by soapbox | Nov 1, 2007
Aumento de sinergias entre la transparencia de ingresos y el monitoreo presupuestario: la experiencia de las coaliciones de PWYP África por Matteo Pellegrini
La coalición “Publish What You Pay” (PWYP) promueve campañas de transparencia en el pago, recaudación y administración de ingresos pagados a los gobiernos de países en vías de desarrollo – ricos en recursos naturales – por parte de industrias petroleras, mineras y de gas. El mejoramiento de las condiciones de transparencia es un paso esencial para asegurar que los ingresos derivados de las industrias extractivas sirvan como base para el desarrollo sostenible, crecimiento económico y reducción de la pobreza en estos países.
A partir de junio 2007, las actividades de incidencia presupuestaria forman parte de la misión de PWYP (ver: “mission statement”). Esta versión revisada de la misión de PWYP explícitamente exige que los gobiernos de países ricos en recursos naturales “establezcan procesos presupuestarios abiertos, participativos y transparentes a nivel nacional, regional y local para consultar con la sociedad civil sobre la asignación y administración efectiva de ingresos derivados de industrias extractivas y finanzas públicas para promover el desarrollo económico y social.”
En gran medida, esta evolución en los objetivos de la campaña refleja la dirección que están tomando las coaliciones de PWYP alrededor del mundo especialmente en África subsahariana. El vínculo entre el monitoreo de presupuestos y la transparencia en los ingresos siempre ha estado implícito en la misión de PWYP. El pedirle a las compañías que publiquen lo que pagan y a los gobiernos que publiquen lo que reciben sería un ejercicio estéril si no se alcanza mayor transparencia y efectividad en la utilización de recursos. Éste vínculo implícito se ha hecho más importante en los últimos dos años debido a la variedad de percepciones por parte de la sociedad civil y a factores contextuales.
En primer lugar, la sociedad civil reconoce que el monitoreo y la capacidad de moldear las prioridades presupuestarias no es suficiente per se para fomentar el desarrollo a menos que los ingresos del gobierno se usen al máximo. En varios países africanos, por ejemplo, el tamaño del presupuesto depende de la explotación de recursos naturales. Hasta el momento la falta de transparencia y de procesos competitivos de concesión, la limitada capacidad de negociación y manipulaciones políticas con frecuencia resultan en contratos que perjudican al estado. En este sentido, la sociedad civil ha lanzado campañas para establecer procesos de revisión de contratos que le permitan a la sociedad civil evaluar y participar en su renegociación cuando éstos se consideren poco ventajosos para el estado. Este es el caso de países como Guinea y la República Democrática del Congo y más recientemente Nigeria en donde los gobiernos han expresado o se han comprometido con revisiones participativas de contratos y acuerdos ya firmados.
En segundo lugar, el vínculo entre la transparencia de ingresos y el monitoreo presupuestario ha sido promovido por factores contextuales que, por lo general, tienen que ver con la legislación nacional. En Chad, por ejemplo, la discutida Ley 001 sanciona este vínculo al permitirle a la sociedad civil expresar su opinión respecto a la utilización de ingresos derivados del petróleo a través de estructuras institucionales (como el comité conjunto para la vigilancia de ingresos petroleros entre el gobierno y la sociedad civil). La sociedad civil ha logrado integrar los esfuerzos de transparencia y monitoreo presupuestario en una campaña unificada. Por ejemplo, GRAMP-TC (“Group for Alternative Research and Monitoring of the Chad-Cameroon Oil Project”) ha promovido los esfuerzos para analizar el presupuesto y el uso de ingresos por medio de boletines y talleres en colaboración con otras redes locales.
Cabe mencionar que las coaliciones de PWYP en países ricos en minerales han tenido más éxito en establecer una relación mutuamente benéfica entre el monitoreo presupuestario y la transparencia en los ingresos. Esto se debe a la naturaleza y legislación del sector minero que les permite a las comunidades locales tener voz respecto a las actividades e ingresos derivados de la minería, así como determinar procedimientos claros para transferir un porcentaje fijo de las ganancias de la minería de parte del gobierno nacional a los distritos locales o las provincias.
Por ejemplo, la ONG “Integrated Social Development Center” (ISODEC), con base en Accra, Ghana y la coalición PWYP Ghana han promovido la incorporación de reportes a nivel subnacional sobre el flujo de recursos a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas en Ghana “Ghanaian Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) a fin de establecer una visión clara de las ganancias y costos que están siendo transferidos a los distritos locales. Los datos de EITI a nivel sub-nacional han sido utilizados para organizar talleres a nivel distrital y vigilar los montos transferidos a las autoridades locales con el objeto de fortalecer a las comunidades locales y monitorear el uso de dichas transferencias. En la República Democrática del Congo, PWYP ha capacitado a parlamentarios locales en provincias ricas en recursos mineros para establecer comités subnacionales de EITI que podrían monitorear la recaudación y uso de impuestos derivados de la minería y la silvicultura que el gobierno nacional transfiere a las regiones productoras.
En la Costa de Marfil las actividades de monitoreo de presupuestos de PWYP consisten, principalmente, en la capacitación de miembros de la sociedad civil sobre conceptos básicos de monitoreo de presupuestos. En el largo plazo, esto puede facilitar la formación de una plataforma de monitoreo de presupuestos en un país en donde el presupuesto del estado está envuelto en opacidad. Con este fin PWYP en Gabón ha comparado información de EITI con información presupuestaria (o datos reportados al FMI), notando discrepancias importantes entre los ingresos que reporta la tesorería a EITI a las misiones periódicas del FMI y al presupuesto del estado. Esto es un importante recordatorio de que EITI necesita presentar información derivada de los presupuestos nacionales cuando esté disponible.
En reconocimiento del vínculo intrínseco entre la transparencia de ingresos y su utilización la campaña PWYP, que trabaja con el apoyo de miembros clave de ONGs, está por lanzar un programa de capacitación regional que busca aprovechar la experiencia de los miembros africanos dedicados al monitoreo de presupuestos y al EITI para definir módulos de capacitación que vinculen a la transparencia de ingresos con activismo en la elaboración e implementación de los presupuestos nacionales.
La creciente sinergia entre el monitoreo presupuestario y el activismo por alcanzar mayor transparencia en los ingresos ya ha comenzado y lo más seguro es que continúe. Las organizaciones internacionales y africanas de desarrollo deben de dedicarse a enmarcar y coordinar los presentes esfuerzos para lograr que el cabildeo sea más efectivo. Además las organizaciones africanas, con el apoyo de socios internacionales deben de comprometerse a difundir entre los grupos de la sociedad civil enfoques exitosos que integren la transparencia de ingresos/EITI con el monitoreo de presupuestos.
Para mayor información, ir a: www.publishwhatyoupay.org y www.eitransparency.org.
Rendición de cuentas social y el monitoreo presupuestario en Mozambique por Adriano Nuvunga
El Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD-DAC) ha encontrado que en la última década, Mozambique ha recibido Asistencia Oficial de Desarrollo “Official Development Assistance” (ODA) de casi $10.9 billones. Aproximadamente 60 por ciento de ese dinero son fondos de asistencia, 20 por ciento son préstamos y otro 20 por ciento corresponde a asistencia técnica (excluyendo la cancelación de la deuda). En 2004, los fondos netos de ODA a Mozambique llegaron a $1.2 billones, lo que equivale a 23.6 por ciento del ingreso nacional. Esto hace a Mozambique uno de los mayores receptores de asistencia internacional del continente, recibiendo $58 per cápita o más del doble del ingreso promedio per cápita en el Subsahara africano que es de $26.
El país logró una gran recuperación de su infraestructura, casi alcanzando los niveles previos a la guerra. Sin embargo, desde su independencia en 1975, el país ha enfrentado un ambiente institucional muy complicado caracterizado por los siguientes elementos:
- Supremacía del ejecutivo por encima del legislativo, en donde el ejecutivo equivale al partido en el poder.
- Falta de publicación de activos o conflictos de interés para los funcionarios gubernamentales y de requisitos de suministro de información para los miembros del parlamento.
- Falta de una ley de acceso a información pública.
- Control del gobierno como principal supervisor de fondos públicos.
- Falta de transparencia percibida en la agregación de datos, pobre documentación y retraso en la disponibilidad de información.
- Opacidad y secretismo (algunos ingresos nunca se han publicado).
- Discreción gubernamental para enmendar el presupuesto sin consultar con el parlamento.
- Capacidad de auditoría limitada por la institución suprema de auditoría (Tribunal Administrativo).
- Falta de un código de conducta para el sector público.
- Falta de sistemas de desempeño administrativo en el sector público.
- Falta de un ombudsman o de otros cuerpos de vigilancia.
Estos factores han promovido los esfuerzos para mejorar la gobernabilidad por medio de reformas que fortalezcan la rendición de cuentas interna en las auditorías financieras, sistemas de contabilidad, reportes administrativos y equilibrio de poderes políticos. No obstante, la evidencia sugiere que estas medidas del lado de la oferta – aunque son importantes en sí mismas – no son suficientes para hacer que el trabajo de gobernabilidad funcione eficientemente para los ciudadanos. De acuerdo con el “Centre for Public Integrity in Mozambique” (CIP) es de conocimiento popular que para enfrentar los retos de una gobernabilidad débil con éxito, las medidas del lado de la oferta deben de ser acompañadas de mayor escrutinio público y demanda de rendición de cuentas. Por ello, la importancia de que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil (OSCs) exijan mayor participación en iniciativas de rendición de cuentas social.
Para tal efecto cuatro OSCs ─ CIP, “Mozambican Association for Democracy” (AMODE), “Mozambique Debt Group” (GMD), y “Human Rights League” (LDH) formaron una coalición para encontrar maneras de monitorear la prestación de servicios a nivel estatal y local. Esta iniciativa de monitoreo se enfoca en lo siguiente:
- Evaluar la medida en la que los gobiernos locales y estatales prestan servicios a la población según lo estipulado en los planes anuales.
- Determinar si los servicios prestados se apegan a los planes anuales.
- Definir el costo e importancia de la infraestructura/servicios en un distrito en particular.
Armados con los informes de los gobiernos distritales y locales, los miembros de la coalición visitarán 20 cuadras residenciales para determinar si se han construido las 20 bombas de agua correspondientes. En cada caso verificarán si las bombas se apegan a la descripción original de los planes de trabajo. (Por ejemplo, el plan original podría estipular la construcción de bombas automáticas pero en realidad se pudieron haber instalado bombas manuales). El siguiente paso en el proceso de monitoreo de la coalición es comparar los costos totales de infraestructura con los costos establecidos en el proceso presupuestario y de adquisiciones públicas. Finalmente, los activistas de la coalición determinan si la infraestructura es relevante a las necesidades de los ciudadanos, es decir, si los residentes están viendo los frutos de su dinero.
Actualmente, la coalición está diseñando los materiales de capacitación para activistas que viven en nueve localidades seleccionadas para el lanzamiento de la iniciativa. Estos activistas son miembros de OSCs que serán acompañados por un miembro de las asambleas municipales (en el caso de las municipalidades) y un miembro de las Instituciones de Consultoría y Participación Comunitaria “Community Participation and Consultation Institutions” (en el caso de los distritos). Al formar dichos equipos, los activistas podrán transmitir sus conocimientos a las entidades que cuentan con poder legal. Los activistas también estarán en posición de exigir rendición de cuentas al gobierno y ofrecer incentivos para procesos de auditoría y vigilancia comunitaria. El trabajo de campo comenzará en septiembre y se enfocará en el plan de acción gubernamental 2008.
En un taller público organizado el pasado mes de octubre, la coalición presentó su iniciativa al comité parlamentario de planeación presupuestaria. El comité expresó su apoyo al proyecto y el deseo de participar en el trabajo de campo y hacer uso de la información reunida. El comité también ofreció comentarios sobre la metodología que sería utilizada coordinar el proyecto. El Ministerio de Planeación y Desarrollo no sólo participó sino que además presentó un reporte sobre la perspectiva oficial del concepto de gobernabilidad. Esto le ofreció a las OSCs un instrumento político clave para tener mayor claridad respecto a las expectativas del gobierno respecto a OSCs.
El Tribunal Administrativo no asistió al taller, pero en varias reuniones expresó su apoyo a la iniciativa e indicó su deseo de colaborar con la coalición por “el bien de la rendición de cuentas en Mozambique.” A pesar de que CIP recibió con optimismo la reacción del gobierno le preocupa que el Ministerio de Planeación y Desarrollo, responsable de establecer los lineamientos políticos en esta área, no sea parte de la iniciativa.
En febrero, la coalición iniciará contactos con los distritos y gobiernos locales seleccionados a fin de explicar los objetivos del proyecto, su plan de trabajo, comunicar su deseo de tener un impacto negativo en la lucha contra la pobreza y la corrupción y asegurar la buena gobernabilidad al aprender de otros países en donde dichas iniciativas han sido exitosas. Con dichos contactos se busca minimizar tensiones potenciales.
Para mayor información, contactar a [email protected].
Monitoreo de fondos de rehabilitación después del terremoto 2005, Fundación de desarrollo Omar Asghar Khan, Pakistán
El 8 de octubre 2007 la organización pakistaní Omar Asghar Khan Development Foundation y sus socios publicaron dos reportes: Putting Money Where the Needs Are: Matching the Money with People’s Priorities y Living on the Faultline. Estas publicaciones cubren los hallazgos del análisis presupuestario y las actividades programáticas para crear conciencia entre los tomadores de decisiones y el público en general sobre las necesidades de aquellos que fueron afectados por el terremoto en 2005. El objetivo de los reportes es desarrollar planes de rehabilitación que atiendan las necesidades y prioridades de los ciudadanos, fomentar la participación ciudadana y la rendición de cuentas pública para promover la acción pública en estos asuntos. Más específicamente las publicaciones buscan que los ciudadanos:
- Identifiquen sus necesidades y las expresen en audiencias y consejos locales para ser integradas en planes de acción distrital.
- Participen con los tomadores de decisiones para examinar la medida en la que estas necesidades se están tomando en cuenta en los presupuestos gubernamentales y en los fondos de asistencia para el terremoto.
- Monitoreen la asignación de fondos de asistencia y otras actividades relacionadas.
- Trabajen para asegurar que estas necesidades se atiendan en presupuestos subsecuentes.
- Discutir los cambios políticos necesarios a fin de que los presupuestos satisfagan las necesidades previamente identificadas.
Desarrollo de planes de rehabilitación
En un período de tres meses a mediados de 2007 más de 70 hombres y 30 mujeres activistas locales recibieron capacitación y apoyo de la Fundación de Desarrollo Omar Asghar Khan para ayudar a personas en 22 poblaciones seleccionadas de 10 consejos locales o “union councils” en el distrito de Abbottabad para evaluar el impacto del terremoto en sus vidas e identificar sus prioridades de rehabilitación. Esto se logró gracias a la creación colectiva de planes de rehabilitación conocidos como “Village Rehabilitation Action Plans” (V-RAPs).
En el diseño de los V-RAPs, la fundación se basó en la experiencia de varios miembros de la agrupación nacional de asesoramiento participativo para la pobreza “Participatory Poverty Appraisal” (PPA) – una valoración llevada a cabo entre 2000 y 2003. El enfoque de PPAs es en los retos que enfrentan los ciudadanos como resultado del terremoto 2005.
Los activistas que recibieron capacitación participaron en un programa de tres días que incluye investigación de campo. Los activistas reunidos vinieron de distintas poblaciones y trabajaron por un período de 15 días en su propia localidad colaborando con los residentes y reuniendo la información necesaria. Fueron apoyados por miembros de la fundación que prestaron apoyo a los activistas. Una vez que terminó el trabajo de campo se realizó otro taller para revisar el trabajo realizado. La fundación otorgó certificados de reconocimiento a aquellos activistas que mostraron un desempeño sobresaliente en su trabajo como presentadores, facilitadores o investigadores. Además, se encontraron soluciones a problemas reportados anteriormente y los activistas regresaron a sus poblados a completar el proceso. Finalmente, a mediados de junio los activistas se reunieron de nuevo para presentar sus resultados. Hasta la fecha el trabajo de V-RAP se ha completado en Abbottabad y hay planes de trabajar en Mansehra y Battagram en los próximos meses.
Además de la evidencia recopilada por los V-RAPs, Living on the Faultline presentó evidencia cuantitativa de las debilidades en las políticas del gobierno respecto a la asistencia post-terremoto. La fundación trabajó en colaboración con la organización “Collective for Social Science Research” (CSSR) en este análisis. El análisis se funda en un índice que mide los daños a viviendas al calcular el número de casas completadas y parcialmente destruidas en cada “union council” en Abbottabad.
Living on the Faultline también incluye una comparación de la distribución de fondos de rehabilitación entre distintos sectores. Este análisis encontró una seria discrepancia entre las necesidades de los ciudadanos y las asignaciones presupuestarias. En particular, no se asignaron fondos gubernamentales al sector salud a pesar de que dicho sector fue identificado como una de las tres prioridades en 33 de los 51 “union councils” que se cubrieron. El sector de gobernabilidad recibió 25 por ciento del total de los fondos pero la mayoría de este dinero se dirigió a los consejos urbanos de Abbottabad a pesar de que estos fueron los menos afectados. El análisis reveló que dichos fondos – originalmente destinados para ayudar a los sobrevivientes del terremoto – fueron utilizados en proyectos de renovación y construcción de edificios urbanos gubernamentales.
Su participación en el trabajo presupuestario ha brindado incentivos a la los miembros de la fundación para mejorar el monitoreo de la información presupuestaria y encontrar formas más creativas de analizarla. Por ejemplo, a finales de 2007, la fundación utilizó información sobre los avances del trabajo de reconstrucción para argumentar que tomaría 35 meses más de lo planeado para cubrir todos los pagos de la compensación. Esta información respaldó las demandas realizadas en un “Citizens’ Charter” (integrado por los socios de la fundación) para determinar la compensación mediante un pago único sin condiciones, cómo se debe de utilizar el dinero y el tipo de construcción a llevarse a cabo.
Además la revisión del presupuesto distrital 2007/08 demostró que sólo se aprobó un nuevo proyecto para las áreas afectadas. Este proyecto – vinculado a puestos de control gubernamentales en un área del distrito – no abordan las necesidades más importantes. Esto sugiere que las áreas afectadas por el terremoto que recibieron fondos específicos no están recibiendo fondos regularmente de fuentes constantes. Esto claramente es injusto, ya que los fondos específicos para el terremoto eran solamente para abordar las necesidades que surgieron a causa del desastre y no como un substituto de fondos regulares.
Movilización pública más amplia
Consistentemente la fundación busca transformar el descontento público en activismo ciudadano. Desde el terremoto de 2005 ha organizado 30 asambleas ciudadanos y más de 250 reuniones. Junto con Hazara Awami Ittehad que incluye más de 200 grupos de base y asociaciones profesionales, la fundación ha ayudado a canalizar la opinión pública en la formación de un Capítulo Ciudadano de Demandas “Citizen Charter of Demands” para mejorar la ayuda de rehabilitación. La fundación junto con Ittehad organizó protestas simultáneas en la mayoría de las áreas afectadas por el terremoto del 8 de octubre 2007 para marcar el segundo aniversario del terremoto. La fundación también ayudó a los comités locales para ampliar sus bases mediante consultas a nivel local.
Para leer estos reportes, ir a: http://www.oakdf.org.pk/. La versión electrónica en Urdu del resumen ejecutivo de este reporte estará disponible en los próximos meses.
El presupuesto de Ghana 2008, “Centre for Budget Advocacy (CBA)” del “Integrated Social Development Centre” (ISODEC)
El 26 de noviembre 2007 el “Centre for Budget Advocacy” (CBA) del “Integrated Social Development Centre” (ISODEC) dio a conocer un comunicado de prensa sobre el presupuesto nacional 2008 para Ghana. En el comunicado, CBA ofrece una evaluación de los compromisos gubernamentales con la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y presentó su análisis presupuestario para determinar de qué manera el gobierno planea cumplir sus compromisos respecto a políticas progresivas que atiendan el derecho a los servicios sociales básicos como educación, salud, agua y vivienda. Los hallazgos de CBA se describen a continuación:
Educación
CBA aplaude los esfuerzos del gobierno para ampliar el programa de alimentación escolar. Esto reducirá el costo de muchos padres de familia de bajos recursos y promoverá que los niños se inscriban y permanezcan en la escuela. Un gran reto impuesto por la reciente expansión en el registro escolar, sin embargo, es que la infraestructura de las escuelas es insuficiente y poco desarrollada; sobre todo en zonas rurales. Por ello, CBA trata de crear conciencia pública sobre la necesidad de mejorar la infraestructura en educación a fin de que el programa de alimentación escolar sea más significativo. Además, los ¢30,000 de asistencia no han aumentado desde 2005 y conforme a los niveles de inflación la asistencia será equivalente a ¢21,000 en 2008. Por ello, existe la necesidad de aumentar esta cantidad para reflejar los niveles de los precios y asegurar el valor del dinero en el gasto en educación.
Salud
La mayoría de los servicios de salud en Ghana carecen del equipo médico y dispensario adecuado ─ incluyendo medicamentos básicos ─ para atender las necesidades de salud primaria. Con la pérdida de vidas a partir de las recientes inundaciones en el norte del país algunas clínicas de salud agotaron sus reservas de medicamentos básicos. CBA hace un llamado al gobierno para invertir en el cuidado de salud básica para prevenir situaciones como esta en el futuro. CBA también sugiere que el gobierno debe de aumentar el monitoreo de los servicios de salud para asegurar la disponibilidad de medicamentos básicos.
Agua
Como lo demuestra la siguiente tabla, el presupuesto para la provisión de agua en zonas rurales en 2007 fue por demás insuficiente:
Categoría | Objetivo en el presupuesto 2007 | Logros en noviembre 2007 (%) |
Hundimiento de perforaciones | 2,399 | 283 (11.8%) |
Pozos manuales | 1,589 | 63 (3.9%) |
Cañerías pequeñas | 54 | 30 (57%) |
Cañerías pequeñas comunitarias | 52 | 0 |
Esquemas de cañería de agua | 253 | 0 |
Sistema para la recolección de lluvia | 48 | 0 |
Sistema de protección de manantiales | 2 | 0 |
Esta situación es muy delicada en vista de la importancia del agua para la salud y el compromiso nacional por alcanzar las metas del milenio “MDGs” (Millennium Development Goals) respecto a reducir en un 50 por ciento el número de personas sin acceso a agua potable en 2015. Sin duda, el alto nivel de infestación del gusano guinea en el país exige un mayor compromiso para brindar agua potable a precios accesibles, sobre todo en comunidades rurales.
Vivienda
La información disponible de la encuesta sobre estándares de vida en Ghana apunta a bajos niveles de inversión en áreas rurales. Esto se debe en gran medida al nivel de pobreza en estas áreas en donde la mayoría de los ciudadanos viven de la agricultura y en donde el compromiso del gobierno ha disminuido al pasar de los años. El hecho de que hay poca inversión en la infraestructura de vivienda se hizo evidente con el derrumbe de edificios a raíz de las recientes inundaciones en el norte del país. CBA expresó su preocupación respecto a que el presupuesto 2008 no incluye asignaciones para la construcción de viviendas en zonas rurales. La lista reciente de beneficiarios claramente demuestra que los fondos generalmente se gastan en centros urbanos y ciudades más grandes como Nungua, Kpone, Borteiman y Koforidua.
Caminos y transporte
El presupuesto contempla la construcción de 15 kilómetros de caminos en cada uno de los 166 distritos del país. A pesar de ser una iniciativa bien intencionada no toma en cuenta que los distritos cuentan con distintos niveles de desarrollo en su infraestructura. Algunos distritos, especialmente en la región noroeste se encuentran en peores condiciones que otros y tienen mayor urgencia por construir caminos. Se esperaba que los distritos con redes de caminos en malas condiciones recibieran comparativamente mayores asignaciones del presupuesto que aquellos distritos con mayores recursos.
Es prometedor encontrar en el presupuesto la creación de una división de servicio rural-urbano en el sistema de metro para vincular a las capitales distritales con otras poblaciones dentro de los distritos. CBA espera que el gobierno cumpla su promesa ─ tal como se señaló en el presupuesto 2008 ─ para ofrecer el servicio de transporte del metro a las comunidades en las regiones del norte, noreste, noroeste, Volta, este y las regiones Brong Ahafo. Esto es necesario para facilitar el acceso fácil, rápido y económico a servicios sanitarios, educación y otros servicios sociales esenciales de difícil acceso desde las comunidades rurales a nivel distrital.
Género
Complace leer en el presupuesto 2008 que el Ministerio para Asuntos de Mujeres y Niños “Ministry of Women and Children Affairs” (MOWAC) está avanzando sus esfuerzos por generar datos desagregados por género, establecer grupos de expertos para facilitar talleres sobre género en ministerios departamentos y agencias (MDAs), coordinar políticas de género entre sectores y aumentar la conciencia entre los jefes de los MDAs sobre cuestiones de género. Los planes de MOWAC para el 2008 incluyen programas para promover una perspectiva de presupuestos con enfoque de género en tres ministerios (el Ministerio de Alimentación y Agricultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Rural y del Medio Ambiente) y desarrollar una perspectiva de género. Debido a la necesidad de incorporar cuestiones de género en todos los aspectos de desarrollo, CBA quiere que el gobierno aumente su apoyo a MOWAC para contribuir a la efectiva implementación de sus actividades.
Para mayor información, contactar a Nicholas Amatey [email protected].
El uso de la radio para promover la transparencia presupuestaria, Foro Jóven, Colombia por Rocío Campos
En un número anterior del boletín del IBP (ver: https://archive.internationalbudget.org/newsletters/newsletter-no-39-spanish/) publicamos un artículo sobre las iniciativas de grupos de la sociedad civil en Azerbaiyán, Guatemala, Georgia, Indonesia, Kenia y Uganda para utilizar la radio como parte de una estrategia más amplia sobre incidencia y capacitación presupuestaria. En este artículo presentamos otro ejemplo reciente de una nueva organización colombiana decidida a explorar la radio como medio para difundir información sobre transparencia presupuestaria entre jóvenes activistas.
Foro Jóven una ONG con base en Bogotá, Colombia trabaja con jóvenes, mujeres, estudiantes, sindicatos y otros grupos para mejorar las condiciones de participación democrática. Mientras para la organización es importante tener presencia tanto en la radio como en la televisión, la radio parece ser una mejor opción ya que resulta más económica y es más fácil que la gente lo escuche mientras trabaja, maneja o realiza otras actividades cuando no hay fácil acceso a la televisión.
En Colombia la televisión, el periódico y la radio son los principales medios de información a nivel nacional y regional. Existen cadenas de radio y televisión privadas como RCN y CARACOL de cobertura nacional, así como estaciones universitarias como Javeriana Estéreo de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá y a nivel regional está por ejemplo la emisora de la Universidad Tecnológica de Pereira o la emisora de la Universidad de Antioquia.
Desde 2006 Foro Jóven ha participado en el Índice de Presupuestos Abiertos “Open Budget Index” (OBI) (ver: http://www.openbudgetindex.org). Hoy en día la organización está trabajando con la estación de radio de la Universidad Nacional para discutir cuestiones de transparencia presupuestaria en un programa llamado “Debates en Economía” creado por el departamento de economía de la universidad. El programa se transmite los domingos de 9:30am – 10:00am y ha incluido discusiones sobre el OBI en las últimas dos transmisiones. El programa se transmite a varias regiones pero se escucha sobre todo en Bogotá y está orientado a estudiantes universitarios y activistas sociales.
Foro Jóven planea promover temas sobre transparencia presupuestaria y rendición de cuentas mediante otras actividades incluyendo la creación de una página de Internet y la distribución de un boletín bimensual. Proximamente planea invitar a funcionarios públicos para hablar en el programa de radio y abrir las líneas telefónicas para preguntas y comentarios del público.
Foro Jóven espera continuar trabajado con la Universidad Nacional y está negociando espacio en la programación para el 2008. Una ventaja importante de trabajar con la Universidad Nacional dice Gory Suárez, Directora de Foro Jóven “es que aunque la universidad es parte del gobierno, ésta goza de autonomía así que estamos protegidos en contra de posibles actos de censura.”
La importancia de cubrir temas de transparencia presupuestaria en la estación radial de la Universidad Nacional es muy significativa ya que al parecer no existen otros programas de radio que discutan estos temas en Colombia.
Para mayor información, contactar a Gory Suárez [email protected].
Herramienta para mejorar la administración municipal y la participación ciudadana, Paraguay por Rocío Campos
En 2005 la organización Alter Vida (ver: http://www.altervida.org.py) desarrolló una herramienta que mide la buena gobernabilidad a nivel local en Paraguay y le permite a los ciudadanos entender y evaluar la administración municipal. Los objetivos del sistema de evaluación conocido como MIDAMOS incluye promover la buena gobernabilidad a nivel municipal; ayudar a que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil desarrollen la capacidad de comprender y evaluar la administración municipal; y fomentar la percepción entre autoridades y funcionarios públicos de que las prácticas de buena gobernabilidad son en beneficio de su interés profesional, político y personal.
MIDAMOS es un sistema de medición aplicado por organizaciones del sector privado para evaluar y fortalecer el desempeño de gobiernos municipales con miras a aumentar la eficiencia de servicios públicos. Con base en entrevistas con actores clave, visitas locales y documentación relevante las organizaciones autorizadas preparan informes que miden el desempeño del gobierno municipal en una escala del 1 al 5 en 30 categorías de trabajo.
En 2006 el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) tomó el proyecto MIDAMOS para ampliar su aplicación a mayor escala. En 2007 60 municipalidades en Paraguay solicitaron formar parte del programa MIDAMOS de un total de 235 municipios en todo el país.
El coordinador del proyecto Álvaro Caballero explicó que las calificaciones obtenidas en 2006 por las municipalidades evaluadas en el reporte de las organizaciones debieran ser de utilidad a las nuevas autoridades municipales que entraron en funciones en diciembre para identificar las posibles debilidades en sus localidades. En el caso de municipalidades en donde se escogió a funcionarios, se espera que los resultados orienten los cambios que se necesiten implementar.
Para 2008 está previsto el uso de programas de radio sobre el desempeño de gobiernos municipales en las localidades donde fue aplicado MIDAMOS. Con ello se espera interesar e informar a la ciudadanía en general sobre las ventajas de contar con indicadores objetivos de desempeño de sus gobiernos. Los ciudadanos organizados en comisiones vecinales podrán participar en la presentación de resultados de MIDAMOS.
Para mayor información sobre MIDAMOS, ir a: http://www.midamos.org.py.
Para mayor información sobre CIRD, ir a: http://www.cird.org.py.
SIGA Brasil. Una herramienta de información presupuestaria para la sociedad civil por Iara Petricovsky
Siga Brasil se creó en 2004 por la Oficina Consultiva del Presupuesto del Senado Federal Brasileño como un sistema de información para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil en Brasil a monitorear los presupuestos públicos con un alto grado de detalle. La Oficina Consultiva del Presupuesto es responsable de aprobar el presupuesto y ayudar a los senadores en la toma de decisiones respecto a políticas que deben de incluirse en el presupuesto federal.
Según Iara Petricovsky del Instituto de Estudos Socioeconómicos (Inesc), – una ONG que se dedica al monitoreo y asistencia en la elaboración y ejecución del presupuesto para asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales sean representados adecuadamente – hasta hace poco tiempo la información presupuestaria disponible estaba altamente agregada, lo que imposibilita su utilización en cualquier clase de análisis presupuestario. Recientemente, sin embargo, el Senado Federal ha hecho uso del nuevo servicio de información y teconologías de comunicación (ICTs) para poner en Internet las bases de datos del Ministerio de Planeación y Administración, el Ministerio de Finanzas y el Congreso Nacional. Este sistema comprensivo de información permite a los miembros del público en general monitorear los planeas multi-anuales y el cumplimiento de las leyes presupuestarias anuales sin costo alguno.
Siga Brasil da a conocer información sobre la planeación y ejecución del presupuesto organizada conforme a distintas clasificaciones. Además, ofrece números de identificación fiscal para personas físicas y morales que reciben pagos del gobierno. Tan pronto se puso en Internet Inesc comenzó a utilizar a Siga Brasil para llevar a cabo análisis técnico y brindar información a otros miembros de la sociedad civil y los medios.
Miembros de la unidad de la Oficina Consultiva del Presupuesto del Senado Federal han ofrecido cursos al equipo de Inesc así como participado en cursos organizados por Inesc. Asimismo se están planeando cursos para 2008 en el norte del país lejos del centro de poder de Brasilia.
Además de Siga Brasil, otras iniciativas ayudan a la población a monitorear el gasto del estado. Éstas incluyen el Portal da Transparência o Portal de Transparencia (www.transparencia.gov.br) organizado por la Oficina del Contralor General y la experiencia del gobierno del estado de Sao Paulo (www.fazenda.sp.gov.br/contas). Aunque parezca un sueño inalcanzable que el monitoreo del gasto público sea una práctica común y corriente entre la mayoría de la población, no es algo imposible.
La Constitución Brasileña establece el derecho ciudadano a recibir información de interés general de parte de instituciones públicas. Además el Acto de Responsabilidad Fiscal garantiza que las cuentas del gobierno estén disponibles para ponderación y análisis de quienes pagan impuestos. Por ende, Siga Brasil está ganando terreno respecto al acceso a la información en un mundo en el que la relación entre el estado y la sociedad es cada vez más dinámica.
Para mayor información sobre Siga Brasil, ir a: www.senado.gov.br/siga.
Para mayor información sobre Inesc, ir a: http://www.inesc.org.br.
Para mayor información sobre este artículo, contactar a Iara Petricovsky [email protected].
Transparencia fiscal e iniciativa de presupuestos sensibles al género en Nigeria por Show Ei Tun
A pesar del gran flujo de recursos derivados de los sectores de gas y petróleo que representan 99 por ciento del total de las exportaciones en Nigeria el PIB per cápita en 2005 fue de sólo $675 dólares en 2005 – según estimaciones del Banco Mundial – (ver: http://www.worldbank.org/en/country/nigeria). La pobreza se ha propagado entre la población en donde 52 por ciento vive con menos de un dólar diario. Uno de los factores que más afectan esta situación es la falta de transparencia y rendición de cuentas que envuelven la toma de decisiones del gobierno.
En el reporte del mes de abril 2007 del Revenue Watch Institute “Leaving a Legacy of Transparency in Nigeria” se indica que aunque Nigeria implementó dos reformas a principios de 2003 ─ la iniciativa “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) y la publicación de los ingresos mensuales transferidos a los gobiernos locales desde el gobierno federal en las páginas de Internet del gobierno y los periódicos locales ─ el proceso presupuestario permanece relativamente cerrado. De acuerdo con el índice de presupuestos abiertos del IBP “Open Budget Index 2006,” Nigeria sólo alcanzó 20 puntos de un total de 100. Por ello, se considera como un país en donde el gobierno ofrece poca o nula información a sus ciudadanos sobre sus actividades financieras y presupuestarias. Nigeria no produce un presupuesto ciudadano, informes de ejecución durante el año, un análisis de medio año ni un informe de fin de año, adicionalmente los informes de auditoría no están a disposición del público.
En respuesta a la falta de transparencia presupuestaria una ONG nigeriana “Civil Resource Development and Documentation Center” (CIRDDOC) ha iniciado el proyecto piloto “From Project to Policy Change: Toward Engendering and Democratizing the Budget Process in Nigeria.” Fundado en 1996, CIRDDOC con base en Enugu en el sudeste de Nigeria trabaja para promover y proteger los derechos humanos al fortalecer a la sociedad civil, mejorar el acceso a la educación, promover la participación ciudadana, luchar por mayor democracia, buena gobernabilidad y monitoreo presupuestario, aumentar la conciencia respecto a la violencia en contra de las mujeres y defender los derechos reproductivos. También es miembro de “Nigeria Gender Budget Network” una red de organizaciones de la sociedad civil y profesionales que trabajan sobre iniciativas de presupuestos con enfoque de género.
El objetivo de este proyecto piloto es introducir el concepto de presupuesto con enfoque de género en las funciones de distintas entidades para promover que los funcionarios gubernamentales, las ONGs y las organizaciones comunitarias mejoren el proceso presupuestario en términos de sensibilidad de género, transparencia y participación ciudadana efectiva.
De acuerdo con CIRDDOC, casi no existen indicadores de presupuestos con enfoque de género en el presupuesto nacional, estatal, ni local. CIRDDOC se preocupa, por ejemplo, de que los esfuerzos del gobierno para reducir la propagación del VIH/SIDA no toman en cuenta actos de violencia en contra de las mujeres como violaciones o dañinas prácticas tradicionales como la circuncisión femenina, factores que se encuentran entre las principales causas de VIH/SIDA entre mujeres. Como lo indica la directora ejecutiva de CIRDOOC Ms. Oby Nwankwo, “llevamos algún tiempo luchando por los derechos reproductivos de las mujeres pero las cosas no han mejorado mucho. Por ejemplo, los niveles de mortalidad materna siguen siendo muy altos en Nigeria. Se entiende que el gobierno atiende de forma general el tema de la salud pero no está comprometido a asignar fondos suficientes para el cuidado prenatal o posnatal que a fin de cuentas reduciría los niveles de mortalidad materna. Esta es una de las razones por las que decidimos comprometernos con el trabajo de presupuestos con enfoque de género y construir la capacidad del gobierno y la sociedad civil para adoptarlo.”
Por el lado positivo, CIRDDOC reconoce los esfuerzos del gobierno para enfrentar estos temas. Por ejemplo, Nigeria es país signatario a la “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women” (CEDAW) y del protocolo “African Charter on Human and Peoples’ rights on the Rights of Women in Africa” a pesar de que aun debe de incorporar las provisiones de dichos instrumentos en su legislación nacional. Nigeria también es miembro de la “Commonwealth Plan of Action on Gender and Development” que llama a los gobiernos a distribuir recursos y poder en la toma de decisiones de manera equitativa entre hombres y mujeres. Tan solo el año pasado, Nigeria adoptó una política nacional sobre género siguiendo estos parámetros.
El proyecto piloto de CIRDDOC sobre trabajo presupuestario con enfoque de género se enfocará en el estado de Anambra. Este es un estado estratégico ya que está densamente poblado. Además, cuenta con tierra fértil en donde existen reservas sin explorar de petróleo y gas natural. Con los ingresos potenciales derivados de los recursos naturales es muy importante que se pongan en práctica mecanismos presupuestarios sensibles al género para que tanto los hombres como las mujeres del estado se beneficien equitativamente.
Las actividades de CIRDDOC para el próximo año incluyen:
- Llevar a cabo un seminario nacional sobre presupuestos con enfoque de género y transparencia fiscal para funcionarios gubernamentales y miembros de ONGs y organizaciones comunitarias.
- Dirigir campañas y diálogos políticos con varias legislaturas, funcionarios gubernamentales y políticos en la capital de Abuja, así como en la asamblea estatal de Anambra para promover leyes que garanticen que las necesidades de las mujeres sean tomadas en cuenta en proceso presupuestario.
- Producir y publicar folletos simplificados sobre presupuestos sensibles al género y distribuirlos entre las legislaturas, funcionarios gubernamentales y la sociedad civil.
Resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP) para Perú, Ciudadanos al Día (CAD) por Caroline Gibu
El pasado 21 de noviembre del 2007 Ciudadanos al Día (CAD) junto con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) presentó en conferencia de prensa los resultados del ILTP para el Perú. En general Perú alcanzó un nivel de aprobación de 52 puntos, nivel similar al obtenido en la medición del año 2005. Sin embargo, Perú sólo aprobó una de las 15 variables evaluadas, lo cual evidencia la necesidad de implementar mejoras que contribuyan a que el presupuesto público sea más transparente y predecible. (Ver: http://fundar.org.mx/fundar/indicelat/pg/2007/inicio.php?accion=press&pais=peru&ano=2001)
La buena noticia: hay más información pública
Pese a las cifras desaprobatorias en casi todas las variables, el Perú alcanzó 69 puntos en el indicador “Información sobre criterios macroeconómicos,” el puntaje más alto de todos los países. Ello se debe a que el 86 por ciento de los expertos encuestados opinó que el ejecutivo cumple con publicar los pronósticos macroeconómicos para elaborar el presupuesto y un 52 por ciento consideró que las proyecciones de los ingresos son confiables.
Otro rubro en el que se aprecian ciertos avances en el Perú, aunque el puntaje obtenido no llega a ser aprobatorio, es el relacionado a la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información promulgada en el 2002. Un 40 por ciento de los expertos encuestados tiene una buena percepción sobre su utilidad para obtener oportunamente la información presupuestal que no se incluye en el proyecto de presupuesto, así como la información sobre la evaluación y desempeño de los programas. No obstante, la Ley aún se encuentra en proceso de implementación en los distintos niveles de gobierno.
La mala noticia: desconfianza en órganos de control y escasa participación ciudadana
Los resultados del ILTP para el Perú confirman la desconfianza en los órganos de control: apenas un 19 por ciento de los expertos opina que la Contraloría General de la República es confiable y que contribuye a combatir la corrupción, a verificar que el poder ejecutivo cumpla con las metas físicas del presupuesto y a fiscalizar el gasto público. Por si fuera poco, un abrumador 87 por ciento no confía en las Oficinas de Control Interno (OCI). Este es el indicador peor calificado en Perú.
La segunda variable peor evaluada es la de Participación Ciudadana. El 86 por ciento de los encuestados opina que no existen mecanismos para incorporar la opinión de la población en la aprobación, formulación y en los cambios realizados al presupuesto aprobado. Lo que se observa, es que pese a que existen las normas legales necesarias, dichos mecanismos no se implementan en la mayoría de gobiernos locales. Así, el proceso de presupuesto participativo es meramente un requisito formal.
Otro rubro que muestra deficiencias es el relacionado con la asignación del presupuesto, en el que Perú se ubica en penúltimo lugar. Este resultado se explica ya que 85 por ciento cree que la asignación del presupuesto es repetitiva, es decir, que se basa en el presupuesto anterior; 89 por ciento cree que tampoco se considera el Acuerdo Nacional; y 96 por ciento que no se tiene en cuenta la evaluación del desempeño de los programas. Cabe mencionar que nos encontramos en un proceso de implementación del sistema de presupuesto por resultados, sin embargo, los avances aún son percibidos como incipientes.
Para mayor información, contactar a Caroline Gibu at [email protected].
Presentación sobre las políticas del FMI en África Subsahariana organizada por ActionAid
ActionAid International EUA organizó una presentación en la Casa de Representantes de Estados Unidos sobre las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que mayor impacto tienen en el gasto de salud y educación en África. Tigidankay Kamara-Willis del “Forum for African Women Educationalists” (FAWE) en Sierra Leona, Martha Kwataine de “Malawi Health Equity Network” y Rose Wanjiru de ActionAid Kenia hablaron de sus experiencias sobre análisis y activismo presupuestarios en salud y educación.
A principios de este año la Oficina de Evaluación Independiente “Independent Evaluation Office” (IEO) del FMI documentó que aunque las políticas del FMI en África subsahariana están orientadas al control de la inflación y déficits fiscales también suscitaron el desvío de fondos destinados a cubrir los servicios sociales más críticos. El reporte demostró que los requisitos del FMI sobre reservas de divisas y los niveles de inflación dieron como resultado que sólo una pequeña fracción del dinero de asistencia se gastara conforme a lo indicado por los donatarios (en salud, VIH/SIDA y educación) dentro de un período razonable. ActionAid Internacional argumentó que el desvío del gasto hacia el combate a la pobreza se basó en la limitada comprensión del FMI sobre las condiciones necesarias para mantener la estabilidad macroeconómica y que la evidencia empírica no justifica la postura del FMI.
Kamara-Willis describió los problemas del sistema educativo en Sierra Leona y las urgentes medidas que se deben tomar si es que el país realmente quiere alcanzar las metas del milenio para educación. Kamar-Willis describió cómo la guerra civil en Sierra Leona dejo el sistema educativo en condiciones deplorables. Habló de mejorar la proporción de alumno-maestro, aumentar el número de maestros calificados, aumentar el porcentaje de mujeres docentes y de convencer a maestros calificados de tomar puestos en áreas rurales para alcanzar las metas del milenio para educación.
Kwataine habló de las extremas restricciones en el sistema de salud de Malawi impuestas por los altos niveles de infección de VIH. Existe una larga lista de espera para recibir tratamiento para el VIH/SIDA. No obstante, el IMF ha insistido en volver a pagar la deuda doméstica y promovió la idea de que Malawi carece de la capacidad de absorción para hacer uso adecuado del aumento de asistencia.
Wanjiru sugirió que la idea del FMI sobre el crecimiento del sector privado en África subsahariana no es realista. El enfoque del FMI sobre estabilidad macroeconómica y mantenimiento de bajos niveles inflacionarios es alarmante y frena el aumento del gasto social. El FMI también fue criticado por su falta de transparencia lo que debilita la participación de la sociedad civil y dificulta obtener información básica como la fecha en que se reunirán los funcionarios del FMI y los ministerios de finanzas.
Rick Rowden de ActionAid Internacional EUA sugirió durante la presentación que el gasto en salud y educación debe de visualizarse como parte de un plan de desarrollo de largo plazo en lugar de seguir la visión cortoplacista del FMI. ActionAid también circuló una carta enviada al director administrativo del FMI Dominique Strauss-Kahn por el comité de servicios de finanzas de la Casa de Representantes Barney Frank y otros ocho representantes que expresaron su preocupación respecto a las políticas del FMI respecto a metas inflacionarias, techos salariales y el consecuente desvío de fondos de asistencia.
Para mayor información sobre la discusión del FMI y el gasto en salud ver: Does the IMF Constrain Health Spending in Poor Countries? Evidence and an Agenda For Action por David Goldsbrough del “Center for Global Development” http://www.cgdev.org/files/14103_file_IMF_report.pdf.
INTOSAI abre una plataforma para discutir los sistemas de auditorías abiertas con la sociedad civil por Vivek Ramkumar
En noviembre 2007 la Organización Internacional de Instituciones de Auditoría Suprema “International Audit Institutions” (INTOSAI) – una agrupación internacional de agencias internacionales de auditoría en más de 181 países – organizó su décimo novena reunión trianual en la Ciudad de México. Los funcionarios de auditoría incluyendo a jefes de estado de las agencias nacionales de auditoría de todo el mundo intercambiaron experiencias, presentaron ideas para el desarrollo de auditorías del sector público y discutieron una agenda estratégica para INTOSAI. La reunión fue para miembros de INTOSAI pero también se invitó a algunos representantes de otras agencias.
INTOSAI invitó al “International Budget Partnership” (IBP) y al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas “United Nations Department of Economic and Social Affairs” (UNDESA) para hablar de sistemas de auditorías abiertas. En los últimos dos años el IBP y UNDESA han trabajado conjuntamente en un programa para promover mayor apertura en los sistemas de auditoría del gobierno y mejorar los niveles de transparencia de las auditorías y de las actividades de los auditores generales. Como parte de este programa en 2006 IBP y UNDESA reunieron en las Filipinas a un grupo de auditores generales y grupos de vigilancia de la sociedad civil de seis países. Durante el encuentro los participantes discutieron las oportunidades para fortalecer la colaboración entre los auditores y la sociedad civil.
A partir de ese encuentro en junio 2007, IBP y UNDESA presentaron el reporte (disponible en https://archive.internationalbudget.org/SAIsandCSOs.pdf) sobre las discusiones que se llevaron a cabo en las Filipinas en donde se le solicitó al secretario general de INTOSAI apoyar la colaboración entre la sociedad civil y las agencias de auditoría pública.
Durante la reunión de INTOSAI personal del IBP y Fundar (centro de análisis e investigación sobre presupuestos) hablaron de las experiencias de la sociedad civil en el tema de auditoría y de cómo la colaboración entre los auditores y la sociedad civil pueden mejorar la rendición de cuentas del gobierno respecto al uso de fondos públicos. La sesión plenaria fue encabezada por el secretario general de INTOSAI. También hubo presentaciones del personal de UNDESA y de la agencia nacional de auditoría de México. Más adelante, los panelistas respondieron preguntas de los participantes, quienes expresaron su interés en promover una mayor colaboración entre los auditores y la sociedad civil. Algunos de los participantes expresaron su preocupación respecto a que dicha colaboración pueda afectar la independencia de las agencias públicas de auditoría.
Al cierre de la reunión se decidió que INTOSAI establecería una plataforma conjunta con UNDESA y el IBP para examinar cómo las agencias nacionales de auditoría pueden albergar prácticas colaborativas para aumentar la participación de la sociedad civil en el proceso de auditoría. La oficina de auditoría e inspección de Corea del Sur “South Korean Board of Audit and Inspection” (BAI) – estuvo a cargo de la plataforma y desarrollar la agenda.
Asimismo BAI enviará a uno de sus funcionarios al IBP por un período de un año a partir de principios del 2008. Este funcionario le ayudará al IBP a llevar a cabo investigación sobre sistemas abiertos de auditoría y actuará como vínculo entre el IBP e INTOSAI.
Para mayor información, contactar a Vivek Ramkumar [email protected].
Publicación del mes: Behind Closed Doors: the Role of the IMF in Shaping Budget Policies and Processes in Low-income Countries por Paolo de Renzio con Matteo Bocci y Kristy Kamarck
En abril 2005 el International Budget Partnership y el Bank Information Center reunieron a sus respectivas redes y llevaron a cabo un taller global para discutir cuestiones relacionadas con instituciones financieras internacionales (IFIs), políticas nacionales de presupuesto y justicia social. Una de las propuestas del taller fue lanzar un estudio de caso multi-nacional para ilustrar el proceso mediante el cual las políticas de las IFIs influyen en los presupuestos nacionales, incluyendo puntos claves para la intervención de la sociedad civil.
El trabajo Behind Closed Doors: the Role of the IMF in Shaping Budget Policies and Processes in Low-income Countries por Paolo de Renzio con Matteo Bocci y Kristy Kamarck reune los resultados de la primera fase del estudio. Busca documentar cómo la relación del gobierno y el FMI influyen positiva y negativamente en las políticas y procesos del presupuesto en países en vías de desarrollo, sobre todo en países de bajos ingresos y países dependientes de ayuda extranjera. El trabajo también busca darle a las OSCs y a otros actores domésticos una mejor comprensión de estas relaciones y de las posibles oportunidades para influir en el contenido y resultado de los acuerdos entre el FMI y el gobierno.
La primera parte del reporte examina las políticas del FMI, instrumentos de préstamos y guías que regulan su relación con gobiernos de bajos ingresos. Resume los hallazgos de investigación reciente sobre la influencia del FMI en las políticas y procesos presupuestarios en países de bajos ingresos en estos temas. La segunda parte se enfoca en estudios de caso específicos para Zambia y Bolivia para ver cómo funcionan algunos de estos procesos en contextos específicos. La tercera parte del trabajo presenta algunos lineamientos iniciales para OSCs que trabajan en países de bajos ingresos para aprender más sobre las relaciones gobierno-FMI en su país e identifiquen puntos de entra para iniciar dialogo y activismo.
Nuevos materiales en la biblioteca del IBP
Transparency International Bangladesh Impact Assessment
Por Colin Knox y Tahera Tasmin/ “Governance and Social Development Resource Center”
http://www.gsdrc.org/docs/open/HD492.pdf
Este reporte examina el impacto del trabajo de Transparencia Internacional Bangladesh (TIB) sobre anti-corrupción. TIB ha catalizado o estado directamente involucrado en cambios políticos e institucionales clave, sobre todo en la Comisión Anti-Corrupción y el proceso electoral con la comisión electoral y en exponer el caso de corrupción del Puerto Chittagong. También ha estado involucrada en la ratificación del gobierno “Caretaker” de la convención de la ONU sobre anti-corrupción.
A Guide for Civil Society on Getting Access to Information from the IMF
http://www.ifitransparency.org/doc/Transparency_IMF_GTI.pdf
La Iniciativa sobre Transparencia Global “Global Transparency Initiative” (GTI) ha lanzado una nueva guía sobre transparencia dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI). La guía busca ayudar a la sociedad civil a utilizar información que ya está disponible por el FMI. Debe de servir como herramienta de referencia para aquellos involucrados en actividades de incidencia, investigación y organizaciones de monitoreo presupuestario, así como para funcionarios públicos que necesitan ayuda para obtener la información que necesitan del FMI. También ofrece una perspectiva sobre los cambios y mejorías que se podrían implementar en la política de transparencia del FMI.
2007 OECD Budget Practices and Procedures Database
http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_37405_2494461_1_1_1_37405,00.html
Esta segunda edición de “OECD Budget Practices and Procedures Database” ha sido revisada desde su última versión recopilada en 2003. La base de datos de la OCDE está diseñada como una referencia navegable para quienes trabajan con presupuestos y otros interesados en comparar sus experiencias y mejores prácticas respecto a los procesos presupuestarios y financieros. Las respuestas de esta nueva encuesta se encuentran disponibles en esta interfase para 38 países, incluyendo a 30 miembros de la OCDE y 8 no-miembros: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Eslovenia, Israel, Perú y Venezuela. La encuesta se realizó por medio de un cuestionario en línea en inglés, francés y español aunque la base de datos actualizada sólo se encuentra disponible en inglés.
by soapbox | Nov 1, 2007
Augmentation des synergies entre la transparence des revenus et le suivi budgétaire: l’expérience des coalitions de PWYP Afrique par Matteo Pellegrini
La coalition “Publish What You Pay” (PWYP) organise des campagnes pour la transparence dans le payement, la recollection et la gestion des revenus versés aux gouvernements des pays en voie de développement – riches en ressources naturelles – par des industries pétrolières, minières et de gaz. L’amélioration des conditions de transparence est un pas essentiel pour faire en sorte que les revenus issus des industries extractives servent de base pour le développement durable, la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans ces pays.
Depuis juin 2007, les activités d’incidence budgétaire font partie de la mission de PWYP (voir: “mission statement”). Cette version révisée de la mission de PWYP exige de façon explicite que les gouvernements des pays riches en ressources naturelles «mettent en place des processus budgétaires ouverts, participatifs et transparents aux niveaux national; régional et local afin de consulter la société civile sur l’allocation et la gestion efficace des revenus dérivés des industries extractives et des finances publiques pour promouvoir le développement économique et social».
En grande mesure, cette évolution dans les objectifs de la campagne reflète la direction que prennent les coalitions de PWYP autour du monde, spécifiquement en Afrique subsaharienne. Le lien entre le suivi des budgets et la transparence des revenus a toujours été implicite dans la mission de PWYP. Demander aux compagnies de publier ce qu’elles payent et aux gouvernements de publier ce qu’ils reçoivent est un exercice stérile si n’est pas atteinte une plus grande transparence et efficacité dans l’utilisation des ressources. Ce lien implicite est devenu plus important lors des deux dernières années du fait de la diversité des perceptions de la part de la société civile et des facteurs contextuels.
En premier lieu, la société civile reconnaît que le suivi et la capacité pour influencer les priorités budgétaires n’est pas suffisante per se pour promouvoir le développement à moins que les revenus du gouvernement soient utilisés au maximum. Dans différents pays africains, par exemple, la taille du budget dépend de l’exploitation des ressources naturelles. Jusqu’à aujourd’hui, le manque de transparence et de processus compétitifs de concession, la capacité limitée de négociation et les manipulations politiques résultent fréquemment sur des contrats qui se fond au détriment de l’Etat. En ce sens, la société civile a lancé des campagnes pour établir des processus de révision de contrats qui lui permettent d’évaluer et de participer à leur renégociation quand ceux-ci sont considérés comme peu avantageux pour l’Etat. C’est le cas de pays comme la Guinée et la République démocratique du Congo, et plus récemment le Nigeria, dans lesquels les gouvernements se sont exprimés ou engagés pour des révisions participatives des contrats et accords déjà signés.
En second lieu, le lien entre la transparence des revenus et le suivi budgétaire a été promu par des facteurs contextuels qui, en général, ont à voir avec la législation nationale. Au Tchad, par exemple, la loi controversée, dite Loi 001, sanctionne ce lien en permettant à la société civile d’exprimer son opinion sur l’utilisation des ressources dérivées du pétrole à travers des structures institutionnelles (telles que le comité conjoint pour la vigilance des ressources pétrolières entre le gouvernement et la société civile). La société civile est parvenue à intégrer les efforts de transparence et de suivi budgétaire dans une campagne unifiée. Par exemple, GRAMP-TC (“Group for Alternative Research and Monitoring of the Chad-Cameroon Oil Project”) a fait la promotion des efforts pour analyser et conscientiser sur le budget ainsi que l’utilisation des revenus au moyen de bulletins et d’ateliers en collaboration avec d’autres réseaux locaux.
Il faut mentionner que les coalitions de PWYP dans les pays riches en minéraux ont eu plus de succès pour établir une relation mutuellement bénéfique entre le suivi budgétaire et la transparence dans les revenus. Ceci est du à la nature et la législation du secteur minier qui permettent aux communautés locales d’avoir une voix quant aux activités et aux revenus dérivés des activités minières, ainsi que de déterminer des procédures claires pour transférer un pourcentage fixe des gains de la mine de la part du gouvernement national aux districts locaux ou aux provinces.
Par exemple, l’ONG “Integrated Social Development Center” (ISODEC), basée à Accra, au Ghana, et la coalition PWYP Ghana ont promu l’incorporation de rapports au niveau sous national sur le flux de ressources au sein de l’Initiative sur la transparence des industries extractives du Ghana, “Ghanaian Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI), afin d’avoir une vision claire des gains et des coûts qui sont transférés aux districts locaux. Les données de l’EITI au niveau sous national ont été utilisées pour organiser des ateliers au niveau du district et veiller aux montants transférés aux autorités locales dans l’objectif de renforcer les communautés locales et de surveiller l’utilisation de tels transferts. En République démocratique du Congo, PWYP a formé des parlementaires locaux dans les provinces riches en ressources minières pour établir des comités sous nationaux de l’EITI qui pourraient surveiller la recollection et l’utilisation des impôts dérivés de la mine et de la sylviculture que le gouvernement national transfert en retour aux régions productrices.
En Côte d’Ivoire, les activités de suivi des budgets de PWYP consistent principalement en la formation de membres de la société civile sur des concepts de base de suivi des budgets. Sur le long terme, ceci peut faciliter la formation d’une plate-forme de suivi des budgets dans un pays dans lequel le budget de l’Etat est entouré d’opacité. PWYP au Gabon a comparé les informations de l’EITI sur une base ad hoc avec les données budgétaires (ou les données rapportées au FMI), en notant des différences importantes entre les revenus déclarés par le Trésor à l’EITI, aux missions périodiques du FMI, ou au budget national. Ceci est un bon rappel du fait que l’EITI elle-même doit se référer à des chiffres issus des budgets nationaux quand ces données sont disponibles.
En reconnaissance du lien intrinsèque entre la transparence des revenus et leur utilisation, la campagne PWYP, qui travaille avec le soutien des membres clés d’ONG, est sur le point de lancé un programme de formation régional qui cherche à tirer parti de l’expérience des membres africains se consacrant au suivi budgétaire et à l’EITI pour définir des modules spécifiques de formation qui lient la transparence des revenus avec l’activisme dans l’élaboration et l’implantation des budgets nationaux.
La synergie croissante entre le suivi budgétaire et l’activisme pour atteindre une plus grande transparence dans les revenus a déjà commencé et il est fort probable qu’elle se poursuive. Les organisations internationales et africaines de développement doivent se consacrer à encadrer et coordonner les efforts actuels pour faire en sorte que ce travail soit plus efficace. En outre, les organisations africaines, avec le soutien d’associés internationaux, doivent s’engager à diffuser parmi les groupes de la société civile des approches réussies qui intègrent la transparence des revenus/EITI avec le suivi budgétaire.
Pour davantage d’informations, aller sur: www.publishwhatyoupay.org et www.eitransparency.org.
Responsabilisation sociale et suivi budgétaire au Mozambique par Adriano Nuvunga
Le Comité d’assistance au développement de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OECD-DAC) a découvert que durant la dernière décennie, le Mozambique a reçu une assistance officielle au développement, “Official Development Assistance” (ODA), de presque 10.9 milliards de dollars. Environ 60% de cet argent sont des fonds d’assistance, 20% sont des prêts et 20% correspondent à l’assistance technique (sans compter l’annulation de la dette). En 2004, les fonds nets de l’ODA au Mozambique ont atteint 1.2 milliards de dollars, ce qui équivaut à 23.6% du revenu national. Ceci fait du Mozambique un des plus grands receveurs d’assistance internationale du continent, recevant 58$ par habitant, soit plus du double du revenu moyen par habitant en Afrique subsaharienne qui est de 26$.
Le pays a pu récupérer une grande partie de son infrastructure, atteignant presque le niveau antérieur à la guerre. Cependant, depuis son indépendance en 1975, le pays a été confronté à un environnement institutionnel très compliqué caractérisé par les éléments suivants:
- Suprématie de l’exécutif sur le législatif, où l’exécutif ne se distingue pas du partie au pouvoir.
- Manque de publication des actifs ou conflits d’intérêt pour les fonctionnaires gouvernementaux, et non diffusion des réquisits aux membres du parlement.
- Absence d’une loi d’accès à l’information publique.
- Contrôle du gouvernement comme principal superviseur de fonds publics.
- Manque de transparence perçue dans l’agrégation des données, documentation pauvre et retard dans la disponibilité de l’information.
- Opacité et secret (certains revenus n’ont jamais été publiés).
- Discrétion gouvernementale pour amender le budget sans consulter le parlement.
- Capacité de contrôle limitée pour l’institution supérieure de contrôle (Tribunal administratif).
- Absence d’un code conduite pour le secteur public.
- Absence de systèmes de gestion des performances dans le secteur public.
- Absence d’ombudsman ou d’autres organes de vigilance.
Ces facteurs ont généré des efforts pour améliorer la gouvernance au moyen de réformes qui renforcent la responsabilisation interne dans les contrôles financiers, les systèmes de comptabilité, les rapports administratifs et l’équilibre des pouvoirs politiques. Cependant, des éléments suggèrent que ces mesures du coté de l’offre – bien qu’importantes en elles-mêmes – ne sont pas suffisantes pour faire en sorte que le travail de gouvernance efficacement pour les citoyens. D’après le «Centre pour l’intégrité publique au Mozambique» (CIP), il est de connaissance populaire que pour faire face avec succès aux défis d’une gouvernance faible, les mesures du coté de l’offre doivent être accompagnées d’une plus grande vigilance publique et d’une demande de comptes-rendus. Pour cela, il est essentiel que les citoyens et les organisations de la société civile exigent davantage de participation dans des initiatives de responsabilisation sociale.
A cet effet, quatre OSC – le CIP, l’Association du Mozambique pour la démocratie (AMODE), le Groupe du Mozambique sur la dette (GMD), et la Ligue des droits de l’homme (LDH) ont formé une coalition pour trouver des moyens de surveiller la prestation de services aux niveaux étatique et local. Cette initiative de surveillance se concentre sur les actions suivantes:
- Évaluer dans quelle mesure les gouvernements locaux et étatiques dispense des services à la population selon ce qui est stipulé dans les plans annuels.
- Déterminer si les services dispensés correspondent aux plans annuels.
- Définir le coût et l’importance de l’infrastructure/ des services dans un district en particulier.
Armés des rapports des gouvernements de district et locaux, les membres de la coalition visiteront vingt quartiers résidentiels pour déterminer si ont été construites les 20 bombes d’eau correspondantes. Dans chaque cas, ils vérifieront si les bombes correspondent à la description originale des plans de travail. (Par exemple, le plan original peut stipuler la construction de bombes automatiques, et dans la réalité peuvent être installées des bombes manuelles). Le pas suivant du processus de surveillance de la coalition consiste à comparer les coûts totaux de l’infrastructure avec les coûts établis dans le processus budgétaire et d’acquisitions publiques. Enfin, les activistes de la coalition déterminent si l’infrastructure correspond aux besoins des citoyens, c’est-à-dire, si les résidents voient les fruits de leur argent.
Actuellement, la coalition conçoit les matériels de formation pour les activistes qui vivent dans les neuf localités sélectionnées pour le lancement de l’initiative. Ces activistes sont des membres d’OSC qui seront accompagnés d’un membre des assemblées municipales (dans le cas des municipalités) et d’un membre des institutions de consultation et de participation communautaires (dans le cas des districts). En formant ces équipes, les activistes pourront transmettre leurs connaissances et encouragements aux entités qui disposent du pouvoir légal. Les activistes seront également en position d’exiger des comptes-rendus au gouvernement et d’offrir des encouragements pour les processus de contrôle et de vigilance communautaires. Le travail de terrain débutera en septembre et se concentrera sur le plan d’action gouvernementale 2008.
Dans un atelier public organisé au mois d’octobre dernier, la coalition a présenté son initiative au comité parlementaire de planification budgétaire. Le comité a exprimé son soutien au projet et son souhait de participer au travail de terrain et d’utiliser les informations réunies. Le comité a également offert des commentaires sur la méthodologie qui serait utilisée pour mener le projet. Le ministère de planification et de développement non seulement a participé, mais a aussi présenté un rapport sur la perspective officielle du concept de gouvernance. Ceci représente pour les OSC un instrument politique clé pour voir avec davantage de clarté les expectatives du gouvernement concernant les OSC.
Le Tribunal administratif n’a pas assisté à l’atelier, mais lors de différentes réunions a exprimé son soutien à l’initiative et indiqué son souhait de collaborer avec la coalition pour «le bien de la responsabilisation au Mozambique». Bien que le CIP ait reçu avec optimisme la réaction du gouvernement, il est préoccupé par le fait que le Ministère de la planification et du développement, responsable de la mise en place des grandes lignes politiques dans ce secteur, ne fasse pas partie de l’initiative.
En février, la coalition initiera des contacts avec les districts et les gouvernements locaux sélectionnés afin d’expliquer les objectifs du projet, son plan de travail, de communiquer son souhait d’avoir un impact dans la lutte contre la pauvreté et la corruption et d’assurer la bonne gouvernance en apprenant d’autres pays dans lesquels de telles initiatives ont fonctionné. Avec de tels contacts, la coalition veut réduire les tensions potentielles.
Pour davantage d’informations, contacter à [email protected].
Surveillance des fonds de reconstruction après le tremblement de terre de 2005, Fondation de développement Omar Asghar Khan, Pakistan
Le 8 octobre 2007, l’organisation Pakistanis «Omar Asghar Khan Development Foundation» et ses associés ont publié deux rapports: Putting Money Where the Needs Are: Matching the Money with People’s Priorities et Living on the Faultline. Ces publications traitent des résultats de l’analyse budgétaire et des activités programmatiques pour faire prendre conscience aux décideurs et au public en général des besoins des personnes affectées par le tremblement de terre de 2005. L’objectif des rapports est de développer des plans de réhabilitation qui répondent aux besoins et priorités des citoyens, de promouvoir la participation citoyenne et la responsabilisation publique pour générer l’action publique sur ces questions. Plus spécifiquement, les publications cherchent à ce que les citoyens:
- Identifient leurs besoins et les expriment lors d’audiences et de conseils locaux pour les intégrer aux plans d’action du district.
- Participent avec les décideurs pour étudier dans quelle mesure ces besoins sont pris en compte dans les budgets gouvernementaux et dans les fonds d’assistance pour le tremblement de terre.
- Surveillent l’allocation des fonds d’assistance et d’autres activités liées.
- Travaillent pour faire en sorte que ces besoins soient pris en compte dans des budgets conséquents.
- Discutent des changements politiques nécessaires pour faire en sorte que les budgets satisfassent les besoins identifiés préalablement.
Développement de plans de réhabilitation
Sur une période de 3 mois milieu 2007, plus de 70 hommes et 30 femmes militants locaux ont reçu une formation et le soutien de la Fondation du développement Omar Asghar Khan pour aider des personnes dans 22 groupes sélectionnés de 10 conseils locaux, ou “union councils,” dans le district de Abbottabad pour évaluer l’impact du tremblement de terre sur leur vie et identifier leurs priorités de réhabilitation. Ceci a été réalisé grâce à la création collective de plans de réhabilitation connus comme “Village Rehabilitation Action Plans” (V-RAPs).
Pour la conception des V-RAPs, la fondation s’est fondée sur l’expérience de plusieurs membres du groupement national de conseil participatif pour la pauvreté, “Participatory Poverty Appraisal” (PPA) – un conseil mené entre 2000 et 2003. Le PPA se centre sur les défis auxquels sont confrontés les citoyens suite au tremblement de terre de 2005.
Les militants qui ont reçu la formation ont participé à un programme de trois jours qui inclut une recherche de terrain. Les militants provenaient de différents villages et ont travaillé pendant 15 jours dans leur localité en collaborant avec les habitants et en réunissant les informations nécessaires. Ils ont été soutenus par les membres de la fondation. Une fois le travail de terrain terminé, un autre atelier a été organisé pour réviser le travail réalisé. La fondation a distribué des certificats de reconnaissance aux militants démontrant un exercice remarqué de leur travail comme présentateurs, facilitateurs ou chercheurs. En outre, des solutions ont été trouvées aux problèmes rapportés préalablement et les militants sont retournés dans leurs villages compléter le processus. Finalement, mi-juin, les militants se sont réunis de nouveau pour présenter leurs résultats. A ce jour, le travail de V-RAP a été culminé à Abbottabad et il est prévu de travailler à Mansehra et Battagram dans les prochains mois.
En plus des éléments rassemblés par les V-RAPs, Living on the Faultline a présenté des preuves quantitatives des faiblesses dans les politiques du gouvernement quant à l’assistance post – tremblement de terre. La fondation a travaillé en collaboration avec l’organisation “Collective for Social Science Research” (CSSR) pour cette analyse. L’analyse se fonde sur un indice qui mesure les dégâts aux habitations en calculant le nombre de maisons complètement et partiellement détruites dans chaque conseil d’union à Abbottabad.
Living on the Faultline inclut également une comparaison de la distribution des fonds de réhabilitation entre différents secteurs. Cette analyse a révélé un écart sérieux entre les besoins des citoyens et les allocations budgétaires. En particulier, aucun fond gouvernemental n’a été alloué au secteur de la santé, alors que ce secteur a été identifié comme une des trois priorités dans 33 des 51 conseils d’union couverts. Le secteur de la gouvernance a reçu 25% du total des fonds mais la plus grande partie de cet argent a été dirigée aux conseils urbains d’Abbottabad alors qu’il s’agit des moins affectés. L’analyse a révélé que ces fonds – à l’origine destinés à l’aide des survivants au tremblement de terre – ont été utilisés en projets de rénovation et de construction d’édifices urbains gouvernementaux.
Leur participation dans le travail budgétaire a encouragé les membres de la fondation à améliorer le suivi de l’information budgétaire et à trouver des formes plus créatives de l’analyser. Par exemple, fin 2007, la fondation a utilisé des informations sur les avancées du travail de reconstruction pour soutenir que cela prendrait 35 mois de plus que prévu de couvrir tous les paiements de la compensation. Cette information appuyait les demandes de la « Charte des citoyens » (à laquelle se sont joints les membres de la fondation) pour que la compensation soit réalisée à travers un payement unique sans condition concernant comment doit être utilisé l’argent et le type de construction devant être réalisé.
En outre, la révision du budget du district 2007/2008 démontrait que n’a été approuvé qu’un seul nouveau projet pour les zones affectées. Ce projet – lié aux postes de contrôle gouvernementaux dans un secteur du district – ne répond pas aux besoins les plus importants. Ce fait suggère que les zones affectées par le tremblement de terre qui ont reçu des fonds spécifiques ne reçoivent pas de fonds de manière régulière et de sources constantes. Ceci est clairement injuste, puisque les fonds spécifiques pour le tremblement de terre devaient être utilisés seulement afin de répondre aux besoins nés du désastre et non comme substitut de fonds réguliers.
Une mobilisation publique plus large
La fondation cherche donc de façon consistante à transformer le mécontentement public en militantisme citoyen. Depuis le tremblement de terre de 2005, elle a organisé 30 assemblées citoyennes et plus de 250 réunions. Conjointement à Hazara Awami Ittehad, qui inclut plus de 200 groupes de base et associations professionnelles, la fondation a contribué à canaliser l’opinion publique vers la formation d’une «Charte citoyenne des demandes» pour améliorer l’aide à la réhabilitation. La fondation et Ittehad ont organisé des protestations simultanées dans la majorité des zones affectées par le tremblement de terre du 8 octobre 2007 pour marquer le deuxième anniversaire du tremblement. La fondation a également aidé les comités locaux à élargir leurs bases à travers des consultations au niveau local.
Pour lire ces rapports, aller sur: http://www.oakdf.org.pk/. La version électronique en Urdu du résumé exécutif de ce rapport sera disponible dans les prochains mois.
Le budget du Ghana 2008, “Centre for Budget Advocacy (CBA)” du “Integrated Social Development Centre” (ISODEC)
Le 26 novembre 2007, le Centre pour la défense budgétaire, “Centre for Budget Advocacy” (CBA), du Centre de développement social intégré, “Integrated Social Development Centre” (ISODEC), a publié un communiqué de presse sur le budget national 2008 du Ghana. Dans le communiqué, le CBA offre une évaluation des engagements gouvernementaux liés à la Convention internationale des droits économiques, sociaux et culturels et présente son analyse budgétaire pour déterminer de quelle façon le gouvernement prévoit de respecter ses engagements concernant des politiques progressistes qui répondent au droit aux services sociaux de base tels que l’éducation, la santé, l’eau et le logement. Les résultats de son analyse sont décrits ci-dessous:
Education
Le CBA applaudit les efforts du gouvernement pour étendre le programme d’alimentation scolaire. Ceci réduira les dépenses pour de nombreux pères de famille aux faibles ressources et facilitera le fait que les enfants s’inscrivent et demeurent à l’école. Cependant, un grand défi imposé par la croissance récente de l’inscription scolaire concerne l’insuffisance des infrastructures scolaires; surtout en zones rurales. Pour cela, le CBA essaie de susciter l’intérêt public pour cette question de l’amélioration de l’infrastructure scolaire, pour faire en sorte que le programme d’alimentation scolaire soit plus significatif. En outre, les 30 000 ¢ d’assistance n’ont pas augmenté depuis 2005, et conformément au niveau d’inflation, correspondront à 21 000 ¢ en 2008. Il existe donc la nécessité d’augmenter cette quantité pour refléter les niveaux de prix et assurer la valeur de l’argent dans les dépenses en éducation.
Santé
La majorité des services de santé au Ghana manquent de l’équipement médical et du dispensaire approprié – ainsi que des médicaments de base – pour répondre aux besoins de santé primaire. Avec la perte de vies à partir des inondations récentes dans le nord du pays, certaines cliniques de santé ont épuisé leur réserve de médicaments de base. Le CBA lance un appel au gouvernement pour qu’il investisse dans la santé primaire afin d’éviter les situations comme celle-ci dans le futur. Le CBA suggère également que le gouvernement doit augmenter le suivi des services de santé pour assurer la disponibilité de médicaments de base.
Eau
Comme le montre le tableau suivant, le budget pour la distribution d’eau dans les zones rurales en 2007 a été très insuffisant:
Catégorie | Objectif dans le budget 2007 | Résultats en novembre 2007 (%) |
| Effondrement de perforations | 2,399 | 283 (11.8%) |
| Puits manuels | 1,589 | 63 (3.9%) |
| Petites canalisations | 54 | 30 (57%) |
| Petites canalisations communautaires | 52 | 0 |
| Schémas de canalisation d’eau | 253 | 0 |
| Système pour la recollection d’eau de pluie | 48 | 0 |
| Système de protection de nappes | 2 | 0 |
Cette situation est très délicate si l’on considère l’importance de l’eau pour la santé et l’engagement national pour atteindre les objectifs de millénaire (ODM) concernant la réduction de 50% du nombre de personnes sans accès à l’eau potable d’ici 2015. Sans aucun doute, le haut niveau d’infestation du ver guinéen dans le pays impose un engagement plus élevé pour apporter l’eau potable à des prix accessibles, surtout dans les communautés rurales.
Logement
L’information disponible dans l’enquête sur les standards de vie au Ghana montre de bas niveaux d’investissement dans les zones rurales. Ceci est dû en grande mesure au niveau de pauvreté dans ces zones où la majorité des citoyens vivent de l’agriculture et où l’engagement du gouvernement est allé en diminuant. Le fait qu’il existe peu d’investissement dans l’infrastructure de logement est devenu évident avec l’effondrement d’immeubles du fait des inondations récentes dans le nord du pays. Le CBA a exprimé sa préoccupation concernant le fait que le budget 2008 n’inclut pas d’allocation pour la construction de logements en zones rurales. La liste récente de bénéficiaires montre clairement que les fonds, en général, sont dépensés dans des centres urbains et des villes plus grandes comme Nungua, Kpone, Borteiman, et Koforidua.
Routes et transport
Le budget prévoit la construction de 15 kilomètres de routes dans chacun des 166 districts du pays. Bien qu’il s’agisse d’une initiative bien intentionnée, elle ne prend pas en compte le fait que les districts disposent de différents niveaux de développement dans leur infrastructure. Certains districts, spécialement dans la région nord-ouest, se trouvent dans de plus mauvaises conditions que d’autres et ont besoin avec plus d’urgence de la construction de routes. Il était attendu que les districts avec des réseaux de routes en mauvaises conditions reçoivent comparativement des allocations plus importantes du budget que les districts aux plus grandes ressources.
Il est encourageant de trouver dans le budget la création d’une division de service rural/urbain dans le système de métro avec l’objectif de relier les capitales de district aux autres localités dans les districts. Le CBA espère que le gouvernement remplisse sa promesse – comme cela a été signalé dans le budget 2008 – d’offrir le service de transport du métro aux communautés des régions du Nord, du Nord-est, du Nord-ouest, de Volta, de l’Est et des régions Brong Ahafo. C’est essentiel pour faciliter un accès facile, rapide et économique aux services sanitaires, d’éducation et autres services sociaux essentiels d’accès difficile depuis les communautés rurales au niveau du district.
Genre
Il est plaisant de lire dans le budget 2008 que le Ministère des affaires des femmes et enfants, “Ministry of Women and Children Affairs” (MOWAC), met en œuvre des efforts pour générer des données désagrégées par genre, établir des groupes d’experts pour faciliter des ateliers sur le genre dans les ministères, les départements et les agences, coordonner des politiques de genre entre les secteurs, et conscientiser les hauts responsables sur les questions du genre. Les plans du MOWAC pour 2008 incluent des programmes pour promouvoir la perspective du budget sensible au genre dans trois ministères (le Ministère de l’alimentation et l’agriculture, le Ministère de l’éducation et le Ministère du développement rural et de l’environnement) et développer une perspective de genre. Devant le besoin d’intégrer les questions de genre à tous les aspects du développement, le CBA veut que le gouvernement augmente son soutien au MOWAC pour contribuer à l’implantation effective de ses activités.
Pour davantage d’informations, contacter Nicholas Amatey à [email protected].
L’utilisation de la radio pour promouvoir la transparence budgétaire, Foro Jóven, Colombie par Rocío Campos
Dans un numéro préalable du bulletin de l’IBP (voir: https://archive.internationalbudget.org/newsletters/newsletter-no-39-french/) nous avions publié un article sur les initiatives de groupes de la société civile en Azerbaïdjan, au Guatemala, en Géorgie, en Indonésie, au Kenya et en Ouganda pour utiliser la radio dans le cadre d’une stratégie plus ample d’incidence et de formation budgétaires. Dans cet article nous présentons un autre exemple récent d’une nouvelle organisation colombienne décidée à explorer la radio comme moyen pour diffuser des informations sur la transparence budgétaire entre jeunes militants.
Foro Jóven, une ONG basée à Bogota en Colombie, travaille avec des jeunes, des femmes, des étudiants, des syndicats et d’autres groupes pour améliorer les conditions de participation démocratique. Si pour l’organisation il est important d’être présent tant à la radio qu’à la télévision, la radio semble être une meilleure option puisqu’elle résulte plus économique et qu’il est plus facile que les gens l’écoutent tout en travaillant, en conduisant ou en réalisant une autre activité, quand l’accès à la télévision n’est pas évident.
En Colombie, la télévision, le journal et la radio sont les principaux moyens d’information aux niveaux national et régional. Il existe des chaînes de radio et de télévision privées comme RCN et CARACOL de couverture nationale, ainsi que des stations universitaires comme Javeriana Estéreo de l’Université Pontificia Javeriana à Cali, l’émettrice de l’Université Jorge Tadeo Lozano à Bogotá, et au niveau régional il y a par exemple l’émettrice de l’Université technologique de Pereira ou de l’Université de Antioquia.
Depuis 2006, Foro Jóven participe à l’Indice des budgets ouverts, “Open Budget Index” (OBI) (voir: http://www.openbudgetindex.org/). Aujourd’hui, l’organisation travaille avec la station de radio de l’Université nationale pour discuter des questions de transparence budgétaire dans un programme nommé “Debates en Economía” (débats en économie) créé par le département d’économie de l’université. Le programme est transmis les dimanches de 9h30 à 10h et a incluait dans les deux dernières émissions des discussions sur l’OBI. Le programme est diffusé dans plusieurs régions mais est écouté surtout à Bogota et est dirigé aux étudiants universitaires et aux militants sociaux.
Foro Jóven prévoit de promouvoir des thèmes sur la transparence budgétaire et la responsabilisation à travers d’autres activités dont la création d’une page Internet et la distribution d’un bulletin bimensuel. Dans le futur, l’organisation veut inviter des fonctionnaires publics pour parler au sein du programme de radio et ouvrir les lignes téléphoniques aux questions et commentaires du public.
Foro Jóven espère continuer à travailler avec l’Université nationale et négocie un espace dans la programmation pour 2008. Ainsi, l’organisation est à la recherche d’opportunités avec d’autres medias. Un avantage important de travailler avec l’Université nationale, explique Gory Suárez, directrice de Foro Jóven «est que bien que l’université fasse partie du gouvernement, elle dispose d’autonomie ainsi que nous protégés des actes possibles de censure».
Il est réellement très important de couvrir les thèmes de la transparence budgétaire sur la station radiale de l’Université nationale puisqu’il semble qu’il n’existe pas d’autres programmes de radio qui discutent de ces thèmes en Colombie.
Pour davantage d’informations, contacter Gory Suárez à [email protected].
Outil pour améliorer l’administration municipale et la participation citoyenne, Paraguay par Rocío Campos
En 2005, l’organisation Alter Vida (voir: http://www.altervida.org.py) a développé un outil qui mesure la bonne gouvernance au niveau local au Paraguay et qui permet aux citoyens de comprendre et d’évaluer l’administration municipale. Les objectifs du système d’évaluation connu comme MIDAMOS incluent la promotion de la bonne gouvernance au niveau municipal; le soutien aux citoyens et aux organisations de la société civile pour qu’ils développement la capacité de comprendre et évaluer l’administration municipale; et la diffusion de la perception parmi les autorités et fonctionnaires publics selon laquelle les pratiques de bonne gouvernance leur bénéficient d’un point de vue professionnel, politique et personnel.
MIDAMOS est un système de mesure appliqué pour les organisations du secteur privé pour évaluer et renforcer l’exercice des gouvernements municipaux afin d’augmenter l’efficacité des services publics. Sur la base d’entretiens avec des acteurs clés, de visites locales et de documentation pertinente, les organisations autorisées préparent des rapports qui évaluent l’exercice du gouvernement municipal sur une échelle de 1 à 5 dans 30 catégories de travail.
En 2006, le Centre d’information et de ressources pour le développement (CIRD) a repris le projet MIDAMOS pour élargir son application à une plus grande échelle. En 2007, 60 municipalités au Paraguay ont sollicité faire partie du programme MIDAMOS sur un total de 235 municipalités dans l’ensemble du pays.
Le coordinateur du projet Álvaro Caballero, a expliqué que les qualifications obtenues en 2006 par les municipalités évaluées dans le rapport des organisations devaient servir aux nouvelles autorités municipales entrées en fonction en décembre pour identifier les possibles faiblesses dans leurs localités. Dans le cas de municipalités dans lesquelles ont été choisis des fonctionnaires, on espère que les résultats orienteront les changements qu’il est nécessaire d’implanter.
Pour l’année 2008, est prévue l’utilisation de programmes de radio pour parler de l’exercice de gouvernements municipaux dans les localités où a été appliqué MIDAMOS. Avec ceci, on espère intéresser et informer les citoyens en général sur les avantages que comprennent des indicateurs objectifs sur le travail de leur gouvernement. Les citoyens organisés en commissions de voisinage pourront participer à la présentation de résultats de MIDAMOS.
Pour davantage d’informations sur MIDAMOS, aller sur: http://www.midamos.org.py.
Pour davantage d’informations sur le CIRD, aller sur: http://www.cird.org.py.
SIGA Brésil. Un outil d’information budgétaire pour la société civile par Iara Petricovsky
Lancé en 2004, Siga Brasil a été créé par l’Office consultatif du budget du Sénat fédéral brésilien comme un système d’information pour aider les organisations de la société civile au Brésil à suivre les budgets publics dans le détail. L’Office consultatif du budget est responsable d’approuver le budget et d’aider les sénateurs dans la prise de décisions quant aux politiques devant être inclues dans le budget fédéral.
Selon Iara Petricovsky de l’Institut d’études socioéconomiques (Inesc), – une ONG se consacrant au suivi et au soutien dans l’élaboration et l’exécution du budget pour assurer que les droits économiques, sociaux et culturels soient représentés de façon appropriée -, jusqu’il y a peu, l’information budgétaire disponible était très condensée, ce qui rendait impossible son utilisation pour l’analyse budgétaire. Récemment cependant, le Sénat fédéral a utilisé les services des technologies de l’information et la communication (TIC) pour mettre sur Internet les bases de données du Ministère de la planification et de l’administration, du Ministère des finances et du Congrès national. Ce système inclusif d’information permet au public en général de surveiller les plans multi annuels et le respect des lois budgétaires, sans aucun coût.
Siga Brasil met à la disposition du public des informations sur la planification et l’exécution du budget, organisées conformément à différentes classifications. En outre, il offre des numéros d’identification fiscale pour les personnes physiques et morales qui reçoivent les paiements du gouvernement. A partir du moment où ce système a été mis sur Internet, Inesc a commencé à utiliser Siga Brasil pour mener des analyses techniques et apporter des informations à d’autres membres de la société civile et aux médias.
Des membres de l’unité de l’Office consultative du budget du Sénat fédéral ont offert des cours à l’équipe de l’Inesc et participé à des cours organisés par l’Inesc. Sont aussi prévus des cours pour 2008 dans le nord du pays loin du centre de pouvoir de Brasilia.
En plus de Siga Brasil, d’autres initiatives aident la population à surveiller les dépenses de l’Etat. Celles-ci incluent le Portal da Transparência, ou le portail de la transparence, (www.transparencia.gov.br), organisé par l’Office du contrôleur général et l’expérience du gouvernement de l´Etat de Sao Paulo (www.fazenda.sp.gov.br/contas). Même si le fait que le suivi des dépenses publiques devienne une pratique commune et courante parait être un rêve inatteignable, ce n’est pas impossible.
La Constitution brésilienne établit le droit citoyen á recevoir des informations d’intérêt général de la part d’institutions publiques. En outre, l’Acte de responsabilité fiscale garantit que les comptes du gouvernement soient disponibles pour la pondération et l’analyse des contribuables. Finalement, Siga Brasil gagne du terrain concernant l’accès a l’information dans un monde dans lequel la relation entre l’Etat et la société civile est de plus en plus dynamique.
Pour avoir davantage d’informations sur Siga Brasil, aller sur: www.senado.gov.br/siga.
Pour davantage d’informations sur l’Inesc, aller sur: http://www.inesc.org.br.
Pour davantage d’informations sur cet article, contacter Iara Petricovsky à [email protected].
Transparence fiscale et initiative sur les budgets sensibles au genre au Nigeria par Show Ei Tun
Malgré le grand flux de ressources dérivées des secteurs du gaz et du pétrole représentant 99% du total des exportations au Nigeria, le PIB par habitant en 2005 n’a été que de 675$ – selon les estimations de la Banque mondiale – (voir: http://www.worldbank.org/en/country/nigeria). La pauvreté s’est propagée parmi la population, où 52% vivent avec moins d’un dollar par jour. Un des facteurs affectant le plus cette situation est le manque de transparence et de responsabilisation autour des prises de décisions du gouvernement.
Dans le rapport du mois d’avril 2007 du Revenue Watch Institute “Leaving a Legacy of Transparency in Nigeria” («Laisser un héritage de transparence au Nigeria»), il est indiqué que même si le Nigeria a implanté deux réformes début 2003 – l’initiative “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) et la publication des revenus mensuels transférés aux gouvernements locaux depuis le gouvernement fédéral sur les sites Internet du gouvernement et les journaux locaux – le processus budgétaire demeure relativement fermé. D’après l’indice des budgets ouverts de l’IBP, Open Budget Index 2006, le Nigeria n’a obtenu que 20 points sur un total de 100. De ce fait, il est considéré comme un pays dans lequel le gouvernement offre peu ou pas d’information á ses citoyens sur ses activités financières et budgétaires. Le Nigeria ne produit pas de budget citoyen, de rapports d’exécution durant l’année, d’analyse de milieu d’année ou de rapport de fin d’année, et en outre, les rapports de contrôle ne sont pas mis á la disposition du public.
En réponse au manque de transparence budgétaire, une ONG nigérienne, “Civil Resource Development and Documentation Center” (CIRDDOC), a initié un projet pilote dénommé “From Project to Policy Change: Toward Engendering and Democratizing the Budget Process in Nigeria.” Fondé en 1996, le CIRDDOC, basé á Enugu dans le Sud-est du Nigeria, travaille pour promouvoir et protéger les droits de l’homme en renforçant la société civile, en améliorant l’accès á l’éducation, en faisant la promotion de la participation citoyenne, en luttant pour plus de démocratie, une bonne gouvernance et le suivi budgétaire, en conscientisant sur le thème de la violence contre les femmes et en défendant les droits reproductifs. Le centre est membre également du “Nigeria Gender Budget Network,” un réseau d’organisations de la société civile et professionnelles qui travaillent sur des initiatives de budgets sensibles au genre.
L’objectif de ce projet pilote est d’introduire le concept de budget sensible au genre dans les fonctions de différentes entités pour encourager les fonctionnaires gouvernementaux, les ONG et les organisations communautaires á améliorer le processus budgétaire en termes de sensibilité au genre, de transparence et de participation citoyenne effective.
D’après le CIRDDOC, il n’existe presque pas d’indicateurs de budgets liés au genre dans les budgets national, étatique, ou locaux. Le CIRDDIC s’inquiète, par exemple, du fait que les efforts du gouvernement pour réduire la propagation du VIH/SIDA ne prennent pas en compte les actes de violence contre les femmes, tels que les viols ou les pratiques traditionnelles nuisibles telles que la circoncision des femmes, facteurs qui se trouvent parmi les principales causes du VIH/SIDA chez les femmes. Comme l’indique la directrice exécutive du CIRDOCC, Oby Nwankwo, «il y a déjà quelque temps que nous luttons pour les droits reproductifs des femmes mais les choses n’ont pas beaucoup amélioré. Par exemple, les niveaux de mortalité maternelle demeurent très élevés au Nigeria. Il est entendu que le gouvernement réponde de façon générale au thème de la santé, mais il ne s’est pas engagé á allouer des fonds suffisants pour le soin prénatal ou postnatal qui finalement contribuerait á réduire les niveaux de mortalité maternelle. Ceci est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous engager dans le travail sur les budgets liés au genre et construire la capacité du gouvernement et de la société civile autour de ce thème».
D’un point de vue positif, le CIRDOCC reconnaît les efforts du gouvernement pour commencer á faire face á ces questions. Par exemple, le Nigeria est signataire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et de la Charte africaine sur les droits des femmes en Afrique, même s’il doit encore incorporer les provisions de ces instruments dans sa législation nationale. Le Nigeria est également membre de la Communauté du plan d’action sur le genre et le développement qui appelle les gouvernements á distribuer les ressources et le pouvoir dans la prise de décisions de façon équitable entre les hommes et les femmes. L’année dernière, le Nigeria a adopté une politique nationale sur le genre en suivant ces paramètres.
Le projet pilote du CIRDDOC sur le travail budgétaire lié au genre se centrera sur l’Etat d’Anambra. C’est un Etat stratégique dans la mesure où il est densément peuplé. En outre, il dispose d’une terre fertile où il existe des réserves non explorées de pétrole et de gaz naturel. Avec les revenus potentiels dérivés des ressources naturelles, il est très important que soient mis en pratique des mécanismes budgétaires sensibles au genre pour que les hommes comme les femmes de l’Etat en bénéficient équitablement.
Les activités du CIRDDOC pour l’année prochaine incluent:
- Organiser un séminaire national sur les budgets centré sur le genre et la transparence fiscale pour les fonctionnaires gouvernementaux et les membres d’ONG et d’organisations communautaires.
- Diriger des campagnes et des dialogues politiques avec différents fonctionnaires gouvernementaux, législateurs et politiques dans la capitale d’Abuja, ainsi que dans l’assemblée étatique d’Anambra afin de promouvoir des lois qui garantissent que les besoins des femmes soient pris en compte dans le processus budgétaire.
- Produire et publier des prospectus simplifiés sur les budgets sensibles au genre et les distribuer par les législateurs, fonctionnaires gouvernementaux et la société civile.
Résultats de l’Indice latino-américain de transparence budgétaire (ILTP) pour le Pérou, Ciudadanos al Día (CAD) par Caroline Gibu
Le 21 novembre 2007, Ciudadanos al Día (CAD), conjointement au Centre de recherche de l’Université du Pacifique (CIUP), a présenté en conférence de presse les résultats de l’ILTP pour le Pérou. En termes généraux, le Pérou a atteint un niveau d’approbation de 52 points, niveau similaire á 2005. Cependant, concernant les variables spécifiques, le Pérou n’a approuvé qu’une seule des 15 variables évaluées, ce qui prouve la nécessité d’implanter des améliorations qui contribuent á ce que le budget public devienne plus transparent et prévisible. (Voir: http://fundar.org.mx/fundar/indicelat/pg/2007/inicio.php?accion=press&pais=peru&ano=2001.)
La bonne nouvelle: il y a plus d’informations publiques
Malgré les chiffres désapprobateurs dans presque toutes les variables, le Pérou a obtenu 69 points sur l’indicateur «Informations sur les critères macroéconomiques», la note la plus haute de tous les pays. Ceci est dû au fait que 86% des experts enquêtés estiment que l’exécutif publie effectivement les pronostics macroéconomiques pour élaborer le budget et que 52% considèrent que les projections des revenus sont fiables.
Une autre catégorie dans laquelle sont appréciées certaines avancées au Pérou, même si la note obtenue n’est toujours pas approbative, est liée à la Loi 27806 sur la transparence et l’accès à l’information, promulguée en 2002. 40% des experts enquêtés ont une bonne perception de son utilité pour obtenir de façon opportune des informations budgétaires non inclues dans le projet de budget, ainsi que des informations sur l’évaluation et le développement des programmes. Cependant, la loi ne se trouve pas encore en processus d’implantation aux différents niveaux de gouvernement.
La mauvaise nouvelle: la méfiance envers les organes de contrôle et la faiblesse de la participation citoyenne
Les résultats de l’ILTP pour le Pérou confirment la méfiance envers les organes de contrôle: 19% des experts à peine considèrent que l’organe général de contrôle de la République est fiable et qu’il contribue à combattre la corruption, à vérifier que le pouvoir exécutif réalise les objectifs physiques du budget et à fiscaliser les dépenses publiques. En outre, 87% (!) ne font pas confiance aux organes de contrôle interne (OCI). C’est l’indicateur au plus mauvais résultat du Pérou.
La deuxième variable la moins bien évaluée est celle de la participation citoyenne. 86% des enquêtés considèrent qu’il n’existe pas de mécanismes pour incorporer l’opinion de la population dans l’approbation, la formulation et les changements réalisés au budget approuvé. Ce qui est observé, c’est que malgré le fait qu’il existe les normes légales nécessaires, ces mécanismes ne sont pas implantés dans la majorité des gouvernements locaux. Ainsi, le processus de budget participatif est surtout un réquisit formel.
Une autre catégorie montrant des déficiences est liée à l’allocation du budget, catégorie pour laquelle le Pérou occupe l’avant-dernière place. 85% pensent en effet que l’allocation du budget est répétitive, c’est-à-dire qu’elle se fonde sur le budget antérieur; 89% considèrent qu’elle ne prend pas en compte l’Accord national; et 96% qu’elle ne prend pas en compte l’évaluation du développement des programmes. Ainsi, il faut mentionner que le Pérou se trouve au cours d’un processus d’implantation du système de budget par résultats, cependant les avancées ne sont pas encore perçues comme significatives.
Pour davantage d’informations, contacter Caroline Gibu à [email protected].
Présentation sur les politiques du FMI en Afrique subsaharienne organisée par ActionAid
ActionAid International EUA a organisé une présentation au sein de la Maison des représentants des Etats-Unis sur les politiques du Fonds monétaire international (FMI) qui ont le plus d’impact sur les dépenses de santé et éducation en Afrique. Tigidankay Kamara-Willis du “Forum for African Women Educationalists” (FAWE) au Sierra Leone, Martha Kwataine du “Malawi Health Equity Network” et Rose Wanjiru d’ActionAid Kenya ont parlé de leurs expériences sur le travail d’analyse et de militantisme budgétaire dans les secteurs de la santé et l’éducation.
Au début de l’année, l’Office d’évaluation indépendante, “Independent Evaluation Office” (IEO), du FMI a informé que bien que les politiques du FMI en Afrique subsaharienne soient orientées au contrôle de l’inflation et des déficits fiscaux, elles ont également suscité des détournements de fonds destinés à couvrir les services sociaux les plus en difficulté. Le rapport a démontré que les réquisits du FMI sur les réserves de devises et les niveaux d’inflation ont eu pour résultat que seule une petite partie de l’argent de l’assistance soit dépensée conformément à ce qui avait été indiqué par les donateurs (en santé, VIH/SIDA et éducation) sur une période raisonnable. ActionAid International a expliqué que le détournement des dépenses vers le combat contre la pauvreté s’est basé sur la compréhension limitée du FMI des conditions nécessaires pour maintenir la stabilité macroéconomique et que les preuves empiriques ne justifient pas la posture du FMI.
Kamara-Willis a décrit les problèmes du système éducatif au Sierra Leone et les mesures urgentes devant être prises si le pays veut réellement atteindre les objectifs du millénaire liés à l’éducation. Kamar-Willis a décrit de quelle façon la guerre civile au Sierra Leone a laissé le système éducatif dans des conditions déplorables. Il a parlé d’améliorer la proportion d’élèves/enseignants, d’augmenter le nombre d’enseignants qualifiés, d’augmenter le pourcentage de femmes enseignantes et de convaincre les enseignants qualifiés d’accepter des postes en zones rurales afin d’atteindre les objectifs du millénaire liés à l’éducation.
Kwataine a parlé des très grandes restrictions du système de santé du Malawi, imposées par les niveaux élevés d’infection du VIH. Il existe une longue liste d’attente pour recevoir le traitement pour le VIH/SIDA. Cependant, le FMI a insisté pour payer de nouveau la dette interne et a défendu l’idée selon laquelle le Malawi manque de la capacité d’absorption pour faire un usage adéquat de l’augmentation de l’assistance.
Wanjiru a suggéré que l’idée du FMI sur la croissance du secteur privé en Afrique subsaharienne n’est pas réaliste. La perspective du FMI sur la stabilité macroéconomique et le maintien de faibles niveaux d’inflation est particulièrement alarmante, puisqu’elle crée un frein à l’augmentation des dépenses sociales. Le FMI a également été critiqué pour son manque de transparence qui affaiblit la participation de la société civile et complique l’obtention d’informations de base comme la date à laquelle se réuniront les fonctionnaires du FMI et les ministres des finances.
Rick Rowden de ActionAid International EUA a suggéré lors de la présentation que les dépenses en santé et éducation doivent être visualisées comme faisant partie d’un plan de développement à long terme au lieu de suivre la vision de court terme du FMI. ActionAid a également fait circuler une lettre envoyée au directeur administratif du FMI, Dominique Strauss-Kahn, par le comité des services de finances de la Maison des représentants, Barney Frank et huit autres représentants qui ont exprimé leur préoccupation concernant les politiques du FMI en ce qui concerne les objectifs d’inflation, les plafonds salariaux et le détournement par voie de conséquence des fonds de l’assistance.
Pour davantage d’informations sur la discussion sur le FMI et les dépenses de santé, voir: Does the IMF Constrain Health Spending in Poor Countries? Evidence and an Agenda For Action par David Goldsbrough du “Center for Global Development”http://www.cgdev.org/files/14103_file_IMF_report.pdf.
INTOSAI ouvre une plateforme pour discuter des systèmes de contrôle ouverts avec la société civile par Vivek Ramkumar
En novembre 2007, l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle, “International Audit Institutions” (INTOSAI) – un groupement international d’agences internationales de contrôle de plus de 181 pays – a organisé sa 19ème réunion trisannuelle dans la ville de Mexico. Les fonctionnaires de contrôle, y compris des chefs d’Etat des agences nationales de contrôle du monde entier, ont échangé des expériences, présenté des idées pour le développement de contrôles du secteur public et ont discuté d’un agenda stratégique pour INTOSAI. La réunion était pour les membres de INTOSAI mais ont également été invités quelques représentants d’autres agences.
INTOSAI a invité “International Budget Partnership” (IBP) et le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (UNDESA) pour parler des systèmes de contrôles ouverts. Ces deux dernières années, l’IBP et UNDESA ont travaillé conjointement dans un programme pour promouvoir une plus grande ouverture dans les systèmes de contrôle du gouvernement et améliorer les niveaux de transparence des contrôles et des activités des contrôleurs généraux. Dans le cadre de ce programme, en 2006, l’IBP et UNDESA ont réuni aux Philippines un groupe de contrôleurs généraux et des groupes de vigilance de la société civile de six pays. Durant la rencontre, les participants ont discuté des opportunités pour renforcer la collaboration entre les contrôleurs et la société civile.
A partir de cette rencontre en juin 2007, l’IBP et UNDESA ont présenté le rapport (disponible sur https://archive.internationalbudget.org/SAIsandCSOs.pdf) sur les discussions qui ont été réalisées aux Philippines dans lequel il a été demandé au secrétaire général de INTOSAI de soutenir la collaboration entre la société civile et les agences publiques de contrôle.
Durant la réunion d’INTOSAI, les personnels de l’IBP et de Fundar (centre d’analyse et de recherche sur les budgets) ont parlé des expériences de la société civile sur le thème du contrôle et de comment la collaboration entre contrôleurs et société civile peut améliorer la responsabilisation du gouvernement quant à l’utilisation de fonds publics. La session plénière a été dirigée par le secrétaire général d’INTOSAI. Il y a eu également des présentations du personnel d’UNDESA et de l’agence nationale de contrôle du Mexique. Par la suite, les exposants ont répondu aux questions des participants, qui ont exprimé leur intérêt pour promouvoir une plus grande collaboration entre les contrôleurs et la société civile. Certains des participants ont exprimé leur préoccupation concernant le fait que cette collaboration peut affecter l’indépendance des agences publiques de contrôle.
A la fin de la réunion a été décidé qu’INTOSAI établirait une plateforme conjointe avec l’UNDESA et l’IBP pour examiner comment les agences nationales de contrôle peuvent accueillir des pratiques collaboratives pour augmenter la participation de la société civile dans le processus de contrôle. L’office de contrôle et d’inspection de Corée du Sud, “South Korean Board of Audit and Inspection” (BAI), a été mis en charge de diriger la plateforme et de développer l’agenda.
Ainsi, le BAI enverra l’un de ses fonctionnaires au sein de l’IBP pour une période d’un an à partir de début 2008. Ce fonctionnaire aidera l’IBP à réaliser des recherches sur les systèmes ouverts de contrôle et travaillera comme lien entre l’IBP et INTOSAI.
Pour davantage d’informations, contacter Vivek Ramkumar à [email protected].
Publication du mois: Behind Closed Doors: the Role of the IMF in Shaping Budget Policies and Processes in Low-income Countries par Paolo de Renzio avec Matteo Bocci et Kristy Kamarck
En avril 2005, le Projet budgétaire internationale et le Centre d’informations bancaires ont réunis leurs réseaux respectifs et ont organisé un atelier global pour discuter des questions liées aux institutions financières internationales (IFI), aux politiques nationales de budget et justice sociale. Une des propositions de l’atelier a été de lancer une étude de cas multinationale pour illustrer le processus au moyen duquel les politiques des IFI influent sur les budgets nationaux, y compris des points essentiels pour l’intervention de la société civile.
Le travail Behind Closed Doors: the Role of the IMF in Shaping Budget Policies and Processes in Low-income Countries de Paolo de Renzio avec Matteo Bocci et Kristy Kamarck réunit les résultats de la première phase de l’étude. Il cherche à informer sur les manières par lesquelles la relation entre le gouvernement et le FMI influence positivement et négativement les politiques et processus budgétaires dans les pays en voie de développement, surtout dans les pays aux faibles ressources et les pays dépendants de l’assistance internationale. Ce travail cherche également à donner aux OSC et aux autres acteurs internes une meilleure explication de ces relations et des opportunités pour influer sur le contenu et le résultat des accords entre le FMI et le gouvernement.
La première partie du rapport examine les politiques du FMI, les instruments de prêts et les guides qui régulent ses relations avec les gouvernements aux faibles revenus. Elle résume les résultats de recherche récente sur l’influence du FMI sur les politiques et processus budgétaires dans les pays aux faibles revenus. La deuxième partie se centre sur des études de cas spécifiques pour la Zambie et la Bolivie pour observer comment fonctionnent certains de ces processus dans des contextes spécifiques. La troisième partie du travail présente certaines grandes lignes initiales pour les OSC qui travaillent dans des pays aux faibles revenus pour qu’elles en sachent davantage sur les relations gouvernement – FMI dans leur pays et identifient des points de départ pour initier le dialogue et le militantisme.
Nouveaux matériaux dans la bibliothèque de l’IBP
Transparency International Bangladesh Impact Assessment
Par Colin Knox et Tahera Tasmin/ “Governance and Social Development Resource Center” http://www.gsdrc.org/docs/open/HD492.pdf
Ce rapport étudie l’impact du travail de Transparence Internationale Bangladesh (TIB) dans le champ de la lutte contre la corruption. TIB a catalysé ou été directement impliquée dans des changements politiques et institutionnels essentiels, de façon plus notable dans la Commission anti-corruption et le processus électoral avec la commission électorale et dans l’exposition du cas de corruption du port Chittagong. L’organisation a également été impliquée dans la ratification par le gouvernement “Caretaker” de la convention de l’ONU sur la lutte contre la corruption.
A Guide for Civil Society on Getting Access to Information from the IMF http://www.ifitransparency.org/doc/Transparency_IMF_GTI.pdf
L’Initiative sur la transparence globale, “Global Transparency Initiative” (GTI), a lancé un nouveau guide sur la transparence du Fonds monétaire international (FMI). Le guide cherche à aider la société civile à utiliser les informations mises à disposition par le FMI. Il doit servir d’outil de référence pour les personnes impliquées dans des activités d’incidence, de recherche et des organisations de suivi budgétaire, ainsi que pour les fonctionnaires publics qui ont besoin d’aide pour obtenir les informations du FMI dont ils ont besoin. Il offre également une perspective sur les changements et les améliorations qui pourraient être impliqués dans la politique de transparence du FMI.
2007 OECD Budget Practices and Procedures Database
http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_37405_2494461_1_1_1_37405,00.html
Cette deuxième édition de “OECD Budget Practices and Procedures Database” a été révisée depuis sa dernière version éditée en 2003. La base de données de l’OCDE est conçue comme une référence navigable pour les personnes travaillant sur les budgets ou désirant comparer leurs expériences et de bonnes pratiques liées aux processus budgétaires et financiers. Les réponses de cette nouvelle enquête sont disponibles dans cette interface pour 38 pays, dont 30 membres de l’OCDE et 8 non membres: l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, la Slovénie, l’Israël, le Pérou et le Venezuela. L’enquête a été conduite à travers un questionnaire en ligne disponible en anglais, français et espagnol mais la base de données actualisée n’est disponible qu’en anglais.
by soapbox | Nov 1, 2007
Increasing Synergies Between Revenue Transparency and Budget Monitoring: The Experience of PWYP Coalitions in Africa by Matteo Pellegrini
The Publish What You Pay (PWYP) coalition campaigns for full transparency in the payment, receipt, and management of revenues paid to the governments of resource-rich developing countries by the oil, gas, and mining industries. Greater transparency is an essential first step to ensure that natural resource revenues serve as a basis for sustainable development, economic growth, and poverty reduction in these countries.
Since June 2007 budget-related advocacy has been officially embedded into the new mission statement of the Campaign. The revised mission statement now explicitly demands that governments of resource-rich countries “establish open, participatory and transparent budget processes at national, regional and local levels in order to consult with civil society on the effective allocation and management of revenues from resource extraction and public finances in order to promote broad-based economic and social development.”
To a large extent, this evolution in the campaign’s goals reflects the direction being taken by PWYP coalitions across the globe and specifically in sub-Saharan Africa. The link between budget monitoring and revenue transparency has always been implicit in PWYP’s mission. Asking that companies publish what they pay and governments publish what they receive would be a sterile exercise without greater transparency and more effective utilization of revenues (“publish how you spend”). This implicit link has been made all the more revenant over the past two years by a combination of evolving perceptions by civil society and context factors.
First, there is an increasing recognition by civil society that monitoring and shaping budget priorities is not sufficient per se to fuel development unless government revenues are maximized. In several African countries, for instance, the state’s budget is fully reliant on the exploitation of natural resources. Yet the lack of transparent and competitive concession processes, poor negotiation skills and political manipulations often result in contracts that are all too detrimental to the state. In this respect, civil society has successfully campaigned for the establishment of contract review processes that allow civil society to assess and participate in the renegotiation of contracts deemed disadvantageous for the state. This is the case of countries such as Guinea, DRC and most recently Nigeria where governments have announced or become engaged in participatory reviews of signed contracts and agreements.
Secondly, the link between revenue transparency and budget monitoring has been encouraged by context factors that often relate to national legislation. In Chad, for instance, the much discussed Law 001 sanctioned this link by allowing civil society to have a say over the utilization of a share of oil-related revenues via institutionalized structures (such as the joint government-civil society oil revenue-oversight committee). Civil society has been able to integrate revenue transparency and budget monitoring efforts in a unified campaigning effort. Specifically, GRAMP-TC (Group for Alternative Research and Monitoring of the Chad-Cameroon Oil Project) has promoted efforts to analyze and raise awareness about the state budget and the utilization of revenues via newsletters and workshops in partnership with other local networks.
It should be noted that PWYP coalitions operating in mining-rich countries have been somewhat more successful at establishing a synergetic and mutually reinforcing relationship between budget monitoring and revenue transparency. This is due to the nature of mining and mining-related legislation, which grants to local communities a greater voice over mining activities and revenues, and establishes clear procedures for transferring a fixed percentage of mining royalties from the national government to local districts or provinces.
For instance, the Integrated Social Development Center (ISODEC), based in Accra, Ghana and the PWYP Ghana coalition have, from the outset, pushed for the incorporation of sub-national reporting of revenue flows into the Ghanaian Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) so as to establish a clear picture of the royalties and fees that are transferred to local districts. EITI data on sub-national reporting has then been used to organize district-level workshops aimed at raising awareness about the amounts transferred to local chiefs with the goal of empowering local communities to monitor the utilization of such transfers. In the DRC, the PWYP DRC platform has trained local parliamentarians in minerals-rich provinces to establish sub-national EITI committees that would monitor the receipt and utilization of forestry and mining taxes (redevances) that the national government transfers back to producing regions.
In oil producing countries, civil society efforts at monitoring state budgets and ensuring revenue transparency have been more ad-hoc in nature. In Ivory Coast for instance, the PWYP Ivory Coast platform’s budget monitoring activities have mainly consisted of training civil society members on the basic concepts of budget monitoring. In the long term, this may facilitate the formation of a budget monitoring platform in a country where the state budget is shrouded in secrecy and opacity. In Gabon, PWYP Gabon has so far compared EITI data on an ad-hoc basis with budget data (or data reported to the IMF), pointing to important discrepancies between revenues reported by the treasury to the EITI, to the IMF periodic missions and to the state budget. This serves as an important reminder that the EITI itself needs to refer to figures from national budgets where such data are available.
In recognition of the intrinsic link between revenue transparency and utilization, the PWYP campaign, working with support from key member NGOs, is set to embark on an ambitious regional capacity-building program that aims to capitalize on the experience of African members working on budget monitoring, and the EITI, in order to define specific training modules that link revenue transparency-related advocacy (notably via the EITI) to the elaboration and implementation of national budgets.
The increasing synergy between budget monitoring and revenue transparency advocacy has just begun and it is likely to continue. International and African development organizations should now endeavor to frame and coordinate ongoing efforts so as to make such advocacy efforts more effective. In addition, African organizations, with support from international partners, should endeavor to disseminate across civil society groups successful approaches to integrating revenue transparency/EITI and budget monitoring.
For more information visit: www.publishwhatyoupay.org and www.eitransparency.org.
Social Accountability and Budget Monitoring in Mozambique by Adriano Nuvunga
The Development Assistance Committee of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD-DAC) has found that, over the past decade, Mozambique received an Official Development Assistance (ODA) of about $10.9 billion. Roughly 60 percent of that money has come in the form of grants, 20 percent, in soft loans and another 20 percent in technical assistance (excluding debt cancellation). In 2004 net ODA funds to Mozambique amounted to about $1.2 billion, which accounts for 23.6 percent of national income. This makes Mozambique one of the continent’s largest recipients of foreign aid, receiving $58 per capita, or more than twice the sub-Saharan African average per capita income of $26.
The country made a dramatic infrastructure recovery, almost reaching pre-war levels. However, since its independence in 1975, the country has faced an unpropitious institutional environment characterized by the following elements:
- Clear supremacy of the executive branch over the legislative branch, where the executive is increasingly indistinguishable from the ruling party.
- No public disclosure of assets or conflicts of interest for government officials, and no disclosure requirements at all for MPs.
- No Freedom of Information Act.
- Limited control, through the budget process, over the government as the steward of public funds.
- Lack of transparency in the form of highly aggregate figures, poor record-keeping and delayed availability of information.
- Secrecy (Some revenues have never been made public.)
- Government discretion to amend the budget without further consultation with parliament.
- Limited audit capacity by the Supreme Audit Institution (Tribunal Administrativo).
- The absence of a public sector Code of Ethics/Conduct.
- The absence of performance management systems in the public sector, and
- The absence of an Ombudsman or other watchdog bodies.
These factors have prompted efforts to improve governance via reforms to strengthen internal accountability in financial audits, accounting systems, administrative reporting and political checks and balances. Yet the evidence suggests that these “supply-side” measures, however important on their own, are not sufficient to make governance work effectively for citizens. According to the Centre for Public Integrity in Mozambique (CIP), it is common knowledge that, in order to tackle the challenges of weak governance successfully, “supply-side” measures must include greater public scrutiny and demand for accountability; hence the importance of having citizens and civil society organizations (CSOs) demand greater participation in social accountability initiatives.
To this effect, four CSOs ─ the CIP, the Mozambican Association for Democracy (AMODE), the Mozambique Debt Group (GMD), and the Human Rights League (LDH) formed a coalition to find ways to monitor the delivery of services at district and local levels of government. The initiative focuses on monitoring the following:
- the extent to which district and local governments are delivering services to the population, as outlined in annual plans
- a determination of whether the services delivered conform with annual plans
- the cost and relevance of the infrastructure/services in a particular district
Armed with reports submitted by district and local governments, members of the coalition will visit the 20 residential quarters to determine whether the 20 water pumps have been built. If so, they will check whether these pumps conform to the original description in the plans. (For example, the original plan may call for the construction of automatic pumps but in the ground there may be manual pumps). The next step in the coalition’s monitoring process is to compare the overall costs of infrastructure to the costs outlined in the budget and procurement process. The final step is for the coalition’s activists to determine whether the infrastructure is relevant to the needs of the citizenry; in short, whether residents are getting value for their money.
Currently, the coalition is designing the training materials for activists who live in the 9 sites that have been selected to launch the initiative. These activists are CSO members who will be joined by one member of municipal assemblies (in the case of municipalities) and one member of the so-called Community Participation and Consultation Institutions (in the case of districts). By forming such teams, the activists can transmit knowledge and incentives to entities that are endowed with legal powers. The activists would also be in a position to demand government accountability and provide incentives for community-based oversight and audits. The field work will start in September and will focus on the 2008 government action plans.
In a public workshop held last October, the coalition presented its initiative to the Parliamentary Committee for Planning and Budgeting. The Committee expressed support for the project and a willingness to participate in the fieldwork and make use of the information gathered. The Committee also offered some input on the methodology that would be used to carry out the project. The Ministry of Planning and Development not only participated but also presented a paper on the ‘official perspective of the concept of governance’. This offered CSOs a clear policy instrument that shed some light on government expectations regarding the CSOs.
The “Tribunal Administrativo” did not attend the workshop, but in various meetings, it expressed support for the initiative and indicated that it would like to collaborate with the coalition for ‘the good of accountability in Mozambique’. Although CIP is heartened by the government’s reaction, it is concerned that the Ministry of Planning and Development, which is responsible for setting policy in this area, is not part of the initiative.
In February, the coalition will initiate contacts with the targeted districts and local governments in order to explain the objectives of the project, their work plan, communicate their desire to make a positive impact in the fight against poverty and corruption; and ensuring good governance by taking lessons from other countries where such initiatives have been successful. The objective of these contacts is to ease potential tensions.
For further information, contact [email protected].
Tracking Rehabilitation Funds After Pakistan’s 2005 Earthquake: The Work of the Omar Foundation by Rocío Campos
On October 8th 2007 the Pakistan-based Omar Asghar Khan Development Foundation and its partners published two reports: Putting Money Where the Needs Are: Matching the Money with People’s Priorities and Living on the Faultline. These publications cover budget analysis findings and program activities. They are aimed at raising awareness amongst decision makers and the public about the many unmet needs of those affected by the 2005 earthquake. The intent of the reports is to develop rehabilitation plans that address the needs and priorities of citizens, promote citizen participation and public accountability, and encourage public action on these issues. More specifically the publications seek to enable citizens to:
- identify their needs and express them in village-based, union council, and district action plans
- engage with decision makers and examine the extent to which these needs are taken into account in government budgets and funds for earthquake relief
- monitor the allocation of relief funds and associated activities
- work to ensure that these needs are addressed in future budgets
- discuss necessary policy changes so that budgets more adequately meet identified needs
Development of Rehabilitation Plans
Over a three-month period in mid-2007, more than 70 male and 30 female local activists received training and support from the Omar Asghar Khan Development Foundation to assist people in 22 selected villages of 10 union councils in Abbottabad District to assess the impact of the earthquake on their lives and identify their rehabilitation priorities. They did this by collectively drawing up Village Rehabilitation Action Plans (V-RAPs).
In designing V-RAPs, the Foundation drew on the experience of several staff members of the national Participatory Poverty Appraisal (PPA) – an appraisal undertaken between 2000 and 2003. The PPAs approach was to focus on the challenges faced by citizens as a result of the 2005 earthquake.
The activists who received training participated in a three-day program that included field research. Activists were drawn from selected villages and worked over a period of 15 days in their own village, engaging with residents and collecting the necessary information. They were supported by Foundation staff members, who conducted site visits to lend support to the activists and ensure quality work. Once the field work was completed, another workshop was held to review the work done. The Foundation awarded Certificates of Recognition to activists who had done especially good work in facilitation, documentation, and presentation. In addition, solutions were found to problems reported, and activists went back to their villages to complete the process. Finally, in mid-June, the activists met again to present their findings. To date, the V-RAP work has been completed in Abbottabad, with work in Mansehra and Battagram planned for the coming months.
In addition to evidence collected from the V-RAPs and public testimony, Living on the Faultline presents quantitative evidence of the weaknesses of government policy regarding earthquake assistance. The Foundation worked in collaboration with the Collective for Social Science Research (CSSR) on this analysis. The analysis draws on an index that measures housing damage by calculating the number of houses completely and partially destroyed in each union council in Abbottabad.
Living on the Faultline also includes a comparison of the distribution of rehabilitation funds across sectors. This analysis found a serious mismatch between citizen needs and budget allocations. In particular, no government funds were allocated for healthcare even though health was identified as one of the top three priorities in 33 of the 51 union councils covered. The governance sector was allocated 25 percent of the total funds, but most of these funds went to Abbottabad’s urban union councils despite the fact that they were amongst the least affected. Indeed, the analysis revealed, some of the funds intended to provide relief for earthquake survivors were being used to renovate and construct urban government buildings.
Their involvement in budget work has provided added incentives to Foundation staff to better monitor budget information, and find more creative ways to analyze it. For example, in late 2007, the Foundation used information on the pace of reconstruction work to argue that it would take 35 months longer than initially planned to make all compensation payments. This information was used to back up demands made in a Citizens’ Charter that compensation be given through a single, payment without pre-imposed conditions on how the money is used and the type of construction undertaken.
Further examination of the district budget for 2007/08 showed that only one new project was approved for the affected union councils. This project -related to government check posts in one area of the district- does not address priority needs. This suggests that areas affected by the earthquake that have received earthquake-specific funding are not receiving regular funding from regular sources. This is clearly inequitable, as the earthquake funds were meant to address the needs specifically generated by the disaster, in addition not as a substitute for regular funding.
Broader Public Mobilization
The Foundation has consistently strived to channel public dissatisfaction into citizen activism. Since the earthquake in 2005, it has organized 30 People’s Assemblies and more than 250 meetings. Together with Hazara Awami Ittehad, which includes over 200 grassroots and professional associations, the Foundation helped channel public opinion into shaping a Citizen Charter of Demands for better rehabilitation support. The Foundation and the Ittehad organized simultaneous protests in areas most affected by the earthquake on October 8th, 2007 to mark the second anniversary of the earthquake. The Foundation also assisted local organizing committees broadening their base by holding village-level consultations.
To read these reports, go to: http://www.oakdf.org.pk/. An Urdu version of the report’s executive summary was also produced and disseminated. The full version in Urdu will be available in the coming months.
The 2008 Ghana Budget, the Centre for Budget Advocacy (CBA) of the Integrated Social Development Centre (ISODEC)
On November 26th, 2007, the Centre for Budget Advocacy (CBA) of the Integrated Social Development Centre (ISODEC) issued a press release on Ghana’s 2008 annual budget and economic policy statement. In the release, CBA offered an assessment of the government’s commitments to the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights and the Millennium Development Goals, and presented its budget analysis to determine how the government plans to acknowledge the right to basic social services, such as education, health, water, and shelter. CBA’s findings are as follows:
Education
The CBA lauds the government’s efforts to expand the School Feeding Programme. This will ease the cost burden on many poor parents and encourage the children not only to enrol but also to remain in school. A major challenge posed by the recent expansion in enrolment, however, is that the infrastructure of schools is inadequate and underdeveloped, particularly in rural areas of the country. Because of this, CBA seeks to raise awareness about the need to improve school infrastructure so as to make the school feeding program meaningful. Moreover, the capitation grant of ¢30,000 has not been increased since 2005 and now at the current rate of inflation will only be worth ¢21,000 in 2008. Thus, there is a need to increase the grant amount so as to reflect current price levels and to ensure value for money in educational expenditure.
Health
Most health facilities in Ghana lack adequate medical equipment and supplies ─ including essential drugs ─ to meet primary health care needs. Following the recent floods, lives were lost in the northern part of the country because health facilities there ran out of basic drug supplies. CBA therefore calls on the government to invest heavily in primary health care to help prevent any such occurrences in the future. CBA also suggests that the government should increase monitoring of healthcare facilities so as to ensure that essential drugs are available.
Water
As the following table demonstrates, the budget for the provision of rural water in 2007 was woefully inadequate:
| Item | Target in 2007 Budget | Achievement by November 2007 ( percent) |
| Sinking of Boreholes | 2,399 | 283 (11.8 percent) |
| Hand dug wells | 1,589 | 63 (3.9 percent) |
| Small town pipes | 54 | 30 (57 percent) |
| Small community pipes | 52 | 0 |
| Piped water schemes | 253 | 0 |
| Rain catchments system | 48 | 0 |
| Spring protection system | 2 | 0 |
This situation is very worrisome given the importance of water to health and the country’s commitment to achieve the MDGs (Millennium Development Goals) of reducing by half the number of persons without access to safe drinking water by 2015. Indeed, the high level of guinea worm infestation in the country calls for greater commitment to providing affordable, potable water, particularly in rural communities.
Housing
Information from the Ghana Living Standards Survey points to very low investment in buildings in rural areas. This can be largely attributed to the level of poverty in these areas, where most citizens live off agriculture and the government’s commitment to that sector has waned over the years. The fact that there is low investment in housing infrastructure was made evident by the massive collapse of buildings in the recent floods experienced in the north. CBA is concerned that the 2008 budget does not include allocations for rural housing. The recent list of beneficiaries clearly demonstrates that funds are mostly being spent in large towns and urban centers such as Nungua, Kpone, Borteiman, and Koforidua.
Roads and Transport
The budget calls for the construction of 15 kilometers of roads in each of the country’s 166 districts. Though a well intended initiative, it does not allow for differing levels of infrastructure development. Some districts, especially in the upper west region and in the areas of the north, are worse off than others and are in greater need of more road construction. It was expected that districts with poor road networks would receive comparably more funding in the budget than better endowed districts.
It is promising to find in the budget the creation of a Rural-Urban Service division of the Metro Mass Transit Company Limited aimed at linking district capitals with other towns within the districts. CBA is hoping that the government will fulfil its pledge ─ as outlined in the 2008 budget ─ to provide Metro Mass Transit service to communities in the Northern, Upper East, Upper West, Volta, Eastern and Brong Ahafo regions. This is necessary to facilitate easy, quick, and affordable access to healthcare, education, and other essential social services that are difficult to reach from rural communities at the district level.
Gender
It is gratifying to read from the 2008 budget that the Ministry of Women and Children Affairs (MOWAC) is making progress in its efforts to generate sex-disaggregated data, establish core expert groups to facilitate gender training in Ministries, Departments, and Agencies (MDAs), coordinate cross-sectional gender policy, and raise awareness amongst chief directors of MDAs about gender issues. The 2008 outlook for MOWAC also includes programs to pilot a gender budgeting approach in three ministries (the Ministry of Food and Agriculture, the Ministry of Education, and the Ministry of Rural Development and Environment) and develop a national gender budget perspective. Because of the recognized need to incorporate gender issues in all aspects of development, CBA wants the government to enhance its support to MOWAC so as to enable effective implementation of its activities.
For more information, contact [email protected].
Using the Radio to Mainstream Budget Transparency, Foro Jóven, Colombia by Rocío Campos
In an earlier issue of the IBP Newsletter (see: https://archive.internationalbudget.org/newsletters/newsletter-no-39-english/) we published an article describing the initiatives by civil society groups in Azerbaijan, Guatemala, Georgia, Indonesia, Kenya, and Uganda to use radio as part of larger budget advocacy and budget literacy efforts. This article offers a recent example of a young organization in Colombia that is determined to explore the radio as means to mainstream budget transparency information amongst young activists.
Foro Jóven a NGO based in Bogotá, Colombia works with young people, women, students, and unions to improve the conditions for democratic participation. While a presence in both radio and television are important to their efforts, they see an advantage in using the radio because it is less expensive than television and easier for people to listen to while they work, drive, or engage in other activities in which a television set is not easily accessible.
In Colombia, television, newspapers, and radio are the main means of information at both the national and regional levels. There are private television and radio networks such as RCN and CARACOL with national coverage, as well as university stations like Javeriana Estéreo from the “Pontificia Universidad Javeriana” in Cali, the station from the “Universidad Jorge Tadeo Lozano” in Bogotá, and at the regional level the radio stations at the “Universidad Tecnológica de Pereira” or the “Universidad de Antioquia.”
Since 2006, Foro Jóven has been a participant of the Open Budget Index (see: http://www.openbudgetindex.org/). The group is currently working with the Universidad Nacional (National University) radio station to discuss budget transparency issues in a program called “Debates en Economía” (“Economic Debates”), which was created by the university’s economics department. The program airs on Sundays from 9:30am – 10:00am and it has included discussions on the Open Budget Index in its last two airings. The program is transmitted to several regions, but is mainly broadcast in Bogotá. It is targeted at university students and social activists.
Foro Jóven is planning to increase awareness on budget transparency and accountability issues through other activities as well, including the creation of a website and the distribution of a bimonthly newsletter. In the future, they also plan to invite public officials to speak on the radio program, and establish open phone lines for questions and comments by members of the general public.
Foro Jóven is hoping to continue working with Universidad Nacional and is currently negotiating air time for the 2008 program schedule. It is also looking into other media outlet opportunities. An important advantage to working with the National University, says Gory Suárez, Director of Foro Jóven, “is that although the university is part of the government, it is autonomous, so we are protected against potential censorship.”
The significance of talking about budget transparency topics on the Universidad Nacional’s radio station cannot be overstated, given that it is the only radio program in Colombia that discusses these issues.
For more information, contact Gory Suárez [email protected].
Tool to Improve Municipal Administration and Citizen Participation, Paraguay by Rocío Campos
In 2005 the organization Alter Vida (see: http://www.altervida.org.py) developed a tool to measure good governance at the local level in Paraguay and allow citizens to understand and evaluate municipal administration. The goals of the scoring system MIDAMOS (“Let’s Measure”) include promoting good governance at the municipal level; encouraging citizens and civil society organizations to develop the capacity to understand and evaluate municipal administration; and supporting the perception amongst authorities and public officials that good governance practices are in their professional, political, and personal interests.
MIDAMOS is a scoring system applied by private sector organizations to evaluate and strengthen the performance of municipal governments with a view to increasing the efficiency of public services. Based on interviews with key actors, site visits, and relevant documentation the authorized organizations prepare reports that score municipal government performance on a scale of one-to-five in 30 categories of work.
Starting in 2006, MIDAMOS was introduced to the “Centro de Información y Recursos para el Desarrollo” (CIRD), or Center for Information and Resources for Development, to expand its application on a larger scale. In 2007 60 municipalities asked to be a part of the MIDAMOS program from a total of 235 municipalities nationwide. The coordinator of the project, Álvaro Caballero, explained that the scores obtained in 2006 by municipalities should be useful to new municipal authorities that took office last December to identify any existing weaknesses in their localities. In municipalities where incumbent officeholders were reelected, it is hoped that the results will provide guidance as to the improvements that are necessary.
In 2008 MIDAMOS will turn to the use of the radio to talk about the performance of municipal governments where MIDAMOS was applied. The idea is to inform and raise awareness amongst citizens on the benefits of having objective indicators on municipal government performance. The citizens who are organized in neighborhood commissions will be able to participate in the presentation of MIDAMOS scores.
To learn more about MIDAMOS, go to: http://www.midamos.org.py.
For more information on CIRD, go to: http://www.cird.org.py.
SIGA Brasil. A Budget Information Tool for Civil Society by Iara Petricovsky
Launched in 2004, “Siga Brasil” (“Follow Brazil”) was created by the Budget Advisory Office of the Brazilian Federal Senate as an information system to help civil society organizations in Brazil monitor public budgets with unprecedented level of detail. The Budget Advisory Office is in charge of approving the budget and assisting senators in making decisions regarding the policies that are to be included in the federal budget.
According to Iara Petricovsky from Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), or Institute of Social and Economic Studies – a non-governmental organization that monitors and assists in the drafting and execution of the budget to ensure that economic social and cultural rights are appropriately represented – until very recently, the available budget data was aggregated, making it useless for budget analysis. Recently, however, the Federal Senate has used the newly created Information and Communications Technologies (ICTs) to make the databases of the Ministry of Planning and Management, the Ministry of Finance and the National Congress available on the internet. This comprehensive information system allows members of the general public to monitor the multi-year plans and the enforcement of the annual budget laws free of charge.
Siga Brasil discloses updated budget planning and execution information organized according to different classifications. In addition, it provides individual and corporate taxpayer identification numbers (CPF and CNPJ respectively) of beneficiaries of government payments. As soon as it was made available online, Inesc started using Siga Brasil to conduct technical analyses and provide data to other civil society partners and the media.
Members of the Federal Senate’s Budget Consultancy unit have provided capacity-building courses to Inesc’s team and have also attended courses organized by Inesc for civil society. Similar courses are set to take place in 2008 in the northern part of the country, away from the power center of Brasilia.
In addition to Siga Brasil, other initiatives that help the population to monitor the state’s expenditures include the Portal da Transparência or Transparency Portal (www.transparencia.gov.br), organized by the General Comptroller’s Office, and the experience of the State Government of Sao Paulo (www.fazenda.sp.gov.br/contas). Inesc believes that although it is still a distant dream that monitoring public spending will become common practice amongst the majority of the population, it is not impossible.
The Brazilian Constitution establishes the right for citizens to receive information of general interest from public institutions. In addition, the Fiscal Responsibility Act guarantees that the government’s accounts are made available for analysis and appraisal by any taxpayer. Thus, Siga Brasil is gaining access to information in a world where the relationship between the state and society at large is growing more dynamic than ever.
To learn more about Siga Brasil, go to: www.senado.gov.br/siga.
To learn more about Inesc, go to: http://www.inesc.org.br.
For more information, contact Iara Petricovsky at: [email protected].
Fiscal Transparency and Gender-Responsive Budget Initiative in Nigeria by Show Ei Tun
Despite the continuing influx of massive amounts of income from its oil and gas sectors, which represent 99 percent of its total export revenue, Nigeria’s per capita GDP, according to World Bank estimates was only about US$675 in 2005 (see: http://www.worldbank.org/en/country/nigerial). Poverty is widespread, with about 52 percent of the population living on less than one dollar per day. One of the key culprits for this is associated with the lack of transparency and accountability surrounding the government’s budget-making process.
An April 2007 policy brief by the Revenue Watch Institute, entitled “Leaving a Legacy of Transparency in Nigeria,” indicates that, even though Nigeria implemented two major reforms beginning in 2003 ─ the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) and the publication of the amount of revenue transferred each month from the federal to all state and local governments in government websites and local newspapers ─ the overall budget process remains relatively closed. According to the International Budget Partnership’s Open Budget Index 2006, Nigeria scores only 20 points out of a possible 100. It is thus categorized as a country where government provides “scant or no information” to their citizens on financial and budget activities. Nigeria does not produce any reports on citizen budgets, and its in-year, mid-year and year-end budget reports and audit reports are not made available to the public.
In response to the lack of budget transparency a Nigerian NGO Civil Resource Development and Documentation Center (CIRDDOC) has initiated a pilot project entitled “From Project to Policy Change: Toward Engendering and Democratizing the Budget Process in Nigeria.” Founded in 1996, CIRDDOC is based in Enugu, the South East of Nigeria. Its mission is to promote and protect human rights by working to strengthen civil society, improve access to education, encourage citizen participation; advocate for more democracy, good governance and budget monitoring; raise awareness about violence against women, and support reproductive rights. It is also a member of the Nigeria Gender Budget Network, an umbrella group of civil society organizations and professionals that work on gender-based budget initiatives.
The purpose of the pilot project is to introduce the concept of gender budgeting to various stakeholders and also “to empower government officials, NGOs and community-based organizations (CBOs) to improve the budget process towards gender responsiveness, transparency, and effective citizen’s participation.”
According to CIRDDOC, the incorporation of gender sensitivity into national, state, and local budget making is almost non-existent. CIRDDOC is concerned, for example, that the government’s efforts to reduce the spread of HIV/AIDS do not take into account acts of violence against women such as rape and harmful traditional practices including female genital mutilation (FGM), which are amongst the leading causes of HIV/AIDS amongst women. According to Ms. Oby Nwankwo, the Executive Director of CIRDDOC, “We have been advocating for women’s reproductive rights for some time, but things haven’t improved much. For example, maternal mortality rates remain very high in Nigeria. We realized that the government does express a general concern for health but is not committed to allocate adequate funding for prenatal or postnatal care that would substantially reduce maternal mortality rates. This is one of the reasons why we decided to engage in gender budget work to promote gender responsive budgeting and build the capacity of government and civil society to adopt it.”
On a positive note, CIRDDOC points to high-level efforts by the government to begin addressing these issues. For example, Nigeria is a State Party to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ rights on the Rights of Women in Africa, although it is yet to incorporate the provisions of these instruments in its national legislation. Nigeria is also a member of the Commonwealth Plan of Action on Gender and Development, which calls for governments to distribute resources and decision-making power equally amongst men and women. Only last year, Nigeria adopted a National Gender Policy along those lines.
CIRDDOC’s pilot project on gender budget work will focus on the state of Anambra. This seems a strategic state because it is densely populated. In addition, almost all of the area has arable land and largely untapped crude oil and natural gas reserves. With the potential revenue generated by the above natural resources, it is imperative that gender-sensitive budget-making mechanisms are in place so that men and women in the state will benefit equally.
CIRDDOC’s activities for the coming year include:
- The Budget Process and Civil Society Participation in Nicaragua by Dayra Valle Orozco
- Holding a national seminar on gender budgeting and fiscal transparency for government officials and members of NGOs and CBOs
- Conducting advocacy campaigns and policy dialogues with various legislatures, government officials and policymakers in the capital, Abuja, as well as in the Anambra state House of Assembly, so as to push for laws that guarantee that the needs of women are accounted for in the budget-making process
- Producing and publishing simplified and reader-friendly pamphlets on gender responsive budgeting and distributing them amongst legislatures, senior government officials, and civil society
Latin American Transparency Index 2007: Results for Peru, Ciudadanos al Día (CAD) by Caroline Gibu
On November 21st, 2007 Ciudadanos al Día (CAD) and the Research Center at Universidad del Pacífico (CIUP) held a press conference at which they presented the results of Peru’s performance in the Latin American Index. In general, Peru obtained an approval rating of 52 points, very close to their 2005 score. However, the country only obtained a passing score in 1 of 15 variables examined. This demonstrates the need for greater transparency and predictability in the budget process. (See: http://fundar.org.mx/fundar/indicelat/pg/2007/inicio.php?accion=press&pais=peru&ano=2001.)
Good News: There is More Public Information
In spite of its failing scores in almost all the variables, Peru scored 69 points under the “information about macroeconomic criteria” variable, the highest score of all the countries in the index. Eighty-six percent of the experts surveyed to determine Peru’s performance in that area said that the government had made public its macroeconomic projections in drawing up the budget, and 52 percent of those questioned said that income projections by the government were reliable.
Another category in which Peru has made progress (although it failed to obtain a passing score) is related to the Transparency and Access to Information Law, which was passed in 2002. Here, 40 percent of experts surveyed said that the government provided timely access to both budget information not included in the budget draft and information on the evaluation and performance of government programs. However, the law is still in the process of being implemented at different government levels.
Bad News: Lack of Trust in Control Entities and Low Citizen Participation
The index results for Peru show that there is little confidence amongst experts surveyed about audit and control mechanisms in the country. Only 19 percent of experts believe that Peru’s General Comptroller is trustworthy, that it contributes to the fight against corruption, verifies that the executive fulfills the goals of the budget, or scrutinizes public spending. Additionally, 87 percent of experts questioned indicated that they do not have confidence in the work of the “Oficinas de Control Interno” (OCI), or Internal Comptroller Office. This is the indicator in which Peru obtained its lowest score in the index of variables.
The second-worst score involved citizen participation. Here, 86 percent of experts surveyed said that there are no mechanisms to solicit opinions from the general public in the budget formulation and approval processes or in any changes made to the approved budget. It was observed that, even when the necessary legal norms are in place, they are not implemented in most local governments. Hence, the participatory budget process is a mere formality.
Finally, Peru received the second-to-worst score amongst the countries examined in the area of budget allocation process, which 85 percent of experts surveyed said was repetitive, meaning that it is based on the previous year’s budget. Eighty-nine percent of respondents expressed the belief that the budget allocation process does not take into account the National Agreement and 96 percent said that it does not take into account the evaluation of program performance.
For more information, contact Caroline Gibu at [email protected].
Briefing on IMF Policies in Sub-Saharan Africa organized by ActionAid
ActionAid International USA hosted a briefing in the U.S. House of Representatives on International Monetary Fund (IMF) policies that impact African health and education spending. Ms. Tigidankay Kamara-Willis of the Forum for African Women Educationalists (FAWE) in Sierra Leone, Ms. Martha Kwataine of Malawi Health Equity Network, and Ms. Rose Wanjiru of ActionAid Kenya all recounted their experiences working on budget analysis and advocacy in health and education.
Earlier this year, the IMF’s Independent Evaluation Office (IEO) documented IMF policies in Sub-Saharan Africa that, while aimed at controlling inflation and fiscal deficits, also led to a diversion of funds away from critical social services. The report showed that IMF requirements on currency reserves and inflation levels resulted in only a small fraction of new aid dollars being spent as donors intended (on health, HIV/AIDS, and education) within a reasonable time period. ActionAid International argued that the diversion away from spending on poverty alleviation was based on the IMF’s faulty understanding of the necessary conditions to maintain macroeconomic stability, and that the empirical record did not justify the IMF’s stance.
Kamara-Willis described the problems in Sierra Leone’s education system and how urgent action was needed if Sierra Leone was to meet the Millennium Development Goals (MDGs) related to education. Kamara-Willis described how the civil war in Sierra Leone had left the educational system in severe disrepair. She highlighted improving the pupil-to-teacher ratio, increasing the number of qualified teachers, increasing the percentage of women teachers, and convincing qualified teachers to take assignments in rural areas so as to meet the MDGs educational goals.
Kwataine discussed the extreme strains on the Malawi health system posed largely by high rates of HIV infection. In Malawi, there is a long waiting list to receive treatment for HIV/AIDS. However, the IMF had insisted on domestic debt repayment and advanced the idea that Malawi lacked the absorptive capacity to make proper use of increased aid.
Wanjiru suggested that the IMF’s idea of private sector-led growth in Sub-Saharan Africa was not realistic. Particularly troubling is the IMF’s focus on macroeconomic stability and maintaining low inflation, which creates a deterrent to increasing social spending. The IMF was also criticized for its lack of transparency, which undermines civil society participation and makes it difficult to obtain even basic information such as the time that IMF officials and finance ministers will be meeting.
Rick Rowden of ActionAid International USA suggested at the hearing that health and education spending need to be viewed as part of a long term development plan, instead of through the shorter time horizons used by the IMF. ActionAid also circulated a letter sent to IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn by the U.S. House of Representatives’ Committee on Financial Services Chairman Barney Frank and eight other US Representatives which expressed concern about IMF policies in the area of inflation targets, wage bill ceilings, and the resultant diversion of aid dollars.
For a more detailed discussion of the IMF and health spending please see Does the IMF Constrain Health Spending in Poor Countries? Evidence and an Agenda For Action by David Goldsbrough of the Center for Global Development at http://www.cgdev.org/files/14103_file_IMF_report.pdf.
INTOSAI Establishes a Platform to Discuss Open Audit Systems with Civil Society by Vivek Ramkumar
In November 2007 the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) – a professional body that draws membership from national audit agencies in more than 181 countries – convened its 19th triennial general body meeting in Mexico City. Senior audit officials, including heads of national audit agencies from all over the world, exchanged experiences, presented ideas for the development of public sector audits, and discussed a strategic agenda for INTOSAI. The meeting was primarily meant for INTOSAI members, but a few representatives from other agencies.
Significantly, INTOSAI invited the International Budget Partnership (IBP) and the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) to make a presentation on open audit systems. For the past two years, IBP and UNDESA have been jointly working on a program to promote greater openness in government audit systems and to make the conduct of audits and the activities undertaken by auditors general more transparent. As part of this program, in 2006, IBP and UNDESA convened a meeting in the Philippines that gathered audit officials and civil society watchdog groups from six countries. At that meeting, participants discussed opportunities for strengthening collaboration between auditors and civil society.
Subsequently in June 2007 IBP and UNDESA presented the report (available at https://archive.internationalbudget.org/SAIsandCSOs.pdf) on the discussions held in the Philippines to INTOSAI’s Secretary General and asked for his support in promoting collaboration between civil society and public audit agencies. IBP and UNDESA were invited by the Secretary General to attend INTOSAI’s general body meeting in Mexico and to present their experiences and ideas on open audit systems.
At the meeting, chaired by the INTOSAI Secretary General, staff from IBP and Fundar (a Mexican budget research group) made presentations at a plenary session on civil society experiences in auditing, and provided a rationale on how collaboration between auditors and civil society can improve government accountability in the use of public funds. Presentations were also made by senior staff from UNDESA and Mexico’s national audit agency. Later, panelists answered questions from the session’s participants, many of whom expressed interest in and support for greater collaboration between auditors and civil society. A few participants cautioned on the need to ensure that such collaboration not jeopardize the independence of public audit agencies.
At the conclusion of the INTOSAI general body meeting, it was decided that INTOSAI would establish a joint platform with UNDESA and IBP to examine the issue of how national audit agencies could foster collaborative practices to increase participation from civil society in the audit process. The South Korean Board of Audit and Inspection (BAI) – Korea’s national audit agency – was tasked with chairing the platform and developing the agenda. Details on the agenda and platform membership are currently under discussion.
In a related development, the Korean BAI has sent a senior official to IBP for a period of one year. This official will assist IBP in conducting research on open audit systems and will act as a liaison between IBP and INTOSAI. The official is expected to join IBP in early 2008.
For more information on INTOSAI’s joint platform, contact Vivek Ramkumar at [email protected].
Publication of the Month: Behind Closed Doors: the Role of the IMF in Shaping Budget Policies and Processes in Low-income Countries by Paolo de Renzio with Matteo Bocci and Kristy Kamarck
In April 2005, the International Budget Partnership and the Bank Information Center brought their respective networks together and held a global workshop to discuss issues related to international financial institutions (IFIs), national budget policy, and social justice. One of the proposals put forward at the workshop was to embark on a “multi-country case study mapping the process by which IFI policies influence country budget policies, including key points for civil society intervention.”
The paper Behind Closed Doors: the Role of the IMF in Shaping Budget Policies and Processes in Low-income Countries by Paolo de Renzio with Matteo Bocci and Kristy Kamarck brings together the results of the first phase of the study. It aims to document the ways in which IMF-government interactions have positive and negative influence on budget policies and processes in developing countries, particularly in low-income, aid-dependent countries. It is also meant to provide CSOs and other domestic actors with an improved understanding of the underlying dynamics of such relationships and of existing or potential opportunities for influencing the content and outcome of IMF-government agreements.
The first part of the paper examines the IMF policies, lending instruments and guidelines that govern its interaction with low-income country governments. It summarizes findings from recent research on IMF influence on budget policies and processes in low-income countries and on civil society engagement in these issues. The second part draws on the specific case studies of Zambia and Bolivia to tease out how some of these processes work in specific contexts. The third part of the paper provides some initial guidance for CSOs that work in low-income countries so that they can learn more about IMF-government relations in their country and identify entry points for dialogue and advocacy.
New in the Budget Library
Transparency International Bangladesh Impact Assessment
By Colin Knox and Tahera Tasmin/ Governance and Social Development Resource Center
This report examines the impact of Transparency International Bangladesh (TIB) work in the anti-corruption field. TIB has catalyzed or been directly involved in key institutional and policy changes, most notably in reforming the Anti-Corruption Commission and the electoral process with the Election Commission and exposing major corruption in Chittagong Port. It has also been involved in the Caretaker Government’s ratification of the UN Convention on Anti Corruption.
A Guide for Civil Society on Getting Access to Information from the IMF
http://www.ifitransparency.org/doc/Transparency_IMF_GTI.pdf
The Global Transparency Initiative (GTI) has launched a new guide on transparency at the International Monetary Fund (IMF). The guide seeks to help civil society learn how to use information that is already made available by the IMF. It should serve as a useful reference tool for a range of people from advocacy, research and budget monitoring organizations to lawmakers and government officials who need help in understanding how to get the information they want from the IMF. It also provides an insight into the improvements that could be made in the IMF’s transparency policy.
2007 OECD Budget Practices and Procedures Database
http://www.oecd.org/document/61/0,3343,en_2649_37405_2494461_1_1_1_37405,00.html
This second edition of the OECD Budget Practices and Procedures Database has been revised since it was last compiled in 2003. The OECD Database is designed as an easily searchable reference for budget practitioners and others interested in comparing national budgeting and financial management processes to share experiences and best practices. The responses from the new survey are available on this interface for 38 countries, including the 30 OECD member countries and 8 non-members: Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, Israel, Peru, Slovenia, and Venezuela. The survey was conducted via an online questionnaire, which was available in English, French, and Spanish, although the updated database is currently only available in English.
