Newsletter No. 46 – Spanish

by soapbox | Sep 1, 2008

Salud, derechos humanos y presupuestos

• La Iniciativa Internacional de Mortalidad Materna y Derechos Humanos (IIMMHR): entender la mortalidad materna como un problema de derechos humanos por Manuela Garza
• La escasez de trabajadores de salud en el sur de África causa demoras fatales en el cuidado de pacientes con SIDA

Análisis presupuestario: Israel y Perú

• Israel comenzará el 2009 sin un presupuesto aprobado por Shlomo Swirski, Adva Center
• El presupuesto peruano 2009: Información, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana por Caroline Gibu, CAD

Noticias sobre transparencia en industrias extractivas

• El Banco Mundial retira su apoyo al controvertido proyecto petrolero de Chad por Ian Gary, Oxfam América
• Pobreza y Corrupción en Guinea Ecuatorial: ¿“Maldición de los Recursos” o Carencia de Voluntad? por Elena Mondo
• OSC en Azerbaiyán juegan su papel en los esfuerzos de las Naciones Unidas por mejorar la transparencia en las industrias extractivas por Rocío Campos
• Panel discute un reporte sobre la paradoja del petróleo y la pobreza por Robert Valencia

Recursos y publicaciones

• Acceso a la información = asistencia financiera más efectiva por Rocío Campos
• El índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional 2008 revela el vínculo entre la pobreza e instituciones fallidas
• Construcción de estados responsables: acción ciudadana y cambio político nacional
• Publicación del mes: Aid, Rents and the Politics of the Budget Process por Andrés Mejía Acosta y Paolo de Renzio
• Nueva investigación examina cómo el número de tomadores de decisiones interactúa con la estructura del proceso presupuestario para influir en políticas fiscales
• Análisis presupuestario para ver el impacto en poblaciones en riesgo
• CAPE organiza conferencia sobre administración y reformas de finanzas públicas

Noticias del IBP

• El IBP reúne en Sudáfrica a grupos de la sociedad civil de 11 países en un taller sobre análisis e incidencia presupuestaria
• Conferencia en la India sobre “El papel de la sociedad civil en el monitoreo de los presupuestos gubernamentales y la prestación de servicios: Explorando metodologías para la acción” por Vivek Ramkumar, IBP
• Y tu ¿qué piensas?
• Ganador del concurso de seis palabras: “Sustentabilidad – un dólar a la vez”
• “It’s Your Money” Canta con la Iniciativa de Presupuestos Abiertos del IBP
• Qué tienen que decir las OSCs acerca del cambio de nombre del IBP

Anuncio

• Beca del “Open Society Institute” (OSI)

La Iniciativa Internacional de Mortalidad Materna y Derechos Humanos (IIMMHR): entender la mortalidad materna como un problema de derechos humanos por Manuela Garza

“Al reconocer que el 99 por ciento de las muertes maternas ocurren en los países subdesarrollados y tomar en cuenta que en casi todos los países, ciertos grupos de mujeres tienen mayores posibilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, la mortalidad materna se convierte en motivo de vergüenza colectiva.”– Lynn P. Freedman, directora del programa “Averting Maternal Death and Disability” (AMDD) de la “Mailman School of Public Health” en la Universidad de Columbia[i]

En la actualidad, la medicina cuenta con los instrumentos tecnológicos suficientes para detectar y prevenir casi todas las causas de muerte materna. Por lo tanto, cuando una mujer muere durante el embarazo, el parto o el puerperio, por el simple hecho de no tener acceso a servicios de salud, la mortalidad materna no sólo es una vergüenza colectiva, sino un asunto de derechos humanos. Cuando los gobiernos no cumplen con su obligación de garantizar el acceso de todas las mujeres a los servicios de salud—incluyendo los servicios obstétricos de emergencia—violan el derecho de estas mujeres a la vida, a la salud sexual y reproductiva, a la no discriminación, a la igualdad y a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental. [ii]

La Declaración de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establece una meta específica de reducción de la mortalidad materna (Meta 5).  A pesar de este compromiso, y de veinte años de esfuerzos internacionales por combatir la mortalidad materna, en la actualidad mueren alrededor de 500,000 mujeres cada año durante el embarazo, el parto y el puerperio. En algunos países, las tasas de mortalidad materna no sólo no se han reducido, sino que han aumentado. Estas cifras dejan claro que en demasiados países, muchas mujeres no gozan del derecho a una maternidad segura.

En respuesta a esta alarmante situación, un grupo diverso de organizaciones civiles internacionales y nacionales, han decidido tomar una postura más contundente en contra de la mortalidad materna y unido sus fuerzas para obligar a los gobiernos a rendir cuentas por la falta de acciones concretas para combatir y erradicar la mortalidad materna. Con el apoyo del Departamento para el Desarrollo del Reino Unido (DFID), en octubre del 2007 se lanzó la Iniciativa de Mortalidad Materna y Derechos Humanos (IIMMHR) durante la conferencia internacional Las Mujeres dan Vida (“Women Deliver”). El objetivo principal de la IIMMHR es concientizar a líderes internacionales, gobiernos, donatarios y otros actores clave, de que la mortalidad materna es, indiscutiblemente, un problema de derechos humanos con respecto al cual existen derechos y obligaciones específicas.

La IIMMHR enfatiza que “el incorporar la perspectiva de derechos humanos en la lucha en contra de la mortalidad maternal resultará en mejores y más eficientes políticas públicas que garanticen el derecho de todas las mujeres a la maternidad segura.” Los objetivos específicos de la iniciativa son: [iii]

1. Obligar a los gobiernos a rendir cuentas en cuanto al diseño e implementación de políticas públicas eficientes y equitativas para reducir la mortalidad materna;
2. Incrementar los recursos disponibles para la reducción de la mortalidad materna, tanto a nivel nacional, como internacional;
3. Promover la noción de que la mortalidad materna es un problema de derechos humanos y proveer a los actores clave de las metodologías necesarias para combatirla desde esta perspectiva;
4. Apoyar y expandir los esfuerzos internacionales para combatir la mortalidad materna desde una perspectiva de derechos humanos.

Para el IBP y sus contrapartes, uno de los obstáculos más importantes para el combate eficiente de la mortalidad materna es la falta de transparencia en torno a los recursos destinados a programas de salud materna. A esto se suma la falta de mecanismos sólidos de rendición de cuentas, que garanticen que los recursos sean asignados y ejecutados de manera eficaz y tomando en cuenta las necesidades reales de las mujeres más vulnerables. Esta perspectiva de rendición de cuentas es parte del mandato de la IIMMHR y es lo que instó al IBP a formar parte de esta innovadora e importante iniciativa.

Una de las razones por las cuales no ha habido avances en materia de reducción de la mortalidad materna es la falta de voluntad política, tanto de los gobiernos, como de la comunidad internacional. Una de las formas más efectivas para generar dicha voluntad política es la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. El trabajo de organizaciones pares del IBP como Fundar, Centro de Análisis e Investigación en México, el “Women’s Dignity Project” en Tanzania y el “Center on Budget and Governance Accountability” en la India, son un ejemplo de los logros que se pueden obtener en materia de política pública cuando la ciudadanía se involucra en los procesos presupuestarios, al abrir espacios de rendición de cuentas e incorporar un enfoque de derechos a las políticas de salud materna. Este enfoque presupuestario y participativo en torno a la mortalidad materna es, precisamente, el aporte del IBP como parte de la IIMMHR.

Durante el primer año, la IIMMHR apoyará tres iniciativas que, a través de su trabajo a nivel local en la India, Kenia y Perú, trabajarán en la incorporación de una perspectiva de derechos humanos a sus actividades de investigación e incidencia en mortalidad materna. Así mismo, la IIMMHR pretende ser un puente entre expertos en mortalidad materna y activistas en derechos humanos participando, activamente, en conferencias internacionales sobre derechos humanos, mortalidad materna y derechos de las mujeres. La intención es generar una agenda de incidencia, tanto a nivel nacional, como internacional en donde se genere debate y conciencia en torno al combate a la mortalidad materna como un asunto de derechos humanos.

El IBP se complace en formar parte de este esfuerzo, mediante el cual se pretende pasar de la indignación a la acción y así lograr que se cumpla el derecho de todas las mujeres, sobre todo las más vulnerables, a no morir por causas relacionadas con la maternidad; ya que la mortalidad materna es, sin duda, una de las expresiones más graves de injusticia social.

Para mayor información contactar a Morgan Stoffregen, Coordinadora de la IIMMHR y parte del equipo del “Center for Reproductive Rights,”  [email protected]  o a Manuela Garza, representante del IBP en el comité directivo IIMMHR [email protected].

[i] Freedman, L.P, “Using human rights in maternal mortality programs: from analysis to strategy,” en Cook, Rebecca y Ngwena, Charles, Health and Human Rights (Ashgate Publishing Company, USA: 2007), p. 494.

[ii]Observación General No 14- Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=428717&parent_id=425976

[iii] IIMMHR está integrada por el “Center for Reproductive Rights”, “Family Care International”, “Averting Maternal Mortality and Disability Program” de la Universidad de Columbia, el “International Budget Partnership”(IBP), “Center for Justice and International Law”, “Sahayog”(India), “Physicians for Human Rights”, “Kivnna til Kivnna”, “Health Equity Group”, y “Likhaan” (Filipinas).

La escasez de trabajadores de salud en el sur de África causa demoras fatales en el cuidado de pacientes con SIDA

Durante la apertura de la XVII Conferencia Internacional del SIDA en la ciudad de México el 3 de agosto, 2008, “Médecins Sans Frontières” (MSF) advirtió del devastador impacto de la falta de trabajadores de salud en el tratamiento y cuidado del SIDA en el sur de África.  En la reunión “Mind the Gaps” organizada por MSF, expertos describieron el impacto y alcance de la escasez de trabajadores de salud, así como la urgente necesidad de aumentar el compromiso del gobierno y los donatarios en tomar acciones concretas para conservar y apoyar a los trabajadores de salud.

“En el distrito de Thyolo, Malawi, una enfermera mantiene vivos a 400 pacientes siguiendo su tratamiento, pero su salario básico es de sólo $3 al día,” dijo Dr. Moses Massaquoi, coordinador médico de MSF Malawi. “Por eso es intolerable que los gobiernos y los países donatarios digan que el aumento de su salario es insostenible, aún cuando ella es responsable de $7,500 al mes en medicinas para sus pacientes. Aquellos interesados en apoyar el financiamiento de medicinas deben de encontrar maneras de cubrir los costos recurrentes como los salarios de los trabajadores de salud.”

De acuerdo con la lógica de la asistencia para el desarrollo, los salarios para los trabajadores de salud son responsabilidad del estado y los ingresos domésticos deben de utilizarse para cubrirlos.  No obstante, el gasto público para atender efectivamente la presente escasez en trabajadores de salud con frecuencia se ve afectada por los límites impuestos por parte de las instituciones financieras internacionales, mediante topes a los salarios y al tamaño de la fuerza laboral o al gasto público general. El gasto público se define por marcos fiscales y económicos y no por las necesidades de los pacientes.  Esto también aplica a la necesidad de contar con un mayor número de trabajadores de salud.

Los donatarios internacionales se han comprometido a financiar intervenciones para robustecer la fuerza laboral del sector salud, pero esto se dificulta cuando la escasez es más severa, como es el caso del sector público de países de bajos ingresos, debido a las restricciones nacionales e internacionales del gasto. Estas limitantes aplican en primer lugar al presupuesto del gobierno, pero también afectan la asistencia internacional que se canaliza a través del presupuesto.

Todo esto hace muy difícil gastar los recursos adicionales para robustecer el número de trabajadores de salud en el sector público. Sin la revisión de estas restricciones en el gasto público y de los salarios, el acceso universal a tratamientos contra el VIH/SIDA no será posible en muchos países de bajos ingresos. En años anteriores, el FMI, Banco Mundial, donatarios claves y otras agencias internacionales no han logrado concretar una solución.

Cada día los trabajadores de salud luchan por mantener con vida a millones de pacientes. Debido a los bajos salarios y precarias condiciones laborales muchos se dan por vencidos y se van. Las brechas que surgen a raíz de esto aumentan la presión en el personal que se queda y en el número creciente de pacientes. Reemplazar a los trabajadores de salud no es sencillo y se pierde tiempo muy valioso. El apoyo y retención de quienes aun están en sus puestos es fundamental. Estos trabajadores de salud necesitan nuestra ayuda para poder continuar el cuidado de los pacientes. Sin medidas urgentes de corto plazo para aumentar y retener empleados, los servicios de salud se desplomarán dejando sin tratamiento a pacientes con VIH/SIDA.

Se calcula que un 70 por ciento de las personas que viven con VIH/SIDA que necesitan terapia antiretroviral (ART) siguen sin recibirla, y el aumento en el número de personas que ha comenzado ART ha aumentado la carga en el personal de salud existente. Los proveedores de salud tienen poco tiempo para darles a los pacientes el trato y seguimiento adecuado, lo que puede resultar en pobre calidad del cuidado médico y en la interrupción del tratamiento, cuando los pacientes se desesperan con las largas esperas para ser atendidos.

Una estrategia exitosa que está siendo puesta a prueba por MSF y otros, busca mejorar el uso del personal de salud existente, sobre todo en zonas rurales. Con la capacitación y apoyo adecuados, las enfermeras y consejeros pueden atender a más pacientes, sin comprometer la calidad y continuidad en el cuidado del VIH/SIDA. MSF presentó información en la XVII IAC que demuestra que el focalizar el ajuste de las tareas ha permitido que los ART circulen más rápidamente en Malawi, Lesotho, Sudáfrica y Ruanda sin afectar la calidad del cuidado médico. El ajuste de tareas, sin embargo, no es la panacea para la escasez de los trabajadores de salud. Tampoco debe reemplazar acciones concretas que atiendan los problemas fundamentales que apremian a la fuerza de trabajo en el sector salud.

Bajos salarios, malas condiciones laborales y la falta de apoyo y supervisión son sólo algunas de las razones que dificultan la permanencia del personal de salud en sus puestos. Iniciativas del gobierno y donatarios para frenar la “fuga de cerebros” de los trabajadores de salud a países ricos, en el largo plazo, no puede resolver la presente crisis.  El retener al personal actual en clínicas y hospitales, así como atraer a personal adicional deben de ser prioridades más urgentes.

“Es devastador ver cómo empeoran los enfermos— que a veces hasta mueren—en las semanas y hasta meses de espera antes de recibir tratamiento, sólo porque no hay suficientes empleados,” dijo Dr. Mit Philips de MSF. “Los trabajadores devaluados, mal pagados y explotados en el sur de África van en descenso mientras los pacientes con VIH van en aumento. Puede que haya más antiretrovirales en los estantes de clínicas y hospitales pero sin el personal de salud que los pueda administrar, la brecha mortal seguirá creciendo.”

La reciente iniciativa del “Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria” (GFATM) que permite el financiamiento de un sistema general de la salud más fuerte es un paso en la dirección correcta. Los países deben de orientar los fondos adicionales para retener y robustecer a los trabajadores de salud involucrados directamente en el cuidado de pacientes. Los límites en salarios y gasto en la fuerza laboral de parte de instituciones financieras nacionales e internacionales como el Banco Mundial y el FMI también deben de removerse. De lo contrario, la contratación de personal de salud y los aumentos salariales continuará siendo restringida, a pesar de contar con recursos monetarios internacionales adicionales.

Los pacientes no se pueden dar el lujo de perder a sus trabajadores de salud.

La organización médica internacional Médecins sans Frontières (Doctors Without Borders/MSF) ofrece tratamiento antiretroviral a 140,000 pacientes (incluyendo a 10,000 niños) en 27 países. Para mayor información, ir a: http://www.msf.org/.

Israel comenzará el 2009 sin un presupuesto aprobado por Shlomo Swirski, Adva Center

No será la primera vez que Israel está por comenzar el año fiscal sin contar con un presupuesto aprobado por el parlamento, también conocido como Knesset. Por ley, el ejecutivo debe presentar su propuesta de presupuesto al legislativo a más tardar la última semana de octubre.  El Knesset tiene hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. Si el presupuesto no es aprobado para esa fecha, la aprobación final puede postergarse hasta por tres meses. Si el presupuesto no es aprobado antes del 31 de marzo, el Knesset se disuelve y se convoca a nuevas elecciones.

En diciembre 2008, el Knesset ya se había reunido después del receso de verano y el Ministro de Finanzas ya había preparado la propuesta presupuestaria para su aprobación. Sin embargo, el Knesset no discutió la propuesta, debido a las inminentes elecciones. Las elecciones siguen la derrota de Tzipi Livni, líder de Kadima, el partido político más grande de Israel, para formar una nueva coalición del gobierno en víspera de la renuncia del primer ministro Ehud Olmert, que enfrenta cargos de corrupción. Aunque por ley el presidente de Israel puede encargarle a otro miembro del Knesset la formación de una nueva coalición, no se optó por esta opción pues no había candidatos disponibles. Por ello, los partidos principales llegaron al acuerdo de convocar a nuevas elecciones el 10 de febrero 2009.

¿Qué pasa cuando el año fiscal comienza sin un presupuesto aprobado? El ejecutivo está autorizado para gastar la misma cantidad que gastó el año anterior, dividida en 12 partes iguales y con ajustes de acuerdo a la inflación. Esto quiere decir que el ejecutivo está en funciones, pero que no se pueden lanzar nuevos proyectos.  Es decir, se ve un período de estancamiento fiscal.

Hay muchas razones que explican la inhabilidad de Tzipi Livni de formar una nueva coalición, incluyendo su consabida falta de conocimiento político. Pero hay otros factores de fondo, el más importante es sin duda el presente conflicto entre Israel y Palestina. Shas, el partido ultra-ortodoxo, se ha rehusado a unirse a la coalición de Livni, lo que retrasó las negociaciones.  Shas ha demandado que Livni anuncie públicamente su compromiso de excluir de las presentes negociaciones con los palestinos, la posibilidad de dividir Jerusalén entre Israel y la Autoridad Palestina. Como el estatus de Jerusalén está al centro de todas las negociaciones y como la mayoría de los negociadores israelíes, incluyendo a Tzipi Livni, han acordado discutirlo, lo que Shas exige es equivalente a una declaración unilateral de que Israel no tiene la intención de encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina.

La segunda demanda de Shas —inaceptable para Livni— era aumentar los gastos para niños. Estos gastos fueron severamente recortados en 2002, como una de las medidas que tomó el gobierno para enfrentar la crisis fiscal provocada por la segunda intifada Palestina. Los recortes afectan duramente a dos grupos con altos índices de pobreza – judíos y árabes ultra-ortodoxos ciudadanos de Israel.

El actual impasse fiscal es una clara manifestación de la importancia del conflicto entre Israel y Palestina.  Representa un factor clave en la división política israelí entre la derecha y la izquierda (acusada por la derecha de estar dispuesta a dividir Jerusalén) y prevenir, como es el caso, el cruce de líneas políticas para formar una coalición de gobernabilidad estable. Además, tiene serias repercusiones para los pobres quienes tienen que soportar el peso del conflicto mediante la reducción de servicios sociales y asistencia social, mientras los recursos públicos son desviados para cubrir la seguridad y otros costos relacionados.

Hasta el momento de la resignación de Olmert, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) estaban preparándose para el debate sobre prioridades fiscales, a fin de resaltar la necesidad de reducir la pobreza, que había aumentado drásticamente durante la segunda intifada, de 17 por ciento a 20 por ciento de las familias. Esto era muy preocupante ya que los, relativamente, altos niveles de crecimiento económico en Israel de 2003 a 2008 no redujeron los niveles de pobreza. Desafortunadamente, las OSCs no gozan de suficiente influencia para jugar un papel en el debate público sobre la decisión de posponer el debate y aprobar el presupuesto presentado al Knesset.

Mientras tanto, una agenda completamente diferente se está imponiendo en la política fiscal, siguiendo los vaivenes de la crisis financiera global que está por llegar a Israel. Gracias al sistema bancario, el cual es relativamente fuerte y conservador, Israel se ha escapado de los efectos más devastadores de la crisis. Pero con la crisis global financiera que se extienden de más allá del sector financiero, la economía de Israel, que depende fuertemente de sus exportaciones (casi 45% del PIB), sentirá sus efectos.

Es así como las OSCs se encuentran en proceso de reorientar su actividad con nuevas metas que incluyen garantizar empleos, por un lado, y aumentar el seguro de desempleo y asistencia social, que han visto recortes importantes durante la segunda intifada, por otro lado. Al mismo tiempo, las OSCs urgen al gobierno a usar su capacidad fiscal no sólo para ayudar a las principales corporaciones de Israel, sino también para ayudar a israelíes retirados y actualmente trabajando cuyos ahorros se han visto reducidos tras el reciente colapso en el mercado. Una meta importante para las actividades de las ONGs será probablemente reinstalar la estipulación que estuviera en efecto hasta 2003 de que 70 por ciento de los fondos de pensiones sean invertidos en bonos gubernamentales relativamente seguros. En ese momento, el gobierno decidió reducir el requisito de 30 por ciento a fin de ampliar el crédito disponible a empresas del sector privado.

El presupuesto peruano 2009: Información, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana por Caroline Gibu, CAD

Desde 2007 el ejecutivo peruano se ha enfocado en el impacto durante la formulación y ejecución del gasto público.  Esto se reflejó en el presupuesto 2008 que introdujo cinco programas dirigidos a (i) combatir la desnutrición crónica en menores de cinco años; (ii) disminuir la morbilidad y mortalidad de madres gestantes y recién nacidos; (iii) mejorar los niveles de rendimiento de los alumnos que culminan la educación básica regular; (iv) ampliar la cobertura de ciudadanos con acceso a la identidad; y (v) mejorar el acceso de los ciudadanos a los mercados y servicios básicos. Dichos programas tienen un presupuesto inicial de S/. 2,725.8 millones de nuevos soles (aproximadamente US$ 900 millones de dólares americanos), aunque sólo representan el 3.8% del presupuesto público para el año 2008.

El proyecto de presupuesto para el año 2009 incluye la incorporación de cuatro nuevos programas prioritarios para (i) mejorar el acceso de servicios esenciales de telecomunicaciones en zonas rurales; (ii) mejorar el acceso a la energía en zonas rurales; (iii) mejorar el acceso al agua potable y saneamiento en poblaciones rurales; y (iv) mejorar la gestión ambiental en aspectos esenciales. En conjunto, los nueve programas prioritarios tendrán un presupuesto de S/. 3,666 millones de nuevos soles (aproximadamente US$ 1,222 millones de dólares), que representan el 5% del total del presupuesto público para el 2009.

El proyecto de presupuesto para el año 2009 incluye información sobre algunos avances preliminares como por ejemplo los resultados agregados de las líneas base a nivel departamental, sobre todo en lo referente a nutrición, salud y educación, que permitirán medir el progreso en los siguientes años. Asimismo, incluye información sobre las acciones de evaluación independiente que se llevarán a cabo en el corto plazo. Sin embargo, consideramos que dicha información puede tener un mayor nivel de detalle y ser complementada con bases de datos de acceso ciudadano a través de Internet que permitan, por ejemplo, conocer los beneficiarios de los diversos programas sociales, así como la línea base a nivel provincial y distrital para cada uno de los 25 departamentos que conforman el país. Ello no sólo contribuiría a monitorear la efectividad del gasto y la implementación de la gestión por resultados, sino que también establecería mecanismos contra actos ilícitos de clientelismo político.

Con casi tres años de la formulación a la fase de auditoría, el ciclo presupuestario peruano es uno de los más largos en la región.  El ejecutivo comienza la formulación del presupuesto casi un año antes de que sea ejecutado, y los incluye los estados financieros auditados de las instituciones incluidas en el presupuesto público, conocida como la Cuenta General, es publicada después de quince meses de finalizada la ejecución del presupuesto.   Por ejemplo, la Cuenta General para 2007 se publicará en marzo 2009.  En vista del largo proceso presupuestario en Perú es imprescindible contar con mecanismos de información presupuestal y con sistemas de información de gasto que permitan, tanto a los funcionarios públicos como a la sociedad civil, evaluar el desempeño de las instituciones públicas y la evolución del gasto público a lo largo del proceso.

Un avance significativo es el desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas al incluir en su Portal de Transparencia Económica (http://transparencia-economica.mef.gob.pe), a partir de julio del 2008, la información de la ejecución presupuestal de todos los sectores, pliegos y unidades ejecutoras incluidas en la Ley de Presupuesto Público 2008. En particular, ha sido incluida la información de las 1,834 municipalidades existentes en el país, la cual no era accesible en años anteriores. Y si bien este es un importante cambio, es sólo un pequeño hito entre las muchas mejoras que se deben realizar.

El Proyecto de Ley de Presupuesto Público sigue mostrando algunas carencias de información que podrían contribuir al análisis del mismo. Por ejemplo, no ofrece

• Información desagregada sobre ingresos y egresos para presupuestos de años anteriores,
• Información sobre la distribución geográfica o institucional de los recursos públicos, o
• información sobre modificaciones a los presupuestos de años anteriores.

Aunque es cierto que mucha de esta información se puede obtener a través de otros documentos o sistemas de información como el Marco Macroeconómico Multianual o el Portal de Transparencia Económica, siempre hay limitaciones. En todo caso sería mejor contar con dicha información en un solo documento. Asimismo, el Poder Ejecutivo no publica una versión ciudadana del proyecto de Ley que explique, en lenguaje sencillo, los objetivos del presupuesto, su composición y sus alcances. Todo ello hace que el Proyecto de Ley de Presupuesto Público siga siendo un tema para especialistas y que los ciudadanos, quienes esperan más efectividad del Estado, no puedan visualizar los posibles beneficios o las posibles limitaciones que el presupuesto, como instrumento de política pública, esté generando en términos de bienestar social y mejora de la calidad de vida de los peruanos.

El Banco Mundial retira su apoyo al controvertido proyecto petrolero de Chad por Ian Gary, Oxfam América

Hace poco más de cinco años, los ojos del mundo petrolero y de los donatarios internacionales estaban puestos en Chad, un país de África Central.  A pesar de contar con alarmantes niveles de pobreza y de haber pasado, recientemente, por una guerra civil, el Banco Mundial dijo que Chad sería el primer país en África en desafiar la “maldición petrolera” con la ayuda del Banco Mundial y de otros donatarios. En 2002, representantes del Banco Mundial afirmaron que, “Éste será el modelo a seguir para cada uno de los proyectos de este tipo a nivel mundial.” [i]

Hoy en día las esperanzas de que Chad administre eficientemente su riqueza petrolera para atender las necesidades de su gente han sido truncadas. [ii] La innovadora ley de administración de ingresos petroleros —diseñada para asegurar la transparencia y canalizar fondos hacia la salud, educación y otras necesidades sociales—fue significativamente modificada en 2006, lo que representa una violación a los acuerdos de préstamos con el Banco.  Tras una serie de desacuerdos sobre dichas modificaciones, el Banco Mundial suspendió todos los préstamos al gobierno, que estuvo de acuerdo en gastar 70 por ciento de sus ingresos en la reducción de la pobreza.  Rápidamente quedó claro, sin embargo, que el gobierno de Chad no iba a mantener su compromiso debido al aumento en el gasto de seguridad que se ha reflejado en el poco dinero que le ha llegado a los habitantes de la zona petrolera en el sur de Chad.

El mismo Banco Mundial se retractó del proyecto “modelo” en septiembre 2008 como respuesta al fracaso del gobierno de Chad en cumplir con sus compromisos de reducción de la pobreza.  Con ello, básicamente admitió la derrota de un proyecto que había sido controvertido desde su aprobación en 2000. [iii] A la administración del Banco Mundial le quedó claro que no iba a tolerar ningún acuerdo que el gobierno de Chad estuviera dispuesto a aceptar. El gobierno de Chad, por pedido del Banco Mundial, ha prepagado $65.7 millones por deudas de préstamos —una pequeña cantidad para un gobierno que ha recibido más de $1.4 billones por concepto de ingresos petroleros en 2008.  (El Grupo del Banco Mundial mantiene su inversión en el proyecto con $100 millones invertidos en el consorcio del proyecto por la “International Finance Corporation.”)

El momento de retirada del Banco Mundial sorprendió a muchos observadores de la sociedad civil dentro y fuera de Chad, ya que era obvio desde hace algún tiempo que el proyecto había fallado en sus objetivos de reducción de la pobreza.  Gilbert Maoundonodji, un activista con el grupo de Chad GRAMP/TC (“Group of Alternative Research and Chad-Cameroon Oil Project Monitoring”) observó, “al principio solicitamos fortalecer la capacidad administrativa para que el proyecto tuviera éxito, pero para muchos éstas exigencias eran una locura… ahora estamos exactamente frente a la situación que predijimos.” [iv]

Sin el Banco Mundial y con el gobierno nadando en ingresos petroleros, las opciones de salvaguardar la situación parecen limitadas.  El gobierno de Chad parece tener cierto interés en seguir, exitosamente, los pasos necesarios para recibir el alivio de la deuda que ofrece HIPC. Una misión del FMI visitó Chad en noviembre para evaluar los pasos para revitalizar el sistema de administración de ingresos petroleros.  Por el momento, las compañías petroleras siguen pagando dinero a una cuenta de Citibank en Londres, lo que será fundamental en cualquier esfuerzo sucesivo por mantener la transparencia de los pagos de compañías petroleras y de los recibos del gobierno.  Definir un papel importante para el “Petroleum Revenue Oversight and Control Committee” y aumentar la colaboración entre este comité, la sociedad civil y grupos ciudadanos de base, será importante para asegurar que cualquier aumento en el gasto enfocado a la pobreza, efectivamente, se traduzca en proyectos bien ejecutados.  También será fundamental que existan un mayor acceso a la información presupuestaria, así como más oportunidades para influir en la formulación del presupuesto y en las estrategias de reducción de la pobreza.

No hay claridad respecto a los pasos que el gobierno de Chad necesitaría seguir para que el Banco Mundial se reintegre al proyecto, pero el Banco Mundial ha dicho que reconsiderará su decisión. “Si el gobierno de Chad desea enfocar sus energías en un programa que apoye el desarrollo incluyente para superar la pobreza, ayudar a personas desplazadas y mejorar la gobernabilidad y efectividad para conseguir resultados, el Banco Mundial está dispuesto a trabajar con Chad.”[v]

Este desafortunado pero predecible resultado demuestra que las consecuencias de los riesgos han caído en la gente de Chad, mientras las recompensas son recaudadas por las compañías petroleras y por el gobierno. En lugar de ser una aberración, el fracaso del experimento petrolero de Chad es emblemático de los proyectos de petróleo y minas del Banco Mundial en muchos países con graves preocupaciones por la gobernabilidad y los derechos humanos.  De aquí en adelante, el Banco Mundial debe de absorber las lecciones del fracaso de éste y otros proyectos petroleros y mineros alrededor del mundo y evitar el financiamiento de dichos esfuerzos en lugares que aún no están listos para manejar los riesgos.

[i] Mohamadou Diop, Central Africa Resident Representative, International Finance Corporation, Banco Mundial Group, citado en Ian Gary y Terry Karl, Bottom of the Barrel: Africa’s Oil Boom and the Poor, Catholic Relief Services, 2003

[ii] Para mayor información sobre el experimento petrolero en Chad, ver Ian Gary y Nikki Reisch, Chad’s Oil: Miracle or Mirage? Following the Money in Africa’s Newest Petro-State. febrero, 2005. BankInformationCenter y Catholic Relief Services

[iii] World Bank Statement on Chad-Cameroon Pipeline, 9 de septiembre 2008

[iv] UN IRIN, “CHAD: Civil society disappointed by World Bank oil pull-out”, 14 de septiembre 2008
[v] World Bank Statement on Chad-Cameroon Pipeline, 9 de septiembre 2008

Pobreza y Corrupción en Guinea Ecuatorial: ¿“Maldición de los Recursos” o Carencia de Voluntad? por Elena Mondo

El término “maldición de los recursos” se refiere a la relación que con frecuencia se da entre la abundancia de recursos naturales en un país y sus lentos niveles de crecimiento, propagación de la pobreza y corrupción. Sin embargo, hay varios ejemplos de países con abundancia de recursos, tal como Sudáfrica, Botswana y Noruega, que se distinguen por un crecimiento económico fuerte, buena gobernabilidad y estabilidad política. Esto sugiere que la abundancia de recursos naturales no se traduce, automáticamente, en resultados económicos, sociales y políticos negativos. Cada vez hay más investigación sobre la “maldición de los recursos” y el impacto de la política, la gobernabilidad y la administración económica en el desarrollo de países dependientes de recursos.

En este contexto un factor crítico por examinar, es el nivel de transparencia y rendición de cuentas de los presupuestos públicos en estos países. La transparencia presupuestaria – o sea, el poner a disposición del público información comprensiva, oportuna, accesible y útil sobre cómo el gobierno planea utilizar los recursos públicos – y las oportunidades para la participación pública en el proceso presupuestario, son vitales para la rendición de cuentas de los gobiernos y el fortalecimiento de las decisiones políticas. Los presupuestos abiertos, que le permiten a la sociedad civil y a público en general jugar un papel efectivo de vigilancia, también reducen las oportunidades de despilfarro y corrupción, lo que aumenta la probabilidad de que los recursos sean utilizados para cubrir las necesidades de la gente.

El IBP publicará el Índice de Presupuesto Abierto en febrero 2009.  Se trata de un estudio independiente que compara el nivel de transparencia y responsabilidad de los presupuestos del gobierno en todo el mundo. Aunque el análisis de los datos no ha concluido, se puede anticipar que los países dependientes de recursos padecen de la falta significativa de transparencia en sus sistemas presupuestarios. Esta carencia de transparencia impide que la gente sepa lo que el gobierno está haciendo con los recursos públicos y que pueda exigir cambios.

Esto puede ser de especial relevancia en países en donde la producción y la exportación de recursos naturales son controladas por uno o pocos actores económicos. Por ejemplo, cuando la industria petrolera está bajo el monopolio de una sola familia, poderosa políticamente, o una minería es dominada por dos o tres conglomerados mineros extranjeros, el resultado más probable es menos transparencia que en aquellas industrias en donde existe competencia entre diversos actores económicos.

Este es el caso de Guinea Ecuatorial (EG), un pequeño país de África Occidental que en la última década ha sido la escena de una explosión, sin precedentes, en la producción de petróleo, convirtiéndolo en uno de los mayores exportadores de África – ocupando el tercer lugar después de Nigeria y Angola. Debido al vigoroso aumento en exportaciones petroleras, EG es ahora uno de los países más ricos de África, con un Producto Interno Bruto (PIB) en 2007 de US$ 9.9 mil millones (PIB per capita de aproximadamente US$ 19.000) según el Banco Mundial.

Sin embargo, este crecimiento dramático en riqueza no ha traído mejoras en las condiciones de vida de la población. Sería difícil exagerar las terribles condiciones sufridas por la gran mayoría de la población. Como muestra de ello, el Índice de Desarrollo Humano (HDI, por sus siglas en inglés)  del PNUD – un estudio sobre el bienestar que ve más allá del PIB nacional para explicar la salud, la educación y el ingreso de su población. En el HDI 2007-2008, Guinea Ecuatorial ocupa el lugar 127 de entre 177 países [i].

EG representa una importante excepción entre países con el mismo nivel de ingreso: su población tiene una esperanza de vida de solamente 50.4 años – de hecho, los ecuatoguineanos al nacer tienen solamente un poco más de una en tres probabilidades de alcanzar la edad de 40 años. El índice de mortalidad en EG para niños menores de cinco años está sobre el 20 por ciento – un indicador más de la alarmante situación que vive su población – y de los niños que llegan a los cinco años, el 19 por ciento está por debajo de su peso ideal y 43 por ciento está por debajo de la estatura ideal.

EG es uno de los 85 países incluidos en el Índice de Presupuesto Abierto 2008, y el análisis inicial de los datos lo ubica en la parte inferior de la clasificación. Es probable que la falta de transparencia y responsabilidad del gobierno obstaculice los esfuerzos por mejorar el nivel de vida de su población que, en su mayoría, carece de acceso a los bienes y servicios básicos, tales como agua potable, electricidad, salubridad y educación.

Desde 1979, Guinea Ecuatorial ha estado bajo el mandato de Teodoro Obiang Nguema Mbasago, que otorgó todos los cargos públicos a sus parientes y convirtió a su país en hogar de uno de los gobiernos más corruptos del mundo. El control del gobierno, incluso sus ingresos petroleros, está concentrado en Obiang y su familia. Esto respalda la hipótesis de que los países en los cuales los ingresos de recursos naturales son controlados por un número limitado de actores económicos tienen más probabilidades de ser menos transparentes. En el Índice de Percepción de Corrupción 2008 de Transparencia Internacional, EG ocupa el noveno lugar como el país más corrupto entre los 180 países que abarca el estudio. [ii]

Una investigación realizada en el 2004 por el Senado de los EEUU sobre lavado de dinero y otras irregularidades del Banco Riggs, en Washington, DC, atrajeron atención a la situación política y social en Guinea Ecuatorial [iii]. La familia Obiang mantenía más de 60 cuentas con Riggs, y los funcionarios del banco supervisaron compras extravagantes realizadas desde esas cuentas, mismas que recibieron pagos dudosos de parte de compañías petroleras como Exxon Mobil, Amerada Hess, Marathon Oil y Chevron Texaco. Las compras incluyeron una mansión de US$ 2.6 millones en Virginia, pagada completamente en efectivo en 1999 y, más recientemente, una mansión de 14.995 pies cuadrados en Malibú, California, con ocho dormitorios, frente al mar, en un terreno de 15.77 acres. Esta última fue comprada por el hijo de Obiang en 2006 por un valor de US$ 35 millones (el precio de venta no fue documentado). [iv]

Sin embargo, la investigación del Senado de los EEUU ha sido uno de los pocos esfuerzos por denunciar al gobierno y las transacciones de la familia Obiang. Aunque las violaciones de los derechos humanos en EG han sido reconocidas a nivel internacional y, ampliamente documentadas, en 2003 la administración Bush reabrió la embajada de los EEUU, que había sido cerrada en 1995 como protesta ante estas violaciones.

Las violaciones de los derechos humanos incluyen restricciones a los derechos de los ecuatoguineanos en cuanto a sus libertades de expresión y de asociación, inhabilitando su capacidad de luchar por mejores servicios públicos. Por ejemplo, una delegación de estudiantes de derecho de la Universidad de Columbia visitó EG en agosto de 2008 y descubrió que, aunque por ley las ONG registradas pueden dedicarse a actividades de ayuda y trabajo de la sociedad civil, el gobierno ha hecho virtualmente imposible que las ONG locales obtengan registros de certificación.

El tema de las viviendas sociales es un ejemplo contundente de cómo las restricciones en la participación pública permiten que el gobierno desvíe recursos, previamente, asignados para el alivio de la pobreza y los aleje de quienes más los necesitan. El gobierno requiere que las familias de bajos ingresos paguen por el derecho al acceso de vivienda. En vista de que la mayoría de los que necesitan las viviendas no tienen dinero para pagar estos cargos, muchas veces se ven obligados a vender sus derechos a ciudadanos más ricos, como altos funcionarios del gobierno.

Además, el gobierno ha ejecutado desalojos forzados sin tomar en cuenta a la opinión pública o las necesidades de los pobres. Según Amnestía Internacional y el Departamento de Estado de los EEUU, el gobierno ecuatoriano ejecutó estos desalojos sin consultar a las comunidades afectadas, ni darles tiempo de prepararse o la oportunidad de disputar los desalojos[v]. Al parecer los soldados empujaron, golpearon e intimidaron a los residentes que protestaron.

En vista de que las organizaciones de la sociedad civil y el público pueden desempeñar un papel de vigilancia al supervisar la entrega de servicios y brindar sugerencias a los problemas; restringir la capacidad de los ecuatoguineanos de criticar al gobierno, presenta un obstáculo significativo al desarrollo del país. Aumentar el espacio de vigilancia pública puede mejorar en última instancia las decisiones en materia presupuestaria y sus resultados.

Sin embargo, para que la mayor participación pública tenga el efecto deseado, el gobierno también debe de proporcionar información útil y oportuna.  El gobierno de EG no proporciona, ni el espacio para la participación, ni la información.

Casi siempre que el gobierno de EG afirma que ejecutó una política o un programa específico, o entregó un servicio, no es posible evaluar su rendimiento porque la documentación que suministra, incluso la información sobre proyectos públicos diseñados para eliminar la pobreza, no es lo suficientemente detallada para hacer un análisis riguroso. Por ejemplo, el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre el apego a estándares y códigos de transparencia fiscal, encontró que el presupuesto público para EG no hace una distinción clara entre programas en curso y nuevas iniciativas [vi]. Además, el presupuesto de inversión no proporciona una clara distinción entre gastos de capital y gastos corrientes para cada proyecto o programa. En términos de reducción de la pobreza, la documentación del presupuesto solamente proporciona declaraciones muy generales sin ninguna pauta para asignar recursos entre programas prioritarios o para evaluar su funcionamiento.

Además de la falta de información está la falta de un sistema eficaz de rendición de cuentas. En principio, la Junta Directiva para el Control Financiero es responsable de auditar la ejecución de cada programa. Sin embargo, de facto no existen mecanismos sistemáticos para dar cuenta de los recursos una vez que se han gastado, o para evaluar su implementación. Esta carencia de vigilancia puede dar lugar a la malversación de fondos públicos, incluso el gasto poco eficiente y corrupto, como lo revela la investigación del Senado de los EEUU.

Lo más probable es que la situación actual en EG sea el resultado de la falta de capacidad y voluntad política dentro del gobierno.  Hay poca evidencia de que el gobierno haya tomado medidas importantes para mejorar su sistema de toma de decisiones o de rendición de cuentas, como esfuerzos por incluir al público en el proceso. Puede ser que el aumento en la transparencia presupuestaria y rendición de cuentas no sean suficientes para resolver los problemas de Guinea Ecuatorial, y de muchos otros países que dependen de recursos; pero sí pueden ser una base potencial para el mejoramiento de la gobernabilidad y el impacto del desarrollo.

[i] United Nations Development Program. Human Development Report 2007/2008. (New York, 2007). Las estadísticas HDI están disponibles en: http://hdr.undp.org/en/statistics/data/. Todos los datos mencionados en este párrafo se refieren a esta fuente de información

[ii] Transparency International 2008 Corruption Perceptions Index, datos disponibles en: http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2008.

[iii] US Senate Permanent Subcommittee on Investigations, “Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act,” Washington, DC, July 15, 2004. Informe disponible en: http://hsgac.senate.gov/public/_files/ACF5F8.pdf

[iv] Para más información, ver: http://www.globalwitness.org/library/african-minister-buys-multi-million-dollar-california-mansion.

[v] Amnesty International, “Equatorial Guinea: 300 Families Evicted and Homeless,” August 23, 2006. Disponible en http://www.amnestyusa.org/document.php?lang=e&id=ENGAFR240062006; and US Department of State, “Country Reports on Human Rights Practices -2007,” Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, March 11, 2008. Available at  http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100479.htm

[vi] International Monetary Fund, “Republic of Equatorial Guinea: Report on the Observance of Standards and Codes – Fiscal Transparency Module”, disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05144.pdf

OSC en Azerbaiyán juegan su papel en los esfuerzos de las Naciones Unidas por mejorar la transparencia en las industrias extractivas por Rocío Campos

Al igual que muchos países ricos en recursos naturales, Azerbaiyán está en riesgo de caer en la pobreza, el conflicto y la corrupción a causa de la mala gobernabilidad, pobres manejos y explotación de sus recursos naturales.  Organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en Azerbaiyán comparten la idea de que la buena gobernabilidad es esencial para garantizar el crecimiento y el desarrollo y se han manifestado activamente por la transparencia a nivel nacional e internacional.  OSCs como “Economic Research Center” (ERC), el “National Budget Group” (NBG) y el “Public Finance Monitoring Center” (PFMC) apoyan la iniciativa “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI), que fuera lanzada en 2003 para fortalecer la gobernabilidad en países dependientes de recursos naturales mediante el mejoramiento de la transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas.  EITI promueve un estándar global para que las compañías publiquen lo que pagan y los gobiernos publiquen lo que reciben de las industrias extractivas (ver: http://eitransparency.org/).

Las organizaciones mencionadas también pertenecen a la Coalición de ONGs de Azerbaiyán

llamada “For Improving Transparency in Extractive Industries.” (Ver:  http://www.eiti.az/az.) Esta coalición trabajó con el gobierno de Azerbaiyán para preparar una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitando a sus miembros formar parte del EITI.  Aunque la resolución de la ONU, que fuera aprobada unánimemente el 11 de septiembre 2008, no incorporó el texto original solicitando a sus miembros sumarse al EITI, de cualquier manera enfatiza que la transparencia y la rendición de cuentas deben de promoverse por todos sus estados miembros.  De hecho, su aprobación es una señal del papel que las OSCs pueden jugar en iniciativas internacionales con múltiples actores.

La resolución de la ONU fue preparada por el gobierno de Azerbaiyán y la apoyaron 22 países.  Shahmar Movsumov, director ejecutivo de “Azeri State Oil Fund” y miembro de la mesa directiva de EITI, comentó que “La fuerte convicción en Azerbaiyán de que la transparencia es un factor crucial para el desarrollo sustentable junto con la activa participación en el EITI desde el lanzamiento de la iniciativa, sentaron las bases para iniciar la resolución de la Asamblea General de la ONU en apoyo a la transparencia. Es un gran éxito para los gobiernos de todos los países que estuvieron con Azerbaiyán en este proceso, así como para las sociedades civiles y compañías que trabajan en estos países.” (Ver: http://eitransparency.org/node/433.)

Radhika Sarin, coordinadora de “Publish What You Pay” (PWYP) (http://www.publishwhatyoupay.org/), reconoce la importancia del voto consensual sobre la resolución pero resalta los grandes esfuerzos que quedan por hacer – por todas las partes involucradas – para hacer de los principios de EITI parámetros realmente globales.  Ella sugiere que EITI se enfoque más detenidamente en países como Brasil, China, India y Rusia, en donde hay cada vez más compañías operando en industrias extractivas.  En casi todos estos países, las OSCs ya juegan un papel importante influyendo en políticas públicas y pueden aprovechar esta norma internacional presentada en la resolución de la ONU como punto de entrada para trabajar con el gobierno y el sector privado en sus países por el aumento al acceso de información más precisa y transparente sobre industrias extractivas.

Panel discute un reporte sobre la paradoja del petróleo y la pobreza por Robert Valencia

El 16 de octubre 2008, el comité de relaciones exteriores del senado de Estados Unidos publicó un documento de 119 páginas bajo el título “The Petroleum and Poverty Paradox: Assessing U.S. and International Community Efforts to Fight the Resource Curse” (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-110SPRT44727/pdf/CPRT-110SPRT44727.pdf). El reporte se basa en visitas a varios países productores de petróleo en África, Asia y otras regiones y explica que 3.5 billones de personas viven en países ricos en recursos naturales (como petróleo, gas, minerales y madera). A pesar de contar con abundantes recursos naturales, que deberían de ayudar al crecimiento y reducción de la pobreza, muchos países como Ghana y Nigeria exhiben una gobernabilidad débil y altos niveles de corrupción y conflicto.  A este fenómeno se le conoce como “la maldición de los recursos.”

Junto con una exhibición fotográfica del fotógrafo Ed Kashi llamada “Curse of the Black Gold: 50 Years of Oil in the Niger Delta,” el comité de relaciones exteriores del senado organizó un panel para discutir los hallazgos del reporte el 20 de noviembre en la “Johns Hopkins’ School of Advanced International Studies” (SAIS) en Washington, DC. Ian Gary, experto decano de Oxfam América moderó el panel, el cual estuvo integrado por Neil Brown y Michael Phelan, miembros del comité mencionado y Peter Lewis director de estudios africanos de SAIS.

El panel subrayó los principales hallazgos y recomendaciones del reporte incluyendo la necesidad de reconocer a la transparencia —entendida como apertura de honorarios y derechos pagados por compañías petroleras internacionales a los gobiernos — como una herramienta para enfrentar “la maldición de los recursos.” El reporte, encabezado por Senator Richard Lugar (R-Ind.), menciona la iniciativa “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI), un programa voluntario que promueve la publicación de ingresos y auditoria externa en países ricos en recursos naturales, como un mecanismo para aumentar la transparencia.

Gary de Oxfam apuntó que varios países aún están en proceso de formar parte del EITI y otras iniciativas.  Azerbaiyán, por ejemplo, está en proceso de completar el proceso de validación EITI, el cual debe finalizarse antes del 9 de marzo 2010. Fue el primer país en entregar reportes EITI a una compañía auditora independiente y es líder en permitirle a la sociedad civil ayudar con la implementación del EITI.”

Nigeria también está pasando por el proceso de validación EITI, el cual requiere identificar a un individuo en el gobierno para encabezar el proceso, establecer comités con múltiples autores, preparar planes para la vinculación de redes y seleccionar auditores externos independientes.  A pesar del esfuerzo de Nigeria por promover la transparencia y mejorar la administración fiscal, el reporte observa que “la corrupción está en su apogeo, los procesos del gobierno son opacos y que se necesita de nuevas leyes estatales y federales sobre procuración pública, responsabilidad fiscal y libertad de información.”

Con un largo historial de extracción de recursos que incluye al sector minero y la exportación de oro, manganeso, bauxita y diamantes, Ghana es otro país candidato al EITI, habiendo implementado Ghana-EITI (GEITI).  Sin embargo, el reporte encontró que “se han conseguido pocas reformas en la pequeña porción del sector informal de la minería, el cual emplea a 80 por ciento de los trabajadores.” Aunque Ghana ha conseguido un crecimiento importante y ha mejorado su gobernabilidad, anticipados aumentos en los ingresos derivados de la exportación del petróleo presentan una oportunidad de desarrollar o poner en riesgo lo alcanzado hasta el momento. Según el reporte, “Ghana lleva una ventaja, pero ésta será examinada minuciosamente, tanto por su propia ciudadanía, como por sus vecinos en espera de que los recursos se conviertan en una bendición para el país.”

Los cuatro panelistas estuvieron de acuerdo con el comunicado de prensa del 10 de noviembre del senador Lugar, en donde afirma que “Estados Unidos y la comunidad internacional deben hacer más por prevenir la mala administración y corrupción en países en vías de desarrollo, recientemente, enriquecidos por las exportaciones de petróleo.” En su comunicado, el senador Lugar dijo que las reservas petroleras deben de ser un beneficio para los países, “pero, por lo general, la historia comprueba lo contrario. Éstas pueden ocasionar lugar fraudes, corrupción, despilfarro de recursos, riesgos militares e inestabilidad.”

El reporte recomienda que la nueva administración de Barack Obama haga del combate a la maldición de los recursos “un tema de alto perfil en la diplomacia y política exterior,” y “que los países industrializados G-8 hagan más en favor de promover a sus corporaciones e instituciones financieras para fomentar la rendición de cuentas y apertura en países con exportaciones petroleras.” El reporte anima al Banco Mundial y a otros donatarios “a hacer que los programas de administración fiscal y anti-corrupción sean parte central de sus préstamos a países productores del petróleo.”

“Cuando los ingresos petroleros en un país productor son fáciles de monitorear, es más factible que la élite de esa nación utilice los ingresos para las necesidades vitales de sus ciudadanos y menos probable que despilfarre la nueva riqueza en proyectos de interés personal,” dijo el senador Lugar.

El reporte puede localizarse en la sección de relaciones exteriores del senado de la oficina de prensa del gobierno: http://www.access.gpo.gov/congress/senate/senate11cp110.html. El reporte es el número S. Prt. 110-49 y se encuentra en versión TEXTO 59K o formato PDF 3.2M.

Acceso a la información = asistencia financiera más efectiva por Rocío Campos

Quienes se interesan por la reducción de la pobreza a nivel mundial estarán de acuerdo en la importancia de darle seguimiento a la cantidad y calidad de la información de las actividades de asistencia financiera para aumentar la coordinación entre donatarios y vincular a la asistencia con resultados concretos. No obstante, la falta de información precisa, oportuna y completa sobre la asistencia financiera puede resultar en lo siguiente:

• Empalme en las iniciativas de financiamiento.
• Rechazo de áreas que necesitan financiamiento.
• Duplicar esfuerzos de monitoreo y reporte de actividades de asistencia financiera.
• Desaprovechamiento de oportunidades para realizar análisis comparativo entre países.
• Desaprovechamiento de oportunidades de investigación — como por ejemplo, para mejorar el impacto de la asistencia en un sector específico o para evaluar el impacto de las contribuciones de países ricos.

En Tanzania, por ejemplo, el gobierno tiene que producir 2,400 reportes al año para agencias financieras.  En Malawi, los fondos de asistencia representan 85 por ciento del gasto de inversión pública, pero la falta de planeación le dificulta al gobierno planear su presupuesto. En países post-conflicto como Burundi, existe poca o ninguna capacidad  administrativa interna para administrar y evaluar las operaciones apoyadas con capital de asistencia.

Varias organizaciones internacionales y no gubernamentales reconocen estos retos y han implementado esfuerzos por remediarlos. En 2003 líderes de los principales bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales bilaterales, junto con donatarios y países receptores de asistencia, se reunieron en Roma en un foro de alto nivel sobre armonización “High-Level Forum on Harmonization” (HLF-Rome). Aquí se comprometieron a tomar acciones para mejorar la administración y efectividad de la asistencia.

En 2005 se ratificó, internacionalmente, la Declaración de París para aumentar la armonía, alineamiento y administración de la asistencia y para contar con metas cuantificables para mejorar la prestación de asistencia financiera. Cada dos años la Declaración de París lleva a acabo encuestas para medir el avance hacia los compromisos sobre la efectividad de la asistencia, éstos son:

• Países en vías de desarrollo tomarán el liderazgo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo y coordinarán acciones de desarrollo.
• Países donatarios basarán su apoyo general en las estrategias nacionales, instituciones y procedimientos de desarrollo de los países receptores.
• Países donatarios trabajarán para garantizar que sus acciones sean más armónicas, transparentes y efectivas de forma colectiva.
• Todos los países administrarán los recursos y mejorarán la toma de decisiones con base en resultados.
• Donatarios y países en desarrollo se comprometen a rendir cuentas mutuamente para alcanzar resultados de desarrollo.

De acuerdo con el “Center for Global Development”, “La comunidad de desarrollo ha alcanzado un fuerte acuerdo, como lo demuestra la Declaración de París, de que no sólo la cantidad pero la calidad de la asistencia juegan un papel importante en determinar la efectividad de la asistencia para el desarrollo.  Sin embargo, el debate sigue desmedidamente sesgado y se enfoca en la cantidad de la asistencia, en parte debido a la falta de acceso a información comparable sobre la calidad de la asistencia.” (Ver: http://www.cgdev.org/doc/Research%20Topics/aidqualityoverview.pdf.)

El Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development” comenzó un foro para los principales donatarios bilaterales para ver cómo la cooperación internacional para el desarrollo contribuye a la capacidad de los países en vías de desarrollo de participar en la economía global.  Las bases de datos DAC abarcan la asistencia financiera de donatarios bilaterales y multilaterales, así como otros flujos de recursos a países en vías de desarrollo en dos bases de datos separadas: el DAC anual y el “Creditor Reporting System” (CRS).  Las bases de datos también incluyen una lista de países que reciben asistencia oficial para el desarrollo “Official Development Assistance” (ODA), estadísticas internacionales para el desarrollo en bases de datos disponibles en internet, así como guías sobre cómo reportar las actividades de asistencia (ver: http://www.oecd.org/dac).  Aunque estos pasos son importantes en la recolección y disponibilidad de datos sobre cómo se gasta la asistencia, la información que reúne el DAC puede ser difícil de interpretar para quienes no son especialistas.

El “Development Gateway”, una organización no gubernamental creada por el Banco Mundial, ha desarrollado herramientas para fortalecer la gobernabilidad y hacer que los esfuerzos de financiamiento para el desarrollo sean más efectivos. Una de estas herramientas es la “Aid Management Platform” (AMP), la cual es una solución cibernética para los gobiernos que permite fortalecer la capacidad de administrar y preparar reportes de los gobiernos de países en vías de desarrollo. AMP apoya los compromisos de la Declaración de París y fue desarrollado en cooperación con la OCDE, el PNUD, el Banco Mundial y el gobierno de Etiopía.  Una de las ventajas de este paquete informático es que homogeniza la terminología de los reportes entre el personal gubernamental y los donatarios.  Esto permite armonizar los reportes de distintos donatarios.  Los gobiernos de Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Etiopía, Malawi, Montenegro, República Democrática del Congo y Tanzania ya usan AMP.

Otra herramienta creada por el “Development Gateway” se llama Accessible Information on Development Activities (AiDA). Esta base de datos global consolida 500,000 récords de más de 20 fuentes distintas, incluida la OCDE-DAC.  También incluye un directorio de más de 220,000 actividades presentes y futuras alrededor del mundo.  Ambas herramientas utilizan el lenguaje “International Development Markup” (IDML), el cual es un estándar global para la información de asistencia.  Con el uso de este paquete los usuarios pueden obtener una amplia perspectiva sobre las actividades de todos los donatarios en un país en particular y, potencialmente, identificar actividades de financiamiento que se repiten y empalman.

Los recursos que presentamos aquí tienen un potencial importante para contribuir a una mayor coordinación entre los actores de desarrollo.  No obstante, este potencial depende de la habilidad de los donatarios, los gobiernos, las ONGs y del público en general de reportar y verificar debidamente la información ODA.  El seguimiento a la información cualitativa y cuantitativa sobre actividades financieras de asistencia, dentro y fuera del presupuesto, es una tarea crítica para garantizar que los esfuerzos hacia el desarrollo sean más efectivos y para tomar mejores decisiones sobre la planeación y prioridades nacionales.

El índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional 2008 revela el vínculo entre la pobreza e instituciones fallidas

El 23 de septiembre 2008, Transparencia Internacional (TI) lanzó en Berlín, Alemania, su Índice de Percepciones de Corrupción “Corruption Perceptions Index” (CPI), que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público dentro del país. Con base en encuestas a expertos y a negocios, CPI 2008 evalúa a 180 países en una escala de cero (altamente corruptos) a 10 (altamente transparentes).

Conforme a CPI, Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia compartieron las calificaciones más altas con 9.3, le siguió Singapur con 9.2. Con las calificaciones más bajas está Somalia con 1.0, Irak y Myanmar con 1.3 y Haití con 1.4. Además, Bulgaria, Burundi, Maldivas, Noruega y el Reino Unido vieron un descenso en sus calificaciones de 2007, mientras otros países como Albania, Chipre, Georgia y Turquía mostraron mejorías importantes en sus calificaciones de 2007.

El estudio resalta el vínculo entre la pobreza, las malas instituciones y la corrupción. De acuerdo con TI, “los países pobres con frecuencia están plagados de jueces sucios y de vigilancia parlamentaria inefectiva. Los países ricos, por otro lado, muestran evidencia de regulaciones insuficientes en el sector privado, en términos de responder a la corrupción de sus países en el extranjero y débil vigilancia de instituciones y transacciones financieras.” El reporte demuestra que hacerle frente a la corrupción puede tener un costo de US$ 50 billones para alcanzar la meta del milenio “Millennium Development Goals” (MDGs) de agua y salubridad.

El estudio de TI sugiere que instituciones más fuertes, marcos legales y regulaciones más vigilantes asegurarán niveles más bajos de corrupción, lo que permitirá una participación más significativa para toda la gente en sus sociedades, y mejores resultados para el desarrollo y calidad de vida de comunidades marginadas.

Mientras que el CPI mide la percepción de la corrupción, el Índice de Presupuesto Abierto del IBP “Open Budget Index” (OBI) 2008 permite ver las oportunidades de corrupción dentro de un país. El OBI, que se publicará el 1 de febrero 2009, mide qué tan transparentes y responsables son los presupuestos nacionales en 85 países alrededor del mundo. Se basa en la creencia de que los gobiernos que no ofrecen información comprensiva, oportuna y útil sobre cómo se usan los fondos públicos limita la habilidad de los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y público en general a exigirle rendición de cuentas a los funcionarios públicos, lo que crea oportunidades de esconder gastos corruptos.

Harika Masud, “program officer” del OBI, dijo “el acceso a esta información es necesario para la participación ciudadana en las decisiones del gobierno sobre cómo se gastarán los recursos públicos y jugar un papel efectivo en la vigilancia.” Masud subrayó que tanto el CPI como el OBI son fundamentales para reducir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad a nivel mundial, “al aumentar la conciencia sobre el impacto de la mala gobernabilidad en el desempeño económico y la reducción de la pobreza presentan herramientas poderosas para organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar el acceso a la información presupuestaria y en mayor rendición de cuentas gubernamental.”

Para conocer más sobre el índice de TI “Annual Corruption Perceptions Index”, ir a http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.

Construcción de estados responsables: acción ciudadana y cambio político nacional

Uno de los valores clave del “International Budget Partnership” es que los ciudadanos juegan un papel fundamental en conseguir mejoras a la gobernabilidad y el alivio a la pobreza.  Organizaciones pares del IBP trabajan en muchos países dándoles voz a los ciudadanos con información veraz y oportuna sobre los presupuestos públicos y construyendo coaliciones de la sociedad civil que luchan por reformas en las finanzas públicas.

En octubre 2008 el número de IDS INFOCUS Policy Briefing discute lecciones clave de ocho campañas exitosas para la reforma política en Brasil, Chile, India, Marruecos, México, Filipinas, Sudáfrica y Turquía sobre como construir coaliciones, cómo enmarcar las demandas para reformas políticas y cómo abrir espacios para la acción de la sociedad civil.  Para ver, “Building Responsive States: Citizen Action and National Policy Change”, ir a:

http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Rs311.pdf

Los estudios de caso originales también pueden encontrarse aquí www.ids.ac.uk/go/citizens

Publicación del mes: Aid, Rents and the Politics of the Budget Process por Andrés Mejía Acosta y Paolo de Renzio

Este trabajo analiza el impacto de las instituciones políticas y la gobernabilidad presupuestaria en países dependientes de asistencia y de recursos. La gobernabilidad presupuestaria se refiere a la calidad de los resultados presupuestarios que incluyen la habilidad del gobierno de producir finanzas públicas sostenibles a lo largo del tiempo y de representar las prioridades de los ciudadanos. Este trabajo presenta algunos de los retos de medir la gobernabilidad presupuestaria en países dependientes de asistencia y de recursos.  También se enfoca en la medida en que los países pueden producir balances fiscales sostenibles a lo largo del tiempo.

Los autores produjeron una nueva base de datos de 47 países de bajos ingresos cuyas economías dependen de la asistencia o de flujos de recursos naturales entre 1995 y 2006. Resultados preliminares sugieren que un ejecutivo fuerte tiene un impacto positivo en el mejoramiento del desempeño fiscal en países dependientes de recursos, pero que esto también está relacionado con niveles más bajos de competencia partidaria y democracia. Por el contrario, mayores niveles de dependencia en la asistencia están ligados al poder del ejecutivo y al desempeño fiscal.  Para leer este trabajo, ir a:  http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Rs311.pdf.

Nueva investigación examina cómo el número de tomadores de decisiones interactúa con la estructura del proceso presupuestario para influir en políticas fiscales

En “Institutional constraints on profligate politicians: The conditional effect of partisan fragmentation on budget deficits” Joachim Wehner presenta los resultados de su investigación sobre cómo la interacción entre “el tamaño de la fragmentación” (el número de tomadores de decisiones) y la “fragmentación de procesos” (la estructura del proceso en donde se desenvuelven los tomadores de decisiones) en legislaturas nacionales afecta la disciplina fiscal.

La investigación tradicional sobre el presupuesto público ha estudiado los efectos independientes de los dos factores, pero no ha explorado a qué grado su interacción repercute en la política fiscal. Lo que Wehner encuentra en el análisis de datos de 57 países, de 1975 a 1998 es “evidencia consistente de que la fragmentación partidaria en la legislatura está ligada a altos déficits únicamente cuando no es moderada por límites en la autoridad parlamentaria de enmiendas.”

Wehner atiende las implicaciones de sus hallazgos en las políticas relacionadas con reformas electorales e instituciones presupuestarias e identifica áreas para investigaciones futuras, como por ejemplo para explorar la interacción de los dos tipos de fragmentación dentro del ejecutivo y en diferentes fases del presupuesto presupuestario. Para ello, es necesario contar con datos que permitan medidas institucionales más detalladas en un mayor número de países.

Para leer el reporte completo, ir a: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1281082.

Análisis presupuestario para ver el impacto en poblaciones en riesgo

Un reporte reciente presenta un útil ejemplo sobre cómo analizar el presupuesto del gobierno a la hora de responder a las necesidades de varios sectores de la población como mujeres, niños, pobres y víctimas de discriminación. Siba Sankar Mohanty, investigador honorario de la organización indú “India’s Network for Social Accountability” (NSA), analizó las asignaciones gubernamentales para el programa “Scheduled Caste Sub Plan” (SCSP), que busca mejorar las condiciones de vida y trabajo, así como el desarrollo social y económico de los Dalits—un grupo de clase baja en la India que padece de altos niveles de pobreza como resultado de la discriminación.  El reporte NSA encontró que el presupuesto nacional “Union Budget” de 2008-2009 no muestra ningún progreso para atender las necesidades de este grupo.

El análisis de presupuestos – por su impacto en grupos específicos dentro de un país – puede ser una herramienta importante en los esfuerzos por aumentar los programas y servicios que cubran sus necesidades.  El apoyo a llamados hacia el uso más eficiente y efectivo de recursos públicos para promover la vida de todos los habitantes de un país con la evidencia que ofrece el presupuesto, hace que esos llamados sean más poderosos.

CAPE organiza conferencia sobre administración y reformas de finanzas públicas

Del 12 al 13 de noviembre el “Centre for Aid and Public Expenditure” (CAPE) del “Overseas Development Institute” en Londres reunió a investigadores y académicos en administración y reforma de finanzas públicas (PFM, por sus siglas en inglés) funcionarios públicos de países en vías de desarrollo y economías en transición, especialistas y consultores en la conferencia sobre finanzas públicas de CAPE 2008. Los participantes de la conferencia investigaron cómo las reformas PFM pueden encausarse para mejorar la prestación de servicios públicos, revisar la interacción entre distintos actores en casos de reformas exitosas y la contribución a nivel sectorial de reformas PFM descentralizadas, para mejorar la asignación estratégica de recursos y eficiencia operacional.

Para mayor información sobre la conferencia, ir a: http://www.odi.org.uk/events/details.asp?id=295&title=reforming-results-can-public-finance-management-reform-improve-government-performance.

El IBP reúne en Sudáfrica a grupos de la sociedad civil de 11 países en un taller sobre análisis e incidencia presupuestaria 

En Octubre 2008 el “International Budget Partnership” (IBP) realizó un taller intermedio sobre análisis de presupuestos e incidencia presupuestaria en Cape Town, Sudáfrica. El curso de seis días reunió a 21 participantes de 15 grupos de la sociedad civil en Angola, Estados Unidos, Kenia, Tanzania, Pakistán, India, Angola, Nigeria, Mozambique, Portugal y Zimbabwe.

Gran parte del curso se enfocó en la importancia de los presupuestos y en cómo utilizar el análisis de presupuestos en actividades de incidencia. Los participantes estudiaron cómo algunas organizaciones de la sociedad civil han utilizado los presupuestos en varias campañas, aprendieron a realizar cálculos presupuestarios clave y exploraron distintas formas de presentar su análisis en apoyo a campañas en contra de la pobreza.

La otra parte del taller se enfocó en el contexto político e institucional de las campañas de incidencia presupuestaria.  En donde se habló del momento más efectivo, durante el proceso presupuestario, para la intervención y activismo de la sociedad civil.  Además se habló de quiénes son los actores principales con los que la sociedad civil debe de interactuar y de qué manera la sociedad civil debe de ajustar sus mensajes para audiencias específicas.

El taller fue enriquecido con las aportaciones de invitados especiales con experiencia de primera mano en este campo, quienes hablaron no sólo sobre las distintas facetas del análisis de presupuestos e incidencia; sino de la importancia del impacto que éstas pueden tener en la vida de las personas. Por ejemplo, uno de los invitados que impresionó a los participantes fue un joven llamado Stanton Scholtz, representante de Molo Songololo, una organización que trabaja para combatir el tráfico de niños.

Stanton había trabajado para el proyecto “Children Participating in Governance”, establecido por IDASA en 2005.  A los 17 años, Stanton aprovechó la oportunidad de participar en talleres organizados por IDASA para niños, en donde se mostraba el vínculo entre derechos y presupuestos. Después de terminar estos talleres y al igual que otros moderadores, Stanton hizo un taller similar para monitores presupuestarios en su propia localidad. Stanton habló sobre cómo los conocimientos presupuestarios han aumentado su conciencia sobre cómo las políticas y presupuestos gubernamentales tienen impacto en las vidas de las personas común y corrientes. Además de adquirir confianza y de tener la oportunidad de guiar y ser tutor juvenil, entendió de mejor manera su papel en la sociedad y cómo tener éxito.

Para que el taller fuera más útil e interesante, el personal del IBP realizó su ejercicio de estudio de caso sobre el país ficticio Polarus.  Esto les dio a los participantes la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante la capacitación. Polarus enfrenta varias limitaciones en su desarrollo económico y cuenta con un manual que incluye datos fiscales y macroeconómicos para que los participantes desarrollaran y presentaran sus estrategias de incidencia y campañas. Los participantes trabajaron en equipos y se beneficiaron de sus distintos niveles de experiencia en trabajo presupuestario y de los distintos enfoques hacia la incidencia.

Otro factor importante para enriquecer el taller fue que los participantes contaron con conocimientos en varios temas pro-pobreza, desde el uso de fondos de asistencia para desastres para prevenir y controlar el contagio del VIH/SIDA. Los participantes tomaron estos conocimientos y experiencias en desarrollo social para analizar estudios de caso y formular tácticas de incidencia para comprometer a los gobiernos a asignar más fondos hacia sectores específicos. Los participantes compartieron cómo sus respectivas organizaciones le hacen frente a temas de desarrollo en sus países y cómo esperan utilizar los conocimientos adquiridos en el taller para avanzar en sus metas y objetivos.

Por ejemplo, los participantes de “HakiKazi Catalyst”, una organización de Tanzania, habló del trabajo que realiza para apoyar a comunidades marginadas a través de influir en políticas a nivel local y nacional. Planean usar los conocimientos adquiridos sobre cómo analizar presupuestos a nivel distrital y producir publicaciones y materiales didácticos para distribuirlos en foros presupuestarios distritales. Están convencidos de que su capacidad de análisis de presupuestos fortalecerá y enriquecerá el trabajo de HakiKazi.

Los participantes de “Omar Asghar Khan Foundation” (OAKF) de Pakistán hablaron sobre su trabajo sobre presupuestos para la rehabilitación. Tras el devastador terremoto de 2005 en la frontera noroeste, OAKF se ha dedicado a monitorear las prioridades y desempeño del gobierno conforme a sus ambiciosos planes de rehabilitación, y ha criticado la lentitud de los avances presentando evidencia reunida mediante el seguimiento al gasto para vivienda; educación, salud y salubridad. OAKF indicó que el taller refinó su habilidad de análisis presupuestario y aclaró diferentes usos de la información de presupuestos. El taller también les permitió ver cómo promover la incidencia presupuestaria, compartir sus experiencias y construir coaliciones con otras organizaciones en Pakistán a nivel local y nacional.

Después del taller, otros participantes dijeron que planean usar los conocimientos adquiridos para analizar y comparar presupuestos para fondos de asistencia, acceder documentos presupuestarios y organizar talleres para monitorear presupuestos.  El IBP le dará seguimiento a las actividades de todos los participantes para identificar cuestiones de particular importancia para otros grupos que trabajan temas de transparencia presupuestaria y ver opciones de otros cursos para el año que viene.

Conferencia en la India sobre “El papel de la sociedad civil en el monitoreo de los presupuestos gubernamentales y la prestación de servicios: Explorando metodologías para la acción” por Vivek Ramkumar, IBP

En octubre 2008 el “International Budget Partnership” (IBP), el “National Centre for Advocacy Studies” (NCAS) y el “Centre on Budget and Governance Accountability” (CBGA) organizaron conjuntamente la conferencia “El papel de la sociedad civil en el monitoreo de los presupuestos gubernamentales y la prestación de servicios: Explorando metodologías para la acción.”  La conferencia tuvo lugar en Thiruvananthapuram, Kerala (India) del 20 al 22 de octubre 2008.

IBP, NCAS y CBGA reunieron a grupos presupuestarios y a miembros de la comunidad política y de gobernabilidad de la India en un foro que permitiera discutir oportunidades de ampliar el impacto del trabajo presupuestario.  La conferencia brindó la oportunidad de promover el trabajo presupuestario, levantarle el perfil a este tipo de trabajo en la India y de permitirles a los participantes desarrollar sinergias en sus actividades.  La conferencia fue financiada por Google.org, y el apoyo logístico estuvo a cargo de “Sakhi”, una organización de presupuestos con enfoque de género con base en Thiruvananthapuram.

La conferencia comenzó con palabras de Aruna Roy, una activista social de renombre en la India y miembro de la organización indú “Mazdoor Kisan Shakti Sangathan”.  Roy animó a grupos presupuestarios de la India a comenzar a usar los espacios que ofrecen esquemas tales como el “National Rural Employment Guarantee Scheme” para exigirle rendición de cuentas al gobierno sobre sus sistemas de planeación y vigilancia.  Warren Krafchik, director del IBP, habló del crecimiento del trabajo de presupuestos en la India alrededor del mundo y enfatizó los retos que enfrenta este sector a nivel global, incluyendo los retos específicos de la difusión de información e incidencia y de la vinculación de grupos presupuestarios con la sociedad civil en general.  Una sesión encabezada por Sukumar Murlidharan, Enakshi Ganguly de Haq en Nueva Delhi, y Abhijit Das del “Centre for Health and Social Justice” en Nueva Delhi examinó los problemas claves de la gobernabilidad en la India y las oportunidades de participación de la sociedad civil con estos problemas.

Las presentaciones de la conferencia resaltaron varias metodologías innovadoras sobre el seguimiento presupuestario que están siendo utilizadas en la India y otras partes del mundo.  Estas presentaciones ofrecieron el detalle necesario para ayudar a los grupos a escoger las metodologías que mejor les pueden ayudar a encontrar y analizar información, medir los resultados de la implementación presupuestaria y presentar la información para su difusión al público.  Los talleres prácticos también fueron diseñados para que los participantes evaluaran la posibilidad aplicar las distintas metodologías en el contexto indú.

Las metodologías específicas que se presentaron son:

• “Social Audits”, presentada por Sowmya Kidambi, quien trabaja para “Mazdoor Kisan Shakti Sangathan” (MKSS) y para el IBP
• “Public Expenditure Tracking Surveys” (PETS), presentada por Gerelmaa Amgabazaar del “Mongolian Open Society Forum”
• “Citizen Report Cards”, presentada por Sita Shekhar del “Public Affairs Centre” en Bangalore
• “Procurement Monitoring of School Textbooks”, presentada por Dondon Parafina del “Government Watch Program” en las Filipinas
• “Tailored Methods for Monitoring Outcomes in the Education Sector, presentada por Rukmini Bannerji de “Pratham” en Nueva Delhi
• “Methods for Examining Subnational Expenditure Data and Tracking Expenditures at the District Level”, presentada por Anit Mukherjee del “National Institute for Public Finance and Policy” en Nueva Delhi

Además de las presentaciones sobre diferentes herramientas para el monitoreo de presupuestos, otras presentaciones evaluaron varias herramientas y estrategias de incidencia y comunicaciones que han sido utilizadas con éxito por la sociedad civil para comunicarse con distintas audiencias, incluyendo métodos para comunicarse con legisladores (presentada por C V Madhukar del “Parliamentary Research Services” en Nueva Delhi); métodos para acercarse a los medios (presentada por Sukumar Murlidharan, un famoso periodista a nivel nacional); y métodos para comunicarse con el ejecutivo (presentada por Joy Elimu del servicio administrativo de Kerala).

En una sesión facilitada por Albert van Zyl del IBP, los participantes tuvieron la oportunidad de discutir el proceso de seleccionar un presupuesto específico y una metodología de monitoreo del gasto – presentada durante el taller – ideal para cada organización.  Hacia el final de la conferencia, una sesión sobre estrategias de comunicación para grupos presupuestarios fue facilitada por Katrin Verclas de la ONG internacional mobileactive.org.  El taller terminó con la presentación sobre pasos a seguir por Amitabh Behar de NCAS, Yamini Mishra de CBGA y Warren Krafchik del IBP.

La conferencia fue planeada como un primer paso en un proceso por profundizar el impacto del trabajo de presupuestos en India y ampliar el trabajo sobre monitoreo de la ejecución presupuestaria.  Para ello, la conferencia reunió a distintos grupos de la India que no han interactuado todavía pero que están trabajando en temas de interés común.  Las evaluaciones del taller mostraron que 80 por ciento de los participantes se habían conocido por primera vez y que tenían planes de colaborar en el futuro.  La conferencia también le ayudó a los activistas de la India a conocer herramientas innovadoras que pueden ayudarles a tener un mayor impacto en el mejoramiento de la ejecución de los presupuestos gubernamentales y en la prestación de servicios.  Casi todos los participantes conocieron por lo menos una nueva herramienta durante la reunión.  Aproximadamente 90 por ciento de los asistentes indicaron que su organización puede usar una de las herramientas presentadas durante la conferencia.

India es una de las cunas del trabajo presupuestario de la sociedad civil y el IBP ha trabajado con socios en la India por más de 10 años.  El IBP espera que su trabajo en la India se expanda para incluir a nuevos socios y, sobre todo, para incluir trabajo sobre  ejecución presupuestaria.  En los meses siguientes, el IBP espera ampliar su apoyo a varios proyectos piloto que pondrán a prueba algunos de los métodos de la conferencia en el contexto nacional de la India.  La idea es que si estos proyectos tienen éxito, el IBP aumentará sus esfuerzos en diferentes partes del país.

Para revisar todos los materiales y agenda de la conferencia, así como información de los participantes, visitar la página del IBP en la siguiente dirección: https://archive.internationalbudget.org/resources/IndiaConference.htm.  Para mayor información sobre la conferencia o sobre futuras actividades del IBP en la India, contactar a Vivek Ramkumar [email protected]

Y tú ¿qué piensas?

En el último número del Budget Brief del IBP, Gorik Ooms del “Institute of Tropical Medicine” propone la creación de un Fondo Global de la Salud para contar con una base internacional para la protección social de la salud, al igual que el Fondo Global para el SIDA, la Tuberculosis y Malaria para dichas enfermedades. Leer el Brief.

Riaz Khan, ex-miembro del “Pakistan’s National Reconstruction Bureau” de la secretaría del primer ministro, está de acuerdo con Ooms sobre la naturaleza del problema: “En demasiados países el acceso a los servicios básicos de salud es muy limitado debido a la falta de financiamiento,” pero está en desacuerdo con la propuesta de crear un Fondo Global. Las razones de Khan incluyen las siguientes:

• “Burocracias enormes y complejos arreglos institucionales para administrar el fondo lo harían ineficiente y menos efectivo.
• Se reemplazaría el financiamiento local.
• La integración con el sistema financiero y presupuestario gubernamental sería difícil.
• Son más importantes las reformas para reestructurar las estructuras legales, administrativas y políticas.”

Y tú, ¿qué piensas? Envía tus comentarios.

Beca del “Open Society Institute” (OSI)

La beca del “Open Society Institute” (OSI) está abierta a personas de todo el mundo. OSI está buscando pensadores innovadores que trabajan en derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, empoderamiento y participación ciudadana y en otras áreas de interés para OSI. Los proyectos de los becarios incluyen libros, artículos, medios en línea y esfuerzos por promover campañas y organizaciones. Las propuestas son revisadas conforme van llegando y no hay fecha límite para la entrega de solicitudes.  La beca no apoya programas de estudio o investigación para tesis o disertaciones.  Para mayor información, ir a http://www.soros.org/initiatives/fellowship.