Newsletter No. 43 – Spanish

Servicio de información presupuestaria a nivel distrital en India por Vinod Vyasulu, CBPS

El Centro de Estudios Presupuestarios y Políticos (CBPS, por sus siglas en inglés), una organización de la sociedad civil independiente y no partidaria de la India trabajan en el área de gobernabilidad local desde su creación en 1998. Su misión es promover el desarrollo sostenible y equitativo en la India, con un enfoque a nivel local. CBPS trabaja el tema de la descentralización desde una perspectiva única: analizando las asignaciones presupuestarias de los gobiernos locales, principalmente estudiando los procesos y patrones de la utilización del presupuesto.

Con la promulgación de las 73 y 74 enmiendas constitucionales en 1993, la India transfirió mayor poder de toma de decisión a las regiones. Esto creó la necesidad de transferir información desde los niveles más altos del gobierno a los gobiernos locales y, en última instancia, a los ciudadanos. Para llenar muchos de los vacíos en la información relacionada con el gobierno, CBPS planea crear su propio servicio de información presupuestaria (BIS, por sus siglas en inglés).

Carencia de información en los gobiernos urbanos y rurales

Gobiernos urbanos

CBPS ha trabajado desde hace cinco años con los gobiernos autónomos locales urbanos (ULSGs, por sus siglas en inglés) en Karnataka y Maharashtra y ha encontrado que en cuanto a acceso a la información, existen asimetrías entre las varias relaciones del gobierno a nivel de ULSG – entre el gobierno local y la administración estatal, entre los representantes elegidos y la administración local, y entre los ciudadanos y los representantes elegidos. Los ULSGs no son consultados, ni informados sobre los detalles de proyectos de desarrollo y los mantienen en la oscuridad acerca de sus recursos financieros.

El CBPS también ha encontrado que no existe un proceso de planeamiento para el desarrollo social, económico y de infraestructura a nivel de los ULSG a través el cual las partes interesadas locales puedan contribuir. Esta brecha en la gobernabilidad ha dejado a un gran número de centros urbanos en la India con un patrón de crecimiento irregular, congestión, servicios básicos de mala calidad y sin un plan para el mejoramiento económico de las secciones más pobres de la sociedad. La carencia de información pública exacerba estos problemas y no hay tradición de un foro donde las partes interesadas puedan expresar sus deseos.

Gobiernos rurales

El trabajo del CBPS en varios estados rurales ha demostrado que las desigualdades en la información mencionadas anteriormente también existen en zonas rurales, y además la estructura compleja del gobierno en la India rural hace que la información sea incluso más difícil de obtener, compaginar e interpretar. A diferencia de los gobiernos locales urbanos, que controlan solamente el gasto en infraestructura, las instituciones rurales panchayati raj (PRIs) también controlan el gasto de los sectores sociales como salud y educación, junto con programas relacionados con los sectores primarios de la economía, como la agricultura. Esto significa que cualquier monitoreo eficaz del presupuesto para las zonas rurales debe incluir un estudio de los presupuestos y de otros datos sobre los PRIs.

Dada la carencia de información por un lado y el gasto imprevisto por el otro, la responsabilidad se convierte en un asunto difícil. No está claro quién es responsable de qué función entre la administración y los representantes electos a nivel local.

Servicio de información presupuestaria

El CBPS planea crear un servicio de información presupuestaria (BIS) para llenar muchos de los vacíos en la información relacionada al gobierno. El BIS espera cambiar fundamentalmente la naturaleza del diálogo en el ámbito del gobierno subnacional, proveyendo información a cualquier persona que desee utilizarla. Se espera que la audiencia para el servicio sea diversa, incluyendo a los gobiernos locales (representantes electos y los administradores a nivel de los panchayat, las municipalidades, los distritos, y a nivel estatal), la sociedad civil (ONGs, organizaciones de los habitantes de los barrios bajos, e instituciones académicas), los hacedores de política, e instituciones financieras (las instituciones de crédito financiero y los donatarios bilaterales y multilaterales).

El BIS tendrá tres tareas básicas: recolección de datos, investigación y análisis de los datos, e incidencia en desarrollo económico, equidad y buena gobernabilidad.

Recolección de datos

Los siguientes tipos de información serán recolectados:

  • Presupuestaria: información presupuestaria de los gobiernos distritales y locales, con análisis de ingresos y gastos. Tal análisis incluirá una amplia gama de parámetros, más allá de patrones básicos de la tendencia.
  • Auditorías económicas y sociales: incluye datos de varias encuestas por agencias estatales y del gobierno central como el censo económico, encuestas sobre la industria, encuestas sobre el consumo-gasto y el desempleo e informes sobre desarrollo humano.
  • Valoración de la renta sectorial del distrito: CBPS ha desarrollado una metodología y un software (INDICAL) para preparar estas estimaciones que son un punto de partida necesario para ligar el planeamiento de la infraestructura y actividad económica a nivel distrital.

Mientras que algunos de estos datos están disponibles en las agencias estatales, otros tendrán que ser colectados por CBPS para hacerlos relevantes a las discusiones del gobierno local. Esto es especialmente importante para las estimaciones de la renta sectorial del distrito, una tarea que CBPS emprenderá por primera vez puesto que ningún estado está haciendo estas estimaciones con base en datos locales.

Investigación y análisis

BIS analizará los datos para un grupo diverso de clientes y de propósitos. Parte del análisis alimentará los procesos de planeamiento a nivel distrital/local y el BIS realizará investigación política con base en el análisis para sugerir soluciones que llenará el vacío entre las aspiraciones locales y la toma de decisiones del estado. Por ejemplo, es necesario redefinir el papel de las paraestatales, por ejemplo aquellas que suministran servicios básicos como agua, electricidad, o servicios financieros y de infraestructura que se proveen a los gobiernos locales.

Incidencia

Mientras que el BIS responderá a solicitudes de información, también abogará por el uso de los datos que reúne para mejorar al gobierno. CBPS ha desarrollado métodos para comunicar sus resultados de investigación utilizados exitosamente en varios municipios: la organización imparte talleres sobre análisis presupuestario en los cuales presenta el ingreso y tendencias en el gasto y crea documentales para discutir temas cualitativos del gobierno.

El CBPS ha creado documentales sobre gobernabilidad urbana con base en dos pequeñas ciudades en Karnataka y Maharashtra. En los documentales participan ciudadanos, concejales y administradores hablando sobre temas de gobernabilidad local. El CBPS ha hecho dos películas que examinan el papel del gobierno local en proporcionar servicios de salud materna. Estas películas han recibido reacciones positivas de diversas audiencias y han incitado discusiones extensas sobre los temas que plantean.

Además, será necesario desarrollar actividades de capacitación para crear demanda para el trabajo del BIS dada la postura actual del gobierno que desalienta la difusión de información. El CBPS ha encontrado que la presión suave pero continua puede demostrarle a la gente los beneficios de escuchar el mensaje del grupo. Este proceso es tedioso y los resultados son lentos, pero puede tener éxito.

Para mayor información, contactar a Vinod Vyasulu [email protected].


Transparencia presupuestaria a nivel estatal: avances en Massachusetts por José María Marín, IBP

La Iniciativa de Presupuesto Abierto 2006 (https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/) concluyó que los Estados Unidos provee información extensa a los ciudadanos en su presupuesto nacional. Sin embargo, el mismo nivel de transparencia presupuestaria no existe necesariamente a nivel estatal. Massachusetts ha tenido mejoras significativas en este campo gracias a los esfuerzos del Centro de Política y Presupuestos de Massachusetts (MBPC, por sus siglas en inglés) y un gobierno dispuesto a realizar cambios.

En 2004 el MBPC comenzó a medir el nivel de transparencia presupuestaria en Massachusetts, que en su momento tenía unas de las peores prácticas presupuestarias del país. Un panel de expertos realizó una evaluación sobre el nivel de transparencia presupuestaria y preparó un informe que examino las prácticas presupuestarias y propuso áreas de mejora. En el informe lanzado en el 2006, se identificaron cinco metas para obtener un proceso presupuestario más transparente:

  1. Proveer información clara sobre nuevas iniciativas y cambios en cada propuesta presupuestaria.
  2. Proveer información clara sobre el propósito y el costo de todos los programas.
  3. Proveer información clara sobre los ingresos y el balance entre ingresos y egresos.
  4. Proveer suficiente información para contextualizar el presupuesto.
  5. Facilitar el acceso de los ciudadanos a información presupuestaria.

En 2007 el Proyecto de Transparencia Presupuestaria de Massachusetts (MBTP, por sus siglas en inglés), un proyecto iniciado por el MBPS, trabajó conjuntamente con el nuevo electo gobernador para implementar algunas de las recomendaciones del informe. Estos cambios resultaron en avances significativos en el nivel de transparencia del proceso presupuestario para 2008 como:

  • La página de Internet del presupuesto del gobernador provee varias herramientas nuevas para acceder e interpretar el presupuesto 2008:
    • Herramientas de monitoreo para las distintas propuestas;
    • una “Guía Presupuestaria” que provee información sobre los ingresos y egresos e información sobre cómo interpretar y navegar los documentos presupuestarios;
    • información histórica de gastos por rubro para años previos y
    • un análisis de la perspectiva fiscal del estado.
  • Al divulgar la propuesta presupuestaria, la administración provee folletos informativos con un análisis detallado de la brecha en el presupuesto que incluye estimaciones de los fondos necesarios para mantener los servicios al mismo nivel del año previo.
  • El comité de medios y árbitros comenzó a proveer versiones electrónicas de todos sus documentos en su página de Internet.

Con estas mejoras el presupuesto del 2008 es uno de los más transparentes en la historia del estado. Los residentes de Massachusetts ahora pueden obtener mucha más información sobre el presupuesto y de manera más oportuna. Cabe notar que esta información está disponible en formato impreso y electrónico, de manera que los ciudadanos sin acceso a Internet también tienen acceso a ella.

Mejoras adicionales aún son posibles. El MBPC recomienda que el estado:

  • proporcione un informe comprensivo de ingresos y egresos a lo largo del año de cada presupuesto complementario que se aprueba
  • acompañe cada propuesta presupuestaria con una hoja de cálculo de todos los ingresos por fuente
  • incluya en cada propuesta presupuestaria una hoja de cálculo que resuma las diferencias entre las propuestas y los presupuestos de años previos.

Para leer el informe completo y obtener más información sobre esta iniciativa, ir a: http://www.massbudget.org/reports/pdf/Creating_a_Transparent_Budget.pdf y  http://www.massbudget.org/reports/pdf/MoreTransparentBudget.pdf.


Entrevista con Gary Bass de OMB Watch: trabajando con el gobierno para mejorar la transparencia en los E.E.U.U.

Gary Bass es el director ejecutivo de OMB Watch, una organización sin fines de lucro que en el 2006 y 2007 cooperó con el Congreso de los Estados Unidos y el Poder Ejecutivo para aumentar el nivel de transparencia del gobierno federal. Los resultados de este esfuerzo conjunto de la sociedad civil y el gobierno fueron la Ley de Transparencia del 2006 y dos nuevas fuentes de información sobre el gasto: FedSpending.org y USASpending.gov. Recientemente entrevistamos a Gary Bass sobre estas fuentes de información y sobre su experiencia trabajando con el gobierno para aumentar el nivel de transparencia en los Estados Unidos.

Antecedentes

OMB Watch es una organización dedicada a promover la transparencia gubernamental, la responsabilidad y la participación ciudadana. En 2006 el huracán Katrina aumentó las preguntas en Estados Unidos sobre la proporción de gastos del gobierno que estaban llegando a los beneficiarios. El desastre de Katrina fue un catalizador para que OMB Watch tomara cartas en el asunto.

Al mismo tiempo, el senador Republicano Tom Coburn de Oklahoma tenía la idea de hacer que la información del gasto gubernamental fuera más accesible, pero no sabía cómo enmarcar la idea. El senador Coburn se acercó a OMB Watch para colaborar en la elaboración de un proyecto de ley que haría que el gasto público fuera más transparente. Después de una conversación muy larga sobre la visión y los resultados, surgió un anteproyecto de ley que se convertiría en la plataforma para el Ley de Transparencia del 2006. Gary Bass y el senador Coburn reclutaron al senador demócrata Barak Obama para copatrocinar la legislación. A pesar de sus diferencias, demócratas y republicanos unieron fuerzas para pasar la Ley de Transparencia. Los ciudadanos también participaron en la campaña a través de blogs e influyeron mucho en la promulgación de la ley.

Un grupo de bloggers estimulados por preocupaciones de abuso en el gasto etiquetado por legisladores, comenzaron a abogar para que el anteproyecto de transparencia fuera decretado. Estos bloggers crearon una página de Internet que monitoreaba a cada miembro del Congreso para descubrir quién impedía la aprobación unánime del anteproyecto. Esta campaña autónoma creó suficiente presión para aprobar el anteproyecto unánimemente.

Mientras tanto OMB Watch comenzó un proyecto para crear una página de Internet que proporcionaría información sobre los gastos del gobierno. De este proyecto surgió FedSpending.org. FedSpending.org es una base de datos de aproximadamente $16.8 mil millones de dólares en contratos gubernamentales y becas, con datos anuales completos de 2000 al 2006 y datos parciales para 2007. Esta página permite examinar el gasto público por contratista o receptor de los fondos, por lugar de ejecución o por agencia federal. También tiene una opción que permite a los usuarios ver el gasto geográficamente. FedSpending.org tiene una gran profundidad en la información que presenta y lo hace en un formato fácil de entender.

Puesto que la Ley de Transparencia requiere de una página de Internet similar a la de FedSpending.org, Gary Bass ofreció sus consejos sobre cómo crear tal página a la Oficina de Gerencia y de Presupuesto. Posteriormente OMB Watch fue abordado por la Oficina de Gerencia y de Presupuesto para crear una página de Internet con base en FedSpending.org; el resultado final fue USASpending.gov.

Entrevista

IBP: En un país como los Estados Unidos donde se perciben altos niveles de transparencia, ¿qué es lo más innovador de estas páginas Internet?

Gary Bass: Una de las cosas que encontré más impactantes fue que una de las áreas de mayor crecimiento del gasto discrecional es la de contratos. Además, ha habido un crecimiento enorme en los contratos que se otorgan sin ser sujetos a un proceso de concurso. Actualmente cerca de 20 compañías en los E.E.U.U., controlan aproximadamente la mitad de todos los contratos gubernamentales, lo que plantea preguntas serias sobre responsabilidad. A diario abres el periódico y ves historias sobre fraude y abusos por los contratistas del gobierno. Una de las razones por las que salen a luz estas historias es debido a recursos como FedSpending.org. Periodistas están encontrando información en Internet que los llevan a realizar investigaciones más profundas cuando ven una tendencia sospechosa. Este es el tipo de cosas que no se podían hacer antes y ahora sí se puede.

IBP: ¿Qué aprendió sobre incidencia en general y sobre incidencia para el acceso a la información?

Gary Bass: Para ser honesto, me sorprendí al ver cuánta gente estaba interesada en utilizar FedSpending.org. Comenzamos este proyecto pensando que íbamos a crear una página de Internet simple y durante la etapa de planeación encontrábamos cada vez más y más gente entusiasmada con la idea. Comenzó como una página sencilla que se sofisticó cada vez más. Al final tuvimos que agregar varias cosas debido a la gran cantidad de usuarios. Por ejemplo, la página de Internet de OMB Watch recibe aproximadamente 60.000 visitas al mes mientras que FedSpending.org recibe entre 300.000 a 400.000 visitas al mes.

IBP: ¿Qué es lo que atrae a tantos visitantes? ¿Qué hace que la persona común se interese por la información presupuestaria?

Gary Bass: Pienso que hubo un punto de inflexión donde la gente, no sólo los grupos experimentados, examinaban la información de FedSpending.org aunque no supieran qué hacer con ella. Por ejemplo, la comunidad de bloggers es muy activa. Un blogger escribió un artículo sobre el presidente de la Cámara Dennis Hastert con respecto al dinero que iba a su distrito. Este artículo entonces incitó a un periodista en este distrito a investigar más, convirtiendo la noticia en un debate nacional sobre reparto de tierras. Hay muchos casos como este en donde los datos estimulan a los ciudadanos comunes, quiénes a su vez estimulan a reporteros y a ONGs a realizar investigación más profunda en estos temas.

Los grupos de cabildeo intermediarios también utilizan la información en FedSpending.org; sin embargo, estos grupos probablemente habrían encontrado cómo obtener los datos. Nuestra página de Internet hace más simple este proceso y permite que las organizaciones enfoquen su energía en el análisis.

Esta es la visión que siempre se tuvo del Internet: le da poder a la gente que no lo tiene a través de la información. Esto ha creado una vitalidad en la democracia que antes no existía. Es una manera de elevar el nivel de participación de los ciudadanos y parece que es efectiva. Sin embargo, FedSpending.org es apenas la punta del iceberg, todavía queda mucho por hacer.

IBP: ¿Qué aprendió de trabajar con diversas partes del gobierno en temas de transparencia?

Gary Bass: Estoy absolutamente seguro de que sin Roberto Shea de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la página de Internet del gobierno (USASpending.gov) no hubiera tenido tanta prioridad como la que tuvo en esta administración. El Sr. Shea realmente empujó este proyecto y merece mucho crédito. Es necesario contar con alguien que defienda este tipo de esfuerzo para que se realice. Hay demasiadas fuerzas dentro del gobierno que lo pudieron haber convertido en algo burocrático y reducido a una mera intención.

Esta administración es notable por su falta de transparencia; quizás está entre una de las más reservadas en la historia de este país. Así que fue impactante ver esta clase de energía para abordar el tema de transparencia.

Los ciudadanos de los Estados Unidos – al igual que en otros países – están cansados de la corrupción y si puedes demostrarles a los ciudadanos que este tipo de proyecto puede ayudar en la lucha contra la corrupción, se convierte en algo muy real para ellos. No pienso que es un sistema de calificación – lo importante es que le estás permitiendo al público determinar lo que está ocurriendo de modo que puedan hacer sus propios juicios con base en la información.

En otros países quizás el Internet no sea tan penetrante, pero lo será en el futuro y los países deben comenzar a prepararse para ese momento.

Para mayor información, ir a la página de OMB Watch: www.obmwatch.org.


Sociedad civil en Argentina promueve transparencia en los fondos de educación

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una incubadora de ideas independiente con base en Buenos Aires, está supervisando el cumplimiento de una ley que en el 2005 expandió significativamente el financiamiento a la educación y estableció mecanismos de transparencia para asegurarse de que los nuevos fondos fueran ejecutados correctamente.

Néstor Kirchner quien ganó la presidencia en el 2003, le dio prioridad al gasto en educación conforme a la tradición de un fuerte compromiso del país a la educación. Argentina goza de uno de los niveles más altos en educación en América Latina, con un 96 por ciento de alfabetismo en la población. La educación es gratuita y obligatoria para los niños entre 6 y 14 años.

En 2005 el gobierno de Kirchner adoptó una ley que amplió el acceso a la educación y requirió un aumento del 6 por ciento del PIB en el financiamiento público total para la educación a nivel nacional y provincial antes de 2010. Este aumento sobrepasaría el nivel del gasto de los Estados Unidos y Francia, países que asignaron un 5.6 por ciento del PIB en el 2002, según un informe de CIPPEC.

El gasto en educación disminuyó dramáticamente a partir de la crisis financiera del 2001 en Argentina, reduciéndose a un 4 por ciento del PIB en el 2003, notó CIPPEC. La ley 2005 no sólo requirió un alza en el gasto, sino que también incluía metas específicas como ampliar el número de salones de clase, alargamiento del día escolar, aumento de los sueldos a los maestros, e igualación de los niveles salariales de los maestros por todo Argentina.

Bajo la nueva ley el gobierno nacional cubriría el 40 por ciento del gasto en educación, mientras que los niveles inferiores del gobierno cubrirían el resto. Según CIPPEC esto marcaría un claro aumento en la responsabilidad del gobierno nacional en el financiamiento de la educación. Antes de la adopción de la ley el gobierno nacional era responsable de apenas el 26 por ciento de todos los gastos.

La nueva ley incluyó provisiones importantes sobre transparencia para monitorear el nuevo gasto y las nuevas metas. Algunos analistas temían que los gobiernos provinciales asignarían los nuevos fondos para la educación a otros propósitos. Por lo tanto, la nueva ley requirió que el gobierno nacional y cada provincia publicaran en Internet información del gasto y del progreso respecto al aumento en el acceso a la educación.

En 2006 CIPPEC comenzó sistemáticamente a examinar la información presupuestaria disponible en cada provincia, a comprobar las páginas de Internet y a pedir información adicional a los gobiernos provinciales. El año siguiente CIPPEC publicó su primer informe anual sobre la aplicación de la ley. Encontró que solamente 14 de los 24 gobiernos provinciales habían proporcionado información al día del gasto en educación para 2006 como requería la ley. Solamente 16 provincias se conformaron con el requisito de publicar el gasto previsto para el año siguiente.

Por otro lado, el informe observó que cinco provincias que no habían publicado ninguna información presupuestaria comenzaron a publicar información sobre sus gastos en educación durante el transcurso del año. Cuatro provincias incluso crearon páginas de Internet especiales para publicar su progreso en el aumento del acceso a la educación.

CIPPEC observó que su trabajo y solicitudes de información jugaron un papel importante en la estimulación de la publicación de estos datos. Aunque la ley requiriera la publicación de datos, en la mayoría de los casos ésta probablemente no hubiera estado disponible si los analistas de CIPPEC no la hubieran pedido.

Mientras más información reunía CIPPEC era más evidente que el gasto en educación constituye gran parte del presupuesto en la mayoría de las provincias. La porción más alta – el 35 por ciento – era en la ciudad de Buenos Aires. CIPPEC también encontró que Buenos Aires no estaba recibiendo el financiamiento adecuado debido a la manera en la que el gobierno igualaba los niveles salariales de los maestros entre provincias. Después del lanzamiento del informe de CIPPEC el gobierno nacional tomó medidas para abordar el problema.

CIPPEC también encontró que una gran parte (más de 90 por ciento en la mayoría de los casos) del gasto en educación a nivel provincial va a los salarios de los maestros. Esto significa que el sindicato de maestros, entre otros, tiene un gran interés en el análisis de CIPPEC del gasto en educación en cada provincia, al igual que en el análisis comparativo del gasto entre provincias.

CIPPEC creó una página de Internet (http://cippec.org/mlfe/) para poner su análisis a disposición de todas las partes interesadas. Mientras que el análisis de CIPPEC es certero y académicamente riguroso, está escrito en un lenguaje sencillo y accesible al público. CIPPEC también realizó actividades para contestar preguntas de la sociedad civil, el sindicato de maestros y funcionarios gubernamentales.

Como prueba de la confianza que el sindicato de maestros tiene en CIPPEC, los informes fueron usados por los líderes del sindicato en las negociaciones anuales provinciales para determinar los salarios de los maestros. Los gobiernos nacionales y provinciales también utilizaron el análisis de CIPPEC.

CIPPEC intentó influenciar las políticas del gobierno implicándose en el proceso que los Ministerios de Educación de las provincias usan para planear sus actividades y presupuesto del año siguiente. CIPPEC organizó seminarios para que los funcionarios del ministerio presentaran su agenda de reformas. También creó una página de Internet (http://cippec.org/nexos/) para presentar los materiales con las propuestas de reforma a los hacedores de política provinciales. Esto incluye propuestas para institucionalizar la participación de los maestros, padres y estudiantes en las reformas educativas a través de la creación de consejos de asesores y para consolidar la formación del profesorado y el desarrollo del plan de estudios, ampliar la construcción de las escuelas y mejorar los resultados de las pruebas de los estudiantes.

Un factor importante que contribuyó al éxito de CIPPEC en promover reformas en la educación fue su combinación de peticiones constantes y sistemáticas de datos con su riguroso análisis de la información. Otro factor importante es la capacidad de CIPPEC de aprovechar las oportunidades creadas por la elección de un nuevo gobierno nacional consciente de la importancia de la transparencia y comprometido con el gasto social y con el cumplimento de las reformas. Históricamente, los gobiernos provinciales están encabezados por partidos que son protectores de las élites locales y están desacostumbrados al escrutinio público de sus actividades.

El reconocimiento del acceso público a la información presupuestaria y actividades financieras del gobierno va en aumento y es clave para promover responsabilidad en el gobierno. Esto es una herencia directa de las crisis financieras que Argentina y otros países experimentaron en los años noventa. Las numerosas iniciativas sobre transparencia fiscal son una respuesta directa por parte del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones a estas crisis. También es un reconocimiento tácito de estas instituciones – en parte responsables de las crisis – al empujar políticas como la privatización no regulada, la carencia de transparencia en las adquisiciones públicas y la carencia de la transparencia respecto a la acumulación y el uso de la deuda pública. Se espera que las generaciones futuras en Argentina se beneficien del reconocimiento tardío de la importancia de la transparencia fiscal y que se traduzca en progreso tangible y más equitativo en las metas educativas.


Análisis de los presupuestos centroamericanos desde la perspectiva de derechos humanos por Jonathan Menkos, ICEFI

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) es un centro de investigación independiente de gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad civil fundado en 2005. ICEFI se encarga de preparar investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Además, brinda información, asesoría y capacitación en materia de política fiscal a los poderes legislativos y ejecutivos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas para incidir en la formulación de políticas públicas que promuevan estados y sociedades equitativas, democráticas y prósperas.

Una de sus principales líneas de investigación son los derechos humanos y su relación con el gasto público, por lo que el ICEFI ha desarrollado una metodología para medir, por medio del presupuesto público, el cumplimiento progresivo de los derechos humanos, en especial los relacionados con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

La última investigación del ICEFI que analiza los presupuestos de Centroamérica bajo el enfoque de derechos humanos concluye que el monto y la forma en que se distribuye el gasto social en esta subregión, continúa mostrando deficiencias para atender las necesidades sociales de la población más vulnerable.

Presupuesto con enfoque de derechos humanos

El presupuesto de la nación es la herramienta que refleja mediante la asignación de recursos escasos, las prioridades del conjunto de políticas públicas. El ICEFI reconoce la importancia de analizar cómo se formula, aprueba, ejecuta y evalúa el presupuesto de cada uno de los países centroamericanos con un enfoque de derechos. En síntesis, se trata de evaluar si el presupuesto protege los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y legales de sus habitantes. ICEFI evalúa el presupuesto a la luz de distintas obligaciones nacionales, especialmente constitucionales, tomando en cuenta compromisos internacionales y la adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los compromisos políticos respecto a las metas de desarrollo del milenio.

En la actualidad el ICEFI está preparando el Boletín Fiscal número 9, en el que analiza los presupuestos públicos de América Central desde la perspectiva de los derechos humanos. Este boletín servirá para analizar si los presupuestos están cumpliendo con los compromisos de derechos humanos asumidos por los estados de Centroamérica y servirá para ampliar la capacidad que la sociedad civil tiene para dar seguimiento al quehacer público desde una visión constantemente sometida a debate, pero con escasos fundamentos técnicos.

Analizando el gasto en salud y educación en Centroamérica

En Centroamérica el monto y la forma en que se distribuye el gasto social, sigue mostrando deficiencias para atender las necesidades sociales, principalmente las de la población más vulnerable, entorpeciendo los avances para el alivio a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Por un lado, el nivel de dicho gasto es insuficiente y se administra bajo limitaciones presupuestarias originadas por bajas tasas tributarias. Por otra parte, la estructura del gasto público debe adaptarse permanentemente a necesidades sociales emergentes, como la seguridad, sin que antes se hayan satisfecho otras ya existentes como salud, educación, nutrición o vivienda.

En los últimos años los recursos destinados al gasto público social equivalen casi a la mitad del presupuesto público total en la mayoría de países, con excepción de Costa Rica, en donde se destina aproximadamente el 65 por ciento del presupuesto total a temas sociales. El incremento del gasto público social se ha destinado principalmente a los sectores de salud y educación. En los últimos años a través de estos dos sectores se ha ejecutado en promedio el 65.6 por ciento del gasto público social total. En ese sentido, la mayoría de países con mayor o menor intensidad a excepción de Costa Rica y Panamá han descuidado otros derechos relacionados con la protección social, la vivienda y el medio ambiente.

Salud

Un primer elemento que sirve como parámetro para percibir la situación del derecho a la salud y que refleja el nivel de prioridad que ocupa en la agenda política de Centroamérica, es el porcentaje del PIB que se destina al cumplimiento de este derecho. En promedio en la región en los últimos años (2000-2005) se ha invertido aproximadamente 2.1 por ciento del PIB. Si a esto se agrega el gasto en seguridad social, el promedio casi se duplica, llegando a 4 por ciento.

Tomando las tendencias del gasto público, puede concluirse que en Panamá y en Guatemala parecería haberse dado un retroceso en la realización progresiva del derecho a la salud. El caso de Guatemala es más crítico, pues este país apenas invierte en salud la mitad del promedio regional. Por otro lado, tanto en El Salvador como en Costa Rica se puede observar cierto estancamiento en la asignación de recursos para el cumplimiento de este derecho. En el caso de Honduras y Nicaragua se observa una realización progresiva del derecho a la salud, aunque todavía falta mejorar su impacto.

Educación

En cuanto al derecho a la educación la región gastó en promedio en los últimos años (2000-2005) aproximadamente el 4.4 por ciento del PIB, lo que representa el doble del gasto público destinado a la salud si esta no incluye la seguridad social. Durante el período analizado, Honduras y Nicaragua fueron los países que más incrementaron el gasto en este sector, lo que guarda estrecha relación con los programas de alivio de la deuda a los que estos países están acogidos, ya que han permitido que un monto significativo de recursos externos se dedique a este sector. Al igual que en el sector salud El Salvador y Guatemala destinan menos recursos a la educación en comparación con el resto de las naciones centroamericanas.

Cierto estancamiento del gasto público se revela cuando se relaciona con el total de habitantes. Ya que en promedio el gasto per cápita anual para Centro América es menor que el gasto a fines del siglo XX. La mayor parte del presupuesto total asignado al cumplimiento de este derecho se destina a atender los niveles de preprimaria y primaria, lo que pone de manifiesto la importancia que para los estados tiene el cumplimiento del derecho al acceso universal y gratuito a la educación de este nivel. Sin embargo, también revela que hay cierto descuido en el financiamiento de los niveles educativos superiores, algo que se confirma al analizar las tasas de escolarización post-primaria.

Desafíos del enfoque de derechos humanos. A manera de conclusión

El enfoque de derechos humanos plantea dos desafíos conceptuales cuando se pretende utilizar como marco para evaluar el gasto público. Por un lado, el carácter multifacético de las obligaciones públicas hace difícil precisar las responsabilidades que tiene el estado para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos. Por otro lado, el hecho de que los presupuestos públicos no sean elaborados bajo un enfoque de derechos humanos implica la necesidad de tener acceso a la información presupuestaria desagregada a niveles programáticos, algo que no siempre está disponible a todo el público.

Para mayor información, contactar a Jonathan Menkos [email protected] o ir a ICEFI: www.icefi.org.


Asignaciones por género en el presupuesto 2008-2009 en India por José María Marín, IBP

El 29 de febrero el Centro para el Presupuesto y la Responsabilidad Gubernamental (CBGA, por sus siglas en inglés) en India lanzó el informe, “¿Y Donde están las Mujeres en el Presupuesto de la Unión 2008-09?” Este informe encuentra que las asignaciones específicas para las mujeres aumentaron marginalmente (de un 3.3 por ciento al 3.6 por ciento del total del gasto), sin embargo el número de los ministerios y los departamentos que reportan asignaciones específicas para las mujeres no aumentó.

India comenzó a analizar el gasto público desde una perspectiva de género en 1974, cuando el gobierno lanzó el Informe del Comité Sobre el Estatus de las Mujeres. Sin embargo, no fue hasta el Séptimo Plan Quinquenal (1985-1990) cuando se puso atención a las asignaciones para los programas que se enfocan especialmente en las mujeres. Al mismo tiempo, el gobierno adoptó el Plan de las Mujeres (WCP) que introdujo un mecanismo para identificar y monitorear los programas que benefician directamente a las mujeres. Más adelante en el Noveno Plan Quinquenal (1997-2002) se estableció un requisito claro e incondicional donde los ministerios y los departamentos percibidos como “relacionados con las mujeres” tienen que asignar a las mujeres por lo menos el 30 por ciento del gasto a nivel central y estatal.

Junto con el presupuesto 2008-2009 de la unión, el gobierno publicó una “Declaración sobre el presupuesto con enfoque de género.” Aunque este es un avance positivo, la declaración no presenta un cuadro completo sobre los beneficios que el presupuesto realmente ofrece a las mujeres, según Yamini Mishra y Bhumika Jhamb de CBGA. Por ejemplo, no toma en cuenta si los programas específicos para las mujeres cumplen con su meta según lo previsto y si estos programas transforman los papeles de género o si refuerzan los estereotipos ya existentes.

CBGA también observó que dado el importante papel de las mujeres en el mercado laboral, otros ministerios (además del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo de Niño) deben enfocarse más en los problemas y las vulnerabilidades de las mujeres. Por ejemplo, las asignaciones específicas para mujeres en la agricultura tuvieron solamente un incremento marginal como porcentaje de las asignaciones totales este año y siguen siendo inadecuadas para cumplir con las metas fijadas por el gobierno. Cabe notar que el 75 por ciento del total de mujeres que trabajan y el 85 por ciento de todas las mujeres que trabajan en áreas rurales trabajan en la agricultura.

Reducir disparidades en la educación sigue siendo otro desafío importante, según CBGA. La “Declaración sobre el presupuesto con enfoque de género” no divulga las asignaciones específicas para mujeres para las iniciativas de educación primaria. Además las asignaciones para mujeres en educación terciaria disminuyeron este año.

Para leer el reporte completo, ir a http://www.cbgaindia.org/.


Auditoría social en Rajastán: a pesar del progreso, aún queda mucho por hacer por Priyanka Varma, Mazdoor Kisan Shakti Sanghatan, MKSS

Durante las últimas dos décadas, ONGs, académicos, e investigadores han discutido diversos métodos para medir y mejorar la transparencia y responsabilidad en los programas de desarrollo enfocados en los pobres. Las auditorías sociales han surgido como un método de gran alcance que puede obtener y publicar información relevante, algo que mecanismos y agencias convencionales de auditoría aún no han podido lograr.

Una auditoría social no es un evento aislado, sino un ejercicio continuo que revisa el gasto, su utilidad y su impacto. De esta manera intenta asegurarse de que la actividad o el proyecto se diseñe y ejecute de forma apta para las condiciones locales, que refleje las prioridades y las preferencias de aquellos afectados por los programas y que sea de interés público. Tal proceso permite la participación pública en la supervisión del gasto e influir en la toma de decisiones a la hora de formular y ejecutar los proyectos.

El acceso y consolidación de la información en un formato que la gente pueda comprender para facilitar el proceso de verificación de información son dos componentes básicos en una auditoría social. El proceso también alerta a la población sobre sus derechos.

Auditorías sociales y el NREGA

En el estado de Rajastán una red de organizaciones de la sociedad civil llamada Rozgar Evum Suchna Ka Adhikar Abhiyan ha realizado auditorías sociales de proyectos bajo el Acta Nacional de Garantía de Empleo Rural (NREGA) por casi tres años.

Promulgado en 2005 el NREGA garantiza 100 días de empleo al año a cualquier hogar rural cuyos miembros adultos estén dispuestos a realizar trabajo manual. La falta de trabajo en un plazo de 15 días le da al individuo el derecho de cobrar seguro de desempleo. A pesar de este avance la mayoría de la población desconoce sus derechos bajo el NREGA. El flujo de información ha sido mínimo, con poca o ninguna iniciativa de parte del gobierno para corregir esto. La falta de personal preparado y la carencia de capacidad también han sido motivos de preocupación.

Al igual que el programa de empleo, en un país con serios problemas como la carencia de conocimiento, planeamiento y la participación ciudadana, baja calidad de los activos, diversión de fondos y ninguna responsabilidad pública, el NREGA provee dos disposiciones legales de gran importancia: transparencia y monitoreo público. La promulgación de la Ley de Acceso a la Información (RTI) en 2005 ha hecho posibles las auditorías sociales del NREGA y consolidado estas provisiones puesto que el acceso a la información es el primer paso para realizar una auditoría social.

Auditorías sociales regulares y la presencia de grupos populares en ciertas áreas han resultado en fuertes medidas de transparencia como los pizarrones de transparencia en los sitios de trabajo que detallan los fondos asignados (y desembolsados) al pago mano de obra y compra de materiales. Además la disponibilidad de listas de asistencia en casi todos los sitios de trabajo ha reducido considerablemente los retrasos y la falta de pago de salarios. Un gran número de hombres y mujeres han asistido a las audiencias públicas llevadas a cabo como parte de las auditorías para atestiguar en contra de expedientes falsos y expresar su descontento a pesar de la enorme presión ejercida por poderes locales.

Además de las prácticas corruptas y la desviación de fondos que se logran identificar en estas auditorías sociales, el ejercicio también permite una discusión sobre otros aspectos de los programas que son ignorados.

En el caso de Abiyán las auditorías sociales propusieron abordar temas como honorarios y bonificaciones para los representantes electos, aumento en la plantilla administrativa, técnica y ejecutiva en los niveles más bajos del gobierno y la asignación de responsables en el mantenimiento de expedientes. Con ello se espera contribuir a la reducción del número de casos de desviación de fondos y mejorar la ejecución de los programas.

Resistencia a las auditorías sociales

Casi todas las auditorías sociales organizadas por Abiyán han estado en coordinación con el gobierno estatal, las autoridades locales y los funcionarios. Los tres se han reunido en varias ocasiones para discutir los resultados de las auditorías y han trabajado juntos para corregir los problemas y consolidar el NREGA.

Sin embargo, dos auditorías organizadas recientemente por Abiyán en los distritos de Banswara y Jhalawar enfrentaron resistencia y hasta violencia. A pesar de las provisiones de transparencia en el NREGA y el RTI, los miembros de Abiyán tuvieron que efectuar manifestaciones pacíficas para obtener acceso a expedientes. Una amplia gama de agentes locales se opusieron a las auditorías sociales, creando un aire de miedo y tensión y causando dificultades para que Abiyán efectuara la auditoría.

En Banswara el gobierno de Rajastán invitó a Abiyán a realizar una auditoría pero desistió en medio del proceso al ver la resistencia y violencia. En Jhalawar la falta de información proporcionada por el gobierno restringió a Abiyán a realizar auditorías en sólo cinco panchayats (pequeñas unidades gubernamentales administrativas integradas generalmente por un grupo de aldeas). Sin embargo las auditorías encontraron evidencia de malversación en 14 aldeas, listas de asistencia alteradas y casos en que grupos marginados fueron negados una tarjeta de trabajo o casos en que se les cobró por el trámite de documentos que debían ser gratuitos.

Los actos de resistencia a las auditorías sociales provocan preguntas sobre el compromiso del gobierno a la transparencia y la rendición de cuentas de los programas de desarrollo para los pobres. También expone los límites del compromiso del gobierno para hacer que el NREGA sea un programa exitoso.

Desafíos emergentes

Una auditoría social es un proceso de la gente que da forma al concepto de vigilancia pública en programas de desarrollo como el NREGA, donde es casi imposible que una persona o agencia administre el programa. La idea de incorporar auditorías sociales en el NREGA también refleja una década de lucha y protestas democráticas de hombres y mujeres que reconocen la importancia de la información oficial en sus vidas.

Los acontecimientos ocurridos en Banswara y Jhalawar amenazan con destruir este esfuerzo. El gobierno y la administración local intentaron mantener la balanza de poder existente al oponerse a las auditorías sociales en parte leyendo las provisiones de la transparencia y responsabilidad en los términos más estrechos posibles – permitiendo que las auditorías se llevaran a cabo bajo los términos establecidos por ellos mismos. Tal resistencia demuestra el poder de las auditorías sociales para eliminar la corrupción, consolidar los derechos de la gente y establecer responsabilidades. Es momento de que los grupos populares reajusten sus estrategias para encarar estos desafíos y conservar las prácticas y espacios democráticos de los más marginados.

Para mayor información, contactar a [email protected].


Luta Hamutuk: promueve monitoreo de proyectos a nivel comunitario por Martin Tisne, TIRI

Luta Hamutuk una ONG fundada en el 2005 se dedica a establecer ukun rasik an (autosuficiencia) en Timor Leste para responder al compromiso del país con la participación ciudadana y justicia económica, respetando los valores de igualdad, democracia y transparencia. La misión de Luta Hamutuk es “participación ciudadana en la lucha para la justicia económica.”

El trabajo de Luta Hamutuk abarca cinco áreas interrelacionadas: (1) supervisión directa de proyecto de reconstrucción, (2) información a comunidades locales sobre temas de ingreso y gasto público, (3) creación de un comité con el estado y la sociedad civil para supervisar varios proyectos de reconstrucción en el distrito este de Los Palos, (4) publicación de folletos informativos sobre temas presupuestarios e ingresos públicos, y (5) activismo nacional en las áreas mencionadas. La organización también realiza monitoreo de los ingresos provenientes de petróleo del mar de Timor.

Monitoreo de proyectos

El enfoque estratégico de Luta Hamutuk al trabajo de monitoreo se puede dividir en cuatro pasos:

  1. Luta Hamutuk comienza el monitoreo de proyectos de reconstrucción con su propio personal. Esto genera interés nacional sobre temas comunitarios y crea conciencia entre el grupo acerca de las necesidades y preferencias de las comunidades.
  2. Como fundación para su trabajo, Luta Hamutuk se reúne para informar a las comunidades locales sobre los ingresos petroleros y otros temas relacionados con el presupuesto del estado. En cada reunión, el grupo identifica “puntos focales,” o miembros de la comunidad que actúan como facilitadores para continuar con el trabajo.
  3. Los puntos focales son entrenados a lo largo del año. En el caso piloto de Los Palos, los puntos focales asumieron un proyecto comenzado por Luta Hamutuk para el monitoreo de la construcción de una carretera y crearon un comité a nivel distrital para supervisar seis proyectos de reconstrucción.
  4. Luta Hamutuk presenta los problemas planteados por el comité a nivel nacional y comunica las reacciones al comité.

Luta Hamutuk supervisa tres proyectos: la construcción de un camino en el distrito este; cortes de electricidad en Dili y la carencia de espacios para vendedores en el mercado de Comoro en Dili. Estos proyectos consisten de supervisión directa seguida por informes cortos, comunicados y un uso extenso de la prensa y la televisión junto con activismo a nivel nacional.

Comité de monitoreo en Los Palos

Las reuniones comunitarias son uno de los instrumentos más importantes que tiene Luta Hamutuk para promover el trabajo de monitoreo. En promedio 40 personas atienden cada reunión incluyendo funcionarios del gobierno, periodistas y miembros de la comunidad.

El personal de Luta Hamutuk comienza las reuniones proporcionando información básica acerca de los ingresos del estado (provenientes del petróleo y gas), analizando los mecanismos por los cuales estos ingresos se incorporan al presupuesto del estado, antes de explicar el presupuesto y cómo se realizan las asignaciones.

Un miembro de Luta Hamutuk modera la conversación y es responsable de convocar a los participantes y de lograr la cooperación de los líderes locales. Una reunión exitosa podría llevar a la identificación de un punto focal que luego puede comenzar un proyecto de monitoreo en la comunidad.

Un ejemplo que surgió de los esfuerzos de Luta Hamutuk es el caso de monitoreo en el distrito este de Los Palos. Dos puntos focales locales asumieron un proyecto de monitoreo de Luta Hamutuck donde supervisaban la construcción de una carretera y junto con Luta Hamutuk, ayudaron a crear a un comité de monitoreo donde integrantes del gobierno y de la sociedad civil supervisan seis proyectos de reconstrucción en el área: dos proyectos de carretera, dos clínicas y dos escuelas.

El comité consiste de diez miembros que incluye a dos jóvenes que realizan la mayor parte del trabajo de monitoreo e informan una vez al mes al comité sobre sus resultados y el estado de los proyectos que están supervisando. El comité también incluye al jefe de la aldea y a jefes de los departamentos de salud, obras públicas y educación del distrito.

En cada reunión los jefes de los tres departamentos del distrito discuten sus preocupaciones y cualquier problema que pueda existir en la ejecución de los proyectos. Por ejemplo, en un caso el gobierno no le había pagado a la compañía que realizaba el trabajo, causándole problemas al jefe del departamento al igual que al jefe de la aldea en la cual el proyecto se estaba realizado (puesto que no se les había pagado a los trabajadores locales). Las reuniones terminan con un plan de acción.

Gracias a sus buenas relaciones con niveles más altos en el gobierno, Luta Hamutuk tiene cierta influencia en la política nacional. El grupo envía todos sus informes al presidente, al primer ministro y al presidente de la cámara de representantes para obtener sus comentarios antes de lanzar los informes a los medios de prensa.

Este estudio de caso fue escrito por Martin Tisne, director de programa en Tiri (www.tiri.org), una ONG con base en Londres que apoya a grupos de la sociedad civil en los países en posguerra.
Para cualquier pregunta relacionada con el trabajo de Tiri, contactar a [email protected].
Para mayor información sobre Luta Hamutuk, contactar a Thomas Freitas a [email protected].


 Nuevo informe de Global Integrity 2007 por Christopher Brown

En enero Global Integrity una ONG con base en Washington, D.C., lanzó el Informe Global Integrity 2007. Este informe evalúa los mecanismos de anticorrupción en 55 países y el marco institucional disponible a los ciudadanos para luchar contra la corrupción. El informe, publicado anualmente, utiliza una metodología única para determinar los mecanismos de anticorrupción utilizando datos cuantitativos derivados de investigación de primera mano en los países.

Comúnmente las elecciones democráticas se consideran como un aspecto clave de los gobiernos occidentales, sin embargo el informe encontró poca evidencia que vincula a las elecciones con mejor gobernabilidad. También encontró que los países más ricos enfrentan desafíos similares a los países menos desarrollados, particularmente en el área del financiamiento político: la deficiencia más grave de las instituciones anticorrupción en todo el mundo. Las leyes para regular las donaciones de individuos ricos y corporaciones a políticos a menudo se cumplen mal o no se cumplen. El informe también encontró una carencia extensa en la responsabilidad por parte de los gobiernos recipientes de ayuda exterior, algo que presenta serios dilemas para las agencias occidentales de ayuda multilateral.

En una nota más positiva el informe encontró que organizaciones de la sociedad civil que trabajan en países de posguerra con gobiernos débiles están desempeñando un papel importante en la lucha contra la corrupción. A pesar de los conflictos recientes en Bosnia y Herzegovina, Líbano, Liberia, Nepal y Sierra Leona, estos países recibieron calificaciones de moderadas a fuertes en el área de sociedad civil. Cabe mencionar que los gobiernos africanos son más receptivos a la colaboración de la sociedad civil en temas relacionados con el suministro de servicios públicos que respecto a  temas relacionados con transparencia y responsabilidad gubernamental.

A pesar de la creencia de que cambios en el gobierno y mejoras en la corrupción tardan muchos años para manifestarse, varios países exhibieron un cambio significativo desde el Informe Global Integrity 2006. Un área en particular que exhibió cambio fue la del proceso presupuestario. La calificación promedio para el proceso presupuestario aumentó de un 58 por ciento en 2006 a 65 por ciento en 2007. Los países que exhibieron cambios significativos en esta categoría son Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Egipto, Georgia, Kirguistán, Mozambique, Nepal, Rumania, Rusia, y Tayikistán, entre otros.

Los países cuya calificación total disminuyó en 2007 incluyen Georgia, Nigeria, Rumania, y Uganda. Azerbaiyán, Bulgaria y Nepal vieron una mejora en su calificación desde el año pasado.

Global Integrity realizó algunos cambios metodológicos en el 2007 que hay que tener presentes al comparar los resultados con los de 2006. Para leer más sobre la metodología, ir a http://report.globalintegrity.org/methodology/whitepaper.cfm.

“Global Integrity” busca periodistas, investigadores, científicos sociales y otros expertos en temas de gobernabilidad y corrupción para colaborar en la preparación del reporte de integridad global 2008. La selección final de los países no se ha decidido y depende en parte del interés expresado por calificados expertos nacionales, a quienes se les paga por sus esfuerzos.

Para mayor información sobre el Informe de Global Integrity 2007, ir a http://report.globalintegrity.org/globalIndex.cfm.


Poder de compra: asistencia, responsabilidad y contrataciones públicas por Olivia McDonald, Christian Aid

Gran parte del presupuesto gubernamental se utiliza para la compra de bienes y servicios. Para asegurarse de que el dinero se está gastando apropiadamente y limitar el riesgo de la corrupción, las reglas que rigen las decisiones del gasto público necesitan garantizar transparencia y responsabilidad hacia los ciudadanos. Esto hace que las reformas a las contrataciones públicas sean de considerable importancia para los donatarios.

Christian Aid una ONG establecida en el Reino Unido habla de la importancia de analizar las implicaciones económicas y sociales de las reformas a las contrataciones públicas, al igual que su impacto en el proceso presupuestario.

El mercado de las contrataciones públicas es importante debido a su valor de más de  US$2,000 mil millones cada año. Esto explica porqué los países ricos han insistido en poner el tema de acceso a estos mercados en la agenda en la OMC y buscan concretar acuerdos comerciales bilaterales.

Una nueva investigación de Christian Aid sobre las contrataciones públicas concluye que los donatarios pueden desempeñar un papel importante en países en vías de desarrollo ayudando a la creación de reglas claras sobre contrataciones, asegurándose que el proceso de contratación sea más transparente y que los funcionarios del gobierno sean más responsables. Para lograr esto, puede ser necesario vincular la ayuda al presupuesto con mejorías en los sistemas de contratación.

Sin embargo Christian Aid encuentra que las intervenciones por parte de los donatarios no siempre tienen éxito a la hora de crear sistemas de contratación más responsables. La ayuda de los donatarios sería más eficaz si las reformas específicas sobre contrataciones se basaran en el marco institucional del país y no en modelos occidentales.

En Ghana por ejemplo, (donde cerca del 70 por ciento de su presupuesto total va a contrataciones), los gobiernos locales no pueden establecer comités para tomar decisiones sobre contrataciones debido a la carencia de miembros calificados como contadores, especialistas en contratos e ingenieros. Encontrar a tales personas es muy difícil en zonas rurales. Esto significa que contrariamente a la descentralización, muchas decisiones las hace el gobierno central.

Además, los donatarios tienden a asumir que mayor número de licitadores garantiza mayor competitividad y mejores resultados, sin importar en qué país se encuentran los licitadores. Este supuesto ignora el impacto que esta práctica puede tener en las firmas locales, las cuales tradicionalmente dependen de los contratos gubernamentales.

Christian Aid cree que los gobiernos receptores deben decidir por sí mismos si deben permitir que empresas extranjeras compitan en las licitaciones; si no se les permite licitar a empresas extranjeras y resulta que el dinero de los países donatarios se queda en la economía local, que así sea. De hecho, este enfoque puede maximizar el impacto de la ayuda internacional. Por ello, los países donatarios deberían apoyar este enfoque mientras que persiguen sus propios objetivos económicos independientes de su estrategia de aydua.

Una reunión ministerial de la OCDE programada para septiembre del 2008 en Accra, determinará el progreso realizado en la implementación de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Específicamente revisará: a) el progreso en el apoyo a las reformas de contratos, b) las experiencias de los países receptores con las reformas de contratos, y c) la práctica de la “ayuda vinculada,” por la cual la compra de bienes y servicios con fondos de los donatarios debe hacerse a compañías del país donatario. Grupos de la sociedad civil implicados en el proceso de contrataciones deben asegurarse de que este tema reciba la atención que se merece.

Para ver el informe completo, ir a: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Buying-Power-Aid-Governance-and-Public-Procurement.pdf
Para mayor información, contactar a Olivia McDonald [email protected].


NGO Forum en Camboya lanza su nueva guía presupuestaria y trabaja con parlamentarios hacia un presupuesto con enfoque en la pobreza

El 14 de noviembre la organización NGO Forum en Camboya (una red de ONGs locales e internacionales que trabajan en Camboya) y el Instituto Económico de Camboya lanzó una guía presupuestaria con información sobre el presupuesto público. Asistieron al lanzamiento aproximadamente 130 representantes de la asamblea nacional, el senado, los ministerios del gobierno, las instituciones financieras internacionales, organizaciones de la sociedad civil y los medios.

La guía apunta a aumentar el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil sobre el presupuesto en Camboya. El conocimiento que se tiene del presupuesto actualmente se confina a un pequeño grupo de expertos en el gobierno, la asamblea nacional, instituciones de investigación y organizaciones de desarrollo. La guía está prevista para el uso de cualquier persona involucrada, directa o indirectamente, con el presupuesto público, incluyendo a funcionarios públicos, miembros del parlamento, periodistas, académicos, estudiantes y ciudadanos. El NGO Forum espera que la guía ayude a todas las partes interesadas a encontrar un espacio en el proceso presupuestario y contribuir a la discusión del presupuesto.

Entre otros temas, la guía examina los efectos del presupuesto sobre la reducción de la pobreza y el impacto en el presupuesto de la reforma del sistema de gestión financiera.

La guía recibe reacciones positivas

La reacción inicial a la nueva guía fue muy favorable. Varios medios de comunicación cubrieron el lanzamiento incluyendo estaciones de radio privadas y gubernamentales, cadenas de televisión y medios impresos. La guía se recibió como una herramienta importante para enseñarle al público y a las organizaciones de la sociedad civil cómo entender el presupuesto.

Un representante del Banco Mundial habló de la importancia de tener una sociedad civil bien informada. En efecto, la sociedad civil representa “la demanda” en las reformas de la gestión financiera de Camboya; reformas apoyadas por varias organizaciones internacionales para el desarrollo.

La guía será utilizada en 2008 en talleres y sesiones para organizaciones de la sociedad civil interesadas en el trabajo presupuestario. Es probable que se utilice en los planes de estudios de las universidades.

Para ver la guía en inglés, ir a: http://www.ngoforum.org.kh/docs/publications/NBP_GuidetotheNationalBudget-English.pdf

Trabajo hacia un presupuesto con enfoque en la pobreza en Camboya

 

El 27 de noviembre del 2007 el NGO Forum organizó un taller para los miembros de la asamblea nacional, el senado y de la sociedad civil para discutir la propuesta de presupuesto 2008. Asistieron aproximadamente 100 personas al foro incluyendo representantes de la legislatura camboyana, sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones de desarrollo. El Instituto Económico de Camboya y el Proyecto de Canadá-Camboya de Asistencia al Legislativo contribuyeron en la organización del taller.

El taller tuvo lugar tres días antes de que la Asamblea Nacional aprobara la ley del presupuesto y un día antes de las audiencias entre los miembros del parlamento y los representantes del ministerio de economía y finanzas.

El taller marcó un hito en la historia de Camboya: nunca antes los miembros de la asamblea nacional y la sociedad civil se habían reunido para discutir la ley del presupuesto público. Mientras que algunos funcionarios y legisladores del gobierno sospechaban de las consultas – viéndolas como herramientas utilizadas por partidos de oposición u organizaciones extranjeras – el taller les demostró que las intenciones de la sociedad civil son sinceras y fundadas en hechos y que la sociedad civil puede ser una contraparte importante para la asamblea nacional a la hora de discutir la propuesta del presupuesto del ejecutivo.

Los temas planteados en el taller incluyeron las tendencias de las asignaciones presupuestarias y un repaso del nivel de acceso público a información presupuestaria con base en los resultados de la iniciativa de Presupuesto Abierto 2006. (Para ver los resultados de la iniciativa de Presupuesto Abierto, ir a  www.openbudgetindex.org.)

Los presentadores del Instituto Económico de Camboya y del NGO Forum precisaron que los siete ministerios identificados por el gobierno como cruciales en la lucha contra la pobreza no recibieron la debida prioridad en el presupuesto, ya que estos ministerios recibieron asignaciones menores a otras agencias gubernamentales. Otra preocupación expresada en el taller es que el presupuesto no está lo suficientemente ligado al objetivo del gobierno de reducir la pobreza lo más rápido posible conforme al plan de desarrollo estratégico nacional 2006-2010. Aunque el presupuesto sí prioriza gastos en salud y educación, otras áreas importantes para el desarrollo como la agricultura, desarrollo rural, justicia, planeamiento urbano y construcción no reciben prioridad sistemáticamente.

La sociedad civil también expresó preocupación por el aumento de US$47 millones asignados a “gastos preventivo,” elevando la asignación total para este rubro a US$137 millones en el presupuesto del 2008. El uso de estos fondos, los cuales se consideran como “gastos no asignados,” está completamente a discreción del ejecutivo ya que no requiere de aprobación para utilizar estos fondos. Puesto que el gobierno no realizo ningún “gasto preventivo” en el 2007, el aumento en este rubro merece una explicación. La sociedad civil ha sostenido que estos fondos se deben asignar a proyectos de alivio a la pobreza en zonas rurales para fortalecer la rama judicial del gobierno. Durante el taller, el NGO Forum recomendó que estos fondos fueran utilizados para aumentar los presupuestos de la contraloría nacional y de los siete ministerios que el gobierno ha identificado como clave en la lucha contra pobreza.

El NGO Forum también presentó un resumen general sobre el estado del acceso público a información presupuestaria en Camboya y pidió que se publicara más información presupuestaria en 2008. Específicamente, pidió que los informes de la contraloría nacional y los informes de ejecución mensual de los ministerios se publiquen y estén disponibles en Internet.

El mensaje de la sociedad civil fue bien recibido por los legisladores. Todos los miembros del panel y los participantes reconocieron la importancia de la participación de la sociedad civil en la discusión sobre el presupuesto público y reconocieron que hay un clima cada vez más positivo para discutir de manera constructiva. Un miembro del parlamento indicó que el taller tendría un impacto en la discusión del presupuesto 2008 en la legislatura. Los legisladores también preguntaron si un taller similar podría ser organizado el próximo año, unas semanas antes ya que la discusión del proyecto de presupuesto 2008 estaba en su estado final.

El NGO Forum comparó el presupuesto aprobado con la propuesta de presupuesto y encontró que la legislatura no realizó ningún cambio a la propuesta del ejecutivo. Esto refleja la necesidad de fortalecer el papel de la legislatura para incidir en el presupuesto. Para ello, el NGO Forum planea trabajar más de cerca con la asamblea nacional este año, dándoles a los legisladores versiones electrónicas del presupuesto para que puedan analizar las tendencias a lo largo del tiempo y contextualizar las asignaciones presupuestarias, las necesidades de los pobres y de los grupos marginados.

Para recibir copias de la guía o para obtener más información sobre el trabajo del NGO Forum, contactar a Ngo Sothath a [email protected].


Presupuestos participativos en China: el profesor Baogang He presenta en el National Endowment for Democracy por José María Marín

El 12 de marzo el profesor Baogang He de la universidad de Deakin en Australia, actualmente profesor visitante en la Universidad de Stanford, presentó los resultados de su investigación sobre presupuestos participativos en China en el National Endowment for Democracy en Washington, D.C.

En 2005 en la ciudad de Zeguo en la provincia de Zheijian, el gobierno central de China realizó el primer experimento de presupuestos participativos al llevar acabo un sondeo con los residentes locales sobre temas presupuestarios y utilizando los resultados del sondeo para establecer las prioridades del presupuesto.

Desde entonces varias otras provincias han experimentado con diversos modelos de presupuestos participativos, extendiéndose desde el levantamiento de encuestas a la participación de la legislatura local en el presupuesto. El profesor He discutió los diversos modelos de presupuestos participativos, los incentivos para realizar este tipo de ejercicio y las perspectivas del presupuesto participativo en China.

  • En 2006 en la aldea de Bianyu se realizaron cuatro encuestas a 47 representantes electos de la aldea y 25 representantes seleccionados aleatoriamente. Las encuestas cubrieron temas como inmigración, economía y planeación de la aldea. Los resultados de la encuesta se trataron como si fueran las preferencias de los ciudadanos en estos temas.
  • En el municipio de Zeguo una muestra de ciudadanos elegida al azar fue convocada para considerar varios proyectos de infraestructura importantes para el desarrollo futuro de la ciudad. Los participantes recibieron informes al igual que acceso a expertos y asesores con los cuales tuvieron discusiones. Finalmente, los proyectos bajo consideración fueron priorizados conforme a las preferencias de los participantes.
  • En Xinhe 110 diputados y voluntarios examinaron el presupuesto ante el congreso local. En esta sesión se llevó acabo una discusión acerca de las asignaciones del presupuesto de donde surgieron revisiones a las asignaciones. Cabe notar que el papel del ciudadano en este proceso fue limitado. Este modelo de presupuesto participativo es diferente a otros países en donde el poder ejecutivo, en lugar de la legislatura es quien toma la iniciativa y representa una manera de renovar a los congresos locales en China, indicó He.

Desafortunadamente la continuidad de los presupuestos participativos en China es incierta. En Zeguo, por ejemplo, no se realizó un presupuesto participativo en 2007 como se hizo en el 2005 y 2006; en Xinhe el presupuesto fue adoptado a principios de 2007 sin la participación pública.

Aunque los modelos de presupuestos participativos adoptados en China transfieren cierto poder a los ciudadanos al permitirles expresar sus preferencias con respecto a proyectos públicos, estos modelos constituyen una democratización administrativa más que la democratización radical prevista por los pioneros en Brasil, observó He.

El hecho de que los ejercicios de presupuesto participativo dependan de los líderes del gobierno para movilizar a la población y proporcionar la información, es una fuente de preocupación indicó He, debido a la facilidad con la que se pueden manipular los resultados. Además, los ejercicios ocurren bajo condiciones autoritarias y la meta del gobierno es mejorar el desempeño de las asignaciones presupuestarias, no la extensión de derechos a los ciudadanos.

En conclusión, estos experimentos en presupuestos participativos pueden ser vistos como un gran logro si se juzgan según “quién consigue qué,” pero si se juzgan en términos de concesión de derechos a los ciudadanos y promoción de la transparencia, su éxito es más modesto. Incluso cuando se han realizado presupuestos participativos, el control ciudadano del proceso presupuestario sigue siendo muy limitado; sólo una pequeña parte del presupuesto se discute abiertamente y los administradores son los únicos que construyen el presupuesto.


Nuevas publicaciones

Our Money, Our Responsibility. A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
Por Vivek Ramkumar, IBP
https://archive.internationalbudget.org/resources/expenditure/index.htm

Esta guía refleja el creciente enfoque de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión de los resultados del gasto del gobierno. Ofrece una descripción de la implementación del presupuesto, incluyendo la ejecución del presupuesto, contrataciones, medición de impacto y auditoría y supervisión por el legislativo. La guía proporciona herramientas prácticas para organizaciones de la sociedad civil interesadas en el monitoreo del gasto del gobierno.

Primer on Civil Society Budget Work
Por Siba Shankar Mohanty, Deepak L. Xavier y Pooja Parvati
Center for Budget and Governance Accountability
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Primer-on-Civil-Society-Budget-Work.pdf

La guía proporciona información sobre temas relacionados con disposiciones presupuestarias y finanzas públicas para organizaciones de la sociedad civil comprometidos con el trabajo e incidencia en el presupuesto, así como para los funcionarios en el terreno encargados de la ejecución de programas sobre presupuestos e incidencia política.

Budgeting for the Future, Building another Europe
Editado por Sbilanciamoci!
http://www.sbilanciamoci.org/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=116

Este libro propone una perspectiva crítica de la sociedad civil sobre las perspectivas financieras 2007-2013 de Europa. Sbilanciamonci! creo una red consultiva de la sociedad civil europea que utilizó el marco financiero multianual 2007-2013 como esquema para desarrollar el análisis en gastos y políticas selectas de la Unión Europea. El resultado fue una colección de puntos de vista importantes de la sociedad civil europea sobre el presupuesto de la UE.

The Open Budget Blog & Other Public Finance Blogs
El pasado mes de marzo el IBP lanzó su blog de presupuestos abiertos, para verlo ir a: http://internationalbudget.wordpress.com. Esperamos que se unan a las discusiones que tendremos en este espacio. Pueden comentar sobre las notas del blog o enviar un comentario a [email protected].

Las notas pueden ser cortas (de 100 palabras) pero deben expresar una opinión o presentar un nuevo recurso. Los avisos de publicaciones o de actividades continuarán siendo publicados en nuestro boletín de noticias.

Un número de otros blogs relacionados con las finanzas públicas se han lanzado recientemente:

  • EURODAD lanzó el blog Betteraid.org (http://www.betteraid.org/blog) en agosto del año pasado. Betteraid.org ofrece noticias e historias interesantes sobre cómo los gobiernos de países ricos y las instituciones multilaterales gastan el dinero de la ayuda internacional.
  • El FMI lanzó su blog de PFM (http://blog-pfm.imf.org) a principios del 2008. El blog de PFM ofrece noticias, recursos y nuevas ideas sobre los sistemas de administración financiera pública, su funcionamiento y cómo mejorarlo.
  • El blog del Overseas Development Insitute (ODI) cubre temas relevantes a la comunidad presupuestaria. Se puede encontrar en: http://blogs.odi.org.uk/blogs/main.

Newsletter No. 43 – French

Service d’information budgétaire au niveau du district en Inde par Vinod Vyasulu, CBPS

Le Centre d’études budgétaires et politiques (CBPS), une organisation indépendante de la société civile en Inde, travaille dans le secteur de la gouvernance depuis sa création en 1998. Sa mission est de promouvoir le développement durable et équitable en Inde, en se concentrant sur le niveau local. Le CBPS travaille sur la décentralisation à partir d’une perspective particulière: en analysant les allocations budgétaires des gouvernements locaux, principalement en étudiants les processus et patrons de l’utilisation du budget.

Avec la promulgation des amendements constitutionnels 73 et 74 en 1993, l’Inde a transféré davantage de pouvoir de décision aux régions. Ceci a généré le besoin de transférer des informations des niveaux plus élevés du gouvernement aux gouvernements locaux et, en dernière instance, aux citoyens. Pour remplir les vides dans l’information liée au gouvernement, le CBPS prévoit de créer son propre service d’information budgétaire (BIS).

Manque d’information au niveau des gouvernements urbains et ruraux

Gouvernements urbains

Le CBPS travaille avec les gouvernements autonomes locaux urbains (ULSG) à Karnataka et Maharashtra depuis cinq ans et a découvert qu’en matière d’accès à l’information, il existe des asymétries parmi les relations du gouvernement au niveau des ULSG – entre le gouvernement local et l’administration étatique, entre les représentants élus et l’administration locale, et entre les citoyens et les représentants élus. Les ULSG ne sont ni consultés ni informés sur les détails des projets de développement et sont maintenus dans l’obscurité quant à leurs ressources financières.

Le CBPS a découvert également qu’il n’existe pas de processus de planification pour le développement social, économique et des infrastructures au niveau des ULSC à travers lequel les parties locales intéressées peuvent contribuer. Cette brèche dans la gouvernance a laissé un grand nombre de centre urbains en Inde avec un patron de croissance irrégulière, de congestion, de pauvres aménités de base et sans plan pour l’amélioration économique des secteurs les plus pauvres de la société. Le manque d’information publique exacerbe ces problèmes et il n’y a pas de tradition de forum au sein duquel les parties intéressées pourraient faire connaître leurs souhaits.

Gouvernements ruraux

Le travail du CBPS dans différents états ruraux a démontré que les inégalités liées à l’information mentionnées antérieurement existent aussi dans les zones rurales, et en outre, la structure complexe du gouvernement en Inde rurale fait que l’information est encore plus difficile à obtenir et interpréter. A la différence des gouvernements locaux urbains, qui contrôlent seulement les dépenses en infrastructure, les institutions rurales panchayati raj (PRI) contrôlent également les dépenses des secteurs sociaux comme la santé et l’éducation, conjointement aux programmes liées aux secteurs primaires de l’économie, comme l’agriculture. Ceci signifie que tout suivi efficace du budget pour les zones rurales doit inclure une étude des budgets et d’autres données sur les PRI.

Etant donnés le manque d’information d’un coté et les dépenses imprévues de l’autre, la responsabilité devient un thème difficile. Il n’est pas clairement établi qui est responsable de quoi entre l’administration et les représentants élus au niveau local.

Service d’information budgétaire

Le CBPS prévoit de créer un service d’information budgétaire (BIS) pour remplir certains manques dans l’information liée au gouvernement. Le BIS espère changer fondamentalement la nature du dialogue dans le champ du gouvernement infra étatique, en fournissant des informations à toute personne désirant en faire l’usage. Le public attendu est diverse, inclut les gouvernements locaux (représentants élus et administrateurs au niveau des panchayat, des municipalités, des districts, et de l’Etat), la société civile (ONG, organisations d’habitants des bas quartiers, et institutions universitaires), les décideurs politiques, et les institutions financières (les institutions de crédit financier et les donateurs bilatéraux et multilatéraux).

Le BIS aura trois tâches de base: recollection des données, investigation et analyse des données, et incidence en développement économique, équité, et bonne gouvernance.

Recollection des données

Différents types d’informations seront collectés:

  • Budgétaires: elles incluent les informations budgétaires des gouvernements locaux et de district, avec une analyse des revenus et des dépenses. Une telle analyse inclura une grande série de paramètres, au-delà des patrons de base de la tendance.
  • Audits économiques et sociaux: ils incluent des données de différentes enquêtes réalisées par des agences étatiques et du gouvernement central comme le recensement économique, des enquêtes sur la consommation/dépenses et le chômage, et les rapports sur le développement humain.
  • La valorisation de la rente sectorielle du district: le CBPS a développé une méthodologie et un programme (INDICAL) pour préparer ces estimations qui sont un point de départ nécessaire pour lier la planification de l’infrastructure et l’activité économique au niveau du district.

Alors que certaines de ces données sont disponibles dans les agences étatiques, d’autres devront être collectées par le CBPS avec l’objectif qu’elles soient pertinentes pour les discussions sur le gouvernement local. Ceci est de particulière importance pour les estimations de la rente sectorielle du district, une tâche que le CBPS assumera pour la première fois puisque aucun Etat ne fait ces estimations fondées sur des données locales.

Investigation et analyse

Le BIS analysera des données pour un groupe divers de clients et de finalités. Une part de l’analyse alimentera les processus de planification au niveau local/du district, et le BIS réalisera de la recherche politique fondée sur l’analyse pour suggérer des solutions permettant de combler le fossé entre les aspirations locales et la prise de décision de l’Etat. Par exemple, il est nécessaire de redéfinir le rôle des entreprises paraétatiques, notamment celles qui gèrent des services de base tels que l’eau, l’électricité, ou les services financiers et d’infrastructure fournis aux gouvernements locaux.

Incidence

Alors que le BIS répondra aux sollicitudes d’informations, il militera aussi pour l’utilisation des données qu’il collecte pour améliorer le gouvernement. Le CBPS a développé des méthodes de communication des résultats de ses recherches qui ont été utilisées au sein de plusieurs municipalités avec beaucoup de succès: l’organisation dispense des ateliers sur l’analyse budgétaire au sein desquels elle présente les revenus et les tendances de dépenses, et crée des documentaires pour discuter des thèmes qualitatifs du gouvernement.

Le CBPS a créé des documentaires sur la gouvernance urbaine dans les deux petites villes de Karnataka et Maharashtra. Dans ces films, participent des citoyens, des conseillers et des fonctionnaires qui parlent des thèmes liés à la gouvernance au niveau local. Le CBPS a réalisé également deux films qui étudient le rôle du gouvernement local dans la distribution de services de santé maternelle. Ces films ont suscité des réactions positives de la part de différents publics et ont incité à des discussions intensives sur les thèmes proposés.

En outre, il sera nécessaire de développer des activités de formation pour créer la demande pour le travail du BIS étant donnée la posture actuelle du gouvernement qui décourage «trop» de diffusion de l’information. Le CBPS a découvert qu’une pression légère mais continue peut enseigner aux personnes les bénéfices issus de l’écoute du message du groupe. Ce processus est laborieux et les résultats sont lents à venir, mais un rapprochement patient peut obtenir un grand succès. Sans ce composant ajouté au travail décrit précédemment, le BIS ne sera qu’une création sans utilisateurs.

Pour davantage d’informations, contacter Vinod Vyasulu à [email protected].


Transparence budgétaire au niveau étatique: avancées au Massachussetts par José María Marín, IBP

L’Initiative du Budget ouvert 2006 (https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/) conclut que les Etats-Unis fournissent de nombreuses informations aux citoyens sur le budget national. Cependant, le même niveau de transparence n’existe pas nécessairement au niveau étatique. Le Massachussetts a expérimenté des améliorations significatives dans ce secteur grâce aux efforts du Centre sur les politiques publiques et les budgets du Massachussetts (MBPC) et à un gouvernement disposé à réaliser des changements.

En 2004 le MBPC a commencé à mesurer le niveau de transparence au Massachussetts, qui en ce temps-là disposaient des moins bonnes pratiques budgétaires du pays. Un panel d’experts a réalisé une évaluation sur le niveau de transparence budgétaire et a préparé un rapport étudiant les pratiques budgétaires, et proposant des zones d’améliorations. Dans ce rapport, diffusé en 2006, ont été identifiés cinq objectifs pour disposer d’un processus budgétaire plus transparent:

  • Fournir des informations claires sur les nouvelles initiatives et les changements au sein de chaque proposition budgétaire.
  • Fournir des informations claires sur le but et le coût de tous les programmes.
  • Fournir des informations claires sur les revenus et l’équilibre entre revenus et dépenses.
  • Fournir suffisamment d’informations pour contextualiser le budget.
  • Faciliter l’accès des citoyens à l’information budgétaire.

En 2007, le Projet de transparence budgétaire du Massachussetts (MBTP), un projet initié par le MBPS, a travaillé conjointement au nouveau gouverneur élu pour implanter certaines des recommandations du rapport. Ces changements ont donné lieu à des avancées significatives sur le niveau de transparence du processus budgétaire pour l’année 2008, comme par exemple:

  • Le site Internet du budget du gouverneur fournit différents outils nouveaux pour accéder et interpréter le budget 2008, dont:
    • Des outils de suivi des différentes propositions;
    • Un «Guide budgétaire» qui offre des informations sur les revenus et les dépenses, et sur comment interpréter et utiliser les documents budgétaires;
    • Des informations historiques sur les dépenses par catégorie pour les années antérieures;
    • Une analyse de la perspective fiscale de l’Etat.
  • En divulguant la proposition budgétaire, le gouvernement fournit des prospectifs informatifs avec une analyse détaillée de la brèche budgétaire, incluant des estimations des fonds nécessaires pour maintenir les services au même niveau que l’année antérieure.
  • Le comité des moyens et arbitres a commencé à distribuer des versions électroniques de l’ensemble de ses documents sur sa page Internet.

Avec ces améliorations, le budget 2008 est devenu l’un des plus transparents de l’histoire de l’Etat. Les résidents du Massachussetts peuvent désormais obtenir beaucoup plus d’informations sur le budget et de façon beaucoup plus opportune. Il est important d’observer que cette information est disponible en version imprimée et sous version électronique, de façon à ce que les citoyens sans accès à Internet puissent aussi l’examiner.

D’autres améliorations sont encore possibles. Le MBPC ne recommande que l’Etat, entre autres:

  • Proportionne un rapport exhaustif des revenus et dépenses au cours de l’année de chaque budget complémentaire approuvé.
  • Accompagne chaque proposition budgétaire d’une feuille de calcul avec tous les revenus par source.
  • Inclue dans chaque proposition budgétaire une feuille de calcul qui résume les différences entre les propositions et les budgets des années antérieures.

Pour lire le rapport complet et obtenir davantage d’informations sur cette initiative, visiter: http://www.massbudget.org/reports/pdf/Creating_a_Transparent_Budget.pdf et  http://www.massbudget.org/reports/pdf/MoreTransparentBudget.pdf.


Entretien avec Gary Bass d’OMB Watch: travailler avec le gouvernement pour améliorer le niveau de transparence aux Etats-Unis

Gary Bass est directeur exécutif de OMB Watch, une organisation sans but lucratif qui, en 2006 et 2007, a coopéré avec le Congrès des Etats-Unis et le pouvoir exécutif pour augmenter le niveau de transparence du gouvernement fédéral. Les résultats de cet effort conjoint de la société civile et du gouvernement ont été la Loi de transparence de 2006, et deux nouvelles sources d’informations sur les dépenses: FedSpending.org et USASpending.gov. Récemment, nous avons eu un entretien avec Gary Bass sur ces nouvelles sources d’informations ainsi que sur son expérience de coopération avec le gouvernement pour augmenter le niveau de transparence aux Etats-Unis.

Antécédents

OMB Watch est une organisation qui se consacre au travail de promotion de la transparence gouvernementale, de la responsabilisation et de la participation citoyenne. En 2006, la tornade Katrina a amplifié les questions aux Etats-Unis quant au degré auquel les dépenses du gouvernement touchent les bénéficiaires prévus. Le désastre de katrina a été un catalyseur pour qu’OMB Watch se positionne sur la question.

Environ en même temps, le sénateur républicain Tom Coburn de Oklahoma, avait l’idée de faire en sorte que l’information sur les dépenses gouvernementales soit plus accessible, mais avait des difficultés pour concrétiser l’idée. Le sénateur Coburn a contacté OMB Watch pour qu’ils collaborent sur l’élaboration d’un projet de loi qui ferait en sorte que les dépenses publiques soient plus transparentes. Après une longue conversation sur la vision et les résultats, est né un pré projet de loi qui se convertirait en une plateforme pour la Loi sur la transparence de 2006. Gary Bass et le sénateur Coburn ont recruté le sénateur démocrate Barak Obama pour coparrainer la législation. Malgré un gouvernement notablement sur la réserve, Démocrates et Républicains ont uni leurs forces pour faire passer la loi sur la transparence. Des citoyens communs ont également participé à la campagne à travers leurs blogs et ont été très influents dans la promulgation de la loi.

Un groupe de bloggeurs, stimulés par des préoccupations concernant les abus dans les dépenses étiquetés par des législateurs, ont commencé à militer pour que le projet provisoire de transparence soit décrété. Ces bloggeurs ont créé une page Internet faisant le suivi de chaque membre du Congrès pour découvrir qui empêchait l’approbation unanime du projet. Cette campagne autonome a généré suffisamment de pression pour parvenir à l’approbation unanime du projet.

Pendant ce temps, OMB Watch commençait un projet pour créer une page Internet fournissant des informations sur les dépenses du gouvernement. De ce projet est né FedSpending.org. FedSpending.org est une base de données concernant environ 16 800 millions de dollars en contrats gouvernementaux et dotations, avec des données annuelles complètes de 2000 à 2006, et des données partielles pour 2007. Cette page fait en sorte que les citoyens puissent examiner le budget public en fonction du contractant ou du receveur de fond, et non seulement en fonction de l’exécution ou l’agence fédérale. Elle dispose également d’une option qui permet aux utilisateurs de visualiser les dépenses géographiquement. FedSpending.org présente les informations en profondeur et à la fois sous un format simple à comprendre.

Puisque la Loi sur la transparence requiert une page Internet similaire à celle de FedSpending.org, Gary Bass a offert ses conseils sur comment créer une telle page à l’Office de gestion et du budget. Par la suite, OMB Watch a été abordée par cet organe pour qu’elle crée une page Internet inspirée de FedSpending.org; le résultat final est USASpending.gov.

Entretien

IBP: Dans un pays comme les Etats-Unis où il est considéré que sont obtenus de hauts niveaux de transparence, quel est le côté innovant de ces nouvelles pages Internet?

Gary Bass: Une des choses qui m’ont paru les plus frappantes est que l’un des secteurs de plus grande croissance des dépenses discrétionnaires est celui des contrats. En outre, il y a eu une croissance énorme des contrats attribués sans être convoqués à des licitations. Actuellement, environ 20 entreprises des Etats-Unis contrôlent approximativement la moitié de l’ensemble des contrats gouvernementaux, fait qui questionne sérieusement la responsabilisation. Tu peux lire tous les jours dans le journal des histoires de fraude et d’abus sur les contractants du gouvernement. Une des raisons pour lesquelles sont visibles ces histoires est liée aux ressources telles que FedSpending.org. Les journalistes trouvent des informations sur Internet qui les conduisent à réaliser des recherches plus en profondeur quand ils observent une tendance suspecte. C’est le type de choses qu’ils ne pouvaient faire avant et qu’ils peuvent faire désormais.

IBP: Qu’avez-vous appris sur l’incidence et particulièrement l’incidence pour l’accès à l’information?

Gary Bass: Pour être totalement honnête, j’ai été surpris de voir combien de personnes étaient intéressées par l’utilisation de FedSpending.org. Nous avons débuté ce projet en pensant que nous allions créer un site Internet simple, et durant l’étape de planification nous avons rencontré de plus en plus de personnes enthousiasmées par l’idée. Cela a commencé avec une page Internet qui s’est sophistiquée au fil du temps. Finalement, nous avons dû faire plusieurs ajouts du fait du grand nombre d’utilisateurs. Par exemple, la page Internet de OMB Watch reçoit approximativement 60 000 visites par mois alors que FedSpending.org en reçoit environ 300 000 à 400 000.

IBP: Qu’est-ce qui attirent autant de visiteurs? Y a-t-il quelque chose en particulier qui fait que la personne commune s’intéresse à l’information budgétaire?

Gary Bass: Je pense qu’il y a eu un moment d’inflexion, où les gens, non seulement les groupes expérimentés, ont commencé à étudier les informations de FedSpending.org sans savoir nécessairement que faire avec ces informations. Par exemple, la communauté des bloggeurs est très active. Il y a eu un cas où un bloggeur a écrit un article sur le président de la Chambre Dennis Hastert concernant l’argent bénéficiant à son district. Cet article a alors incité un journaliste du district à faire davantage de recherches, transformant l’information en un débat national sur la distribution des terres. Il existe de nombreux cas comme celui-ci où les données stimulent les citoyens ordinaires, qui stimulent à leur tour des journalistes et des ONG et les incitent à réaliser des investigations sur ces questions.

Les groupes de pression intermédiaires utilisent également les informations de FedSpending.org; cependant, ces groupes auraient probablement trouvé un moyen d’obtenir les données. Notre site Internet simplifie ce processus et fait en sorte que les organisations consacrent davantage leur énergie à la partie analyse.

C’est la vision qui a toujours été partagée d’Internet: Internet donne du pouvoir aux personnes qui en sont dépourvues à travers l’information. Ceci a généré une vitalité de la démocratie qui n’existait pas auparavant. C’est une manière d’élever le niveau de participation des citoyens et il semble que c’est efficace. Cependant, FedSpending.org n’est que la pointe de l’iceberg à peine, il reste encore beaucoup à faire.

IBP: Qu’avez-vous appris en travaillant avec divers composants du gouvernement sur les thèmes de transparence?

Gary Bass: Je suis tout à fait convaincu que sans Roberto Shea, de l’Office de gestion et du budget, la page Internet du gouvernement (USASpending.gov) n’aurait pas eu le caractère prioritaire qu’elle a eu dans ce gouvernement. Mr. Shea a réellement porté ce projet. Il est indispensable d’avoir une personne qui défende ce type d’effort pour que celui-ci se réalise. Il existe trop de forces au sein du gouvernement qui auraient pu le convertir en un simple processus bureaucratique et réduire sa portée.

Ce gouvernement est particulièrement remarquable pour son manque de transparence; il s’agit peut-être de l’un des plus réservés de l’histoire du pays. C’était donc frappant et rafraichissant de voir ce type d’énergie pour aborder le thème de la transparence.

Les citoyens des Etats-Unis, ainsi que d’autres pays, sont fatigués de la corruption; ceci est la clé. Si tu peux démontrer aux citoyens que ce type de projet peut aider dans la lutte contre la corruption, cela devient quelque chose de très concret pour eux.

Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un système de qualification – l’important est que tu permets au public de déterminer ce qui se passe à partir de son propre jugement, fondé sur l’information.

Dans d’autres pays, Internet n’a peut-être pas autant d’ampleur, mais cela viendra, et les pays doivent commencer à planifier en fonction de ce moment.

Pour obtenir davantage d’informations, visiter la page d’OMB Watch: http://ww.obmwatch.org.


La société civile en Argentine fait la promotion de la transparence dans les fonds d’éducation

Le Centre d’implantation des politiques publiques pour l’équité et la croissance (CIPPEC), un laboratoire d’idées indépendant basé à Buenos Aires, supervise l’implantation d’une loi qui en 2005 a étendu de façon significative le financement de l’éducation et a établi des mécanismes de transparence pour assurer que les nouveaux fonds soient exécutés correctement.

Néstor Kirchner, qui a gagné la présidence en 2003, a donné un caractère prioritaire aux dépenses en éducation conformément à la tradition d’un fort engagement du pays envers l’éducation. L’Argentine jouit d’un des niveaux d’éducation les plus élevés en Amérique latine, avec 96% d’alphabétisme parmi la population. L’éducation est gratuite et obligatoire pour les enfants entre 6 et 14 ans.

En 2005, le gouvernement de Kirchner a adopté une loi qui a étendu de façon significative l’accès à l’éducation et a requis une augmentation à 6% du PIB pour le financement public total de l’éducation aux niveaux national et provincial d’ici 2010. Cette augmentation surpasserait le niveau des dépenses des Etats-Unis et de la France, pays qui ont alloué 5.6% de leur pays en 2002, d’après un rapport du CIPPEC.

Les dépenses en éducation ont diminué de façon dramatique du fait de la crise financière en 2001 en Argentine, se réduisant à 4% du PIB en 2003, a remarqué le CIPPEC. La loi de 2005 n’exige pas seulement une hausse des dépenses, mais inclut également des objectifs spécifiques tels qu’amplifier le nombre de salles de classe, allonger la journée scolaire, augmenter les salaires des enseignants, et aligner leurs niveaux de salaires entre les régions d’Argentine.

Sous la nouvelle loi, le gouvernement national couvrirait 40% des dépenses en éducation, alors que les niveaux inférieurs de gouvernement couvriraient le reste. D’après le CIPPEC, ceci marquerait une nette augmentation de la responsabilité du gouvernement national dans le financement de l’éducation; avant l’adoption de la loi, le gouvernement national était responsable d’à peine 26% de l’ensemble des dépenses.

La nouvelle loi inclue des provisions importantes sur la transparence pour surveiller les nouvelles dépenses et les nouveaux objectifs. Certains analystes craignaient que les gouvernements provinciaux consacrent les nouveaux fonds pour l’éducation à d’autres fins. Ainsi, la nouvelle loi requiert que le gouvernement national et chaque province donnent accès sur Internet à des informations actualisées au cours de l’année concernant les dépenses et les progrès de l’accès à l’éducation.

En 2006, le CIPPEC a commencé à examiner systématiquement les informations budgétaires disponibles dans chaque province, à vérifier les pages Internet et à demander des informations additionnelles aux gouvernements provinciaux. L’année suivante, le CIPPEC a publié son premier rapport annuel sur l’application de la loi. Il a trouvé que seuls 14 des 24 gouvernements provinciaux avaient fourni des informations mises à jour sur les dépenses en éducation pour 2006, comme cela est requis par la nouvelle loi. Seules 16 provinces se sont conformées au réquisit de publier les dépenses prévues pour l’année suivante.

D’un autre côté, le rapport a observé que cinq provinces qui n’avaient publié auparavant aucune information budgétaire, avaient commencé à publier des informations sur leurs dépenses en éducation au cours de l’année. Quatre provinces ont notamment créé des pages Internet spéciales pour publier leur progression concernant l’accès à l’éducation.

Le CIPPEC a remarqué que son travail et ses sollicitudes d’informations ont joué un rôle important dans la stimulation de la publication de ces données. Bien que la loi requiert la publication de données, dans la majorité des cas cela ne se serait pas produit si les analystes du CIPPEC ne l’avaient pas exigé.

Plus le CIPPEC collectait des informations, plus était visible le fait que les dépenses en éducation constituent une grande partie du budget dans la majorité des provinces. La part la plus élevée – 35% – se situait dans la ville de Buenos Aires. En même temps, le CIPPEC a trouvé que Buenos Aires ne recevait pas le financement approprié du fait de la manière dont le gouvernement alignait les niveaux salariaux des enseignants entre provinces. Après le lancement du rapport du CIPPEC, le gouvernement national a pris certaines mesures pour aborder la question.

Le CIPPEC a trouvé également qu’une grande partie (plus de 90% dans la majorité des cas) des dépenses en éducation au niveau provincial est consacrée aux salaires des enseignants. Le syndicat des enseignants, entre autres groupes, est donc fortement intéressé par l’analyse du CIPPEC des dépenses en éducation dans chaque province, de même que par l’analyse comparative des dépenses entre provinces.

Le CIPPEC a créé une page Internet (http://cippec.org/mlfe/) tout spécialement pour mettre son analyse à disposition de toutes les parties intéressées. Alors que l’analyse du CIPPEC est rigoureuse académiquement, elle est aussi écrite dans un style sans vocabulaire technique et facilement compréhensible pour tout type de public. Le CIPPEC a également réalisé des activités pour répondre aux questions de la société civile, du syndicat des enseignants, et des fonctionnaires gouvernementaux.

Preuve de la confiance que le syndicat des enseignants a en le CIPPEC, les rapports ont été utilisés par les dirigeants du syndicat dans les négociations annuelles provinciales pour déterminer les salaires des enseignants. Les gouvernements national et provinciaux ont utilisé aussi l’analyse du CIPPEC.

Le CIPPEC a tenté d’influencer les politiques du gouvernement en s’impliquant dans le processus au cours duquel les Ministères d’éducation des provinces planifient leurs activités et leur budget pour l’année suivante. Le CIPPEC a organisé des séminaires pour que les fonctionnaires du ministère soumettent leur agenda de réformes à l’observation et à la discussion. Il a également créé une page Internet spéciale (http://cippec.org/nexos/) pour présenter les matériels avec les propositions de réforme aux décideurs des politiques provinciales. Cette page inclut des propositions pour institutionnaliser la participation des enseignants, des parents et des étudiants aux réformes éducatives à travers la création de conseils, et pour consolider la formation du professorat, le développement du plan d’études, amplifier la construction d’écoles et améliorer les résultats aux examens des étudiants.

Un facteur important du succès du CIPPEC dans la promotion des réformes de l’éducation a été sa combinaison entre des sollicitudes constantes et systématiques de données et son analyse rigoureuse des données obtenues.

Un autre facteur important concerne la capacité du CIPPEC à saisir les opportunités créées par l’élection d’un nouveau gouvernement national conscient de l’importance de la transparence et engagé envers les dépenses sociales et la réalisation de réformes. Ceci fut un progrès significatif. Historiquement, les gouvernements provinciaux sont dirigés par des partis protecteurs des élites locales et non habitués au suivi public de leurs activités.

Va croissant internationalement la reconnaissance du fait que l’accès public à l’information budgétaire et aux activités financières du gouvernement est clé pour promouvoir la responsabilisation du gouvernement. Ce développement est un héritage direct des crises financières que l’Argentine et d’autres pays ont expérimentées dans les années 1990. Les nombreuses initiatives existantes sur la transparence fiscale sont une réponse directe de la part du Fonds monétaire international et d’autres institutions à ces crises. Il s’agit également de la reconnaissance tacite par ces institutions qu’elles sont en partie responsables des crises en poussant des politiques telles que la privatisation non régulée, le manque de transparence dans les acquisitions publiques, et le manque de transparence qui entourait l’accumulation et l’utilisation de la dette publique. Il est espéré que les générations futures en Argentine bénéficient de cette reconnaissance tardive de l’importance de la transparence fiscale et de la responsabilisation, et que cela se traduise en progrès tangible et plus équitable dans le secteur de l’éducation.


Analyse des budgets centraméricains depuis la perspective des droits de l’homme par Jonathan Menkos, ICEFI

L’Institut centraméricain des études fiscales, (ICEFI), est un centre de recherche indépendant, et a été fondé en 2005 et se charge de préparer des recherches et des analyses techniques dans le champ fiscal en Amérique centrale. En outre, il fournit des informations, des services de conseil et de formation en matière de politique fiscale, spécialement aux pouvoirs législatifs et exécutifs, autorités locales et organisations sociales et politiques, dans le but d’influer sur la formulation de politiques publiques construisant des Etats et des sociétés équitables, démocratiques et prospères.

L’une de ses principales lignes de recherche concerne les droits de l’homme et leur relation avec les dépenses publiques; et l’ICEFI a d’ailleurs développé une méthodologie pour mesurer, au moyen du budget public, la réalisation progressive des droits de l’homme, spécialement ceux liés aux droits économiques, sociaux et culturels (DESC).

La dernière recherche de l’ICEFI qui analyse les budgets d’Amérique central sous l’angle des droits de l’homme conclut que le montant et la forme de distribution des dépenses sociales dans cette sous-région continuent de présenter des déficiences pour faire face aux besoins sociaux, principalement de la population la plus vulnérable.

Budget sous l’angle des droits de l’homme

Le budget de la nation est l’outil qui reflète, à travers l’allocation de ressources limitées, les priorités de l’ensemble des politiques publiques. L’ICEFI reconnaît l’importance de l’analyse de comment il est formulé, approuvé, exécuté et évalue le budget de chacun des pays centroaméricains sous l’angle des droits. En synthèse, il s’agit d’évaluer si le budget est structuré en fonction de la protection des habitants dans leurs droits économiques, sociaux, culturels, politiques et légaux. L’ICEFI évalue le budget à la lumière de différentes obligations nationales, spécialement celles inclues dans les constitutions, et en prenant en compte les engagements internationaux, dont les engagements légaux dérivés de la souscription à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les engagements politiques reflétés au sein des Objectifs de développement du millénaire.

Actuellement l’ICEFI prépare un Bulletin fiscal, le numéro 9, dans lequel il analyse les budgets publics d’Amérique centrale dans la perspective des droits de l’homme. Ce bulletin servira à analyser si les budgets respectent les engagements qu’ont assumés les Etats centroaméricains en cette matière (droits de l’homme) et servira à la société civile pour faire le suivi des activités publiques depuis une vision qui a été soumise au débat de façon constante, mais avec peu de fondements techniques.

Analyser les dépenses en santé et en éducation en Amérique centrale

En Amérique centrale, le montant et la forme de distribution des dépenses sociales continuent de présenter des déficiences pour faire face aux besoins sociaux, principalement ceux des populations les plus vulnérables, rendant lent le processus de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités. D’un coté, le niveau de ces dépenses est insuffisant et est administré sous des limitations budgétaires du fait des faibles taux de contribution fiscale. De l’autre coté, la structure des dépenses publiques doit s’adapter de façon permanente aux besoins sociaux émergeants, comme la sécurité, sans qu’auparavant aient été satisfaits les besoins déjà existants, comme la santé, l’éducation, l’alimentation ou le logement.

Ces dernières années, les ressources destinées aux dépenses publiques sociales équivalent quasiment à la moitié du budget public total dans la majorité des pays, à l’exception du Costa Rica, où sont consacrés environ 65% du budget total aux thèmes sociaux. La croissance des dépenses publiques sociales a été destinée principalement aux secteurs de la santé et l’éducation. Ces dernières années, à travers ces deux secteurs ont été exécuté en moyenne 65.6% des dépenses publiques sociales totales. En ce sens, la majorité des pays, à l’exception du Costa Rica et du Panama, ont délaissé – dans une plus ou moins grande mesure – les autres droits liés à la protection sociale, le logement et l’environnement.

Santé

Un premier élément servant de paramètre pour percevoir la situation du droit à la santé et qui reflète le niveau de priorité que celui-ci occupe dans l’agenda politique d’Amérique centrale, est le pourcentage du PIB destiné au respect de ce droit. En moyenne dans la région ont été investis ces dernières années (2000-2005) environ 2.1% du PIB. Si à cela s’ajoute les dépenses en sécurité sociale, la moyenne double presque, atteignant les 4%.

En prenant les tendances des dépenses publiques, on peut conclure que tant au Panama qu’au Guatemala il semblerait qu’il y a eu une rétrocession dans la réalisation progressive du droit à la santé. Le cas du Guatemala est plus critique, ce pays investissant dans la santé la moitié de la moyenne régionale. D’un autre coté, au Salvador comme au Costa Rica on peut observer une certaine stagnation dans l’allocation des ressources pour le respect de ce droit. Dans le cas du Honduras et du Nicaragua, on peut observer une réalisation progressive du droit à la santé, même s’il faut encore améliorer l’impact qui doit être obtenu.

Education

Quant au droit à l’éducation, la région a dépensé en moyenne ces dernières années (2000-2005) environ 4.4% du PIB, ce qui représente le double des dépenses publiques destinées à la santé si celle-ci n’inclut pas la sécurité sociale. Durant la période analysée, le Honduras et le Nicaragua sont les pays qui ont le plus augmenté les dépenses dans ce secteur, ce qui est étroitement lié aux programmes de soulagement de la dette auxquels ces pays participent, puisqu’ils ont permis qu’un montant significatif des ressources externes puissent être consacrées à ce secteur. Tout comme dans le secteur santé, le Salvador et le Guatemala sont les pays de la région qui consacrent le moins de ressources à l’éducation.

Une certaine stagnation des dépenses publiques est observée quand celles-ci sont comparées au total d’habitants. Puisqu’en moyenne, les dépenses par habitant annuelles pour l’Amérique centrale sont inférieures aux dépenses observées à la fin du siècle dernier. La plus grande partie du budget total alloué au respect de ce droit est consacrée aux niveaux initial et primaire, ce qui révèle l’importance pour les Etats de l’accès universel et gratuit à ces niveaux d’éducation. Cependant, cela révèle également qu’il existe un certain manque d’attention pour le financement des niveaux éducatifs supérieurs, ce qui est confirmé par l’analyse des taux de scolarisation post primaire.

Défis de la perspective des droits de l’homme. En guise de conclusion

La perspective des droits de l’homme pose deux défis conceptuels quand on prétend l’utiliser comme cadre pour évaluer les dépenses publiques. D’un coté, le caractère pluriel des obligations publiques rend difficile de préciser avec clarté les responsabilités plus spécifiques qu’a l’Etat quand il prétend avancer vers le respect des droits de l’homme. D’un autre coté, le fait que les budgets publics ne sont pas élaborés sous l’angle des droits de l’homme implique le besoin d’avoir accès à l’information budgétaire désagrégée aux niveaux de programme, ce qui n’est pas toujours mis à la disposition du public.

Pour davantage d’informations, contacter Jonathan Menkos à [email protected] ou visiter le site Internet de l’ICEFI: www.icefi.org.


Assignations par genre dans le budget 2008-09 en Inde par José María Marín, IBP

Le 29 février, le Centre sur le budget et la responsabilité gouvernementale (CBGA) en Inde a lancé le rapport «Et où sont les femmes dans le budget de l’Union 2008-09?» Ce rapport trouve que les assignations spécifiques pour les femmes ont augmenté de façon marginale (de 3.3% à 3.6% du total des dépenses), et cependant le nombre de ministères et de départements rapportant des assignations spécifiques pour les femmes n’a pas augmenté.

L’Inde a commencé à analyser les dépenses publiques depuis la perspective du genre en 1974, quand le gouvernement a publié le Rapport du Comité sur le statut des femmes. Cependant, il a fallu attendre le septième plan quinquennal (1985-1990) pour qu’il soit prêté une attention spécifique aux assignations pour les programmes dirigés spécialement aux femmes. En même temps, le gouvernement adoptait le Plan composant des femmes (WCP), qui introduisait un mécanisme pour identifier et surveiller les programmes bénéficiant directement aux femmes. Par la suite, dans le Neuvième plan quinquennal (1997-2002) a été établi un réquisit clair et inconditionnel pour que les ministères et départements perçus comme «liés aux femmes» aient l’obligation d’assigner aux femmes au moins 30% des dépenses aux niveaux central et étatique.

Conjointement au budget 2008-09 de l’Union, le gouvernement a publié une «Déclaration sur le budget sous l’angle du genre». Bien qu’il s’agisse d’un ajout bienvenu, la déclaration ne présente pas un cadre complet sur les bénéfices que le budget peut réellement offrir aux femmes, d’après Yamini Mishra et Bhumika Jhamb de CBGA. Par exemple, elle ne prête aucune attention au fait de savoir si les programmes spécifiques pour les femmes atteignent leur objectif selon ce qui est prévu et si ces programmes transforment les rôles de genre ou s’ils renforcent les stéréotypes existants.

Le CBGA a remarqué également que, du fait du rôle important des femmes sur le marché du travail, d’autres ministères (en plus du Ministère de la femme et du développement de l’enfant) doivent se concentrer davantage sur les problèmes et la vulnérabilité des femmes. Par exemple, les allocations spécifiques aux femmes dans l’agriculture n’ont eu qu’une augmentation marginale en tant que pourcentage des allocations totales cette année, et demeurent inadaptées pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Il est important de noter que 75% du total des femmes qui travaillent, et 85% des femmes qui travaillent dans des zones rurales, travaillent dans l’agriculture.

Réduire les disparités dans l’éducation reste un autre défi important, d’après le CBGA. La «Déclaration sur le budget sous l’angle du genre» ne divulgue pas les assignations spécifiques aux femmes pour les initiatives d’éducation primaire; par ailleurs, les assignations spécifiques aux femmes en éducation supérieure ont diminué cette année.

Pour lire l’ensemble du rapport, aller sur http://www.cbgaindia.org/.


Audit social au Rajasthan: malgré les progrès, il reste beaucoup à faire par Priyanka Varma, Mazdoor Kisan Shakti Sanghatan, MKSS

Durant les deux dernières décennies, des ONG, des universitaires, et des chercheurs ont discuté des différentes méthodes pour mesurer et améliorer la transparence et la responsabilité dans les programmes de développement conçus pour les pauvres. Les audits sociaux ont émergé comme une méthode de grande amplitude – une méthode permettant d’offrir des informations pertinentes et de les mettre à disposition du public, ce que les mécanismes et les agences conventionnels d’audit n’ont pas pu réussir.

Contrairement aux audits traditionnels, un audit social n’est pas un événement séparé, mais un exercice continu de révision des dépenses, de leur utilité et leur impact. De cette façon, il tente de s’assurer que l’activité ou le projet soit conçu et exécuté d’une façon qui soit apte pour les conditions locales, qui reflète de façon appropriée les priorités et les préférences des personnes affectées par les programmes, et qui soit effectivement d’intérêt public. Un tel processus permet la participation du public dans la supervision des dépenses et d’influencer la prise de décision à l’heure de la formulation et l’exécution des projets.

Accès à l’information, consolidation de l’information sous une forme facilement compréhensible pour le grand public, et facilitation du processus de vérification des informations pertinentes sont certains des pas de base inclus dans un audit social. Le processus crée également une conscientisation de la population sur ses droits.

Audits sociaux et le NREGA

Dans l’Etat du Rajasthan, un réseau d’organisations de la société civile dénommé Rozgar Evum Suchna Ka Adhikar Abhiyan a effectué des audits sociaux de projets réalisés sous l’Acte national de garanti de l’emploi rural (NREGA) pendant presque trois ans.

Promulgué en 2005, le NREGA garantit 100 jours d’emploi chaque année à n’importe quel foyer rural dont les membres adultes sont disposés à réaliser un travail manuel. L’incapacité à fournir un travail pendant un délai de 15 jours donne le droit à l’individu de recevoir une pension de chômage.

Malgré ce progrès, la majorité de la population demeure sans connaître leurs droits dans le cadre du NREGA. Le flux d’informations a été minime, avec peu ou aucune initiative de la part du gouvernement pour corriger cela. Un personnel inadapté et le manque de capacité sont aussi sources de préoccupation.

Contrairement au programme d’emploi antérieur, dans un pays souffrant de toute une gamme de problèmes depuis le manque de connaissance, de planification et de participation citoyenne, à la faible qualité des actifs, la diversion des fonds et l’absence de responsabilisation publique, le NREGA offre deux dispositions légales de grande importance: la transparence et le suivi public. La promulgation de la Loi sur l’accès à l’information (RTI) en 2005 a rendu possibles les audits sociaux du NREGA et a consolidé ces provisions, puisque l’accès à l’information est le premier pas, et le plus important, pour réaliser un audit social.

Des audits sociaux réguliers et la présence de groupes populaires dans certaines zones ont eu pour résultat de solides mesures de transparence, telles que de grands panneaux de transparence dans les lieux de travail détaillant les fonds alloués (et versés) à la main d’œuvre et aux matériaux. En outre, la mise à disposition de listes de présence dans presque tous les lieux de travail a réduit considérablement les retards ou l’absence de paiement des salaires. Un grand nombre d’hommes et de femmes ont assisté aux audiences publiques organisées dans le cadre des audits pour témoigner contre les faux dossiers et exprimer leur mécontentement malgré l’énorme pression exercée par les pouvoirs locaux.

Mises à part les pratiques de corruption et les détournements de fonds identifiés lors de ces audits sociaux, cet exercice permet également une discussion sur d’autres aspects des programmes, ignorés sinon.

Dans le cas de Abhiyan, les audits sociaux ont proposé l’idée suivante: aborder des thèmes fondamentaux tels que les honoraires et les indemnisations adaptées pour les représentants élus, l’augmentation du personnel administratif, technique et exécutif aux niveaux inférieurs du gouvernement et l’assignation de responsables dans l’entretien de dossiers permettrait de réduire le nombre de cas, les possibles exemples qui conduisent à des détournements de fonds et améliorerait l’exécution des programmes.

Résistance aux audits sociaux

Presque tous les audits sociaux organisés par Abhiyan ont été en coordination avec le gouvernement étatique, les autorités locales et les fonctionnaires sur le terrain. Tous se sont réunis en un certain nombre d’occasion pour discuter des résultats des audits et ont travaillé conjointement pour corriger les problèmes et consolider le NREGA.

Cependant, deux audits organisés récemment par Abhiyan dans les districts de Banswara et de Jhalawar ont rencontré une forte résistance, et même de la violence. Malgré les mesures de transparence au sein du NREGA et du RTI, les membres de Abhiyan ont du réalisé des manifestations pacifiques pour avoir accès aux documents officiels. Un large spectre d’agents locaux se sont opposés aux audits sociaux, créant un climat de peur et de tension, et causant des difficultés pour que Abhiyan effectue l’audit.

A Banswara, le gouvernement du Rajasthan a invité Abhiyan pour qu’il réalise un audit mais a annulé au milieu du processus en observant la résistance et la violence. A Jhalawar, le manque d’informations mises à disposition par le gouvernement a contraint Abhiyan à ne réaliser des audits que dans cinq panchayats (petites unités gouvernementales administratives intégrées généralement par un groupe de hameaux); cependant, les audits ont trouvé des preuves de détournement dans 14 hameaux. En outre, ils ont trouvé de nombreux exemples de listes de présence modifiées et d’autres problèmes; par exemple, il a été refusé à la majorité des sections en marge de la société l’accès à une carte de travail ou on leur faisait payer des documents normalement gratuits.

Ces actes de résistance aux audits sociaux soulèvent des interrogations fondamentales sur l’engagement du gouvernement à la transparence et la responsabilisation dans les programmes de développement pour les pauvres. Ils montrent également les limites de l’engagement du gouvernement pour faire en sorte que le NREGA soit un programme qui marche.

Défis émergeants

Un audit social est fondamentalement un processus du peuple. Il a donné forme au concept de vigilance publique dans de grands programmes de développement tels que le NREGA, où il est presque impossible qu’une personne ou une agence gère le programme. L’idée d’incorporer des audits sociaux au sein du NREGA reflète aussi une décennie de lutte et de protestations démocratiques d’hommes et de femmes ordinaires qui reconnaissent l’importance de l’information officielle dans leur vie.

Les événements de Banswara et Jhalawar menacent de détruire ces efforts. Le gouvernement et l’administration locale ont tenté de maintenir l’équilibre des pouvoirs existant en s’opposant aux audits sociaux – en partie en interprétant les provisions sur la transparence et la responsabilisation de la façon la plus étroite possible – permettant que les audits soient menés seulement sous les termes établis par eux-mêmes. Une telle résistance démontre le pouvoir des audits sociaux pour éliminer la corruption, pour consolider les droits des personnes, et pour établir la responsabilisation. Le moment est venu pour que les groupes populaires réajustent leurs stratégies pour assumer ces défis et pour faire en sorte que demeurent vifs les pratiques et les espaces démocratiques des plus mis à l’écart.

Pour obtenir davantage d’informations, contacter [email protected].


Luta Hamutuk fait la promotion du suivi de projets au niveau communautaire par Martin Tisne, TIRI

Luta Hamutuk, une ONG fondée en 2005, se consacre à établir ukun rasik an (l’autosuffisance) au Timor Leste comme manifestation de l’engagement du pays pour la participation citoyenne et la justice économique, en respectant les valeurs d’égalité, de démocratie, et de transparence. La mission de Luta Hamutuk est «la participation citoyenne dans la lutte pour la justice économique».

Le travail de Luta Hamutuk englobe cinq secteurs reliés: (1) la supervision directe de projet de reconstruction, (2) l’information aux communautés locales sur les thèmes de revenus et dépenses publiques, (3) la création d’un comité avec l’Etat et la société civile pour superviser différents projets de reconstruction dans le district oriental de Los Palos, (4) la publication de dépliants informatifs sur des thèmes budgétaires et de revenus publics, et (5) la réalisation d’incidence au niveau national dans les secteurs mentionnés. L’organisation réalise aussi le suivi des revenus issus du pétrole de la mer du Timor.

Suivi de projets

L’angle stratégique de Luta Hamutuk pour le travail de suivi peut être décrit en quatre étapes:

  1. Luta Hamutuk débute le suivi de projets de reconstruction avec son propre personnel. L’ONG suscite ainsi l’intérêt national sur des thèmes communautaires et conscientise le groupe sur les besoins et les préférences des communautés.
  2. A la base de son travail, Luta Hamutuk se réunit pour informer les communautés locales sur les revenus pétroliers et d’autres thèmes liés au budget de l’Etat. Lors de chaque réunion, le groupe identifie des «points focaux», ou des membres de la communauté, pour qu’ils jouent le rôle de facilitateurs et qu’ils poursuivent le travail.
  3. Les points focaux reçoivent un entrainement tout au long de l’année. Dans le cas pilote de Los Palos, les points focaux ont assumé un projet débuté par Luta Hamutuk de suivi de la construction d’une route clé et ont créé un comité au niveau du district pour superviser six projets de reconstruction.
  4. Luta Hamutuk présente les problèmes relevés par le comité au niveau national et communique alors les réactions au comité.

Luta Hamutuk supervise trois projets: la construction d’un chemin dans le district Est; les coupures d’électricité à Dili, et le manque d’espaces pour vendeurs sur le marché de Comoro à Dili. Ces projets consistent en supervision directe suivie de courts rapports, de communiqués, et en une utilisation intensive de la presse et des moyens télévisés, conjointement à des activités d’incidence au niveau national.

Comité de suivi à Los Palos

Les réunions communautaires sont un des instruments les plus importants dont dispose Luta Hamutuk pour promouvoir le travail de suivi. Quarante personnes en moyenne assistent à chaque réunion, dont des fonctionnaires gouvernementaux, des journalistes et des membres de la communauté.

Le personnel de Luta Hamutuk débute les réunions en proportionnant des informations de base sur les revenus de l’Etat (provenant du pétrole et du gaz), en analysant les mécanismes par lesquels ces revenus sont incorporés au budget de l’Etat, avant d’expliquer le budget et comment sont réalisées les assignations.

Un membre de Luta Hamutuk du village, du district ou de la région modère la conversation et est responsable de convoquer les participants et d’obtenir la coopération des dirigeants locaux. Une réunion réussie peut conduire à l’identification d’un point focal, puis alors à l’initiation d’un projet de suivi dans la communauté.

Un exemple ayant surgi des efforts de Luta Hamutuk est le cas du suivi dans le district Est de Los Palos. Deux points focaux locaux ont assumé un projet de suivi de Luta Hamutuck dans lequel ils supervisaient la construction d’une route, et conjointement à Luta Hamutuk, ils ont contribué à créer un comité de suivi dans lequel des membres du gouvernement et de la société civile supervisent six projets de reconstruction dans le secteur: deux projets de route, deux cliniques et deux écoles.

Le comité se compose de dix membres dont deux jeunes qui réalisent la plus grande partie du travail de suivi, et informent une fois par mois le comité sur leurs résultats et l’état des projets qu’ils surveillent. Le comité inclut également le chef du village et les chefs des départements de santé, des œuvres publiques et d’éducation du district.

Lors de chaque réunion, les chefs des trois départements du district discutent de leurs préoccupations et des problèmes pouvant exister dans l’exécution des projets. Par exemple, dans un certain cas, le gouvernement n’avait pas payé l’entreprise ayant réalisé le travail, causant ainsi des problèmes au chef du département ainsi qu’au chef du village dans lequel le projet s’exécutait (puisque les travailleurs locaux n’avaient pas été payés). Les réunions terminent avec un plan d’action.

Grâce aux bonnes relations qu’elle entretient avec les niveaux plus élevés du gouvernement, l’ONG Luta Hamutuk a une certaine influence sur la politique nationale. Le groupe envoie tous ses rapports au président, au premier ministre, et au président de la chambre des représentants pour obtenir leurs commentaires avant de diffuser les rapports auprès des médias.

Cette étude de cas a été écrite par Martin Tisne, directeur de programme à Tiri (www.tiri.org), une ONG basée à Londres qui soutient des groupes de la société civile dans les pays en situation post-conflit armé. Pour toute question liée au travail de Tiri, contacter à [email protected].
Pour obtenir davantage d’informations sur Luta Hamutuk, contacter Thomas Freitas à [email protected].


Nouveau rapport de Global Integrity 2007 par Christopher Brown

En janvier, Global Integrity, une ONG basée à Washington D.C., a diffusé le rapport Global Integrity 2007. Ce rapport évalue les mécanismes anticorruption de 55 pays et le cadre institutionnel mis à la disposition des citoyens pour lutter contre la corruption. Le rapport, publié annuellement, utilise une méthodologie unique pour déterminer les mécanismes anticorruption, utilisant des donnés quantitatives dérivées de recherches de première main dans les pays.

Communément, les élections démocratiques sont considérées comme un aspect clé des gouvernements occidentaux; et cependant, le rapport à trouvé peu de preuves liant fortement les élections à une meilleure gouvernance. Il a trouvé également que les pays les plus riches font face à des défis similaires à ceux auxquels sont confrontés les pays moins développés, particulièrement dans le secteur du financement politique – la déficience la plus graves pour les institutions anticorruption dans le monde entier. Les lois ayant pour objectif de réguler les donations des individus riches et des corporations aux politiques sont peu ou pas respectées.

Le rapport révèle aussi un grand manque de responsabilisation de la part des gouvernements bénéficiant de l’aide extérieure, ce qui génère de sérieux dilemmes pour les agences d’aide occidentales et multilatérales.

Sur une note plus positive, le rapport explique que les organisations de la société civile travaillant dans les pays en situation post conflit armé avec des gouvernements affaiblis jouent un rôle important dans la lutte contre la corruption. Malgré les conflits récents en Bosnie-Herzégovine, au Liban, au Népal, et au Sierra Leone, ces pays ont reçu des qualifications entre modérées et élevées dans le secteur de la société civile. Il faut également mentionner que les gouvernements africains sont plus réceptifs à la collaboration de la société civile sur des thèmes liés à la distribution de services publics que sur des thèmes liés à la transparence et à la responsabilisation gouvernementale.

Malgré la croyance selon laquelle des changements au sein du gouvernement et des améliorations de la corruption tardent de nombreuses années avant de se manifester, différents pays ont démontré un changement significatif depuis le Rapport de Global Integrity 2006. Un secteur en particulier ayant montré du changement est celui du processus budgétaire. La qualification moyenne pour le processus budgétaire est passée de 58% en 2006 à 65% en 2007. Les pays qui ont montré des changements significatifs sur ce point incluent: l’Argentine, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bulgarie, l’Egypte, la Géorgie, le Kirghizstan, le Mozambique, le Népal, la Roumanie, la Russie, et le Tadjikistan.

Les pays dont la qualification totale a diminué en 2007 incluent la Géorgie, le Nigeria, la Roumanie et l’Ouganda. L’Azerbaïdjan, la Bulgarie, et le Népal ont observé une amélioration de leur qualification.

Global Integrity a réalisé certains changements méthodologiques en 2007 qu’il est important d’avoir à l’esprit pour comparer les résultats avec ceux de 2006. Pour en savoir plus sur la méthodologie, voir: http://report.globalintegrity.org/methodology/whitepaper.cfm.

Global Integrity recherche des journalistes, des chercheurs, des scientifiques sociaux et autres experts sur les thèmes de la gouvernabilité et de la corruption pour collaborer à la préparation du rapport d’intégrité globale 2008. La sélection finale des pays n’a pas encore été décidée et dépend en partie de l’intérêt exprimé par des experts nationaux qualifiés, qui seront rémunérés pour leurs efforts.

Pour davantage d’informations sur le Rapport de Global Integrity 2008, voir http://report.globalintegrity.org/globalIndex.cfm.


Pouvoir d’achat: assistance, responsabilité et contrats publics par Olivia McDonald, Christian Aid

Une grande partie de tout budget gouvernemental est utilisée pour acheter des biens et des services. Pour s’assurer que l’argent est dépensé de façon appropriée et limiter les risques de corruption, les règles qui régissent les décisions de dépenses publiques doivent garantir la transparence et la responsabilisation pour les citoyens. Les réformes des licitations publiques sont donc considérablement importantes pour les donateurs.

Christian Aid, une ONG basée au Royaume-Uni, souligne qu’il est important d’analyser les implications économiques et sociales des réformes aux licitations publiques, ainsi que leur impact sur le processus budgétaire.

Le marché des licitations publiques est un marché important du fait de sa valeur de plus de 2 000 000 de millions de dollars chaque année. Ceci explique pourquoi les pays riches ont insisté pour inscrire le thème de l’accès à ces marchés sur l’agenda de l’OMC et ont cherché bilatéralement à concrétiser des accords commerciaux.

Une nouvelle recherche de Christian Aid sur les licitations publiques conclut que les donateurs peuvent jouer un rôle important dans les pays en voie de développement en soutenant la création de règles claires sur les licitations, et en s’assurant que le processus de licitation soit plus transparent, et que les fonctionnaires gouvernementaux soient plus responsables. Pour réussir cela, il peut être nécessaire de lier l’aide – spécialement l’aide au budget – à des améliorations des systèmes de licitation.

Cependant, Christian Aid trouve que les interventions des donateurs ne parviennent pas toujours à créer des systèmes de licitation plus responsables. L’aide des donateurs serait plus efficace si les réformes spécifiques sur les licitations se fondaient sur le cadre institutionnel du pays et non sur des modèles occidentaux.

Par exemple, au Ghana (où 70% du budget total vont en licitations), les gouvernements locaux ne peuvent pas établir des comités pour prendre des décisions sur les licitations du fait du manque de membres qualifiés en tant que comptables, spécialistes en contrats, et ingénieurs. Trouver de telles personnes est un véritable combat dans les zones rurales. Ceci signifie que de nombreuses décisions sont prises par le gouvernement central, contrairement à ce que dicte l’objectif de décentralisation.

En outre, les donateurs tendent à assumer l’idée selon laquelle maximiser le nombre de participants à la licitation garantit une plus grande compétitivité et de meilleurs résultats, sans prendre en compte le pays de provenance des participants. Cette idée ignore l’impact que cette pratique peut avoir sur les entreprises locales, lesquelles dépendent traditionnellement des contrats gouvernementaux.

Christian Aid croit que les gouvernements receveurs doivent décider eux-mêmes s’ils doivent permettre que des entreprises étrangères entrent en compétitions dans les licitations; si ces entreprises étrangères ne sont pas autorisées à participer aux licitations, l’argent des pays donateurs reste alors dans l’économie locale. De fait, cette perspective peut maximiser l’impact de l’assistance internationale. Pour cette raison, les pays donateurs devraient soutenir cette perspective, alors qu’ils poursuivent leurs propres objectifs économiques indépendamment de leur stratégie d’assistance.

Une réunion ministérielle de l’OCDE programmée pour septembre 2008 à Accra déterminera les progrès réalisés dans l’implantation de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide pour le développement. Elle observera plus spécifiquement: a) les progrès dans le soutien aux réformes des contrats, b) les expériences des pays receveurs avec les réformes de contrats, et c) la pratique de «l’aide liée», par laquelle l’achat de biens et services avec des fonds de donateurs doit se faire aux compagnies du pays donateur. Des groupes de la société civile impliqués dans le processus de licitations doivent s’assurer de que ce thème reçoit l’attention qu’il mérite.

Télécharger le rapport complet sur: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Buying-Power-Aid-Governance-and-Public-Procurement.pdf.
Pour davantage d’informations, contacter Olivia McDonald à [email protected].


NGO Forum au Cambodge lance son nouveau Guide budgétaire et travaille avec des parlementaires pour un budget favorable aux pauvres

Le 14 novembre, NGO Forum au Cambodge (un réseau d’ONG locales et internationales qui travaillent au Cambodge) et l’Institut économique du Cambodge ont lancé un guide budgétaire avec des informations sur le budget public et le processus budgétaire. Ont assisté au lancement environ 130 représentants de l’assemblée nationale, du sénat, des ministères gouvernementaux, des institutions financières internationales, des organisations de la société civile et des médias.

Le guide budgétaire vise à augmenter les connaissances des organisations de la société civile sur le budget au Cambodge. Les connaissances sur le budget se confinent actuellement au sein d’un petit groupe d’experts du gouvernement, de l’assemblée nationale, des institutions de recherche et des organisations de développement. Le guide est conçu pour l’utilisation par toute personne impliquée directement ou indirectement dans le budget public, dont des fonctionnaires gouvernementaux, des membres du parlement, des journalistes, des universitaires, des étudiants et des citoyens. NGO Forum espère que le guide aide toutes les parties intéressées à trouver un espace pour leur participation dans le processus budgétaire et faire leurs propres contributions pour la discussion du budget.

Entre autres thèmes, le guide étudie les effets du budget sur la réduction de la pauvreté et son impact sur le budget de la réforme du système de gestion financière.

Le guide reçoit des réactions positives

La réaction initiale à la parution du nouveau guide a été très favorable. Divers médias ont couvert le lancement, dont des chaînes de radio privées et gouvernementales, la télévision, et des journaux, et les participants ont accueilli le guide comme un outil important pour instruire le public en général – et spécialement les organisations de la société civile – sur le budget.

Un représentant de la Banque mondiale a souligné l’importance d’avoir une société civile bien informée. En effet, la société civile représente «la demande» dans les réformes de la gestion financière du Cambodge; des réformes soutenues par différentes organisations internationales de développement.

Le guide sera utilisé en 2008 dans des ateliers et des sessions prévus par des organisations de la société civile intéressées par le travail budgétaire. Il est également probable qu’il soit utilisé dans les plans d’études des universités.

Le guide est disponible en anglais sur: http://www.ngoforum.org.kh/docs/publications/NBP_GuidetotheNationalBudget-English.pdf

Travail pour un budget favorable aux pauvres au Cambodge

Le 27 novembre 2007, NGO Forum a organisé un atelier pour des membres de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la société civile pour discuter de la proposition de budget 2008. Ont assisté environ 100 personnes au forum dont des représentants de la législature cambodgienne, de la société civile, des médias, et des organisations de développement. L’Institut économique du Cambodge et le Projet Canada-Cambodge d’assistance au législatif ont contribué à l’organisation de l’atelier.

L’atelier a eu lieu trois jours avant que l’Assemblée nationale approuve la loi sur le budget et un jour avant les audiences entre les membres du parlement et les représentants du ministère d’économie et finances.

L’atelier a représenté un événement marquant dans l’histoire du Cambodge: jamais auparavant les membres de l’Assemblée nationale et de la société civile ne s’étaient réunis pour discuter de la loi du budget public. Alors que certains fonctionnaires et législateurs du gouvernement se méfiaient des consultations – les voyant comme des outils utilisés par les partis de l’opposition ou des organisations étrangères – l’atelier leur a démontré que les intentions de la société civile sont sincères et basées sur des faits, et que la société civile peut être une contrepartie importante pour l’Assemblée nationale à l’heure de discuter la proposition du budget de l’exécutif.

Les thèmes abordés lors de l’atelier incluaient les tendances des allocations budgétaires et une révision du niveau de l’accès public à l’information budgétaire fondée sur les résultats de l’initiative du budget ouvert 2006. (Pour voir les résultats de l’initiative du budget ouvert, visiter www.openbudgetindex.org.)

Les présentateurs de l’Institut économique du Cambodge et NGO Forum ont précisé que les sept ministères identifiés par le gouvernement comme cruciaux dans la lutte contre la pauvreté n’ont pas été considérés comme prioritaires dans le budget, puisque ces ministères ont reçu des allocations inférieures à d’autres agences gouvernementales. Une autre préoccupation exprimée dans l’atelier concerne le fait que le budget ne soit pas suffisamment lié à l’objectif du gouvernement de réduire la pauvreté le plus rapidement possible conformément au plan de développement stratégique national 2006-2010. Bien que le gouvernement priorise les dépenses en santé et éducation, d’autres secteurs importants pour le développement comme l’agriculture, le développement rural, la justice, la planification urbaine, et la construction ne bénéficient pas systématiquement d’un caractère prioritaire.

La société civile a exprimé aussi sa préoccupation concernant l’augmentation de 47 millions de dollars alloués aux «dépenses préventives», élevant l’assignation totale pour cette catégorie à 137 millions de dollars dans le budget 2008. L’utilisation de ces fonds, lesquels sont considérés comme «dépenses non allouées», est totalement à la discrétion de l’exécutif puisque n’est pas requis d’approbation pour leur utilisation. Puisque le gouvernement n’a réalisé aucune «dépense préventive» en 2007, l’augmentation dans cette catégorie mérite une explication. La société civile a soutenu que ces fonds doivent être alloués à des projets de lutte contre la pauvreté dans les zones rurales ou pour renforcer la branche judiciaire du gouvernement. Durant l’atelier, NGO Forum a recommandé que ces fonds soient utilisés pour augmenter les budgets de l’inspection des finances et des sept ministères que le gouvernement a identifiés comme cruciaux dans la lutte contre la pauvreté.

NGO Forum a présenté également un résumé général sur l’état de l’accès public à l’information budgétaire au Cambodge et a demandé à ce que davantage d’informations budgétaires soient rendues publiques en 2008. L’organisation a demandé spécifiquement que les rapports de l’inspection des finances et les rapports d’exécution mensuels des ministères soient publiés et mis à disposition sur Internet.

Le message de la société civile a été bien reçu par les législateurs. Tous les membres du panel et les participants ont reconnu l’importance de la participation de la société dans la discussion sur le budget public et ont reconnu qu’il existe un climat de plus en plus positif pour discuter de façon constructive. Un membre du parlement a indiqué que l’atelier aurait un impact dans la discussion du budget 2008 au sein de la législature. Les législateurs ont demandé également si un atelier similaire pouvait être organisé l’année suivante, de préférence quelques semaines plus tôt puisque la discussion du projet budgétaire 2008 était déjà en phase terminale.

NGO Forum a comparé le budget approuvé avec la proposition budgétaire et a découvert que la législature n’avait réalisé aucun changement à la proposition de l’exécutif. Ce fait reflète la nécessité de renforcer le rôle de la législature pour influer sur le budget. Dans ce but, NGO Forum prévoit de travailler de plus près avec l’Assemblée nationale cette année, par exemple en distribuant aux législateurs des versions électroniques du budget pour qu’eux-mêmes puissent analyser les tendances dans le temps, et en contextualisant les assignations budgétaires, les besoins des pauvres et des groupes marginaux.

Pour recevoir des copies du guide ou obtenir davantage d’informations sur le travail de NGO Forum, contacter Ngo Sothath, Coordinateur de programmes [email protected].


Budgets participatifs en Chine: le professeur Baogang He présente au sein du National Endowment for Democracy par José María Marín, IBP

Le 12 mars, le professeur Baogang He de l’Université de Deakin en Australie, actuellement professeur en visite à l’Université de Stanford, a présenté les résultats de sa recherche sur les budgets participatifs en Chine lors du National Endowment for Democracy à Washington D.C.

En 2005, dans la ville de Zeguo de la province de Zheijian, le gouvernement central de Chine a réalisé la première expérience de budgets participatifs en menant un sondage auprès des résidents locaux sur des thèmes budgétaires et en utilisant les résultats du sondage pour établir les priorités budgétaires.

Depuis lors, diverses autres provinces ont expérimenté divers modèles de budgets participatifs, allant de la réalisation d’enquêtes à la participation de la législature locale dans le budget. Le professeur He a discuté des différents modèles de budgets participatifs, des avantages à réaliser ce type d’exercice et des perspectives du budget participatif en Chine.

  • En 2006, dans le village de Bianyu ont été réalisées quatre enquêtes à 47 représentants élus du village et 25 représentants sélectionnés de façon aléatoire. Les enquêtes couvraient des thèmes comme l’immigration, l’économie, et la planification du village. Les résultats de l’enquête ont été traités comme s’il s’agissait des préférences des citoyens sur ces thèmes.
  • Dans la municipalité de Zeguo, un échantillon de citoyens choisis au hasard ont été convoqués pour considérer différents projets d’infrastructure importants pour le développement futur de la ville. Les participants ont reçu des rapports ainsi qu’un accès à des experts et conseillers avec lesquels ils ont eu des discussions. Finalement, les projets sous considération ont été priorisés conformément aux préférences des participants.
  • A Xinhe, 110 députés et volontaires ont étudié le budget devant le congrès local. Lors de cette session a été menée une discussion sur les assignations du budget de laquelle ont surgi des revenus à ces assignations; il faut préciser que le rôle du citoyen dans ce processus a été limité. Ce modèle de budget participatif – différent des modèles adoptés dans d’autres pays où le pouvoir exécutif, au lieu du législatif, est celui qui prend l’initiative – représente une manière de vivifier les congrès locaux en Chine, a indiqué le professeur He.

Malheureusement, la continuité des budgets participatifs en Chine est incertaine. A Zeguo, par exemple, il n’y a pas eu de budget participatif en 2007, comme cela a eu lieu en 2005 et 2006; à Xinhe, le budget a été adopté début 2007 sans la participation du public.

Bien que les modèles de budgets participatifs adoptés en Chine transfèrent un certain pouvoir aux citoyens en leur permettant d’exprimer leurs préférences sur des projets publics, ces modèles constituent une démocratisation administrative plus que la démocratisation radicale prévue par les pionniers au Brésil, a remarqué He.

Le fait que les exercices de budget participatif dépendent des dirigeants du gouvernement pour mobiliser la population et fournir des informations est une source de préoccupation, a déclaré He, du fait de la facilité avec laquelle il peut y avoir des manipulations de résultats. En outre, les exercices sont réalisés sous des conditions autoritaires et l’objectif du gouvernement est d’améliorer les performances des assignations budgétaires, non d’étendre les droits des citoyens.

En conclusion, ces expériences en budgets participatifs peuvent être vues comme une grande réussite si elles sont jugées selon «qui obtient quoi», mais si elles sont considérées en termes de concession de droits aux citoyens et promotion de la transparence, leur succès est plus limité. Même quand ont été réalisés des budgets participatifs, le contrôle citoyen du processus budgétaire demeure très limité; seule une petite partie du budget est discutée ouvertement et les administrateurs sont les seuls bâtisseurs du budget.


Nouvelles publications

Our Money, Our Responsibility. A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
par Vivek Ramkumar, IBP
https://archive.internationalbudget.org/resources/expenditure/index.htm

Ce guide reflète la perspective croissante des organisations de la société civile dans la supervision des résultats des dépenses du gouvernement. Il offre une description de l’implantation du budget, dont l’exécution du budget, les licitations, la mesure de l’impact, et l’audit et la supervision par le législatif. Le guide fournit des outils pratiques pouvant être utilisés par les organisations de la société civile intéressées par le suivi des dépenses du gouvernement.

Primer on Civil Society Budget Work
Auteurs: Siba Shankar Mohanty, Deepak L. Xavier, Pooja Parvati
Center for Budget and Governance Accountability
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Primer-on-Civil-Society-Budget-Work.pdf

Le guide fournit des informations sur des thèmes liés aux dispositions budgétaires et aux finances publiques pour les organisations de la société civile engagées dans le travail et l’incidence sur le budget ainsi que pour les fonctionnaires sur le terrain chargés de l’exécution de programmes sur les budgets et d’influence politique.

Budgeting for the Future, Building another Europe
Edité par Sbilanciamoci!
http://www.sbilanciamoci.org/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=116

Ce livre propose une perspective critique de la société civile sur les perspectives financières 2007/2013 de l’Europe. Sbilanciamonci! a créé un réseau consultatif parmi la société civile européenne qui a utilisé le cadre financier multi annuel 2007-2013 comme schéma pour développer l’analyse des dépenses et de politiques sélectionnées de l’Union européenne. Le résultat final est une collection de points de vue importants de la société civile européenne sur le budget.

The Open Budget Blog & Other Public Finance Blogs

En mars dernier, l’IBP a lancé son blog de budgets ouverts. Vous pouvez trouver le blog sur: http://internationalbudget.wordpress.com. Nous vous invitons à vous joindre aux discussions que nous aurons dans cet espace. Vous pouvez faire des commentaires sur les articles du blog ou si vous désirez écrire un article, veuillez contacter Albert à [email protected].

Les articles peuvent être courts (100 mots au plus court), mais doivent exprimer une opinion ou proposer une nouvelle ressource. Les annonces de publications ou d’activités continueront d’être publiées dans notre bulletin de nouvelles.

Plusieurs autres blogs liés aux finances publiques ont été lancés récemment.

EURODAD a lancé son blog intitulé Betteraid.org (http://www.betteraid.org/blog) en août de l’année passée. Betteraid.org est un lieu où l’on trouve des histoires et anecdotes intéressantes sur comment les gouvernements des pays riches et les institutions multilatérales dépenses l’argent de l’assistance.

Le FMI a lancé son blog de PFM (http://blog-pfm.imf.org) début 2008. Le blog de PFM offre des nouvelles, des ressources, et de nouvelles idées sur les systèmes de gestion financière publique, leur opérativité et leur amélioration.

Le blog de Overseas Development Institute (ODI, Institut de développement de l’outre-mer) existe depuis un certain temps et couvre également régulièrement des thèmes pertinents pour la communauté budgétaire. Vous pouvez trouver le blog de l’ODI sur: (http://blogs.odi.org.uk/blogs/main).

Newsletter No. 43 – English

District-Level Budget Information Service in India by Vinod Vyasulu, CBPS

The Centre for Budget and Policy Studies (CBPS), an independent, non-partisan civil society organization in India, has been working in the area of local governance since its establishment in 1998. Its mission is to promote sustainable and equitable development in India, with a focus on the local level. CBPS has been working on decentralization from a unique perspective: looking into the financial provisions of local self-governments, mainly by studying budgetary processes and utilization patterns.

Through enactment of the 73rd and 74th constitutional amendments in 1993, India transferred greater decision-making power to smaller regions. This created the need for information to devolve from higher levels of government to local governments, and ultimately to citizens. To fill many of the gaps in governance-related information, CBPS plans to create its own Budget Information Service (BIS).

Lack of Information for Urban and Rural Governments

Urban Governments

CBPS has worked with Urban Local Self Governments (ULSGs) in Karnataka and Maharashtra for roughly five years. It has found that in the vital matter of access to information, basic asymmetries exist among the various governance relationships at the ULSG level — between the local government and the state-level administration, between elected representatives and the local administration, and between citizens and elected representatives. ULSGs are not consulted or informed about details of development projects and are kept in the dark about their finances.

CBPS also has found that there is no planning process for social, economic and infrastructure development at the ULSG level, to which all local stakeholders can contribute. This crucial gap in governance has left most urban centers in India with a pattern of haphazard growth, congestion, poor basic amenities, and no plan for economic uplift of the poorer sections of society. Lack of public information exacerbates these problems, and there is no tradition of a forum where stakeholders can make their wishes known.

Rural Governments

The CBPS’s work in several rural states has shown that while the information inequalities outlined above also exist in rural areas, rural India’s complex governance structure makes information even harder to track, collate, and interpret. Unlike urban local governments, which control only infrastructure spending, the rural panchayati raj (village administration) institutions (PRIs) also control spending in social sectors such as health and education, along with programs related to the primary sectors of the economy, such as agriculture. This means that any effective budget tracking for rural areas must include study of the budgets and other related data about the PRIs.

Given the lack of information on one hand, and unplanned spending on the other, accountability becomes a very difficult issue. Who is responsible for what function is never very clear, and the buck is passed back and forth between the administration and the elected representatives at the local level.

Budget Information Service

CBPS plans to create a Budget Information Service (BIS) to fill many of these gaps in governance-related information. BIS aims to fundamentally change the nature of the dialogue in the sub-state governance arena by making information available to anyone who wishes to use it. The audience for such a service is expected to be quite diverse, including local governments (elected representatives and administrators at the panchayat, municipal, district, and state levels), civil society (NGOs, slum dwellers’ organizations, and academic institutions), policymakers, and financial stakeholders (financial lending institutions and bilateral and multilateral donors).

The Budget Information Service will have three basic tasks: data collection, research and analysis of the data, and advocacy efforts in pursuit of economic growth, equity, and good governance.

Data collection

The following kinds of data will be collected:

  • Budgets: These include both district and local government budgets, with analysis of revenues and expenditure. Such analysis will include a wide range of parameters, beyond basic trend patterns.
  • Social and economic audits: These will include data from various surveys by state and central government agencies, such as the economic census, survey of industry, consumption-expenditure and employment-unemployment surveys, and human development reports.
  • Estimation of sectoral district income: CBPS has developed a methodology and software (INDICAL) to prepare these estimates, which are a necessary starting point for linking infrastructure planning and economic activity at the district level.

While some of the data are available from government agencies, some will have to be collected by CBPS with the particular goal of making it relevant to debates over local governance. This is especially true of estimating district sectoral income, a task CBPS will undertake from first principles since no state is currently making such estimates based on local data.

Research and Analysis

BIS will analyze data for a diverse set of clients and purposes. Some of the data analysis will feed into the planning processes at the district/local levels, and BIS will undertake policy-related research based on such analysis to suggest solutions that bridge the gap between local aspirations and state-level decision making. For example, much policy work is needed to redefine the role of parastatals, such as those that supply basic amenities like water, electricity, or financial and infrastructure development services to local governments.

Advocacy

While BIS will respond to requests for information, it will also advocate the use of the data it collects to improve governance. CBPS has evolved methods of communicating its research results that it has been using in municipalities successfully: the group holds intense budget analysis workshops at which it presents revenue and expenditure trends, and creates documentary films to discuss qualitative issues of governance.

For example, CBPS has made documentary films on urban governance based in two small towns in Karnataka and Maharashtra. The films feature citizens, councilors, and administrators speaking about issues of local self-governance. CBPS has also made two films that examine local government’s role in providing maternal health services. These films have received excellent responses from diverse audiences and have sparked extensive debates about the issues they raise.

In addition, other capacity-building activities will be required to create demand for BIS’s work, given the current governance climate, which discourages “too much” dissemination of information. CBPS has found that gentle but sustained pressure can show people that they will benefit by listening to the group’s message. This process is time consuming, and results are slow in coming, but a patient approach can succeed. Without this component to the work outlined here, the BIS will be a creation with no takers.

For more information, contact Vinod Vyasulu at [email protected].


State-Level Budget Transparency: Improvements in Massachusetts by José M. Marín, IBP

The 2006 Open Budget Initiative (https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/) concluded that the United States provides extensive information to its citizens regarding the national budget. However, the same level of budget transparency is not necessarily observed at the state level. Massachusetts has made significant improvements on budget transparency thanks to the efforts of the Massachusetts Budget and Policy Center (MBPC) and a willing state government.

In 2004 the MBPC began measuring the level of budget transparency in Massachusetts, which at the time had one of the worst budget practices in the country. A panel of experts set out to complete a budget transparency scorecard and prepare a report examining the state’s current practices and suggesting areas for improvement. The report, issued in 2006, listed five goals for a transparent budget process:

  1. Provide clear information on new initiatives and changes in each budget proposal.
  2. Provide clear information on the purposes — and the costs — for all programs.
  3. Provide clear information about revenues and the balance between revenues and expenditures.
  4. Provide sufficient information to put the budget in context.
  5. Create easier public access to budget information.

In 2007, the Massachusetts Budget Transparency Project (MBTP), initiated by the Massachusetts Budget and Policy Center, worked with the state’s newly elected governor to implement some of the report’s recommendations to achieve these goals. As a result, Massachusetts made significant advances in transparency in its budget process for fiscal year 2008, such as:

  • The governor’s budget website provides numerous useful new tools for accessing and interpreting the 2008 budget, including:
  • tracking tools for the different budget proposals
  • a “Budget Navigation Guide” that provides information on spending and revenues and how to understand and navigate budget documents
  • historical spending totals by line item for previous fiscal years
  • an analysis of the state’s overall fiscal outlook
  • When releasing its budget proposal, the administration provided handouts that give a detailed analysis of the 2008 budget gap, including estimates of funds needed to maintain services at the same level as the previous year.
  • The House Ways and Means Committee provide electronic versions of all of its documents on its website.

With these improvements, the 2008 budget is one of the most transparent in the state’s history. Massachusetts residents can now obtain much more information about the budget, and in a much more timely fashion. It is important to note that this information is provided in print as well as electronic form, so citizens without Internet access can review it.

Further improvements are still possible, however. The MBPC recommends that the state, among other things:

  • Provide a comprehensive statement of revenues and expenditures throughout the year as supplemental budgets are passed.
  • Accompany each budget proposal with a downloadable spreadsheet of all revenues by source.
  • Include with each budget proposal a spreadsheet summarizing the differences with previous proposals and prior-year budgets.

To read the full report and obtain more information on this initiative, visit: http://www.massbudget.org/reports/pdf/Creating_a_Transparent_Budget.pdf and http://www.massbudget.org/reports/pdf/MoreTransparentBudget.pdf.


Interview with Gary Bass of OMB Watch: Working with Government to Increase Transparency in the United States

Gary Bass is the executive director of the non-profit OMB Watch, an organization which in 2006 and 2007 joined efforts with the United States Congress and the executive branch to increase the level of transparency in the federal government. The outcomes of this joint effort by civil society and government were the Transparency Act, passed in 2006, and two new sources of expenditure information: FedSpend.org and USASpending.gov. Recently we interviewed Gary Bass on these new sources of information as well as on working with government to increase transparency in the United States.

Background

OMB Watch is an organization dedicated to promoting open government, accountability and citizen participation. In 2006, hurricane Katrina amplified questions within the U.S. about the extent to which government expenditures were reaching the intended beneficiaries. The Katrina disaster was a catalyst for OMB Watch to take action.

Around the same time, Oklahoma Senator Tom Coburn, a Republican, had the idea of making government expenditure information more accessible, but was struggling with how to frame the issue. Sen. Coburn approached OMB Watch for assistance with drafting a bill which would make government spending more transparent. After a lengthy conversation around vision and outcomes, a draft bill was created which then became the platform for the Transparency Act. Both Gary Bass and Senator Coburn enlisted Democrat Senator Barak Obama to co-sponsor the legislation. Ultimately both Democrats and Republicans pursued and enacted the far-reaching bill on access to budget information despite the notably secretive Bush administration. Common citizens also engaged in this issue and through blogs were very influential in passing the Transparency Act.

A group of bloggers, spurred by concerns of abuse in earmarked spending by Congress, started to advocate for the Transparency bill to be made into law. These bloggers created a website that contacted and kept track of every congressman to find out who was impeding the unanimous approval of the Transparency bill. This autonomous campaign created enough pressure that eventually led to the unanimous approval of the Transparency bill.

Meanwhile, OMB Watch was embarked on a project to create a searchable website that would provide information on government expenditures, giving way to FedSpending.org. FedSpending.org is a database of approximately $16.8 trillion dollars of government contracts and Federal assistance spending with complete annual data from 2000 to 2006 and partial data for 2007. The website allows individuals to search for government spending based on the contractor or recipient of the funds, by place of performance or by Federal agency. It also has a mapping feature which allows users to view spending geographically. FedSpending.org has a great depth of information which is presented in a simple to understand format.

Since the Transparency Act required a website much like FedSpending.org, Gary Bass offered advice to the Office of Management and Budget on how to create such a website. Subsequently, OMB Watch was asked to create the government website required by the Transparency Act based on its FedSpending.org site; the final result was USASpending.gov.

Interview

IBP: In a country like the United States that is thought of as having high levels of transparency, what is so innovative about these new websites?

Gary Bass: One of the things that I found most shocking was that the fastest growing part of our discretionary spending is contracts. In addition, there has been a huge growth in contracts that are given out without open competition. Currently about 20 companies in the U.S. control approximately one-third of all government contracts and that raises questions about accountability. Everyday you open the newspaper and see stories about fraud, waste and abuse by government contractors. One of the reasons that these stories come to light is because of websites like FedSpending.org. Reporters are finding the information on the website and then digging deeper when they see a trend. So those are the kinds of things that could not be done before but now they can.

IBP: What did you learn about advocacy and access to information advocacy in particular?

Gary Bass: To be completely honest, I was shocked at how many people wanted to use FedSpending.org. We started this project thinking we were going to make a quick website, and as we were doing the planning of it we kept seeing more and more people enthusiastic about it. It started as a quick website that became each time more and more sophisticated. Sure enough, we had to do more and more additions because of the large amount of users. For example, OMB Watch’s website gets approximately 60,000 visitors a month while FedSpending.org gets approximately 300,000 to 400,000 visitors a month.

IBP: What do you think stimulates so many visitors? Is there something that gets the common person energized by budget data?

Gary Bass: I think there was a tipping point where people, not only intermediary groups, were looking at the information on FedSpending.org even though they did not know what to do with it. For example, the blogger community has been very active. One blogger wrote a piece about former speaker Dennis Hastert regarding money going to his district. This piece then prompted a reporter in this district to investigate, and it turns out it became a huge national issue about land deals. There are many cases like these where regular citizens are stimulated by the data, and who are then stimulating a more thoughtful investigation by reporters or other groups.

Intermediary advocacy groups also use the information in FedSpending.org; however, they probably would have found a way to find the data. The website only makes the process simpler and allows organizations to put more energy into the analysis.

This is what the vision of the Internet always was, empowering people who don’t have power. Creating vibrancy that didn’t exist in a democracy; it is a way of getting people more involved and seems to be working. However, FedSpending.org is just the tip of the iceberg, much more must be done.

IBP: What did you learn from working with different parts of government on transparency issues?

Gary Bass: I am quite certain that without Robert Shea, from the Office of Management and Budget, we would not have seen the government website (USASpending.gov) as high a priority as it has been with this administration. Mr. Shea stuck with this project and really pushed it; he deserves a lot of credit. You need an individual who will champion this type of effort. There are too many forces within government to let it become bureaucratic and slow it down.

This administration is noted for not being very transparent; it is among one of the most secretive administrations maybe in the history of this country. It was shocking and refreshing to see this kind of energy to address this issue.

People now in the United States, as well as other countries, are tired of corruption; that is the key. If you can show citizens that this type of project can help to fight that corruption it becomes very real. I don’t think it is a grading system – what you really want is letting the public assess what is going on so that they can make their own judgments based on the information.

In other countries perhaps the Internet is not as pervasive, but it will be in the future, and countries should plan ahead.

For more information, please visit the OMB Watch website at: www.ombwatch.org.


Civil Society in Argentina Pushes for Transparency in Education Funding

The Center for the Implementation of Public Policies for Equality and Growth (CIPPEC), a leading nongovernment think tank based in Buenos Aires, is monitoring the Argentine government’s fulfillment of a 2005 law that called for significantly expanded education funding and established transparency mechanisms to ensure that the new funds are spent properly.

Néstor Kirchner, who won the presidency in 2003, has prioritized education spending in line with the country’s strong traditional commitment to education. Argentina enjoys among Latin America’s highest education levels, and 96 percent of the population is literate. Education is free and compulsory for children between 6 and 14 years old.

In 2005, Kirchner’s government adopted a law that mandated a significant expansion in access to education and required an increase in total public funding for education at the national and provincial levels to 6 percent of GDP by 2010. This would be higher than the US or France, both of which spent 5.6 percent of GDP in 2002, according to a CIPPEC report.

Education spending had dipped dramatically in the wake of Argentina’s 2001 financial crisis, to a low of 4 percent of GDP in 2003, CIPPEC noted. The 2005 law not only called for a boost in spending but included specific targets such as expanding the number of classrooms, lengthening the school day, raising teachers’ salaries, and equalizing teacher pay levels across Argentina’s regions.

Under the new law, the national government was to bear 40 percent of the increased education costs, while lower levels of government would cover the rest. According to CIPPEC, this would mark a sharp increase in the national government’s responsibility for education financing; prior to the adoption of the law, the national government was responsible for just 26 percent of all costs.

Significantly, the new law contained important transparency provisions to monitor the new spending targets. Some analysts had feared that provincial governments would divert any new education funding to non-education purposes. The new law therefore required that the national government and each province post up-to-date information on the Internet during the budget year regarding both education spending and progress toward expanding access to education.

In 2006, CIPPEC began systematically reviewing the available budget information in each province, checking websites and requesting other available information from provincial governments. The following year, CIPPEC published its first annual report on the law’s implementation. It found that only 14 of the 24 provincial governments had provided current information on their education spending for 2006 as the new law mandated. And only 16 provinces complied with the requirement that they publish what they intended to spend for the upcoming year.

In a positive development, the report noted that five provinces that formerly had not published any budget information began publishing information on their education expenditures during the year. Four provinces even created special websites to publicize their progress in expanding educational access.

CIPPEC observed that it’s monitoring work and requests for information played an important role in spurring the publication of this data. Although the law required publication, in most cases the information probably would not have been made available if CIPPEC analysts had not asked for it.

As CIPPEC obtained increasing amounts of information from the provinces, it became clearer that education spending constitutes a significant portion of most provinces’ budgets. The portion was the highest — 35 percent — in the city of Buenos Aires. At the same time, CIPPEC found that Buenos Aires was being shortchanged in national education funding by the way in which the government was equalizing levels of teacher compensation among provinces. After CIPPEC’s report was issued, however, the national government took steps to address the problem.

CIPPEC also found that almost all (more than 90 percent in most cases) of education spending at the provincial level goes to teachers’ salaries. This means that teachers’ unions, among other groups, have a significant interest in CIPPEC’s analysis of education spending in each province, along with CIPPEC’s comparative analysis of spending across provinces.

CIPPEC created a special webpage (http://cippec.org/mlfe) to make its analysis available to all interested parties. While accurate and academically rigorous, the analysis is written in a style that is free of jargon and easily understandable by those who are neither budget nor education specialists. CIPPEC also conducted outreach activities to answer questions from civil society, teachers’ unions, and government officials.

It was a mark of the trust that the teachers’ unions had in CIPPEC’s work that union officials used the CIPPEC report in the annual province-by-province wage negotiations that determine teachers’ salaries. The national and provincial governments also relied on CIPPEC’s analysis.

CIPPEC, in turn, sought to influence government policies by involving itself in the process by which provinces’ ministries of education plan their activities and budget for the upcoming year. CIPPEC organized seminars for ministry officials to present its agenda of reforms for consideration and discussion. It also created a special webpage (http://cippec.org/nexos) to present easy-to-read materials with reform proposals to provincial policymakers. These include proposals to institutionalize teacher, parent, and student participation in education reform by developing advisory councils, and to strengthen teacher training and curriculum development, expand school construction, and improve student testing.

An important factor in CIPPEC’s success in promoting education reforms has been its combination of steady, systematic requests for data and its accurate, trustworthy analysis of this data once it is obtained.

Another factor is CIPPEC’s ability to seize the opportunities created by the emergence of a new national government that is both aware of the importance of transparency and committed to reform and social expenditure. This was a significant development. Historically, some Argentine provincial governments have been led by regional political parties that are protective of entrenched local elites and unaccustomed to public scrutiny of their activities.

On the international scene, there is increasing recognition that public access to information on government budgets and financial activities is key to promoting government accountability. This development is a direct legacy of the wrenching debt crises that Argentina and other countries experienced in the 1990s. The numerous existing initiatives on fiscal transparency are a direct response by the International Monetary Fund and other institutions to these financial crises. They also are a tacit recognition by these institutions that they promoted the crises by pushing policies such as unregulated privatization, lack of transparent procurement, and lack of transparency surrounding the accumulation and use of public debt. It is to be hoped that Argentina’s next generation will benefit from this belated recognition of the importance of fiscal transparency and accountability — and that this will translate into tangible and more equitable progress in education achievement.


Analyzing Central American Budgets from a Human Rights Perspective by Jonathan Menkos, ICEFI

The Central American Institute of Fiscal Studies (ICEFI) recently analyzed the budgets of Central American countries through the lens of human rights and concluded that these countries’ social expenditures are not sufficient to address the needs of the most vulnerable populations. This, in turn, has slowed progress toward reducing poverty and inequality.

ICEFI, an independent research center founded in 2005, prepares investigations and technical analysis on fiscal matters in Central America. It also provides information and training to the legislative and executive branches, local authorities, and social and political organizations to influence public policies in pursuit of more equitable, democratic, and prosperous societies. One of ICEFI’s main lines of investigation is the link between the fulfillment of human rights — especially economic, social and cultural rights (ESC) — and public expenditures.

ICEFI evaluates the budget of every Central American country to determine if it protects citizens’ economic, social, cultural, political, and legal rights, examining the budget in light of the country’s national obligations (especially the constitution) as well as its international commitments (including the Universal Declaration of Human Rights and the International Pact of ESC Rights) and its political commitments reflected in the Millennium Development Goals.

Presently, ICEFI is preparing its 9th Fiscal Bulletin, which analyzes the national budgets of Central America from a human rights perspective. This bulletin, which will examine whether the budgets are fulfilling the human rights commitments the countries have assumed, will help civil society participate in debates over human rights — debates that usually are held with little technical foundation.

Social expenditures make up about half of the total public budget in most Central American countries, ICEFI found. (An exception is Costa Rica, where approximately 65 percent of the budget goes to the social sector.)  In recent years, most increases in social spending have come in the health and education sectors, which make up roughly two-thirds of all social spending. As a result, most countries (except Costa Rica and Panama) have neglected other social rights, such as those related to housing and the environment.

Health

In 2000-2005 Central American governments spent 2.1 percent of GDP on health care. When the cost of Social Security is added, this figure nearly doubles, to 4 percent.

Panama and Guatemala have taken steps backward in recent years in protecting the right to health. The case of Guatemala is the most critical, since it invests only half of the regional average in health care. Honduras and Nicaragua, in contrast, have made real progress toward the right to health, although much more remains to be done. In El Salvador and Costa Rica, resource allocations for the fulfillment of this right have stagnated.

Education

In 2000-2005 Central American governments spent approximately 4.4 percent of GDP on education. Honduras and Nicaragua made the biggest increases in education expenditures during this period. This reflects in part the fact that the debt relief programs under which both countries operate allow them to assign significant resources to this sector. El Salvador and Guatemala designate the least resources to education.

Per capita public expenditures on education have stagnated in the region and have actually fallen since the end of the 20th century, on average. Most expenditures in this area are for preprimary and primary education, which shows the importance that countries give to universal and free access to basic education. Nevertheless, higher education remains underfinanced, a problem confirmed by rates of post-primary schooling.

For more information, contact Jonathan Menkos at [email protected] or visit ICEFI’s website at www.icefi.org.


The Gender Provisions of the 2008-09 Indian Budget by José María Marín, IBP

On February 29 the Center for Budget and Governance Accountability (CBGA) released an analysis, “And Where Are the Women in the Union Budget 2008-09?”  It finds that allocations for women increased marginally this year (from 3.3 percent of total government expenditures to 3.6 percent), though the number of ministries and departments reporting women-specific allocations did not improve.

India began analyzing public expenditures from a gender perspective in 1974, when the government released the Report of the Committee on the Status of Women. However, not until the Seventh Five-Year Plan (1985-90) was specific attention given to allocations for programs that directly target women. Also at this time, the government adopted the Women’s Component Plan (WCP), which introduced a mechanism to identify and monitor programs that extend benefits directly to women. Later, the Ninth Five-Year Plan (1997-2002) established a clear, unconditional requirement that in ministries and departments perceived to be “women related,” at least 30 percent of government expenditures at both the central and state levels must be earmarked for women.

Along with the 2008-09 Union Budget, the government issued a “Statement on Gender Budgeting.”  While a welcome addition, the statement fails to give a full picture what the budget truly offers women, according to Yamini Mishra and Bhumika Jhamb of CBGA. It pays no attention to issues such as whether the women-specific programs it cites indeed reach women as intended and whether these programs transform gender roles or simply reinforce gender stereotypes.

CBGA also noted that, given women’s large role in the labor market, additional ministries (besides the Ministry of Women and Child Development) need to focus more on addressing women’s concerns and vulnerabilities. For example, women-specific allocations in agriculture increased only marginally as a percentage of total allocations this year and remain grossly inadequate to meet the commitments set by the government. This is of major concern; 75 percent of all female workers, and 85 of all rural female workers, are in agriculture.

Narrowing disparities in education remains another major challenge, according to CBGA. The “Statement on Gender Budgeting” does not report women-specific allocations for major initiatives in elementary education, and women-specific allocations in higher education declined this year.

To read the full report, visit http://www.cbgaindia.org/.


Social Audits in Rajasthan: Despite Progress, Much Work Remains by Priyanka Varma, Mazdoor Kisan Shakti Sanghatan, MKSS

Over the last two decades, civil society organizations, academics, and researchers have debated different methods for measuring and improving transparency and accountability in development programs meant for the poor. Social audits have emerged as  a powerful method — one which is able to reach those areas of information reserve and bring it in the public domain, which conventional audit mechanisms and agencies have been unable to.

Unlike traditional audits, a social audit is not a one time, but a continuous exercise, that audits expenditure, its usefulness, and its impact. It thereby tries to ensure that the activity or project is designed and implemented in a manner that is most suited for the prevailing (local) conditions, appropriately reflects the priorities and preferences of those affected by it, and most effectively serves public interest. Such a process provides for effective people’s participation in monitoring expenditure and influencing decision making in the formulation and implementation of development programs.

Accessing relevant information, consolidating it in a manner that people can easily comprehend, and facilitating a verification process by the stakeholders are some of the basic steps undertaken in a Social Audit. In doing so, the process also helps create awareness about people’s rights and entitlements.

The NREGA and Social Audits

In the Indian state of Rajasthan, a network of civil society organizations called the Rozgar Evum Suchna Ka Adhikar Abhiyan has been conducting social audits of projects under the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) for close to three years now.

Passed in 2005, the Act guarantees 100 days of employment each year to any rural household whose adult members are willing to do unskilled manual work. Failure to provide work within 15 days, gives the applicant a right to claim unemployment allowance.

Despite this progress, however, most people remain unaware of their rights and entitlements under the NREGA. The information flow has been minimal, with the administration taking little or no initiative. Inadequate staff and lack of training have also been areas of concern.

Unlike the previous employment schemes, in the country – beset with a range of problems from lack of awareness, planning and people’s participation, low quality of assets, diversion of funds and no public accountability, the NREGA provides for two distinct and extremely powerful legal provisions – transparency and public monitoring. The passage of the Right to Information Act (RTI) in the year 2005 — have made social audits of the NREGA possible and strengthened these provisions since access to information is the primary and most crucial step in conducting a Social Audit.

Regular social audits since then and the presence of people’s groups in certain areas have resulted in strong transparency measures, such as transparency boards at worksites detailing the funds allocated for (and spent on) labor and material. Also, the availability of muster rolls in nearly all the worksites has considerably reduced delays in wage payment and nonpayment of wages. Large numbers of men and women have attended the public hearings held as part of the audits to testify against false records and register their discontent, despite enormous pressure placed by local powers.

Apart from corrupt practices and deviation of funds that get identified in these social audits, such exercises also allow a discussion on various other features of a program, which get overlooked or unaddressed otherwise.

In the case of the Abhiyan, the social audits proposed that addressing basic issues like adequate honorarium and allowance to elected representatives, increasing administrative, technical and managerial staff at the lowest level and establishing responsibility for proper maintenance of records  will also clear away instances and scope for possible monetary deviations and reduce the slack in implementation.

Resistance to Social Audits

Nearly all of the social audits conducted by the Abhiyan have been in coordination with the state government, local authorities, and field-level functionaries. The three have come together on a number of occasions to discuss findings of the social audits and worked towards correcting the problems and strengthening the NREGA.

However, two audits recently organized by the Abhiyan in the district of Banswara and Jhalawar encountered strong resistance, even violence. Despite the strong transparency provisions in the NREGA and the RTI, members of the Abhiyan had to stage sit-in protests to access records. A wide array of local actors opposed the social audits, creating an air of fear and tension and making it difficult for the Abhiyan to conduct the social audit.

In Banswara, the Government of Rajasthan had itself invited the Abhiyan to do the social audit but then refused to be a part of the process in the midst of this resistance and violence. In Jhalawar, the government’s failure to provide sufficient information forced the Abhiyan to restrict itself to five panchayats (small administrative governmental units usually composed of a cluster of villages); however, the audits there uncovered evidence of embezzlement in 14 different villages. There were numerous other instances of fudged muster rolls and other problems; for example, most marginalized sections of society were either denied a job card or charged for what should have been a free document.

These acts of resistance to the social audit raise fundamental questions and doubts about the government’s commitment to transparency and accountability in development programs for the poor. They also expose the limits of the government’s commitment to making the NREGA a healthy and successful program.

Emerging Challenges

A social audit is fundamentally a people’s process. It has given shape to the idea of public vigilance in large development programs such as the NREGA, where it is nearly impossible for one person or agency to run the program. The idea of incorporating social audits in the NREGA also reflects a decade of struggle and democratic protests by ordinary men and women who realized the importance of official information to their lives and livelihood.

The events that unfolded in Banswara and Jhalawar, however, threaten to destroy this effort. The government and the local administration sought to strengthen the existing power relations in the area by resisting the social audit, in part by reading the provisions of transparency and accountability in the narrowest possible terms — announcing that the audit could be held only under the terms they themselves established. Such resistance only shows the potential of social audits to weed out the corrupt, strengthen people’s entitlements, and establish accountability. The time has come for people’s groups to redesign their strategies to meet these fresh rounds of attacks and keep alive democratic spaces and practices for those most marginalized.

For more information, contact [email protected].


Luta Hamutuk: Promoting Project Monitoring at the Community Level by Martin Tisne, Tiri

Luta Hamutuk, a Timorese NGO founded in 2005, is dedicated to establishing ukun rasik an (self-reliance) in Timor-Leste as a manifestation of the nation’s commitment to economic justice and public participation, with respect for the values of democracy, equality, and transparency. Luta Hamutuk’s mission is “participation by the people in the struggle for economic justice.”

Luta Hamutuk’s work encompasses five interrelated areas: (1) monitoring reconstruction projects directly, (2) briefing local communities on revenue and expenditure issues, (3) creating a state/civil society committee to monitor several reconstruction projects in the eastern district of Los Palos, (4) issuing fact sheets on revenue and budget issues, and (5) conducting national advocacy on the above issues. The organization is also involved in monitoring oil revenues from the Timor Sea.

Project Monitoring

Luta Hamutuk’s strategic approach to monitoring work can be broken down into four steps:

  1. Luta Hamutuk starts its own monitoring of reconstruction projects, with its own staff. This generates national interest in these community issues and sharpens the group’s sense of what the communities need and want.
  2. As a foundation for its work, Luta Hamutuk briefs local communities on oil revenues and state budget issues. At each briefing, the group identifies “focal points,” or community members who act as facilitators and will continue the work.
  3. The focal points are trained and continue trainings throughout the year. In the pilot case of Los Palos, the focal points picked up Luta Hamutuk’s own monitoring of a key road project and helped create a district-level monitoring committee to oversee six reconstruction projects.
  4. Luta Hamutuk brings the issues raised by the committee to the national level and feeds the findings down back to the committee.

Luta Hamutuk monitors three projects itself: the construction of a road in the eastern district; electricity failures in Dili, and the lack of vendor spaces in Dili’s Comoro market. These projects take the form of direct monitoring followed by short reports, press releases, and an extensive use of print and TV media, coupled with national advocacy.

Monitoring Committee in Los Palos

Community briefings are a one of Luta Hamutuk’s most important instruments to encourage monitoring work. Approximately 40 people attend each meeting, including government officials, journalists, and community members.

Luta Hamutuk staff begin the briefings by providing basic information on the source of the state’s revenues (oil and gas), breaking down the mechanisms by which these revenues enter the state budget, before explaining what the state budget is and how allocations are made.

The Luta Hamutuk member who is from the village or district or region leads the conversation and is responsible for bringing people together and gaining the cooperation of local leaders. A briefing that goes well could lead to identification of a focal point who then may start a community monitoring project.

An example of the community monitoring that emerged from Luta Hamutuk’s efforts is the pilot case in the eastern district of Los Palos. Two local focus points picked up Luta Hamutuck’s own monitoring of a key road project and, together with Luta Hamutuk, helped create a district-level monitoring committee in which state and civil society partners oversee six reconstruction projects in the area: two road projects, two clinics, and two school rebuilding projects.

The committee’s ten members include two youth representatives who undertake the brunt of the monitoring work, reporting once a month to the committee on their findings and the status of the projects they are monitoring. The committee also includes a suco1 chief representing the village and the heads of the district departments of health, public works, and education.

In each meeting the three heads of district departments discuss their concerns and any problems there may be regarding the projects. For example, in one case, the government had not yet paid the company performing the work, causing problems both for the department head and for the head of the village in which the project was being performed (since the local workers had not been paid). Meetings end with action points to be followed up by all.

Thanks to its good relations with higher levels in the government, Luta Hamutuk is able to have some influence on national policy. The group sends all of its reports to the president, prime minister, and speaker of the parliament for feedback before releasing them to the media.

This case study was written by Martin Tisne, program director at Tiri (www.tiri.org), an NGO based in London that supports civil society monitoring groups in countries recovering from war. For any questions related to Tiri’s work, please contact [email protected].

For more information on Luta Hamutuk, contact Thomas Freitas at [email protected].

1 The subdistricts of East Timor are subdivided into sucos.


Global Integrity Report 2007 by Christopher Brown

In January, the Washington, D.C.-based NGO Global Integrity released its Global Integrity Report: 2007, which assesses anti-corruption mechanisms in 55 countries and the institutional framework available to their citizens to fight corruption. The report, published annually, utilizes a unique methodology to assess anti-corruption mechanisms utilizing quantitative data derived from original, on-the-ground research.

Although elections are commonly considered to be a key aspect of Western governance, the report found little evidence that they are strongly linked to improved governmental accountability. It also found that wealthier countries face similar challenges as less-developed countries, particularly in the area of political financing — the most serious deficiency in anti-corruption institutions around the world. Regulations aimed at limiting donations from wealthy individuals and corporations are often enforced poorly or not at all.

Also of concern, the report found a widespread lack of government accountability among foreign aid recipients, which presents serious dilemmas for Western and multilateral aid agencies.

On a more positive note, the report found that civil society organizations working in post-conflict countries with weak governments are playing important roles in combating corruption. Despite recent conflicts, Bosnia & Herzegovina, Lebanon, Liberia, Nepal, and Sierra Leone received moderate to strong ratings in the area of civil society. It is also worth noting that African governments were found to be more receptive to civil society’s involvement in issues related to public service delivery than issues related to transparency and governmental accountability.

Despite the conventional wisdom that changes in governance and anti-corruption performance take many years to manifest themselves, several countries exhibited significant change from 2006 to 2007. One area of particular change was in the budget process. The average score for budget process increased from 58 percent in 2006 to 65 percent in 2007. Countries that had significant changes in their budget process score include: Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Egypt, Georgia, Kyrgyz Republic, Mozambique, Nepal, Romania, Russia, and Tajikistan.

Countries whose overall score declined in 2007 include Georgia, Nigeria, Romania, and Uganda. Azerbaijan, Bulgaria, and Nepal saw their overall score improve since last year.

Global Integrity made some methodological changes in 2007, which are important to keep in mind when comparing the 2007 results with those from previous years. You can read more about the methodology at http://report.globalintegrity.org/methodology/whitepaper.cfm.

Global Integrity is seeking interested journalists, researchers, social scientists, and other experts with a background in governance and corruption issues to prepare its Global Integrity Report: 2008. The goal is to generate assessments for roughly 70 countries. The final country selection has not been made, and will be influenced by the interest expressed by qualified country experts, all of whom are compensated for their efforts.

For more information, please see the 2007 Global Report Index at http://report.globalintegrity.org/globalIndex.cfm.


Buying Power: Public Procurement, Aid, and Governance by Olivia McDonald, Christian Aid

A substantial share of any government’s budget is used to purchase goods and services. To ensure that the money is used well and to limit the risk of corruption, rules guiding government spending decisions need to ensure transparency and accountability to citizens. Procurement reform is thus of considerable importance to donors.

But as Christian Aid, a UK-based NGO, stresses, it is important to scrutinise the economic and social implications of procurement reform as well as it impact on the budget process.

Government procurement is big business, worth about US$2,000 billion each year. This explains why rich countries have been keen to put the subject of access to these lucrative markets on the agenda at the WTO and pursue it bilaterally through regional trade agreements.

Christian Aid’s new research in public procurement concludes that donors can play an invaluable role in helping developing countries make the rules guiding government purchasing clearer, the procurement process more transparent, and government officials more accountable. To accomplish this, it may be necessary to link aid — especially budget support — to improvements in procurement systems.

However, Christian Aid finds that donor interventions do not always succeed in building more accountable procurement systems. Donor support will be most effective if the specific procurement reforms are rooted in the institutional make-up of the country concerned, not based on Western models, the group argues.

For example, in Ghana (which spends about 70 percent of its total budget on procurement), local governments cannot establish committees to make procurement decisions because of the lack of professionally qualified members such as accountants, procurement specialists, and engineers. Finding such persons is a real struggle in remote, rural areas. This means that many decisions have to go up to the central government, which contradicts the aim of decentralisation — taking more decisions to a local level.

In addition, donors tend to assume that maximizing the number of bidders guarantees both better competition and a better outcome, regardless of whether the bidders are located in the recipient country. This assumption ignores the potential impact on local firms that have traditionally depended on government contracts.

Christian Aid believes that recipient governments must decide for themselves whether to allow foreign firms to compete for particular contracts; if such firms are not allowed to compete and the result is that aid money is spent in the local economy rather than back in the donor country, so be it. Indeed, such an approach may maximize aid’s development impact. For this reason, donor countries should support this approach — while pursuing their own economic objectives independently of their aid strategy.

An OECD ministerial meeting scheduled for September 2008 in Accra will assess progress on implementing the Paris Declaration on Aid Effectiveness. Specifically, it will look at: a) progress in support for procurement reform, b) recipient countries’ actual experience with reformed procurement systems, and c) the practice of “aid-tying,” whereby donor aid must go to firms from the donor country. Citizens’ groups involved in the procurement process should work to ensure that this area is given the attention it clearly deserves.

Download the full report at: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Buying-Power-Aid-Governance-and-Public-Procurement.pdf.
For more information, please speak to the report’s author Olivia McDonald at [email protected].


NGO Forum on Cambodia Launches Budget Guide and Work with Parliamentarians Toward a Pro-poor Budget in Cambodia

On November 14, the NGO Forum on Cambodia (a membership organization for local and international NGOs working in Cambodia) and the Economic Institute of Cambodia launched a budget guide containing information on the national budget and the budgetary process. Attending the launch were roughly 130 representatives from the National Assembly, Senate, government ministries, international financial institutions, civil society organizations, and the media.

The budget guide aims to increase the knowledge of civil society organizations about Cambodia’s budget — knowledge that is currently confined to a small number of experts in the government, the National Assembly, research institutions, and development partners. The guide is intended for anyone directly or indirectly involved with the national budget, including government officials, members of parliament, media professionals, academics, students, and citizens. The NGO Forum hopes that the guide will help all such stakeholders find a space for themselves in the budgetary process and make their own contributions to the budget debate.

Among other topics, the guide examines the budget’s effects on poverty reduction and the impact of the government’s public financial management reform program on the budget.

Guide Receives Positive Reaction

Initial reaction to the new guide was very favorable. Various state and private radio stations, TV, and newspapers covered the launch, and attendees welcomed the guide as an important tool for teaching the general public — and especially civil society organizations — about the budget.

The World Bank representative noted the importance of having a well-informed civil society. In effect, civil society represents the “demand side” of Cambodia’s public financial management reforms, which a variety of the country’s development partners support.

The Guide will be used in 2008 in workshops and training sessions planned for civil society organizations interested in budget work. It is also likely to be used in certain university curricula.

The guide is available in English at: http://www.ngoforum.org.kh/docs/publications/NBP_GuidetotheNationalBudget-English.pdf.

Working Toward a Pro-Poor Budget in Cambodia

On November 27, 2007 the NGO Forum on Cambodia organized a workshop for members of the National Assembly and Senate and civil society organizations to discuss concerns related to the 2008 draft budget. The roughly 100 participants came from the Cambodian legislature, civil society, the media, and development partners, among others. The Economic Institute of Cambodia and the Cambodia Canada Legislative Support Project also helped organize the workshop.

The workshop took place three days before the National Assembly voted on the budget law and one day before budget consultations between members of parliament and the representatives from the Ministry of Economy and Finance.

The workshop was a milestone in Cambodian history: never before had National Assembly members and civil society consulted on the national budget law. While some government officials and legislators are suspicious of such consultations, seeing them as a tool of foreigners or opposition parties, the workshop proved that civil society’s concerns are sincere and fact-based — and that civil society can be a serious partner for the National Assembly when it debates the executive’s budget proposal.

The issues raised at the workshop included trends in budget allocations and an overview of publicly available budget information based on the 2006 Open Budget Initiative. (To view the results of the 2006 Open Budget Initiative, visit www.openbudgetindex.org.)

Presenters from the Economic Institute of Cambodia and the NGO Forum pointed out that the seven priority ministries identified by the government as crucial in the fight against poverty were not given priority in the budget, as some received smaller funding increases than other agencies of the government. Another concern expressed at the workshop is that the budget is not sufficiently linked to the government’s objective of reducing poverty as fast as possible manner as outlined in the National Strategic Development Plan 2006-2010. Although the budget prioritizes health and education, other important areas — agriculture, rural development, justice, women’s affairs, land management, urban planning, and construction — are not systematically prioritized.

Civil society also expressed concern at the US$47 million increase for “precautionary expenses,” bringing its total to US$137 million for the 2008 budget. The use of these funds, which fall under “unallocated expenditure,” is fully at the executive’s discretion; no permission from the legislature is needed. Since the government made no “precautionary expenditures” in 2007, the massive increase in this part of the budget for 2008 deserves an explanation. Civil society has argued that these funds should instead be allocated to poverty-alleviating projects in rural areas and to strengthening the judiciary. During the workshop, the NGO Forum recommended that these funds be used to increase the budgets for the national audit authority and the seven ministries the government has identified as crucial in the fight against poverty.

The NGO Forum also provided an overview of the available budget information in Cambodia and asked for more information to become publicly available in 2008. Specifically, it requested that reports from the national audit authority and monthly expenditure reports from the line ministries are made public and posted on the Internet.

In general, civil society’s message was well received by the legislators. All panelists and participants acknowledged the importance of civil society’s involvement in the debate on the national budget and recognized that there is an increasingly positive climate for open debate, in which the National Assembly and CSOs can discuss issues constructively. One member of parliament stated that the workshop would have an impact on the legislature’s discussion of the 2008 budget. The legislators also asked whether a similar workshop could be organized next year, preferably a few weeks earlier as the discussion of the draft budget was already in its final stage.

The NGO Forum later compared the approved budget with the executive’s proposed budget and found that the legislature had not made any changes. It is quite clear that the legislature’s role in the budget needs to be strengthened. Toward this end, the NGO Forum plans to work more closely with the National Assembly this year, such as by making electronic versions of the budget available so legislators can see trends over time and by putting the needs of the poor and marginalized groups in the context of actual budget allocations.

To obtain hard copies of the guide, or if you have any questions regarding NGO Forum’s work, contact Ngo Sothath, Development Issues Program Coordinator at [email protected].


Participatory Budgeting in China: Professor Baogang He presents at the National Endowment for Democracy by José María Marín, IBP

On March 12 Professor Baogang He from Deakin University in Australia, currently a visiting professor at Stanford University, presented findings from his research on participatory budgeting in China at the National Endowment for Democracy.

In 2005, in the town of Zeguo in Zheijian Province, China’s central government performed the first experiment in polling local residents regarding budget matters and then using the results to set budget priorities.

Since then, several other provinces have experimented with different models of participatory budgeting, ranging from public polling to participation in the budget by the local legislature. Professor He discussed the different models of participatory budgeting, the incentives for undertaking it, and the prospects for participatory budgeting in China.

  • In 2006 Bianyu Village conducted four polls of 47 elected village representatives and 25 randomly selected representatives on the topics of migrants, the village economy, and the village plan. The survey results were treated as the village’s decision on these matters.
  • In the township of Zeguo, a random sample of citizens was gathered to consider various infrastructure projects that were important for the town’s future development. Briefing documents were provided and the participants engaged in discussions with trained moderators and experts. The projects under consideration were then prioritized according to the participants’ choices.
  • In Xinhe, 110 deputies and volunteers examined the budget before the local people’s congress and debated each budgeting item with the congress. The debate led to proposed revisions in the allocations of resources, though it should be noted that citizen involvement in the process was limited. This model of participatory budgeting — which is starkly different from that adopted in other countries, where the executive branch rather than the legislature takes the lead — represents a way to rejuvenate China’s local congresses, He stated.

Unfortunately, the sustainability of participatory budgets is uncertain. Zeguo, for example, did not engage in participatory budgeting in 2007, as it had in 2005 and 2006; in Xinhe, the budget was passed without public participation in early 2007.

Although the models of participatory budgeting adopted in China transfer some power to the people by allowing them to express their preferences regarding public projects, they constitute an administrative democratization rather than the radical democratization envisioned by earlier proponents in Brazil, He noted.

The fact that the participatory budget experiments depend on government leaders to mobilize the population and provide information is a source of concern, He stated, because of the ease with which manipulation can occur. In addition, the exercises take place under authoritarian conditions, and the government’s goal is performance of the budget allocations, not expansion of citizens’ rights.

In sum, these experiments in participatory budgeting show that they can be viewed as a great achievement if judged according to “who gets what,” but if judged in terms of granting citizens’ rights and promoting transparency, their success is more limited. Even under participatory budgeting, citizens’ control of the budgeting process remains very limited; only a small part of the budget is discussed openly, and administrators continue to allocate the budget.


New Resources

Our Money, Our Responsibility. A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures
by Vivek Ramkumar, IBP
https://archive.internationalbudget.org/resources/expenditure/index.htm

This Guide reflects the growing focus of civil society organizations on monitoring the results achieved by government expenditures. It offers an overview of government budget implementation, including budget execution, procurement, impact measurement, and auditing and legislative oversight processes. The Guide provides practical, tested tools that can be used by independent organizations interested in monitoring government expenditures.

Primer on Civil Society Budget Work
Author: Siba Shankar Mohanty, Deepak L. Xavier, Pooja Parvati
Center for Budget and Governance Accountability
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Primer-on-Civil-Society-Budget-Work.pdf

The guide provides information and techniques on issues related to budgetary provisions and public finance issues for civil society institutions engaged in budget work and advocacy as well as for field level functionaries associated with implementing programs on budget and policy advocacy.

Budgeting for the Future, Building another Europe
Edited by Sbilanciamoci!
http://www.sbilanciamoci.org/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=116

This book puts forward a critical civil society outlook on the 2007/2013 European Financial Perspectives. Sbilanciamonci! create an European Civil society consultative network who used the Multiannual Financial Framework 2007-2013 as a scheme to develop the analysis on European expenditures and selected EU policies. The end result is a collection of major points of view of European civil society on the EU budget.

The Open Budget Blog & Other Public Finance Blogs


The IBP launched its Open Budgets Blog in March. You can find the blog at: http://internationalbudget.wordpress.com  We hope you join the online discussion. You can comment on any of the posts. Or email Albert at [email protected] if you would like to write a guest post.

A guest post can be short (as little as 100 words), but should state an opinion or provide a new resource. Announcements of publications or activities will continue to be published in our newsletter.

A number of other Public Finance related Blogs have been launched recently.

EURODAD launched its Betteraid.org blog (http://www.betteraid.org/blog) in August last year. The Betteraid.org is the place to find gossip, inside stories and interesting tit-bits on how rich country governments and multilateral institutions are spending their aid money.

The IMF launched its PFM Blog (http://blog-pfm.imf.org) at the beginning of 2008. The PFM blog features current news, resources and ideas about public financial management systems and their operation and improvement.

The Overseas Development Institute’s (ODI) Blog has existed for a while now and also regularly posts on issues relevant to the Budget Community. Find the ODI blog at: (http://blogs.odi.org.uk/blogs/main).