Newsletter No. 41 – Spanish

Resultados del índice de transparencia presupuestaria para América Latina 2007

El pasado 21 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela lanzaron los resultados de la cuarta ronda del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2007. (Ver: http://www.fundar.org.mx/fundar/indicelat/).

El estudio revela que la ausencia de mecanismos efectivos para la participación ciudadana sigue siendo el área más vulnerable para todos los países participantes. Por ello, el estudio hace recomendaciones como abrir canales que les permitan a los ciudadanos compartir sus opiniones durante la fase de aprobación del proceso presupuestario y promover aquellos mecanismos ya existentes para incorporar a la opinión pública en el presupuesto.

Las áreas más transparentes a nivel regional son la presentación de proyecciones macroeconómicas en la propuesta del ejecutivo; las responsabilidades de la legislatura en la fase de aprobación del proceso presupuestario y la capacidad de la legislatura de hacer cambios durante la ejecución del presupuesto. A pesar de esto, es importante decir que en general las calificaciones fueron consistentemente bajas.

Bolivia, Ecuador y Venezuela se unieron al estudio por primera vez y recibieron calificaciones muy bajas. En una escala de 1 a 100 Bolivia obtuvo 42 puntos, Ecuador 40 puntos y Venezuela 33 puntos. Colombia con 38 puntos es la calificación más baja después de retroceder 20 puntos desde 2005. Costa Rica, por el contrario, obtuvo 67 puntos en la calificación general siendo el único país en obtener una calificación aprobatoria. A pesar de que Guatemala obtuvo 7 puntos más que en la última ronda, sólo llegó a 50 puntos. México también retrocedió y redujo su calificación de 54 a 50 puntos.

De acuerdo con el estudio los principales retos para estos países son:

  • abrir espacios de participación ciudadana para discutir las prioridades del presupuesto;
  • mejorar las condiciones de control sobre el presupuesto en vista de que las instituciones de auditoría carecen de credibilidad en la mayoría de los países;
  • aumentar la calidad, profundidad y oportunidad de la información presupuestaria.

Las organizaciones que participaron en el estudio son el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) (Bolivia), Foro Joven, Proyección Andina y Codelibera (Colombia), Programa Estado de la Nación, Fundación Arias para la Paz el Progreso Humano y la Universidad de Costa Rica (Costa Rica), Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD) (Ecuador), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) (Guatemala), Fundar, centro de análisis e investigación (México), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) (Nicaragua), Ciudadanos al Día (CAD) (Perú) y Transparencia Venezuela (Venezuela).

Asistencia del Banco Mundial a la Agricultura en el sub-Sahara africano: reseña por Daisy Owomugasho, Uganda Debt Network (UDN)

La guerra en contra de la pobreza en el sub-Sahara africano “Sub-Saharan Africa” (SSA) recibió un estímulo con la publicación del estudio en 2007 del Grupo de Evaluación Independiente “Independent Evaluation Group” (IEG) del Banco Mundial bajo el título, Asistencia del Banco Mundial a la Agricultura en el sub-Sahara africano: una reseña de IEG.

En Uganda la publicación del estudio no pudo ser más oportuna en vista de la necesidad de fortalecer los esfuerzos de la sociedad civil – bajo el Grupo de Incidencia Presupuestario – por aumentar las asignaciones presupuestarias al sector agrícola. El principal hallazgo del reporte es que el sector agrícola en SSA ha sido ignorado tanto por los gobiernos como por la comunidad de donatarios, incluyendo al Banco Mundial. Esto es algo que las organizaciones de la sociedad civil – incluyendo a UDN – han venido diciendo durante la última década o más sin llegar a nada concreto. La agricultura es el medio más importante de la mayoría de las economías en SSA. En Uganda 80 por ciento de la población depende de actividades agrícolas. Por ello, un enfoque en la agricultura es central para enfrentar a la pobreza. Sin embargo, en Uganda la agricultura recibe la segunda porción más pequeña del presupuesto. Las OSCs piden que por lo menos 10 por ciento del presupuesto sea destinado a la agricultura conforme al Acuerdo de Maputo de 2003.

¿Cuenta el Banco con una estrategia de agricultura?

Quizás el argumento más categórico de este estudio es que: “Si África desea alcanzar las metas del milenio “MDGs” (Millennium Development Goals) debe de desarrollar su sector agrícola” (p.3). Este punto esta ausente en documentos previos sobre la estrategia del Banco en este tema. Lo cual refleja el cambio paradigmático de crecimiento económico, durante el período de Robert McNamara en los 1970s, a un paradigma de desarrollo más amplio en África. Este nuevo paradigma “comprometió al Banco a un desarrollo rural integral para atacar directamente el desarrollo rural de África (Eicher, 1999). Mientras en Asia el enfoque más amplio en lo rural no se dio sino hasta después del enfoque inicial en la producción de alimentos y la construcción de instituciones, la atención al desarrollo de la agricultura por parte de donatarios no se dio en África debido al cambio de prioridades” (p.4).

A mediados de 1980, “el Banco comenzó a ampliar su papel en desarrollo humano y el desarrollo sustentable y ambiental se convirtieron en conceptos importantes” (p.12). Los documentos estratégicos del Banco que se publicaron en este período tales como “Vision to Action” (1997) y “Reaching the Rural Poor” (2003) tomaron este enfoque más amplio que, a su vez, “provocó aumentos en los préstamos rurales del Banco, aunque la agricultura pasó a ser un porcentaje menor del portafolio rural total.”

El estudio de IEA expone que mientras en los años sesenta y setenta la capacidad técnica del Banco – para apoyar a la agricultura era muy fuerte – esto cambió en 1987 después de la reorganización del Banco. Esto, a su vez, redujo el número de personal técnico en agricultura. El enfoque en desarrollo social y desarrollo rural amplio terminó en manos de personal poco calificado. A fin de cuentas, había poco interés entre los directores nacionales del Banco en apoyar proyectos de agricultura ya que “tomaban más tiempo, eran más riesgosos y más caros en su diseño e implementación.”

Compromiso de los gobiernos africanos

La reseña también se centra en el subdesarrollo de los gobiernos africanos en la agricultura. Habla de la necesidad de contar con voluntad política a los niveles más altos del gobierno. A pesar de que en los documentos sobre estrategias para la reducción de la pobreza de IEG “PRSPs Review” (IEG, 2003b), se dice que 94 por ciento de los PRSPs de países africanos identificaron cuestiones agrícolas como aspectos centrales en la lucha contra la pobreza, muchos continuaron asignando menos del 1 por ciento de sus presupuestos a la agricultura. Cabe mencionar que estos son los mismos países que en julio 2003, durante el encuentro en Maputo, Mozambique, acordaron asignar por lo menos 10 por ciento del presupuesto nacional para implementar políticas y programas de apoyo el crecimiento agrícola en un período de cinco años. Ahora el Banco busca a NEPAD y CAADP para aumentar el compromiso político entre los gobiernos africanos a fin de apoyar el desarrollo de sus sectores agrícolas.

Hallazgos clave y recomendaciones

Los principales hallazgos del estudio de IEA son:

  • Las áreas agro-ecológicas en África son poco uniformes con suelos pobres, precipitación variable y sequías constantes. El acceso de granjeros a la irrigación y el transporte es limitado, igual que el acceso a crédito, mejores semillas y fertilizantes.
  • El estancamiento en la producción agrícola debido a la escasez de tierra, frente al aumento en el crecimiento de la población, trae consigo disputas sobre derechos de propiedad.
  • Los gobiernos africanos han utilizado los recursos agrícolas como una fuente de crecimiento pero no han invertido adecuadamente en su desarrollo.
  • Los granjeros deben de convencerse de que les conviene introducir nuevas tecnologías, como diversificar la variedad de siembras más riesgosas que dependan de la disponibilidad de agua y fertilizantes.
  • Se necesitan desarrollar asociaciones público-privadas, con donatarios y con actores que aporten en áreas que ofrezcan una ventaja comparativa.

Las recomendaciones del estudio para el Banco incluyen:

  • Conseguir mejorías en la productividad agrícola al establecer metas realistas para la irrigación y reconocer la necesidad de aumentar la agricultura con base en el suministro de agua mediante mejoras a la calidad de la tierra y al manejo del agua y las sequías. Asimismo, debe de ayudar a diseñar mecanismos eficientes que incluyan asociaciones público-privadas y el desarrollo de la mercadotecnia y de la infraestructura de transporte.
  • Mejorar el trabajo del Banco en agricultura mediante el aumento a la cantidad y calidad del trabajo analítico; fomentar el análisis del gasto público para evaluar la disponibilidad de recursos para la agricultura; y reconstruir capacidades técnicas con base en la evaluación de las brechas existentes.
  • Establecer metas para medir el progreso mediante la mejoría de sistemas de información para darle seguimiento a las actividades apoyadas por el Banco; fortalecer el monitoreo y evaluación para reportar sobre actividades del proyecto en varias zonas ecológicas y desarrollar un sistema para coordinar las actividades agrícolas en un país con caminos, mercados cercanos y condiciones de suelo.

Para leer el reporte, ir a: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTASSAGRISUBSAHAFR/0,,menuPK:4422655~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4422577,00.html

 


 

Reporte de CMI sobre el proceso presupuestario, la sociedad civil y la transparencia en Angola. Réplica de Soren Kirk Jensen, Programa de Angola para la Justicia Económica

En el último ejemplar del boletín del IBP presentamos el reporte Budget, State and People: Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola por Jan Isaksen, Inge Amundsen, y Arne Wiig con Cesaltina Abreu del Instituto Chr Michelsen “Chr Michelsen Institute” (CMI). En este ejemplar Soren Kirk Jensen, Coordinador del Programa de Angola para la Justicia Económica – fundado por “Catholic Relief Services” (CRS) y miembros de ”Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité” (CIDSE) – comparte sus comentarios sobre el reporte.

Durante los últimos tres años he trabajado muy de cerca con la iglesia católica en Angola para aumentar su capacidad de activismo con base en investigación que promueva la transparencia. Esto me ha permitido apreciar ejemplos de investigación sólida y bien documentada sobre el contexto político y económico de Angola. El reciente reporte del “Chr. Michelsen Institute” sobre el proceso presupuestario en Angola es una bienvenida contribución a este tipo de investigaciones que van en aumento. El reporte presenta un panorama muy detallado del proceso presupuestario en Angola y tiene el potencial de promover el conocimiento que las organizaciones de la sociedad civil necesitan para involucrarse  efectivamente en este importante proceso político.

Es posible que el reporte trate de abarcar demasiado como cuando analiza los acuerdos fiscales en el sector petrolero y el papel de Sonangol en el capítulo 4.6. El sector petrolero es de suma importancia para las finanzas públicas de Angola ya que la gran mayoría de los ingresos salen de aquí; pero también es un sector muy complejo que difícilmente se puede explorar en unas cuantas páginas. Como lector es fácil perderse en el largo capítulo 4, que no ayuda a que el reporte cumpla con su objetivo de ser ”un medio de información e ideas útiles para la sociedad civil en Angola.” (p. 1). Si la audiencia del reporte efectivamente se trata de organizaciones de la sociedad civil, el reporte se habría beneficiado de una revisión editorial con esto en mente.

El reporte se enfoca en la participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario y hace referencia a algunos esfuerzos existentes. En su resumen ejecutivo, el reporte menciona que “Catholic Relief Services” (CRS) participó en el Cuestionario de Presupuestos Abiertos “Open Budget Questionnaire” (OBI) del Proyecto Internacional de Presupuestos en 2006. Es importante aclarar que la organización que implementó el (OBI) en Angola fue la Comisión de la Justicia y de la Iglesia Católica para la Paz “Catholic Church’s Peace and Justice Commission.” CRS colaboró de cerca con un grupo de miembros de CIDSE para apoyar el esfuerzo de responder el OBI. El reto del cuestionario es que eleva los estándares en términos de las capacidades esperadas de organizaciones locales para hacer investigación y análisis político. Siguiendo el enfoque del IBP de adjuntar un “accompanier” al proceso de recolección de información y reportar información de forma sistemática (y en inglés) el grupo CRS-CIDSE aplicó el cuestionario como una herramienta de aprendizaje “learning-by-doing tool,” lo que ha probado ser muy provechoso para incentivar capacidades. (Para ver los resultados del OBI para Angola, ir a:  https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/country-info/?country=ao.)

La lista de recomendaciones de CMI para la sociedad civil es ambiciosa y a la vez un tanto general. La experiencia que ha ganado CRS-CIDSE sugiere que existe una necesidad de contar con enfoques concretos, innovadores y de largo plazo para el incentivo de capacidades. Cabe mencionar que el reporte parece proponer una actividad que ya tuvo lugar. Nos referimos al taller de IDASA y “World Learning” sobre trabajo presupuestario. En 2006 estas organizaciones ofrecieron dos talleres de esta naturaleza, así que no queda claro si el reporte se refiere a un taller posterior de seguimiento a estos dos talleres. Una lección clave de los talleres mencionados es que hay límites sobre lo que pueden lograr. A pesar de que los talleres fueron de muy alta calidad y enfatizaron la importancia de que las organizaciones participantes se involucraran de inmediato en actividades presupuestarias concretas, sólo la organización “Peace and Justice Commission” consiguió hacerlo cuando tuvo lugar el segundo taller. Esto se debe a que muchas OSCs en Angola enfrentan dificultades para implementar sus actividades de investigación e incidencia. Por ello, existe una gran necesidad de que ONGs internacionales apoyen a organizaciones locales en la fase de la implementación. Cabe resaltar que esto no se debe de confundir con que las ONGs internacionales lleven a cabo la implementación, ya que esto presentaría problemas de legitimidad y no se cumpliría con los objetivos de incentivar capacidades.

En resumen, la recomendación clave para los donatarios sería cambiar de una estrategia de apoyo de corto plazo – en donde el financiamiento es utilizado para una larga cadena de reuniones, talleres y conferencias – a una estrategia de apoyo de largo plazo más compleja que se enfoque en el fortalecimiento institucional y apoyo técnico. Esto le permitirá a las organizaciones locales dedicarse por completo a las actividades de investigación e incidencia sobre temas de transparencia presupuestaria.

Para mayor información, contactar a Soren Kirk Jensen [email protected].

 


 

Reseña sobre la reciente publicación del FMI Illuminating Resource Revenue Transparency – A New Guide by the IMF por Akram Esanov, Revenue Watch Institute

¿Cómo se promueve la transparencia fiscal en países ricos en recursos naturales? Un gran número de instituciones políticas y organizaciones no gubernamentales ha tratado de resolver este dilema. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente presentó una valiosa herramienta para evaluar prácticas de transparencia sobre ingresos derivados de la extracción de recursos al publicar una versión revisada de la Guía sobre la transparencia de ingresos derivados de recursos naturales “Guide on Resource Revenue Transparency.” Desde su primera publicación en 2005 la guía se ha convertido en la principal fuente de referencia para organizaciones de la sociedad civil y gobiernos en países con recursos abundantes.

Conforme al código de buenas prácticas sobre transparencia fiscal del FMI “IMF Code of Good Practices on Fiscal Transparency,”  la guía identifica cuatro pilares para la buena administración de la transparencia fiscal: (1) claridad en los roles y responsabilidades, (2) procesos de presupuestos abiertos, (3) disponibilidad pública de información y (4) garantía de integridad. El primer principio implica que el marco legal nacional debe de estipular claramente los términos gubernamentales de propiedad de los recursos naturales y el régimen fiscal debe de salvaguardar la participación directa y equitativa del gobierno en asuntos de recursos. El segundo principio recomienda la inclusión de un estatuto político sobre la tasa de explotación de recursos naturales y la administración de ingresos derivados de recursos naturales en el marco presupuestario. El tercer principio de apertura de información requiere de documentación presupuestaria adecuada sobre ingresos y egresos derivados de recursos naturales; reportar sobre los pagos de las industrias extractivas y publicar la deuda del gobierno vinculada a dichos recursos. Finalmente, asegurar el principio de integridad pone énfasis en la importancia del control interno y de los procedimientos de auditoría independiente para el manejo del flujo de recursos; vigilancia de las compañías en el sector de recursos y la necesidad de un marco claro para la administración de impuestos.

Conforme a discusiones con la comunidad de tomadores de decisiones, la versión actualizada del código incluye requisitos más explícitos para algunas prácticas. Por ejemplo, especifica un marco fiscal de mediano plazo y una auditoría de las cuentas fiscales. Los nuevos requisitos del código están incluidos en su totalidad en la guía. En particular, la guía actualizada discute temas fiscales como el marco presupuestario de mediano plazo, reportes de largo plazo, fondos vinculados a recursos naturales y vigilancia interna del flujo de recursos. Además, reconoce la importancia de la Iniciativa sobre Transparencia de Industrias Extractivas “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) e incluye ejemplos de otros países. La diferencia entre el Código de buenas prácticas sobre transparencia fiscal “Code of Good Practices on Fiscal Transparency” y el Manual sobre transparencia fiscal “Manual on Fiscal Transparency” es que el código presenta los principios generales de transparencia fiscal mientras el manual los explica en mayor detalle. Tal es el caso de temas como las asociaciones público-privadas, las concesiones y garantías. Además explica los principios del código empleando ejemplos de la vida real.

El Revenue Watch Institute (RWI) aplaude los esfuerzos de la guía por establecer estándares claros que promuevan la transparencia de ingresos derivados de recursos. El RWI apoya, activamente, la implementación de dichos documentos políticos y busca aplicar los principios mencionados en su evaluación de la transparencia fiscal y flujo de ingresos derivados de recursos naturales en el mundo en vías de desarrollo.

Un aspecto importante de la guía es que ofrece ejemplos sobre buenas prácticas de transparencia fiscal. Además, el texto incluye referencias a información más detallada en el tema. Mejor aún, la guía ayuda a identificar proyectos que pudieran tener un mayor impacto en la transparencia de ingresos en países ricos en recursos naturales.

Desde el punto de vista legal, sin embargo, la guía no puede exigirle al gobierno que cumpla con los principios de transparencia. La guía no es obligatoria y no incluye procedimientos detallados para la transparencia del gasto. Los procedimientos de EITI están apoyados por el FMI aunque el FMI no requiera que sus países miembros adopten estos procedimientos. Además el FMI anima a todos lo países a adoptar las buenas prácticas incluidas en el código, aunque su implementación sea voluntaria. Por ejemplo, EITI habla de procedimientos que las compañías y gobiernos deben de seguir al reportar sobre la producción y flujo de ingresos. No obstante menos de dos docenas de países se han comprometido, formalmente, a participar en EITI. La comunidad de ONGs necesita presionar más a los gobiernos entrantes para cumplir con los procedimientos de EITI. Se espera que en revisiones posteriores de la guía se incluyan procedimientos más detallados para la transparencia del gasto gubernamental.

Para obtener mejores resultados, las organizaciones internacionales no gubernamentales necesitan cooperar para construir la capacidad de la sociedad civil a nivel local y de las agencias del gobierno para promover iniciativas sobre la transparencia de recursos.

 


 

Ministros de finanzas y organizaciones de la sociedad civil: amigos o enemigos. Taller organizado por el IBP, el “Brookings Institute” y la “School of Advanced International Studies” (SAIS)

El 18 de octubre el International Budget Partnership y el Transparency and Accountability Project del Instituto Brookings llevaron a cabo en Washington, D.C., una discusión entre representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y ministros de finanzas de varios países africanos sobre la relación que existe entre ambas agrupaciones.

El principal panelista fue el Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ex-ministro de finanzas y economía de Nigeria quien, recientemente, fuera nombrado director de operaciones del Banco Mundial. Entre los participantes también figuraron representantes de OSCs de Chad y Liberia y los ministros de finanzas de Burkina Faso, Ghana, Malawi y Nigeria.

El moderador del evento e investigador de Brookings Charles Griffin abrió el evento diciendo que la interacción entre la sociedad civil y el gobierno respecto a temas de finanzas públicas es un avance reciente tanto en el mundo desarrollado como en vías de desarrollo. Dr. Okonjo-Iweala discutió sus experiencias trabajando con OSCs en Nigeria. Mencionó las importantes contribuciones de OSCs nigerianas en tres rubros principalmente: durante el proceso presupuestario, en el monitoreo de bienes saqueados y regresados, así como en la Iniciativa de Transparencia e Industrias Extractivas “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI). Las OSCs también cuentan con gran potencial para monitorear las cuentas gubernamentales a nivel subnacional, sugirió, pero necesitan superar sus capacidades a fin de tener un impacto real en esta área. Concluyó que al ayudar a financiar a OSCs locales dedicadas el trabajo de presupuestos, los donatarios pueden ayudar a construir las capacidades de las organizaciones.

El ministro de finanzas de Nigeria, Shammsuddeen Usman, reconoció el legado del Dr. Okonjo-Iweala en Nigeria y discutió cómo profundizar las relaciones entre las OSCs y el gobierno. Usman comentó que en ciertas instancias, los ministros de finanzas así como las OSCs carecen de los conocimientos necesarios. El ministro de finanzas de Burkina Faso Jean-Baptiste Compaore, expresó su entusiasmo por una mayor participación de las OSCs con los ministros de finanzas. Dijo que el trabajo del ministro de finanzas con frecuencia exige estar presente en muchos lugares al mismo tiempo y que las OSCs pueden jugar un papel muy importantes en el monitoreo del gasto presupuestario.

Gilbert Maoundonodji, coordinador de “Group for Alternative Research and Monitoring of the Chad-Cameroon Petroleum Project” (GRAMP-TC), sugirió que la incidencia presupuestaria en Chad ha sobrepasado el tema de la transparencia y se enfoca más en el monitoreo del impacto del presupuesto en los pobres. También sugirió que la relación ideal entre la sociedad civil y los ministros de finanzas no es de “amigos o enemigos” y que esta relación se debe de basar en el reconocimiento mutuo del compromiso cívico que se comparte. Aloysius Toe, director ejecutivo de la “Foundation for Human Rights and Democracy of Liberia” subrayó el papel de la prensa como una parte clave en la incidencia presupuestaria y en la creación de las condiciones necesarias para una mayor transparencia.

Goodall E. Gondwe, ministro de finanzas de Malawi, expresó cierta ambivalencia hacia la participación de las OSCs en el proceso presupuestario. Sin embargo, también dijo que cuando las OSCs comenzaron a interesarse en asuntos del presupuesto gubernamental en Malawi, algunos funcionarios pensaron que con ignorar a estos grupos desaparecerían sus demandas; pero que ahora los funcionarios comprenden que las OSCs no se van a ir a ninguna parte y que hay que encontrar formas de colaboración conjunta entre los ministros de finanzas y las OSCs.

Para escuchar las presentaciones, ir a: http://www.sais-jhu.edu/mp3_player/fall2007/ministers101807.htm.

 


 

El trabajo presupuestario como herramienta para avanzar el derecho a la alimentación por Ann Blyberg, “International Human Rights Internship Program” (IHRIP)

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “UN Food and Agriculture Organization” (FAO) ha iniciado un proyecto para crear una guía para la sociedad civil sobre cómo utilizar el trabajo presupuestario para avanzar el derecho a la alimentación. El proyecto en el que el IBP está activamente involucrado está siendo coordinado por el Programa internacional de derechos humanos y servicio social “International Human Rights Internship Program” (IHRIP) y tiene como objetivo de mediano plazo desarrollar una metodología para utilizar el trabajo presupuestario en temas de hambre y alimentación.

A finales de octubre se llevó a cabo un taller en Washington, D.C., para desarrollar una metodología tentativa. Entre los participantes se encontraban representantes de organizaciones del derecho a la alimentación así como grupos presupuestarios de varios países, incluyendo tres países en donde la metodología sería puesta a prueba: Guatemala (por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos), Filipinas (por ESCR Asia) y Uganda (por “Uganda Debt Network” y “ActionAid International” Uganda).

Después de las presentaciones y discusiones sobre los presupuestos gubernamentales, el trabajo presupuestario de la sociedad civil y el derecho a la alimentación, los participantes se dieron a la difícil tarea de vincular los ingresos y egresos del gobierno a estándares legales internacionales (así como a los lineamientos voluntarios de FAO) sobre el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación concierne a una amplia variedad de temas como políticas de apoyo a la agricultura, nutrición infantil y programas de alimentación de emergencia. La identificación de temas para la metodología resultó ser un gran reto pero, finalmente, los participantes estuvieron de acuerdo en enfocarse en el gasto dirigido a la reforma agraria, la modernización de proyectos agrícolas y programas de alimentación escolar.

La metodología será puesta a prueba a lo largo de proyectos de análisis e investigación. Un taller de seguimiento se llevará a cabo en junio 2008 para evaluar los resultados y modificar la metodología según sea necesario. Se espera que la guía esté lista a finales del 2008.

Para mayor información, contactar a Ann Blyberg [email protected].

 


 

Explorando el seguimiento del gasto en África del Este. Conferencia organizada por el IBP y por el “NGO Policy Forum” de Tanzania por Jennifer Sleboda, IBP

En octubre 2007 el IBP y el “Policy Forum” de Tanzania organizaron una conferencia sobre el seguimiento al gasto en África del este con el apoyo de la iniciativa para África del este del Open Society “Open Society Initiative of East Africa” (OSIEA). La conferencia tuvo lugar en Arusha, Tanzania y asistieron 23 participantes de 15 organizaciones de Kenia, Tanzania, Uganda y Malawi. También asistieron dos observadores del “Poverty Action Network of Civil Society” (PANE) en Etiopía, una organización que colabora con el IBP para aprender sobre las metodologías de seguimiento del gasto en ese país. La conferencia de tres días ofreció un foro de aprendizaje para explorar oportunidades que fortalezcan y amplíen el trabajo de seguimiento del gasto en África del este a través una red regional.

Durante la primera parte de la conferencia grupos de cada país presentaron estudios de caso sobre su trabajo de seguimiento del gasto con un enfoque en la metodología, acceso a la información, retos y resultados. La conferencia también incluyó una visita a un pueblo cercano para observar los resultados de la metodología de las boletas PIMA desarrolladas e implementadas por Hakikazi Catalyst, una ONG con base en Arusha. Durante la visita, los participantes se reunieron con miembros del comité de monitoreo de la localidad, quienes presentaron los resultados de sus actividades de monitoreo y revisaron un boletín de noticias local (hecho por Hakikazi) con datos sobre gobernabilidad e información sobre proyectos de desarrollo y finanzas.

Después de las presentaciones los participantes de cada organización se reunieron para discutir los cambios que podrían introducir en su trabajo, lo que podrían promover para consideración de otros y dos lecciones clave de las distintas metodologías presentadas.

Varios grupos incluyendo al Centro para la Democracia y la Buena Gobernabilidad “Center for Democracy and Good Governance” (CEDGG) y Agenda Jóven de Kenia “Youth Agenda of Kenya” encontraron que los boletines de noticias locales fueron muy útiles y expresaron su interés en adoptar esta herramienta en su propio trabajo. El Centro Kabarole “Kabarole Research and Resource Centre” (KRC) de Uganda y CEDGG dijeron que les gustaría retomar algunos aspectos de la metodología de las boletas PIMA de Hakikazi en su trabajo de monitoreo del gasto.

“Uganda Debt Network” (UDN) presentó su trabajo sobre monitoreo del financiamiento para las instalaciones escolares utilizando monitores comunitarios, radio de la comunidad, diálogos locales con funcionarios oficiales y activismo a nivel nacional. Inspirados por el trabajo de incidencia de UDN, la coalición “Apac Anti-Corruption Coalition” (TAACC) de Uganda y “Muslims for Human Rights” (MUHURI) de Kenia reconocieron que necesitan fortalecer sus vínculos hacia arriba y hacia abajo para asegurar que el impacto de su trabajo sea tomado en cuenta a nivel nacional. A “Youth Agenda” le gustó el uso del radio a nivel comunitario y considerará incorporarlo en su estrategia con los medios de comunicación.

Después de conocer la guía sobre monitoreo del gasto “Follow the Money” producida por varios de los grupos de Tanzania (Hakikazi, REPOA y TGNP); TAACC y “Youth Action Volunteers” (YAV) identificaron que el fortalecimiento de la documentación, la difusión de información y el compartir mejores prácticas son áreas en las que podrían mejorar.

Otros grupos como “Civil Society Coalition on Quality Basic Education” (CSCQBE) de Malawi y TAACC de Uganda, enfatizaron que para lograr cambios reales el trabajo de monitoreo requiere del uso consistente de activismo con base en hechos. TAACC apuntó la necesidad de tomar acción para reforzar la rendición de cuentas mediante canales legales. En su presentación, TAACC subrayó su éxito en el uso de cortes judiciales para recuperar fondos públicos y destituir a funcionarios públicos corruptos, sobre todo, en el caso de fondos de educación primaria universal en el norte de Uganda.

Cuando se les preguntó qué harían diferente en su trabajo KRC y “Youth Agenda” respondieron que mejorarían el uso de herramientas de seguimiento para monitorear tanto el gasto como la calidad de los servicios, lo cual es un componente de las metodologías empleadas por grupos como Hakikazi, UDN y YAV.

Después de las presentaciones realizadas por CSCQBE sobre seguimiento del gasto en educación y por YAV sobre seguimiento al presupuesto de salud, CEDGG y “Youth Agenda” expresaron interés en explorar el trabajo de monitoreo a nivel sectorial.

A continuación los participantes se reunieron con los grupos de sus países para discutir la creación de una red de seguimiento del gasto seguida de una sesión plenaria. Los participantes estuvieron de acuerdo en que se necesita de una red para atender los retos en común, facilitar el aprendizaje conjunto y fortalecer y expandir el trabajo de seguimiento de la región. En general, se estuvo de acuerdo con que el desarrollo de una red debe de ser algo gradual y debe de comenzar enfocándose en un tema que sea de interés para los tres países. El IBP consultará con los participantes los pasos a seguir y los temas que se deban de cubrir en la red, así como posibles actividades para el próximo año.

Para mayor información, contactar a Vivek Ramkumar de IBP [email protected].

 


 

Transparencia y desarrollo económico en África por Harika Masud, IBP

El 25 de septiembre la Academia Nacional de Administración Pública organizó el primer seminario Philip J. Rutledge sobre África. Ralph Widener, invitado de la Academia fue el principal presentador. Habló de la amenaza de la “maldición de recursos” en el mundo en vías de desarrollo, sobre todo en África y de factores como la corrupción y la volatilidad de los precios que le dificultan a los países ricos en recursos beneficiarse del desarrollo económico.

Daniel Kaufmann director de programas globales y gobernabilidad del Banco Mundial habló de su investigación sobre transparencia y desarrollo económico en África. Irónicamente países sin recursos abundantes suelen contar con mejor gobernabilidad que aquellos países ricos en recursos. Al mismo tiempo Kaufmann recomienda que las conclusiones sobre la calidad de la gobernabilidad de un país deben de basarse en criterios de rendición de cuentas, estabilidad política, calidad regulatoria, control de la corrupción y libertad de prensa.

En su presentación George Ayittey, un distinguido economista de Ghana y presidente de la fundación “Free Africa Foundation,” dijo que la corrupción es la aflicción de África. Se refirió a la necesidad de ayuda a pesar de la ayuda que reciben varios países africanos año con año. También ofreció varios ejemplos de líderes africanos corruptos que roban a sus países.

Ayittey le atribuye parte del problema de gobernabilidad a las políticas del Banco Mundial que mantiene relaciones con gobiernos corruptos sin que éstos rindan cuentas de la malversación de alrededor de 30 por ciento de los préstamos del Banco.

Por otra parte, elogió al Banco por establecer un fondo multinacional para proteger los recursos derivados de la extracción de petróleo Chad-Camerún. La vigilancia del fondo está a cargo de un comité que incluye a representantes del gobierno, el parlamento, el poder judicial y la sociedad civil. Esta clase de vigilancia  por parte de varios representantes sociales ha permitido que las ganancias sean dirigidas a programas de desarrollo en lugar de que sean despilfarradas por funcionarios corruptos. Además, el hecho de que este comité haya prevenido la malversación masiva de ingresos petroleros, corrobora la idea de muchos grupos presupuestarios alrededor del mundo de que ciudadanos informados y activos pueden promover la asignación transparente y efectiva de recursos públicos.

Ayittey propone seis reformas institucionales para atender las prácticas de corrupción en países africanos:

  • Medios de comunicación libres e independientes;
  • poder judicial independiente;
  • comisión electoral independiente;
  • banco central independiente para prevenir malversación de fondos y estabilizar la política monetaria;
  • un servicio civil eficiente; y
  • fuerzas armadas neutrales y profesionales.

Shari Bryan el director regional del “National Democratic Institute” para África del Este aseguró que las reformas institucionales para frenar la corrupción también deben de reconocer el papel del legislativo. Con base en entrevistas a legisladores en nueve países africanos, concluyó que la relativa pasividad de la legislatura en este tema se debe sobre todo a la falta de capacidad y recursos y no a la falta de compromiso para cumplir con los derechos ciudadanos. En varias instancias, miembros del legislativo no cuentan con la educación necesaria, carecen de información y otros apoyos. Asimismo, muchos legisladores desempeñan cargos importantes dentro de las secretarías del gobierno y en las mesas directivas de compañías lucrativas, lo cual crea conflictos de interés.

A pesar de estas dificultades, Bryan sostuvo que las legislaturas tienen la responsabilidad de reconocer su papel para mejorar la gobernabilidad y sacar provecho del interés nacional para aumentar los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Nathaniel Fields, vice presidente y CEO de la fundación “African Development Foundation,” estuvo de acuerdo con George Ayittey y resaltó las múltiples oportunidades que le han sido arrebatadas a los pobres de África. Específicamente mencionó que el “African Union” estima que el costo de la corrupción para las economías africanas es de $148 billones al año. Fields argumentó que la comunidad internacional debe de ayudar a las comunidades locales a negociar una distribución equitativa de los ingresos derivados de los recursos nacionales. Además, las organizaciones de la sociedad civil deben de intensificar sus demandas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales.

Thomas Heller profesor de estudios legales internacionales de la Escuela de Leyes de Stanford y decano del “Stanford Institute for International Studies,” ofreció una descripción de su investigación sobre los efectos de la energía y la riqueza en las políticas de transición democrática, corrupción y crecimiento económico. Mientras los aspectos económicos de “la maldición de recursos” son manejables, afirmó que los problemas políticos están empeorando la situación. Las débiles estructuras institucionales y la pobre participación popular son los impedimentos principales de las “democracias híbridas” y tienen un profundo impacto en el acceso ciudadano a los presupuestos abiertos, así como en su habilidad de participar en procesos políticos transparentes.

 


 

Fortalecimiento de las capacidades presupuestarias de la sociedad civil a través del conocimiento compartido en Burkina Faso, CIFOEB

A fin de consolidar su red de organizaciones en países francófonos africanos, el IBP ha capacitado a moderadores de Burkina Faso, Senegal, Chad y Camerún. Una de las organizaciones participantes, CIFOEB ya ha tomado la iniciativa de organizar talleres de capacitación para otras organizaciones de la sociedad civil en Burkina Faso. Para ello, CIFOEB ha adaptado y complementado el material de capacitación del IBP para sus propios talleres.

El Centro de información, capacitación y estudios presupuestarios «Centre d’Information, de Formation et d’ Études sur le Budget » (CIFOEB) es una organización no lucrativa fundada en 2003. Un año más tarde – después de participar en un taller que ofreció el IBP en octubre 2005 en Seam Reap, Cambodia – CIFOEB capacitó a 40 miembros de su coalición de ONGs y grupos activos en educación básica “Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en Éducation de Base” (CCEB). La capacitación se centró en el análisis y monitoreo de presupuestos centralizados y descentralizados para la educación. (Ver: http://www.fasopresse.net/article.php3?id_article=5218.)

El Centro también ha organizado dos conferencias sobre participación ciudadana en el proceso presupuestario en las ciudades de Ouahigouya y Fada N’gourma en Burkina Faso con aproximadamente 100 asistentes. En enero 2007 21 organizaciones de la sociedad civil (OSCs) participaron en un taller organizado por el Centro sobre el papel de las OSCs durante el proceso presupuestario. Recientemente en septiembre 2007 la Red Africana de Periodista por la Integridad y la Transparencia “le Réseau Africain des Journalistes pour l’Intégrité et la Transparence (RAJIT)” le pidió a CIFOEB organizar un taller que cubriera la elaboración del presupuesto, así como herramientas de análisis de presupuestos para 20 de sus miembros.

Estas actividades representan importantes pasos hacia el fortalecimiento de las capacidades de incidencia de la sociedad civil para promover asignaciones presupuestarias en favor de los pobres. Actualmente el Centro está llevando a cabo una evaluación interna de sus actividades con la sociedad civil.

Para mayor información, contactar a Albert van Zyl del IBP [email protected].

 


 

Ecuador aprueba plan presupuestario para combatir la violencia de género por Elizabeth Villagómez, Almenara Estudios Económicos y Sociales

El presidente Rafael Correa y cuatro ministros de estado han firmado un decreto presidencial que, por primera vez, establece la lucha contra la violencia de género como política de estado y crea un plan nacional y un presupuesto para erradicarla.

El plan cuenta con cuatro partes: 1) lanzar programas y campañas de concientización para cambiar la postura pública hacia el género; 2) crear un sistema nacional de información para casos de violencia por género; 3) establecer un programa para proteger a los niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia; y 4) darle a las víctimas de violencia acceso oportuno y gratuito al sistema judicial.

Varias agencias oficiales ayudarán a implementar el plan: La Maquinaria Nacional de Mujeres, el Consejo sobre Niñez y Adolescencia y el Instituto Nacional del la Niñez y las Familias.

El plan marca un esfuerzo loable por implementar la ley de violencia doméstica de 1995 (Ley 103), aunque el presupuesto asignado de— 2 millones de dólares para 2007 — preocupa por ser tan bajo. (El presidente ha propuesto un aumento considerable para el 2008.)

El estudio que acompaña a la ley de 1995 se basa en una encuesta nacional que demuestra que el 12 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia a manos de su pareja en el año previo. En investigaciones recientes la Lupa Fiscal de Género de Grupo FARO con apoyo de UNIFEM y del Consejo Nacional de Mujeres encontró que, por lo menos 31 por ciento de las mujeres de esa edad han sufrido alguna clase de violencia antes de cumplir los 15 años. También se encontró que 31 por ciento de las mujeres casadas o en unión libre han experimentado violencia física a manos de su pareja; 41 por ciento han sufrido de abuso psicológico y 12 por ciento han sido víctimas de violencia sexual.

Un estudio de la secretaría general de las Naciones Unidas 2006 sobre violencia contra las mujeres resume varios estudios que intentan cuantificar los costos económicos y sociales de la violencia de género, es decir, violencia por parte de parejas domésticas. La mayoría de estos estudios toma en cuenta el costo de los servicios de salud, policía, justicia y apoyo a víctimas pero muy pocas reflejan los costos adicionales tales como la pérdida de productividad, actividad económica y bienestar social total.

El contar con información precisa sobre el costo total de la violencia de género les ofrece a los políticos y a los activistas una dimensión económica para considerar qué asignaciones presupuestarias serían apropiadas y necesarias para atender el problema. Esta información también es un argumento poderoso para programas de prevención que cuestan mucho menos que los efectos sociales y económicos de la violencia de género. (Los dos millones de dólares a los que se comprometió Ecuador para luchar contra la violencia de género sólo representan 0.001 por ciento del PIB nacional. Esta es una pequeñísima fracción del costo de la violencia doméstica en si misma, que se estima entre 1 y 2 por ciento del PIB.)

En varios países existen esfuerzos por mejorar la comprensión de las causas y efectos de la violencia de género y hacer que los programas de asistencia y prevención sean más efectivos.

Para ver el estudio de Grupo FARO, ir a: http://www.grupofaro.org/

 


 

Iniciativa egipcia sobre presupuestos sensibles al género por Maya Morsy, UNIFEM Egipto

Por mandato constitucional el presidente Mubarak ha dado a conocer su claro interés en eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer. En un foro para mujeres llevado a cabo en junio, miembros del parlamento, el presidente del Consejo Nacional de las Mujeres “National Council for Women” (NCW) y la primera dama de Egipto estuvieron de acuerdo en la “importancia de aplicar un enfoque de derechos al presupuesto nacional para asegurar que los hombres y mujeres, niños y niñas reciban los mismos beneficios y participen en el desarrollo de la nación.”

En 2002 el NCW creó “unidades de igualdad de oportunidades” en todos los ministerios del gobierno, reportando directamente al ministerio para recibir quejas sobre casos de discriminación de empleados del ministerio y asegurar que los planes y el presupuesto del ministerio sean sensibles al género.

En varias ocasiones el Ministro de Finanzas ha resaltado la importancia de ver al presupuesto a través de un enfoque de género y monitorear el presupuesto con un enfoque de igualdad de oportunidades diseñado para el contexto egipcio. El análisis del documento “call circular” (en donde los ministerios definen las metas por resultados y las estimaciones presupuestarias) es un paso real hacia la incorporación de medidas que aseguren que todos los proyectos del ministerio en busca de fondos sean sensibles al género. Los “call circulars” y presupuestos sensibles al género mostrarán más claramente lo que el gobierno planea hacer respecto a temas de género y ofrecerán nueva información para facilitar el análisis, la discusión y el activismo.

Además el subsecretario de finanzas dijo que “es muy importante para las mujeres y para el parlamento saber cómo leer y analizar el presupuesto, y cuándo hacer preguntas sobre igualdad de oportunidades y sobre los derechos de las mujeres y las niñas.” Los centros académicos y de investigación están tomando esta afirmación con seriedad y el Departamento de Economía de la Universidad del Cairo ya se encuentra realizando análisis de presupuesto sobre el presupuesto anual para apoyar la discusión del parlamento.

Igualmente, el presidente de la cámara baja del parlamento mencionó en uno de sus discursos que “las memorias de la reunión en el parlamento reflejaron en más de una ocasión la solicitud de las mujeres del parlamento de adoptar un enfoque de género.” Esto fue importante pues demuestra que las afirmaciones de las mujeres legisladoras siguen formando parte del debate.

Desde 2000 UNIFEM y el Consejo Nacional de las Mujeres “National Council for Women” (NCW) han trabajando para crear conciencia sobre los presupuestos sensibles al género entre funcionaros de alto nivel al interior de los ministerios, el parlamento y la sociedad civil mediante la preparación de manuales de orientación sobre análisis de presupuestos con enfoque de género y análisis de políticas públicas. Como resultado de su trabajo, los programas del gobierno se han hecho más sensibles a cuestiones de género y se han duplicado las asignaciones a programas para el desarrollo de la mujer dentro del plan nacional de desarrollo 1997-2002 y 2002-2007.

El ministro de finanzas adoptó medidas de un presupuesto sensible al género en 2005. Actualmente está trabajando con la Embajada de los Países Bajos y con UNIFEM para alcanzar los siguientes objetivos: construir la capacidad de personal clave dentro del ministerio de finanzas, así como de otros ministerios en cuestiones de género, seguimiento, monitoreo y evaluación de presupuestos nacionales y locales desde una perspectiva de género y pobreza; producir recomendaciones sobre igualdad de oportunidades para mujeres en el presupuesto; y facilitar la transparencia en la formulación del presupuesto. Algunas acciones concretas son:

  • Desarrollo de un paquete de capacitación sobre presupuestos sensibles al género para ser difundido entre la sociedad civil.
  • Análisis del presupuesto nacional 2006-2007 del plan nacional de desarrollo 2007-2012 con enfoque de género y de las políticas financieras gubernamentales.
  • Reuniones para discutir el papel de los miembros del parlamento en la discusión del presupuesto, como el foro de mujeres parlamentarias antes mencionado.
  • Traducción de materiales técnicos en árabe. (Un ejemplo es “Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for the Compliance with CEDAW,” por Diane Elson, que estará disponible en la siguiente dirección www.ncwegypt.org.)

De acuerdo con la secretaria general de NCW el presupuesto con enfoque de género enfrenta varios retos incluyendo que el papel de los parlamentarios en el presupuesto nacional, tradicionalmente, se ha limitado a la aprobación y monitoreo. A pesar de que el diseño del presupuesto y su implementación son prerrogativa del ejecutivo, los últimos cambios constitucionales del 2007 le dieron al parlamento responsabilidades adicionales para discutir y enmendar el presupuesto. Además, el presupuesto de género requiere de voluntad política, recursos y capacidad suficientes, así como de un alto nivel de información presupuestaria entre la sociedad civil. En particular, la sociedad civil debe de estar pendiente del ciclo presupuestario y prepararse para revisar la propuesta del presupuesto en cuanto esté disponible y cabildear con los miembros del parlamento en temas importantes.

Para mayor información, contactar a Maya Morsy [email protected].

 


 

Combate a la mortalidad materna desde la trinchera presupuestaria por Manuela Garza, IBP

Hoy en día sabemos exactamente cómo prevenir la mortalidad materna. Sin embargo, de acuerdo con información reciente, “más de 536,000 mujeres mueren cada año durante el embarazo y al dar a luz, es decir, una mujer por minuto o 10 millones de mujeres por cada generación.” Esta cifra casi no ha cambiado desde 1987.  Mientras “menos de una mujer por cada 16,400 morirá durante el embarazo o el parto en los diez países con niveles de mortalidad más bajos; una de cada siete morirá en Níger y una de cada seis morirá en Sierra Leona.” (Ver: http://www.womendeliver.org/assets/Unfortunate_Facts_of_Life_factsheet_(A4).pdf). Esto sugiere que la mortalidad materna es característica de mujeres pobres, más común en el sub-Sahara africano y el sudeste asiático y mucho menos común en Europa, Cuba, China y Singapur, y refleja importantes inequidades en cuanto al acceso a una maternidad saludable dentro y entre países.

“Women Deliver”: una respuesta global al costo de la falta de acción

En octubre expertos en salud del sector público, privado y no lucrativo — incluyendo a ministros de salud y activistas de derechos de las mujeres de alrededor del mundo — asistieron a la conferencia “Women Deliver” que tuvo lugar en Londres organizada por las organizaciones líderes en salud sexual y reproductiva y por las siguientes agencias de desarrollo (DFID, Ministerio de Relaciones Exteriores Holandés, “Family Care International,” “International Planned Parenthood Federation,” Norad, “Partnership for Maternal and New Born Health,” “Save the Children,” SIDA, UNFPA, UNICEF, Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial).

El lema de la conferencia fue “Invertir en las mujeres: retribuye.” El punto de la discusión fue el dinero, así como la voluntad política para ponerlo a trabajar en donde haga más falta. Pero como se ha visto en esfuerzos globales previos para el avance de la salud materna, la pregunta de quién es responsable de invertir en las mujeres quedó sin respuesta.

Exigir rendición de cuentas a los gobiernos por la salud materna

Durante la conferencia, el IBP y grupos de la India (“Centre for Budget and Governance Accountability”), Tanzania (“Women’s Dignity Project”) y México (Fundar, Centro de Análisis e Investigación) organizaron un panel sobre el monitoreo de las asignaciones presupuestarias para la mortalidad materna. En el panel, Maggie Bangser y Festa Andrews de “Women’s Dignity Project” en Tanzania describieron los problemas causados por la falta de transparencia en el presupuesto de Tanzania. Por ejemplo, es muy difícil darle seguimiento a los rubros de salud materna ya que éstos no aparecen por separado en el presupuesto. La presentación hecha por Indranil Mukhopadyay del “Centre for Budget and Governance Accountability” de la India se enfocó en el análisis de presupuestos en distintos niveles gubernamentales haciendo notar la discrepancia entre los fondos que se desembolsan y los que se gastan en realidad.

Sergio Meneses y Daniela Díaz de Fundar presentaron un reporte sobre su investigación de cinco años sobre los presupuestos para la mortalidad materna en México. La mortalidad materna en México ha bajado pero sigue siendo un grave problema para las mujeres indígenas que padecen de los niveles de mortalidad materna más altos en el país. Asimismo, debido al Seguro Popular mexicano, un programa de seguro médico para los pobres es imposible identificar el presupuesto de mortalidad materna en la información presupuestaria existente. Esto se debe a que el esquema del presupuesto del Seguro Popular no desglosa la información presupuestaria por programa. (Para mayor información sobre estos datos, ver: www.fundar.org.mx.)

Las presentaciones del panel sobre presupuesto sugieren que los gobiernos necesitan convertir a la mortalidad materna en una prioridad del presupuesto, invertir más y más eficientemente, así como mejorar la transparencia del presupuesto. Esto, con el objeto de que las legislaturas, las instancias de auditoría y la sociedad civil puedan monitorear el progreso en este tema.

Conclusiones sobre “Women Deliver”

“Women Deliver” fue in paso importante en posicionar a la reducción de la mortalidad materna y la equidad de género en la agenda internacional. Los compromisos financieros hechos por el Reino Unido y Noruega durante la conferencia son un buen ejemplo de lo que un evento de esta naturaleza puede lograr. No obstante, los países en donde la mortalidad materna es más alta no concretaron ningún compromiso financiero. No queda claro cuánto desean invertir y qué pasos concretos desean tomar para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en este tema.

Para mayor información, ir a: www.womendeliver.org.

 


 

Talleres sobre bancos multilaterales de desarrollo y “Gender Action” por Christopher Brown, IBP

Del 17-18 de octubre Gender Action una ONG que promueve los derechos de las mujeres y la equidad de género en países en transición y en vías de desarrollo organizó una serie de talleres en Washington, D.C., para activistas y ciudadanos interesados en aprender más sobre el impacto político de las instituciones financieras internacionales (IFIs) y los bancos multilaterales de desarrollo (MDBs) sobre cuestiones de género. Los temas que se exploraron son análogos a los temas que se discutieron en el reporte de ActionAid sobre educación “Contradicting Commitments: How the Achievement of Education For All is Being Undermined by the International Monetary Fund,” disponible en la biblioteca presupuestaria bajo el rubro de análisis macroeconómico de la página del IBP. (http://ibp.forumone.com/resources/library/).

El 17 de octubre el taller discutió los efectos de la deuda en temas de género. Aunque generalmente se entiende que la deuda de los países en vías de desarrollo tiene un impacto negativo en los pobres de esos países, el impacto de la deuda en términos de género no se ha examinado a fondo. Las políticas impuestas en los países en vías de desarrollo como condición de la asistencia de las IFIs pueden llevar a reducciones en las asignaciones del presupuesto para ayudar a los pobres. Aún cuando las reducciones presupuestarias son neutrales al género, “Gender Action” advierte que pueden tener impactos de género altamente desiguales.

En muchos países, por ejemplo, el aumento a las cuotas en los servicios de salud y educación afecta sobre todo a niñas y mujeres cuando los padres de familia reducen los servicios de sus hijas más que de sus hijos. Igualmente, cuando las políticas de las IFI causan pérdida de empleos, es más factible que se despida a mujeres (mismas que toman más tiempo en ser recontratadas) que a hombres, ya que muchos empleadores asumen que ellas no son el sustento de la familia. Una posible herramienta para que la sociedad civil pueda realizar el monitoreo de estos impactos es llevar a cabo auditorías ciudadanas sobre el impacto de la deuda en el país.

El 18 de octubre el taller presentó los resultados de una nueva investigación realizada por “Gender Action” sobre el gasto de MDB hacia la salud reproductiva y el VIH/SIDA. El nuevo plan de acción sobre género del Banco Mundial dice que los proyectos de salud del Banco Mundial incorporan de manera satisfactoria los temas de género en los programas de salud reproductiva y de VIH/SIDA y que, por ello, no se enfoca en el monitoreo de dichos programas. La investigación de “Gender Action” así como evaluaciones internas del Banco Mundial ponen en duda dicha afirmación.

El análisis de “Gender Action” revela que el 81 por ciento de los programas de salud reproductiva y VIH/SIDA, una de dos, o fallaron por completo en integrar temas de género, o a penas son algo sensibles al género. (Los proyectos encabezados por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo tienden a ser más sensibles al género que aquellos encabezados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial). Mientras muchos de los reportes de los MDB y los documentos del proyecto reconocen la importancia de la sensibilidad al género en sus secciones preliminares o resúmenes, las consideraciones sobre sensibilidad de género no son incorporadas en el proyecto de diseño.

Además la estrategia del Banco Mundial 2007 sobre salud, nutrición y población “Health Nutrition Population” (HNP) califica al portafolio HNP de proyectos que incluyen programas de salud reproductiva y VIH/SIDA como “el portafolio con el peor desempeño entre los 19 sectores durante los últimos cinco años.” HNP dice que el personal de salud del Banco Mundial ha disminuido en un 40 por ciento desde 2000. Un punto de preocupación es el enfoque de la administración de EUA en políticas de “abstinencia,” que demeritan las políticas de planeación familiar. Versiones anteriores de la estrategia 2007 de HNP han sido censuradas para quitar las referencias a la planeación familiar y a los derechos sexuales y de salud reproductiva.

“Gender Action,” recientemente, dio a conocer el reporte Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending — que evalúa la cantidad y calidad del gasto hacia salud reproductiva y de VIH/SIDA de los MDBs. La publicación demuestra un declive en los préstamos del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se muestran compromisos hacia la salud reproductiva y el VIH/SIDA que no se han cumplido y condiciones de préstamos dañinas como la restricción al gasto público que limitan la habilidad de los países pobres de resolver cuestiones de salud pública. Asimismo, ofrece evidencia de cómo la incidencia puede mejorar el desempeño de los MDBs respecto a conseguir la salud reproductiva, la reducción de VIH/SIDA y las metas del milenio.

Para mayor información, visitar la página de Gender Action: http://www.genderaction.org/.

 


 

Revisión del presupuesto de Israel 2008 por Barbara Swirski, “Adva Center”

El Centro Adva comenzó a trabajar en temas relacionados con el presupuesto de Israel 2008 durante el mes de agosto cuando fue aprobado el marco general del presupuesto. Adva envió a miembros del gabinete un documento en donde observó que el techo de gasto fiscal (que limita el aumento del gasto en 1.7 por ciento por encima del año anterior) sólo aplica a gastos civiles; el gasto de defensa está programado para aumentar a un paso mucho más acelerado. El reporte cuestiona si “la fuerza de la nación” se debe de fundar en inversiones militares únicamente.

Otros temas presupuestarios que el Centro Adva atenderá este año incluyen:

  • La subestimación del crecimiento económico del presupuesto y de los ingresos fiscales en 2008 que se utiliza para justificar el fracaso del aumento del gasto social.
  • Continuar enfatizando la reducción del déficit fiscal y la consecuente reducción en inversiones hacia la infraestructura y servicios.
  • Aumento en el presupuesto de defensa para 2008 en años posteriores.
  • La falta de inversión al ampliar oportunidades educativas.
  • La falta de financiamiento del sistema de salud público.

También durante el mes de agosto, el Foro Presupuestario de Mujeres encabezado por Adva – una coalición de 27 feministas judías e israelitas – junto con organizaciones de derechos humanos lanzaron sus propias actividades alrededor del presupuesto 2008 con la presentación de las implicaciones del presupuesto respecto a género durante una sesión especial del comité parlamentario. Entre otras cosas el foro discutió los siguientes puntos:

  • Los impuestos propuestos sobre salud y seguridad social que serían impuestos en mujeres que no trabajan fuera de su casa (de gran peso especialmente para la minoría palestina en Israel).
  • La postergación de un aumento en el salario mínimo (65 por ciento de los beneficiarios son mujeres).
  • El retraso propuesto para expandir las guarderías públicas.

Retomando recomendaciones anteriores del Centro Adva el borrador del presupuesto fue tabulado mucho antes que nunca (el 8 de octubre). Los eventos planeados por el Centro Adva como parte del presupuesto de este año incluyen:

  • Un encuentro parlamentario especial sobre las implicaciones del presupuesto para el sistema de salud pública en Israel (esta reunión fue iniciada por Adva, junto con “Physicians for Human Rights-Israel”).
  • La conferencia anual que organiza Adva sobre presupuestos y género para funcionarios públicos, académicos y activistas de ONGs interesados en presupuestos sensibles al género que este año se dedicó al efecto de la privatización de servicios públicos en el empleo de las mujeres.
  • El taller anual de Adva sobre el presupuesto Knesset para legisladores y sus aliados.
  • Una sesión conjunta del comité de finanzas del parlamento y el comité sobre el estado de la mujer sobre el impacto del presupuesto en las mujeres.
  • Alrededor de 20 seminarios para grupos de la sociedad civil.

Adva planea producir múltiples publicaciones presupuestarias, incluyendo una presentación de PowerPoint sobre las implicaciones sociales del presupuesto preliminar 2008, un análisis de género del presupuesto, una revisión del impacto del presupuesto en el sistema de salud y la publicación Israel: A Social Report – 2007 que analiza las tendencias socioeconómicas del país. Finalmente, como ha sucedido anteriormente, el trabajo presupuestario de este año incluirá sesiones de actualización para los legisladores, periodistas y organizaciones del presupuesto.

Para mayor información, ir a:  http://www.adva.org

 


El “Centre for Budget and Governance Accountability” (CBGA) responde a un nuevo estudio que revela la deficiente protección a la infancia en la India

Los niños de la India enfrentan altos riesgos de abuso físico, sexual o emocional de acuerdo con un estudio recientemente publicado por el Ministerio de Mujeres y Desarrollo del Niño en la India “India’s Ministry of Women and Child Development” (MWCD). Más de 50 por ciento de los niños en las áreas encuestadas han sido víctimas de alguna forma de abuso físico. También se encontró que 53 por ciento de los niños habían sido víctimas de uno o más tipos de abuso sexual.

El Centro sobre Presupuesto y Rendición de Cuentas de la Gobernabilidad “Centre for Budget and Governance Accountability” (CBGA) una ONG de la India, se dedica a analizar el presupuesto nacional o “Union Budget” y su impacto en los niños. CBGA se dedica a estudiar el gasto gubernamental en los niños al analizar el gasto social y los programas enfocados a la protección, desarrollo, salud y educación de los niños. CBGA quiere atraer atención al tema de la protección infantil – relegado por décadas – debido a lo siguiente:

  • MWCD recientemente creó un comité de alto nivel para atender la incidencia de abuso infantil. Sin embargo, el presupuesto nacional no refleja ningún aumento en las asignaciones al programa de protección de los niños.
  • A nivel estatal en la India tampoco se ofrecen fondos suficientes para los niños.
  • La Constitución de la India reconoce la vulnerabilidad de los niños.
  • India ha firmado varias declaraciones internacionales para la protección y el desarrollo del niño.
  • India cuenta con uno de los peores indicadores mundiales sobre desarrollo humano respecto a tráfico de niños, abuso sexual de menores, malnutrición, trabajo de menores, inmunización, educación y mortalidad infantil.

En un comunicado de prensa CBGA compartió los hallazgos de su investigación e indicó que el gasto social ha aumentado en la última década pero aún sigue siendo insuficiente para atender las grandes necesidades de los niños. Esto en vista de que los niños componen una gran parte de la población. El análisis por sector sugiere una tendencia similar para los niños en áreas programáticas críticas. Por ejemplo, las asignaciones para la educación siguen siendo insuficientes para cumplir con los compromisos de educación de alta calidad (a pesar de los aumentos de este año a los programas de almuerzos y a la educación secundaria) debido al alto registro escolar del país. Las provisiones presupuestarias para la salud de los niños como porción del gasto gubernamental total también experimentaron un descenso. La protección infantil sigue siendo un área abandonada del presupuesto con un aumento nominal este año. Esto es preocupante en vista del número de crímenes infantiles.

Para leer el boletín de prensa, ir a: http://www.cbgaindia.org/. Para mayor información, contactar a CBGA  [email protected].

 


 

El IBP lanza nueva serie de gacetas presupuestarias

Este mes el IBP lanza una serie de Gacetas presupuestarias o “Budget Briefs” para estimular el debate sobre temas de finanzas públicas y rendición de cuentas. Un resumen del primer número, “Linking Budget Analysis with Aid Advocacy: How Civil Society Groups Can Monitor Donor Budget Support,” aparece a continuación. Las gacetas serán distribuidas electrónicamente a todos los suscriptores del boletín del IBP. Cualquier pregunta o sugerencia favor de enviarla a [email protected]

Por muchos años los ciudadanos han exigido el derecho al escrutinio de los presupuestos públicos y ayudar a decidir cómo se asignan los fondos públicos. En países en vías de desarrollo que dependen de la asistencia financiera, las decisiones realizadas por instituciones financieras internacionales y donatarios bilaterales agregan una dimensión adicional al trabajo de presupuestos. En esta gaceta Lucy Hayes de EURODAD y Albert van Zyl del IBP resaltan algunos puntos sobre la planeación de la asistencia de importancia para los grupos de la sociedad civil que monitorean los presupuestos del gobierno en países dependientes de la asistencia.

La asistencia financiera representa una parte muy significativa, en algunos casos, hasta la mitad del ingreso gubernamental en países de bajos ingresos. La asistencia puede aumentar como una porción del presupuesto si los países ricos aumentan la asistencia financiera que ofrecen para ayudar a alcanzar las metas del milenio. Al mismo tiempo, los gobiernos donatarios se han comprometido a una serie de cambios importantes sobre cómo se distribuye la asistencia, una tendencia hacia el “apoyo presupuestario directo,” o a darles a los gobiernos fondos que puedan asignar como parte de su ciclo presupuestario nacional.

El dinero de asistencia tradicionalmente se gasta en proyectos con procedimientos específicos. En consecuencia, los gobiernos receptores deben de gastar tiempo y recursos considerables cumpliendo con los requisitos de las agencias financiadoras.

En un esfuerzo por construir gobernabilidad más eficiente y con mejor rendición de cuentas, varios gobiernos donatarios y organizaciones multilaterales han comenzado a canalizar mayor asistencia no como proyectos; sino como apoyo sectorial o apoyo presupuestario general. Hasta el momento sólo 5 por ciento del total de la asistencia se gasta a través del apoyo al presupuesto, pero en algunos países esta cifra sobrepasa el 20 por ciento.

El apoyo presupuestario está destinado a aumentar la rendición de cuentas de los gobiernos con los ciudadanos y no con las agencias de desarrollo. Pero el canalizar el dinero directamente a través del presupuesto nacional sólo funciona si el país cuenta con “estructuras de rendición de cuentas” —como vigilancia parlamentaria y procesos de auditoría — para asegurar que el dinero se gaste adecuadamente.

Los escándalos de corrupción y derechos humanos como resultado de la falta de rendición de cuentas han hecho que muchos gobiernos donatarios sean más cautelosos respecto a apoyar el presupuesto. La mayoría de los donatarios no ofrecen apoyo presupuestario a países con poca transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, la mayoría de los donatarios ofrecen apoyo al presupuesto junto con iniciativas para mejorar la gobernabilidad e invertir un esfuerzo considerable en hacer que los sistemas financieros de los receptores de fondos sean más transparentes.

Sin embargo, los donatarios aún tienden a enfocarse, desmedidamente, en reformas técnicas sin poner suficiente énfasis en las reformas para promover la rendición de cuentas. El principal riesgo del apoyo presupuestario es que los donatarios suspendan o diluyan los medios a su alcance para monitorear el uso de la asistencia bajo el esquema anterior de condicionalidades sin que surjan mecanismos domésticos de rendición de cuentas en su lugar.

Para desarrollar el potencial completo del apoyo al presupuesto, los donatarios necesitan aumentar el apoyo a la sociedad civil y a las instituciones de rendición de cuentas en países receptores. A cambio, los gobiernos receptores necesitan hacer más para facilitar el escrutinio popular y los grupos ciudadanos necesitan construir las capacidades de activismo y análisis necesarias.

 


 

Publicaciones del mes: presupuesto alternativo 2008: alcanzar las metas del milenio y el crecimiento sustentable con equidad por Social Watch Filipinas y Presupuesto participativo en Brasil. Disputa, cooperación y rendición de cuentas por Brian Wampler

Presupuesto alternativo 2008: alcanzar las metas del milenio y el crecimiento sustentable con equidad por Social Watch Filipinas

La Iniciativa del Presupuesto Alternativo de Filipinas “Philippines Alternative Budget Initiative” (ABI) de 2008 representa una alianza entre 48 organizaciones de la sociedad civil y legisladores alrededor del concepto de la participación pública en el proceso presupuestario. ABI ha ayudado a crear un sentido de propiedad conjunta en las propuestas y desarrollado un frente unificado sobre acciones activistas concretas. En 2007 el ABI consiguió aumentos significativos y varios aumentos a la educación. A pesar de que ABI principalmente es una iniciativa minoritaria, ha logrado generar apoyo de miembros del partido mayoritario.

Para leer el reporte, ir a: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Alternative-Budget-2008-Attaining-the-MDGs-and-Sustainable-Growth-with-Equity.pdf

Presupuesto participativo en Brasil. Disputa, cooperación y rendición de cuentas por Brian Wampler

Brian Wampler presenta una reveladora investigación de campo – con base en entrevistas detalladas, una encuesta aplicada a 650 delegados de presupuesto participativos y análisis presupuestario minucioso – en ocho municipalidades brasileñas. Wampler explica porqué los presupuestos participativos tienen distintos niveles de éxito y fracaso. Dice que los tres factores más importantes que explican estas variaciones son: los incentivos para las administraciones de alcaldías para delegar autoridad, la manera en que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos responden a las nuevas instituciones y la estructura legal utilizada para delegar autoridad a los ciudadanos.

Este estudio está dirigido a una amplia audiencia de académicos y activistas interesados en reexaminar la rápida expansión de los presupuestos participativos a más de 250 municipalidades en Brasil desde 1989 y su implementación en más de 20 países.

Para mayor información, ir a: http://www.psupress.psu.edu/books/titles/978-0-271-03252-8.html.

 



Nuevos materiales en la biblioteca presupuestaria

“The World Bank and Agriculture: A Critical Review of the World Bank’s World Development Report 2008”
Por Action Aid

En muchos países en vías de desarrollo el desarrollo agrícola ha sufrido enormemente a lo largo de los últimos 20 años. Lo que se considera como el principal factor que contribuye a la pobreza entre los países más pobres del mundo. En este trabajo se examina la trayectoria del compromiso del Banco Mundial con el desarrollo agrícola y se culpa a la liberalización comercial y financiera y al desmantelamiento de los “marketing boards” como las principales causas de la pobreza. Action Aid sugiere que las políticas del Banco hacen que los países reaccionen menos a los grupos de la sociedad civil que representan a los pobres en zonas rurales y que las políticas agrícolas en el futuro cambien a sistemas políticos de propiedad colectiva. También se sugiere que el Banco centre sus políticas alrededor del derecho a la alimentación. El Banco Mundial se ha comprometido públicamente a enfatizar el desarrollo agrícola y a aumentar el gasto en sus programas de agricultura.

“Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending”
Por Suzanna Dennis and Elaine Zuckerman/ Gender Action

Este reporte pone a prueba el compromiso de los bancos multilaterales de desarrollo “Multilateral Development Bank” (MDB) para promover la salud reproductiva, prevenir el VIH y tratar el SIDA. Analiza la cantidad y calidad de financiamiento de las metas del milenio para estos sectores durante 2003-2006 y marca cómo las políticas de los MDB y del Fondo Monetario Internacional (FMI) afectan el cumplimiento de las metas del milenio en cuanto a salud reproductiva y VIH/SIDA. El reporte concluye que las políticas de donatarios incluyen objetivos de equidad de género pero que estos compromisos no están reflejados en las asignaciones presupuestarias.

“Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW”
Por Diane Elson/UNIFEM

Este reporte discute el apego de los presupuestos gubernamentales a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Cubre gasto, ingresos, macroeconomía del presupuesto y procesos de toma de decisiones del presupuesto. El objetivo es aclarar cómo el análisis de presupuestos con enfoque de género puede ayudar a monitorear el cumplimiento con los lineamientos de CEDAW y cómo CEDAW puede ayudar a establecer criterios de equidad de género en asuntos presupuestarios y servir como guía a iniciativas presupuestarias con enfoque de género.

“Can the Paris Agenda on Aid be delivered?”
Por Overseas Development Institute (ODI)

ODI publicó las notas del taller del año pasado organizado por el “Centre for Aid and Public Expenditure” (CAPE), bajo el título “Budget support and beyond: Can the Paris Agenda on aid be delivered?” La agenda de París fue considerada un paso adelante de los acuerdos de Roma y Monterrey ya que introdujo metas muy claras para monitorear el progreso de implementación a nivel nacional. El taller de CAPE se enfocó en responder a los retos operacionales y las dificultades de superar esos retos. El taller se centró en mejorar el apoyo de donatarios para alcanzar un cambio político y económico progresivo en países pobres, las posibilidades para nuevos enfoques en seleccionar la combinación más apropiada de instrumentos de asistencia, los resultados de reformas de Administración Financiera Pública “Public Financial Management” (PFM) para el uso de asistencia e incentivos de agencias financiadoras y el apoyo de instrumentos no presupuestarios para mejorar la efectividad de la asistencia a nivel nacional.

“Transparency International 2007 Corruption Perception Index”
Por Transparencia Internacional

El índice sobre percepción de la corrupción 2007 “2007 Corruption Perception Index” (CPI) se enfocó en el sector público y define a la corrupción como el abuso de la gestión pública en beneficio personal. Transparencia Internacional advierte que sólo se evaluó la percepción de la corrupción y que CPI sólo evaluó a 180 países, por lo que no se presenta información de países que no formaron parte del estudio. En un comentario respecto al lanzamiento del CPI Huguette Labelle, quien encabeza a Transparencia Internacional nos recuerda que – muchos de los países en donde la corrupción se percibe peor son muy pobres – de hecho los países más ricos son cómplices de la corrupción mundial y con frecuencia bloquean medidas que facilitarían el regreso de fondos robados. A nivel nacional las OSCs deben promover la rendición de cuentas gubernamental prestando asistencia técnica en temas como el presupuesto y así promover la demanda de reforma.

“Local Government Effectiveness in the Area of Public Services”
Por Institute of Public Finance (IPF)

En el boletín de septiembre el “Institute of Public Finance” (IPF) de Croacia reporta sobre el gasto a nivel municipal de los servicios públicos. IPF reporta importantes variaciones en los niveles regionales de gasto (el nivel más bajo es de 123 Kuna per cápita, mientras el promedio es de alrededor de 1,700 Kuna per cápita y el nivel más alto es de más de 17,000 Kuna per cápita). IPF sugiere que el gobierno central garantice un nivel mínimo de gasto en todas las municipalidades. IPF examina la estructura de impuestos y el proceso de asignación de ayuda financiera. También ofrece recomendaciones para mejorar la situación financiera que enfrentan las ciudades y municipios.

“Making Aid Accountable and Effective”
Por ActionAid, Ghana

En septiembre 2008 los jefes de gobierno, instituciones multilaterales y organizaciones de la sociedad civil de alrededor del mundo se reunirán en la ciudad de Accra en Ghana para el Tercer Foro de Alto Nivel sobre asistencia financiera. El objetivo del foro es reformar el sistema de asistencia para hacerlo más transparente y efectivo en la lucha contra la pobreza. En este reporte ActionAid expone un plan de diez puntos para conseguir la reforma necesaria para la asistencia en Accra. Una de las recomendaciones de ActionAid es que el proceso de consultoría con OSCs debe de ser más completo y debe de incluir la revisión de documentos clave antes de ser publicados. Otra recomendación es desarrollar mecanismos abiertos que permitan a los ciudadanos exigir rendición de cuentas a sus gobiernos y donatarios por el uso de su asistencia y mejorar la rendición de cuentas internacional mediante un ombudsman o comisionado de las Naciones Unidas.

 


 

Próxima publicación del IBP: Nuestro dinero, nuestra responsabilidad: Una guía ciudadana para el monitoreo del gasto gubernamental

En la última década las organizaciones de la sociedad civil de alrededor del mundo han explorado técnicas novedosas diseñadas para exigirles a los gobiernos rendición de cuentas por el uso de recursos públicos. En su próxima y más reciente publicación, Nuestro dinero, nuestra responsabilidad: Una guía ciudadana para el monitoreo del gasto gubernamental “Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures,” el Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP) documenta diez metodologías exitosas que utilizadas por grupos de la sociedad civil para darle seguimiento al gasto del gobierno y a su impacto.

Esta guía es la tercera en una serie de publicaciones del IBP como parte de sus esfuerzos por difundir bibliografía que ayude a los grupos de la sociedad civil en sus esfuerzos por  examinar minuciosamente los presupuestos gubernamentales. La tercera guía del IBP se enfoca en la implementación presupuestaria y ofrece herramientas prácticas y comprobadas que se pueden utilizar por organizaciones independientes para monitorear el gasto gubernamental. La guía refleja el creciente enfoque de los grupos de la sociedad civil sobre el monitoreo de la calidad del gasto gubernamental.

Las metodologías documentadas como estudios de caso, cubren el trabajo de una variedad de organizaciones, incluyendo a institutos de investigación (como “Public Service Accountability Monitor” en Sudáfrica) movimientos sociales de base (como “Mazdoor Kisan Shakti Sangathan” en la India); grupos expertos en presupuestos nacionales (como Fundar en México y “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” en Malawi) grupos que se dedican en analizar los presupuestos estatales (como “Concerned Citizens of Abra for Good Government” en las Filipinas) y grupos que estudian los presupuestos locales (como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en Argentina y Hakikazi en Tanzania).

Copias impresas así como la versión electrónica de la guía estarán disponibles en enero 2008.

Para mayor información sobre la guía, contactar a Vivek Ramkumar del IBP [email protected].

 


 

Oportunidad de trabajo con el IBP en el área de comunicaciones

En más de 100 países alrededor del mundo, tanques de pensamiento, ONGs, organizaciones comunitarias de base y cuidadanos han comenzado un movimiento para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas respecto a los ingresos y egresos del gobierno. El Proyecto Internacional de Presupuesto (www.internationalbudget.org) se estableció en 1997 dentro del “Center on Budget and Policy Priorities” en Washington D.C., para apoyar el crecimiento del movimiento para mejorar la gobernabilidad y reducir la pobreza en países en vías de desarrollo.

En los últimos diez años el IBP ha realizado esfuerzos para apoyar el monitoreo independiente del presupuesto al presentar una combinación de capacitación y asistencia técnica, ayuda financiera, oportunidades de intercambio y una fuente global de información sobre los avances en este campo. El IBP también publica cada dos años el Índice de Presupuestos Abiertos, “Open Budget Index,” una evaluación independiente y comparativa de la transparencia presupuestaria del gobierno (http://www.openbudgetindex.org). El IBP trabaja muy de cerca con una red de organizaciones de la sociedad civil en más de 80 países en África, Asia y América Latina; y cuenta con oficinas en Washington D.C., la ciudad de México y Cape Town.

El IBP busca un escritor especialista en comunicaciones para unirse a su dinámico equipo internacional. Este nuevo puesto con base en Washington D.C., será responsable de desarrollar la estrategia internacional de comunicaciones del IBP; así como administrar las publicaciones del IBP. El “Communication Manager” trabajará como parte del equipo del IBP y supervisará a dos personas.

Responsabilidades:

  • Trabajar con el Director del IBP para desarrollar los objetivos de comunicaciones.
  • Coordinar, escribir y editar para la página de Internet del IBP, el boletín bimensual y las gacetas presupuestarias, materiales de prensa y otras publicaciones.
  • Escribir y editar reportes, artículos, materiales de prensa y publicaciones.
  • Construir el perfil internacional del trabajo del IBP y sus colaboradores alrededor del mundo.
  • Apoyar los programas del IBP como el “Open Budget Index” al desarrollar e implementar estrategias efectivas con los medios para llegar a las siguientes audiencias: actores de desarrollo internacional, agencias del sector privado, comunidades de la sociedad civil y gobiernos.
  • Trabajar como parte del equipo de administración del IBP y supervisar a dos personas del personal del IBP.

Conocimiento, educación y experiencia:

El candidato(a) ideal debe de contar con las siguientes características:

  • Licenciatura o maestría en comunicaciones o desarrollo internacional, o contar con experiencia equivalente.
  • Habilidad superior para escribir y editar (en inglés).
  • Seis o más años de experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias con los medios, sobre todo, a nivel internacional.
  • Excelentes relaciones interpersonales y habilidad de trabajar en un ambiente internacional.
  • Capacidad administrativa superior y habilidad para establecer prioridades con gran atención a los detalles.
  • Interés o conocimiento en políticas públicas, finanzas públicas y temas de desarrollo internacional (deseable)
  • Habilidad de trabajar en francés, español, portugués y/o ruso (deseable).

Se aceptarán solicitudes hasta el 10 de enero 2008.

Newsletter No. 41 – French

Résultats de l’Indice de transparence budgétaire pour l’Amérique latine 2007

Le 21 novembre dernier, des organisations de la société civile en Argentine, en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala, au Mexique, au Nicaragua, au Pérou et au Venezuela ont publié les résultats de la quatrième ronde de l’Indice latino-américain de transparence budgétaire 2007. (Voir: http://www.fundar.org.mx/fundar/indicelat/).

L’étude révèle que l’absence de mécanismes efficaces pour la participation citoyenne reste le secteur le plus vulnérable pour tous les pays participants. L’étude formule donc des recommandations telles que d’ouvrir les canaux permettant aux citoyens de partager leurs opinions lors de la phase d’approbation du processus budgétaire et de promouvoir les mécanismes déjà existants pour incorporer l’opinion publique dans le budget.

Les secteurs les plus transparents au niveau régional sont la présentation de projections macroéconomiques dans la proposition de l’exécutif; les responsabilités de la législature dans la phase d’approbation du processus budgétaire et la capacité de la législature d’effectuer des changements lors de l’exécution du budget. Malgré tout, il est important de signaler que de manière générales les qualifications ont été faibles de manière consistante.

La Bolivie, l’Équateur et le Venezuela se sont joints à l’étude pour la première fois et ont obtenu des résultats très bas. Sur une échelle de 1 à 100, la Bolivie a obtenu 42 points, l’Équateur 40 points et le Venezuela 33 points. La Colombie avec 38 points a obtenu la qualification la plus faible après avoir perdu 20 points depuis 2005. Le Costa Rica, au contraire, a obtenu 67 points pour la qualification générale et est ainsi le seul pays à obtenir un résultat approbatif. Bien que le Guatemala ait obtenu 7 points de plus que lors de la ronde précédente, il est arrivé à 50 points seulement. Le Mexique également a reculé et sa qualification est passée de 54 à 50 points.

Selon l’étude réalisée, les principaux défis pour ces pays sont les suivants:

  • ouvrir des espaces de participation citoyenne pour débattre des priorités budgétaires
  • améliorer les conditions de contrôle du budget dans la mesure où les institutions d’audit manquent de crédibilité dans la majorité des pays
  • améliorer la qualité, la profondeur et la pertinence des informations budgétaires

Les organisations qui ont participé à l’étude sont le Centre d’études pour le développement du travail et agraire (CEDLA) (Bolivie), “Foro Joven,” “Proyección Andina” et “Codelibera” (Colombia), le Programme État de la Nation,  la Fondation Arias pour la paix et le progrès humain et l’Université du Costa Rica (Costa Rica), Corporation latino-américaine pour le développement (CLD) (Équateur), le Centre de recherches économiques nationales (CIEN) (Guatemala), Fundar, centre d’analyse et de recherche (Mexique), le Centre d’information et de services de conseil en santé (CISAS) (Nicaragua), Ciudadanos al Día (CAD) (Pérou) et Transparence Venezuela (Venezuela).

 

 

Aide de la Banque mondiale à l’agriculture en Afrique subsaharienne: Compte-rendu de Daisy Owomugasho, Uganda Debt Network (UDN)

La guerre contre la pauvreté en Afrique subsaharienne a reçu un stimulant avec la publication en 2007 de l’étude du Groupe d’évaluation indépendant (IEG) de la Banque mondiale intitulée Aide de la Banque mondiale à l’agriculture en Afrique subsaharienne: un compte-rendu de l’IEG.

En Ouganda, la publication de l’étude ne pouvait être plus opportune en vue de la nécessité de renforcer les efforts de la société civile – menés sous le Groupe d’incidence budgétaire – pour augmenter les allocations budgétaires au secteur agricole. La principale découverte du rapport est que le secteur agricole en Afrique subsaharienne a été ignoré tant par les gouvernements que par la communauté des donateurs, dont la Banque mondiale. C’est un fait que les organisations de la société civile – dont l’UDN – ont dénoncé pendant au moins une décennie mais sans arriver à rien de concret. L’agriculture est le principal pilier de la majorité des économies en Afrique subsaharienne. En Ouganda, 80% de la population dépend d’activités agricoles. Ainsi, une attention particulière portée à l’agriculture est centrale pour faire face à la pauvreté. Cependant, en Ouganda l’agriculture reçoit la deuxième part la plus petite du budget. Les OSC demandent qu’au moins 10% du budget soient destinés à l’agriculture conformément à l’Accord de Maputo de 2003.

¿La Banque dispose-t-elle d’une stratégie pour l’agriculture?

L’argument le plus catégorique de l’étude est sans doute que: «si l’Afrique souhaite atteindre les objectifs du millénaire «ODM» (Objectifs de développement du millénaire), elle doit alors développer son secteur agricole» (p.3). Ce point est absent des documents préalables sur la stratégie de la Banque sur ce thème. Ce qui reflète le changement paradigmatique de croissance économique, durant la période de Robert McNamara dans les années 1970, à un paradigme de développement plus ample en Afrique. Ce nouveau paradigme a «engagé la Banque sur la voie d’un développement rural intégral pour attaquer directement le développement rural de l’Afrique (Eicher, 1999). Alors qu’en Asie cet accent plus large sur le rural n’est advenu qu’après l’accent initial sur la production alimentaire et la construction d’institutions, le développement de l’agriculture n’a pas bénéficié de l’attention sérieuse des donateurs du fait de ce changement de priorités» (p.4).

Au milieu des années 1980, «la Banque a commencé à élargir son rôle dans le développement humain et le développement environnemental et durable sont devenus des concepts importants» (p.12). Les documents stratégiques de la Banque qui ont été publiés dans cette période tels que «Vision pour l’action» (1997) et «Atteindre les pauvres des zones rurales» (2003) ont adopté cette perspective plus ample, ce qui a «provoqué des augmentations des prêts ruraux de la Banque, bien que le pourcentage du portefeuille rural total accordé à l’agriculture ait diminué».

L’étude de l’IEA montre qu’alors que pendant les années soixante et soixante-dix la capacité technique de la Banque pour soutenir l’agriculture était très forte, cela a changé en 1987 suite à la réorganisation de la Banque. Cette réorganisation a engendré la réduction du nombre de personnel technique en agriculture. La perspective de développement social et développement rural large a terminé dans les mains d’un personnel peu qualifié. En fin de comptes, il existait peu d’intérêt entre les directeurs nationaux de la Banque pour soutenir les projets d’agriculture puisqu’ils «prenaient plus de temps, étaient plus risqués et plus chers dans leur conception et implantation».

Engagement des gouvernements africains

Le compte-rendu se centre également sur le sous-développement des gouvernements africains dans le secteur de l’agriculture. Il insiste sur la nécessité de disposer d’une volonté politique aux niveaux les plus élevés du gouvernement. Bien que dans les documents sur les stratégies pour la réduction de la pauvreté de IEG “PRSPs Review” (IEG, 2003b) il soit dit que 94% des PRSP des pays africains ont identifié les questions agricoles comme des aspects centraux dans la lutte contre la pauvreté, beaucoup ont continué à allouer moins d’1% de leur budget à l’agriculture. Il est important de signaler que ce sont les mêmes pays qui en juillet 2003, lors de la rencontre à Maputo, au Mozambique, se sont mis d’accord pour allouer au moins 10% du budget national à l’implantation de politiques et de programmes de soutien au développement agricole sur une période de cinq ans. Désormais la Banque s’intéresse au NEPAD et au CAADP pour générer davantage d’engagement politique des gouvernements africains pour soutenir le développement de leur secteur agricole.

Résultats clés et recommandations

Les principaux résultats de l’étude de l’IEA sont:

  • Les secteurs agro-écologiques en Afrique sont peu uniformes avec des sols pauvres, des précipitations variables et de constantes sécheresses. L’accès des fermiers à l’irrigation et au transport est limité, ainsi que l’accès au crédit, à de meilleurs graines et fertilisants.
  • La stagnation de la production agricole due à la rareté de la terre face à l’augmentation de la population génère des disputes sur les droits de propriété.
  • Les gouvernements africains ont utilisé les ressources agricoles comme une source de croissance mais n’ont pas investi de façon appropriée dans leur développement.
  • Les fermiers doivent se convaincre que cela leur bénéficie d’introduire de nouvelles technologies, comme par exemple de diversifier les types de semences plus risquées qui dépendent de la disponibilité d’eau et de fertilisants.
  • Il est nécessaire de développer des associations public-privé, avec des donateurs et des acteurs qui apportent dans des secteurs offrant un avantage comparatif.

Les recommandations de l’étude pour la Banque incluent:

  • Obtenir des améliorations de la productivité agricole en établissant des objectifs réalistes pour l’irrigation et reconnaître la nécessité d’augmenter l’agriculture nourrie par les pluies à travers des améliorations de la qualité de la terre et de la gestion de l’eau et des sécheresses. Aider également à concevoir des mécanismes efficaces d’associations public-privé et soutenir le développement du marketing et d’infrastructures de transport.
  • Améliorer le travail de la Banque dans le secteur agricole à travers l’augmentation de la quantité et la qualité du travail analytique; promouvoir l’analyse des dépenses publiques pour évaluer la disponibilité des ressources pour l’agriculture; et reconstruire les capacités techniques sur la base de l’évaluation des brèches existantes.
  • Établir des objectifs pour mesurer le progrès à travers l’amélioration des systèmes d’information pour faire le suivi des activités soutenues par la Banque; renforcer la surveillance et l’évaluation pour informer sur les activités du projet dans diverses zones écologiques; et développer un système pour coordonner les activités agricoles dans un pays avec des accès routiers, des marchés de proximité et de bonnes conditions de sol.

Pour lire le rapport, aller sur: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTASSAGRISUBSAHAFR/0,,menuPK:4422655~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4422577,00.html


Rapport du CMI sur le processus budgétaire, la société civile et la transparence en Angola. Réponse de Soren Kirk Jensen, Programme pour la justice économique d’Angola

Dans le dernier numéro du bulletin de l’IBP, nous avons présenté le rapport Budget, State and People: Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola réalisé par Jan Isaksen, Inge Amundsen, et Arne Wiig avec Cesaltina Abreu de l’Institut Chr Michelsen «Chr Michelsen Institute» (CMI). Dans ce numéro, Soren Kirk Jensen, Coordinateur du Programme pour la justice économique d’Angola – fondé par «Catholic Relief Services» (CRS) et membre de «Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité» (CIDSE) – partage ses commentaires sur le rapport.

Durant les trois dernières années, j’ai travaillé en collaboration étroite avec l’Église catholique en Angola pour améliorer ses capacités de militantisme fondé sur la recherche, promouvant la transparence. Ceci m’a permis d’apprécier des exemples de recherche solide et bien documentée sur le contexte et politique d’Angola. Le rapport récent du “Chr. Michelsen Institute” sur le processus budgétaire en Angola est une contribution bienvenue à ce type de recherche qui va croissant. Le rapport présente un panorama très détaillé du processus budgétaire en Angola et a le potentiel de promouvoir les connaissances dont les organisations de la société civile ont besoin pour s’impliquer de façon efficace dans cet important processus politique.

Il est possible que le rapport tente d’englober trop de choses, comme lorsqu’il analyse les accords fiscaux dans le secteur pétrolier et le rôle de Sonangol au chapitre 4.6. Le secteur pétrolier est de grande importance pour les finances publiques d’Angola puisque la grande majorité des revenus proviennent de là; mais c’est également un secteur très complexe que l’on peut difficilement explorer en quelques pages. En tant que lecteur il est facile de se perdre au cours du chapitre 4, ce qui n’aide pas le rapport à remplir son objectif d’être « un moyen d’information et de communication d’idées utiles pour la société civile en Angola. » (p. 1). Si le public du rapport se compose effectivement d’organisations de la société civile, celui-ci devrait avoir bénéficié d’une révision éditoriale avec cet objectif à l’esprit.

Le rapport se concentre sur la participation de la société civile dans le processus budgétaire et fait référence à quelques efforts existants. Dans son résumé exécutif, il mentionne que «Catholic Relief Services» (CRS) a participé au Questionnaire sur le budget ouvert, “Open Budget Questionnaire” (OBI), du Projet budgétaire international en 2006. Il est important de préciser que l’organisation qui a implanté l’OBI en Angola fut la Commission de l’Église catholique pour la paix et la justice. CRS a collaboré avec un groupe de membres de CIDSE pour les soutenir dans leur effort pour répondre au questionnaire. Le défi relevé par le questionnaire est qu’il établit des standards élevés en termes de capacités attendues des organisations locales pour faire de la recherche et de l’analyse politique. Adoptant la perspective de l’IBP consistant à joindre un «accompagnateur» lors du processus de recollection de l’information et à rapporter l’information de façon systématique (et en anglais), le groupe CRS-CIDSE a utilisé le questionnaire comme un outil d’apprentissage “learning-by-doing tool” (apprendre tout en faisant), ce qui s’est révélé très utile pour générer de nouvelles compétences. (Pour voir les résultats de l’OBI pour l’Angola, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/country-info/?country=ao).

La liste de recommandations du CMI pour la société civile est ambitieuse et à la fois un peu générale. L’expérience gagnée par CRS-CIDSE suggère qu’il est nécessaire de disposer de perspectives concrètes, innovantes et de long terme pour générer de nouvelles compétences. Il faut relever que le rapport semble proposer une activité qui a déjà été organisée. Nous nous référons à l’atelier de l’IDASA et de “World Learning” sur le travail budgétaire. En 2006 ces organisations ont offert deux ateliers de cette nature, il n’est donc pas clair si le rapport se rapporte à un atelier postérieur de suivi à ces deux ateliers. Une leçon essentielle issue des ateliers mentionnés est qu’il existe des limites concernant ce qui peut être obtenu. Bien que les ateliers furent de très grande qualité et ont mis l’accent sur l’importance de l’implication immédiate des organisations participantes dans des activités budgétaires concrètes, seule une organisation, la Commission pour la paix et la justice, l’avait fait lorsque le deuxième atelier a eu lieu. Ceci est dû au fait que de nombreuses OSC en Angola sont confrontées à des difficultés pour implanter ses activités de recherche et d’incidence. Ainsi, il est absolument nécessaire que les ONG internationales soutiennent les organisations locales dans la phase de leur implantation. Il faut signaler que ceci ne doit pas être confondu avec le fait que les ONG internationales se chargent de l’implantation, dans la mesure où cela poserait des problèmes de légitimité et ne permettrait de remplir l’objectif de générer de nouvelles compétences.

En résumé, la recommandation clé pour les donateurs serait de changer leur stratégie de soutien à court terme – dans laquelle le financement est utilisé dans un grand nombre de réunions, d’ateliers et de conférences – pour une stratégie de soutien à long terme plus complexe qui se concentre sur le renforcement institutionnel et le soutien technique. Ceci permettra aux organisations locales de se consacrer totalement aux activités de recherche et d’incidence sur les thèmes de transparence budgétaire.

Pour davantage d’informations, contacter Soren Kirk Jensen à [email protected]


Rapport sur la récente publication du FMI Illuminating Resource Revenue Transparency – A New Guide by the IMF par Akram Esanov, Revenue Watch Institute

De quelle façon fait-on la promotion de la transparence fiscale dans des pays riches en ressources naturelles? Un grand nombre d’institutions politiques et d’organisations non gouvernementales ont essayé de résoudre ce dilemme. Le Fonds monétaire international (FMI) a présenté récemment un outil fort utile pour évaluer les pratiques de transparence sur les revenus dérivés de l’extraction des ressources en publiant une version révisée du Guide sur la transparence des revenus issus de ressources naturelles, “Guide on Resource Revenue Transparency.” Depuis sa première parution en 2005, le guide est devenu la source de référence principale pour les organisations de la société civile et les gouvernements des pays aux ressources abondantes.

Conformément au code de bonnes pratiques sur la transparence fiscale du FMI “IMF Code of Good Practices on Fiscal Transparency,” le guide identifie quatre piliers pour la bonne administration de la transparence fiscale: (1) clarté des rôles et des responsabilités, (2) processus budgétaires ouverts, (3) disponibilité publique de l’information (4) garantie d’intégrité. Le premier principe implique que le cadre légal national doive stipuler clairement les termes gouvernementaux de propriété des ressources naturelles et que le régime fiscal doive préserver la participation directe et équitable du gouvernement dans les questions liées aux ressources. Le deuxième principe recommande l’inclusion d’un statut politique sur le taux d’exploitation des ressources naturelles et l’administration des revenus dérivés de ces ressources dans le cadre budgétaire. Le troisième principe d’ouverture de l’information fait appel à une documentation budgétaire appropriée sur les revenus et les dépenses issus des ressources naturelles; au rapport des payements aux industries extractives et à la publication de la dette du gouvernement liée à ces ressources. Enfin, le principe d’intégrité met l’accent sur l’importance du contrôle interne et des procédures d’audit indépendantes pour la gestion du flux des ressources; du contrôle des compagnies dans le secteur des ressources et du besoin d’un cadre claire pour la gestion des impôts.

Conformément aux discussions avec la communauté de décideurs, la version actualisée du code inclut des réquisits plus explicites pour certaines pratiques. Par exemple, il spécifie un cadre fiscal de moyen terme et un audit des comptes fiscaux. Les nouveaux réquisits du code sont tous inclus dans le guide. Le guide actualisé présente de façon inclusive d’importantes questions fiscales comme le cadre budgétaire à moyen terme, les rapports de long terme, les fonds liés aux ressources naturelles et la surveillance interne du flux des ressources. En outre, il reconnaît l’importance de l’Initiative sur la transparence des industries extractives “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI) et inclut des exemples d’autres pays. La différence entre le Code de bonnes pratiques sur la transparence fiscale “Code of Good Practices on Fiscal Transparency” et le Manuel sur la transparence fiscale “Manual on Fiscal Transparency” est que le code présente les principes généraux de transparence fiscale alors que le manuel les explique avec de plus amples détails. C’est le cas de thèmes comme les associations public/ privé, les concessions et les garanties. En outre, il explique les principes du code en employant des exemples de la vie réelle.

Le “Revenue Watch Institute” (RWI) applaudit les efforts du guide pour établir des standards clairs qui promeuvent la transparence des revenus dérivés des ressources. Le RWI soutient activement l’implantation de tels documents politiques et cherche à appliquer les principes mentionnés dans son évaluation de la transparence fiscale et du flux de revenus dérivés des ressources naturelles dans les pays en voie de développement.

Un aspect important du guide est qu’il offre des exemples sur les bonnes pratiques de transparence fiscale. En outre, le texte inclut des références à des informations plus détaillées sur le thème. Encore mieux, il aide à identifier des projets qui auraient pu avoir un impact majeur sur la transparence des revenus dans les pays riches en ressources naturelles.

Du point de vue légal, cependant, le guide n’a pas la faculté d’exiger du gouvernement qu’il respecte les principes de transparence. Le guide n’est pas obligatoire et n’inclut pas de procédures détaillées pour la transparence des dépenses. Les procédures d’EITI sont soutenues par le FMI bien que celui-ci ne requière pas que ses pays membres les adoptent. En outre, le FMI encourage tous les pays à adopter les bonnes pratiques inclues dans le code, mais leur implantation est volontaire. Par exemple, EITI parle de procédures que les compagnies et les gouvernements doivent suivre en faisant leur rapport sur la production et le flux de revenus. Cependant, moins de deux douzaines de pays se sont formellement engagés à participer. La communauté d’ONG doit faire davantage pression sur les gouvernements entrants pour qu’ils respectent les procédures d’EITI. On espère que les révisions postérieures du guide incluront des procédures plus détaillées pour la transparence des dépenses gouvernementales.

Pour obtenir de meilleurs résultats, les organisations internationales non gouvernementales doivent coopérer pour construire les capacités de la société civile au niveau local et des agences du gouvernement permettant de promouvoir des initiatives sur la transparence des ressources.

Pour lire le guide, aller sur: http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2007/10/illuminating-re.html.


Ministres des finances et organisations de la société civile: amis ou ennemis. Atelier organisé par l’IBP, l’Institut Brookings et l’Ecole d’études internationales avancées (SAIS)

Le 18 octobre, le Projet budgétaire international et le Projet sur la transparence et la responsabilisation de l’Institut Brookings ont organisé à Washington D.C., une discussion entre des représentants d’organisations de la société civile 8OSC) et des ministres des finances de différents pays africains sur la relation existant entre les deux groupes.

Le principal exposant fut le Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ex Ministre des finances et de l’économie du Nigeria qui, récemment, a été nommé directeur des opérations de la Banque mondiale. Entre les participants figuraient également des représentants d’OSC du Tchad et du Liberia et les ministres des finances du Burkina Faso, du Ghana, du Malawi et du Nigeria.

Le modérateur de l’événement, le chercheur de Brookings Charles Griffin, a ouvert la discussion en déclarant que l’interaction entre la société civile et le gouvernement concernant les thèmes des finances publiques est un avancement récent tant dans le monde développé que dans les pays en voie de développement. Le Dr. Okonjo-Iweala a discuté de ses expériences en travaillant avec des OSC au Nigeria. Il a mentionné les contributions importantes des OSC nigériennes dans trois cadres principalement: durant le processus budgétaire, dans la surveillance des biens pillés puis rendus, ainsi que dans l’Initiative pour la transparence des industries extractives “Extractive Industries Transparency Initiative” (EITI). Il a suggéré que les OSC disposent également d’un grand potentiel pour surveiller les comptes gouvernementaux au niveau sous national, mais doivent améliorer leurs capacités afin d’avoir un impact réel dans ce domaine. Il a conclu qu’en aidant à financer les OSC locales consacrées au travail budgétaire, les donateurs peuvent contribuer à consolider les capacités des organisations.

Le Ministre des finances du Nigeria, Shammsuddeen Usman, a reconnu le legs du Dr. Okonjo-Iweala au Nigeria et a discuté de comment approfondir les relations entre les OSC et le gouvernement. Usman a commenté que dans certaines instances, les ministres des finances comme les OSC manquent des connaissances nécessaires. Le Ministre des finances du Burkina Faso Jean-Baptiste Compaore, a exprimé son enthousiasme concernant une plus grande participation des OSC auprès des ministres des finances. Il a déclaré que le travail de ministre des finances exige souvent d’être présent sur plusieurs lieux au même moment et que les OSC peuvent jouer un rôle très important en aider à surveiller les dépenses budgétaires.

Gilbert Maoundonodji, coordinateur du Groupe pour la recherche alternative et la surveillance du projet pétrolier Tchad – Cameroun, “Group for Alternative Research and Monitoring of the Chad-Cameroon Petroleum Project” (GRAMP-TC), a suggéré que l’incidence budgétaire au Tchad a dépassé le thème de la transparence et se consacre davantage sur le suivi de l’impact du budget sur les pauvres. Il a également suggéré que la relation idéale entre la société civile et les ministres des finances n’est pas « d’amis ou ennemis » et que cette relation doit se fonder sur la reconnaissance mutuelle de l’engagement civique partagé. Aloysius Toe, directeur exécutif de la Fondation pour les droits de l’homme et la démocratie au Liberia, a souligné le rôle de la presse, OSC clé pour l’incidence budgétaire et la création des conditions nécessaires pour une plus grande transparence.

Goodall E. Gondwe, ministre des finances du Malawi, a exprimé une certaine ambivalence envers la participation des OSC dans le processus budgétaire. Cependant, il a également déclaré que quand les OSC ont commencé à s’intéresser aux questions liées au budget gouvernemental du Malawi, certains fonctionnaires ont pensé qu’en ignorant ces groupes, leurs demandes disparaitraient; mais désormais les fonctionnaires comprennent que les OSC ne vont aller nulle part et qu’il faut trouver des formes de collaboration entre les ministres des finances et les OSC.

 


Le travail budgétaire comme outil pour faire progresser le droit à l’alimentation par Ann Blyberg, “International Human Rights Internship Program” (IHRIP)

L’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation “UN Food and Agriculture Organization” (FAO) a initié un projet pour produire un guide pour la société civile sur comment utiliser le travail budgétaire pour faire progresser le droit à l’alimentation. Ce projet dans lequel l’IBP est activement impliqué est coordonné par le Programme international “International Human Rights Internship Program” (IHRIP) et a pour objectif à moyen terme de développer une méthodologie permettant d’utiliser le travail budgétaire dans des thèmes comme la faim et l’alimentation.

A la fin du mois d’octobre a été organisé un atelier à Washington DC pour développer une tentative de méthodologie. Parmi les participants étaient présents des représentants d’organisations du droit à l’alimentation ainsi que de groupes budgétaire de différents pays, dont trois pays dans lesquels la méthodologie devait être testée: le Guatemala (par le Centre international de recherche sur les droits de l’homme), les Philippines (par ESCR Asie) et l’Ouganda (par “Uganda Debt Network” et “ActionAid International” Ouganda).

Après les présentations et les discussions sur les budgets gouvernementaux, le travail budgétaire de la société civile et le droit à l’alimentation, les participants se sont donné pour tâche difficile de lier les revenus et les dépenses du gouvernement aux standards légaux internationaux (ainsi qu’aux lignes directrices de la FAO) sur le droit à l’alimentation. Le droit à l’alimentation concerne une grande série de thèmes tels que les politiques de soutien à l’agriculture, la nutrition infantile et les programmes d’alimentation d’urgence. L’identification de thèmes pour la méthodologie s’est révélée être un grand défi mais, finalement, les participants se sont mis d’accord pour se concentrer sur les dépenses dirigées à la réforme agraire, la modernisation des projets agricoles et les programmes d’alimentation scolaire.

La méthodologie sera mise à l’épreuve au cours de projets d’analyse et de recherche. Un atelier de suivi sera organisé en juin 2008 pour évaluer les résultats et modifier la méthodologie si nécessaire. Le guide devrait être prêt fin 2008.

Pour davantage d’informations, contacter Ann Blyberg à [email protected].


Exploration du suivi des dépenses en Afrique de l’Est. Conférence organisée par l’IBP et par le “NGO Policy Forum” de Tanzanie par Jennifer Sleboda, IBP

En octobre 2007, l’IBP et le “Policy Forum” (« Forum de politique publique ») de Tanzanie ont organisé une conférence sur le suivi des dépenses en Afrique de l’Est avec le soutien de l’initiative pour l’Afrique de l’Est de l’Open Society (OSIEA). La conférence a eu lieu à Arusha, en Tanzanie et y ont assisté 23 participants de 15 organisations du Kenya, de Tanzanie, d’Ouganda et du Malawi. Étaient présents également deux observateurs du Réseau d’action contre la pauvreté de la société civile (PANE) en Éthiopie, une organisation qui collabore avec l’IBP, afin d’acquérir des connaissances sur les méthodologies pour implanter le suivi des dépenses dans ce pays. La conférence de trois jours a offert un forum d’apprentissages pour explorer les opportunités qui permettent de fortifier et d’élargir le travail de suivi des dépenses en Afrique de l’Est à travers un réseau régional.

Lors de la première phase de la conférence, des groupes de chaque pays ont présenté des études de cas sur leur travail de suivi des dépenses avec un accent sur la méthodologie, l’accès à l’information, les défis et les résultats. La conférence incluait également une visite dans un village proche pour observer les résultats de la méthodologie des billets PIMA développés et implémentés par Hakikazi Catalyst, une ONG basée à Arusha. Lors de la visite, les participants se sont réunis avec des membres du comité de suivi de la localité, qui ont présenté les résultats de leurs activités de suivi et ont revu un bulletin local d’informations (réalisé par Hakikazi) avec des données sur la gouvernabilité et des informations sur les projets de développement et les finances.

Après les présentations, les participants de chaque organisation se sont réunis pour discuter des changements qu’ils pourraient introduire dans leur travail, de ce qu’ils pourraient promouvoir, et de deux leçons essentielles issues des méthodologies présentées.

Plusieurs groupes, dont le Centre pour la démocratie et la bonne gouvernance (CEDGG) et l’Agenda des jeunes du Kenya, ont considéré que les bulletin locaux d’informations ont été fort utiles et ont exprimé leur intérêt pour adopter cet outil au sein de leur travail. Le centre de recherche et de ressources Kabarole (KRC) d’Ouganda et le CEDGG ont déclaré qu’ils aimeraient reprendre certains aspects de la méthodologie des billets PIMA de Hakikazi dans leur travail de suivi des dépenses.

“Uganda Debt Network” (UDN) a présenté son travail sur le suivi du financement pour les installations scolaires en utilisant des groupes de suivi communautaires, la radio de la communauté, les dialogues locaux avec des fonctionnaires et l’activisme au niveau national. Inspirés par le travail d’incidence de l’UDN, la coalition anti-corruption Apac (TAACC) d’Ouganda et «Musulmans pour les droits de l’homme» (MUHURI) du Kenya ont reconnu qu’ils devaient renforcer leurs liens vers le haut et vers le bas pour faire en sorte que l’impact de leur travail soit pris en compte au niveau national. L’Agenda des jeunes a beaucoup apprécié l’utilisation de la radio au niveau communautaire et va envisager de l’incorporer dans sa stratégie avec les moyens de communication.

Après avoir pris connaissance du guide sur le suivi des dépenses “Follow the Money” produit par plusieurs groupes de Tanzanie Tanzania (Hakikazi, REPOA y TGNP), TAACC et “Youth Action Volunteers” (YAV) ont identifié la documentation, la diffusion de l’information, et le partage des bonnes pratiques comme des secteurs qu’ils peuvent renforcer et améliorer.

D’autres groupes, surtout la Coalition de la société civile sur l’éducation de base de qualité (CSCQBE) du Malawi et TAACC d’Ouganda, ont insisté sur le fait que pour parvenir à des changements réels, le travail budgétaire doit utiliser de façon consistante l’activisme fondé sur des faits. TAACC a signalé le besoin de mettre en œuvre des actions pour renforcer la responsabilisation à travers des canaux légaux. Dans sa présentation, TAACC a souligné son succès avec l’utilisation des cours judiciaires pour récupérer des fonds publics et destituer des fonctionnaires publics corrompus, avant tout dans le cas de fonds pour l’éducation primaire universelle dans le Nord de l’Ouganda.

Quand on leur a demandé ce qu’ils changeraient dans leur travail, KRC et l’Agenda des jeunes ont répondu qu’ils amélioreraient l’utilisation d’outils de suivi pour surveiller tant les dépenses comme la qualité des services, ce qui est un composant des méthodologies employées par des groupes comme Hakikazi, UDN et YAV.

Après les présentations réalisées par le CSCQBE sur le suivi des dépenses en éducation et par YAV sur le suivi du budget de la santé, le CEDGG et l’Agenda des jeunes ont exprimé leur intérêt pour explorer le travail de suivi au niveau sectoriel.

Ensuite, les participants se sont réunis avec les groupes de leur pays pour discuter de la création d’un réseau de suivi des dépenses, puis a suivi une session plénière. Les participants étaient d’accord pour dire qu’un réseau est nécessaire pour faire face aux défis en commun, faciliter l’apprentissage conjoint et renforcer et étendre le travail de suivi de la région. En règle générale, il y avait un accord commun sur le fait que le développement d’un réseau doit être quelque chose de graduel et doit commencer en se concentrant sur un thème d’intérêt pour les trois pays. L’IBP verra avec les participants les pas à suivre et les thèmes devant être couverts par le réseau, ainsi que les activités à suivre pour l’année prochaine.

Pour davantage d’informations, contacter Vivek Ramkumar de l’IBP à [email protected].


Transparence et développement économique en Afrique par Harika Masud, IBP

Le 25 septembre, l’Académie nationale de l’administration publique a organisé le premier séminaire Philip J. Rutledge sur l’Afrique. Ralph Widener, invité de l’Académie, fut le principal présentateur. Il a parlé de la menace de la «malédiction des ressources» dans le monde en voie de développement, surtout en Afrique, et des facteurs comme la corruption et la volatilité des prix qui font qu’il est difficile pour les pays riches en ressources de bénéficier du développement économique.

Daniel Kaufmann, directeur des programmes globaux et de la gouvernabilité de la Banque mondiale, a parlé de sa recherche sur la transparence et le développement économique en Afrique. Ironiquement, les pays sans ressources abondantes disposent généralement d’une meilleure gouvernabilité que les pays riches en ressources. En même temps, Kaufmann recommande que les conclusions sur la qualité de la gouvernabilité d’un pays se fondent sur les critères de responsabilisation, de stabilité politique, de qualité des règles, de contrôle de la corruption et de liberté de presse.

Dans sa présentation, George Ayittey, un économiste distingué du Ghana et président de la Fondation pour l’Afrique libre, a déclaré que la corruption est l’affliction de l’Afrique malgré l’aide dont bénéficient plusieurs pays africains année après année. Il a également présenté différents exemples de leaders africains corrompus volant leur pays.

Ayittey attribue une partie du problème de gouvernabilité aux politiques de la Banque mondiale qui maintient des relations avec des gouvernements corrompus sans que ceux-ci rendent compte de la malversation d’environ 30% des prêts de la Banque.

D’autre part, il a félicité la Banque pour établir un fonds multinational pour protéger les ressources dérivées de l’extraction de pétrole au Tchad et Cameroun. La vigilance du fonds est sous la responsabilité d’un comité qui inclut des représentants du gouvernement, le parlement, le pouvoir judiciaire et la société civile. Ce type de vigilance de la part de différents représentants sociaux a permis de faire en sorte que les gains soient dirigés à des programmes de développement au lieu d’être gaspillés par des fonctionnaires corrompus. En outre, le fait que ce comité ait empêché la malversation massive de revenus pétroliers, corrobore l’idée partagée par de nombreux groupes budgétaires autour du monde selon laquelle des citoyens informés et actifs peuvent promouvoir l’allocation transparente et efficace des ressources publiques.

Ayittey propose six réformes institutionnelles pour faire face aux pratiques de corruption dans les pays africains:

  • Des moyens de communication libres et indépendants
  • Un pouvoir judiciaire indépendant
  • Une commission électorale indépendante
  • Une banque centrale indépendante pour empêcher les malversations de fonds et stabiliser la politique monétaire
  • Un service civil efficace
  • Des forces armées neutres et professionnelles

Shari Bryan, le directeur régional de l’Institut national démocratique pour l’Afrique de l’Est, a assuré que les réformes institutionnelles pour freiner la corruption doivent également reconnaître le rôle du législatif. Sur la base d’entretien à des législateurs dans neuf pays africains, il est arrivé à la conclusion que la relative passivité de la législature sur ce thème se doit surtout au manque de capacité et de ressources et non au manque d’engagement pour assurer les droits des citoyens. Dans plusieurs cas, les membres du législatif ne disposent pas de l’éducation nécessaire, ils manquent d’information et d’autres soutiens. Ainsi, plusieurs législateurs assument des postes importants au sein des secrétariats du gouvernement et des directions de compagnies lucratives, ce qui crée des conflits d’intérêt.

Malgré ces difficultés, Bryan a soutenu que les législatures ont la responsabilité de reconnaître leur rôle pour améliorer la gouvernance et tirer profit de l’intérêt national pour augmenter les niveaux de transparence et de responsabilisation.

Nathaniel Fields, vice-président et CEO de la Fondation pour le développement africains, était d’accord avec George Ayittey et a souligné les multiples opportunités qui ont été enlevées aux pauvres d’Afrique. Il a mentionné par exemple que l’Union africaine estime que le coût de la corruption pour les économistes africains s’élève à 148 milliards de dollars par an.

Fields a expliqué que la communauté internationale doit aider les communautés locales à négocier une distribution équitable des revenus dérivés des ressources nationales. En outre, les organisations de la société civile doivent intensifier leurs demandes pour augmenter le niveau de transparence et de responsabilisation gouvernementales.

Thomas Heller, professeur d’études légales internationales de l’École de droit de Stanford et doyen de l’Institut d’études internationales de Stanford a offert une description de sa recherche sur les effets de l’énergie et des richesses naturelles dans les politiques de transition démocratique, de corruption et de croissance économique. Alors que les aspects économiques de la « malédiction des ressources » sont gérables, il a affirmé que les problèmes politiques empirent la situation. La fragilité des structures institutionnelles et la pauvreté de la participation populaire sont les obstacles principaux des «démocraties hybrides» et ont un impact profond sur l’accès des citoyens aux budgets ouverts, ainsi que sur leur capacité à participer à des processus politiques transparents.


Renforcement des compétences budgétaires de la société civile à travers le partage de connaissances au Burkina Faso, CIFOEB

Afin de consolider son réseau d’organisations dans les pays francophones africains, l’IBP a formé des modérateurs du Burkina Faso, du Sénégal, du Tchad et du Cameroun. Une des organisations participantes, le CIFOEB a déjà pris l’initiative d’organiser des ateliers de formation pour d’autres organisations de la société civile au Burkina Faso. Pour cela, le CIFOEB a adapté et complété le matériel de formation de l’IBP pour ses propres ateliers.

Le Centre d’information de formation et d’études sur le budget  (CIFOEB) est une organisation non lucrative fondée en 2003. Une année plus tard – après avoir participé à un atelier offert par l’IBP en octobre 2005 à Seam Reap, au Cambodge – le CIFOEB a formé à 40 membres de sa coalition, le « Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en Éducation de Base » (CCEB). La formation s’est concentrée sur l’analyse et le suivi de budgets centralisés et décentralisés pour l’éducation. (Voir: http://www.fasopresse.net/article.php3?id_article=5218).

Le Centre a organisé également deux conférences sur la participation citoyenne dans le processus budgétaire dans les villes d’Ouahigouya et Fada N’gourma au Burkina Faso avec approximativement un public de 100 participants. En janvier 2007, 21 organisations de la société civile (OSC) ont participé à un atelier organisé par le Centre sur le rôle des OSC durant le processus budgétaire. Récemment, en septembre 2007, le Réseau Africain des Journalistes pour l’Intégrité et la Transparence (RAJIT) a demandé au CIFOEB d’organiser un atelier qui couvrirait l’élaboration du budget ainsi que des outils d’analyse de budgets pour 20 de ses membres.

Ces activités représentent des pas importants vers le renforcement des capacités d’incidence de la société civile pour promouvoir des allocations budgétaires en faveur des pauvres. Actuellement, le Centre effectue une évaluation interne de ses activités avec la société civile.

Pour davantage d’informations, contacter Albert van Zyl à [email protected]


Le gouvernement d’Équateur approuve un plan budgétaire pour combattre la violence de genre par Elizabeth Villagómez, “Almenara Estudios Económicos y Sociales”

Le président Rafael Correa et quatre ministres d’État ont signé un décret présidentiel qui, pour la première fois, établit la lutte contre la violence de genre comme politique d’État et crée un plan national et un budget pour l’éradiquer.

Le plan se compose de quatre parties: 1) lancer des programmes et campagnes de conscientisation pour changer la posture publique quant au genre 2) créer un système national d’information pour les cas de violence de genre; 3) établir un programme pour protéger les enfants, les adolescents et les femmes victimes de violence; et 4) donner aux victimes de violence un accès opportun et gratuit au système judiciaire.

Plusieurs agences officielles aideront à implanter le plan: “la Maquinaria Nacional de Mujeres” («le mécanisme national des femmes»), le Conseil sur l’enfance et l’adolescence et l’Institut national de l’enfance et des familles.

Le plan représente un effort louable pour implanter la loi sur la violence domestique de 1995 (Loi 103), bien que le budget alloué de 2 millions de dollars pour 2007 est préoccupant pour être aussi bas. (Le président a proposé une augmentation considérable pour 2008).

L’étude qui accompagne la loi de 1995 se fonde sur une enquête nationale qui démontre que 12% des femmes entre 15 et 49 ans ont été victimes de violence de la part de leur partenaire au cours de l’année antérieure. Dans des investigations récentes, la «Lupa Fiscal de Género» («la loupe fiscale du genre») du Groupe FARO avec le soutien d’UNIFEM et du Conseil national des femmes a trouvé qu’au moins 31% des femmes de cette tranche d’âge ont souffert d’un type de violence avant d’avoir 15 ans. Par ailleurs, 31% des femmes mariées ou en union libre ont expérimenté la violence physique de la part de leur partenaire; 41% ont souffert d’abus psychologique et 12% ont été victimes de violence sexuelle.

Une étude du Secrétariat général des Nations unies en 2006 sur la violence contre les femmes résume différentes études qui tentent de quantifier les coûts économiques et sociaux de la violence de genre, c’est-à-dire la violence de couples domestiques. La majorité de ces études prend en compte le coût des services de santé, de police, de justice et de soutien aux victimes mais très peu reflètent les coûts additionnels tels que la perte totale de productivité, d’activité économique et de bien-être social.

Le fait de disposer d’informations précises sur le coût total de la violence de genre offre aux politiques et aux activistes une dimension économique permettant de considérer quelles allocations budgétaires sont appropriées et nécessaires pour faire face à ce problème. Ces informations constituent également un argument important pour les programmes de prévention qui coûtent beaucoup moins que les effets sociaux et économiques de la violence de genre. (Les deux millions de dollars sur lesquels s’est engagé l’Équateur pour lutter contre la violence de genre ne représentent que 0.001% du PIB national. C’est une partie toute petite du coût de la violence domestique en soi, qui est estimée à 1 à 2% du PIB).

Dans différents pays sont mis en œuvre des efforts pour améliorer la compréhension des causes et effets de la violence de genre et faire en sorte que les programmes d’assistance et de prévention soient plus efficaces.

Pour voir l’étude du Groupe FARO, aller sur: http://www.grupofaro.org/


Initiative égyptienne sur les budgets sensibles au genre par Maya Morsy, UNIFEM Égypte

Par mandat constitutionnel, le président Mubarak a fait connaître son intérêt pour éliminer toute forme de discrimination contre la femme. Dans un forum pour les femmes membres du parlement organisé en juin, le président du Conseil national des femmes, “National Council for Women” (NCW), et la première dame d’Égypte se sont mis d’accord sur «l’importance d’appliquer la perspective des droits dans le budget national pour assurer que les hommes et les femmes, les garçons et les filles, reçoivent les même bénéfices et participent au développement de la nation».

En 2002, le NCW a créé des «unités d’égalité des chances» dans tous les ministères du gouvernement, en se rapportant directement au ministère pour recevoir les plaintes sur les cas de discrimination des employés du ministère et faire en sorte que les plans et le budget du ministère soient sensibles au genre.

En différentes occasions, le Ministre des finances a souligné l’importance de considérer le budget à travers une perspective de genre et de surveiller le budget avec la perspective de l’égalité des chances, conçu pour le contexte égyptien. L’analyse du document “call circular” (dans lequel les ministères définissent les objectifs en termes de résultats et les estimations budgétaires) est un pas réel vers l’incorporation de mesures qui assurent que tous les projets du ministère en recherche de fonds soient sensibles au genre. Les “call circulars” et les budgets sensibles au genre montreront plus clairement ce que le gouvernement prévoit de faire quant aux thèmes du genre et offriront des informations nouvelles pour faciliter l’analyse, la discussion et l’activisme.

En outre, le sous-secrétaire des finances a déclaré qu’il «est très important pour les femmes et pour le parlement de savoir comment écrire et analyser le budget, ainsi que de distinguer quand formuler des questions sur l’égalité des changes et sur les droits des femmes et des petites filles». Les centres universitaires et de recherche prennent cette affirmation au sérieux et le Département d’économie de l’Université du Caire réalise déjà des analyses sur le budget annuel afin de soutenir le débat du parlement.

De la même façon, le président de la chambre basse du parlement a mentionné dans l’un de ses discours que «les mémoires de la réunion au sein du parlement ont reflété dans plus d’une occasion la requête formulée par les femmes du parlement pour adopter une perspective du genre». Cette déclaration est importante puisqu’elle démontre que les affirmations de femmes législatrices font toujours partie du débat.

Depuis 2000, UNIFEM et le Conseil national des femmes travaillent pour conscientiser sur les budgets sensibles au genre parmi les fonctionnaires de haut niveau au sein des ministères, du parlement et de la société civile, à travers la préparation de manuels d’orientation sur l’analyse de budgets sensibles au genre et l’analyse de politiques publiques. Grâce à leur travail, les programmes du gouvernement sont devenus plus sensibles aux questions de genre et les allocations aux programmes pour le développement de la femme dans le cadre du plan national de développement ont été dupliquées de 1997-2002 à 2002-2007.

Le ministre des finances a adopté des mesures pour un budget sensible au genre en 2005. Il travaille actuellement avec l’ambassade des Pays-Bas et avec UNIFEM pour atteindre les objectifs suivants: améliorer les compétences du personnel clé au sein du ministère des finances, ainsi que d’autres ministères, sur les questions de genre, de suivi, de surveillance et d’évaluation des budgets national et locaux dans une perspective du genre et de la pauvreté; formuler des recommandations sur l’égalité des chances pour les femmes dans le budget; et faciliter la transparence dans la formulation du budget. Certaines actions concrètes sont:

  • Le développement d’un paquet de formation sur les budgets sensibles au genre pour sa diffusion au sein de la société civile.
  •  L’analyse du budget national 2006-2007, du plan national de développement 2007-2012 et des politiques financières gouvernementales dans une perspective du genre.
  • L’organisation de réunions pour discuter du rôle des membres du parlement dans le débat budgétaire, ainsi que du forum des femmes parlementaires ci-dessus mentionné.
  •  La traduction de matériels techniques en arabe. (Un exemple de matériel est “Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for the Compliance with CEDAW,” ou «La budgétisation pour les droits des femmes: surveiller les budgets gouvernementaux pour le respect du CEDAW» de Diane Elson, qui sera disponible à l’adresse suivante: http://www.ncwegypt.org.)

D’après le secrétaire général de NCW, le budget lié au genre est confronté à plusieurs défis, et notamment au fait que le rôle des parlementaires dans le budget national s’est traditionnellement limité à l’approbation et au suivi. Bien que la conception du budget et son implantation soient des prérogatives de l’exécutif, les derniers changements constitutionnels de 2007 ont donné au parlement des responsabilités additionnelles pour discuter et amender le budget. En outre, le budget lié au genre requiert de la volonté politique, des ressources et des compétences suffisantes, ainsi qu’un niveau élevé d’informations budgétaires parmi la société civile. La société civile doit tout particulièrement veiller au cycle budgétaire et se préparer pour réviser la proposition budgétaire dès sa publication et faire pression sur les membres du parlement pour les thèmes importants.

Pour davantage d’informations, contacter Maya Morsy à [email protected].


Combat contre la mortalité maternelle depuis la tranchée budgétaire par Manuela Garza, IBP

Aujourd’hui nous savons exactement comment combattre la mortalité maternelle. Cependant, d’après des informations récentes, «plus de 536 000 femmes meurent chaque année durant leur grossesse ou en donnant naissance. C’est-à-dire une femme toutes les dix minutes ou 10 millions de femmes par génération». Ce chiffre n’a presque pas changé depuis 1987.  «Moins d’une femme sur 16400 mourra durant sa grossesse ou l’accouchement dans les dix pays au niveau de mortalité le plus bas; une femme sur sept mourra au Niger et une femme sur six au Sierra Leone». (Voir: http://www.womendeliver.org/assets/Unfortunate_Facts_of_Life_factsheet_(A4).pdf). Ces chiffres suggèrent que la mortalité maternelle est caractéristique des femmes pauvres, plus commune en Afrique subsaharienne et dans le Sud-est asiatique et beaucoup moins commune en Europe, à Cuba, en Chine et à Singapour. Ceci reflète des inégalités importantes en termes d’accès à une grossesse saine dans et entre les pays.

“Women Deliver”: Une réponse globale au coût du manque d’action

En octobre, des experts de la santé des secteurs privé, public et non lucratif – dont des ministères de la santé et des militants des droits des femmes d’autour du monde – ont assisté à la conférence “Women Deliver” qui a eu lieu à Londres, organisée par les principales organisations en santé sexuelle et reproductive et par les agences de développement suivantes: DFID, le Ministère des affaires étrangères hollandais, “Family Care International,” “International Planned Parenthood Federation,” Norad, “Partnership for Maternal and New Born Health,” “Save the Children,” SIDA, UNFPA, UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale).

Le slogan de la conférence était «Investir pour les femmes récompense». La discussion tournait donc autour de l’argent, ainsi que de la volonté politique nécessaire pour le faire travailler là où le besoin se fait le plus sentir. Mais, comme cela a déjà été constaté lors d’efforts globaux antérieurs pour le progrès de la santé maternelle, la question concernant qui est responsable d’investir pour les femmes est restée sans réponse.

Exiger aux gouvernements de rendre des comptes sur la santé maternelle

Lors de la conférence, l’IBP et des groupes d’Inde (“Centre for Budget and Governance Accountability”), de Tanzanie (“Women’s Dignity Project”) et du Mexique (Fundar, Centre d’analyse et de recherche) ont organisé un panel sur le suivi des allocations budgétaires pour la mortalité maternelle.

Durant le panel, Maggie Bangser et Festa Andrews de “Women’s Dignity Project” en Tanzanie ont décrit les problèmes causés par le manque de transparence dans le budget de la Tanzanie. Par exemple, il est très difficile de faire le suivi des matériels de la santé maternelle puisque ces derniers n’apparaissant pas à part dans le budget. La présentation faite par Indranil Mukhopadyay du “Centre for Budget and Governance Accountability” d’inde s’est concentrée sur l’analyse des budgets à différents niveaux gouvernementaux en faisant observer la différence entre les fonds déboursés et ceux réellement dépensés.

Sergio Meneses et Daniela Díaz de Fundar ont présenté un rapport sur leur recherche de cinq ans sur les budgets pour la mortalité maternelle au Mexique. La mortalité maternelle au Mexique a diminué mais reste un problème grave pour les femmes indigènes qui souffrent des niveaux de mortalité maternelle les plus élevés du pays. Par ailleurs, du fait de la Sécurité populaire mexicaine, un programme d’assurance médicale pour les pauvres, il est impossible de localiser le budget consacré à la mortalité maternelle dans les informations budgétaires existantes. Ceci est dû au fait que le schéma du budget de la Sécurité populaire ne détaille pas l’information budgétaire par programme. (Pour davantage d’informations sur ces données, voir: www.fundar.org.mx.)

Les présentations du panel sur le budget suggèrent que les gouvernements doivent faire de la mortalité maternelle une priorité du budget, investir davantage et plus efficacement, ainsi qu’améliorer la transparence du budget. Ceci, afin que les législatures, les instances de contrôle et la société civile puissent surveiller les progrès sur cette question.

Conclusions sur “Women Deliver”

“Women Deliver” a représenté un pas important pour positionner la réduction de la mortalité maternelle et l’égalité de genre sur l’agenda international. Les engagements financiers réalisés par le Royaume-Uni et la Norvège durant la conférence sont un bon exemple de ce qu’un événement de cette nature peut réussir.

Cependant, les pays dans lesquels la mortalité maternelle est la plus élevée n’ont concrétisé aucun engagement financier. On ne sait pas vraiment dans quelle mesure ils veulent invertir et quelles étapes ils souhaitent suivre pour améliorer la transparence et la responsabilisation.

Pour davantage d’informations, voir: www.womendeliver.org.


Ateliers sur les banques multilatérales de développement et “Gender Action” par Christopher Brown, IBP

Les 17 et 18 octobre, Gender Action, une ONG faisant la promotion des droits des femmes et de l’égalité de genre dans les pays en transition et en voie de développement, a organisé une série d’ateliers à Washington, D.C., pour des militants et des citoyens désireux d’en savoir davantage sur l’impact politique des institutions financières internationales (IFI) et des banques multilatérales de développement (BMD) sur les questions du genre. Les thèmes explorés sont analogues aux thèmes discutés dans le rapport de ActionAid sur l’éducation “Contradicting Commitments: How the Achievement of Education For All is Being Undermined by the International Monetary Fund” («Contradiction des engagements: comment la réalisation de l’éducation pour tous est compromise par le Fonds monétaire international») disponible dans la bibliothèque budgétaire dans la catégorie analyse macroéconomique de la page Internet de l’IBP. (http://ibp.forumone.com/resources/library/).

Le 17 octobre, l’atelier a discuté des effets de la dette sur les thèmes du genre. Bien qu’il soit généralement reconnu que la dette des pays en voie de développement a un impact négatif sur les pauvres de ces pays, l’impact de la dette en termes de genre n’a pas encore été bien étudié. Les politiques imposées dans les pays en voie de développement comme condition pour l’assistance des IFI peuvent conduire à des réductions des allocations budgétaires pour aider les pauvres. Même quand les réductions budgétaires sont neutres quant au genre, “Gender Action” explique qu’elles peuvent avoir des impacts très inégaux en fonction du genre.

Dans de nombreux pays par exemple, l’augmentation des quotas dans les services de santé et d’éducation affecte surtout les petites filles et les femmes quand les pères de famille réduisent les services pour leurs filles plus que pour leurs garçons. De la même façon, quand les politiques des IFI sont à l’origine de pertes d’emplois, il est plus probable que soient renvoyées des femmes (qui prennent plus de temps aussi à retrouver un emploi) que des hommes, puisque beaucoup d’employeurs assument que celles-ci ne soutiennent pas toute la famille. La société civile peut faire le suivi de ces impacts en réalisant des audits citoyens sur l’impact de la dette dans le pays.

Le 18 octobre, l’atelier a présenté les résultats d’une nouvelle recherche réalisée par “Gender Action” sur les dépenses de BMD consacrées à la santé reproductive et au VIH/SIDA. Le nouveau plan d’action sur le genre de la Banque mondiale affirme que les projets de santé de la banque incorporent de façon satisfaisante les thèmes du genre dans les programmes de santé reproductive et de VIH/SIDA et que, de ce fait, ne se concentre pas sur le suivi de tels programmes. La recherche de “Gender Action” ainsi que des évaluations internes de la Banque mondiale jettent le doute sur une telle affirmation.

L’analyse de “Gender Action” révèle que 81% des programmes de santé reproductive et liés au VIH/SIDA, soit n’intègrent pas du tout le thème du genre, soit sont à peine sensible au genre. (Les projets dirigés par le Groupe de la Banque africaine de développement et la Banque asiatique de développement ont tendance à être plus sensibles au genre que ceux dirigés par la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale). Alors qu’un grand nombre de rapports des BMD reconnaissent l’importance de la sensibilité au genre dans leurs sections préliminaires ou leur résumé, les considérations sur la sensibilité de genre ne sont pas incorporées dans le projet de conception.

En outre, la stratégie de la Banque mondiale 2007 sur la santé, la nutrition et la population, “Health Nutrition Population” (HNP), désigne le dossier HNP de projets, lequel inclut des programmes de santé reproductive et liés au VIH/SIDA, comme « le dossier le plus mal mis en œuvre des 19 secteurs durant les cinq dernières années ». HNP déclare que le personnel de santé de la Banque mondiale a diminué de 40% depuis 2000. Est préoccupante l’approche du gouvernement des Etats-Unis avec les politiques « d’abstinence », qui nuisent aux politiques de planification familiale. Des versions antérieures de la stratégie 2007 de HNP ont été censurées pour enlever les références à la planification familiale et aux droits sexuels et de santé reproductive.

“Gender Action” a publié récemment le rapport Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending («État des lieux des dépenses pour le VIH/SIDA et la santé reproductive des Banques multilatérales de développement») — lequel évalue la quantité et la qualité des dépenses consacrées à la santé reproductive et au VIH/SIDA des BMD. La publication met en avant un déclin des prêts de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque asiatique de développement et de la Banque interaméricaine de développement. Sont présentés des engagements liés à la santé reproductive et au VIH/SIDA qui n’ont pas été respectés et des conditions nuisibles de prêts telles que la restriction des dépenses publiques, ce qui limite la capacité des pays pauvres pour résoudre les problèmes de santé publique. Par ailleurs, le rapport présente des preuves de comment l’incidence peut permettre d’améliorer l’exercice des BMD pour servir la santé reproductive, la réduction du VIH/SIDA et atteindre les objectifs du millénaire.

Pour davantage d’informations, visiter la page Internet de Gender Action: http://www.genderaction.org/.


Révision du budget d’Israël 2008 par Barbara Swirski, “Adva Center”

Le Centre Adva a commencé à travailler sur des thèmes liés au budget 2008 de l’Israël durant le mois d’août quand a été approuvé le cadre général du budget. Le Centre Adva a envoyé aux membres du cabinet un document dans lequel il observait que le plafond des dépenses fiscales (qui limite l’augmentation des dépenses à 1.7% par rapport à l’année antérieure) s’applique seulement aux dépenses civiles; les dépenses de défense sont programmées pour augmenter à un rythme beaucoup plus rapide. Le rapport demande si «la force de la nation» doit se fonder seulement sur les investissements militaires.

Les autres thèmes budgétaires que le Centre Adva traitera cette année incluent:

  • La sous-estimation par le budget de la croissance économique et des revenus fiscaux en 2008, ce qui est utilisé pour justifier le non augmentation des dépenses sociales.
  • L’accent porté à la réduction du déficit fiscal et la réduction par voie de conséquence des investissements dans les infrastructures et les services.
  • L’augmentation de la défense dans le budget.
  • Le manque d’investissements pour élargir les opportunités éducatives.
  • Le manque de financement du système de santé publique.

Également durant le mois d’août, le Forum budgétaire des femmes dirigé par Adva – une coalition de 27 féministes juives et israélites – conjointement à des organisations de droits de l’homme, ont lancé leurs propres activités liées au budget 2008 avec la présentation des implications du budget pour le genre lors d’une session spéciale du comité parlementaire. Le forum a discuté entre autres des points suivants:

  • Les impôts proposés sur la santé et la sécurité sociale qui seraient imposés aux femmes qui ne travaillent pas en dehors de leur maison (au poids lourd tout spécialement pour la minorité palestinienne en Israël).
  • L’ajournement d’une augmentation du salaire minimum (65% des bénéficiaires sont des femmes).
  • Le délai proposé pour étendre les garderies publiques.

Adoptant les recommandations antérieures du Centre Adva, le budget provisoire a été tabulé plus tôt que jamais (le 8 octobre). Les événements prévus par le Centre Adva dans le cadre du budget de cette année incluent:

  • Une rencontre parlementaire spéciale sur les implications du budget pour le système de santé publique en Israël (cette réunion a été initiée par Adva, conjointement à “Physicians for Human Rights-Israel”).
  • La conférence annuelle qu’organise Adva sur les budgets et le genre pour les fonctionnaires, les universitaires et les militants d’ONG intéressés par les budgets sensibles au genre, qui cette année a été consacrée à l’effet de la privatisation des services publics sur l’emploi des femmes.
  • L’atelier annuel d’Adva sur le budget Knesset pour les législateurs et leurs alliés.
  • Une session conjointe du comité des finances du parlement et du comité sur l’état de la femme sur l’impact du budget sur les femmes.
  • Environ une vingtaine de séminaires pour des groupes de la société civile.

Adva prévoit de produire de multiples publications budgétaires, dont une présentation PowerPoint sur les implications sociales du budget préliminaire 2008, une analyse de genre du budget, une révision de l’impact du budget sur le système de santé et le document Israel: A Social Report – 2007 qui analyse les tendances socioéconomiques du pays. Finalement, comme cela fut le cas antérieurement, le travail budgétaire de cette année inclura des sessions d’actualisation pour les législateurs, les journalistes et les organisations budgétaires.

Pour davantage d’informations, aller sur: http://www.adva.org.


Le “Centre for Budget and Governance Accountability” (CBGA) répond à une nouvelle étude qui révèle la protection déficiente de l’enfance en Inde

Les enfants indiens sont confrontés à des risques élevés d’abus physique, sexuel ou émotionnel selon une étude publiée récemment par le Ministère des femmes et du développement de l’enfant en Inde (MWCD). Plus de 50% des enfants des zones enquêtées ont été victimes d’un ou plusieurs types d’abus.

Le centre pour la responsabilisation budgétaire et en matière de gouvernance, “Centre for Budget and Governance Accountability” (CBGA, «Centre pour la responsabilisation budgétaire et la gouvernance»), une ONG d’Inde, s’est consacrée à l’analyse du budget national, ou «Union Budget», et à son impact sur les enfants. Le CBGA a étudié les dépenses gouvernementales pour les enfants en analyses les dépenses sociales et les programmes spécialement consacrés à la protection, au développement, à la santé et à l’éducation des enfants. Le CBGA veut attirer l’attention sur le thème de la protection infantile – relégué depuis des décennies – pour les raisons suivantes:

  •  Le MWCD a créé récemment un comité de haut niveau pour faire face à l’abus infantile. Cependant, le budget national ne reflète aucune augmentation des allocations au programme de protection des enfants.
  • Au niveau étatique, il n’y a pas non plus de fonds suffisants pour les enfants.
  • La Constitution d’Inde reconnaît la vulnérabilité des enfants.
  • L’Inde a signé plusieurs déclarations internationales sur la protection et le développement de l’enfant.
  • L’Inde présente l’un des plus mauvais indicateurs mondiaux sur le développement humain quant au trafic d’enfants, à l’abus sexuel de mineurs, à la malnutrition, à l’immunisation, à l’éducation et à la mortalité infantile.

Dans un communiqué de presse, le CBGA a partagé les résultats de sa recherche et indiqué que les dépenses sociales ont augmenté au cours de la dernière décennie mais restent insuffisantes pour faire face aux grands besoins des enfants, qui représentent une grande partie de la population. L’analyse par secteur suggère une tendance similaire pour les enfants dans les champs programmatiques essentiels. Par exemple, les allocations pour l’éducation demeurent insuffisantes pour respecter les engagements d’éducation de haute qualité (malgré les augmentations de cette année pour les programmes de déjeuners et pour l’éducation secondaire) du fait du grand nombre d’élèves dans le pays. Les provisions budgétaires pour la santé des enfants comme part des dépenses gouvernementales totales ont également diminué. La protection infantile reste un secteur abandonné du budget avec une augmentation nominale cette année. Ce fait est préoccupant si l’on considère le nombre de crimes infantiles.

Pour lire le communiqué de presse, aller sur: http://www.cbgaindia.org/
Pour davantage d’informations, contacter le CBGA à [email protected]


L’IBP lance une nouvelle série de revues budgétaires

Ce mois-ci, l’IBP lance une série de bulletins budgétaires, ou “Budget Briefs,” pour stimuler le débat sur les thèmes de finances publiques et de responsabilisation. Un résumé du premier numéro, “Linking Budget Analysis with Aid Advocacy: How Civil Society Groups Can Monitor Donor Budget Support” (« Lier l’analyse budgétaire à la défense de l’aide: comment les groupes de la société civile peuvent surveiller le soutien budgétaire des donateurs ») est présenté ci-dessous. Les bulletins seront distribués voie électronique à tous les abonnés au bulletin de l’IBP, Nous vous remercions de bien vouloir envoyer vos questions ou suggestions à [email protected]

Pendant de nombreuses années, les citoyens ont exigé le droit à la surveillance des budgets publics et à la participation dans la décision liée à l’allocation des fonds publics. Dans les pays en voie de développement qui dépendent de l’assistance financière, les décisions réalisées par les institutions financières internationales et les donateurs bilatéraux ajoutent une dimension additionnelle au travail budgétaire. Dans ce bulletin, Lucy Hayes de EURODAD et Albert van Zyl de l’IBP mettent en avant certains points liés à la planification de l’assistance d’importance pour les groupes de la société civile qui surveillent le budget du gouvernement dans les pays dépendants de l’assistance.

L’assistance financière représente une part très significative, dans certains cas jusqu’à la moitié, des revenus gouvernementaux dans les pays aux faibles revenus. L’assistance peut augmenter comme part du budget si les pays riches augmentent l’assistance financière qu’ils offrent pour aider à atteindre les objectifs du millénaire. En même temps, les gouvernements donateurs se sont engagés à réaliser une série de changements importants quant au mode de distribution de l’aide; il existe une tendance vers le «soutien budgétaire direct», consistant à donner aux gouvernements des fonds qu’ils peuvent allouer dans le cadre du cycle budgétaire national.

L’argent de l’assistance se dépense généralement en projets aux procédures spécifiques. Par conséquence, les gouvernements receveurs doivent dépenser un temps et des ressources considérables pour répondre aux exigences des agences financières.

Afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance et la responsabilisation, différents gouvernements donateurs et organisations multilatérales ont commencé à canaliser  davantage d’assistance, non sous la forme de projets, mais sous la forme de soutien sectoriel ou de soutien budgétaire général. A ce jour, seuls 5% du total de l’assistance sont dépensés à travers le soutien au budget, mais dans certains pays se chiffre dépasse les 20%.

Le soutien gouvernemental est destiné à augmenter la responsabilisation des gouvernements devant leurs citoyens et non devant les agences de développement. Mais en canalisant l’argent directement au travers du budget national, cela fonctionne seulement si le pays dispose de «structures de responsabilisation» – telles que la vigilance parlementaire et les processus de contrôle – pour assurer que l’argent soit dépensé de façon approprié.

Les scandales liés à la corruption et aux droits de l’homme, conséquences du manque de responsabilisation, ont fait que beaucoup de gouvernements donateurs sont désormais plus précautionneux quant à leur soutien au budget. La majorité des donateurs n’offrent pas de soutien budgétaire aux pays peu transparents. De la même façon, la majorité des donateurs offrent leur soutien au budget conjointement à des initiatives pour améliorer la gouvernance et mettre en œuvre des efforts considérables pour faire en sorte que les systèmes financiers des récepteurs de fonds soient plus transparents.

Cependant, les donateurs tendent encore à se concentrer démesurément sur des réformes techniques, sans attacher suffisamment d’importance aux réformes pour la promotion de la responsabilisation. Le risque principal du soutien budgétaire est que les donateurs suspendent ou diluent les moyens dont ils disposent pour surveiller l’utilisation de l’assistance dans le cadre antérieur des conditionnalités, sans que surgissent à leur place des mécanismes internes de responsabilisation.

Pour développer le potentiel complet du soutien au budget, les donateurs doivent augmenter le soutien à la société civile et aux institutions de contrôle dans les pays récepteurs. En retour, les gouvernements récepteurs doivent en faire davantage pour faciliter la surveillance populaire et les groupes citoyens doivent développer les compétences nécessaires pour l’activisme et l’analyse.


Publications du mois: Budget alternatif 2008: atteindre les objectifs du millénaire et la croissance durable avec équité par Social Watch Philippines et Budget participatif au Brésil. Dispute, coopération et responsabilisation par Brian Wampler

Budget alternatif 2008: atteindre les objectifs du millénaire et la croissance durable avec équité par Social Watch Philippines

L’Initiative pour le budget alternatif des Philippines, “Philippines Alternative Budget Initiative” (ABI), de 2008 représente une alliance entre 48 organisations de la société civile et de législateurs autour du concept de la participation publique dans le processus budgétaire. L’ABI a contribué à créer un sentiment de propriété conjointe dans les propositions et construit un front uni sur des actions militantes concrètes. En 2007, l’ABI a obtenu des augmentations significatives dans le secteur de la nutrition et différentes hausses des dépenses dans le secteur de l’éducation. Bien que l’ABI soit une initiative surtout de minoritaires, elle est parvenue à susciter le soutien de membres du parti majoritaire.

Pour lire le rapport, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Alternative-Budget-2008-Attaining-the-MDGs-and-Sustainable-Growth-with-Equity.pdf

Budget participatif au Brésil. Dispute, coopération et responsabilisation, par Brian Wampler

Brian Wampler présente une recherche de terrain révélatrice – fondée sur des entretiens détaillés, une enquête appliquée à 650 délégués du budget participatif et une analyse budgétaire minutieuse – dans huit municipalités brésiliennes. Wampler explique pourquoi les budgets participatifs ont différents niveaux de réussite ou d’échec. Il explique que les trois facteurs les plus importants pour comprendre ces variations sont: les encouragements dont bénéficient les administrations municipales pour déléguer de l’autorité, la façon dont les organisations de la société civile et les citoyens répondent aux nouvelles institutions, et la structure légale utilisée pour déléguer de l’autorité aux citoyens.

Cette étude est dirigée à un large public d’universitaire et de militants désireux d’examiner la rapide expansion des budgets participatifs à plus de 250 municipalités du Brésil depuis 1989 et son implantation dans plus de 20 pays.

Pour davantage d’informations, aller sur: http://www.psupress.psu.edu/books/titles/978-0-271-03252-8.html.


Nouveaux matériels dans la bibliothèque budgétaire

“The World Bank and Agriculture: A Critical Review of the World Bank’s World Development Report 2008” («La Banque mondiale et l’agriculture: une révision critique du rapport de la Banque mondiale sur le développement mondial 2008»)
Par Action Aid

Dans de nombreux pays en voie de développement, le développement agricole a souffert énormément au cours des 20 dernières années. Ce qui est considéré comme un des principaux facteurs contribuant à la pauvreté dans les pays les plus pauvres au monde. Dans ce travail est étudiée la trajectoire de l’engagement de la Banque mondiale envers le développement agricole, et la libéralisation commerciale et financière et le démantèlement des “marketing boards” sont accusés d’être les principales causes de la pauvreté. Action Aid suggère que les politiques de la Banque font que les pays réagissent moins aux demandes des groupes de la société civile qui représentent les pauvres des zones rurales et que les politiques agricoles peuvent changer dans le futur pour des systèmes politiques de propriété collective. L’organisation suggère également que la Banque centre ses politiques autour du droit à l’alimentation. La Banque mondiale s’est engagée publiquement à accorder une importance spéciale au développement agricole et à augmenter les dépenses dans ses programmes d’agriculture.

Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending” («Etat des lieux des dépenses pour le VIH/SIDA et la santé reproductive des Banques multilatérales de développement»)
Par Suzanna Dennis et Elaine Zuckerman/ Gender Action

Ce rapport met à l’épreuve l’engagement des banques multilatérales de développement (BMD) pour promouvoir la santé reproductive, prévenir le VIH et traiter le SIDA. Il analyse la quantité et la qualité du financement pour les objectifs du millénaire pour ces secteurs entre 2003 et 2006, et observe comment les politiques des BMD et du FMI affectent la réalisation de ces objectifs quant à la santé reproductive et au VIH/SIDA. Le rapport conclut que les politiques des donataires incluent des objectifs d’équité de genre mais que ces engagements ne se reflètent pas dans les allocations budgétaires.

“Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW” («La budgétisation pour les droits des femmes: surveiller les budgets gouvernementaux pour le respect de la CEDAW»)
Par Diane Elson/UNIFEM

Ce rapport traite de l’attachement des budgets gouvernementaux à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, «Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women» (CEDAW). Il couvre les dépenses, les revenus, la macroéconomie du budget et les processus de prise de décisions dans le budget. L’objectif est de clarifier comment l’analyse des budgets depuis la perspective du genre peut contribuer à veiller au respect des grandes lignes de la Convention et comment celle-ci peut permettre d’établir des critères d’équité de genre dans les questions budgétaires et servir de guide pour les initiatives budgétaires liées au genre.

Can the Paris Agenda on Aid be delivered?” («L’Agenda de Paris sur le Sida peut-il être réalisé?»)
Par l’Institut de développement d’outre-mer (IDO)

L’IDO a publié le compte-rendu de l’atelier de l’année passée organisé par le “Centre for Aid and Public Expenditure” (CAPE), sous le titre “Budget support and beyond: Can the Paris Agenda on aid be delivered?”  L’agenda de Paris est considéré comme un pas en avant par rapport aux accords de Rome et de Monterrey dans la mesure où il a introduit des objectifs très clairs pour surveiller le progrès de l’implantation au niveau national. L’atelier de CAPE avait pour but de répondre aux défis opérationnels et aux difficultés pour y faire face. Il s’est concentré sur l’amélioration du soutien des donateurs pour mettre en œuvre un changement politique et économique progressif dans les pays pauvres, les possibilités de nouvelles perspectives pour choisir la combinaison la plus appropriée d’instruments d’assistance, les résultats des réformes de l’administration financière publique pour l’utilisation de l’assistance et les encouragements des agences financières et le soutien des outils non budgétaires pour améliorer l’efficacité de l’assistance au niveau national.

“Transparency International 2007 Corruption Perception Index” («Index sur la perception de la corruption 2007 de Transparence internationale»)
Par Transparence Internationale

L’indice sur la perception de la corruption 2007 (IPC) se concentre sur le secteur public et définit la corruption comme l’abus de gestion publique à des fins personnelles. Transparence Internationale explique seule a été évaluée la perception de la corruption, dans 180 pays, et pour cela ne sont pas présentées d’informations relatives à des pays non inclus dans l’étude. Dans un commentaire concernant le lancement de l’ICP, Huguette Labelle, qui dirige Transparence internationale, nous rappelle que – grand nombre de pays où la corruption est la plus mal perçue – les pays plus riches sont complices de la corruption mondiale et bloquent souvent des mesures qui faciliteraient le retour de fonds volés. Au niveau national, les OSC doivent promouvoir la responsabilisation gouvernementale en prêtant une assistance technique sur des thèmes comme le budget et promouvoir de cette façon la demande de réforme.

“Local Government Effectiveness in the Area of Public Services” («L’efficacité gouvernementale locale dans le secteur des services publics»)
Par l’Institut des finances publiques (IPF)

Dans le bulletin de septembre, l’Institut des finances publiques (IPF) de Croatie présente un rapport sur les dépenses au niveau municipal des services publics. L’IPF rapporte d’importantes variations des dépenses au niveau régional (le niveau le plus bas est de 123 Kuna par habitant, alors que la moyenne se situe autour de 1700 Kuna par habitant, et que le niveau le plus élevé est de 17 000 Kuna par habitant). L’IPF suggère que le gouvernement central garantisse un niveau minimum de dépenses dans toutes les municipalités. L’IPF étudie la structure des impôts et le processus d’assignation de l’aide financière. Il offre également des recommandations pour améliorer la situation financière à laquelle doivent faire face les villes et les municipalités.

“Making Aid Accountable and Effective” («Rendre l’assistance responsable et efficace»)
Par ActionAid, Ghana

En septembre 2008, les chefs de gouvernement, les institutions multilatérales et les OSC du monde entier se réuniront dans la ville de Accra au Ghana pour le Troisième sommet sur l’assistance financière. L’objectif du sommet est de réformer la système d’assistante pour le rendre plus transparent et efficace dans la lutte contre la pauvreté. Dans ce rapport, ActionAid expose un plan en dix points pour trouver la réforme nécessaire pour l’assistance à Accra. Une des recommandations d’ActionAid est que le processus de consultation avec les OSC doit être plus complet et doit inclure la révision de documents clé avant leur publication. Une autre recommandation est de développer des mécanismes ouverts qui permettent aux citoyens d’exiger à leur gouvernement et aux donateurs de rendre des comptes pour l’usage de leur assistance, ainsi que d’améliorer la responsabilisation internationale à travers un ombudsman ou commissaire des Nations unies.


Prochaine publication de l’IBP: Notre argent, notre responsabilité: Un guide citoyen pour le suivi des dépenses gouvernementales

Durant la dernière décennie, les organisations de la société civile du monde entier ont exploré des techniques novatrices conçues pour exiger des gouvernements qu’ils rendent des comptes pour l’utilisation des ressources publiques. Dans sa toute prochaine publication, Notre argent, notre responsabilité: un guide citoyen pour le suivi des dépenses gouvernementales, Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures»), le Projet budgétaire international (IBP) présente dix méthodologies qui ont été utilisées avec succès par des groupes de la société civile pour suivre les dépenses du gouvernement et leur impact.

Ce guide est le troisième d’une série de publications de l’IBP, qui prennent place dans le cadre de ses efforts pour diffuser une bibliographie qui aide les groupes de la société civile à examiner minutieusement les budgets gouvernementaux. Le troisième guide de l’IBP se concentre sur l’implantation budgétaire et offre des outils pratiques et testés qui peuvent être utilisés par des organisations indépendantes pour surveiller les dépenses gouvernementales. Le guide reflète l’intérêt croissant des groupes de la société civile pour le suivi de la qualité des dépenses gouvernementales.

Les méthodologies, expliquées comme des études de cas, couvrent le travail de différents types d’organisations, dont des instituts de recherche (comme “Public Service Accountability Monitor” en Afrique du Sud), des mouvements sociaux de base (comme “Mazdoor Kisan Shakti Sangathan” en Inde), des groupes d’experts en budgets nationaux (comme Fundar au Mexique et “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” au Malawi),  des groupes qui se consacrent à l’analyse de budgets étatiques (comme “Concerned Citizens of Abra for Good Government” aux Philippines) et des groupes qui étudient les budgets locaux (comme « Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia » en Argentine et Hakikazi en Tanzanie).

Des exemplaires physiques ainsi que la version électronique du guide seront disponibles en janvier 2008. Pour davantage d’informations sur le guide, contacter Vivek Ramkumar à [email protected].


Opportunité de travail au sein de l’IBP dans le département de communications

Dans plus de cent pays autour du monde, des groupes de réflexion, des ONG, des organisations communautaires de base et des citoyens ont commencé un mouvement pour exiger davantage de transparence et de responsabilisation concernant les revenus et les dépenses de leur gouvernement. Le Projet budgétaire international (www.internationalbudget.org) a été créé en 1997, au sein du «Centre sur les priorités politiques et budgétaires» à Washington D.C., pour soutenir la croissance du mouvement, améliorer la gouvernance et réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement.

Au cours des dix dernières années, l’IBP a réalisé des efforts pour soutenir le suivi indépendant du budget en présentant une combinaison de formation et d’assistance technique, d’aide financière, d’opportunités d’échanges et une source globale d’information sur les avancées dans ce domaine. L’IBP publie également tous les deux ans l’Indice sur les budgets ouverts, “Open Budget Index,” une évaluation indépendante et comparative de la transparence budgétaire du gouvernement (http://www.openbudgetindex.org/). L’IBP travaille en collaboration étroite avec un réseau d’organisations de la société civile dans plus de 80 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine; et dispose de bureaux à Washington D.C., à Mexico et à Cape Town.

L’IBP cherche un rédacteur spécialisé en communications pour se joindre à la dynamique équipe internationale. Le responsable de ce nouveau poste basé à Washington DC sera chargé de développer la stratégie internationale de communications de l’IBP; ainsi que de gérer les publications de l’IBP. Le «manager en communications» travaillera au sein de l’équipe de l’IBP et supervisera deux personnes.

Responsabilités:

  • Travailler avec le directeur de l’IBP pour développer les objectifs de communication.
  • Coordonner la rédaction et l’édition de la page Internet de l’IBP, le bulletin bimensuel et les bulletins budgétaires, matériels de presse et autres publications.
  • Rédiger et éditer des rapports, articles, matériels de presse et publications.
  • Développer le profil institutionnel du travail de l’IBP et de ses collaborateurs autour du monde.
  • Soutenir les programmes de l’IBP, tels que l’Index sur le budget ouvert, en développement et implantant des stratégies efficaces avec les médias pour atteindre les publics suivants: acteurs du développement international, agences du secteur privé, communautés de la société civile et gouvernements.
  • Travailler avec l’équipe d’administration de l’IBP et superviser deux personnes du personnel de l’IBP.

Compétences, formation et expérience:

Le (la) candidat(e) idéal(e) doit avoir les caractéristiques suivantes:

  • Licence ou master en communications ou développement international, ou une expérience équivalente.
  • Grandes capacités pour écrire et éditer (en anglais).
  • Six ans ou plus d’expérience dans le développement et l’implantation de stratégies avec les médias, surtout au niveau international.
  • Excellentes relations interpersonnelles, capacité à travailler dans une équipe internationalement diversifiée.
  • Grandes compétences administratives, capacité à établir des priorités en portant une grande attention aux détails.
  • Intérêt ou connaissances en politiques publiques, finances publiques et questions liées au développement international (souhaité).
  • Capacité à travailler en français, espagnol, portugais et/ou russe (souhaité).

Newsletter No. 41 – English

Results of the Latin America Budget Transparency Index 2007

On November 21st civil society organizations in Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Peru, and Venezuela launched the results of the fourth round of the Latin American Budget Transparency Index 2007. (See: http://www.fundar.org.mx/fundar/indicelat/).

The study reveals that the absence of mechanisms for effective citizen participation remains the most critical area in all participating countries. Hence, the study makes recommendations including opening channels that allow citizens to share their opinions during the approval phase of the budget process and promoting the existing mechanisms to incorporate public opinion in the budget.

The most transparent areas at the regional level are the presentation of macroeconomic projections in the executive’s budget proposal; the responsibilities of the legislature in the approval phase of the budget process, and the capacity of the legislature to make changes during budget execution. In spite of this, it is important to say that for the most part the scores were consistently low.

Bolivia, Ecuador, and Venezuela joined the study for the first time and had very low scores. In a scale from 1 to 100 Bolivia obtained 42 points, Ecuador 40 points, and Venezuela 33 points. Colombia with 38 points is the second lowest score after loosing 20 points from the 2005 round. Costa Rica, on the contrary obtained 67 points in the general score, being the only country to obtain a passing score. Although Guatemala obtained 7 points more than in the last round it only managed to reach 50 points. Mexico also took a step back lowering its score by 4 points from 54 to 50.

According to the study the main challenges for these countries are:

  • to open spaces for citizen participation to discuss budget priorities
  • to improve the conditions for budget control given that internal comptroller/audit institutions lack substantial credibility in the majority of the countries
  • to increase the quality, depth, and timeliness of budget information

The organizations that participated in the study are “Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario” (CEDLA) (Bolivia), “Foro Joven,” “Proyección Andina” and “Codelibera” (Colombia), “Programa Estado de la Nación,” “Fundación Arias para la Paz el Progreso Humano” and the University of Costa Rica (Costa Rica), “Corporación Latinoamericana para el Desarrollo” (CLD) (Ecuador), “Centro de Investigaciones Económicas Nacionales” (CIEN) (Guatemala), Fundar, centro de análisis e investigación (Mexico), “Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud” (CISAS) (Nicaragua), “Ciudadanos al Día” (CAD) (Perú), and “Transparencia Venezuela” (Venezuela).

 

 

World Bank Assistance to Agriculture in Sub-Saharan Africa: A Review by Daisy Owomugasho, Uganda Debt Network (UDN)

The war against poverty in Sub-Saharan Africa (SSA) received a shot in the arm with the publication of the 2007 study by the Independent Evaluation Group (IEG) of the World Bank entitled, World Bank Assistance to Agriculture in Sub-Saharan Africa: an IEG Review.

In Uganda, the study’s timeliness cannot be overstated given the need to strengthen civil society efforts – under the Budget Advocacy Group – to lobby for larger annual budget allocations for the agriculture sector. The report’s major finding that the agriculture sector in SSA has been neglected both by governments and the donor community, including the World Bank, is the argument civil society organizations (CSOs) in the region (including UDN) have been voicing for the past decade or more without tangible results. Agriculture is the mainstay of most economies in SSA. In Uganda 80 percent of the population depends on agriculture activities. Hence, a focus on agriculture is central to address poverty. However, in Uganda agriculture has been consistently allocated the 2nd lowest portion of the budget. CSOs have been advocating for at least 10 percent specified in the Maputo agreement of 2003.

Does the Bank have an Agriculture Strategy?

Perhaps the most emphatic statement made in this study is that: “If Africa is to achieve the MDGs (Millennium Development Goals), its agriculture sector has to be developed” (p.3). Such emphasis has been lacking in previous Bank strategy documents. This is attributed to the shift in emphasis of the Bank from an economic growth paradigm – in the 1970s during the Robert McNamara era – to a broader development paradigm in Africa. This new paradigm “committed the Bank to integrated rural development to directly attack Africa’s rural development (Eicher, 1999). While in Asia this broader rural focus came after the initial focus on food production and the building of institutions, serious focus on agricultural development by donors did not take place in Africa because of this shift in priorities” (p.4).

By the mid-1980s, “the Bank began to expand its role in human development, and environment and sustainable development became important concepts” (p.12). The Bank’s strategy documents issued during this period, notably Vision to Action (1997) and Reaching the Rural Poor (2003) took this broader focus, which “led to increases in Bank rural lending over time, but agriculture became a smaller percentage of the total rural portfolio.”

The IEA study reveals that while in the 1960s and 1970s, the Bank’s technical capacity to support agriculture was strong, this changed in 1987 following a major reorganization of the Bank, which reduced the number of agriculture technical staff. The focus on social development and broad-based rural development resulted in a staff of generalists rather than agricultural specialists. Ultimately, there was limited interest among Bank country directors to support agricultural projects, which were found to be “more time-consuming, riskier, and more expensive to design and implement.”

Commitment of African Governments

The review also focuses on underdevelopment of African governments in agriculture. It underlines the need for political will from the highest levels of government. Although according to IEG’s PRSPs Review (IEG, 2003b), 94 per cent of African country PRSPs identified agricultural issues as central in the fight against poverty, many continued to allocate less than one (1) per cent of their budgets to agriculture. It is relevant to note here that these are the same countries that in July 2003 at the African Union (AU) Summit in Maputo, Mozambique, agreed to allocate at least 10 per cent of national budget resources to implement policies and programs to support agricultural growth within five years. The Bank now looks to NEPAD and CAADP to yield more political commitment among African governments to support the development of their agriculture sectors.

Key Findings and Recommendations

The IEA study’s major findings include:

  • African agro-ecological zones are highly variegated; with poor soils, highly variable rainfall and frequent droughts. Farmers’ access to irrigation and transport is limited, as is their access to credit, improved seeds and fertilizers.
  • Stagnation in agricultural production due to land scarcity in the face of increasing population growth, which brings to the fore issues of ownership and property rights.
  • Lack of commitment on the part of African governments to develop agriculture. African governments have used agriculture resources as a source for growth, but have not invested adequately in its development.
  • Farmers have to be convinced that it will be to their advantage to take on newer technologies like new crop varieties that are riskier and depend on the availability of fertilizers and water.
  • Public-private and donor partnerships need to be developed and strengthened, with actors contributing in areas of comparative advantage.

The study’s recommendations to the Bank include:

  • Focus attention on achieving improvements in agricultural productivity by establishing realistic goals for irrigation and recognizing the need to increase rain-fed agriculture through improvements in land quality, as well as water and drought management. It should also help design efficient mechanisms, including public-private partnerships, and support the development of marketing and transport infrastructure.
  • Improve the Bank’s work in agriculture through increased quantity and quality of analytical work; support public expenditure analyses to assess resource availability for agriculture; and rebuild technical skills based on a comprehensive assessment of current gaps.
  • Establish benchmarks for measuring progress by improving data systems to better track activities supported by the Bank; strengthen M&E to report on project activities in various ecological zones; and develop a system to coordinate agriculture activities in a country with road access, market proximity, and soil conditions.

To read the report, go to: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTASSAGRISUBSAHAFR/0,,menuPK:4422655~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4422577,00.html.

 


 

 

CMI Report on the Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola. A Response by Soren Kirk Jensen, Angola Economic Justice Program

In the last issue of the newsletter we presented the report Budget, State and People: Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola by Jan Isaksen, Inge Amundsen, and Arne Wiig, with Cesaltina Abreu from the Chr Michelsen Institute (CMI). In this issue Soren Kirk Jensen, the Manager of the Angola Economic Justice Program – funded by Catholic Relief Services (CRS) and members of the Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE) – shares his comments on the report.

During the past three years, where I have been working closely with the Catholic Church in Angola to increase its capacity to conduct research-based advocacy promoting transparency, I have learned to appreciate examples of solid and well-documented research on Angola’s economic and political context. The recent Chr. Michelsen Institute report on the budget process in Angola is a welcome contribution to the growing body of this kind of research. The report presents a quite detailed picture of the Angolan budget process and has the potential of enhancing the knowledge base that civil society organizations need to be able to engage effectively in this very important policy process.

It is possible that the report tries to cover too much, for example, when fiscal arrangements in the oil sector and the role of Sonangol are analyzed briefly in chapter 4.6. The oil sector is of utmost importance to Angola’s public finances as the vast majority of revenues originate here but it is also a very complex sector that can hardly be explored in a few pages. As a reader you easily loose track especially in the very long chapter 4, which will not help the report achieve its ambition of becoming” a useful source of information and ideas for civil society in Angola” (p. 1). If the report’s target group is indeed civil society organizations the report would have benefited from an editorial review with these issues in mind.

The report focuses a great deal on the important issue of civil society participation in the budget process and makes reference to ongoing efforts. In its executive summary, the report mentions that Catholic Relief Services (CRS) participated in the International Budget Partnership’s Open Budget Questionnaire released in 2006. It is important to clarify that the organization that implemented the Open Budget Questionnaire in Angola is the Catholic Church’s Peace and Justice Commission. CRS, in close cooperation with a group of CIDSE members only played a supporting role in responding to the Open Budget Initiative questionnaire. The challenge of the questionnaire is that it raises the bar quite high in terms of the capacity requirements expected from local organizations to conduct research and policy analysis. Following the IBP approach of attaching an “accompanier” to the process of collecting and reporting information in a systematic manner (and in English) the CRS-CIDSE group applied the completion of the questionnaire as a learning-by-doing tool, which has proven very successful for effective capacity building. (To see the Open Budget Questionnaire for Angola, go to: https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/country-info/?country=ao.)

CMI’s list of recommendations for civil society is a tall order and at the same time somewhat general. The experience gained by CRS-CIDSE suggests that there is a need for tangible, long-term and innovative approaches to capacity building. In this regard, it is interesting to note that the report seems to propose an activity that has already taken place, namely an IDASA/World Learning workshop on budget work. In 2006 two workshops of this nature were organized by the mentioned organizations so it is unclear if the report refers to a follow-up workshop to the two workshops already held. A key lesson learned from these workshops was that there is only so much you can accomplish through traditional workshops. Although the workshops were of a very high quality and stressed the importance of the participating organizations engaging immediately in concrete budget work, only one organization (the Peace and Justice Commission) had managed to do that when the second workshop took place. The reason for this is that many Angolan CSOs experience difficulties implementing research and advocacy activities. Therefore, there is a strong need for international NGOs to focus on supporting local organizations in the implementation phase. It cannot be emphasized strongly enough that this should not be confused with international NGOs conducting the implementation themselves, as this raises legitimacy issues and would not serve capacity building goals.

In conclusion, the key recommendation would be for donors to change from an easy short-term support strategy – where financing is mainly made available for an endless chain of meetings, workshops, and conferences to a complex long-term support strategy focusing on institutional strengthening and technical support. This would enable local organizations to get down to business in terms of the labor intensive preparatory work that is so fundamental for effective research-based advocacy on budget and transparency issues.

For more information, contact Soren Kirk Jensen at [email protected].

 


Illuminating Resource Revenue Transparency – A New Guide by the IMF. A Review by Akram Esanov, Revenue Watch Institute

How do you promote fiscal transparency in resource-rich countries? A number of policy making institutions and non-governmental organizations have long sought to address this vexing issue. The International Monetary Fund has recently provided a valuable tool for assessing practices of resource revenue transparency by publishing the revised version of the Guide on Resource Revenue Transparency. Since its first publication in 2005, the Guide on Resource Revenue Transparency has become a major reference source for civil society organizations and governments in resource abundant countries.

In line with the revised IMF Code of Good Practices on Fiscal Transparency, the Guide identifies four pillars for good fiscal transparency management: (1) clarity of roles and responsibilities, (2) open budget processes, (3) public availability of information, and (4) assurance of integrity. The first principle implies that the country’s legal framework should clearly spell out the terms for the government’s ownership of natural resources, and the fiscal regime should safeguard direct government equity participation in resource ventures. The second principle recommends the inclusion of a clear policy statement on the rate of exploitation of natural resources and the management of resource revenues in the budget framework. The third principle of openness of information requires proper budget documentation of resource revenues and spending; reporting on company resource revenue payments, and disclosure of government’s resource-related debt. Finally, the assurance of integrity principle emphasizes the importance of internal control and independent audit procedures for handling resource revenue flows; oversight of companies in the resource sector, and the need for a clear tax administration framework.

Following engaged discussions within the policymaking community, the revised Code includes more explicit requirements for some practices, e.g. specification of a medium-term fiscal policy framework and an audit of the fiscal accounts. The new requirements of the Code are fully reflected in the Guide. In particular, the updated Guide comprehensively discusses important fiscal issues such as medium-term budgeting framework, long-term reporting, resource related funds and internal oversight of revenue flows. Moreover, it recognizes the importance of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) and reinforces the argument by including additional country examples. The difference between the Code of Good Practices on Fiscal Transparency and the Manual on Fiscal Transparency is that the Code states general principles of fiscal transparency while the Manual deals in greater depth with issues such as public-private partnerships, concessions, and guarantees and explains the principles of the Code using real life examples.

The Revenue Watch Institute welcomes the Guide’s efforts to set clear and comprehensive standards for resource revenue transparency. The RWI actively supports the implementation of such policy documents and seeks to apply the above-mentioned principles in its assessment of fiscal transparency and resource revenue flows in the developing world.

A particular useful feature of the Guide is the provision of specific examples on good practices of fiscal transparency. In addition, the text includes a variety of references to more detailed information on the topic. Most importantly, the Guide helps to identify projects that could have the greatest impact on revenue transparency in resource-rich countries.

From a legal standpoint, however, the Guide lacks the power to encourage government compliance with principles of resource revenue transparency. The Guide is not mandatory and does not include detailed procedures for expenditure transparency. The EITI procedures are supported by the IMF although the IMF does not require its member countries to adopt these procedures. Moreover, the IMF encourages all countries to adopt the good practices included in the Code, however, implementation is voluntary. For example, the EITI spells out procedures for companies and governments to follow in reporting production and revenue flows. But less than two dozen countries have made formal commitments to participate in EITI. The NGO community needs to step up the pressure on incumbent governments to comply with EITI procedures. Hopefully, future updates of the Guide will include more detailed procedures for government spending transparency.

To achieve better results, international non-governmental organizations need to cooperate in their efforts to build the capacity of local civil society actors and government agencies to promote revenue transparency initiatives.

To read the guide, go to: http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2007/10/illuminating-re.html.

 


 

Ministries of Finance and Civil Society Organizations: Friends or Foes? A Workshop organized by the IBP, the Brookings Institute, and the School of Advanced International Studies (SAIS)

On October 18 in Washington, D.C., the International Budget Partnership and the Brooking Institution’s Transparency and Accountability Project hosted a discussion between representatives of civil society organizations (CSOs) and the finance ministers of several African countries on the relationship between the two kinds of organizations.

The lead presenter was Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Nigeria’s former minister of finance and economy, who was recently appointed managing director of the World Bank. Participants also included representatives from CSOs in Chad and Liberia and the finance ministers of Burkina Faso, Ghana, Malawi, and Nigeria.

Moderator and Brookings senior fellow Charles Griffin began the event by noting that civil society-governmental interaction on public finance is a recent development in both the developed and developing world. Dr. Okonjo-Iweala then discussed her experiences working with CSOs in Nigeria. She noted the strong contributions that Nigerian CSOs have made in three areas: during the budget process, in the monitoring of looted and returned assets, and in the country’s Extractive Industries Transparency Initiative. CSOs also have strong potential to monitor sub-national government accounts, she suggested, but would need to overcome skill obstacles in order to have a real impact in this area. She concluded by noting that by helping fund local CSOs dedicated to budget work, donors could help build these groups’ capacity.

Nigeria’s current finance minister, Shammsuddeen Usman, applauded Dr. Okonjo-Iweala’s legacy in Nigeria and discussed ways to deepen CSO-governmental interactions. Usman also noted that in some instances, finance ministries as well as CSOs lack needed expertise. Burkina Faso’s finance minister, Jean-Baptiste Compaore, expressed enthusiasm for CSO involvement with finance ministries, noting that the finance minister’s job often requires him or her to be in many places at once and that CSOs can play an important role in helping monitor budget expenditures.

Gilbert Maoundonodji, coordinator for the Group for Alternative Research and Monitoring of the Chad-Cameroon Petroleum Project, suggested that budget advocacy in Chad had moved beyond the issue of transparency and was focusing more on monitoring the budget’s overall impact on poor populations. He also suggested that the proper relationship between civil society and finance ministries is “neither friend nor foe” and that this relationship should be based on mutual recognition of their shared civic commitment. Aloysius Toe, executive director of the Foundation for Human Rights and Democracy of Liberia, emphasized the role of the press as a CSO in budget advocacy and creating the conditions for transparency.

Goodall E. Gondwe, finance minister of Malawi, expressed some ambivalence toward CSO participation in the budget process. However, he also noted that when CSOs first began to engage the Malawian government on budgets issues, some officials thought that if ignored they would go away, but officials now understand that CSOs are not going away and that finance ministers have to find ways to work with them.

 


 

 

Budget Work as a Tool to Advance the Right to Food by Ann Blyberg, International Human Rights Internship Program (IHRIP)

The UN Food and Agriculture Organization (FAO) has initiated a project to produce a guide for civil society on how to use budget work to advance the right to food. The project, in which the IBP is actively involved and which is being coordinated by the International Human Rights Internship Program (IHRIP), has the intermediary goal of developing a methodology to utilize budget work on hunger and food access issues.

A workshop to develop a tentative methodology was held in Washington, D.C., at the end of October. Participants included representatives from right-to-food organizations as well as budget groups from a number of countries, including the three countries where the methodology will be tested: Guatemala (by the Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos), the Philippines (by ESCR Asia), and Uganda (by Uganda Debt Network and ActionAid International Uganda).

After presentations and discussions on government budgets and civil society budget work as well as basic right-to-food issues, participants got down to the hard task of relating government revenue and expenditures to international legal standards (as well as the FAO’s Voluntary Guidelines) on the right to food. The right to food concerns a wide range of issues — including agricultural support policies, child nutrition, and emergency food programs — and narrowing down the issues that the methodology would test proved a major challenge. In the end, participants agreed to focus on expenditures directed at land reform, agricultural modernization projects, and school feeding programs.

The methodology will be tested through six-month research and analysis projects. A follow-up workshop will be held in June 2008 to assess the results and modify the methodology accordingly. The guide should be ready by the end of the 2008.

For more information, contact Ann Blyberg at [email protected].

 


 

 

Pioneering Expenditure Tracking in East Africa. A Conference Organized by the IBP and the “NGO Policy Forum,” Tanzania by Jennifer Sleboda, IBP

In October 2007, IBP and the Policy Forum of Tanzania organized an East Africa Expenditure Tracking Conference sponsored by a grant from the Open Society Initiative of East Africa (OSIEA). Held in Arusha, Tanzania, the conference was attended by 23 participants from 15 organizations from Kenya, Tanzania, Uganda, and Malawi. Two observers from the Poverty Action Network of Civil Society in Ethiopia (PANE), an IBP partner, also attended to learn about methodologies for implementing expenditure tracking in Ethiopia. The three-day conference provided a forum for peer-learning and for exploring opportunities to strengthen and expand expenditure tracking work in East Africa through a regional network.

The first part of the conference involved joint-learning among peers, where groups from each country presented case studies of their expenditure tracking work, with a focus on methodology, access to information, challenges, and results. The conference also included a site visit to a nearby village to observe the results of the PIMA Card methodology developed and implemented by Hakikazi Catalyst, an Arusha-based NGO. During the site visit, participants met with members of the village monitoring committee, who presented the results of their monitoring activities, and also observed a community notice board (constructed by Hakikazi) where information on village governance, development projects, and finances are posted.

Following the presentations and site visit, participants from each organization got together to discuss what they could do differently in their work, what they would encourage others to consider, and two key lessons learned from the different methodologies presented.

Several groups, including the Centre for Democracy and Good Governance (CEDGG) and the Youth Agenda of Kenya, found the community notice boards useful and expressed an interest in adopting this tool in their work. The Kabarole Research and Resource Centre (KRC) of Uganda and CEDGG noted that they would like to take up aspects of Hakikazi’s PIMA Card methodology in their expenditure monitoring work.

The Uganda Debt Network (UDN) presented their work on monitoring the Schools Facilities Grant using community-based monitors, community radio, sub-county and district dialogues with local officials, and advocacy with national-level stakeholders. Inspired by UDN’s advocacy work, the Apac Anti-Corruption Coalition (TAACC) of Uganda and Muslims for Human Rights (MUHURI) of Kenya recognized that they need to strengthen linkages upwards and downwards to ensure that the impact of their work is felt at the national level. The Youth Agenda liked UDN’s use of community radio and will consider incorporating it into their media strategy.

After learning about the expenditure tracking guide for trainers, “Follow the Money,” produced by several of the Tanzanian groups (Hakikazi, REPOA and TGNP), TAACC and Youth Action Volunteers (YAV) identified strengthening documentation, dissemination, and sharing of best practices as an area in which they could improve their work.

Other groups, particularly the Civil Society Coalition on Quality Basic Education (CSCQBE) of Malawi and TAACC of Uganda, emphasized that monitoring work requires consistent use of evidence-based advocacy to bring about change. TAACC also pointed out the necessity of taking action to enforce accountability through prosecution and legal redress. In their presentation, TAACC highlighted their success in using the courts to recover public funds and remove corrupt public officials, particularly in the case of Universal Primary Education funds in northern Uganda.

When asked what they would do differently in their work, KRC and the Youth Agenda responded that they could improve the use of tracking tools which monitor both expenditures and quality of services, which is a component of methodologies used by groups such as Hakikazi, UDN, and YAV.

Following the presentations by CSCQBE on tracking of education expenditures and by YAV on health budget tracking, CEDGG and the Youth Agenda expressed interest in exploring sector-focused monitoring work.

After this presentation, participants gathered in their country groups to discuss establishing an East Africa expenditure tracking network, followed by a plenary session. Participants agreed that a network is needed to address common challenges, facilitate joint learning, and strengthen and expand tracking work in the region. It was generally decided that the development of the network should be gradual and should start by focusing on an issue common to all three countries. IBP is currently following up with all of the participants to discuss next steps and focus issues for the network and possible activities to be held in the coming year.

For more information, contact Vivek Ramkumar of IBP at [email protected].

 


 

 

Transparency and Economic Development in Africa by Harika Masud, IBP

On September 25, the National Academy of Public Administration hosted the first Philip J. Rutledge Seminar on Africa. Ralph Widener, a fellow at the Academy, was the theme presenter. He emphasized the menace of the “resource curse” in the developing world, particularly in Africa, and recounted how factors such as corruption and price volatility make it difficult for resource-rich countries to benefit from economic development.

Daniel Kaufmann, director of global programs and governance at the World Bank Institute, shared his research on transparency and economic development in Africa. Ironically, countries without significant resources have generally manifested much better governance than resource-rich countries. At the same time, Kaufmann recommended that conclusions about a country’s quality of governance ought to be based upon established criteria such as accountability, political stability, regulatory quality, control of corruption, and freedom of the press.

In his presentation, George Ayittey, a distinguished Ghanaian economist and president of the Free Africa Foundation, stated that corruption is the scourge of Africa. He referred to Africa’s need for aid as its “begging bowl,” which continues to leak even though several African countries receive a significant amount of aid each year. He also provided several examples of corrupt African leaders stealing from their nations.

Ayittey ascribed part of the governance problem to the policies of the World Bank, which continues to maintain partnerships with corrupt governments and fails to hold them accountable for the roughly 30 percent of the Bank’s loans that have been misappropriated.

On the other hand, he praised the Bank for establishing a multi-country fund to protect the proceeds of the Chad-Cameroon oil pipeline. Overseeing the fund is a committee that includes representatives from government, parliament, the judiciary, and civil society; this kind of surveillance by diverse societal representatives has enabled the proceeds to be channeled into development rather than be pilfered by corrupt officials. Moreover, the fact that this committee has prevented what could have been a gross embezzlement of oil revenues corroborates the growing belief by budget groups all over the world that informed and active citizens can promote a transparent and effective allocation of public resources.

Ayittey proposed six institutional reforms to target corrupt practices in African countries:

  • a free and independent media
  • an independent judiciary
  • an independent electoral commission
  • an independent central bank to prevent looting and stabilize monetary policy
  • an efficient civil service
  • neutral and professional armed forces

Shari Bryan, the National Democratic Institute’s regional director for southern and East Africa, suggested that institutional reforms to curb corruption should also recognize the legislature’s essential role. Based on interviews with legislators in nine African countries, she concluded that the legislature’s relative passivity on this issue is mainly due to dearth of capacity and resources rather than lack of commitment to citizens’ rights. In several instances, members of the legislature are not educated and lack access to information and other support. Also, many legislators have prominent roles in government ministries and on the boards of profit-making corporations, which creates conflicts of interest.

In spite of these difficulties, Bryan maintained that legislatures have a responsibility both to recognize their role in improving governance and to take advantage of international interest in increased transparency and accountability.

Nathaniel Fields, vice president and CEO of the African Development Foundation, echoed George Ayittey by highlighting the wealth of opportunities that have been snatched from Africa’s poor. He specifically mentioned the African Union’s estimate that corruption costs African economies in excess of $148 billion each year.  Fields argued that the international community should help local communities negotiate an equitable distribution of the proceeds of the country’s resources. In addition, civil society organizations must intensify their demands for increased government transparency and accountability.

Thomas Heller, professor of international legal studies at Stanford Law School and a senior fellow at the Stanford Institute for International Studies, provided a snapshot of his research on the effects of energy and commodity wealth on the politics of democratic transition, patronage, corruption, and economic growth. While the economic aspects of the “resource curse” are manageable, he stated, political problems are exacerbating this problem. Weak institutional structures and poor popular participation are major impediments in “hybrid democracies” and have a profound impact on citizens’ access to open budgets, as well as their ability to participate in transparent policymaking processes.

 


 

 

Strengthening Civil Society Budget Skills through Shared Learning in Burkina Faso, CIFOEB

In order to consolidate its network of partner organizations in French speaking Africa, the IBP has been training budget training facilitators from Burkina Faso, Senegal, Chad and Cameroon. One of the participating organizations, CIFOEB has already taken the initiative to organize training workshops for other civil society organizations in Burkina Faso. For these purposes, CIFOEB has adapted and supplemented the IBP’s training material for its own workshops.

The Center for Information, Training and Budget Studies «Centre d’Information, de Formation et d’ Études sur le Budget » (CIFOEB) is a non-profit organization founded in 2003. A year later – after participating in a training workshop offered by the IBP in October 2005 in Seam Reap, Cambodia – CIFOEB trained 40 members of the Coalition of NGOs and Active Associations in Basic Education “Cadre de Concertation des ONG et Associations actives en Éducation de Base” (CCEB); the training focused on the analysis and monitoring of centralized and decentralized budgets for education. (See: http://www.fasopresse.net/article.php3?id_article=5218)

The Center has also organized two conferences on citizen participation in the budget process in the cities of Ouahigouya and Fada N’gourma in Burkina Faso with approximately 100 attendees. In January 2007, 21 Civil Society Organizations (CSOs) participated in a training organized by the Center on the role of CSOs during the budget process. Most recently in September 2007 the African Network of Journalists for Integrity and Transparency «le Réseau Africain des Journalistes pour l’Intégrité et la Transparence (RAJIT)» asked CIFOEB to convene a training that would cover the elaboration of the budget as well as budget analysis tools for 20 of its members.

These activities represent important steps toward strengthening the advocacy skills of civil society to promote pro-poor budget allocations. The Center is currently conducting an internal evaluation of its activities with civil society.

For more information, contact Albert van Zyl at the IBP [email protected].

 


 

 

Ecuador’s Government Approves Budget Plan to Fight Gender Violence by Elizabeth Villagómez, Almenara Estudios Económicos y Sociales

President Rafael Correa and four of his ministers have signed a presidential decree that for the first time declares fighting gender-based violence to be state policy and establishes a national plan — and budget — to eradicate it.

The plan has four parts: 1) launching programs and awareness campaigns to change public attitudes toward gender; 2) creating a national information system for cases of gender-based violence; 3) establishing a program to protect children, adolescents, and women who are victims of violence; and 4) providing victims with cost-free, timely access to the judicial system.

A number of official agencies will help implement the plan: the National Women’s Machinery, the Council on Childhood and Adolescence, and the National Institute of Childhood and Families.

The plan marks a laudable attempt to implement the 1995 Domestic Violence Law (Law 103). But its tiny budget — US$2 million for 2007 — is cause for concern. (The President has proposed a considerable increase for 2008.)

The study that accompanied the 1995 law was based on a national survey showing that 12 percent of women between ages 15 and 49 had suffered violence at the hands of their intimate partner in the previous year. More recent work by Lupa Fiscal Género, carried out by Grupo FARO with support from UNIFEM and the National Council of Women, found that at least 31 percent of the women in that age bracket had suffered some type of violence before turning 15. They also found that 31 percent of married or cohabiting women have experienced physical violence by their partner, 41 percent have experienced psychological violence, and 12 percent have experienced sexual violence.

The UN Secretary General’s study of 2006 on violence against women summarizes several studies that attempt to quantify the economic and social costs of gender-based violence, more specifically violence by domestic or intimate partners. Most such studies take into the account the cost of health services, policing, justice, and victim support, but few also reflect the wider costs in areas such as lost productivity, economic activity, and total social well-being.

Accurate information on the full cost of gender-based violence gives policymakers and advocates an economic dimension from which to consider what budget allocations would be appropriate and necessary to address the problem. Such information is also a powerful argument for prevention programs, which cost much less than the social and economic effects of gender-based violence. (Ecuador’s US$2 million commitment to fighting gender-based violence represents only 0.001 percent of the country’s GDP. This is a tiny fraction of the cost of gender-based violence itself, which most studies estimate at between 1 percent and 2 percent of GDP.)

Efforts are underway in a number of countries to better understand the causes and effects of gender-based violence and to make both assistance and prevention programs more effective.

For the Grupo FARO study discussed above, see http://www.grupofaro.org/

 


 

 

Egypt’s Initiative on Gender-Responsive Budgets by Maya Morsy, UNIFEM

President Mubarak has voiced a clear interest in eliminating all forms of discrimination against women, as mandated by the constitution. At a forum for women members of parliament held in June, the president of the National Council for Women (NCW) and Egypt’s First Lady agreed that “it is important to apply a rights based approach to the national budget to ensure that men and women, boys and girls receive the same benefits and participate in the development path of the country.”

In 2002 the NCW created “equal opportunity units” in all government ministries, reporting directly to the minister, to receive complaints on cases of discrimination from ministry employees and ensure that the ministry’s plans and budget are gender sensitive.

On several occasions, the Minister of Finance has highlighted the importance of looking at the budget through a “gender lens” and monitoring the budget with an equal opportunity framework tailored to the Egyptian context. The analysis of the call circular (where the ministries define outputs and budget requests) is a real step towards inclusion of direct statements to ensure that all projects coming for funding from the ministry are gender sensitive. The result of gender-aware call circulars and in gender budget statements will be more explicit as to what government is planning to do in respect of gender issues, the new information provided will make analysis, discussion and advocacy easier.

In addition, the deputy minister of finance has said that “it is very important for the women as well as men in parliament to know how to read and analyze the budget, as well as when to raise questions on equal opportunities and on women’s and girls’ rights.” Research centers and academia are taking this statement seriously, and the University of Cairo’s Faculty of Economics is now doing basic budget analysis on the yearly budget to support the discussion in parliament.

Similarly, the president of the lower house of parliament mentioned in one of his speeches that “the minutes of the meeting in the parliament had reflected more than once the request of the Women Parliamentarians to adopt a gender budget approach.” This was significant, showing that statements by women legislators are still part of the debate.

Since 2000, UNIFEM and the National Council for Women (NCW) have been working to raise awareness about gender-responsive budgeting among senior planners and finance officers in ministries, parliament, and civil society by developing orientation manuals on gender budgeting and policy analysis. As a result of their work, government programs have become more gender-sensitive, and allocations for programs for the advancement of women doubled between the 1997-2002 and the 2002-07 national development plans.

The Ministry of Finance adopted gender-responsive budgeting in 2005. Currently it is working with the Royal Netherlands Embassy and UNIFEM to: build the capacity of the relevant staff from the ministry (and other ministries) on gender issues; track, monitor, and evaluate national and local public budgets from gender and poverty perspectives; produce policy recommendations on equal opportunities for women in the budget; and facilitate transparency in the budget’s formulation. Specific actions to date include:

  • Development of a training package on gender-responsive budgeting to be disseminated among civil society.
  • Preparation of gender analyses of the national budget for 2006-07 and the national development plan for 2007-12, as well as government financial policies.
  • Gatherings to discuss the role of members of parliament in the budget discussion, such as the June forum for women parliamentarians mentioned above.
  • Translation of technical materials into Arabic. (One example is “Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for the Compliance with CEDAW,” by Diane Elson, which will be made available at www.ncwegypt.org.)

According to the secretary general of the NCW, gender-responsive budgeting faces several implementation challenges, including the fact that parliament’s role in the national budget has traditionally been limited to approval and monitoring. Although the design of the budget and its implementation are the prerogative of the executive, the latest constitutional changes of 2007 gave parliament the additional roles of discussing and amending the budget. In addition, gender budgeting requires political will, adequate resources and capacity, and a high level of budget literacy amongst civil society. In particular, civil society should be aware of the budget cycle and be prepared both to review the budget proposal when it becomes available and lobby with members of parliament on relevant issues.

For more information, contact Maya Morsy at [email protected].

 


 

 

Combating Maternal Mortality from the Budget “Front Line” by Manuela Garza, IBP

Today we know exactly how to prevent maternal mortality. Nevertheless, as current data shows, “more than 536,000 women die during pregnancy and childbirth every year. That is one every minute, or 10 million per generation.” This toll has remained almost unchanged since 1987. While “fewer than one in 16,400 women will die in pregnancy or childbirth in the ten top-ranked countries; one in seven will die in Niger and 1 in 6 in Sierra Leone.” (See: http://www.womendeliver.org/assets/Unfortunate_Facts_of_Life_factsheet_(A4).pdf) What this suggests is that maternal mortality is a poor women’s issue, most common in sub-Saharan Africa and Southeast Asia and least common in Europe, Cuba, China, and Singapore. This reflects tremendous inequity in terms of women’s access to safe-motherhood among and within countries.

“Women Deliver”: A Global Response to the Costs of Inaction

In October, health experts from the public, private, and non-profit sectors — including health ministers and women’s rights advocates from around the world — attended the “Women Deliver” conference in London, hosted by the leading sexual and reproductive health organizations and development agencies (DFID, Dutch Ministry of Foreign Affairs, Family Care International, International Planned Parenthood Federation, Norad, Partnership for Maternal and New Born Health, Save the Children, SIDA, UNFPA, UNICEF, World Health Organization, World Bank).

The conference’s motto was “Invest in Women: It Pays.” The issue, in other words, is money, as well as the political will required to put it where it is needed. But as in previous global efforts towards advancing maternal health, the question of whose money was left unanswered: Who is responsible for investing in women?

Holding Governments Accountable for Maternal Health

During the conference, the IBP and its partners from India (Centre for Budget and Governance Accountability), Tanzania (Women’s Dignity Project) and Mexico (Fundar, Center for Analysis and Research) convened a panel on monitoring budget allocations for maternal health.

At the panel, Maggie Bangser and Festa Andrews from the Women’s Dignity Project in Tanzania described the problems caused by the lack of transparency in Tanzania’s budget. For example, it is very difficult to track spending on maternal health supplies since these items are not shown separately in the budget. The presentation by Indranil Mukhopadyay from India’s Centre for Budget and Governance Accountability focused on analyzing budgets at different levels of government, noting the significant mismatch between the funds that are released and what is actually spent.

Sergio Meneses and Daniela Diaz from Fundar reported on their five-year research on budgets for maternal health in Mexico. Maternal mortality has decreased in Mexico but continues to be a serious problem for indigenous women, who have the highest maternal mortality rates. Also, because of Mexico’s “Popular Insurance” health insurance program for the poor it is impossible to locate the budget for maternal mortality within existing budgetary information. Why? Because the Popular Insurance budget scheme does not break out budget information by program. (For more information on these findings, see: www.fundar.org.mx.)

The presentations by the budget panel suggest that governments need to make maternal mortality a budgetary priority, invest more and more efficiently; and improve budget transparency, so that legislatures, Supreme Audit Institutions, and civil society can monitor progress or lack thereof.

Conclusions on “Women Deliver”

“Women Deliver” was an important step in placing maternal mortality reduction and gender equity on the international agenda. The financial commitments made by the U.K. and Norway at the conference are a good example of what such an event can accomplish.

Nevertheless, the countries where maternal mortality is the highest made no concrete financial commitments. It remains unclear how much they are willing to invest and what concrete steps they are willing to take to improve transparency and accountability.

For more information, go to: www.womendeliver.org.

 


 

 

Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending by Christopher Brown, IBP

From 17-18 October Gender Action, an NGO that promotes women’s rights and gender equality in developing and transition countries, hosted workshops in Washington, D.C. for activists and citizens interested in learning more on the subject of the policy impact of international financial institutions (IFIs) and multilateral development banks (MDBs) on gender.

The October 18 workshop presented the results of new research by Gender Action on MDB spending for reproductive health and HIV/AIDS. The World Bank’s new Gender Action Plan claims that World Bank health projects satisfactorily incorporate gender issues into reproductive health and HIV/AIDS programs and thus does not focus on monitoring these programs. But Gender Action’s research and internal World Bank evaluations challenge this belief.

Gender Action’s analysis reveals that 81 percent of MDB reproductive health and HIV/AIDS programs either completely fail to integrate gender issues or are merely somewhat gender sensitive. (Projects headed by the African Development Bank Group and the Asian Development Bank tend to be more gender sensitive than those headed by the Inter-American Development Bank and the World Bank.)  While the many MDB reports and project documents acknowledge the importance of gender sensitivity in their preliminary sections or summaries, gender-sensitive considerations are not incorporated into the actual project design.

In addition, the World Bank’s 2007 Health Nutrition Population (HNP) Strategy ranks the HNP portfolio of projects, which includes Reproductive Health and HIV/AIDS programs, as “the worst-performing portfolio among all 19 sectors for the last five years in a row.”  The HNP states that World Bank health staff has dropped by 40 percent since 2000. One major area of concern is the U.S. administration’s focus on “abstinence-only” policies, which undermine family-planning policies; earlier versions of the 2007 HNP Strategy have reportedly been censored to remove references to family planning and sexual and reproductive health and rights.

Gender Action recently released Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending — the first report assessing the quantity and quality of Multilateral Development Banks’ (MDBs’) spending for reproductive health and HIV/AIDS. Mapping demonstrates a decline in World Bank and little African Development Bank, Asian Development Bank, and Inter-American Development Bank loans and grants for reproductive health and HIV/AIDS. Mapping also charts unmet MDB commitments to reproductive health and HIV/AIDS, and harmful loan conditions such as restricting public spending which undermine poor countries’ ability to address these key public health issues. Mapping provides evidence for conducting advocacy to improve MDB performance on achieving reproductive health, HIV/AIDS and other Millennium Development Goals.

To learn more, visit Gender Action’s website: http://www.genderaction.org/.

 


 

 

Review of Israel’s 2008 Budget by Barbara Swirski, Adva Center

The Adva Center began work on issues concerning Israel’s 2008 budget in August, when the Cabinet approved the general framework for the budget. Adva sent Cabinet members a position paper noting that the budget plan’s spending cap (which limits spending increases to 1.7 percent above last year’s budget) applies only to civilian expenditures; defense expenditures are scheduled to increase at a much greater rate. The paper questioned whether the “strength of the nation” ought to be based on military investments only.

Other major budget issues the Adva Center will be addressing this year include:

  • the budget’s underestimation of economic growth and tax revenues in 2008, which is used to justify the failure to increase social expenditures
  • the continuing emphasis on decreasing the budget deficit and the consequent underinvestment in social infrastructure and services
  • the large increase in the defense budget for 2008 and subsequent years
  • the lack of investment in expanding educational opportunities
  • the continuing underfunding of the public health system

Also in August, the Adva-led Women’s Budget Forum, a coalition of 27 Jewish and Israeli-Palestinian feminist and human rights organizations, launched its own activities around the 2008 budget with a presentation on the budget’s gender implications at a special session of a parliamentary committee. Among the issues the Forum raised were:

  • the proposed health and social security taxes that would be imposed on women not working outside the home (a burden especially relevant for the Palestinian minority in Israel)
  • the postponement of an increase in the minimum wage (65 percent of whose recipients are women)
  • the proposed delay in the expansion of public day-care facilities

Following earlier Adva Center recommendations, the draft budget was tabled earlier than ever before (October 8). Events planned by the Adva Center as part of this year’s budget work include

  • a special parliamentary meeting on the budget’s implications for the public health system in Israel (this meeting was initiated by Adva, together with Physicians for Human Rights-Israel)
  • Adva’s annual Budgets and Gender Conference for officials, academicians and NGO activists interested in gender-sensitive budgeting, this year devoted to the effect of privatization of public services on women’s employment
  • Adva’s annual Knesset Budget Workshop for legislators and their aides
  • a joint session of the parliament’s powerful Finance Committee and the Status of Woman Committee on the budget’s likely impact on women
  • some 20 budget seminars for a variety of civil society groups

Adva plans to produce numerous budget publications, including a PowerPoint presentation on the social implications of the 2008 draft budget, a gender analysis of the budget, an examination of the budget’s impact on the public health system, and Israel: A Social Report – 2007, Adva’s flagship publication, which analyzes the country’s socioeconomic trends. Finally, as in the past, this year’s budget work will include regular briefings of legislators, journalists, and advocacy organizations on the budget.

For more information, go to: http://www.adva.org.

 


 

 

The Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA) responds to a New Study on India’s Child Protection Limitations

Children in India are at staggeringly high risk of physical, sexual, or emotional abuse, according to a study recently released by India’s Ministry of Women and Child Development (MWCD). Over 50 percent of children in the surveyed areas were found to have suffered some form of physical abuse. Similarly, 53 percent of children were found to have been victims of one or more type of sexual abuse.

The Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA), an Indian NGO, has been analyzing the national budget or Union Budget and its impact on children. CGBA has set out to explore government expenditures on children by analyzing social sector spending and child specific programs for child protection, development, health, and education. In particular CBGA wants to draw attention to child protection – an area that has been neglected for decades – due to the following:

  • Although the MWCD recently created a high level committee to address the incidence of child abuse, the Union Budget does not reflect increasing allocations for child protection.
  • India’s states have also failed to provide adequate spending for children.
  • The Indian Constitution recognizes the vulnerable position of children.
  • India is signatory to numerous international declarations on child protection and child development.
  • India has some of the worst world human development indicators regarding child sex ratio, child trafficking, malnutrition, child labor, immunization, education, and infant mortality.

In a recent press release CBGA shared its research findings and indicated that social sector spending overall has increased over the last decade but remains inadequate to deal with children’s sizeable needs, given that children make up a large proportion of the population. Sectoral analysis suggests a similar trend for children in critical program areas. For example, allocations for education remain unsatisfactory to maintain commitments to high-quality education (despite increases this year for lunch programs and secondary education) because of India’s large school enrollment. Budget provisions for child health as a proportion of total government expenditure also show a decline. In addition, child protection remains a neglected part of the budget, increasing only nominally this year. This is alarming given the number of cases of various forms of crimes against children.

To read the full press release, go to: http://www.cbgaindia.org/. For more information contact CBGA at [email protected].

 


 

 

IBP Launches Budget Brief Series

This month the IBP launches a series of Budget Briefs to stimulate debate on public finance and accountability issues. A summary of the first Brief, “Linking Budget Analysis with Aid Advocacy: How Civil Society Groups Can Monitor Donor Budget Support,” appears below. Briefs will be made available electronically to all Newsletter subscribers. Questions or suggestions about the Briefs can be addressed to [email protected].

For many years, citizens have demanded the right to scrutinize public budgets and help decide how public money is allocated. In developing countries that are aid-dependent, the decisions made by international financial institutions and bilateral donors add an extra dimension to budget work. In this Brief, Lucy Hayes of EURODAD and Albert van Zyl of the IBP highlight some current aid planning issues that are relevant for civil society organizations that monitor government budgets in aid-dependent countries.

Foreign aid makes up a significant share — in some cases, fully half — of government income in low-income countries. Aid is likely to rise as a proportion of the budget if richer countries increase their foreign assistance to help reach the Millennium Development Goals. At the same time, donor governments have pledged a series of important changes in how aid is delivered, most notably a trend toward “direct budget support,” or providing governments with funds they can allocate as part of their national budget cycle.

Aid money has traditionally been spent primarily through projects with specific procedures, and much still is. As a result, recipient governments must spend considerable time and resources meeting donor agencies’ reporting demands.

In an effort to build more efficient and accountable governance in recipient countries, several donor governments and multilateral organizations have begun in recent years to channel more aid money not as projects but as sector support or general budget support. Thus far only 5 percent of total aid is spent through budget support, but in some countries the figure is as high as 20 percent.

Budget support is intended to make governments more accountable to their citizens, rather than to development agencies. But channeling money directly through national budgets will work only if the country possesses “accountability structures” — such as parliamentary oversight and audit procedures — to ensure that the money is spent well.

The corruption and human rights scandals made possible by a lack of accountability have made many donor governments more cautious about budget support. Most donors do not give budget support to countries that lack transparency and accountability. Also, most donors accompany budget support with initiatives to improve governance and invest considerable effort in making recipients’ financial systems more transparent.

Nevertheless, donors still tend to focus disproportionately on technical reforms, and they may not be putting sufficient emphasis on reforms to enhance accountability. The biggest risk of budget support is that donors will suspend or water down the means they used to monitor the use of aid under the earlier donor-conditionality approach but that domestic accountability mechanisms will not develop to take their place.

To realize the full potential of budget support, donors need to do more to support civil society and accountability institutions in recipient countries. Recipient governments, in turn, need to do more to facilitate popular scrutiny, and citizens groups need to build up the necessary analytical and advocacy skills.

To subscribe to the Budget Briefs in English, Spanish or French, contact [email protected]

 


 

 

Publications of the Month: Alternative Budget 2008: Attaining the MDGs and Sustainable Growth with Equity by Social Watch Philippines and Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation, and Accountability by Brian Wampler

Alternative Budget 2008: Attaining the MDGs and Sustainable Growth with Equity by Social Watch Philippines

The Philippines Alternative Budget Initiative (ABI) for 2008 represents a partnership among 48 civil society organizations and legislators around the concept of people’s participation in the budget process. ABI has helped create a sense of shared ownership in the proposals and developed a unified front for concrete advocacy actions. In 2007 the ABI was successful at achieving significant increases in nutrition and a variety of education spending increases. Although ABI is largely a minority initiative in the legislature, it has been able to garner some support from members of the majority party.

To read the report, go to: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Alternative-Budget-2008-Attaining-the-MDGs-and-Sustainable-Growth-with-Equity.pdf

Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation, and Accountability by Brian Wampler

Brian Wampler presents revealing field research – based on extensive interviews, a survey applied to 650 Participatory Budgeting (PB) delegates, and detailed budget analysis – in eight Brazilian municipalities. Wampler explains why Participatory Budgeting (PB) has varying degrees of failure and success. He points out that the three most important factors explaining such variation are the incentives for mayoral administrations to delegate authority, the way civil society organizations and citizens respond to the new institutions, and the particular rule structure that is used to delegate authority to citizens.

This timely study is addressed to a broad audience of scholars and practitioners who are interested in taking a step back to reexamine the quick spread of PB to more than 250 municipalities in Brazil since 1989 and its adoption in more than twenty countries.

For more information, go to: http://www.psupress.psu.edu/books/titles/978-0-271-03252-8.html.

 


New Materials in the Budget Library

The World Bank and Agriculture: A Critical Review of the World Bank’s World Development Report 2008
By Action Aid
In many developing countries agricultural development has greatly suffered over the last twenty years and is widely seen as a major contributor to poverty among the world’s poorest nations. This paper examines the World Bank’s history of engagement with agricultural development and faults liberalization of trade and finance and the dismantling of marketing boards as great contributors to poverty. Action Aid suggests that bank policies serve to make countries less reactive to civil society groups representing the rural poor and that future agricultural policies shift to a more socially owned system of policy formation and that the World Bank guide its policies around a right to food. The World Bank has publicly committed itself to re-emphasizing agricultural development and increasing spending on its agricultural programs.

Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending
By Suzanna Dennis and Elaine Zuckerman/ Gender Action

This report tests Multilateral Development Bank (MDB) commitment to promote reproductive health, prevent HIV and treat AIDS. It analyses the quantity and quality of MDB funding for these sectors during 2003-2006 and highlights how MDB and International Monetary Fund (IMF) policies undermine achieving the Millennium Development Goals (MDGs) reproductive health and HIV/AIDS targets. The report concludes that donor policies include gender equality goals, but these commitments are not reflected in budget allocations.

Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW
By Diane Elson/UNIFEM

This report discusses the compliance of government budgets with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). It covers expenditure, revenue, macroeconomics of the budget, and budget decision making processes. Rather than providing separate guidelines the report examines the broad obligations on state parties to CEDAW. The goal is to clarify how gender budget analysis can help in monitoring compliance with CEDAW and how CEDAW can help to set criteria for what constitutes gender equality in budget matters and guidance for gender budget initiatives.

Can the Paris Agenda on Aid be delivered?
By The Overseas Development Institute (ODI)

ODI released the workshop notes from last year’s Centre for Aid and Public Expenditure (CAPE) Workshop, “Budget support and beyond: Can the Paris Agenda on aid be delivered?” The Paris agenda was considered a step forward from the Rome and Monterrey statements because it introduced clear target for monitoring the progress of implementation at the country level. The CAPE workshop was focused responding to the operational challenges and the dearth of clearly defined solutions to overcome those challenges. The workshop focused on improving donor support for progressive political and economic change in poor countries, the possibilities for new approaches in selecting the most appropriate mix of aid instruments, the results of Public Financial Management (PFM) reforms for utilizing aid, and using donor agency incentives and non-budget support instruments to create improvements in aid effectiveness at the country levels.

Transparency International 2007 Corruption Perception Index
By Transparency International

The 2007 Corruption Perception Index (CPI) focuses on the public sector and defines corruption as the abuse of public office for private gain. Transparency International cautions that only the perception of corruption was assessed and that the CPI only assessed 180 countries and no information is provided about countries that were not in the survey. In a statement regarding the release of the CPI Chairperson of Transparency International Huguette Labelle reminds us that – while many of the countries where corruption is perceived to be worst are very poor – in fact the richest countries are complicit in world corruption and often prevent measures that would facilitate return of looted funds. At a country level CSOs are encouraged to promote governmental accountability by bringing technical expertise to issues (such as budget issues) and help stimulate demand for reform.

Local Government Effectiveness in the Area of Public Services
By Institute of Public Finance (IPF)

In their September newsletter the Institute of Public Finance (IPF) in Croatia reports on municipal and city level spending on public services. IPF reports dramatic variation in relative regional spending levels (Lowest level recorded is 123 Kuna per capita, while the average was around 1,700 Kuna per capita, and highest was over 17,000 Kuna per capita). IPF suggests that the central government play a role in guaranteeing a minimum level of spending in all municipalities. IPF examines the tax structure and grant allocation process and makes recommendations to improve the financing situation faced by cities and municipalities.

Making Aid Accountable and Effective
By ActionAid, Ghana

In September 2008, heads of government, multilateral institutions, and CSOs from around the world will gather in Accra, Ghana for the Third High Level Forum on aid effectiveness. The goal of the forum is to reform the aid system to make it more transparent, accountable, and effective to help in the fight against poverty. In this report ActionAid sets out a ten point plan to achieve the necessary aid reform in Accra. Some of ActionAid’s recommendations comprise that the consultation process with CSOs should be more substantive and includes the release of key papers early and in draft form; develop open mechanisms that allow citizens to hold their governments and donors accountable for their use of aid; and improve international accountability through a UN aid commissioner and ombudsman.

 


 

 

Forthcoming IBP Publication: Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures

In the past decade, civil society organizations from around world have pioneered groundbreaking techniques designed to hold governments accountable for the use of public resources. In its latest publication, “Our Money, Our Responsibility: A Citizens’ Guide to Monitoring Government Expenditures,” the International Budget Partnership (IBP) documents ten methodologies that have been successfully used by civil society organizations to track government expenditures and their impact.

This Guide is a third in a series of publications released by IBP as part of its on-going efforts to disseminate literature that will assist civil society organizations in their efforts to scrutinize government budgets. The IBP’s third Guide focuses on budget implementation and provides practical, tested tools that can be used by independent organizations to monitor government expenditures. The guide reflects the growing focus of civil society organizations on monitoring the quality of government expenditure.

The methodologies, documented as case studies, cover the work of a range of organizations, including research institutes (such as the Public Service Accountability Monitor in South Africa) to grassroots social movements (such as Mazdoor Kisan Shakti Sangathan in India); and from groups that focus on national budgets (such as Fundar in Mexico and Civil Society Coalition for Quality Basic Education in Malawi) to groups that focus on provincial and state budgets (such as the Concerned Citizens of Abra for Good Government in the Philippines), and groups that focus on local budgets (such as La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia in Argentina and Hakikazi in Tanzania).

Printed and electronic copies of the Guide will be available in January 2008. For more information on the Guide, contact Vivek Ramkumar at [email protected].


 

 

Job Opportunity: IBP Communications Manager/Writer

In over 100 countries around the world, think-tanks, NGOs, community-based organizations and citizens have launched a movement to demand greater transparency and accountability in government revenues and expenditures. The International Budget Partnership (www.internationalbudget.org) was established in 1997, within the Center on Budget and Policy Priorities in Washington D.C., to support this growing movement in order to improve governance and reduce poverty in developing countries.

Over the past ten years, the IBP has pioneered global efforts to support independent budget monitoring by providing a combination of training and technical assistance, financial grants, peer networking, and a global repository of information on this growing field. The IBP also publishes every two years, the Open Budget Index, an independent, comparative assessment of government budget transparency (http://www.openbudgetindex.org/). The IBP works closely with a growing network of partner civil society organizations in over 80 countries in Africa, Asia, and Latin America; and operates from offices in Washington D.C., Mexico City and Cape Town.

The IBP seeks a communications specialist and writer to join its dynamic, international team. This new position, based in Washington D.C., will be responsible for developing the IBP’s international communication strategy; as well as managing the IBP’s publications. The Communication Manager will work as part of the IBP’s management team and supervise two staff members.

Responsibilities:

  • Work with IBP Director in developing and achieving communications objectives.
  • Coordinate, write, and edit copy for the IBP website, bi-monthly newsletter, and IBP briefs, press materials, and other publications.
  •  Write and edit reports, articles, press materials, and publications.
  • Build the international profile for the work of the IBP and its partners around the world.
  • Support IBP programs, such as the Open Budget Index, in developing and implementing effective media and outreach strategies to target international development actors, private sector agencies, civil society communities, and governments.
  • Work as part of the IBP management team and supervise two staff.

Knowledge, Education and Experience:

The ideal candidate must possess the following qualifications:

  • BA or Masters Degree in communications or international development, or equivalent experience.
  • Superior writing and editing skills.
  • Six or more years experience in developing and implementing media and outreach strategies, preferably at the international level.
  • Excellent interpersonal skills, ability to work in a team-oriented and diverse international environment.
  • Strong time management skills, ability to prioritize work, and keen attention to detail.
  • Interest in or knowledge of public policy/ public finance and international development issues a plus.
  • Ability to also work in French, Spanish, Portuguese and/ or Russian a plus.

Resumes will be accepted until January 10, 2008.