by soapbox | May 1, 2008
Democratización, visibilidad y transparencia en auditorías gubernamentales en Honduras por Luís Fernando Velásquez Leal
A pesar de los importantes esfuerzos nacionales e internacionales realizados en América Latina por fortalecer la participación ciudadana en los procesos de auditoría social, los resultados han sido limitados debido a la falta de coordinación y comunicación entre el control social y el control institucional ejercido por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Tradicionalmente, la participación ciudadana en el control de la administración pública se ha limitado a considerar la denuncia como una herramienta de lucha contra la corrupción sin que sus resultados se hayan traducido en una mejora significativa en la prestación de los servicios por parte del estado a los ciudadanos. En algunos casos, las EFS perciben la participación ciudadana en los procesos de auditoría como una intromisión en su quehacer institucional debido a la falta de metodologías que permitan la participación y confianza de la ciudadanía en el control institucional.
En Honduras con el apoyo del Banco Mundial, se desarrolló entre septiembre 2007 y marzo 2008 una metodología para vincular a los ciudadanos y organizaciones civiles con las auditorías gubernamentales realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas de la República (TSC). Esto forma una experiencia piloto orientada a democratizar, visibilizar y transparentar las auditorías gubernamentales mediante una alianza estratégica orientada a mejorar la gestión pública.
Dicha experiencia es el resultado de un proceso importante de planificación que incluyó el diseño conceptual y la estructuración técnica de la metodología de trabajo; la implementación de ocho auditorías gubernamentales con participación ciudadana en temas de salud, infraestructura, medio ambiente y municipalidades; la capacitación de auditores y servidores públicos de las entidades auditadas, así como de 87 organizaciones civiles de todo el país.
Metodología y resultados en Honduras
El proceso de participación ciudadana en auditorías gubernamentales consistió de cuatro fases:
Fase 1- Selección de auditorías con participación ciudadana: esta fase consiste en integrar información generada por los ciudadanos y los medios de comunicación dentro del Plan General de Auditorías, como un elemento decisivo para focalizar las instituciones a auditar.
Fase 2- Información y acercamiento a la ciudadanía: aquí se discuten los papeles y actividades del Tribunal Superior de Cuentas, así como los de la sociedad civil y las instituciones auditadas. Esta fase es importante porque establece las alianzas sociales e institucionales necesarias para mejorar la gestión de las entidades auditadas y la prestación de servicios públicos. Dichas alianzas ayudan a fortalecer los canales de comunicación y motiva a los ciudadanos a manifestar los aspectos críticos en la calidad de los servicios.
Fase 3- Desarrollo del control institucional: en esta fase, el TSC informa a los ciudadanos, a través de eventos públicos cómo su aporte será integrado en el proceso de auditoría, incluyendo los aspectos y las áreas en que las contribuciones de los ciudadanos no serán incluidas y porqué.
Fase 4- Presentación pública de resultados: el TSC presenta en eventos públicos sus hallazgos y recomendaciones para el mejoramiento de la gestión de las entidades auditadas que incluye los papeles y responsabilidades tanto del gobierno, como de la sociedad civil. Estos eventos también permiten generar un espacio para que un representante firme un compromiso público frente a los ciudadanos, con el fin de que se realice un control social sobre los planes de mejoramiento institucional.
Fase 5- Seguimiento ciudadano a recomendaciones de mejoramiento de la gestión pública: esta última fase promueve la participación ciudadana y el control sobre los planes de acción para el mejoramiento institucional que resulta de las auditorías, transformando sustancialmente las formas tradicionales de auditoría social en Honduras.
Esta nueva metodología de control tiene implicaciones directas en la credibilidad de los ciudadanos en la labor de las entidades de control, generando mayor confianza en las instituciones tanto las que auditan, como las que son auditadas. También se fortalece la capacidad para abordar aspectos sociales y comunitarios y los procedimientos de auditoría y control que se transforman en función de las necesidades y expectativas ciudadanas y comunitarias sobre la calidad de los servicios por parte de las entidades auditadas. De igual forma, permite el mejoramiento de la gestión pública como resultado del control institucional.
Como resultado del desarrollo de las ocho auditorías en Honduras se registró lo siguiente:
- 479 ciudadanos provenientes de 84 organizaciones civiles participaron de manera directa en el proyecto y cerca de 1,200 ciudadanos asistieron a la presentación pública de los resultados de las auditorías en cada una de las entidades auditadas.
- Las entidades auditadas firmaron ocho compromisos públicos para el mejoramiento de la gestión.
Gracias a la información suministrada por los ciudadanos se identificó lo siguiente:
- “Publish What You Fund” (PWYF) necesita tu apoyo.
- 79 por ciento de la información suministrada por los ciudadanos fue de utilidad para el control institucional.
- 123 deficiencias de control interno de un total de 187 y 12 situaciones de ilegalidad de un total de 23.
- 26 hallazgos de un total de 40 y se formularon 118 responsabilidades administrativas de un total de 146.
- 30 responsabilidades administrativas de las 47 instauradas.
- Cuatro indicios de responsabilidad penal.
- 92.88 por ciento del total de las responsabilidades civiles.
Lecciones aprendidas
- Mejoras importantes en la calidad de las auditorías gubernamentales son posibles en corto tiempo gracias a la alianza estratégica entre las entidades de control, las entidades auditadas y la ciudadanía.
- El control social ejercido mediante procesos de vigilancia ciudadana y auditoría social no sustituye el control institucional ejercido por el ente contralor: lo complementa, fortalece y contribuye a mejorar el rendimiento institucional.
- Una ciudadanía informada y calificada sobre el funcionamiento de las instituciones públicas ayuda a mejorar los niveles de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
- La rendición de cuentas pública facilita la mayor comprensión y participación de los ciudadanos en asuntos públicos.
En la actualidad el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras implementa esta metodología de trabajo sobre aquellas instituciones que presentan mayores problemas en el desarrollo.
Para mayor información, ir a: www.ac-colombia.net.
Participación pública en la construcción de carreteras en Filipinas y la India por Leodigario R. de Guzmán y R. Balasubramaniam
La infraestructura física es crítica en el desarrollo económico de un país. Carreteras de alta calidad no sólo aseguran que los productos agrícolas y otras mercancías manufacturadas lleguen a los mercados; sino que además pueden salvar vidas, como en el caso descrito en este artículo sobre una carretera que conduce a un hospital. Grupos de la sociedad civil alrededor del mundo se vinculan en el monitoreo de proyectos de construcción de carreteras para asegurar que la construcción y el mantenimiento de las carreteras sean de alta calidad. En este artículo, veremos los esfuerzos de Filipinas y la India realizados por dos grupos de la sociedad civil involucrados en el monitoreo de construcción y reparación de caminos.
Filipinas: Bantay Lansangan (Road Watch)
En un país en vías de desarrollo como Filipinas, las carreteras cumplen un propósito — la presencia de carreteras de alta calidad marca la diferencia entre pobreza y progreso. Dada la trascendental importancia de las carreteras y autopistas, los problemas generales en las adquisiciones del gobierno y construcción de la infraestructura nacional son predominantes. Cuando a los miembros de la comunidad les preguntan por la carretera de su vecindad, no resulta extraño escuchar quejas.
En 2007 el gobierno nacional, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado formaron Bantay Lansangan (Road Watch), una asociación entre el gobierno, accionistas de organizaciones no gubernamentales y privadas y socios de ayuda para el desarrollo oficial en el sector de vías nacionales. Esta asociación, que reúne a 14 organizaciones, monitorea la calidad de los servicios viales para satisfacer las necesidades de los usuarios, mediante el uso transparente de los recursos públicos, con lo que se maximiza el valor del dinero y fomenta la integridad corporativa.
Un componente clave de Bantay Lansangan es la red nacional de monitores voluntarios para proyectos viales que cubrirá 15 regiones del país. Aunque esta iniciativa está en desarrollo, ya ha sostenido reuniones con socios y accionistas para diseñar herramientas en el uso del proyecto de monitoreo—como el Estudio de Satisfacción de los Usuarios de Carreteras—para entrenar a los voluntarios a cargo del monitoreo de los proyectos.
Asimismo, se realizó un “entrenamiento de entrenadores” a comienzos de este año, en donde los participantes aprendieron las etapas en la construcción de carreteras, desde las adquisiciones del gobierno hasta su mantenimiento. Esta capacitación será seguida por una serie de entrenamientos regionales que se iniciará en agosto. Bantay Lansangan tiene planeado capacitar a 100 monitores voluntarios. Además de los proyectos de monitoreo vial, los voluntarios entrenados realizarán la encuesta de satisfacción de los usuarios de carreteras en sus localidades.
Los resultados de este monitoreo y el estudio del usuario deberán formar parte de una libreta de evaluaciones sobre el estado del sector vial que medirá el estado actual de los sistemas de carreteras de las Filipinas. Se espera contar con la primera libreta de evaluaciones a finales de este año.
Las autopistas y carreteras juegan un papel indispensable en el progreso de la nación. Por ello, es vital que los ciudadanos participen para asegurar su adecuado funcionamiento. Este proyecto de monitoreo puede servir como modelo de colaboración para la buena gobernabilidad y la reducción de la pobreza.
Para mayor información sobre Bantay Lansangan (Road Watch), contactar a Leodigario R. de Guzman [email protected].
India: monitoreo vial de SVYM
Otro grupo con experiencia en el monitoreo vial es el Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) en India. Ellos se han vinculado, exitosamente, con los principales involucrados en el proceso de construcción y mantenimiento de carreteras, así como en la creciente participación ciudadana. Un estudio reciente de SVYM registra las lecciones aprendidas del monitoreo vial en el pueblo de Kenchanahalli que provee acceso vital a un hospital.
Fundado por SVYM, Vivekananda Memorial Hospital es un centro hospitalario caritativo que cuenta con 10 camas en Kenchanahalli y es administrado por un grupo de doctores dedicados al servicio de los habitantes tanto de la aldea, como de otros pueblos aledaños. El hospital está ubicado en una vía de 13.5 kilómetros que en deterioro desde hace muchos años, haciendo de su uso una pesadilla. “Llegar al hospital a tiempo era a veces cuestión de vida o muerte para los pacientes en condiciones graves. En tales casos la carretera era en realidad algo vital,” dice el Dr. M R Seetharam, jefe de actividades de salud del SVYM.
Después de infructuosas peticiones dirigidas a las autoridades para la reparación de dicha carretera, en agosto del 2006 se esperaba que, finalmente, se realizara cierto trabajo en la vía. Preocupados por una potencial “negligencia” en la reparación de la carretera, SVYM creó una solicitud al Derecho de Información (RTI) preguntando sobre los detalles del contrato. La investigación realizada por Lok Ayukta, la institución oficial de anticorrupción, confirmó malos manejos en los procedimientos pertinentes.
SVYM se dio cuenta que entablar una denuncia en contra de los contratistas conllevaría al alargamiento de procedimientos legales y, entre tanto, el área y los habitantes del pueblo carecerían del uso de una buena carretera. Por ello, se propuso crear una estimación del trabajo, llamar a licitadores públicos y premiar el trabajo de los contratistas calificados. El contratista seleccionado participaría como un accionista clave y se le pediría garantizar la calidad de su trabajo. Los ingenieros de CNNL, la compaña con responsabilidad oficial sobre el trabajo de la carretera, aseguraría el cumplimiento de las cláusulas y especificaciones del contrato. Algo muy importante es que el comité de los pueblos locales sería integrado para funcionar como un grupo de auditoría social. Por su parte, SVYM facilitaría la capacitación y funcionamiento de dicho grupo auditor.
El papel del comité de auditoría social, conformado por 22 hombres y mujeres, monitoreaba el trabajo de la vía diariamente. Asimismo apoyaba al contratista cuando era necesario y aseguraba que la calidad del trabajo fuera consistente. Esta fue la primera vez que la comunidad tomaba un papel activo en el desarrollo de una carretera. Como Madan de Kalasoor mencionó, “siempre hemos asumido que el trabajo de la malla vial es responsabilidad del gobierno. Si ésta estuviera en malas condiciones, no haríamos nada al respecto y sólo nos quejaríamos. Ahora tenemos una oportunidad real de participar activamente.”
A medida que el trabajo avanzaba, la relación entre los tres accionistas se volvía más cordial y era más fácil resolver los problemas cuando surgían. En reuniones semanales se discutía el progreso del proyecto, temas pendientes y observaciones de la comunidad. Como los miembros del comité ya estaban familiarizados con el trabajo de reparación y construcción podían entender y atender cuestiones técnicas, así como responder a las preocupaciones de los miembros de la comunidad sin necesidad de molestar al contratista o a los ingenieros. Esto contribuyó a que los habitantes de la aldea se sintieran orgullosos propietarios de su carretera.
La primera fase, que comprendía un tramo de 6.5 kilómetros, fue completada sin mayores dificultades en un tiempo récord de seis semanas, en tanto que los 6 kilómetros restantes serán completadas en la segunda fase luego de que culmine la temporada de monzones.
Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) es una organización de desarrollo fundada por el Dr. R. Balasubramaniam en 1984 y trabaja para la creación de una nueva sociedad civil en la India con personal especializado en los sectores de salud, educación y desarrollo comunitario. SVYM busca desarrollar soluciones locales e innovadoras de bajo costo para ayudar a la comunidad. La organización tiene más de 60 proyectos en los sectores de salud, educación, desarrollo comunitario y capacitación en los distritos del estado de Karnataka.
Para mayor información, ir a www.svym.org.in.
Estudios y lecciones de ejercicios de seguimiento del gasto público por Vivek Ramkumar
Recientemente el IBP terminó un reporte sobre las experiencias de ONGs en Tanzania, Malawi, Zambia y Mongolia sobre el seguimiento del gasto público. Aunque el reporte no presenta conclusiones concretas sobre las experiencias de las ONGs que conducen encuestas de seguimiento de recursos, ofrece varias lecciones al respecto.
Las ONGs tienen distintas virtudes que pueden aportar al ejercicio del seguimiento del gasto público. Muchas ONGs, sobre todo aquellas que trabajan a nivel local y con membrecía masiva, están ubicadas en comunidades locales y cuentan con una profunda comprensión de los problemas que éstas enfrentan. A partir de este conocimiento, las ONGs pueden darle seguimiento al gasto público y examinar los problemas de mayor interés para las comunidades.
Un aspecto común de la metodología de investigación, empleada por las ONGs es el uso de personas locales para administrar cuestionarios. Con ello se incrementa el entendimiento de los ciudadanos en relación a los presupuestos y se fortalecen las bases para construir actividades de incidencia.
Sin embargo, las ONGs enfrentan desafíos al implementar estos estudios de seguimiento del gasto debido a la falta de acceso a la información. Hasta cierto punto, este problema es predecible ya que si existiera información confiable y ésta estuviera disponible, un estudio de seguimiento del gasto no sería necesario en primer lugar. No obstante, hay casos en que los datos no son confiables por ser incorrectos y casos en que los funcionaros públicos simplemente se rehúsan a compartir información. (Para más información sobre el acceso a la información del presupuesto, ir a: www.openbudgetindex.org.)
Otro desafío que enfrentan las ONGs es la forma en que los gobiernos siguen complicados sistemas de transferencias financieras para la educación y la salud, en donde los fondos fluyen del nivel central a los distritos, hasta llegar a las escuelas y hospitales. A fin de implementar un estudio de seguimiento del gasto, una ONG necesita estar equipada técnicamente para navegar los complejos procedimientos financieros de dichas transferencias.
Mientras los estudios de seguimiento del gasto tienen el potencial para identificar fugas dentro de un sistema financiero y proponer cambios positivos en la política, estos resultados pueden comprometerse por reacciones adversas de parte del gobierno. El reporte cita un ejemplo en Tanzania, cuando en 2005 una ONG publicó los negativos hallazgos de un reporte de seguimiento de gastos comisionado por el gobierno. La ONG publicó los hallazgos del estudio en medios impresos, programas radiales y televisivos, a lo cual el gobierno respondió con la prohibición de la cooperación entre la ONG y el Ministerio de Educación. No obstante, la presión de la comunidad internacional – junto con la popularidad local de la ONG —evitó que el gobierno censurara a la organización.
Además, el “estudio sobre seguimiento del gasto” se ha convertido en un lema usado por las ONG para definir una serie de actividades en el monitoreo de gastos que incluso van más allá del ejercicio tradicional de seguimiento de recursos. En muchos casos, no sólo se busca identificar fugas de fondos de un nivel gubernamental a otro; sino que a menudo se identifica la escasez de recursos en salud y educación y deficiencias en la calidad de las escuelas y hospitales. Evaluar lo adecuado de las asignaciones presupuestarias, suele ser el enfoque de las encuestas de seguimiento de gastos y puede ser una ventaja más que una debilidad. Esto ya que el principal objetivo de los ejercicios de seguimiento es asegurar que los beneficiarios de servicios – en particular los pobres y marginados – tengan acceso a servicios de alta calidad a partir de sistemas de educación y salud bien financiados.
Mientras que los estudios sobre seguimiento de gastos pueden ser una herramienta útil para las ONGs, tales estudios por sí mismos no capacitan a un grupo para evaluar todos los problemas que busca atender. Por ello, el IBP ha documentado una serie de herramientas que las ONGs pueden utilizar para darle seguimiento al gasto y monitorear los presupuestos gubernamentales, incluyendo libretas de evaluación para los ciudadanos, auditorías sociales y procesos de monitoreo de adquisiciones públicas. Tales herramientas forman parte de un catálogo de metodologías que pueden ser aplicadas por las ONGs para monitorear presupuestos gubernamentales y demandar mejoras en la efectividad de la implementación presupuestaria.
Recientemente, el IBP publicó la guía Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures. Esta guía ofrece una apreciación general de los procesos de implementación de presupuestos gubernamentales, además de proveer herramientas probadas y prácticas que pueden ser usadas por organizaciones de la sociedad civil interesadas en el monitoreo del gasto público. Esta publicación se encuentra disponible en la página del IBP: www.internationalbudget.org.
Para más información, contactar a Vivek Ramkumar a [email protected].
Indonesia aprueba ley de libertad de información por Dedi Haryadi
Aunque no entrará en vigor hasta el 2010, la aprobación de la Ley de Libertad de Información (FOI, por sus siglas en inglés) en Indonesia el pasado 3 de abril del 2008 marcó un momento histórico no sólo para los activistas que realizan trabajo presupuestario aplicado; sino para el público en general. Después de más de ocho años de actividades de incidencia por parte de una coalición entre ONGs, agencias financiadoras, periodistas y varios grupos, las 10 facciones del parlamento indonesio aprobaron unánimemente la ley de FOI.
La ley de FOI: 1) obliga a las instituciones públicas a brindar información al público; 2) garantiza que el público tenga el derecho al acceso de la información gubernamental; 3) establece qué información debe ser publicada y cómo debe ponerse a disposición del público; 4) establece los procedimientos para acceder la información; 5) explica qué información debe estar exenta de los requisitos de esta ley; y 6) explica las tareas y funciones de la comisión de información responsable de redactar las normas y procedimientos para implementar la ley.
Este breve artículo examinará las implicaciones políticas y prácticas de esta ley para el trabajo presupuestario aplicado y las actividades de incidencia para procesos presupuestarios transparentes en Indonesia. Políticamente, la aprobación de esta ley es una muestra clara de que los indonesios han logrado recuperar su democracia. La cual ha presentado oportunidades significativas para realizar y fortalecer los derechos civiles y políticos de la población. El reconocimiento de estos derechos contrasta con el gobierno autoritario de Suharto, de décadas anteriores, en donde no se respetaban los derechos civiles y políticos de los indonesios, además de controlar estrictamente el acceso a la información y los medios de comunicación.
Este sistema represivo distorsionaba el proceso presupuestario a nivel local y nacional al generar inconsistencias en la información. Además, no todos los que estaban afectados por las decisiones presupuestarias tenían suficiente acceso a la información para participar efectivamente en esas decisiones. El resultado fue la aprobación de presupuestos desproporcionados al servicio de intereses de élite que ignoraban las grandes necesidades de la nación y su gente. Durante este período no sólo se le negó el acceso a la información al pueblo indonesio; sino también a los miembros del parlamento y a otros funcionarios públicos. El proceso de presupuestos no fue ni responsable, ni transparente y los presupuestos desproporcionados que salieron de ese proceso se caracterizaron por el sobrecargo en los gastos y bajas en los ingresos, además de la notable presencia de gastos fuera del presupuesto.
La implementación de esta ley de FOI reducirá la distorsión en la información del proceso presupuestario en Indonesia y hará que el presupuesto sea más abierto y responsable. Indonesia fue uno de los países incluidos en el Open Budget Index (OBI) en 2006 que mide el nivel de transparencia y participación de los procesos presupuestarios en 59 países. ”…estuve involucrado en la investigación del OBI en donde nuestro país obtuvo la calificación de 0.41, lo que puso a Indonesia en la tercera de cinco categorías de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas,” dijo Haryadi. Los países en la tercera categoría ofrecen información presupuestaria a los ciudadanos y los 21 países en esta categoría incluyen a Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Ghana y la India.
Mejorar el nivel de acceso público a la información en Indonesia es muy importante ya que ayuda a reducir la corrupción. Además, la nueva ley de FOI podría generar mayor participación de la sociedad civil; mejorar el acceso público a la información presupuestaria; aumentar la conciencia sobre temas importantes; y facilitar las actividades de incidencia para presupuestos abiertos y responsables.
El potencial de una nueva ley de FOI se concretará si logramos dirigirnos a tres factores críticos con relación a su implementación. En primer lugar, se necesita fortalecer la demanda pública por la información, incluyendo la presupuestaria. A nivel local, la ausencia de tal demanda pública ha hecho que muchos de los estatutos locales dificulten la transparencia y la participación ciudadana. En segundo lugar, debemos asegurarnos de que el suministro y divulgación de información presupuestaria sea fácil de usar. En tercer lugar, es necesario familiarizar al público con conocimientos básicos presupuestarios para aumentar su capacidad de entender y participar en el proceso presupuestario.
Para mayor información, contactar a Dedi Haryadi a [email protected].
ONGs trabajan en conjunto para lograr mayor participación y transparencia en el proceso de presupuesto de Filipinas por Robert Valencia
En Filipinas la sociedad civil es diversa y dinámica con un récord rico en entrega de servicios, innovación social, activismo y cabildeo político. Como resultado, un número de ONGs y coaliciones son activas en la realización de trabajos de presupuesto a nivel local y nacional. Entre ellas se puede mencionar a “Procurement Watch,” que ha desarrollado metodologías pioneras en el control ciudadano sobre procuraciones nacionales; “Galing Pook,” una fundación que realiza una competencia anual que selecciona y premia a los mejores programas de gobierno locales; y “Philippine Center for Investigative Journalism,” que ha publicado investigaciones presupuestarias que han alcanzado impacto político.
Sin embargo, los proyectos realizados por organizaciones de la sociedad civil (OSCs) a nivel nacional y subnacional podrían ser más decisivos y analíticos si los grupos tuvieran mayor capacidad de análisis presupuestario e incidencia. Por esta razón, el pasado mes de mayo “Social Watch Philippines” organizó un panel sobre la incidencia presupuestaria y sus desafíos. Igualmente, presentó algunos avances en los procesos presupuestarios en Filipinas. Dividido en tres sesiones, la reunión tocó temas vitales como el análisis presupuestario, estrategia de incidencia mediática y experiencia internacional en incidencia presupuestaria.
Dentro del selecto grupo de panelistas se encontraba Ravinder Singh Duggal, quien explicó que existen varias maneras en las que se pueden influenciar los presupuestos y su rendición de cuentas. Duggal mencionó que el trabajo en las diferentes etapas del ciclo presupuestario ha sido tomado como un tema de buena gobernabilidad por un creciente grupo.
Además, subrayó la necesidad de una mayor transparencia presupuestaria en Filipinas con base en los resultados del Open Budget Index (OBI) de IBP 2006—un estudio sobre apertura, transparencia y responsabilidad del proceso presupuestario en 59 países. En este estudio, Filipinas ofrece cierta información sobre el presupuesto a sus ciudadanos. Un resumen del OBI y sus resultados para Filipinas se puede ver aquí: https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/country-info/?country=ph
Esta reunión sirvió para discutir las lecciones tomadas del “Alternative Budget Initiative” (ABI), un consorcio de grupos de la sociedad civil y legisladores progresistas en el país. Dentro de estas lecciones están la importancia de vincular socios clave en el proceso presupuestario y la necesidad de colaboración entre las OSCs con capacidades distintas. Promovido por el “Social Watch Philippines,” ABI motiva a las OSCs a adquirir las capacidades necesarias para entender la dinámica de la sincronización y acercamiento a la hora de vincular legisladores, al igual que llevar a cabo investigaciones actualizadas para crear prioridades racionales que los guiarán en la creación de propuestas presupuestarias.
Durante la reunión se enfatizó la necesidad de aprovechar la reciente resolución aprobada por la cámara de representantes del país, la cual permite que las ONGs participen en la preparación del presupuesto nacional. Esta nueva resolución permite a las ONGs vincularse de manera activa en el proceso presupuestario y establece reglas formales de comunicaciones con los legisladores.
Se recomendó el uso de estrategias mediáticas en incidencia presupuestal, así como el desarrollo de paquetes de bajo costo, bitácoras (blogs), comunicados de prensa y podcasts para transmitir propuestas a nivel mundial. Asimismo, los asistentes fueron exhortados para que usen el cabildeo como parte de un plan de incidencia que atraería la atención de los legisladores.
También se discutió el futuro, los desajustes en el desempeño y otras actividades específicas en sectores como la protección ambiental, agricultura, educación y salud en Filipinas.
Para mayor información sobre “Social Watch Philippines,” ir a http://socialwatchphilippines.org/.
La ley de divulgación de transparencia de industrias extractivas se presenta ante el Congreso de Estados Unidos por José Marín
El 15 de mayo del 2008 el representante Barney Frank, presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Diputados de Estados Unidos y los copatrocinadores presentó la Ley de Divulgación de Transparencia de Industrias Extractivas (EITD, por sus siglas en inglés), para consideración del congreso. El EITD requeriría que las compañías petroleras, de gas y minería – incluidas en la Comisión de Intercambio y Seguridades de Estados Unidos (SEC) – presenten todos los pagos realizados a gobiernos en el exterior. La ley está diseñada para poner fin a la corrupción en países en donde las compañías extractivas tengan una significativa participación en la economía y ayuden a incrementar la responsabilidad de los gobiernos extranjeros, así como fomentar buenas prácticas de negocios para los inversionistas y sus compañías.
Los gobiernos de países ricos en recursos naturales reciben sustanciosos pagos de parte de compañías extranjeras para realizar operaciones extractivas. Sin embargo, muchos de estos pagos no son contabilizados y en muchas ocasiones terminan siendo mal manejados o malversados por funcionarios corruptos. Como evidencia de que estos gastos no siempre se usan adecuadamente, dos tercios de la población más pobre del mundo vive en 50 o más países que pueden catalogarse como ricos en recursos, dando paso a lo que se conoce como la “maldición del recurso” o “la paradoja de los ricos.” Además de los altos niveles de pobreza, muchos de estos países se caracterizan por tener una pobre gobernabilidad y gran inestabilidad.
Esta ley solicitaría que tales compañías revelen pagos de más de US$100,000 realizados a gobiernos extranjeros por extracciones petroleras, de gas y minería. La EITD se aplicaría a todas las compañías mencionadas en el SEC, incluyendo las estadounidenses y las extranjeras. Además, la ley se aplicaría a las compañías petroleras, de gas y minería más grandes del mundo sentando un precedente respecto a la apertura de información. La ley también exige que la información esté a disposición del público y disponible en Internet. Esta regulación no penalizaría, ni promovería acciones cívicas respecto de ninguna transacción.
La EITD beneficiaría a inversionistas y compañías, así como a Estados Unidos y otros países. La transparencia que surgiría de esta ley le permitiría a los inversionistas a evaluar riesgos potenciales debido a la inestabilidad que se viven en algunos de estos países. En este caso, la EITD ayudaría a las empresas a defender su reputación al hacerle frente a acusaciones injustas de los gobiernos en relación a los pagos. La ley les permitirá a los ciudadanos de esos países solicitar rendición de cuentas y aumentar los niveles de buena gobernabilidad y estabilidad. Estados Unidos también se beneficiaría al reducir la inestabilidad en estos países que le suministran recursos naturales.
Este aumento en el nivel de transparencia le permitiría a los grupos de sociedad civil en estos países acceder información que anteriormente estaba restringida por acuerdos de repartición de utilidades. Ya existe una iniciativa voluntaria llamada “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) que motiva a los países ricos en recursos naturales a reportar pagos e ingresos procedentes del petróleo, minería o gas. La EITD complementaría esta iniciativa ya que obligaría a las compañías a publicar los pagos realizados a gobiernos de países que no pertenecen al EITI.
Como lo mencionó el Dr. Morton H. Halperin, director ejecutivo del “Open Society Policy Center,” “la libertad de información hecha posible por esta ley sacará a la luz los miles de millones de dólares que los gobiernos reciben por contractos petroleros, de gas y mineros. Esto permite la rendición de cuentas de parte del gobierno para con los ciudadanos y la comunidad internacional respecto a cómo se gasta el dinero.”
Es posible encontrar leyes similares alrededor el mundo. El Parlamento Europeo aprobó una enmienda de su Orden de Obligaciones de Transparencia, la cual se efectuó en enero 2007 y promueve reportes públicos de parte de los estados miembros de la Unión Europea sobre pagos hechos a gobiernos a través de compañías extractivas enlistadas en la bolsa de valores europea. A finales del 2007, el Parlamento Europeo recomendó nuevos estándares internacionales de contabilidad que requieren reportes obligatorios del pago de ingresos a compañías extractivas.
En el Reino Unido, todas las compañías extractivas que pertenecen al Mercado de Inversión Alternativa — parte de la bolsa de valores de Londres — debe reportar todos los pagos hechos por adquisición o mantenimiento de bienes a cualquier gobierno por un valor superior a las £10,000. Noruega, por su parte, pide que todas las compañías en ese país reporten pagos a gobiernos extranjeros por extracción de recursos naturales al “Brønnøysund Register Center” del Ministerio de Comercio e Industrias de Noruega.
“En muchos países, el hallazgo de recursos naturales valiosos ha traído más mal que bien. El principio de que la gente conozca el ingreso generado por los recursos de su nación no debería de ser un punto de controversia,” subrayó Frank.
Para mayor información, ir a www.pwypusa.org. Toda la información en este artículo fue obtenida en el sitio electrónico de “Open the Books” y de “Publish What You Pay” USA.
Presupuesto participativo en Brasil: una visión desde India por Vinod Vyasulu
Brian Wampler publicó un fascinante libro titulado “Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation and Accountability,” que examina uno de los ejemplos más interesantes de participación ciudadana en el proceso presupuestal. [1]
Wampler llevó el debate sobre presupuesto participativo fuera de la ciudad de Porto Alegre y examinó otras ciudades brasileñas. Durante el proceso, describe lo excepcional de la experiencia de Porto Alegre y los factores que comparten los ejemplos de presupuestos participativos revisados.
El principal argumento del libro es que “la principal variación en la delegación de autoridad para sus ciudadanos…puede ser explicada por (a) incentivos administrativos de la alcaldía a la hora de repartir autoridad; (b) el marco legal para transferir autoridad a los ciudadanos; y (c) cómo las OSCs y los ciudadanos responden a las nuevas instituciones.” Es decir, que las condiciones iniciales cuentan y las variaciones de dichas condiciones hacen que las predicciones sean riesgosas. En su caso, las condiciones iniciales en Porto Alegre fueron prometedoras.
El hecho de que haya variaciones en un país tan grande como Brasil no sorprende. Pero el hecho de que el presupuesto participativo se haya expandido en todo el país es algo digno de destacar. Aquellos que hemos trabajado con presupuestos como una herramienta de democracia o como un punto de entrada para debates sobre prioridades públicas, tenemos mucho que aprender del libro de Wampler. Ante esto, no puedo dejar de preguntar lo siguiente: ¿Qué ha hecho que esto se diera en Brasil y no en la India, un país que cuenta con un sistema democrático desde 1947?
Intelectuales indús han tratado de responder a esta pregunta. Una visita a Brasil, incluyendo puntos en algunas ciudades que Wampler incluye en su estudio, nos enseño a mí y a Chiranjib Sen que parte de la respuesta está en que el contexto histórico entre estos dos países es distinto.
Wampler subraya un punto inesperado, al mencionar que el régimen militar de Brasil fue un factor importante en hacer del presupuesto participativo algo posible en el país. En los años ochenta, Brasil se embarcó en una dura y larga batalla por recuperar la democracia. Este esfuerzo estuvo caracterizado por la presencia de una dictadura militar y por la lucha del Partido de los Trabajadores (PT). Un reconocimiento por la importancia de las instituciones de la sociedad civil se desarrolló y fue fomentada en este tiempo. Por lo tanto, cuando la nueva constitución se estaba escribiendo, el PT y otros jugaron un papel importante en la definición de Brasil como la unión del estado federal, las provincias y municipalidades. Algo único fue proveerle a las municipalidades un estatus constitucional dentro del cual se pudiese experimentar—una diferencia con India.
Ya que la dictadura militar había creado desconfianza en el estado, se le dio poder político a la gente. Un espacio fue creado por la sociedad civil (conselhos) de tal manera que no ha sucedido en otros países, ni siquiera en India. A nivel municipal en Brasil hay concejales electos y un grupo de delegados participativos. Cuando los dos trabajan en conjunto con un alcalde solidario, tenemos como resultado Porto Alegre.
Cuando el PT ganó la elección en Porto Alegre, fue capaz de moverse decisivamente. El alcalde tuvo estatus constitucional y contó con legitimidad para incorporar a la sociedad civil en el proceso. Hubo un grupo de personas que habían sido instruidas por la lucha mencionada anteriormente y quienes trabajaron organizadamente para traer personas, incluyendo pobres y mujeres al presupuesto participativo. Muchos estudios se enfocan en los detalles de la experiencia de Porto Alegre, pero no en lo que la hizo posible. Las condiciones iniciales son importantes, pero en este caso fueron favorables.
Otras ciudades tuvieron una historia diferente, la cual influenció su experiencia con el presupuesto participativo. El trabajo de Wampler en resaltar estas variaciones y matices ayuda a nuestra comprensión, no sólo del presupuesto participativo; sino del proceso presupuestario local en general.
La conclusión de Wampler merece ser citado en detalle: “OSCs… ONGs… agencias internacionales de financiamiento e institutos de investigaciones que abogan por la adopción de entidades participativas necesitan estar más informados sobre cambios potenciales asociados con el funcionamiento de las instituciones participativas… Cuando los gobiernos no están interesados en promover estos nuevos espacios institucionales, están sujetos a pasar por alto las demandas de los actores del presupuesto participativo, neutralizando a la institución.”
El argumento de que el presupuesto participativo necesita tanto la cooperación del gobierno como una forma de protesta nos hace reflexionar sobre la importancia de ambas formas de trabajo. Pero, ¿cuándo se debe cooperar y cuándo se debe protestar? Y ¿Cómo reducir la brecha entre aquellos que piensan que el gobierno tiene intereses vendidos y aquellos que dicen que es posible promover el cambio desde dentro? No es una tarea fácil.
En comparación con lo que estaba disponible a comienzos de los noventa, hemos visto un progreso que nos ha permitido responder a estas preguntas. Además del libro de Wampler, un trabajo reciente del “Brookings Institution’s Transparency and Accountability Project” sobre estos asuntos en algunos países ofrece una nueva perspectiva y conocimientos importantes.
Le corresponde a las OSCs digerir esta información y aplicarla en su trabajo. No existe una fórmula general. En todos los casos, de deben de hacer apreciaciones y reconocer que éstas pueden estar equivocadas, en cuyo caso también se puede aprender de la experiencia.
[1] Para una discusión sobre el equivalente indio, ver el libro “Panchayats, Democracy and Development,” Rawat Publishers, Jaipur, 2000.
Para mayor información, contactar Vinod Vyasulu a [email protected].
Michael Edwards cuestiona el filantrocapitalismo en su nuevo libro por Robert Valencia
Michael Edwards, director de los programas de gobernabilidad y sociedad civil de la Fundación Ford, lanzó recientemente su libro “Just Another Emperor: The Myths and Realities of Philanthrocapitalism,” en el cual resalta inquietudes sobre la creciente influencia de la ideología mercantil y de negocios en el mundo de la filantropía. En un artículo sobre su libro, Edwards describe el filantrocapitalismo como “un movimiento que une al poder de los negocios y el mercado con las metas de cambio social.” [1]
Edwards subraya puntos importantes relacionados al filantrocapitalismo —y el sensacionalismo que lo rodea— que pueden distraer la atención de los cambios profundos necesarios para transformar a la sociedad. Argumenta que aquellos en favor de extrapolar los principios del mundo de los negocios al mundo de la sociedad civil ignoran los costos que esto implica. Edwards explica que, mientras los esfuerzos de los filantrocapitalistas por desplegar métodos mercantiles para distribuir bienes y servicios pueden funcionar a menor escala, “la evidencia sugiere que estos métodos son difíciles de operar exitosamente a gran escala y que con frecuencia se traducen en costos y beneficios entre sus metas financieras y sociales.” Al respecto cita una encuesta de 25 alianzas en los Estados Unidos, en donde todas a excepción de tres iniciativas se caracterizaron por la falta de congruencia entre su misión y su objetivo principal. Más aún, las dos alianzas encuestadas que mostraron mayor éxito en términos financieros fueron también las que más se alejaron de su misión social al enfocarse en actividades que parecieran incrementar ingresos a costa del activismo y de los servicios a los más necesitados o a los clientes más difíciles de servir.
Edwards identifica algunas tendencias preocupantes relacionadas con la popularidad del enfoque mercantil aplicado al cambio social como:
- “La pérdida de independencia que viene de la dependencia del sector privado o del gobierno y, por consiguiente, el constante debilitamiento de la habilidad de la sociedad civil de exigir rendición de cuentas,”
- “la disminución de comportamientos por competencia e incentivos financieros (como por ejemplo, voluntarios remunerados),” y
- “el incremento en la desigualdad dentro de la sociedad civil, entre proveedores de servicios de altos recursos (u otros grupos que de acuerdo a ciertos inversionistas de peso tienen un buen desempeño) así como grupos comunitarios de bajos recursos y grupos de incidencia”
A la vez que Edwards reconoce que el filantrocapitalismo pudo haber aumentado el tamaño general de la sociedad civil, también admite que se ha hecho poco por fomentar la capacidad de la sociedad civil a fin de realizar una transformación social. Menciona que esto sucede porque “la lógica de los negocios y la transformación social no sólo son diferentes — sino que van en direcciones opuestas de muchas formas.” Edwards elabora un contraste entre la sociedad civil, el éxito bajo el cual se basa “la calidad de las interacciones entre la gente, las capacidades y las instituciones que ellos ayudan a crear” y la ciencia métrica de los negocios que “privilegian el tamaño, crecimiento y la participación del mercado.” En palabras de Edwards, “los filantrocapitalistas no tienen ánimos de esperar resultados y las medidas que ellos usan para evaluar el éxito se enfocan en ganancias materiales a corto plazo; mas no en cambios estructurales de valores, poder y relaciones a largo plazo.”
Edwards concluye que “el aumento en la concentración de riquezas y poder entre los filantrocapitalistas no es sana para la democracia” y advierte que “el uso del pensamiento de negocios y mercado puede dañar a la sociedad civil, que es el crisol de la política democrática y la transformación social.” Él hace un llamado a un debate público global para responder a la pregunta de 550 mil billones de dólares (la cantidad de filantropía que se espera será creada tan solo en los Estados Unidos durante los próximos 40 años): ¿usaremos estos recursos para dedicarnos a la transformación social o simplemente los malgastaremos en los síntomas?
En respuesta a Edwards, Gara LaMarche, CEO de “The Atlantic Philanthropies,” dice que aunque está de acuerdo en muchos de los planteamientos de este libro, “es erróneo presentar lo que Edwards llama ‘filantrocapitalismo’ como algo en contra de la filantropía tradicional, porque gran parte de su crítica también se aplica a fundaciones bien establecidas que difícilmente estuvieron a la vanguardia de movimientos sociales.” [2] LaMarche señala algunos ejemplos en donde el apoyo de fundaciones jugó un papel en campañas de cambio social como la campaña de derechos civiles y los movimientos de mujeres; pero argumenta que “un cambio social significativo que trastorna el orden social establecido raramente recibirá — por lo menos no en las primeras etapas—apoyo de las instituciones del status quo.”
LaMarche no ignora el, a veces, papel catalizador que las fundaciones han jugado en el cambio social y cita como ejemplos un reporte de Gunnar Mrydal sobre racismo que fuera comisionado por la Fundación Carnegie titulado “Un Dilema Americano” y el papel de George Soros en avanzar el debate sobre reformas políticas de drogas. Sin embargo, dice que “en las fundaciones no es en donde se origina el movimiento social y, en este sentido, la nueva ola de capitalistas agresivos se asemeja a las fundaciones más antiguas que ellos mismos están comenzando a dejar en segundo plano.”
Aunque LaMarche está de acuerdo en que el énfasis que los filantrocapitalistas ponen en cuantificar y en aplicar los mecanismos de mercado a la sociedad civil y al cambio social ha sido exagerado, argumenta que hay una verdadera necesidad de parte de los activistas de justicia social y las fundaciones que los financian de atender las inquietudes de los donatarios respecto al impacto del financiamiento hacia políticas sociales y actividades de incidencia. LaMarche dice, “esto no significa que debamos convertirnos en “contadores de semillas”, o adoptar el complicado argot del mundo corporativo. Pero sí significa que debemos tener control de la discusión sobre “evaluación” y trabajar juntos para desarrollar herramientas que permitan comunicar la importancia y el impacto de la filantropía de justicia social para aquellos que todavía no están cantando el mismo son.”
Para bajar la publicación, ir a:
http://www.nonprofitquarterly.org/images/fbfiles/files/Just_Another_Emperor.pdf.
[1] A menos de notificarse lo contrario, todas las citas de Michael Edwards pertenecen al análisis titulado “Philanthrocapitalism: After the Goldrush,” escrito por él mismo el 20 de marzo del 2008 para “Open Democracy” y descargado del http://www.opendemocracy.net/node/36008/print el 1 de julio del 2008.
[2] A menos de notificarse lo contrario, todas las citas de Gara LaMarche fueron tomadas del análisis titulado “Philanthropy for Social Change: A Response to Michael Edwards” publicado por “The Atlantic Philanthropies” el 9 de abril del 2008, y descargado el 1 de julio del 2008.
Esfuerzo colectivo para el financiamiento sustentable de prácticas de inmunización por Christina Morgan
Los programas de inmunización salvan miles de vidas en el mundo en vías de desarrollo y con la introducción de nuevas vacunas se salvarán muchas más. Sin embargo, mientras que vacunas nuevas y más costosas entran en el mercado global, muchas naciones en vías de desarrollo luchan por financiar sus programas de inmunización. Para hacer énfasis a este creciente desafío, el “Sabin Vaccine Institute” (http://sabin.org/) ha lanzado el proyecto de activismo para el financiamiento sustentable de inmunización. Con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates, esta actividad de incidencia concentra sus esfuerzos en 12 naciones africanas: Camerún, Etiopía, Kenia, Leona, Liberia, Malí, Mozambique, Nigeria, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra, Uganda y tres naciones asiáticas: Camboya, Nepal y Sri Lanka. Lograr sistemas de inmunización sustentable puede demostrar la capacidad de un país al prestar un servicio público en sus propios términos.
El proyecto de incidencia tomará dos enfoques para establecer mecanismos de financiamiento para la inmunización sustentable. Primero, los expertos en administración fiscal y salud pública que integran el equipo del proyecto servirán como facilitadores para los actores en la inmunización doméstica: no solamente los parlamentarios o los ministerios de salud y finanzas; sino también las partes involucradas de la sociedad civil y del sector privado. Al vincular a estos participantes en el proceso presupuestal se incrementa la transparencia y la rendición de cuentas.
Un segundo planteamiento es que el proyecto operará dentro de un marco de acción colectivo. El equipo del proyecto de incidencia ayudará a establecer metas, además de fortalecer la comunicación y colaboración entre participantes domésticos y las partes involucradas del “Global Alliance for Vaccines and Immunization” (GAVI, por sus siglas en inglés), como la UNICEF, Organización Mundial para la Salud (OMS) y el Banco Mundial, quienes juegan un papel esencial en el financiamiento nacional de los sistemas de inmunización. El equipo visitará cada país trimestralmente para recolectar información y retroalimentar a las partes involucradas. La acción colectiva también será apoyada a través de intercambios frecuentes de las partes involucradas en diferentes países. Al actuar colectivamente, los participantes intercambiarán sus mejores prácticas y perfeccionarán sus habilidades presupuestarias.
El objetivo principal del proyecto es ayudar a cada país a crear fondos para la inmunización, lo que implica garantizar nuevas y diversas fuentes de financiamiento en el largo plazo. La sustentabilidad se puede lograr cuando cada país cumple con los costos de inmunización mediante una combinación de fondos externos y domésticos a largo plazo. Tanto los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación y parlamentos jugarán un papel para conseguirlo. El proyecto de incidencia espera que los 15 países participantes hayan alcanzado la meta de financiamiento sustentable para el 2015. En caso de tener éxito los innovadores enfoques de financiamiento para la inmunización se pueden adaptar a otras áreas de desarrollo.
Para mayor información sobre esta iniciativa, ir a: http://www.sabin.org/programs/vaccine-advocacy-education/sustainable-immunization-financing-sif-program, contactar a Mike McQuestion [email protected], o Christina Morgan [email protected].
Creación de infraestructura fiscal en países post-conflicto por José Marín
Recientemente, la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) dio a conocer un nuevo estudio titulado “Building Fiscal Infrastructure in Post-Conflict Countries.” El estudio se basa en las experiencias de siete países que han surgido de conflictos armados. Los hallazgos de este reporte son el reflejo de otro estudio llamado “Rebuilding Fiscal Institutions in Postconflict Countries” por Gupta, Tareq, et al, que resume las experiencias del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FAD, por sus siglas en inglés) en la reconstrucción de instituciones fiscales en 17 países post-conflicto. A continuación se presenta un resumen de las lecciones clave obtenidas por las recientes experiencias del USAID y el trabajo del FMI.
Los países post-conflicto dependen de sus instituciones fiscales para regresar a la normalidad. Durante este proceso el gobierno es llamado a comenzar su reconstrucción e institucionalizar programas para aliviar agravios y estabilizar la economía. Con respecto a esto, los gobiernos de países emergentes de conflictos armados necesitan un sistema que les permita generar ingresos y hacer gastos a fin de satisfacer las necesidades del país. El reporte de USAID define la infraestructura fiscal como el conjunto de sistemas que manejan ingresos públicos, gastos, análisis de política fiscal, creación de políticas, y la recolección y reporte de estadísticas fiscales y económicas.
Los países incluidos en el reporte de USAID son Afganistán, Angola, Bosnia Herzegovina, El Salvador, Guatemala, Kosovo y Liberia. El reporte identifica los desafíos comunes que enfrentan los países al igual que las lecciones clave que surgen de la experiencia de cada caso. Finalmente, el reporte ahonda en los problemas de la secuencia de actividades, identificando aquellos que son más urgentes y que deberían ocurrir primero en el proceso de la reconstrucción de las instituciones fiscales.
Lecciones aprendidas
Ambos estudios compartieron algunos hallazgos clave, incluyendo la conclusión de que los gastos deberían ser uno de los primeros asuntos a tratar, especialmente por las demandas repentinas de recursos que requieren los esfuerzos de reconstrucción. El sistema de gastos debe ser simple, fácil de administrar y transparente. Para lograrlo, el FAD identifica dos pasos significativos: 1) crear una tesorería y un sistema de pago y 2) crear una sola cuenta para la recaudación de ingresos el desembolso de pagos para asegurar reportes más completos y precisos.
Una de las áreas prioritarias identificadas en el informe del USAID es la necesidad de tomar control sobre los procesos de recibos. La demanda por gastos durante la reconstrucción requiere que se establezcan sistemas simples para agilizar el proceso de recibos con el fin de recaudar impuestos rápidamente. Ambos reportes ponen énfasis en la importancia de enfocarse en los impuestos indirectos —como los impuestos de aduanas— para recaudar fondos de manera simple y rápida. Aunque se conoce que estos impuestos no son tan óptimos para la economía a largo plazo, es un mal necesario a corto plazo. Además, algunas instituciones fiscales en países post-conflicto no tendrían la capacidad de implementar impuestos directos, que son más complejos de administrar y de garantizar con su cumplimento. Por lo tanto, es importante introducir gradualmente una estrategia de políticas de impuestos para la reconstrucción de las instituciones fiscales que sea consistente con la habilidad de las autoridades para administrar los recursos y con la capacidad de la economía de integrarlos.
Ambos reportes observan la importancia de las instituciones fiscales y el fomento de sus capacidades. Aunque el desarrollo de dichas instituciones es un proceso a largo plazo, los donatarios deben hacer el esfuerzo de fortalecer las capacidades locales tan pronto como sea posible. Tanto las habilidades administrativas como las analíticas deben ser desarrolladas si el sistema de manejo financiero público es sustentable. El informe de USAID habla de que la necesidad de atender los débiles sistemas de estadística podría incluirse en este proceso.
Finalmente, los reportes de FAD y USAID indican que la coordinación entre los donatarios es esencial, debido a las grandes entradas de ayuda a países post-conflicto. De acuerdo con el reporte del USAID los donatarios deben hacer más que simplemente reunirse periódicamente para discutir el trabajo que realizan individualmente. En lugar de eso los donatarios deben de tomar un enfoque integral hacia el mismo objetivo.
Existen varias fuentes en Internet sobre la reconstrucción de instituciones fiscales en países emergentes de conflictos. Para mayor información ver la bitácora del Fondo Monetario Internacional, PFM Blog y en el sitio electrónico del USAID sobre reformas fiscales en http://www.fiscalreform.net/. Asimismo, el Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York tiene una sección titulada “Public Finance and Economic Recovery” sobre los entornos emergentes de conflictos armados.
Telefonía celular y el activismo de las ONGs. Entrevista con Katrin Verclas de MobileActive.org por Robert Valencia
Con más de 3.5 billones de teléfonos celulares alrededor del mundo, los servicios de telefonía celular se están convirtiendo en una herramienta de gran potencial para las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y sus actividades de incidencia y estrategias de participación. Con ello se puede revolucionar la manera en que las organizaciones prestan servicios, ofrecen acceso a la información y promueven la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, La Cruz Roja Americana ha utilizado la tecnología SMS (“short message service” o mensajería de texto) para robustecer sus esfuerzos de asistencia permitiéndoles a los usuarios de celulares en Estados Unidos hacer donativos deducibles de impuestos a la Cruz Roja mediante el simple envío de un mensaje de texto con la palabra “Help” (ayuda). Como parte de estas iniciativas de asistencia, los portadores de teléfonos celulares ahora pagan menos por el servicio de envío de mensajes.
El IBP recientemente entrevistó a Katrin Verclas de “Mobileactive.org” sobre los avances del uso de la tecnología celular en actividades de incidencia. Experta en el impacto social mediante el uso de la comunicación móvil, Verclas ha dirigido varias ONGs como “NTEN: The Nonprofit Technology” y trabajado para “Proteus Fund” en donde se enfocó en el uso de la tecnología en la participación cívica y democrática y la transparencia gubernamental.
Antecedentes
MobileActive.org es una red internacional de 3,000 voluntarios — formada por expertos en tecnología, activistas, personal de ONGs, organizaciones intermediarias, prestadores de servicios y organizaciones que financian proyectos de tecnología móvil — dedicados al uso de los teléfonos celulares para bienestar mundial. Su misión es aumentar la efectividad de las ONGs alrededor del mundo y reconocer que la proliferación de los teléfonos celulares ofrece oportunidades sin precedentes para tareas organizativas, esfuerzos de comunicaciones y servicios de información. Los miembros de la red buscan ampliar su acceso a ideas, experiencias y conocimientos sobre el uso de la tecnología móvil para tener impacto social; reducir el costo de aprendizaje vinculado a la propagación de la tecnología móvil; acelerar el uso por parte de las ONGs de estrategias efectivas y tácticas de activismo móvil y brindar una plataforma comprensiva para la creación de alianzas y facilitar el acceso a la tecnología y el financiamiento.
Los miembros de MobileActive.org trabajan conjuntamente para crear los recursos que las ONGs necesitan para el uso efectivo de los teléfonos celulares en su trabajo. Es decir, contenido y servicios de relevancia local, así como apoyo y oportunidades de aprendizaje y redes que les ayuden a los participantes a vincularse unos con otros. Con estos recursos, miles de ONGs estarían mejor posicionadas para enriquecer y servir a sus comunidades.
IBP: ¿Cuáles son algunos ejemplos del uso de los teléfonos celulares por parte de activistas?
Katrin Verclas: Este es un campo poco explorado en donde distintas organizaciones intentan diferentes cosas, en algunos casos con verdadero éxito. Existen varios estudios de caso que demuestran que el uso de la tecnología SMS en el trabajo de activismo de las ONGs como “Greenpeace,” logró afectar una ley mediante la creación de una base de datos de simpatizantes. Se reunieron alrededor de 300,000 números de teléfono a través de un formato de Internet y 50,000 más fueron recopilados por correo electrónico y por voluntarios en calles muy transitadas. Otros grupos activistas como “World Wildlife Fund” en Sudáfrica han utilizado las líneas de información SMS para informar al público en el momento de comprar un producto (en este caso pescado) para informarles si éste se produjo bajo estándares ecológicos responsables.
IBP: ¿Existen iniciativas en donde el uso de teléfonos celulares se haya utilizado para la recopilación de información presupuestaria, el monitoreo o el activismo presupuestario?
Katrin Verclas: Aún no. Sin embargo, estamos explorando junto con varias agencias financiadoras y organizaciones de activistas cómo los grupos de monitoreo de presupuestos pueden utilizar la tecnología celular y otros medios novedosos en sus campañas de activismo. En los próximos meses realizaremos una evaluación comprensiva de los grupos de monitoreo de presupuestos interesados en integrar el uso de teléfonos celulares en su trabajo.
IBP: Hemos visto las ventajas del uso de los teléfonos celulares en esfuerzos de activismo. ¿Existen dificultades que las ONGs pueden enfrentar al utilizar SMS y cómo se les podría ayudar a superar dichos obstáculos?
Katrin Verclas: Sí, el uso de teléfonos celulares para la participación y el activismo no es algo sencillo. Existen varias dificultades como la falta de una estrategia clara de tecnología “know-how,” de recursos monetarios (ya que las campañas móviles pueden ser muy costosas) y de aplicaciones. Hemos hecho una comparación de herramientas “hágalo usted mismo” y muchas carecen de funcionalidad y requieren de capacidad tecnológica avanzada. En muchos países existen campañas comerciales que podrían canalizarse hacia estrategias activistas. Finalmente, es importante tener en cuenta el tema de la seguridad en países con ambientes políticos represivos. Cualquier grupo interesado en el uso de celulares debe de estar muy familiarizado con las idiosincrasias respecto al uso de teléfonos celulares a fin de no poner en riesgo su trabajo de ninguna manera.
IBP: ¿Qué sugerencias le daría a una organización que desea integrar el uso de celulares en una campaña activista?
Katrin Verclas: Se necesita pensar muy detenidamente de qué manera conviene más integrar el uso de teléfonos a una estrategia de incidencia. Generalmente, los celulares como un medio interactivo son útiles en situaciones de emergencia y como medio de interacción mutua. Es fundamental tener claro qué aspectos de la tecnología son útiles en el contexto de una campaña. Integrar el uso de celulares en un esfuerzo de incidencia sólo quiere decir que conoces muy bien a tu audiencia y que sabes cómo hace uso de los celulares para sacarle provecho.
“Publish What You Fund ” (PWYF) necesita tu apoyo
La campaña de Publish What You Fund (PWYF) es una nueva iniciativa que promueve el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación para procesos de asistencia financiera más efectivos. Esta iniciativa ha sido desarrollada por “Access Info” y “Tiri” (www.tiri.org) con el apoyo de un grupo de trabajo formado por varias organizaciones (Action Aid, UK Aid Network, DATA, Aidinfo) y con asesoría de “International Alert,” el IBP y “Article 19.” PWYF está por finalizar los principios de la campaña y está solicitando reacciones y retroalimentación de la comunidad internacional de monitoreo de presupuestos.
Para revisar los principios, ir a: https://archive.internationalbudget.org/publications/aid-transparency-assessment/
Para enviar sus comentarios, contactar al director del programa Martin Tisne: [email protected]. La fecha límite para enviar comentarios es el 15 de agosto 2008.
Novedades en la página de presupuestos participativos del IBP
“Participatory Budgeting Unit”
La Unidad de Presupuestos Participativos es un proyecto del “Church Action on Poverty” en el Reino Unido, que apoya el sector público y a grupos comunitarios en el desarrollo de procesos de presupuestos participativos a nivel local en el Reino Unido.
“Participatory Budgeting in Africa: A Training Companion with Cases from Eastern and Southern Africa”
El presupuesto participativo en África es parte de un esfuerzo por estructurar la capacidad de los funcionarios del gobierno local y sus partes involucradas para una mayor responsabilidad y buena gobernabilidad. Esta guía está dirigida a los gobiernos locales y otros actores para preparar, diseñar, iniciar y manejar procesos de presupuestos participativos al capacitar a los actores clave del proceso.
Nuevas publicaciones del Banco Mundial
Nuevas publicaciones de la serie sobre gobernabilidad del sector público y rendición de cuentas:
“Local Public Financial Management”
Este volumen brinda una visión general sobre la información y contabilidad financiera del gobierno local. Ofrece consejos prácticos sobre cómo y cuándo usar la deuda, cómo evaluar si se debe contraer una deuda y cómo manejarla. El informe también resalta el uso de controles internos y auditorías para asegurar la eficiencia e integridad.
“Performance Accountability and Combating Corruption”
Este volumen está organizado en dos partes. La primera trata de las reformas de administración pública para garantizar la integridad y mejorar la eficacia de las operaciones gubernamentales. La segunda ofrece consejos para el fortalecimiento del papel de los representantes de instituciones – como órganos y comités del parlamento — con el propósito de vigilar los programas del gobierno.
International Tax Dialogue
El International Tax Dialogue (ITD, por sus siglas de inglés) es un arreglo cooperativo que involucra al Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de las Naciones Unidas, y el Grupo del Banco Mundial, que motiva y facilita la discusión de asuntos entre funcionarios nacionales de impuestos y organizaciones internacionales.
Finding the Money, editado por Gábor Pétri
Finding the Money es una publicación del “Local Government and Public Reform Initiative” y el “Center for Public Studies at the Central European University.” Se basa en materiales desarrollados como parte de un curso de verano en la Universidad de Europa Central.
by soapbox | May 1, 2008
Démocratisation, visibilité et transparence dans les audits gouvernementaux au Honduras, par Luís Fernando Velásquez Leal
Malgré les importants efforts nationaux et internationaux réalisés en Amérique latine pour renforcer la participation citoyenne dans les processus de contrôle social, les résultats ont été limités du fait du manque de coordination et de communication entre le contrôle social et le contrôle institutionnel exercé par les Entités Fiscales Supérieures (EFS). Traditionnellement, la participation citoyenne au sein du contrôle de la gestion publique s’est limitée à considérer la dénonciation comme un instrument de lutte contre la corruption sans que ses résultats se soient traduits par une amélioration significative de la prestation des services de l’État aux citoyens. Dans certains cas, les EFS perçoivent la participation citoyenne au sein des processus de contrôle comme une intromission dans leur fonction institutionnelle, précisément à cause du manque de méthodologies permettant la participation et la confiance de la citoyenneté en le contrôle institutionnel.
Au Honduras, avec le soutien de la Banque mondiale, a été développée entre septembre 2007 et mars 2008 une méthodologie pour lier les citoyens et les organisations civiles aux contrôles gouvernementaux réalisés par la Cour supérieure des comptes de la République. Ceci représente une expérience pilote orientée à démocratiser, rendre visibles et transparents les contrôles gouvernementaux à travers une alliance stratégique orientée à l’amélioration de la gestion publique.
Une telle expérience est le résultat d’un processus important de planification incluant la définition conceptuelle et la structuration technique de la méthodologie de travail; l’implantation des huit contrôles gouvernementaux avec participation citoyenne en: santé, infrastructure, environnement et municipalités; la formation de contrôleurs et de fonctionnaires publics des entités de contrôle ainsi que de 87 organisations civiles de l’ensemble du pays.
Méthodologie et résultats au Honduras
Le processus de participation citoyenne aux contrôles gouvernementaux a consisté en quatre phases:
Phase 1- Sélection de contrôles avec participation citoyenne: Cette phase consiste en intégrer des informations par les citoyens et les moyens de communication au sein du Plan général de contrôles, comme un élément décisif pour définir les institutions à contrôler.
Phase 2- Information et rapprochement des citoyens: Lors de cette phase sont discutés les fonctions et activités de la Cour supérieure des comptes, ainsi que celles de la société civile et des institutions contrôlées. Cette phase est importante parce qu’elle établit les alliances sociales et institutionnelles nécessaires pour améliorer la gestion des entités contrôlées et la prestation de services publics. De telles alliances contribuent à renforcer les canaux de communication et à motiver les citoyens à manifester les aspects critiques de la qualité des services.
Phase 3- Développement du contrôle institutionnel: Lors de cette phase, la Cour supérieure des comptes informe les citoyens, à travers des évènements publics, de quelle façon leur apport sera intégré au processus de contrôle, et les aspects et secteurs pour lesquels les contributions des citoyens ne seront pas inclues et pourquoi.
Phase 4- Présentation publique des résultats: La Cour supérieure des comptes présente lors d’évènements publics ses résultats et recommandations pour l’amélioration de la gestion des entités contrôlées, ce qui inclut les fonctions et responsabilités tant du gouvernement que de la société civile. Ces évènements permettent également de générer un espace pour qu’un représentant prenne un engagement public face aux citoyens, afin que se réalise un contrôle social sur les plans d’amélioration institutionnelle.
Phase 5- Suivi citoyen des recommandations d’amélioration de la gestion publique: Cette dernière phase promeut la participation citoyenne et le contrôle sur les plans d’action pour l’amélioration institutionnelle issus des contrôles, en transformant substantiellement les formes traditionnelles de contrôle social au Honduras.
Cette nouvelle méthodologie de contrôle a des implications directes sur crédibilité du travail des entités de contrôle, en générant plus de confiance envers les institutions, tant celles qui contrôlent que les contrôlées. Se renforce également la capacité pour aborder les aspects sociaux et communautaires et les procédures de contrôle qui se transforment en fonction des besoins et des expectatives citoyennes et communautaires sur la qualité des services des entités contrôlées. De la même façon, cela permet l’amélioration de la gestion publique, du fait du contrôle institutionnel.
Le développement des huit audits au Honduras a donné les résultats suivants:
- 479 citoyens provenant de 84 organisations civiles ont participé de manière directe au projet et près de 1200 citoyens ont assisté à la présentation publique des résultats des audits dans chacune des entités contrôlées
- Les entités contrôlées ont signé huit compromis publics pour l’amélioration de la gestion
Grâce à l’information soumise par les citoyens, ont été identifiés les faits suivants:
- 79% de l’information soumise par les citoyens ont été utiles pour le contrôle institutionnel
- 123 déficiences de contrôle interne sur un total de 187 et 12 situations d’illégalité sur un total de 23
- 26 découvertes sur un total de 40 et ont été formulées 118 responsabilités administratives sur un total de 146
- 30 responsabilités administratives sur les 47 instaurées
- 4 indices de responsabilité pénale
- 92.88% du total des responsabilités civiles
Leçons apprises
- Des améliorations importantes de la qualité des contrôles gouvernementaux sont possibles sur un laps de temps court grâce à l’alliance stratégique entre les entités de contrôle, les entités contrôlées et les citoyens.
- Le contrôle sociale exercé à travers les processus de vigilance citoyenne et l’audit social ne substitue pas le contrôle institutionnel exercé par l’institution de contrôle: il le complète, le renforce et contribue à améliorer le rendement institutionnel.
- Une citoyenneté informée et qualifiée sur le fonctionnement des institutions publiques contribue à améliorer les niveaux de transparence dans la gestion des ressources publiques.
- Les comptes-rendus publics facilitent la compréhension et la participation des citoyens sur les questions publiques.
Actuellement, la Cour supérieure des comptes du Honduras implémente cette méthodologie de travail avec les institutions qui selon les citoyens présentent le plus de problèmes dans le développement de leur gestion. Pour plus d’information, aller sur: www.ac-colombia.net.
Participation publique dans la construction de routes aux Philippines et en Inde, par Leodigario R. de Guzmàn et R. Balasubramaniam
L’infrastructure physique est critique pour le développement économique d’un pays. Des routes de qualité non seulement assurent que les produits agricoles et autres marchandises transformées arrivent sur les marchés; elles peuvent également sauver des vies, comme dans le cas décrit dans cet article sur une route conduisant à un hôpital. Des groupes de la société civile de différentes parties du monde se regroupent pour le suivi de projets de construction de routes dans le but d’assurer que la construction et l’entretien soient de qualité. Dans cet article, nous verrons les efforts aux Philippines et en Inde réalisés par deux groupes de la société civile qui se sont rassemblés pour la surveillance de la construction et la réparation de routes.
Philippines: Bantay Lansangan (Road Watch)
Dans un pays en voie de développement comme les Philippines, les routes jouent un rôle – la présence de route de grande qualité marque la différence entre la pauvreté et le progrès. Etant donnée l’importance transcendantale des routes et autoroutes, les problèmes généraux dans les acquisitions gouvernementales et la construction de l’infrastructure nationale sont prédominants. Quand il est demandé aux membres d’une communauté ce qu’ils pensent des routes de leur voisinage, il n’est pas rare de les entendre se plaindre.
En 2007, le gouvernement national, les organisations de la société civile et le secteur privé ont formé Bantay Lansangan (Road Watch), une association entre le gouvernement, des activistes d’organisations non gouvernementales et privées et des partenaires de l’assistance au développement officiel dans le secteur des routes nationales. Cette association, qui réunit 14 organisations, surveille la qualité des services routiers pour satisfaire les besoins des usagers, à travers l’utilisation transparente des ressources publiques, ce qui permet de maximiser la valeur de l’argent et de fomenter l’intégrité corporative.
Un élément clé de Bantay Lansangan est le réseau national de surveillants volontaires pour les projets routiers qui couvrent 15 régions du pays. Bien que cette initiative se situe encore dans une étape de développement, ont déjà été soutenues des réunions avec des partenaires pour concevoir des outils pour le projet de surveillance – tels que l’Etude de satisfaction des usagers de la route – ainsi que pour former les volontaires en charge du suivi des projets.
De la même façon, a été réalisé un «entraînement pour entraîneurs» au début de l’année, au cours duquel les participants ont appris les étapes de la construction de routes, depuis les acquisitions du gouvernement jusqu’à leur entretien. Cette formation sera suivie par une série d’entraînements régionaux qui débuteront en août. Bantay Lansangan a prévu de former 100 surveillants volontaires. En plus des projets de suivi routier, les volontaires formés réaliseront l’enquête de satisfaction des usagers de la route dans leur localité.
Les résultats de ce suivi et de l’étude sur les usagers seront intégrés dans un rapport d’évaluation sur l’état du secteur routier mesurant l’état actuel des systèmes routiers aux Philippines. Le premier rapport devrait être disponible à la fin de cette année.
Les autoroutes et routes jouent un rôle indispensable pour le progrès de la nation. Pour cela, il est vital que les citoyens participent pour assurer leur fonctionnement adéquat. Ce projet de surveillance peut servir de modèle de collaborations pour la bonne gouvernance et la réduction de la pauvreté.
Pour davantage d’informations sur Bantay Lansangan (Road Watch), contacter Leodigario R. de Guzman à [email protected].
Inde: Suivi routier de SVYM
Un autre groupe expérimenté en suivi des routes est le Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) en Inde. Celui-ci a réussi à engager toutes les parties impliquées dans le processus de construction et de maintien de routes, et à augmenter la participation de la communauté. Une étude récente du SVYM présente les leçons apprises de la surveillance des routes dans le village de Kenchanahalli qui fournit un accès vital à un hôpital.
Fondé par le SVYM, Vivekananda Memorial Hospital est un centre hospitalier caritatif qui dispose de 10 lits à Kenchanahalli et est géré par un groupe de docteurs, consacré au service aux habitants tant de la commune que des villages environnants. L’hôpital se trouve sur une route de 13.5 kilomètres qui se trouvait dans un état de détérioration depuis plusieurs années, rendant très difficile son utilisation. «Arriver à temps à l’hôpital était parfois une question de vie ou de mort pour certains patients dans un état grave. Pour ces cas-là, la route était en fait vitale, » explique le Dr. M R Seetharam, chefs des activités de santé du SVYM.
Après d’infructueuses pétitions dirigées aux autorités pour la réparation de cette route, au août 2006 il était attendu que finalement soient réalisés certains travaux sur la voie. Préoccupés par une potentielle «négligence» dans la réparation de la route, le SVYM a formulé une sollicitude au nom du droit à l’information en demandant les détails du contrat. L’investigation réalisée par Lok Ayukta, l’institution anticorruption officielle, a confirmé les mauvaises manœuvres dans les procédures importantes.
SVYM a réalisé que porter plainte contre les entrepreneurs engendrerait une longue procédure légale, et que pendant ce temps, la zone et les habitants manqueraient d’une bonne route. C’est pourquoi le SVYM s’est proposé de réaliser une estimation du travail, de faire appel à des licitations publiques et de récompenser le travail d’entrepreneurs qualifiés. L’entreprise sélectionnée participerait comme un partenaire clé et il lui serait demandé de garantir la qualité de son travail. Les ingénieurs de CNNL, l’entreprise responsable officiellement du travail sur la route, assurerait le respect des clauses et spécifications du contrat. Un aspect très important est que le comité des villages locaux serait formé pour agir comme un groupe de contrôle social. De son côté, le SVYM dispenserait la formation et faciliterait le fonctionnement de ce groupe.
Le rôle du comité de contrôle social, conformé par 22 hommes et femmes, était de surveiller le travail quotidien sur la voie. Ainsi, il a soutenu l’entreprise quand c’était nécessaire et a assuré que la qualité du travail soit consistante. C’était la première fois que la communauté jouait un rôle actif dans le développement d’une route. Comme le mentionne Madan de Kalasoor, «nous avons toujours considéré que le travail des routes est une responsabilité du gouvernement. Si celle-ci était en mauvais état, nous ne faisions rien à ce propos, nous nous plaignions. Désormais, nous avons l’opportunité de nous impliquer activement».
A mesure que le travail progressait, la relation entre les trois actionnaires est devenue plus cordiale et il était plus facile de résoudre les problèmes quand ceux-ci surgissaient. Lors des réunions hebdomadaires, on discutait du progrès du projet, des questions courantes et des observations de la communauté. Comme les membres du comité étaient déjà familiarisés avec le travail de réparation et de construction, ils pouvaient comprendre et traiter les questions techniques, ainsi que répondre aux préoccupations des membres de la communauté sans avoir besoin de déranger l’entrepreneur ou les ingénieurs. Ceci a contribué au fait que les habitants du village se sentent fiers et propriétaires de leur route.
La première phase, qui comprenait un tronçon de 6.5 kilomètres, a été réalisée sans trop de difficultés en un temps record de 6 semaines, et les 6kms restants seront achevés lors de la seconde phase après la fin des moussons.
Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) est une organisation de développement fondée par le Dr. R. Balasubramaniam en 1984 travaillant pour la création d’une nouvelle société civile en Inde avec un personnel spécialisé dans les secteurs de la santé, l’éducation et le développement communautaire. Le SVYM cherche à développer des Solutions locales et innovantes à faible coût pour soutenir la communauté. L’organisation a à son compte plus de 60 projets dans les secteurs de la santé, l’éducation, le développement communautaire et la formation dans les districts de l’État de Karnataka.
Pour plus d’informations, aller sur www.svym.org.in.
Études et leçons apprises des exercices de suivi des dépenses publiques, par Vivek Ramkumar
Récemment, l’IBP a achevé un rapport sur les expériences d’ONG en Tanzanie, au Malawi, en Zambie et en Mongolie sur le suivi des dépenses publiques. Bien que le rapport ne présente pas de conclusions concrètes sur les expériences des ONG conduisant des enquêtes de suivi des ressources, il offre sur ce sujet plusieurs leçons.
Les ONG présentent différentes habiletés qui peuvent contribuer à l’exercice du suivi des dépenses publiques. De nombreuses ONG, surtout celles qui travaillent au niveau local, sont situées dans des communautés locales et disposent d’une grande capacité de compréhension des problèmes auxquelles elles sont confrontées. Grâce à ces connaissances, les ONG peuvent faire le suivi des dépenses publiques et étudier les problèmes d’intérêt majeur pour les communautés.
Un aspect commun de la méthodologie d’investigation employée par les ONG concerne l’utilisation de personnes locales pour administrer les questionnaires. De cette façon, les citoyens peuvent comprendre davantage les questions liées au budget et sont renforcées les bases permettant de construire des activités d’incidence.
Cependant, les ONG sont confrontées à des défis pour implanter ces études de suivi des dépenses du fait du manque d’accès à l’information. Jusqu’à un certain point, ce problème est prévisible puisque s’il existant des informations fiables et disponibles, une étude de suivi des dépenses ne serait pas nécessaire en premier lieu. Cependant, il existe des cas pour lesquels les données ne sont pas fiables parce qu’incorrectes et d’autres cas pour lesquels les fonctionnaires publics refusent tout simplement de partager l’information. (Pour davantage d’informations sur l’accès à l’information budgétaire, aller sur: www.openbudgetindex.org.)
Un autre défi auquel sont confrontées les ONG concerne la manière dont les gouvernements appliquent des systèmes compliqués de transferts financiers pour des secteurs comme l’éducation et la santé, dans lesquels les fonds circulent des niveaux centraux aux districts, avant d’arriver aux écoles et hôpitaux. Pour implanter une étude de suivi des dépenses, ONG doit être équipée techniquement pour naviguer entre les procédures financières complexes de ces transferts.
Alors que les études de suivi des dépenses ont le potentiel pour identifier des fuites dans un système financier et proposer des changements positifs de la politique, ces résultats peuvent être compromis du fait de réactions défavorables de la part du gouvernement. Le rapport cite un exemple en Tanzanie, quand en 2005 une ONG a publié des résultats négatifs d’un rapport de suivi des dépenses commandé par le gouvernement. L’ONG a publié les résultats de l’étude dans la presse écrite, sur des chaînes de radio et de télévision, fait auquel le gouvernement a répondu en interdisant la coopération entre l’ONG et le Ministère de l’éducation. Cependant, la pression de la communauté internationale – conjointement à la popularité locale de l’ONG – a permis d’éviter que le gouvernement ne censure l’organisation.
En outre, «l’étude sur le suivi des dépenses» est devenue une appellation utilisée par les ONG pour définir une série d’activités liées au suivi des dépenses qui vont au-delà de l’exercice traditionnel du suivi des ressources. Dans de nombreux cas, elles cherchent non seulement à identifier des fuites de fonds d’un niveau gouvernemental à un autre mais aussi, souvent, sont identifiés le manque de ressources pour la santé et l’éducation et les déficiences de la qualité des écoles et des hôpitaux. Évaluer le caractère adéquat des allocations budgétaires est généralement l’angle choisi des enquêtes de suivi des dépenses et cela peut être un avantage plus qu’une faiblesse. Puisque le principal objectif des exercices de suivi est de s’assurer que les bénéficiaires des services – particulièrement les personnes pauvres et marginalisées – aient accès à des services de qualité à partir de systèmes d’éducation et de santé bien financés.
Alors que les études sur le suivi des dépenses peuvent être un outil utile pour les ONG, de telles études ne forment pas en elles-mêmes un groupe pour évaluer Tous les problèmes auxquels il veut répondre. C’est pourquoi l’IBP a rassemblé des informations sur une série d’outils que les ONG peuvent utiliser pour faire le suivi des dépenses et surveiller les budgets gouvernementaux, dont les cahiers d’évaluation pour les citoyens, les audits sociaux et les processus de surveillance des acquisitions publiques. De tels outils font partie d’un catalogue de méthodologies pouvant être appliquées par les ONG pour suivre les budgets gouvernementaux et exiger des améliorations dans l’effectivité de l’exécution budgétaire.
Récemment, l’IBP a publié le guide Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures. Ce guide offre une appréciation générale des processus d’implantation des budgets gouvernementaux, en plus de fournir des instruments et techniques validés pouvant être utilisés par des organisations de la société civile intéressées par le suivi des dépenses publiques. Cette publication est disponible sur la page de l’IBP: https://archive.internationalbudget.org.
Pour davantage d’informations sur ce thème, contacter Vivek Ramkumar à [email protected].
L’Indonésie approuve la Loi sur la liberté d’information, par Dedi Haryadi
Bien qu’elle n’entrera pas en vigueur avant 2010, l’approbation de la Loi sur la liberté d’information (FOI sont ses sigles en anglais) en Indonésie le 3 avril dernier a marqué un moment historique non seulement pour les militants qui réalisent un travail budgétaire appliqué; mais aussi pour le public en général. Après plus de 8 ans d’activités de pression de la part d’une coalition d’ONG, d’agences de financement, de journalistes et autres groupes, les 10 factions du parlement indonésien ont approuvé à l’unanimité la loi FOI.
La loi FOI inclut les dispositions suivantes: 1) elle oblige les institutions publiques à fournir des informations au public; 2) elle garantit que le public dispose du droit d’accès à l’information gouvernementale; 3) elle établit quelles informations doivent être publiées et comment elles doivent être mises à la disposition du public; 4) elle établit les procédures pour accéder à l’information; 5) elle explique quelles informations sont exemptes des réquisits de cette loi; et 6) elle explique les devoirs et fonctions de la commission d’information responsable de rédiger les normes et les procédures pour implanter la loi.
Ce bref article étudie les implications politiques et pratiques de cette loi pour le travail budgétaire appliqué et les activités d’incidence pour les processus budgétaires transparents en Indonésie. Politiquement, l’approbation de cette loi est une preuve claire que les Indonésiens sont parvenus à récupérer leur démocratie. Laquelle a fourni des opportunités significatives pour réaliser et renforcer les droits civils et politiques de la population. La reconnaissance de ces droits contraste avec le gouvernement autoritaire de Suharto, de plusieurs décennies en arrière, quand n’étaient pas respectés les droits civils et politiques des Indonésiens, et étaient contrôlés strictement l’accès à l’information et les moyens de communication.
Ce système répressif dénaturait le processus budgétaires aux niveaux local et national en générant des inconsistances dans l’information. En outre, pas toutes les personnes affectées par les décisions budgétaires ne disposaient d’un accès suffisant à l’information pour participer effectivement à ces décisions. Cela eut pour résultat l’approbation de budgets disproportionnés au service d’intérêts d’élite ignorant les grands besoins de la nation et de son peuple. Durant cette période, non seulement a été refusé l’accès à l’information au peuple indonésien; mais aussi aux membres du parlement et à d’autres fonctionnaires publics. Le processus budgétaire n’était ni responsable, ni transparent et les budgets disproportionnés qui sont issus de ce processus se caractérisaient par la surcharge des dépenses et la faiblesse des revenus, en plus de la présence notable de dépenses hors budget.
L’implantation de cette loi FOI réduira les distorsions dans les informations sur le processus budgétaire en Indonésie et rendra le budget plus ouvert et responsable. L’Indonésie est un des pays qui ont été inclus par l’IBP dans l’Index sur le budget ouvert (OBI) en 2006, index mesurant le niveau de transparence et de participation des processus budgétaires dans 59 pays. «…J’ai été impliqué dans l’investigation de l’OBI dans laquelle notre pays a obtenu la qualification de 0.41, ce qui plaçait l’Indonésie dans la troisième catégorie sur cinq de transparence budgétaire et responsabilisation», a déclaré Haryadi. Les pays de la troisième catégorie offrent des informations budgétaires aux citoyens et les 21 pays de cette catégorie incluent la Bulgarie, la Colombie, le Costa Rica, le Ghana et l’Inde.
Améliorer le niveau d’accès public à l’information en Indonésie est très important puisque ceci contribue à réduire la corruption. En outre, la nouvelle loi FOI pourrait générer une plus grande participation de la société civile; améliorer l’accès public à l’information budgétaire; faire prendre conscience de l’importance de certaines questions; et faciliter les activités de défense de budgets ouverts et responsables.
Le potentiel d’une nouvelle loi FOI se concrétisera si nous parvenons à remplir trois facteurs critiques liés à son implantation. Tout d’abord, il est nécessaire de renforcer la demande publique d’information, dont l’information budgétaire. Au niveau local, l’absence d’une telle demande publique a fait que beaucoup de statuts locaux rendent difficile la transparence et la participation citoyenne. En second lieu, nous devons nous assurer que la distribution et la diffusion de l’information budgétaire soit d’utilisation facile. En troisième lieu, il est nécessaire de familiariser le public aux connaissances budgétaires de base pour augmenter leur capacité à comprendre et à participer au processus budgétaire.
Pour davantage d’informations, contacter Dedi Haryadi à [email protected].
Des ONG travaillent conjointement pour promouvoir une plus grande participation et la transparence du processus budgétaire aux Philippines, par Robert Valencia
Aux Philippines, la société civile est diverse et dynamique avec une grande richesse en distribution de services, innovation sociale, activisme et pression pour la réforme des politiques publiques. De ce fait, un certain nombre d’ONG et de coalitions sont actives dans le travail sur les budgets aux niveaux local et national. Parmi celles-ci, on peut mentionner “Procurement Watch,” qui a développé des méthodologies pionnières dans le contrôle citoyen sur les procurations nationales; “Galing Pook,” une fondation réalisant un concours annuel pour sélectionner et récompenser les meilleurs programmes locaux de gouvernement; et “Philippine Center for Investigative Journalism,” qui a publié des investigations budgétaires ayant eu un impact politique.
Cependant, les projets réalisés par des organisations de la société civile (OSC) aux niveaux national et sous-national pourraient être plus décisifs et analytiques si les groupes disposaient d’une plus grande capacité d’analyse budgétaire et d’incidence. Pour cette raison, au mois de mai dernier, “Social Watch Philippines” a organisé un panel dans lequel l’organisation a partagé ses perspectives sur l’incidence budgétaire et ses défis. Elle a également présenté quelques-unes des avancées dans les processus budgétaires aux Philippines. Divisée en trois sessions, la réunion a abordé des thèmes vitaux tels que l’analyse budgétaire, les stratégies d’incidence médiatique et l’expérience internationale en incidence budgétaire.
Dans le groupe sélectionné de panelistes se trouvait Ravinder Singh Duggal, qui a expliqué qu’il existait plusieurs manières d’influencer les budgets et la réalisation de comptes-rendus. Duggal a déclaré que le travail dans les différentes étapes du cycle budgétaire est considéré comme un thème de bonne gouvernance par un groupe croissant.
En outre, il a souligné le besoin d’une plus grande transparence budgétaire aux Philippines sur la base des résultats de l’Index sur le budget ouvert (OBI) de l’IBP 2006 – une étude sur l’ouverture, la transparence et la responsabilité du processus budgétaire dans 59 pays. Dans cette étude, les Philippines offrent certaines informations sur le budget à leurs citoyens. Un résumé de l’OBI et ses résultats peut être consulté à cette adresse: https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/country-info/?country=ph
Cette réunion a servi pour discuter des leçons tirées de l’ “Alternative Budget Initiative” (ABI), un consortium de différents groupes de la société civile et de législateurs progressistes dans le pays. Parmi ces leçons figurent l’importance de relier les partenaires essentiels au processus budgétaire et la nécessité de collaborer entre OSC aux capacités différentes. Promue par “Social Watch Philippines,” l’ABI incite les OSC à acquérir les capacités nécessaires pour comprendre la dynamique de la synchronisation et du rapprochement au moment de lier les législateurs, ainsi que mener des investigations actualisées afin de créer des priorités rationnelles qui les guidera dans la création de propositions budgétaires.
Durant la réunion, l’accent a été mis sur le besoin de profiter de la résolution approuvée récemment par la chambre des représentants du pays, laquelle permet que les ONG participent à la préparation du budget national. Cette nouvelle résolution permet aux ONG de se lier de manière active au processus budgétaire et établit des règles formelles de communication avec les législateurs.
L’utilisation de stratégies médiatiques pour l’incidence budgétaire a été recommandée, ainsi que le développement de paquets de faible coût, blogs, communiqués et podcasts afin de transmettre les propositions au niveau mondial. Par ailleurs, il a été demandé aux assistants d’utiliser la pression dans le cadre d’un plan d’incidence qui attirerait l’attention des législateurs.
Il a été discuté également du futur, des désajustements dans les résultats et d’autres activités spécifiques aux secteurs comme la protection environnementale, l’agriculture, l’éducation et la santé aux Philippines.
Pour davantage d’informations sur “Social Watch Philippines,” aller sur http://socialwatchphilippines.org/.
La Loi sur la divulgation de la transparence des industries extractives est présentée devant le Congrès des États-Unis, par José Marín
Le 15 mail 2008, le représentant Barney Frank, le président du Comité des services financiers de la Chambre des députés des Etats-Unis, et co-partenaires ont présenté la Loi sur la divulgation de la transparence des industries extractives (EITD, de ses sigles en anglais), pour qu’elle soit étudiée par le Congrès. L’EITD requiert que les compagnies pétrolières, de gaz et minières – inclues dans la Commission de commerce et sécurités des Etats-Unis (SEC) – présentent tous les payements réalisés à des gouvernements extérieurs. La loi est conçue pour mettre fin à la corruption dans les pays dans lesquels les compagnies extractives participent de manière significative à l’économie et contribuer à augmenter la responsabilité des gouvernements étrangers, ainsi que promouvoir les bonnes pratiques commerciales pour les investisseurs et leur compagnie.
Les gouvernements des pays riches en ressources naturelles reçoivent des payements substantiels de la part des compagnies étrangères pour réaliser leurs opérations extractives. Cependant, une grande partie de ces payements n’est pas comptabilisée et, dans de nombreux cas, finit par être mal gérée ou détournée par des fonctionnaires corrompus. Comme preuve de que cet argent n’est pas toujours utilisé de façon appropriée, deux tiers de la population la plus pauvre du monde vivent dans 50 pays ou plus pouvant être classés comme riches en ressources, donnant lieu au phénomène connu comme «malédiction des ressources» ou «le paradoxe des riches». En plus des hauts niveaux de pauvreté, beaucoup de ces pays se caractérisent par une faible gouvernance et une grande instabilité.
Cette loi sollicite que de telles compagnies révèlent les payements s’élevant à plus de 100 000 US$ réalisés à des gouvernements étrangers pour extractions pétrolières, minières ou de gaz. L’EITD s’appliquerait à toutes les compagnies mentionnées dans le SEC, incluant les américaines et les étrangères. En outre, la loi s’appliquerait aux compagnies les plus grandes du monde créant ainsi un précédant quant à l’ouverture des informations. La loi exige également que les informations soient mises à la disposition du public et disponible sur Internet. Cette régulation ne pénaliserait pas, ni ne ferait la promotion des actions civiques pour aucune transaction.
L’EITD bénéficierait aux investisseurs et compagnies, ainsi qu’aux États-Unis et à d’autres pays. La transparence qui surgirait de cette loi permettrait aux investisseurs d’évaluer les risques potentiels dus à l’instabilité de certains pays. Dans ce cas, l’EITD peut aider les entreprises à défendre leur réputation en faisant face aux accusations injustes des gouvernements liées aux payements. La loi permet aux citoyens de ces pays de solliciter des comptes-rendus et d’augmenter les niveaux de bonne gouvernance et de stabilité. Les Etats-Unis bénéficieraient également de cette loi en réduisant l’instabilité de ces pays qui les fournissent en ressources naturelles.
Cette augmentation du niveau de transparence permettrait aux groupes de la société civile de ces pays à avoir accès à l’information qui leur était auparavant restreint pour accords de répartition des utilités. Il existe déjà une initiative volontaire dénommée “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI, «Initiative pour la transparence des industries extractives») qui incite les pays riches en ressources naturelles à rapporter les payements et revenus issus du pétrole, de la mine ou du gaz. L’EITD complèterait cette initiative puisqu’elle obligerait les compagnies à publier les payements réalisés aux gouvernements des pays n’appartenant pas à l’EITI.
Comme le mentionne le Dr. Morton H. Halperin, directeur exécutif de l’ “Open Society Policy Center,” «la liberté d’information rendue possible par cette loi mettra en lumière les millions de dollars que les gouvernements reçoivent des contrats sur le pétrole, le gaz ou les mines. Ceci permet la réalisation de comptes-rendus de la part du gouvernement pour les citoyens et la communauté internationale concernant la façon dont est dépensé l’argent.»
Il est possible de trouver des lois similaires autour du monde. Le Parlement européen a approuvé un amendement de son Ordre des obligations de transparence, en janvier 2007, faisant la promotion des rapports publics de la part des Etats membres de l’Union européenne sur les payements effectués aux gouvernements au travers des compagnies extractives enregistrées sur la bourse des valeurs européenne. Fin 2007, le Parlement européen a recommandé de nouveaux standards internationaux de comptabilité requérant des rapports obligatoires du versement de revenus de la part des compagnies extractives.
Au Royaume-Uni, toutes les compagnies extractives appartenant aux Marché de l’investissement alternatif – partie de la bourse des valeurs de Londres – doivent rapporter tous les payements effectués pour acquisitions ou maintien de biens à tout gouvernement pour une valeur de plus de 10 000 £. La Norvège, de son côté, exige que toutes les compagnies de ce pays rapportent les payements aux gouvernements étrangers pour extraction de ressources naturelles au “Brønnøysund Register Center” du Ministère du commerce et des industries de la Norvège.
«Dans de nombreux pays, la découverte de ressources naturelles de valeur a apporté plus de mal que de bien. Le principe selon lequel les gens doivent connaître les revenus générés par les ressources de leur nation ne devrait pas générer de controverse», a souligné Frank.
Pour davantage d’informations, aller sur www.pwypusa.org. Toute l’information contenue dans cet article a été obtenue à partir de matériels du site électronique de “Open the Books” et de “Publish What You Pay” USA.
Budget participatif au Brésil: regard depuis l’Inde, par Vinod Vyasulu
Brian Wampler a publié un livre fascinant intitulé “Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation and Accountability,” dans lequel il examine un des exemples les plus intéressants de participation citoyenne dans le processus budgétaire. [1]
Wampler a emmené le débat sur le budget participatif hors de la ville de Porto Alegre et a étudié d’autres villes brésiliennes. Durant le processus, il décrit le caractère exceptionnel de l’expérience de Porto Alegre et les facteurs qu’ont en commun les exemples étudiés de budget participatif.
L’argument principal du livre est que «la principale variation dans la délégation d’autorité aux citoyens… peut être expliquée par (a) les motivations du gouvernement de la mairie au moment de déléguer l’autorité; (b) le cadre légal pour transférer autorité aux citoyens; et (c) comment les OSC et les citoyens répondent aux nouvelles institutions». C’est à dire, que les conditions initiales comptent et que les variations entre ces conditions font que les prédictions sont risquées. Dans le cas de Porto Alegre, les conditions initiales étaient prometteuses.
Le fait qu’il y ait des variations dans un pays grand comme le Brésil ne surprend pas. Mais le fait que le budget participatif se soit étendu dans tout le pays est à souligner. Les personnes travaillant sur les budgets comme outil de démocratie ou comme point de départ pour les débats sur les priorités publiques, nous avons beaucoup à apprendre du livre de Wampler. Devant ce livre, je ne peux m’empêcher de me demander: qu’est-ce qui a fait que cela arrive au Brésil et non en Inde, un pays disposant d’un système démocratique depuis 1947?
Des intellectuels hindous ont tenté de répondre à cette question. Une brève visite au Brésil, incluant des arrêts dans certaines villes étudiées par Wampler, nous a appris à moi et à Chiranjib Sen qu’une partie de la réponse réside dans le fait que le contexte historique de ces deux pays est distinct.
Wampler souligne un point inattendu, en mentionnant que le régime militaire du Brésil a été un facteur important pour que le budget participatif soit possible dans le pays. Dans les années 1980, le Brésil s’est embarqué dans une dure et longue bataille pour récupérer la démocratie. Cet effort s’est caractérisé par la présence d’une dictature militaire et par la lutte du Parti des travailleurs (PT). Une reconnaissance de l’importance des institutions de la société civile s’est développée à cette époque. Ainsi, alors que la nouvelle constitution était rédigée, le PT et d’autres ont joué un rôle important dans la définition du Brésil comme l’union de l’Etat fédéral, des provinces et municipalités. Une chose unique fut de fournir aux municipalités un statut constitutionnel dans lequel elles pouvaient expérimenter –à la différence de l’Inde.
Comme la dictature militaire avait créé la méfiance envers l’Etat, le pouvoir politique a été concédé aux gens. Un espace a été créé par la société civile (conselhos) ce qui n’a pas eu lieu dans d’autres pays, certainement pas en Inde. Au niveau municipal au Brésil, il y a des conseillers élus et un ensemble de délégués participatifs élus. Quand ceux-ci travaillent conjointement et disposent de la solidarité du maire, cela donne un résultat comme celui de Porto Alegre.
Quand le PT a gagné les élections à Porto Alegre, il a été capable d’évoluer de façon décisive. Le maire avait un statut constitutionnel et disposait de la légitimité pour incorporer la société civile dans le processus. Il existait un groupe de personnes ayant été instruites par la lutte mentionnée antérieurement qui ont travaillé de façon organisée pour inclure des gens, dont des pauvres et des femmes au budget participatif. De nombreuses études se focalisent sur les détails de l’expérience de Porto Alegre, et non sur ce qui l’a rendue possible. Les conditions initiales sont importantes, et dans ce cas elles ont été favorables.
D’autres villes ont eu une histoire différente, laquelle a influencé leur expérience avec le budget participatif. Le travail de Wampler pour mettre en lumière ces variations et nuances est une contribution importante à notre compréhension, non seulement du budget participatif, mais aussi du processus budgétaire local en général.
La conclusion de Wampler mérite d’être citée: «Les OSC… les ONG… les agences internationales de financement et les instituts de recherche qui défendent l’adoption d’entités participatives doivent se renseigner davantage sur les changements potentiels liés au fonctionnement des institutions participatives…Quand les gouvernements ne sont pas intéressés par la promotion de ces nouveaux espaces institutionnels, ils sont conduits à laisser de côté les demandes des acteurs du budget participatif, neutralisant alors l’institution.»
L’argument selon lequel le budget participatif a besoin tant de la coopération du gouvernement que d’une forme de protestation nous fait réfléchir sur l’importance des deux formes de travail. Mais, quand doit-on coopérer? Quand doit-on coopérer? Et comment? Réduire le fossé entre ceux qui pensent que les intérêts du gouvernement sont vendus et ceux qui disent que cela est possible de promouvoir le changement depuis l’intérieur n’est pas une tache facile.
En comparaison de ce qui était disponible au début des années 1980, nous avons observé des progrès, ce qui nous a permis de répondre à ces questions. En plus du livre de Wampler, un travail récent du “Brookings Institution’s Transparency and Accountability Project” sur ces questions dans quelques pays offre une nouvelle perspective et des connaissances importantes.
Il correspond aux OSC de digérer cette information et de l’appliquer dans leur travail. Il n’existe pas de formule générale. Dans tous les cas, des appréciations doivent être réalisées et reconnaître que celles-ci peuvent être erronées, auquel cas on peut aussi apprendre de l’expérience.
[1] Pour une discussion sur l’équivalent indien, voir mon livre “Panchayats, Democracy and Development,” Rawat Publishers, Jaipur, 2000.
Pour plus d’informations, contacter Vinod Vyasulu à [email protected].
Michael Edwards questionne le «philanthrocapitalisme» dans son nouveau livre, par Robert Valencia
Michael Edwards, directeur des programmes de gouvernance et société civile de la Fondation Ford a publié récemment son livre “Just Another Emperor: The Myths and Realities of Philanthrocapitalism,” dans lequel il met en avant les inquiétudes sur l’influence croissance de l’idéologie marchande et commerciale dans le monde de la philanthropie. Dans un article portant sur son livre, Edwards décrit le philanthrocapitalisme comme «un mouvement qui unit le pouvoir du commerce et du marché aux objectifs de changement social». [1]
Edwards souligne des points importants liés aux philanthrocapitalisme – et au sensationnalisme qui l’entoure – pouvant distraire l’attention des changements profonds nécessaires pour transformer la société. Il explique que les personnes favorables à l’extrapolation des principes du monde des affaires au monde de la société civile ignorent les coûts que cela implique. Edwards explique que, si les efforts des philanthrocapitalistes pour développer des méthodes marchantes dans le but de distribuer des biens et des services peuvent fonctionner à petite échelle, «la réalité suggère que ces méthodes sont difficiles à mettre en place avec succès à grande échelle et qu’elles se traduisent souvent par des coûts et bénéfices parmi ses objectifs financiers et sociaux». Il cite à ce propos une enquête de 25 alliances aux États-Unis, dans lesquelles toutes sauf trois se caractérisent par le manque de congruence entre leur mission et leur objectif principal. En outre, les deux alliances enquêtées les plus réussies en termes financiers sont aussi celles qui se sont éloignées le plus de leur mission sociale en se concentrant sur des activités paraissant augmenter les revenus aux dépens de l’activisme et des services aux plus nécessiteux ou aux clients les plus difficiles à servir.
Edwards identifie certaines tendances préoccupantes liées à la popularité de la perspective marchande appliquée au changement social telles que:
- «La perte d’indépendance venant de la dépendance au secteur privé ou au gouvernement et, par conséquent, la permanente fragilisation de la capacité de la société civile à leur exiger des rendre compte de leurs actions»
- «la diminution des comportement “dirigés autrement” que par la compétition et les motivations financières (comme par exemple, les volontaires rémunérés)»
- «l’augmentation de l’inégalité dans la société civile, entre prestataires de services aux importantes ressources (ou autres groupes qui d’après certains investisseurs de poids font de belles performances) et groupes communautaires aux faibles ressources et groupes d’incidence»
Alors qu’EdwarDs reconnaît que le philanthrocapitalisme peut avoir augmenté la taille générale de la société civile, il admet également qu’il a été peu fait pour promouvoir la capacité de la société civile à réaliser une transformation sociale. Il mentionne que cela arrive parce que «la logique des affaires et la transformation sociale ne sont pas seulement différentes – mais elles vont dans des directions qui s’opposent de différentes façons». Edwards élabore un contraste entre la société civile, le succès sur lequel se basent «la qualité des interactions entre les gens, les capacités et les institutions qu’ils aident à créer» et la science métrique des affaires qui «privilégient la taille, la croissance et la participation du marché». Selon les mots d’Edwards, les «philanthrocapitalistes n’ont pas l’espoir d’obtenir des résultats et les mesures qu’ils utilisent pour évaluer le succès se concentrent sur les gains matériaux à court terme; et non sur les changements structuraux de valeurs; de pouvoir et de relations à long terme».
Edwards conclut que «l’augmentation de la concentration des richesses et du pouvoir parmi les philanthrocapitalistes n’est pas saine pour la démocratie» et prévient que «l’utilisation de la pensée des affaires et du marché peut endommager la société civile, qui est le creuset de la politique démocratique et de la transformation sociale». Il fait un appel au débat public global pour répondre à la question de 550 mille milliards de dollars (la quantité de philanthropie estimée qui sera créée dans les seuls Etats-Unis ces prochaines 40 années): utiliserons-nous ces ressources pour nous consacrer à la transformation sociale ou les gaspillerons-nous simplement sur les symptômes?
En réponse à Ewards, Gara LaMarche, CEO de “The Atlantic Philanthropies,” déclare que bien qu’il soit d’accord avec la plupart des idées de ce livre, «il est faut de présenter ce qu’Edwards appelle “philanthrocapitalisme” comme quelque chose opposé à la philanthropie traditionnelle, parce qu’une grande partie de sa critique s’applique également aux fondations bien établies qui ont été difficilement à l’avant-garde de mouvements sociaux». [2] LaMarche signale quelques exemples dans lesquels le soutien de fondations a joué un rôle dans les campagnes de changement social comme celle des droits civils et des mouvements de femmes; mais il explique qu’un «changement social significatif qui bouleverse l’ordre social établi recevra dans peu de cas – au moins durant les premières étapes – le soutien des institutions du statu quo».
LaMarche n’ignore pas le rôle parfois canalisateur que les fondations ont joué dans le changement social, et cite comme exemples un rapport de Gunnar Mrydal sur le racisme commandité par la Fondation Carnegie intitulé «Un dilemme américain» et le rôle de George Soros dans les avancées du débat sur les réformes politiques liées à la drogue. Cependant, il explique que «ce n’est pas au sein des fondations que naît le mouvement social et, en ce sens, la nouvelle vague de capitalistes agressifs ressemble aux fondations plus anciennes qu’eux-mêmes commencent à laisser en second plan».
Bien que LaMarche soit d’accord pour affirmer que l’accent que les philanthrocapitalistes mettent sur la quantification et l’application des mécanismes du marché à la société civile est exagéré, il explique qu’il existe un véritable besoin de la part des activistes de la justice sociale et les fondations qui les financent de faire face aux inquiétudes des donateurs concernant l’impact du financement sur les politiques sociales et les activités d’incidence. LaMarche déclare: «ceci ne signifie pas que nous devions nous convertir en “compteurs de graines,” ou adopter l’argot compliqué du monde corporatif. Mais si, cela signifie que nous devons avoir le contrôle de la discussion sur “l’évaluation” et travailler ensemble pour développer des outils permettant de communiquer l’importance et l’impact de la philanthropie de justice sociale pour ceux qui ne chantent pas encore sur la même note».
Pour télécharger la publication, aller sur: http://www.nonprofitquarterly.org/images/fbfiles/files/Just_Another_Emperor.pdf.
[1] A moins que le contraire ne soit stipulé, toutes les citations de Michael Edwards appartiennent à l’analyse intitulée “Philanthrocapitalism: After the Goldrush,” écrite par lui le 20 mars 2008 pour “Open Democracy” et téléchargée depuis http://www.opendemocracy.net/node/36008/print%20le%201er%20juillet%202008.
[2] A moins que le contraire ne soit stipulé, toutes les citations de Gara LaMarche ont été tirées de l’analyse intitulée “Philanthropy for Social Change: A Response to Michael Edwards” publiée par “The Atlantic Philanthropies” le 9 avril 2008, et téléchargée le 1er juillet 2008.
Effort collectif pour le financement durable de pratiques d’immunisation, par Christina Morgan
Les programmes d’immunisation sauvent des milliers de vies dans le monde en voies de développement et avec l’introduction de nouveaux vaccins, beaucoup plus seront sauvées. Cependant, alors que des vaccins nouveaux et plus coûteux entrent sur le marché global, de nombreuses nations en voies de développement luttent pour financer leurs programmes d’immunisation. Pour mettre l’accent sur ce défi croissant, l’Institut du vaccin Sabin (http://sabin.org/) a lancé un projet d’activisme pour le financement durable de l’immunisation. Avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, cette activité d’incidence concentre ses efforts sur 12 nations africaines: le Cameroun, l’Ethiopie, le Kenya, le Leone, le Libéria, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, le Sierra, l’Ouganda et trois nations asiatiques: le Cambodge, le Népal, et le Sri Lanka. Installer des systèmes d’immunisation durables peut démontrer la capacité d’un pays à dispenser un service public dans ses propres termes.
Le projet d’incidence prendra deux directions pour établir des mécanismes de financement durables pour l’immunisation. Tout d’abord, les experts en administration fiscale et en santé publique intégrant l’équipe du projet serviront de facilitateurs pour les acteurs de l’immunisation domestique: non seulement les parlementaires ou les ministères de la santé et des finances; mais aussi les parties impliquées de la société civile et du secteur privé. En liant ces participants au processus budgétaires, progressent la transparence et la responsabilisation.
Par ailleurs, le projet s’inscrira dans un cadre d’action collective. L’équipe du projet d’incidence contribuera à établir des objectifs, en plus de renforcer la communication et la collaboration entre les participants internes et les parties impliquées du “Global Alliance for Vaccines and Immunization” (GAVI), telles que l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale, qui jouent un rôle essentiel dans le financement national des systèmes d’immunisation. L’équipe rendra visite chaque pays tous les trimestres pour collecter des informations et rétroalimenter les parties impliquées. L’action collective sera soutenue également au travers d’échanges fréquent entre les parties impliquées des différents pays. En agissant collectivement, les participants échangeront leurs meilleures pratiques et perfectionneront leurs capacités budgétaires.
L’objectif principal du projet est d’aider chaque pays à créer des fonds pour l’immunisation, ce qui implique de garantir des formes de financement nouvelles et variées sur le long terme. La durabilité peut être obtenue si chaque pays assume les coûts de l’immunisation à travers une combinaison de fonds externes et internes sur le long terme. Autant les groupes de la société civile que les médias et les parlementaires auront un rôle à jouer pour y parvenir. Le projet d’incidence prévoit que les 15 pays participants aient atteint l’objectif du financement durable d’ici 2015. En cas de succès, les directions innovantes de financement pour l’immunisation peuvent s’adapter à d’autres secteurs de développement.
Pour davantage d’informations sur cette initiative, aller sur: http://www.sabin.org/programs/vaccine-advocacy-education/sustainable-immunization-financing-sif-program, contacter Mike McQuestion [email protected], ou Christina Morgan [email protected].
Création d’infrastructure fiscale dans les pays en situation post conflictuelle, par José Marín
Récemment, l’Agence étasunienne de développement international (USAID) a publié une nouvelle étude intitulée “Building Fiscal Infrastructure in Post-Conflict Countries.” Cette étude se fonde sur les expériences de sept pays qui sont sortis de conflits armés. Les résultats de ce rapport sont le reflet d’une autre étude intitulée “Rebuilding Fiscal Institutions in Postconflict Countries” de Gupta, Tareq, et al, résumant les expériences du Département des affaires fiscales (FAD) du Fonds monétaire international dans la reconstruction d’institutions fiscales dans 17 pays en situation post conflictuelle. Ci-dessous est présenté un résumé des leçons principales tirées des expériences récentes d’USAID et du travail du FMI.
Les pays en situation post conflictuelle dépendent de leurs institutions fiscales pour retourner à la normalité. Durant ce processus, le gouvernement est appelé à commencer sa reconstruction et institutionnaliser les programmes pour soulager les injustices et stabiliser l’économie. Les gouvernements des pays sortants de conflits armés ont besoin d’un système qui leur permette de générer des revenus et faire des dépenses pour satisfaire les besoins du pays. Le rapport de USAID définit l’infrastructure fiscale comme l’ensemble des systèmes gérant les revenus publics; les dépenses, l’analyse de la politique fiscale, la création de politiques, et la recollection et le rapport des statistiques fiscales et économiques.
Les pays inclus dans le rapport d’USAID sont l’Afghanistan, l’Angola, la Bosnie Herzégovine, le Salvador, le Guatemala, le Kosovo et le Libéria. Le rapport identifie les défis communs auxquels sont confrontés les pays ainsi que les leçons principales tirées de l’expérience de chaque cas. Finalement, le rapport approfondit les problèmes de la séquence d’activités, identifiant les plus urgents et devant être traités en premier durant le processus de reconstruction des institutions fiscales.
Leçons apprises
Les deux études partagent certains résultats importants, dont la conclusion selon laquelle les dépenses devraient être un des premiers sujets à traiter, spécialement pour les demandes soudaines de ressources que requièrent les efforts de reconstruction. Le système des dépenses doit être simple, facilement administré et transparent. Pour réussir cela, le FAD identifie deux pas significatifs: 1) créer un service de trésorerie et un système de payement et 2) créer un seul compte pour la récollection des revenus et le versement de payements pour assurer des rapports plus complets et précis.
Un des deux secteurs prioritaires identifiés dans le rapport d’USAID concerne la nécessité de contrôler les processus de reçus. La demande des dépenses durant la reconstruction requiert que s’établissent des systèmes simples pour faciliter le processus de reçus dans le but de collecter des impôts rapidement. Les deux rapports soulignent l’importance de la focalisation sur les impôts indirects – tels que les impôts douaniers – pour collecter des fonds simplement et rapidement. Bien que l’on sache que ces impôts ne sont pas optimums pour l’économie sur le long terme, c’est un mal nécessaire à court terme. En outre, certaines institutions fiscales dans les pays en situation post-conflictuelle ne disposeraient pas de la capacité pour implanter des impôts directs, qui sont plus difficiles à gérer et à garantir. Ainsi, il est important d’introduire graduellement une stratégie de politiques d’impôts pour la reconstruction des institutions fiscales qui corresponde à la capacité des autorités à administrer les ressources et à la capacité de l’économie à les intégrer.
Les deux rapports observent l’importance des institutions fiscales et le développement de leurs capacités. Même si le développement de ces institutions est un processus sur le long terme, les donateurs doivent faire l’effort de renforcer les capacités locales aussi vite que possible. Les capacités administratives autant que les analytiques doivent être développement si le système de gestion financière public est durable. Le rapport d’USAID mentionne le fait que le besoin de répondre aux systèmes de statistiques fragiles pourrait être inclus dans ce processus.
Finalement, les rapports de FAD et USAID indiquent que la coordination entre les donateurs est essentielle, du fait des entrées importantes d’aide aux pays en situation post-conflictuelle. D’après le rapport d’USAID, les donateurs doivent faire davantage que simplement se réunir périodiquement pour discuter du travail qu’ils réalisent individuellement. Au lieu de cela, les donateurs doivent adopter une perspective intégrale vers le même objectif.
Il existe différentes sources sur Internet sur la reconstruction des institutions fiscales dans les pays sortants de conflit. Pour plus d’information, voir le livre de bord du Fonds monétaire international, PFM Blog et le site électronique d’USAID sur les réformes fiscales sur http://www.fiscalreform.net/. Par ailleurs, le Centre de coopération internationale de l’Université de New York dispose d’une section intitulée “Public Finance and Economic Recovery” sur les contextes émergeants de conflits armés.
Téléphonie portable et activisme des ONG. Entretien avec Katrin Verclas de MobileActive.org, par Robert Valencia
Avec plus de 3.5 milliards de téléphones mobiles dans le monde, les services de téléphonie portable se convertissent en un outil au fort potentiel pour les organisations non gouvernementales (ONG) et leurs activités de défenses et leurs stratégies de participation. Avec le portable, peut être révolutionnée la manière dont les organisations dispensent les services, offrent accès à l’information et promeuvent la participation citoyenne. Par exemple, la Croix Rouge américaine a utilisé la technologie SMS (“short message service” ou messagerie de texte) pour renforcer ses efforts d’assistance permettant aux utilisateurs de portables aux États-Unis de faire des donations déductibles d’impôts à la Croix Rouge à travers le simple envoi d’un texto avec le mot “Help” (aide). Dans le cadre de ces initiatives d’assistance, les détenteurs de téléphones portables payent désormais moins pour le service d’envoi de messages.
L’IBP a récemment interviewé Katrin Verclas de “Mobileactive.org” sur les avancées de l’utilisation de la technologie mobile dans les activités d’incidence. L’expert en impact social à travers l’utilisation de la communication mobile, Verclas, a dirigé plusieurs ONG comme “NTEN: The Nonprofit Technology” et travaillé pour “Proteus Fund” où il s’est concentré sur l’utilisation de la technologie et la participation civique et démocratique et la transparence gouvernementale.
Antécédents
MobileActive.org est un réseau international de 3000 volontaires – formé par des experts en technologie, des militants, du personnel d’ONG, des organisations intermédiaires, des prestataires de services et des organisations finançant des projets de technologie mobile – consacré à l’utilisation des téléphones portables pour le bien-être du monde. Sa mission est d’améliorer l’efficacité des ONG dans le monde et de reconnaître que la prolifération de téléphones portables offre des opportunités sans précédents pour les tâches organisationnelles, les efforts de communication et les services d’information. Les membres du réseau cherchent à accroître leur accès aux idées, aux expériences et connaissances sur l’utilisation de la technologie mobile pour avoir un impact social; réduire le coût de l’apprentissage lié à la diffusion de la technologie mobile; accélérer l’utilisation de la part des ONG de stratégies efficaces et de tactiques d’activisme mobile et apporter une plateforme ample pour la création d’alliances et faciliter l’accès à la technologie et au financement.
Les membres de MobileActive.org travaillent conjointement pour créer les ressources donc les ONG ont besoin pour l’utilisation efficace des téléphones portables dans leur travail. C’est-à-dire, des services et contenus pertinents localement, ainsi que le soutien et les opportunités d’apprentissage et les réseaux qui aident les participants à rentrer en contact. Avec ces ressources, des milliers d’ONG pourraient être mieux positionnées pour enrichir et servir leurs communautés.
IBP: Pouvez-vous nous citer quelques exemples d’utilisation des téléphones portables par les activistes?
Katrin Verclas: C’est un champ peu exploré dans lequel de nombreuses organisations essaient différentes choses, dans certains cas avec un véritable succès. Il existe plusieurs études de cas qui démontrent que l’utilisation de la technologie SMS dans le travail militant des ONG comme « Greenpeace » a permis d’influencer une loi à travers la création d’une base de données de sympathisants. Se sont réunis environ 300 000 numéros de téléphone à travers un format Internet et 50 000 de plus ont été collectés par courrier électronique et par des volontaires dans des rues parcourues. D’autres groupes d’activistes comme “World Wildlife Fund” en Afrique du Sud ont utilisé les SMS pour informer le public au moment d’acheter un produit (dans ce cas du poisson) pour les informer que celui-ci avait été produit sous des standards écologiques responsables.
IBP: Existe-t-il des initiatives pour lesquelles les téléphones portables ont été utilisés pour la récollection d’informations budgétaires, le suivi ou le militantisme budgétaire?
Katrin Verclas: Pas encore. Cependant, nous explorons conjointement avec plusieurs agences de financement et des organisations d’activistes comment les groupes de suivi budgétaire peuvent utiliser la technologie portable et d’autres moyens novateurs dans leurs campagnes militantes. Dans les prochains mois, nous réaliserons une évaluation ample des groupes de suivi des budgets intéressés par l’intégration des téléphones portables dans leur travail.
IBP: Nous avons observé les avantages de l’utilisation des téléphones portables dans les efforts d’activisme. Existe-t-il des difficultés auxquelles les ONG peuvent être confrontées en utilisant les SMS, et comment pourrait-on les aider à surmonter de tels obstacles?
Katrin Verclas: Oui, l’utilisation de portables pour la participation et l’activisme n’est pas quelque chose de simple. Il existe plusieurs difficultés comme: l’absence de stratégie claire, le manque de “know-how,” le manque de ressources financières (les campagnes sur portables peuvent être très coûteuses) et le manque d’applications. Nous avons fait une comparaison des outils « fais-le toi-même » et beaucoup manquent de fonctionnalité et requièrent une capacité technologique avancée. Dans de nombreux pays existent des campagnes commerciales qui pourraient se canaliser vers des stratégies militantes. Finalement, il est important de prendre en compte le thème de la sécurité dans des pays à l’atmosphère politique répressive. Tout groupe intéressé par l’utilisation de portables doit être très familiarisé à l’idiosyncrasie concernant l’utilisation des portables afin de ne mettre en aucun cas en jeu son travail.
IBP: Quelles suggestions donneriez-vous à une organisation désirant intégrer l’utilisation de portables dans une campagne militante?
Katrin Verclas: Il est nécessaire de penser très précisément à la manière dont il convient le mieux d’intégrer l’utilisation de téléphones à une stratégie d’incidence. Généralement, les portables comme moyen interactif sont utiles dans les situations d’urgence et comme moyen d’interaction mutuelle. Il est fondamental de bien savoir quels aspects de la technologie sont utiles dans le contexte d’une campagne. Intégrer l’utilisation de portables dans une sphère d’incidence veut dire que tu connais très bien ton public et que tu sais comment faire usage des portables pour en tirer le maximum.
“Publish What You Fund” (PWYF) a besoin de ton soutien
La campagne Publish What You Fund (PWYF) est une nouvelle initiative promouvant l’accès aux comptes-rendus et la participation pour des processus d’assistance financière plus efficaces. Cette initiative a été développée par “Access Info” et “Tiri” (www.tiri.org) avec le soutien d’un groupe de travail conformé par plusieurs organisations (Action Aid, UK Aid Network, DATA, Aidinfo) et les conseils de “International Alert,” de l’IBP et de “Article 19”. PWYF est sur le point de finaliser les principes de la campagne et sollicite les réactions et la rétroalimentation de la communauté internationale de suivi des budgets.
Para réviser los principes, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/publications/aid-transparency-assessment/.
Pour envoyer vos commentaires, contacter le directeur du programme Martin Tisne: [email protected]. La date limite pour envoyer les commentaires est le 15 août 2008.
Nouveautés sur la page des budgets participatifs de l’IBP
“Participatory Budgeting Unit”
L’Unité de la budgétisation participative est un projet de “Church Action on Poverty” au Royaume-Uni, qui soutient le secteur public et des groupes communautaires dans le développement de processus budgétaires participatifs au niveau local au Royaume-Uni.
“Participatory Budgeting in Africa: A Training Companion with Cases from Eastern and Southern Africa”
Le budget participatif en Afrique fait partie d’un effort pour structurer la capacité des fonctionnaires du gouvernement local et des parties impliquées pour arriver à plus de responsabilisation et une bonne gouvernance. Ce guide est dirigé aux gouvernements locaux et autres acteurs pour préparer, concevoir, initier et gérer des processus budgétaires participatifs en formant les acteurs clés du processus.
Nouvelles publications de la Banque Mondiale
Deux publications de la série sur la gouvernance du secteur public et la responsabilisation ont été lancées:
“Local Public Financial Management”
Ce volume apporte une vision générale sur l’information et la comptabilité financières du gouvernement local. Il offre des conseils pratiques sur comment et quand utiliser la dette, comment évaluer s’il est nécessaire de s’endetter et comment gérer cette dette. Le rapport souligne l’utilisation des contrôles internes et des audits pour assurer l’efficacité et l’intégrité.
“Performance Accountability and Combating Corruption”
Cet ouvrage est organisé en deux parties. La première traite des réformes de l’administration publique pour garantir l’intégrité et améliorer l’efficacité des opérations gouvernementales. La seconde partie offre des conseils pour le renforcement du rôle de représentation des institutions – tels que les organes et les comités du parlement – dans le but de surveiller les programmes du gouvernement.
International Tax Dialogue
L’International Tax Dialogue (ITD) est un accord de coopération entre la Banque interaméricaine de développement, le Fonds monétaire international, l’Organisation pour la coopération et le développement économique, l’Organisation des Nations unies, et le Groupe de la Banque mondial, pour motiver et faciliter la discussion de questions sur les impôts entre fonctionnaires nationaux, organisations internationales et les parties impliquées.
Finding the Money, édité par Péteri
Finding the Money est une publication de «Local Government and Public Reform Initiative» et du «Center for Public Studies at the Central European University». Ce document se fonde sur des matériels développés dans le cadre d’un cours d’été à l’Université d’Europe centrale.
by soapbox | May 1, 2008
Democratization, Visibility, and Transparency in Governmental Audits in Honduras by Luís Fernando Velásquez Leal
Despite significant efforts in Latin America to encourage civil participation in social auditing processes, the results have been limited because of the lack of coordination and communication between the civil society organizations (CSOs) who would provide the social oversight and the Supreme Audit Institutions (SAIs) who exercise institutional control. Traditionally, the only tool available for citizens to combat corruption and hold the government accountable has been denunciation, but this has not translated into significant improvements in public service provision. In some cases, the SAI perceives citizen participation in the audit process as an infringement on its institutional role, especially given the absence of protocols for such participation. Such protocols, or methodologies, for citizen participation could also increase trust in the SAI’s oversight of the use of public resources.
From September 2007 to March 2008 in Honduras, a methodology was developed by the Supreme Tribunal of Accounts (Tribunal Superior de Cuentas or TSC) with assistance from the World Bank, which allowed citizens and CSOs to participate in the TSC’s government audits. This methodology was designed to democratize the process and increase the transparency of government audits through a strategic alliance for improving public management.
The final methodology is the result of an important planning process that included developing the conceptual design and technical structure of the auditing process; implementing eight government audits with citizen participation in the areas of education, health, infrastructure, environment and municipalities; and training auditors and public employees of audited entities, as well as citizens from 87 CSOs across the country.
The Honduras Methodology and Results
The process for citizen participation in government audits consisted of five stages:
Phase 1 – Citizen Input on the Selection of Audits: This phase consists of integrating information generated by citizens and the media into the General Plan of Audits as a decisive element for choosing which institutions to audit.
Phase 2 – Citizen Participation Roles and Information: In this phase of an audit, the roles and activities of the TSC, as well as those of civil society and audited institutions, are discussed and agreed upon. This phase is important because it establishes the institutional and social alliances needed to improve the management of the audited entities and public service provision. These alliances help strengthen communication channels and encourage citizens to voice opinions on critical aspects of the quality of services.
Phase 3 – Institutional Control Development: In this phase, the TSC holds a public hearing to explain to citizens how their input will be integrated into the auditing process, including the aspects and areas in which citizen contributions will not be included and why.
Phase 4 – Public Presentation of Results: The TSC presents in public hearings its findings and recommendations for improving the audited entity’s management, which include the roles and responsibilities of both the government and civil society. These hearings also provide an opportunity for the representative of the audited institution to sign a public commitment to make improvements based on the audit.
Phase 5 – Citizen Tracking of Improvement Recommendations: This last phase promotes citizen participation and control over the action plans for institutional improvement that arise from audits, substantially transforming traditional forms of social auditing that had existed in Honduras.
This new process for public participation in government audits has direct implications for the credibility of the TSC’s performance, generating a growing trust in both the auditing institution and the audited entities. It also strengthens the auditor’s ability to perform its oversight duties by enhancing its capacity to address social and community concerns. Lastly, the audit control process is transformed by incorporating citizens’ perspectives on the quality of services provided by public agencies.
Below are data quantifying the participation of civil society in the eight audits that were performed in Honduras:
- 479 individuals from 84 CSOs participated directly in the process, and nearly 1,200 individuals attended the public hearings at which audit results were presented.
- Eight audited entities signed public commitments to improve their management.
- 79 percent of the information provided to the public was considered useful for institutional control purposes.
- 123 of 187 internal control deficiencies were detected because of information provided by the public.
- 12 of 23 cases related to noncompliance with existing laws were detected from the public’s input.
- 26 of 40 audit findings were determined by the public.
- 92.8 percent of the total financial amount of civil liabilities was detected through information provided by the public.
Lessons Learned
- Relevant improvements in the quality of government audits are possible within a short time period because of the strategic alliance between audit institutions, audited entities and civil society.
- Social control, exercised through social auditing, does not replace institutional control but, rather, complements it, strengthens it and improves the audit institution’s performance.
- A population knowledgeable about the operations and responsibilities of public institutions can be a determining factor in guaranteeing and improving transparency in the management of public resources.
- Holding state institutions publicly accountable for their performance facilitates greater citizen understanding of and involvement in public affairs.
Today, the Honduras Supreme Tribunal of Accounts implements the new audit process on those institutions that the public believes represent major problems in public management.
For more information, visit www.ac-colombia.net.
Public Participation in Road Construction in Philippines and India by Leodigario R. de Guzman and R. Balasubramaniam
Physical infrastructure is critical to the economic development of a nation. High-quality, well-maintained roads not only can ensure that agricultural products and manufactured goods get to markets but also can save lives, as in the case described below of a road that leads to a hospital. Increasingly, civil society organizations (CSOs) around the world are engaging in monitoring road construction projects to ensure that the construction and maintenance of the roads are of high quality. In this article, we will look at efforts in the Philippines and India by two CSOs that have engaged in monitoring road construction and repair by creating networks and involving the local citizens in the process.
Philippines: Bantay Lansangan (Road Watch)
In a developing country such as the Philippines, roads take on a higher purpose — the presence of high-quality roads spells the difference between poverty and progress. Given the crucial importance of roads and highways, the pervasive problems in the procurement and construction of national infrastructure are striking. When community members are asked for their opinion of a road within their vicinity, it is not uncommon to hear complaints.
In 2007 the national government, CSOs, and the private sector formed Bantay Lansangan (Road Watch), a partnership among government, private, and non-government organization stakeholders and official development assistance partners in the national road sector. This partnership, which comprises 14 organizations, monitors the delivery of quality road services to ensure that users’ needs are met through the efficient and transparent use of public resources, thus maximizing value for money and fostering corporate integrity.
A key component of Bantay Lansangan is a national network of volunteer monitors for road projects that will cover 15 regions across the country. Although this initiative is still in its early stages, it has begun holding meetings with partners and stakeholders to design the tools to be used in the monitoring project — such as a Road Users’ Satisfaction Survey — and to train the volunteers that will carry out the monitoring of the projects.
A Training of Trainers was held earlier this year, during which participants learned about the stages of road construction from procurement to maintenance. This training will be followed by a series of regional trainings for volunteer monitors beginning in August. Bantay Lansangan plans on training a total of 100 volunteer monitors. In addition to monitoring road projects, trained volunteers will conduct the road users’ satisfaction survey in their localities to gather data on the public’s satisfaction with their roads.
The results of the monitoring and the user survey shall form part of a Road Sector Status Report Card that will measure the current status of the Philippines’ national road systems. The first report card is expected to be out by the end of this year.
With roads and highways playing such an important and indispensable role in a nation’s progress, it is paramount that citizens be given the opportunity to take part in ensuring their proper delivery. This monitoring project can be a model for multi-stakeholder partnership for good governance toward poverty alleviation.
For more information on Bantay Lansangan (Road Watch), contact Leodigario R. de Guzman at [email protected].
India: SVYM Road Monitoring
Another group with experience in road monitoring is the Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) in India. They have successfully engaged all the critical stakeholders in the process of building and maintaining roads and increased community participation. A recent case study from SVYM details the lessons learned from the monitoring of a road in Kenchanahalli village that provides vital access to a charitable hospital.
Vivekananda Memorial Hospital is a charitable 10-bed hospital in Kenchanahalli village founded by SVYM and run by a group of dedicated doctors that serves the tribal-rural people from surrounding villages. The hospital is located along a 13.5 km road that had deteriorated badly throughout the years, making traveling on it a nightmare. “Reaching the hospital on time is sometimes a question of life and death for patients in critical condition. In such cases the road is actually a lifeline,” says Dr. M R Seetharam, the SVYM head of health activities.
After several requests for road repairs to the authorities with no results, in August 2006 it appeared that some work on the road was finally going to happen. Concerned about potential road-repair “malpractice,” SVYM filed a Right to Information (RTI) application asking about the details of the contract. The information revealed possible improprieties in the contract tender, and an investigation by the Lok Ayukta, the official anti-corruption institution, confirmed that proper procedures had not been followed.
The SVYM realized that filing a complaint against the contractors would lead to protracted legal proceedings and, in the meanwhile, the area and the villagers would still lack a good, usable road. It was at this point that a new “Road to Road-laying” was proposed. The plan was to conduct a new estimate for the work, issue a call for tenders and award the work to qualified contractors. The selected contractor would be involved as a key stakeholder and would be required to ensure high-quality output. The engineers from CNNL, the company with official responsibility for the road, would ensure compliance with the clauses and specifications in the contract. And — most important — a committee of the local villages would be formed to act as a Social Audit Group. SVYM would facilitate the training and functioning of the Social Audit Group.
The role of the social audit committee, which comprised 22 men and women, was to monitor the road work on a daily basis, support the contractor when necessary and ensure that quality was maintained. This was the first time the community was taking an active role in the development of a road. As Madan from Kalasoor says, “We had always taken our roads for granted and assumed it was the government’s responsibility. If they were bad, we did not do anything except complain. Now we actually had the chance of getting involved in it actively.”
As the work progressed, relationship between all the three stakeholders became more cordial and they became more adept at solving problems as they arose. Regular weekly stakeholder meetings were held to discuss project progress, outstanding issues and community observations. Since the committee members were already oriented to the crucial aspects of road construction and repair, they were in a better position to understand and deal with any technical issues and were better able to respond to concerns of community members directly without bothering the contractor or engineers. Because of their important role, the villagers feel ownership and pride in this road.
The entire 6.5 km stretch of phase one was completed without any major hurdles in a record time of 6 weeks, and the remaining 6 km will be completed in the second phase, beginning after the monsoons.
Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) is a development organization founded by Dr. R. Balasubramaniam in 1984 and is engaged in building a new civil society in India through its grassroots to policy-level action in Health, Education and Community Development sectors. Acting as a key promoter/facilitator in the community’s efforts towards self-reliance and empowerment, SVYM is developing local, innovative and cost-effective solutions to sustain community-driven progress. The organization has more than 60 projects in the sectors of health, education, community development, awareness and training located throughout the districts of Karnataka State.
For more information about the organization and its activities, go to: www.svym.org.in.
Public Expenditure Tracking Surveys: Lessons from the Field by Vivek Ramkumar
The IBP recently completed a report on NGO experiences with public expenditure tracking surveys, in which it presents case studies by NGOs in Tanzania, Malawi, Zambia and Mongolia. Although the report does not draw concrete conclusions on NGO experiences in conducting expenditure tracking surveys, it offers several lessons regarding this matter.
NGOs have distinct skills that they can bring to an expenditure tracking exercise. Many NGOs, particularly those at the grassroots level or with mass memberships, are grounded in local communities and have an intimate understanding of problems faced by these communities. These NGOs can draw upon their understanding of local problems to conduct an expenditure tracking survey that examines issues that are of most concern to the communities.
Further, a common aspect of the survey methodology employed by NGOs is the use of local people to administer questionnaires, which can increase citizens’ understanding of budgets and thus strengthen the base on which advocacy efforts can be built.
However, NGOs face challenges in implementing expenditure tracking surveys; chief among them is the lack of access to information. To some extent, this problem is predictable in that if reliable information were readily available, an expenditure tracking survey would probably not be needed in the first place. Nevertheless, there is a difference between cases in which data are unreliable because they are incorrect and cases in which officials simply refuse to share data. (For more information on access to budget information, please visit www.openbudgetindex.org.)
Another challenge faced by NGOs is that governments often follow complicated systems of financial transfers for sectors such as education and healthcare, in which funds flow from the central levels to districts and finally to schools and hospitals. In order to implement an expenditure tracking survey, an NGO needs to be equipped technically to navigate through the financial procedures these transfers entail.
While expenditure tracking surveys have the potential to identify leakages within a financial system and inform positive policy changes, these outcomes can be imperiled by adverse reactions from a government. The report cites an example in Tanzania, where in 2005 an NGO publicized negative findings from an expenditure tracking survey report that was commissioned by the Tanzanian government. The NGO sponsored advertisements in newspapers and on broadcast programs presenting its public expenditure tracking survey findings, to which the government responded by forbidding the Education Ministry from cooperating with the NGO. Nonetheless, pressure from the international community — coupled with the NGO’s popularity with the public — prevented the government from banning the organization.
Additionally, “expenditure tracking surveys” has become a catch-all phrase used by NGOs to define a number of expenditure monitoring activities that are often beyond the scope of a traditional expenditure tracking survey exercise. In many instances, the research objective of an NGO is not limited to identifying leakages of funds from one level of government to another but often includes identifying shortages of health or education funding and shortfalls in school and hospital quality. The focus on assessing the adequacy of budget allocations that NGOs often bring to an expenditure tracking survey can be read as a strength rather than a weakness in that the ultimate objective of these tracking exercises is surely to ensure that service beneficiaries — and particularly the poor and marginalized — have access to high-quality services from properly funded education and health systems.
While expenditure tracking surveys can be a useful tool for NGOs, such surveys by themselves often do not enable a group to assess all of the problems it is working to address. Consequently, the IBP has documented a variety of tools that NGOs can use to track expenditures and monitor government budgets, including citizen report cards, social audits, and public procurement monitoring processes. All of these tools should be looked upon as part of a catalogue of methodologies that can be applied by NGOs to monitor government budgets and demand improvements in the effectiveness of budget implementation.
The International Budget Partnership has recently published the guide Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures. This guide offers an overview of government budget implementation processes and provides practical, tested tools that can be used by civil society organizations interested in monitoring government expenditures. The book is available online at www.internationalbudget.org.
For more information, contact Vivek Ramkumar at [email protected].
Indonesia Enacts Freedom of Information Law by Dedi Haryadi
Although it will not become effective until 2010, the passage of a Freedom of Information (FOI) law in Indonesia on April 3, 2008, was an historic moment not only for activists doing applied budget work but also for the public. After more than eight years of advocacy by many parties — a coalition of NGOs, donor agencies, journalists and various other pressure groups — all 10 of the factions in the Indonesian parliament unanimously approved the FOI bill.
The FOI law governs the following: 1) the obligation of public institutions to disclose information to the public, 2) the guarantee of the public’s right to have access to government information, 3) what information should be disclosed and how it should be made available to the public, 4) the procedures for accessing information, 5) what information will be exempted from the law’s requirements, and 6) the tasks and functions of a commission of information. This commission will be responsible for drafting the policies and procedures for the implementation of the act.
This short article will closely examine the political and practical implications of the new FOI law for applied budget work and the ongoing advocacy for more transparent budget processes in Indonesia. Politically, the passage of this law clearly shows that the Indonesian people have begun to have some level of success in reclaiming their state. This success is due to the processes that have been in place as the nation transitions to greater democracy, which have provided significant opportunities to realize and strengthen the civil and political rights of the people. The recognition of these rights stands in stark contrast to what existed for decades under the authoritarian Suharto government that denied and neglected the civil and political rights of the people and strictly controlled the media and access to information.
This repressive state distorted the budget process at the national and local level by creating information asymmetries, i.e., not all of those who would be affected by budget decisions had access to sufficient information to effectively participate in those decisions. The result was the passage of asymmetric budgets that served narrow interests at the expense of the broader needs of the nation and its people. During this period, it was not only the Indonesian people who were denied access to important budget information but also members of parliament and other government officials. The budget process was not transparent and accountable, and the asymmetric budgets that came out of that process were characterized by mark-ups on the expenditure side, mark-downs on the revenue side and a prevalence of off-budget expenditures.
The implementation of the new FOI law will reduce information asymmetries in Indonesia’s budget process and make the budget more open and accountable. Indonesia was one of the countries included in the IBP’s 2006 Open Budget Index (OBI), a comparative measure of the level of transparency and inclusiveness of the budget processes in 59 countries. Is this a quote “…I was involved in the research on which our nation’s OBI score of 0.41 was based, which placed Indonesia in the third of five OBI categories of budget transparency and accountability,” said Haryadi. Countries in the third category provide some budget information to citizens, and the 21 countries in this category included Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Ghana and India.
Improving the level at which Indonesia provides information to its citizens and involves them in its budget process is important, in part, because research has shown empirically that transparent and accountable government, of which FOI laws are a significant part, reduces the incidence of corruption. In addition to its potential for reducing corruption, the new FOI law could deepen civil society engagement in the budget process, improve public access to budget information, and increase public awareness of important issues. More specifically, advocacy for open and accountable budgets would be easier.
The potential of the new FOI law will become reality if we can succeed in addressing three critical factors related to its implementation. First, we need to increase and strengthen the public demand for information, including budget information. At the local level, an absence of strong public demand for information has made implementing the many existing bylaws on public participation and transparency difficult. Second, we need to ensure that the government has the capacity to provide and disclose budget information in a user-friendly form. And third, we need to increase activities that will improve the public’s budget literacy — the awareness of and capacity to understand budget information and processes.
For more information, contact Dedi Haryadi at [email protected].
NGOs Gear toward Transparency and Greater Participation in the Philippines’ Budget Process by Robert Valencia
In the Philippines, civil society is diverse and dynamic, with a rich track record of service delivery, social innovation, political activism and lobbying for policy reform. As a result, a number of NGOs and coalitions are active in doing budget work at the national and local level. Among this group you can find Procurement Watch, which has developed pioneering methodologies for citizen oversight of national government procurements; Galing Pook, a foundation that conducts an annual competition that selects and awards the best quality local government programs; and the Philippine Center for Investigative Journalism, which has published investigative reports, often using budget information, that have had extraordinary impact on Philippine politics.
However, projects conducted by civil society organizations (CSOs) at the sub-national and national level could be more critical and analytical if the groups had greater capacity for budget analysis and advocacy. For this reason, Social Watch Philippines convened a panel where? last May that shared perspectives and offered guidance on budget advocacy and its challenges, as well as some advances in the budget process in the Philippines. Divided into three sessions, the workshop touched upon vital topics such as budget analysis, media advocacy strategies and international experience in budget advocacy.
Among the selected panelists was Ravinder Singh Duggal, who explained that global experience has demonstrated that there are various ways in which to influence budgets and demand budget accountability. He also noted that work at different stages of the budget cycle is being taken up as an issue of good governance by an increasing number of groups.
In addition, Duggal noted the need for greater budget transparency in the Philippines based on the results of the IBP’s 2006 Open Budget Index — a study of openness, transparency and accountability of the budget process across 59 countries. In this study, the Philippines provides only some information on the budget to its citizens. A summary of the 2006 Open Budget Index results for the Philippines can be found at: https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/country-info/?country=ph
The workshop served as an arena for discussing the lessons learned from the Alternative Budget Initiative (ABI), a consortium of different civil society groups and progressive legislators in the country. Among these lessons is the importance of engaging with key partners in the budget process and the need for non-governmental organizations (NGOs) and CSOs with different advocacy skills to work together. Promoted by Social Watch Philippines, the ABI encourages CSOs to acquire the skills needed to understand the dynamics of the timing and the approach when engaging legislators, as well as to conduct up-to-date, evidence-based research in order to set rational priorities that will guide the crafting of responsive sectoral budget proposals.
The workshop stressed the need to take advantage of the recently enacted resolution by the Philippine House of Representatives that allows NGOs to participate in the preparation of the national budget. This new resolution opens the door for NGOs to actively engage in the budget process and establish formal lines of communications with legislators.
The use of media strategies in budget advocacy was recommended, including developing cost-effective media kits, blogs, news releases and podcasts to help broadcast organizations’ proposals nationwide. Also, attendees were encouraged to use lobbying as part of an integrated advocacy marketing plan that would attract the attention of lawmakers.
Additionally, two workshops discussed the future, gaps in performance and specific activities in such sectors as environment protection, agriculture, education and health in the Philippines.
For more information about Social Watch in the Philippines, visit http://socialwatchphilippines.org/.
Extractive Industries Transparency Disclosure Act is Introduced in the United States Congress by José María Marín
On May 15, 2008 Representative Barney Frank, the chairman of the U.S. House of Representative’s Financial Services Committee, and co-sponsors introduced the Extractive Industries Transparency Disclosure (EITD) Act for congressional consideration. The EITD Act would require oil, gas and mining companies listed on the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) to publicly disclose all payments made to foreign governments. The law is designed to curb corruption in countries where extractive industries represent a significant share of the economy and help increase the accountability of foreign governments, as well as foster good business practices for investors and companies.
Governments from resource rich countries around the world receive significant payments from foreign companies for extractive operations; however, most of these payments are unaccounted for and are often swindled or mismanaged by corrupt officials. As evidence that these payments are not being put to good use, two-thirds of the world’s poorest people live in the 50 or more countries that can be characterized as resource rich, giving way to what is known as the “resource curse” or the “paradox of the rich.” In addition to high poverty levels, many of these resource rich countries are characterized by weaker governance and greater instability.
The EITD Act would require companies to disclose in the financial statements already required by the SEC, country by country, all payments of over US$100,000 made to foreign governments for oil, gas and mineral extractions. The law would apply to all companies involved in the extraction of oil, gas and minerals listed with the SEC, including U.S. and foreign companies. The act would apply to the majority of the largest oil, gas and mining companies in the world, setting an international precedent for the public disclosure of such information. It also would require that the information be compiled in a way that is directly accessible by the public and made available on the Internet. Such regulation would not criminalize any business transactions or create any new civil causes of action for such transactions.
The EITD Act would benefit investors, companies, foreign countries and the United States. The greater transparency that would result from the law would allow investors to better assess risk, especially since many of the companies that would be affected operate in volatile, high-risk countries. The EITD Act would benefit the affected companies by reducing reputation risk, as they could use the required disclosures to counter unfair accusations and blame-shifting from governments regarding these payments. The act will allow citizens in resource rich countries to hold governments to account, increasing levels of good governance and stability. The United States also would gain by reducing instability in the countries that supply it with natural resources.
The greater transparency that the EITD Act would provide would create the opportunity for civil society groups in resource rich countries to access information that previously had been hidden by profit-sharing agreements. There already exists a voluntary initiative called the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) that encourages resource rich countries to disclose company payments and revenue from oil, gas and mining. The EITD Act would complement this initiative since it would force companies to disclose their payments to governments in countries that are not members of EITI.
As stated by Dr. Morton H. Halperin, executive director of the Open Society Policy Center, “The freedom of information made possible by this bill will shed light on the billions of dollars governments are receiving from oil, gas and mining contracts. Governments can be then held accountable to their citizens and the international community for how the money is being spent.”
It is possible to find similar laws around the world. The European Parliament approved an amendment to its Transparency Obligations Directive, which came into effect in January 2007 and promotes public disclosure by EU member states of payments made to governments by extractive companies listed on European stock exchanges. In late 2007 the European Parliament recommended new international accounting standards that would require mandatory reporting of revenue payments for extractive companies.
In the United Kingdom, all extractive companies listed on the Alternative Investment Market — part of the London Stock Exchange — must disclose all payments made to any government by the company for acquisition or maintenance of assets of over £10,000. Norway requires all companies in the country to report payments to foreign governments for natural resources extraction to the Brønnøysund Register Center of the Norwegian Ministry of Trade and Industry.
“In too many countries, the discovery of valuable natural resources has led to more harm than good. The principle that the people of a country ought to know what revenue is being generated by their country’s resources shouldn’t be a controversial one,” said Representative Frank.
For more information, visit www.pwypusa.org. All the information in this article was obtained from materials on Open the Books website and the Publish What You Pay USA website.
Participatory Budgeting in Brazil: A View from India by Vinod Vyasulu
Brian Wampler has written a fascinating book titled Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation and Accountability that examines one of the most interesting examples of citizen participation in the budget process. Cabe mencionar que Brazil era una dictadura cuando esto se introdujo en 1989. [1]
Wampler has taken the debate on participatory budgeting beyond Porto Allegre and examined its various manifestations across several Brazilian cities. In the process, he describes what is exceptional about Porto Allegre and the common factors found in all the examples of participatory budgeting in Brazil.
The main argument of the book is that “the substantial variation in the actual delegation of authority to citizens . . . can best be explained by . . . [a] mayoral administrations’ incentives to choose to delegate authority, [b] the particular rule structure that is used to delegate authority to citizens, and [c] how CSOs and citizens respond to the new institutions.” In other words initial conditions matter. The variations in these conditions also make prediction rather hazardous. The initial conditions in Porto Allegre were auspicious.
That there are variations across a country as huge as Brazil is no surprise. But that participatory budgeting has spread so widely across the country is noteworthy. Those of us who have been working with budgets as a tool of democracy, as the entry point for debates on public priorities, have much to learn from Wampler’s book. I cannot help but ask: what made this happen in Brazil and not in India, which has been a democracy since 1947?
Indian scholars have been attempting to answer this question for some time. A brief visit to Brazil, including stops in some of the cities Wampler examines, taught Chiranjib Sen and me that part of the answer is that the historical contexts of the two countries are different.
Wampler makes the unexpected point that Brazil’s military rule was an important factor in making participatory budgeting in the country possible. In the 1980s, Brazil embarked on a long and hard struggle to return to democracy. This effort built on the experience of military rule and the Worker’s Party’s (WP) fight for democracy. An appreciation for the importance of civil society institutions developed and was fostered at this time. Thus, when the new constitution was being written, the WP and others played an important part in defining Brazil as a union of the federal state, the provinces and the municipalities. It was unique to provide municipalities a constitutional status within which to experiment — a point of difference with India.
Because military rule had created distrust in the larger state, political power was vested in the people. A space was created for civil society (conselhos) in a way that has not happened in other countries, certainly not in India. At the municipal level in Brazil, there are elected councilors and a distinct set of elected participatory delegates. When the two work in tandem with a supportive mayor, we get Porto Allegre.
When the Worker’s Party won the election in Porto Allegre, it was able to move decisively. The mayor had constitutional status and could legitimately bring civil society into the process. There were a number of people schooled in the earlier struggle who worked diligently to bring people, including women and the poor, into participatory budgeting. Many studies have focused on the details of the Porto Allegre experience, but there has not been enough emphasis on the reason it was possible. Initial conditions are important, and they were favorable here.
Other cities had a different history, which influenced their experiences with participatory budgeting. Wampler’s work in bringing out these variations and nuances is an important contribution to our understanding not just of participatory budgeting but also of local budget processes, in general.
Wampler’s conclusion is worth quoting in detail: “CSOs… NGOs… and international funding agencies and think tanks that advocate the adoption of participatory institutions need to be more cognizant of the potential trade-offs associated with the functioning of participatory institutions… When governments are not interested in promoting these new institutional spaces, they are more likely to overlook the demands of [participatory budgeting] participants, thereby emasculating the institution.”
The point that participatory budgeting needs both a cooperation with government and a form of contestation brings home to us in other parts of the world the importance of both forms of work — it is not an either/or situation. But when does one cooperate, and when does one contest? [2] And how? Bridging the gulf between those who think the government has sold out to vested interests and those who argue that it is possible to bring change from within is no easy task.
It is incumbent upon CSOs to digest this information and apply it to their work. There is no general formula — in all cases judgments must be made, and we must recognize that judgments can be wrong. But when they are, we must learn to build on the experience gained.
[1] For a discussion of the Indian equivalent, see my book, Panchayats, Democracy and Development, Rawat Publishers, Jaipur, 2000.
[2] There is a wealth of experience within the IBP on this. See the forthcoming book, edited by Mark Robinson and Warren Krafchik, dealing with cases studies from several countries. Additional information is also available on the IBP website: www.internationalbudgets.org.
For more information, contact Vinod Vyasulu at [email protected].
Michael Edwards Questions “Philanthrocapitalism” in his New Book by Robert Valencia
Michael Edwards, director of the Ford Foundation’s Governance and Civil Society programs, recently released his book titled Just Another Emperor:The Myths and Realities of Philanthrocapitalism, in which he raises concerns about the increasing influence of business thinking and market principles on the world of philanthropy. In an article based on his book, Edwards describes philanthrocapitalism as “a movement to harness the power of business and the market to the goals of social change.”[1]
Edwards stresses critical points of philanthrocapitalism — and the hype surrounding it — that might divert attention from the deeper changes that are required to transform society and argues that those who support extending business principles to the world of civil society and social change ignore the costs and trade-offs involved in doing so. Edwards explains that, while the efforts of philanthrocapitalists to deploy market methods to distribute goods and services may work on a smaller scale, “the evidence suggests that they are very difficult to operate successfully at scale, and that they usually experience some trade-offs between their social and financial goals.” To support this point, he cites a survey of 25 joint ventures in the United States that found that all but three of the initiatives were characterized by a disconnect between their mission and the bottom line. Furthermore, the two joint ventures surveyed that showed the greatest success in financial terms were also those that had moved the furthest from their social mission by emphasizing activities more likely to increase income at the expense of advocacy and services to the neediest or most difficult to serve clients.
Edwards identifies some worrying trends related to the increasingly market-oriented approach to social change, including:
- “the loss of independence that comes with dependence on business or government, and the consequent weakening of civil-society’s ability to hold them accountable for their actions,”
- “the dilution of ‘other-directed’ behavior by competition and financial incentives (for example, paying volunteers),” and
- “increasing inequality within civil society between well-resourced service providers (or other groups considered to be high performers by large investors) and under-resourced community and advocacy groups.”
While acknowledging that philanthrocapitalism may have increased the overall size of civil society, Edwards thinks it has done little to foster a concomitant increase in civil society’s ability to bring about significant social transformation. He argues that this is because “the logics of business and social transformation are not just different — they pull in opposite directions in many important ways.” Edwards draws a contrast between civil society, the success of which is often based on “the quality of interactions between people and the capacities and institutions they help to create,” and business metrics that “privilege size, growth and market share.” As Edwards puts it, “philanthrocapitalists are not in the mood to wait around for their results, and the metrics they use to evaluate success focus on short-term material gains not long-term structural shifts in values, relationships and power.”
Edwards concludes by observing that “the increasing concentration of wealth and power among philanthrocapitalists is unhealthy for democracy” and warns that “the use of business and market thinking can damage civil society, which is the crucible of democratic politics and social transformation.” He calls for a global public debate to answer “the 55-trillion-dollar question (the amount of philanthropy that is projected to be created in the United States alone over the next forty years): will we use these vast resources to pursue social transformation, or just fritter them away in spending on the symptoms?”
In a response to Edwards, The Atlantic Philanthropies CEO Gara LaMarche says that while he agrees with much of what Edwards says in his article and book, “it is wrong to pose what Edwards calls ‘philanthrocapitalism’ against traditional philanthropy, because much of his critique is as applicable as well to the large established foundations, which have hardly been in the vanguard of social movements.”[2] LaMarche points to a few examples in which foundation support played a role in such social change campaigns as the civil rights’ and women’s movements but argues that “meaningful social change that upsets the established social order will rarely receive — at least not in the critical earlier stages — support from establishment institutions.”
LaMarche does not ignore the sometimes catalytic role that foundations have played in social change and cites Gunnar Mrydal’s report on racism commissioned by the Carnegie Foundation, An American Dilemma, and George Soros’ role in moving the debate on drug-policy reform forward as examples. However, he says that “foundations are not where social movement comes from; and in this respect the newer brand of venture capitalists resemble the older foundations they are beginning to overshadow.”
Although LaMarche agrees with Edwards that the emphasis philanthrocapitalists place on measurability and applying market mechanisms to civil society and social change has been over-hyped, he argues that there is a real need for social-justice advocates and the foundations that fund them to address donors’ concerns about the impact of funding for advocacy and social policy. He says, “That doesn’t mean that we should all become bean-counters, or adopt the mind-numbing jargon of the corporate world. But it does mean we should take control of the ‘evaluation’ discussion and work together to forge tools that can communicate the importance and impact of social-justice philanthropy to those who are not already singing from the hymnbook.”
To download the publication, go to: http://www.nonprofitquarterly.org/images/fbfiles/files/Just_Another_Emperor.pdf
[1] Unless otherwise noted, all quotations from Michael Edwards are from Michael Edwards, “Philanthrocapitalism: After the Goldrush,” Democracy News Analysis from Open Democracy, March, 20, 2008, downloaded from http://www.opendemocracy.net/node/36008/print on July 1, 2008.
[2] Unless otherwise noted, all quotations from Gara LaMarche are from LaMarche, Gara, “Philanthropy for Social Change: A Response to Michael Edwards,” The Atlantic Philanthropies, April 9, 2008, downloaded on July 1, 2008.
A Collective-Action Approach to Sustainable Immunization Financing by Christina Morgan
Immunization programs save tens of thousands of lives in the developing world, and the introduction of new vaccines will save many more. As new, pricier vaccines enter the global market, however, many developing countries are struggling to finance their immunization programs. To address this growing challenge, the Sabin Vaccine Institute (http://sabin.org/) has launched the Advocacy Project for Sustainable Immunization Financing. Funded by a generous grant from the Bill & Melinda Gates Foundation, the Advocacy Project concentrates its efforts in 12 African countries: Cameroon, DRC Ethiopia, Kenya, Liberia, Mali, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, and Uganda and three Asian countries: Cambodia, Nepal, and Sri Lanka. Achieving sustainable immunization systems can demonstrate a country’s ability to deliver a valuable public good on its own terms.
The Advocacy Project will take two unique approaches to establishing sustainable immunization financing mechanisms. First, the public health and fiscal management experts who will compose the Advocacy Project team will serve as facilitators for domestic immunization stakeholders: not only parliamentarians and ministries of health and finance but also civil society actors and private businesses. Engaging these stakeholders in the budget process increases transparency and accountability.
A second unique approach is that the project will operate within a collective action framework. Advocacy Project team members will help set goals and strengthen communication and collaboration among domestic stakeholders and Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) partners (WHO, UNICEF, World Bank and others), who currently play a pivotal role in financing national immunization systems. The team will visit each country quarterly to collect information and provide feedback to key actors. Collective action will also be supported through frequent exchanges of key actors across countries. Acting collectively, participants will exchange best practices and hone their budget skills.
The ultimate goal of the Advocacy Project is to assist each country in establishing predictable and sufficient financing for immunization, which will mean securing new, diverse long-term funding sources. Sustainability is assured when each country meets all immunization costs through some combination of long-term domestic and external funding. Civil society groups, media and parliaments will all play a role. The Advocacy Project expects the 15 participating countries to have reached the goal of sustainable immunization financing by 2015. The project’s innovative approaches to immunization financing, if successful, can be readily adapted to other development areas.
For more information about this initiative, go to: http://www.sabin.org/programs/vaccine-advocacy-education/sustainable-immunization-financing-sif-program or contact Mike McQuestion at [email protected] or Christina Morgan at [email protected].
Building Fiscal Infrastructure in Post-Conflict Countries by José María Marín
Recently the United States Agency on International Development (USAID) released a new study titled “Building Fiscal Infrastructure in Post-Conflict Countries.” The study is based on the experiences of seven countries that have recently emerged from conflict. The findings of the report closely mirror those in the paper titled “Rebuilding Fiscal Institutions in Postconflict Countries” by Gupta, Tareq, et al., which summarizes the experiences of the IMF Fiscal Affairs Department (FAD) in rebuilding fiscal institutions in 17 post-conflict countries. Below is a short summary of the key lessons obtained from the recent USAID experiences and the IMF’s work.
Countries emerging from conflict depend on their fiscal institutions to help the normalization process, during which the government is called upon to begin rebuilding and to institute programs to heal grievances and stabilize the economy. In this respect, governments in post-conflict countries need to have a functioning system that will allow them to generate revenues and make expenditures in order to meet the needs of the country. The USAID report defines fiscal infrastructure as the systems that manage public revenues, public expenditure, fiscal policy analysis and policy making and the gathering and reporting of economic and fiscal statistics.
The countries included in the USAID report are Afghanistan, Angola, Bosnia and Herzegovina, El Salvador, Guatemala, Kosovo, and Liberia. The report identifies the common challenges facing the countries as well as key lessons that emerge from each country’s experience. Lastly, the report delves into issues of the sequencing of activities, identifying those that are most urgent and should occur early in the process of rebuilding fiscal institutions.
Lessons Learned
Both studies shared some key findings, including the conclusion that expenditures should be one of the first issues addressed, especially because of the sudden demands for resources that reconstruction efforts require. The expenditure system must be simple, easily administered and transparent. To attain this, the FAD identifies two key steps: 1) creating a treasury and payment system, and 2) creating a single account for collecting revenues and disbursing payments to ensure comprehensiveness and accurate reporting.
Another of the priority areas identified in the USAID report is the need to get control over the receipts process. The demand for expenditures during reconstruction requires that simple systems be instituted to streamline the receipts process in order to collect taxes rapidly. Both reports emphasize the importance of initially focusing on indirect taxes — such as customs taxes — in order to raise funds quickly and simply. Although it is recognized that some of these taxes are suboptimal for the economy in the long run, it is a necessary evil in the short run. In addition, some of the fiscal institutions in post-conflict countries might not have the capacity to implement direct taxes, which are more complex to administer and guarantee compliance. Hence, a strategy of phasing in tax policies in a way that is consistent with the ability of the authorities to administer them and the economy to absorb them is important for rebuilding fiscal institutions in post-conflict countries.
Both reports note the importance of capacity building for the fiscal institutions. Although, this aspect of developing fiscal institutions is a long-term process, donors must make the effort to strengthen local capacities as soon as possible. Both administrative as well as analytical ability must be developed if the public financial management system is to be sustainable. The USAID report notes that the need to address weak statistical systems might be included in this process.
Lastly, both the FAD and the USAID report emphasize due to the large influx of donor assistance in post-conflict countries, coordination among donors is essential. Donors must do more than simply meet periodically to discuss the work they are doing individually, according to the USAID report, rather, the reconstruction process must be approached holistically by donors working toward the same goal.
There are several resources online on rebuilding fiscal institutions in post-conflict countries. More information regarding this topic can be found in the IMF’s PFM Blog, and on the USAID website on fiscal reform at http://www.fiscalreform.net/. Additionally, the Center on International Cooperation of the New York University has a section dedicated to Public Finance and Economic Recovery in post-conflict environments.
Mobile Phones and NGO Advocacy. Interview with Katrin Verclas of Mobileactive.org by Robert Valencia
With more than 3.5 billion cell phones being used across the world, mobile services are becoming a potential tool for nongovernmental organizations (NGOs) to use in advocacy and engagement strategies, revolutionizing the way organizations render services, provide access to information, and involve people in their efforts. For example, the American Red Cross has used SMS technology (short message service or text messaging) to bolster their relief efforts, allowing U.S. mobile customers to make a tax-deductible donation to the Red Cross simply by sending a text message containing the keyword “Help.” As part of these special relief initiatives, the mobile carriers waived their usual high fees for so-called premium SMS.
We recently interviewed Katrin Verclas from Mobileactive.org on the advances in using mobile technology for advocacy purposes. A recognized expert in mobile communications for social impact, Verclas has led several nonprofit organizations, such as the NTEN: The Nonprofit Technology, and has served as a program officer at the Proteus Fund, focusing on the use of technology in civic and democratic participation and in government transparency.
Background
MobileActive.org is a growing international network of 3,000 volunteers — highly skilled practitioners, technologists, grassroots activists, NGO staff, intermediary organizations, content and service providers and organizations who fund mobile technology projects — dedicated to the use of mobile phones to make the world a better place. Its mission is to increase the effectiveness of NGOs around the world and to recognize that the proliferation of mobile phones provides unprecedented opportunities for service and information delivery, organizing and communications. The members of the network seek to expand access to knowledge, ideas and experiences about the use of mobile technology for social impact; reduce learning costs for deploying mobile technology; accelerate NGOs’ use of effective strategies and tactics of mobile advocacy; and provide a comprehensive platform for building partnerships and for facilitating access to technology and funding.
MobileActive.org members work together to create the resources NGOs need to effectively use mobile phones in their work: locally relevant content and services, support and learning opportunities, and networks that help participants connect with one another. With these things on hand, tens of thousands of NGOs will be in a better position to enrich and serve their communities.
IBP: What are some of the innovative ways in which advocates are using mobile phones?
Katrin Verclas: This is still an emerging field in which many organizations are trying out various approaches, some with some real success. There are several case studies that demonstrate the use of SMS in the advocacy work of such NGOs as Greenpeace, which was able to effectively advocate for a law by building a large database of supporters. About 300,000 phone numbers were collected from a web form, and an additional 50,000 were collected via other means, such as email or through volunteers stationed on busy streets. Other advocacy groups such as the World Wildlife Fund in South Africa have used so-called SMS information lines to inform buyers at the point of purchase via SMS whether the product (in this case, fish) the consumer is interested in is harvested in an environmentally responsible manner.
IBP: Are there any initiatives anywhere in the world that use mobiles for budget-related data collection, monitoring or advocacy?
Katrin Verclas: Not yet. However, we are exploring, together with several funders and advocacy organizations, how budget monitoring groups can use mobile technology and other new media in their campaigns and outreach. In the next few months, we will be doing a comprehensive assessment of budget monitoring groups and organizations concerned with government accountability to learn more about their information needs and how to integrate mobile phones into their work.
IBP: We have seen the pros of using cell phones for advocacy purposes. Are there any difficulties NGOs might face by using SMS, and how would you help them overcome these obstacles?
Katrin Verclas: Yes, using mobiles for advocacy and engagement is not easy. There are a number of barriers: lack of clear strategy, lack of technical know-how, lack of resources (i.e., money, as mobile campaigns can be costly), and lack of scalable tools and mobile applications. We have done a comparison of do-it-yourself tools, and many are lacking in functionality and ease of use and require significant technical capacity. In a growing number of countries, there are commercial vendors, mostly used for mobile marketing campaigns, which may be suitable in some cases for an advocacy campaign, as well. Lastly, there are security concerns in countries with repressive political environments — any organization looking to use mobiles needs to be keenly aware of the idiosyncrasies of mobiles and how to use mobile phones securely so to not endanger their work in any way.
IBP: What tips or suggestions would you offer to an organization that wants to start an advocacy campaign using mobile services?
Katrin Verclas: Advocacy campaigners need to think through their strategy carefully to determine where mobiles make the most sense and how to best integrate them into an overall strategy. Generally, mobiles as an interactive medium are useful in urgent alert situations and as a way to interact two-ways with their constituents. It is critically important to understand what mobile technology is great for and what it’s not useful for in the context of a campaign. Integrating mobiles into an advocacy effort also means that you have to know your constituents well, understand how and for what they are using mobiles and then make your “ask” accordingly.
If you have ideas on how the use of mobile phones can enhance a budget advocacy campaign send an email to [email protected].
Publish What You Fund (PWYF) Campaign Needs Your Support
The Publish What You Fund (PWYF) Campaign is a new initiative to promote access to information, accountability and participation for more effective aid processes. This initiative has been developed by Access Info and Tiri (www.tiri.org) in consultation with a working group of leading aid organizations (Action Aid, UK Aid Network, DATA, Aidinfo) and with input from International Alert, the International Budget Partnership and Article 19. PWYF is finalizing the campaign’s principles and is turning to the global budget monitoring community for feedback and reactions.
To review the principles, go to: https://archive.internationalbudget.org/publications/aid-transparency-assessment/
To send your feedback, contact Program Director Martin Tisne at Tiri: [email protected]. The deadline for comments is August 15, 2008.
New in the IBP Participatory Budgeting Theme Page
Participatory Budgeting Unit
The Participatory Budgeting Unit is a project of Church Action on Poverty in the UK, which supports public sector and community groups in developing participatory budgeting processes in their local areas within the UK. The toolkit is an easy to use “how to” guide for participatory budgeting for the UK.
Participatory Budgeting in Africa: A Training Companion with Cases from Eastern and Southern Africa
Participatory budgeting in Africa is part of an effort to build the capacity of local government officials and their partners for greater accountability and good governance. This companion guide is aimed at helping local governments and other stakeholders prepare for, design, initiate and manage a participatory budgeting process by training key actors who initiate the budgeting processes.
New World Bank Publications
Two new World Bank publications in the Public Sector Governance and Accountability series have been released:
Local Public Financial Management
The volume provides an overview of local government financial accounting and reporting. Practical guidance is imparted on how and when to use debt, how to assess debt affordability, what debt to use, how to issue debt, and how to manage debt. The use of internal controls and audits to ensure efficiency and integrity is highlighted.
Performance Accountability and Combating Corruption
The volume is organized into two parts. The first part deals with public management reforms to ensure the integrity and improve the efficiency of government operations. The second part provides advice on strengthening the role of representative institutions, such as organs and committees of parliament, in providing oversight of government programs.
International Tax Dialogue
The International Tax Dialogue (ITD) is a collaborative arrangement involving the IDB, IMF, OECD, UN and World Bank Group to encourage and facilitate discussion of tax matters among national tax officials, international organizations and a range of other key stakeholders.
Finding the Money, edited by Gábor Péteri
Finding the Money is a joint publication by the Local Government and Public Reform Initiative and the Center for Policy Studies at the Central European University. It is based on materials developed as part of a summer course at the Central European University.
