduction of a new regulation granting citizens access to government information. Unfortunately, Bosnia and Herzegovina, Ecuador, and Georgia all had declining scores this year.
  • Corruption and transparency challenges appear to be worsening on the Horn of Africa, threatening to exacerbate tensions in an already fragile security situation. Drops in the Global Integrity scores in Kenya and Ethiopia, combined with Somalia’s earning the worst overall GI country score, indicate that the checks and balances needed to promote good governance and improve stability in this region are not in place.

“The country assessments that comprise the report offer among the most detailed, evidence-based evaluations of anti-corruption mechanisms available anywhere in the world,” said Global Integrity International Director Marianne Camerer. “They provide policymakers, investors, and citizens alike with the information to understand the governance challenges unique to each country and to take action.”

To read the Global Integrity Report: 2008, go to http://report.globalintegrity.org.

ATTENTION: Global Integrity is seeking proposals for projects that use Global Integrity’s award-winning diagnostic tools to improve governance and fight corruption. The winners get a US$1,000 prize and a chance to pitch the Partnership for Transparency Fund for funding to implement their ideas.  Learn more at http://tinyurl.com/impactlink.


Taxes and Spending Are Two Sides of the Same Coin: Do Engage in Tax Analysis by Katarina Ott, Institute of Public Finance

The Institute of Public Finance (IPF) has existed as an academic research institution in Croatia since 1970, but our advocacy work started in the late 1990s. Croatian public finances at the time were in disarray—lacking transparency, government accountability, and citizen participation—due to the collapse of the old Yugoslavia and the establishment of the new country of Croatia, the transition from socialism to a market economy, and the war and its political, institutional, economic, and social consequences. This is why the IFP decided to move from splendid academic isolation to engage in activities that might benefit Croatians and the society as a whole.

Our first aim was to provide professional, independent budget analysis and draw attention to the conditions essential for more informed budget debates. Although at first our budget work emphasized expenditures—access to reliable data, appropriate classifications, and overall transparency—from the very beginning we also analyzed taxes, assessing their appropriateness, structure, rates, and burdens.

Analyzing expenditures can often seem more interesting than examining tax policies, particularly for groups engaged in advocacy on specific issues like poverty or the rights and needs of the disabled or minorities, but the budget consists of two parts—revenues and expenditures—that have to be balanced. This is why IPF consistently analyzes both and informs the public about critical issues (see related newsletters in English at http://www.ijf.hr/ and press releases at http://www.ijf.hr/eng/publications/serial-publications/12/press-releases/109/).

Both expenditure and revenue analysis can be complex and publishing the results of any analysis often will provide you with more enemies than friends. This is because whatever the issue or policy you examine and whichever change you suggest, you will almost always come into conflict with somebody’s interests.

Identifying the policy choices that governments face is as simple as opening the newspaper or turning on the TV—exporters are demanding additional subsidies, the disabled are asking for preferential imports of necessary equipment, the minister of education is requesting free textbooks for all pupils; health care recipients are calling for the abolition of participation charges. Doing any of these would require choosing between raising revenues, cutting other public spending, or a combination of the two, and a thorough debate informed by objective analysis increases the likelihood of making the right choices. In order to effectively participate in these debates, civil society researchers and advocates must dig into the figures on both revenues and expenditures, do the calculations and suggest possible solutions.

Revenue analysis can take many forms, depending on the issues at stake and the policy environment in which you operate. For instance, income tax distribution among richer and poorer citizens and the extent to which each of the groups bears the tax burden are always controversial, so the IFP has published numerous evaluations on who pays income tax (see http://www.ijf.hr/eng/newsletter/9.pdf ) and on what makes the personal income tax progressive (i.e., those with a greater ability to pay are taxed at a higher rate, see http://www.ijf.hr/eng/newsletter/23.pdf).

As Croatia has a very high overall tax burden—expressed as the share of taxes in gross domestic product (GDP)—and numerous preferential tax treatments for various regions, industries, and categories of taxpayers, the IFP often examines the efficiency of tax policies. For example, we have traced the effects of tax exemptions in war affected regions (see http://www.ijf.hr/eng/newsletter/23.pdf) and have assessed the administrative and compliance costs of taxation, i.e., the costs born by tax authorities and taxpayers (see  http://www.ijf.hr/eng/newsletter/16.pdf or http://www.ijf.hr/eng/newsletter/21.pdf).

As Croatia is on its path to joining the European Union (EU), the IFP is watching closely the alignment of Croatian tax laws with the requirements of the EU. Unfortunately, the Croatian government does not candidly and objectively inform the public about the issues, problems and developments in the EU negotiations, or about positions taken. Although, we believe that the failure to make the information available is due more to a lack of capacity and poor institutional functioning than to some plot to deny citizens their right to be informed, we nevertheless think the public must be informed (see http://www.ijf.hr/eng/releases/4.pdf).

The current economic crisis will place greater demands on public spending while simultaneously reducing revenues and will require the government to tackle necessary institutional reforms and address the most burdensome expenditures like public servants’ salaries, pensions. and health. This situation will require us to renew our focus on tax policy to identify ways to generate sufficient revenues to cover these expenditures (see http://www.ijf.hr/eng/releases/9.pdf). We anticipate this work will result in new recommendations for changes to tax rates, exemptions (i.e., when specified activities or categories of taxpayer or income are not taxed) and thresholds (i.e., at what level of income do individuals or entities begin to pay taxes or pay higher rates).

Whenever possible, efforts should be made to link your analyses, whatever form they take, to specific government proposals for new policies or changes to existing policies, as that allows you to use the heightened media attention to raise awareness about the specifics of the proposals, as well as broader issues related to taxation. For example, the IFP has analyzed the impact of new income tax law on the distribution of the tax burden (see http://www.ijf.hr/eng/newsletter/18.pdf) as well as the impact of proposed changes to the personal income tax on the living standards of citizens (see http://www.ijf.hr/eng/releases/2.pdf).

To increase the ability of the public to understand our revenue-related work, the IFP published its first citizen’s guide to taxation in 2002, which has been updated many times (see http://www.ijf.hr/eng/index.php?ime=16). We are in the process of preparing an entirely new edition of the tax guide along with a new version of our citizen’s guide to the budget, first published in 2000 (see http://www.ijf.hr/eng/budget-guide/guide.pdf). In addition to the tax and budget guides, which are regularly used by journalists, NGOs, trade unions and local communities, we have organized numerous workshops and other forms of tax- and budget-related education.

Keep in mind the motto of one of my favorite IBP colleagues, the brilliant Joel Friedman, “taxes and spending are two sides of the same coin.” One can do no better as a first step to undertaking revenue analysis than to reach for Joel’s A Guide to Tax Work for NGOs, choose the most pressing issue in the local environment, and proceed according to the instructions given in that manual (see http://www.internationalbudget.org/GuideTaxWork.pdf).
Good luck with your tax work and feel free to contact IPF.


Recovery.gov: U.S. Opens the Books on Economic Stimulus Package by Delaine McCullough

Barack Obama was sworn in as President of the United States on January 20, 2009, and in his inaugural address he made the following commitment: “And those of us who manage the public’s dollars will be held to account—to spend wisely, reform bad habits, and do our business in the light of day—because only then can we restore the vital trust between a people and their government.”

In one of his first acts as president, Obama signed the American Recovery and Reinvestment Act—a $787 billion economic stimulus package of tax and spending measures designed to address the immediate crisis in the U.S. economy, create jobs, and lay the foundation for long-term growth. Consistent with the promise made in his inaugural address, President Obama has committed to making the implementation of the Recovery Act subject to unprecedented levels of transparency and accountability.  As part of this effort, the U.S. government has set up a website—www.recovery.gov—where the public can access details of the use of the funds allocated under the Recovery Act.

President Obama has established the following five objectives for federal agencies to ensure that Recovery funds are spent effectively and efficiently and are subject to public scrutiny:

  • Recovery funds are awarded and distributed in a prompt, fair, and reasonable manner
  • The recipients and uses of all recovery funds are transparent to the public, and that the public benefits of these funds are reported clearly, accurately, and in a timely manner
  • Recovery funds are used for authorized purposes, and every step is taken to prevent instances of fraud, waste, error, and abuse
  • Projects funded under the recovery legislation avoid unnecessary delays and cost overruns
  • Programs meet specific goals and targets and contribute to improved performance on broad economic indicators

On www.recovery.gov, the public will have access to aggregate data on how the Recovery Act is distributed across broad areas of spending and tax measures, disaggregated data by agency and state, and up-to-date information about the implementation. To date there is limited information on the website that would allow visitors to track the use of recovery funds, as agencies have yet to make final decisions on how to allocate the money. However, aggregate data and an overview of the law and its goals are available.

In addition, many federal agencies have established their own recovery sites, including the Agency for International Development; Departments of Agriculture, Defense, Education, Health and Human Services, among others; Environmental Protection Agency; and the Social Security Administration. The public can visit these sites (links are available at www.recovery.gov) to access weekly reports on the agencies’ funding, major actions, and planned activities related to the Recovery Act. And, because a significant portion of the recovery package will flow through state governments, all but 15 U.S. states have developed similar sites that track how funds allocated through the Recovery Act are spent at the state level.

The administration’s efforts to provide public access to detailed information about the stimulus package are reinforced by accountability mechanisms built into the Recovery Act, which establishes an oversight board of inspectors general (the watchdogs of government) called the Recovery Accountability and Transparency Board. This board will oversee the federal agencies responsible for the expenditure of recovery funds. Until the board becomes operational, President Obama has coordinated a team from across federal agencies to track the use of Recovery Act funds and report findings on the website.

Transparency and accountability, including public participation and oversight, in the use of public funds is critical to preventing wasteful and corrupt spending, strengthening policies, ensuring the effective and efficient use of funds, and achieving desired outcomes. These are even more critical in times of economic crisis, when resources are limited and the need for government services is great. In this context, the steps the Obama administration is taking to implement the U.S. stimulus package in an open and accountable way is encouraging.

In contrast, the International Monetary Fund has identified Saudi Arabia as having the largest fiscal stimulus package (as a percent of Gross Domestic Product) to date, and China as coming in fourth, behind the U.S. and Spain. Both Saudi Arabia and China have shown an unwillingness to provide access to information on how the government manages public resources. In the Open Budget Index 2008, which measures public access to budget information in 85 countries, China’s score of 14 out of a possible 100 and Saudi Arabia’s score of 1 place them among the 25 countries that provide scant or no information to their publics. Given their past performance, it is unlikely that the Chinese and Saudi Arabian people will have sufficient information on their countries’ stimulus plans to effectively participate in decisions over implementation or provide adequate oversight.


Disclosure of Budget Data Needed for Informed Citizen Oversight of Farm Policies by Jack Thurston

In October 2006 an editorial in the French newspaper La Tribune argued that the details of who in France gets what from the European Union’s Common Agricultural Policy were state secrets second only to the government’s nuclear weapons codes. Thanks to a pan-European network of pro-transparency researchers, journalists, and NGO activists, from May 1, 2009, these details will be secrets no more.

Convened in May 2005 by Nils Mulvad, a Danish journalist and leader in computer-assisted reporting (CAR); Brigitte Alfter, a German reporter and access-to-information practitioner; and me, a policy analyst and former political adviser to the UK Minister for Agriculture, the network’s purpose is to share our experiences in getting governments to disclose the kind of budget data needed for truly informed citizen oversight of farm policies. (At the time only two countries—Denmark and the UK—had released any data on farm subsidy payments.) In addition, we thought it would be useful to develop an online database to allow the public to access the fruits of our transparency work, much like the U.S. Farm Subsidy Database launched by the Environmental Working Group in 2002 (see http://farm.ewg.org/).

By December 2005 the database www.farmsubsidy.org was launched, and since then it has provided the public with access to all the data we have obtained on farm subsidies—currently well over 70 billion euros worth of payments. During that time almost 3.5 million user-searches have been recorded, and newspapers, television, and radio have covered our revelations about massive payments to some of Europe’s wealthiest citizens, including Queen Elizabeth II, as well as those about the more curious recipients of farm aid: airlines, golf courses, pony clubs, water companies, and oil rigs. The enduring theme of our revelations is that the benefits of farm subsidies flow overwhelmingly to the farms that are best equipped to do well in the market without state support.

At the moment we are rebuilding the website database from the ground up to provide better functionality, faster and more powerful searches responses, and a new set of interactive tools for citizen oversight of this important part of the EU budget. We plan to build on our pioneering use of open mapping tools like Google Maps to present budget data in completely new and highly illustrative and accessible ways. All data will be available via an Application Programming Interface that will enable anyone to combine, or “mash up,” payment data with other data sources, such as data on levels of pesticides and fertilizers in rivers and seas.

We are expanding our work into looking at data availability in other areas of the 140 billion euro annual EU budget, such as fisheries subsidies and development assistance. And we are at the early stages of a project that will examine government aid to industry in the EU, a hot topic at the moment.

Our approach to budget transparency goes beyond the traditional and very necessary agenda of the International Budget Partnership that emphasizes budget processes and the publication of revenue and expenditure data. On these measures, the EU and most EU countries score quite well, as shown in the 2008 Open Budget Index published in February.

We are pushing for budget transparency at the level of the individual enterprise receiving government support. When it comes to state subsidies, it is really important to know which businesses are being subsidized, and why. With governments all around the world launching fiscal stimulus packages of unprecedented size and scope to revive failing economies, there is more need than ever to track where the money is going. Well-informed public oversight not only plays a critical role in ensuring that waste, fraud, and abuse are kept to an absolute minimum but also helps ensure that public expenditure is properly aligned with public priorities.

Collaboration is at the core of what we do since local and specialist knowledge is always required to make data come to life. If your organization would like to collaborate on any of our projects, send a message to [email protected].

To learn more about Farmsubsidy, go to www.farmsubsidy.org.


Zambian NGO Stresses Need to Deliver Allocated Funds by Robert Valencia

Through its research and policy analysis program, Civil Society for Poverty Reduction (CSPR) has been monitoring and tracking government budget expenditures and conducting poverty and other impact assessments to determine the effectiveness of government initiatives and programs in Zambia since 2000. As part of this work, CSPR issued three press releases in the first week of February expressing both its concerns and optimism regarding this year’s national budget.

CSPR pointed out a “weakness” identified in the 2007 Auditor’s General Report in the way the Zambian government allocates funds for Poverty Reduction Programs (PRP). The PRPs to which funds have not been fully disbursed include education and health programs, the national Ministry of Community Development and Social Services’ Fertilizer Support Program (FSP), and the Street Kids Fund, to name a few.

The ability of CSPR to monitor how the government’s budget was implemented depended, in large part, on the capacity of the supreme audit institution to produce and release in a timely way comprehensive audit reports. CSPR’s experience reflects how important it is that all stages of the budget process to be transparent, including the execution and audit phase, in order to hold the government accountable for how it manages the public’s money.

Saul Banda, CSPR’s acting executive director, explained that the Office of the Auditor General’s efficiency in producing budget reports “will only yield positive results if strong punitive measures are taken without delay on the erring officers, especially with regard to the misappropriation of funds.” Among some of the appalling findings from the Auditor General’s report was that the Street Kids Fund had no records of the disbursement of foodstuffs meant for target groups.

Banda emphasized the importance the CSPR places on strict fiscal control and monitoring during implementation of PRPs, which serve vulnerable people but “seem to be treated with little care.” Banda said that misuse of public resources for these programs can undermine Zambia’s efforts to achieve its Fifth National Development Plan, as well as the Millennium Development Goals (MDGs).

Emmanuel Musonda, CSPR provincial coordinator, and the CSPR’s Eastern Province Program Management Team (EPPMT) echoed Banda’s call for better fund allocation. Musonda has asked the government to disburse funds to the sectors in a timely way and to provide information on the disbursement to government departments and to the public. “Until this is done, this year’s budget will not stand to show government’s commitment in addressing poverty amongst its citizens,” he said.

In the last five years, the EPPMT has conducted budget-tracking exercises for such sectors as education, health, social protection, agriculture, and water and sanitation. In this year’s exercise, the EPPMT found that the allocated funds for the districts of Mambwe and Chipata were either disbursed late or not at all. For instance, the Fertilizer Support Program (FSP) recorded as unaccounted for 1,500 bags of fertilizer valued at US$12,291.

However, CSPR is optimistic about the government’s new budget allocations. For instance, the CSPR Western Province Program Management Team (WPPMT) applauded the government’s commitment to rehabilitate and expand 27 health training schools throughout the country, which are intended to mitigate the shortage of medical personnel, as well as the allocation of US$7 million to construct and rehabilitate seven vocational and entrepreneurship training institutes.

Furthermore, CSPR is hopeful about the government’s initiative to publish booklets that will report on the allocation for each project. Mubyana Kakenenwa, WPPMT chairperson, said that this measure is relevant since “we [WPPMT] have not been able to get information on allocations for the [Western] province due to the reluctance by some government officers responsible for keeping this information to release it, and this has negatively affected our advocacy work.”

CSPR concluded that the policy measures outlined for the budget year are “potentially good and if well and timely executed, especially with the raised concerns by various key stakeholders addressed, could make the vision of ‘seeing all our citizens, in all corners of our country, waking up each morning well nourished, in decent housing, with access to clean water and sanitation’ attainable.”

For more information about CSPR, please visit http://www.cspr.org.zm.


Interview with Mexico’s gender budget expert Lucía Pérez-Fragoso (excerpt from UNIFEM, Gender Responsive Budgeting Newsletter, Issue 3, March 3, 2009, pp. 5-6)

Local level GRB initiatives are increasingly recognized for their ability to help address gender equality issues in decentralized contexts. In Mexico City, Equidad de Género, an organization well known for its work in the area of Gender Responsive Budgeting (GRB) was approached in 2006 by the newly elected local government with a request for support in keeping one of their campaign promises i.e. building a “city with equity”. This request was made in the midst of broader policy reforms introduced by the newly elected government, which included the passing of the “Law on Substantive Equality between Women and Men” and directives for a systematic assessment of the differentiated impact of public policies on women and men.

The collaboration led within one and a half years to the adoption of the city’s first gender- responsive budget in 2008. In the following interview, we asked the Feminist Economist Lucía Pérez-Fragoso, Coordinator of the GRB program at Equidad de Género, about the process that led to this achievement, and what it means for women in one of the largest cities of the world, Mexico City.

UNIFEM: Could you tell us how did the 2008 Mexico City budget Proposal come about?

LPF: The 2008 Mexico City Budget Proposal called “Budget with Gender Equity” was the result of tremendous efforts, long-standing work and unfailing commitment of the new government, which presented the first gender-responsive budget within the first year of its coming into office. Developing this budget proposal was a result of the efforts on many fronts during 2006 and 2007, in addition to the many years of advocacy and capacity building undertaken since 2000 by women’s organizations and the National Women Machinery Institute of Women in the Federal District (INMUJERES DF), parliamentarians, particularly members of the Gender Equity Commission and UNIFEM. When the new administration came on board, an alliance was established between the Finance Secretariat of the Federal District Government (FDG), INMUJERES DF and Equidad de Género. INMUJERES DF had a network of gender focal points from each of the FDG agencies, who were responsible for gender mainstreaming in their institutions. This network had existed for several years, and had received training on gender issues. In 2007, Equidad de Género was asked to train the network and high-level officials in formulating gender-sensitive policies, programs and budgets using its widely-recognized methodology for applying GRB to promote gender equality. At the same time, the Secretariat of Finance had established a Gender Responsive Budget Directorate, tasked with providing advisory services to government agencies about how to track gender in budget allocations. The Finance Secretariat, INMUJERES DF and Equidad de Género worked together to include gender elements in the new budget formats and in the new programming and budgeting manuals that are used to train all public officers of the Mexico City Administration.

UNIFEM: What exactly makes the 2008 budget of Mexico City a gender-responsive budget?

LPF: The concept of a gender responsive budget is very broad, and can include several definitions. The 2008 budget of Mexico Federal District Government (FDG) can be considered gender-responsive for several reasons.

Firstly, major efforts were made in all FDG agencies to formulate gender-sensitive policies, programs and budgets. The first 20 pages of the City Budget Proposal clearly explain the work that was done for this. Secondly, the budget proposal outlines resources allocated for women’s concerns and gender equity, and proposes specific indicators to monitor the use of the funds, for instance, number of responses by the Government Office for Public Safety to cases of violence against women. Thirdly, in 2008, for the first time ever, resources were earmarked for gender equity in the city budget totaling 1,234 million pesos representing 1.12% of the whole budget. The budget proposal also included funds for a program seeking to eliminate violence against women in public transportation. This is part of a larger program named “Safe Traveling” (Viajemos seguras) which provides “women-only buses” at certain hours, in certain areas of the city. The Government of the City of Mexico launched this initiative as a result of exchanges made with the Regional Program “Cities without Violence for Women: Safe Cities for All” during an international meeting organized by In Mujeres with UNIFEM’s support. The objective of this meeting was to discuss, analyze and compare successful experiences and initiatives of “safe cities” for women in the region. The theoretical model of UNIFEM’s Regional Program for “safe cities” was analyzed and its application in Mexico City was promoted as a means to ensure efficient public policies, attend to women’s security and comply with the Federal District Law on VAW (Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).  Among other measures, posters to denounce violence against women in transport units have been placed in transport facilities. Special transport units for women were also assigned in some buses and subway cars; reserved entrances for women and specialized protection are also provided in certain locations. Fourthly, three budget items were created in order to assign resources to gender equity. Allocations assigned to these budget items are for activities such as designing, coordinating and implementing gender equity policies. A number of government agencies assigned resources for gender analysis on broader issues such as gender and environment. An effort was also made to disaggregate the number of beneficiaries of public programs by sex. The data sheet provides information to improve the design of gender policies, programs and budgets, amongst many other things.

UNIFEM: Does the 2009 budget include similar measures?

LPF: For 2009, the resources assigned to women’s and gender equity, represent 1.27% of the 2009 budget, a slight but considerable improvement as compared to 2008. A number of new programs were created and there is an overall improvement of gender-related programs in all government offices. INMUJERES and Equidad de Género also continue to strengthen GRB capacity of an ever-increasing number of participants engaged in the process of formulating gender sensitive policies and budgets. In addition, three new gender-related budget items were introduced into the budget: preventing violence against women; supporting women victims of violence, and ensuring women’s access to justice. Government agencies were also asked to report on actions each institution is taking to mainstream gender in its programs.

UNIFEM: What are the key factors of success of the Mexico City GRB initiative?

LPF: The success of the Mexico initiative is undoubtedly due to a combination of factors: political will, strategic partnerships, capacity and budget reform. The partnership between INMUJERES DF, the Secretariat of Finance – namely the Under-Secretariat in charge of public expenditures, which is responsible for FDG budgeting- and the civil society organizations was essential in framing the initiative. It was also strategic for Equidad de Género to have the technical know-how and methodology to support the formulation of gender policies, programs and budgets and to build the capacity of budget officers and gender focal points in early stages. I think that the involvement of the Secretariat of Finance was decisive in terms of changing the budget format and training manuals and instructing all government agencies to take at least one gendered action in their 2008 Annual Operating Program (planning document). Overall, The FDG gave tremendous support during 2008 and 2009 to the formulation of gender-responsive budgets. Among other features, the policy framework requires each government agency to define its targets including in the area of gender issues over the year. This provides a useful tool for accountability and monitoring implementation.

UNIFEM: What is the future of the GRB work in Mexico City?

LPF: The gender responsive budgeting experience in the FDG is work in progress, which calls for constant attention and dedication for much time to come. If we only look at the example of public transportation in Mexico City, can you imagine for a moment what it takes to move eight million people and the gender issues that come with it? In reality, access to transportation impacts access to education, health services, work, markets etc. If GRB helps in improving those services and increasing women’s access to them in a safe and quality manner, the impact on women’s lives will be invaluable. We need to be able to monitor this in future years.

To read the entire issue of UNIFEM’s GRB Newsletter, go to: http://www.gender-budgets.org/



Challenges of Education Finance in Orissa, India
by Sarit Rout

In India, as in most low and middle income countries, the government is the primary provider of basic services, such as health and education.  The country recently passed the 93rd constitutional amendment making education a fundamental right, but it faces enormous challenges to providing high-quality education to all, particularly the poor and marginalized. Some of these challenges are clearly present in the struggling state of Orissa, a primarily agricultural state where nearly 85 percent of its 36.8 million people live in rural areas.  Around 38 percent of the total population in Orissa is from scheduled castes and tribes, vulnerable groups who face prejudice and economic isolation. As a result, the state falls below the national average for most socioeconomic indicators, including female literacy (50.5 percent in Orissa in 2001 vs. 53.7 nationally), life expectancy (57.2 years vs. 61.1), and infant mortality (65 out of 1,000 live births vs. 57).

Not only is female literacy lower in Orissa than in the nation as a whole but there exists a significant and persistent gender literacy gap within the state that points to a failure to address the education needs of women and girls. According to the 2001 census (the most recent data available) the gender gap is found to be 24.98 percent, nearly unchanged from 25.79 percent in 1971.  Of greatest concern are the seven districts where the female literacy rate is less than 30 percent, a rate largely driven by the low levels of education for women in scheduled tribes. These districts are mostly tribal dominated and are characterized by extreme deprivation in terms of income and infrastructure, as well as by low literacy rates. There are many other inadequacies in terms of availability of classroom and supporting infrastructure that hinder the delivery of quality of primary education.

Public expenditure on education: Trends and issues

 Although the private sector provides some support for education in Orissa, the state and national governments are the primary providers of schooling. The state government faced a serious financial crisis during 1990s, which resulted in greater public debt and fewer resources for other public spending for such areas as education.  In response, the Orissa state government took a number of fiscal consolidation measures, which improved the financial situation and ultimately led to a revenue surplus in 2005-06. During this period, total education expenditure as a share of the total state budget declined, as has expenditure for elementary education. This is important because for many of the state’s residents, primary school is their first, and too often only, opportunity to receive formal education.

 Not enough elementary education funds are targeted toward improving quality

Allocations for elementary education are spread among many programs and activities, including school administration, support for government and nongovernment primary schools, textbooks, scholarships, and the Tribal Areas Subplan (TSP) — a special plan introduced during the Fifth Five-Year Plan for the socioeconomic development of tribal people. Improving the quality of the education provided by schools requires investments in teacher training, textbooks and other learning materials, scholarships, and school buildings.

Unfortunately for efforts to address the education needs of the state’s students, allocations for textbooks as a share of the total elementary education budget have declined from 1997-98 to 2003-04, and total allocations for scholarships is less than 1 percent of elementary education expenditure. Likewise, there has been very limited investment in teacher training during the period. Most disturbing, the allocation for the TSP decreased substantially during the period examined, clearly contributing to the inadequate response to the educational needs of members of scheduled tribes.

How effective has education spending in Orissa been in terms of outcomes?

A field study conducted in two sample districts in the state sought to assess the impact of education spending on such basic challenges as increasing access to and improving the quality of primary education. School facilities and teacher availability are two primary factors influencing both access and quality. The study finds that of the 50 schools surveyed there are 12 schools with five teachers, three schools with four teachers, and 25 with only two teachers. Further, in most of the schools, teachers are required to prepare and serve the midday meal, taking them away from their teaching duties. This is a particular burden for the schools with only two teachers.

There are 39 percent fewer classrooms than needed in the districts, and nearly half of the schools studied have only two classrooms.  Most important, more than two-thirds of the schools in the districts do not have a separate office room for the teachers. The study also found that 70 percent of the schools in the districts lack toilet facilities, 68 percent do not have playgrounds, and 62 percent of the schools lack a boundary wall. Further, 60 percent of the schools were found to have leaks during the rainy season, and only 26 percent are connected with all weather roads.

In terms of learning and teaching materials, the study found that in the schools in the district textbooks were either not available, or there was an insufficient number for all the students.  Schools in both districts often face a delay of up to six months for textbooks. Compounding the effect of the poor quality or lack of adequate facilities, teachers, and textbooks is that in both districts the availability of scholarships and stipends is mostly irregular.

Conclusion

Policy pronouncements, such as the constitutional amendment declaring education a fundamental right, and resulting action do not always align, as seen in the example of Orissa. While public investment is a critical component in providing high-quality education, it is how the funds are utilized and whether they reach the targeted beneficiary that determines the outcomes. The critical question is how to increase the efficient and effective use of public resources for education, and civil society participation is an important part of the answer.

Education budgets in Orissa, and elsewhere in India, often lack sufficient funds for monitoring the performance of the teachers. Civil society can help fill this gap by mobilizing and building the capacity of community members to monitor how well the teachers and students are performing, as well as pitching in with meal preparation and serving so as to free teachers’ time for instruction.

As we can see from the Orissa example, India faces significant challenges in terms of increasing access and improving quality of elementary education. Civil society can document instances where there are problems and organize advocacy campaigns to pressure the government to improve the situation. Budget priorities should be based on real needs, and civil society plays a pivotal role in identifying those needs and advocating that they be addressed.

For more information on education finance in India and Orissa, contact Sarit Rout at [email protected].


Civil Society Engagement in Education Budgets: A Report Documenting Commonwealth Education Fund Experience by Victoria Perry
http://www.globalpartnership.org/media/CSEF/Civil_Society_Engagement_in_Education_Budgets[1].pdf

The Commonwealth Education Fund (CEF) was established in March 2002 to promote civil society participation in the Education for All (EFA) program, increase public debate around education goals, bring about greater transparency in the education budget, and focus on the needs of children outside the education system. The CEF supported partners in 16 countries to empower communities to monitor spending on education at local and national levels. This involved building the capacity of civil society organizations (CSOs) to influence budget and education policy decisions. This report provides a snapshot of the experience of all 16 CEF countries. It explains how CSOs have engaged in the budget process, how to track disbursement of funds, and how to monitor expenditures and lobby for budget allocations for the education sector.


Making the Budget Work for Education: Experiences, Achievements, and Lessons from Civil Society Budget Work by Mario Claasen
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/01/Making_the_Budget_Work_for_Education.pdf
The Commonwealth Education Fund (CEF) has been supporting civil society engagement with governments on their commitments to the Education for All Program (EFA) goals and the Millennium Development Goals (MDGs) since 2002. This report provides an overview of five case studies in Bangladesh, Ghana, Kenya, Malawi, and Uganda, where CSOs and local communities have been able to use budget analysis and budget monitoring to hold their governments’ budgets and policies accountable to the EFA goals and the MDGs. The case studies present both national and local level initiatives and provide key lessons, recognize achievements, and identify common challenges encountered by CSOs and local communities. The purpose of this publication is to provide key lessons for CSOs operating in the education sector to undertake similar initiatives in their own contexts.


A Budget Guide for Civil Society Organizations Working in Education
http://www.pamoja-west-africa.org/English/Documents/Guide%20CSO.pdf
Budgets can be complex and intimidating to many people. However, budget work undertaken by civil society organizations (CSOs) worldwide over more than a decade has shown that, although budgets are technical at times, citizens can learn simple calculations to use and understand them. Budget work has proved that budgets are not abstract documents but are useful tools for civil society to use in their advocacy campaigns and to hold their governments and policy makers to account for their commitments to pro-poor spending. This guide has a particular focus on the education sector, provides basic information on how CSOs can get started on budget work, introduces key budget concepts, and uses case studies to inform CSOs on how budget work can help them tailor strategic advocacy messages and promote change in the education sector.


Our Money, Our Responsibility: Applying Practical Tools for Monitoring Government Expenditures

From November 7 through 20 in Cape Town, South Africa, the IBP held a pilot training workshop on Monitoring Budget Implementation. The workshop was attended by representatives of organizations from 13 countries across the world interested in monitoring the outcomes of government expenditures.

The 14-day workshop drew heavily on the IBP’s publication, Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures. The guide presents 10 good-practice methodologies used by civil society organizations to monitor government budget execution and assess the impacts of budget expenditures. The course materials were the result of a collaborative effort and drew on the expertise and experience of organizations around the world currently implementing innovative methodologies and tools for monitoring government expenditures. The work of these organizations goes beyond influencing the development of budgets (budget formulation) to tracking budgets throughout their implementation (budget execution).

The training workshop is designed to provide participants with the basic ideas and tools of four monitoring methodologies, which will allow them to begin monitoring budget expenditures. The workshop is highly participatory and similar to other IBP training initiatives in which participants are required to respond to issues, raise questions and discuss the workshop material, and undertake group work and exercises. The training employs a comprehensive package of materials, including a simulation of the budget information for a fictitious country, as well as a maternal health case study problem that participants are required to analyze.

One of the participants observed that “the training was very intensive, informative, and practical in terms of application of methodologies.” As a result of what they learnt, participants felt they were now in a position to “be able to identify necessary and relevant documents and what to look for in the analysis of the documents to develop a budget related advocacy objective.

In addition to monitoring budgets, the workshop focused on budget advocacy. Budget advocates much reach a diverse audience, which requires strategic thinking about how to get your advocacy message across to ordinary people. In the workshop, participants were introduced to some innovative media choices for communicating their budget advocacy message. Participants were required to make use of the following media for their presentations: rallies, puppet shows, radio drama, songs, and print. As a result of what they learnt, participants reported being able to see themselves doing more intensive advocacy work.” One participant felt that “the training gave me a good experience especially in improving my understanding on ‘evidence based’ advocacy.

An important long-term objective the IBP has for the workshop is for participating organizations to implement these monitoring methodologies. In order to determine the practical use of the tools, participants were asked to consider whether or not their organizations would be in a position to implement or interested in implementing the methodologies.

The feedback, on the whole, was positive. In evaluating the course, a number of participants said that the content was useful for their organizations’ current budget work. For example, one participant said, “the relevance of the training to our work situation is certainly high, especially at this moment, as we finalize our annual plan for 2009. At the same time we are drafting our advocacy strategy to guide activities for 2009 and beyond. Certainly the skills from the Budget Implementation Monitoring course shall contribute to the accomplishment of these very important activities.”

Another concluded that “it was a wonderful experience for me to participate in the workshop. It was full of multidimensional learning experiences, interaction with the experienced people, and sharing of views with the participants of workshop from different countries and different working environments. I am sure that in coming days I will be able to [make a] useful contribution and to play productive role as a member of my organization’s team working on monitoring on budget implementation and budget advocacy.”

For more information contact, Vivek Ramkumar at [email protected].

To read Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures go to: https://archive.internationalbudget.org/resources/expenditure/index.htm.


Civil Society, Budget Monitoring, and Policy Influence: Overseas Development Institute’s Event to Launch Budgeting for the Poor and the Open Budget Survey 2008

Civil society organizations (CSOs) play a key role in ensuring government transparency and accountability. With dedicated effort, they can also help to inform decision-making processes with evidence and research. On March 17, 2009, the Overseas Development Institute hosted an event to highlight the importance of inclusive and participatory budgeting processes by introducing a new book on the topic, Budgeting for the Poor. It also used the event to situate the book in a broader international context by offering an overview of results of the IBP’s Open Budget Survey 2008.

Budgeting for the Poor examines the increasingly important role CSOs play in analyzing government budget policies and in advocating for more transparent and inclusive budget processes in transitional and developing countries. Drawing on case studies of six budget groups across Europe, Africa, Asia, and Latin America, this book is the first comprehensive study of the impact and significance of civic initiatives aimed at enhancing budget transparency and the poverty focus of government expenditure priorities. Documented achievements include improvements in the transparency of budgetary decisions, increased budget awareness and literacy, and deeper engagement in the budget process on the part of legislators, the media, and civil society organizations. The case studies in this book show how budget groups produce greater equity in budget policies and strengthen democracy by fostering accountability, enhancing transparency and deepening participation and voice.

The event featured presentations by Mark Robinson, head of Profession for Governance and Conflict, UK Department for International Development (DFID) and editor of Budgeting for the Poor; Paolo de Renzio, research associate, Oversees Development Institute; and Warren Krafchik, director, International Budget Partnership.

For more information on the event and to download presentations, visit http://www.odi.org.uk/events/details.asp?id=442&title=civil-society-budget-monitoring-policy-influence.


Idasa Hosts “Parliament, the Budget, and Poverty” Roundtable in Cape Town, South Africa

On October 14, 2008, Idasa’s Political Information and Monitoring Service (PIMS) program convened public finance specialists, legislators, and members of civil society organizations (CSOs) to discuss the role of the South African Parliament in the budget process, with a particular emphasis on poverty alleviation. Paul Graham, executive director of Idasa, emphasized that the recent tabling of the 2008 “Money Bills” in Parliament—given the importance of budget amendment powers as a crucial tool for democratic participation—made the roundtable especially relevant and timely.

Joachim Wehner of the London School of Economics presented a paper on the history of budget amendment legislation in South Africa titled “Budget reform and legislative control in South Africa: Can Parliament be both powerful and fiscally responsible?” Wehner also presented the findings of a 2003 study on the extent of legislative power in budget processes in over 30 countries, based on six key indicators: amendment powers, reversionary budgets, in-year flexibility, timing of the budget process, committee capacity, and research capacity. Comparative analysis of results showed legislative powers in South Africa to be among the weakest of the countries surveyed. However, Wehner noted that in the five years since the survey the ability of the South African Parliament to participate in the budget process has increased, including the growing capacity of the parliamentary research office.

Wehner suggested that the current 2008 Draft Money Bill Amendment Procedure and Related Matters Bill contains a number of necessary procedural safeguards to ensure fiscal responsibility in the context of greater legislative budget amendment powers, including establishing strong Appropriations Committees and a top-down process. However, he concluded that the real test of proposed institutional arrangements would be how well the legislature exercises amendment powers in a fragmented partisan context, as politics ultimately determine how legislative control is reflected in the budget.

Wehner’s presentation led to discussions on fiscal policy, and how to balance flexibility in budget amendment power with constraints and rules to ensure prudence. Others emphasized the value of a nonpartisan Budget Office, which would provide analytical capacity to committees and Members of Parliament.

In the second session, Tania Ajam of the Applied Fiscal Research Centre (AFReC) presented “Budget Oversight and Poverty Alleviation: Opportunities and Challenges,” focusing on how strong budget oversight within Parliament, coupled with transparency and accountability, could create incentives for public institutions to be effective, efficient, responsible, and responsive to the needs of the poor. Ajam suggested that effective oversight is determined by a number of factors, including political systems and culture, formal oversight and amendment powers, incentives for effective oversight, credibility and timeliness of information, and public awareness and perceptions.

Ajam identified a number of challenges related to institutional capacity, perceptions of Parliament’s credibility, and the need to emphasize budget outcomes and impacts rather than outputs and to clarify political versus managerial accountability. She also observed that provincial and local budgets have enormous implications for poverty alleviation and argued that Parliament should actively exercise its oversight abilities at these levels, as not doing so might reduce its relevance and credibility.

This presentation led to discussions on the effectiveness of budget outcomes, service delivery, and returns on investment. Participants also focused on the role of complementary oversight institutions, including the judiciary.

In the third session, Idasa researchers Len Verwey and Mario Claasen presented findings from case studies of civil society engagement with the budget. Claasen discussed the Women’s Budget Initiative in South Africa and the All-Party Parliamentary Caucus on Education in Bangladesh. In both cases, CSOs faced a number of challenges, including a lack of political will and dedication, institutional capacity, and policy prioritization within the legislatures. Verwey and Claasen argued that active participation by CSOs in the budget process is vital and can decrease information asymmetries between the legislative and the executive branches, provide effective oversight, and provide legitimacy for the final budget. They recommended that CSOs should form effective partnerships with one another and legislators at the outset of advocacy work, develop credible and relevant research, and seek to build capacity within Parliament.

In examining why a limited number of CSOs do budget analysis and whether input from such organizations is representative of public participation in the budget process, some suggested that CSOs funded by government may be hesitant to participate in budget processes or criticize allocations or spending priorities. Others raised issues like the relative inaccessibility of data, the supply-driven nature of available information, and the technical expertise and capacity required.

It was argued that to effectively participate in the budget process, CSOs should avoid simply “legitimizing” public participation requirements and focus on outcomes and impacts. Budget analysis should be coupled more effectively with issue-based campaigns and advocacy, as in the case of the Bangladesh All-Party Parliamentary Caucus on Education. Other strategies should include engaging more effectively with parliamentary committees, the private sector, and the media, as well as forming stronger partnerships and cooperation among CSOs conducting budget analysis of all sectors of the government.

For more information, contact Len Verwey at [email protected].


Responding to the Challenges of Supreme Audit Institutions: Can Legislatures and Civil Society Help?

The gaps between approved budgets and the realization of policy and development goals stand among key governance challenges in many developing countries. Supreme audit institutions (SAIs) play an important role in holding governments to account. However, many SAIs face serious challenges when trying to evaluate the expenditures and performance of government agencies.  This paper explores those challenges in detail and suggests how SAIs can overcome some of them by forming and strengthening alliances with parliaments and civil society. It proposes that in circumstances where the legislature is weak, the SAI may need to stretch the letter of their mandate for the benefit of more effective application of public resources to development challenges.  To learn more, go to:
http://www.cmi.no/publications/publication/?3287=responding-to-the-challenges-of-supreme-audit.


The Community Media Sustainability Guide: The Business of Changing Lives

The nonprofit international media development organization Internews recently published a guide on how to incorporate new online platforms and using alternative energy to power radio stations and empower local media to provide people with the news and information they need.  Community media has provided common people the ability to connect and the means to make their voices heard.  Today this is a valued part of the media landscape, and international agencies are showing increasing interest in community media’s ability to inform.  According to Internews more and more governments are acknowledging the contribution of community media to education, public health, and economic development and are creating policy and legal frameworks to enable its expansion.  The guide can be particularly useful in the advocacy efforts of civil society organizations already taking advantage of new digital technologies and working to make their community media outlets sustainable.

To learn more, go to:  http://www.internews.org/research-publications/community-media-sustainability-guide-business-changing-lives


Aid Effectiveness: Overview of the Results 2006 Survey on Monitoring the Paris Declaration

In the Paris Declaration, donors and partners committed to monitoring their progress in improving aid effectiveness against 56 specific actions, from which 12 indicators and targets were set for 2010. This report presents the findings and recommendations of the first round of monitoring that was conducted in 2006 on the basis of activities undertaken in 2005. The conclusions of this report are based on a survey of 34 self-selected countries, and a comprehensive list of donor organizations covering 37percent of aid programmed across the world in 2005. The report shows that in half of the developing countries signing on to the Paris Declaration, partners and donors have a long road ahead to meet the commitments they have undertaken.  Key implications of the survey include higher expectations for reform, deeper ownership and more accountable institutions, and increasing aid efficiency together with donor harmonization. The authors suggest that aid effectiveness issues and results need to be discussed more explicitly at the country level and credible monitoring mechanisms need to be developed.

To learn more, go to: http://www.oecd.org/dataoecd/58/28/39112140.pdf.


The Network Movement for Justice and Development (NMJD) Requests Technical Assistance on Budget Analysis in Sierra Leone

The Network Movement for Justice and Development (NMJD) is a national civil society advocacy and development organization established in 1988 in Kenema, eastern Sierra Leone. NMJD is committed to promoting good governance; participatory democratic practices, human rights; gender; economic and social justices; and a culture of peace.  NMJD has four core programs: peace and security, mining and extractives, youth empowerment, and governance and accountability. The goal of the governance and accountability project for which this request is made is to increase transparency and accountability in the budget and policy processes in the health and education sectors in Sierra Leone. The project’s goals are:

  • Increased ability of civil society to demand better services in health and education sectors
  • Improved performance of service delivery in the health and education sectors
  • Increased ability of both government and civil society to provide relevant, reliable, accurate, and up-to-date data on health and education programs
  • Effective and accountable results-based management in program planning and implementation

The project covers three districts, Kono in the east, Bombali in the north, and Western Area Rural district in the west. To maximize the impact of the project and to promote sustainability, a partnership-based approach and capacity building of partners and program staff are necessary.  In this regard, program staff and project partners have acquired basic skills in budget and human rights, monitoring, health and education policies. Nevertheless, further technical support around budget analysis, budget and expenditure tracking, pro-poor (health, education, women- and children-oriented budget development) processing, and documentation of findings, are necessary. Technical support to staff in these areas would bring innovative approaches to budget advocacy, as well as using the skills acquired to strengthen other civil society organizations.

NMJD hereby solicits skilled budget experts to offer technical assistance on budget analysis and budget process issues for a period of two months, effective April–May 2009.  For more information contact Abu A Brima, executive director, at [email protected] or [email protected]


New OBI Manager and OBI Senior Analyst

The Open Budget Initiative is about to embark on a significant new growth path.  The IBP is planning to expand the Initiative to include work at the subnational level and to substantially boost its advocacy work with international institutions and at the country level. This is in addition to producing the Open Budget Survey every two years.  As the newly appointed manager of the Open Budget Initiative, Vivek Ramkumar is the perfect person to lead the Initiati+ve through this exciting period.  When Vivek joined IBP his primary experience was in right to information advocacy, particularly at the subnational level.  At IBP his focus shifted to budget analysis and advocacy.  This new appointment gives Vivek the opportunity to combine his experience with access to information advocacy and budget analysis and advocacy.  And it provides an opportunity for IBP to learn how to bring these two communities together and develop its own advocacy path.

In addition, the IBP is very glad to introduce Maurice Nsabimana, who recently joined the Open Budget Initiative team as senior analyst. His primary focus is on collaborative research in budget transparency and oversight at national and subnational levels of government. Prior to joining IBP, Maurice worked in the private sector, civil society, and at multilateral institutions. Most recently, he worked on macroeconomic policy at the World Bank, where he focused on debt and fiscal sustainability in Central and Western Africa. Previously, Maurice served as a legal assistant to former U.S. Attorney-General Ramsey Clark at the International Criminal Tribunal for Rwanda. Maurice holds an MA in international affairs from the School of International and Public Affairs at Columbia University and a BA in Computer Science from Vesalius College in Brussels, Belgium.


Call for Comments: International Monetary Fund Proposes New Role and Governance Reforms

In a report released on March 24, 2009, the International Monetary Fund (IMF) seeks to leverage the current global financial crisis to expand its role in ensuring global financial security and expedite governance reform within the institution. In the Final Report of the Committee on IMF Governance Reform, chaired by South African Finance Minister Trevor Manuel, the committee identifies a need for a “decision-making body with the requisite political heft, national policy-making authority, flexibility, and widely acknowledged legitimacy to provide an effective mechanism for collaboration and response to early warnings and global financial problems.” The report argues that the IMF could be that body, if the committee’s recommended package of reforms is adopted and implemented with appropriate speed.

In brief, the report recommends the following broad reforms:

  • Complete the next round of quota and voice reform by Spring 2010 to “facilitate better representation of emerging and developing economies”
  • Amend the Articles of Agreement to eliminate the five appointed chairs on the Executive Board and consolidate other chairs
  • Activate a Council, composed of ministers and governors from member countries, that will be responsible for strategic decisions on surveillance and financial facilities
  • Reconfigure governance responsibilities of the Executive Board and the Managing Director and staff to increase accountability and improve functioning

For more information, including a link to the full report, visit http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr0988.htm or contact IMF Public Affairs at [email protected].

The IMF is seeking views from the public on its transparency policy and has posted a call for comments. You can provide your views through a short questionnaire or provide other comments by e-mail to [email protected]. Please note that the deadline is April 30, 2009.