by soapbox | Jul 1, 2007
Gran parte de este ejemplar se enfoca en el papel de la legislatura en el proceso presupuestario. Las legislaturas siempre han sido una contraparte clave para las organizaciones de la sociedad civil que monitorean los presupuestos públicos y aunque la colaboración no siempre es fácil, puede arrojar resultados importantes y lecciones valiosas.
En junio 2007 el Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP) y la London School of Economics reunieron a organizaciones de la sociedad civil, legisladores y donatarios para reflexionar sobre la colaboración entre la sociedad civil y las legislaturas en el trabajo de presupuestos. En este ejemplar cubrimos ésta y otra conferencia que tuvo lugar, recientemente, sobre el papel de los donatarios en el fortalecimiento del escrutinio financiero de las legislaturas. También hablamos del cuello de botella que se dio entre la legislatura y el ejecutivo en Malawi respecto a la discusión del presupuesto nacional 2007 y de las audiencias públicas en Kenia que ayudan a la sociedad civil a exigir rendición de cuentas a los miembros del parlamento sobre el manejo de fondos para el desarrollo de sus poblados.
En este número el IBP ofrece novedades sobre grupos presupuestarios en México, Nigeria, Nicaragua y la República Kirguisa. Bajo Nuevas publicaciones y talleres encontrará una reseña del nuevo libro de Paul Collier The Bottom Billion, la reciente publicación del National Democratic Institute sobre legislaturas en países ricos y una bibliografía detallada con recursos adicionales en la biblioteca electrónica del IBP.
Reseña del taller “Legislaturas y sociedad civil: reconsiderando las relaciones estratégicas durante el proceso presupuestario,” Londres
Las legislaturas siempre han sido una contraparte clave para las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que se dedican a monitorear los presupuestos gubernamentales; aunque esta relación no siempre has sido sencilla. A fin de reflexionar sobre la colaboración de la sociedad civil con la legislatura respecto al presupuesto – el IBP y la London School of Economics (LSE) llevaron a cabo un taller sobre “Legislaturas, sociedad civil y el proceso presupuestario” en Londres el pasado mes de junio. Este taller es el segundo en una serie de reflexiones temáticas sobre aspectos clave del trabajo presupuestario aplicado para apoyar a grupos presupuestarios avanzados.
El taller ofreció una oportunidad única de aprendizaje mútuo para OSCs de la red del IBP, miembros de la legislatura, académicos y organizaciones internacionales que apoyan a las legislaturas. El objetivo es contribuir a la reconceptualización estratégica de las relaciones entre la sociedad civil con la legislatura. Como parte de esta reflexión Fundar (México), ISODEC (Ghana), Adva (Israel), CIPPEC (Argentina) y IPF (Croacia) presentaron sus experiencias de colaboración con las legislaturas.
Al reflexionar sobre las experiencias de las OSCs, los participantes estuvieron de acuerdo en que el reto central es participar en la dinámica política y partidaria que forma parte central de los procesos de toma de decisiones de las legislaturas. Igualmente, los participantes del taller identificaron varios factores que limitan su relación con las legislaturas. Muy pocas legislaturas cuentan con las capacidades y los recursos para apoyar su papel de vigilancia presupuestaria y ofrecer intercambios significativos durante el proceso presupuestario y las audiencias entre las comisiones y el ejecutivo. Las legislaturas no siempre hacen uso de todas sus facultades legales y constitucionales debido al papel de otros actores como los partidos políticos, ministerios de finanzas dominantes, instituciones financieras internacionales y el sector privado. En muchos casos estas “influencias externas” han probado ser más fuertes que la influencia del electorado y, en consecuencia, los incentivos de la legislatura para promover el escrutinio independiente del ejecutivo se diluyen. Estas “influencias externas” impiden la medida en que la sociedad civil utiliza la información que tiene y disminuye el potencial de la vigilancia presupuestaria.
Joachim Wehner profesor de la LSE, recordó a los participantes el papel central que los arreglos institucionales juegan en la habilidad legislativa de ofrecer vigilancia independiente del proceso presupuestario. Entre las restricciones institucionales conocidas está la naturaleza de los poderes de enmienda, tiempo o escrutinio legislativo, estructura del sistema de comisiones, acceso a la información presupuestaria, etc.
Además de las debilidades de las legislaturas las debilidades de la sociedad civil también se exploraron. Scott Hubli del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) observó algunas de las estrategias de incidencia de la sociedad civil que impiden una efectiva relación con las legislaturas. Argumentó que se debe de poner más atención a la colaboración con facciones partidarias y capacitar a miembros de la sociedad civil para participar con la legislatura. La sociedad civil también se puede aventajar de las oportunidades no-presupuestarias para cambiar las prioridades presupuestarias mediante los Documentos de Estrategias para la Reducción de la Pobreza (DERPs) y las metas del milenio.
A pesar de estas limitaciones, los participantes del taller estuvieron de acuerdo en que las legislaturas todavía representan una relación estratégica para el éxito del trabajo presupuestario de la sociedad civil, como comenta Scott Hubli: “A veces funciona.” En el corto plazo la relación con la legislatura continúa ofreciendo acceso a la información y oportunidades para influir en asignaciones presupuestarias específicas, monitorear la ejecución y auditoría del presupuesto y minimizar la corrupción y los excesos. En el largo plazo esta relación ofrece la oportunidad de participar democráticamente en el proceso presupuestario así como oportunidades para realizar reformas legales para contar con mayor transparencia y rendición de cuentas.
Expertos del “National Democratic Institute” y del PNUD también enfatizaron la oportunidad histórica que presenta el creciente interés entre una amplia variedad de actores internacionales para fortalecer el escrutinio fiscal parlamentario. En combinación con el creciente interés (y éxito) del trabajo presupuestario de la sociedad civil se augura una conceptualización más estratégica y avanzada de las relaciones entre la sociedad civil y el legislativo.
El IBP planea continuar la reflexión sobre cómo fortalecer la relación de la sociedad civil y las legislaturas en los próximos dos años. Asimismo, investigará cómo mejorar la coordinación del trabajo presupuestario de la sociedad civil y el apoyo de la legislatura. La reflexión también estudiará cómo apoyar a las OSCs para participar más efectivamente con las legislaturas.
Resumen de la investigación sobre parlamentos presentada en el taller de Londres y Reflexiones de OSCs en Argentina, Croacia y la India
A fin de darle seguimiento al taller de Londres el IBP le pidió a Laura Malajovich de CIPPEC en Argentina, Subrata Dutta de BARC en la India y Katarina Ott de IPF en Croacia reflexionar sobre las posibles aplicaciones de la investigación de Wehner.
En su trabajo Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions Wehner compara la capacidad parlamentaria de escrutinio financiero con base en un índice que cubre a 36 países en una encuesta sobre procedimientos presupuestarios en 2003. El índice captura seis prerrequisitos institucionales de control legislativo vinculados a los poderes de enmienda, presupuestos regresivos, flexibilidad del ejecutivo durante la implementación del presupuesto, la oportunidad del presupuesto, comités legislativos e información presupuestaria. Se revisaron varios métodos para la construcción del índice. Los resultados revelan variaciones importantes en el nivel de escrutinio financiero del gobierno por la legislatura entre democracias liberales contemporáneas. El Congreso de EUA cuenta con una calificación tres veces más alta que los nueve casos con calificaciones más bajas, en su mayoría sistemas Westminster. Aun con la excepción de EUA, las legislaturas del cuadrante superior tienen calificaciones dos veces más altas que el cuadrante inferior del índice. Lo que siguiere que el poder de la bolsa es un elemento discreto y no indispensable de la gobernabilidad democrática liberal. Para algunos países se trata de una protección clave en contra de un ejecutivo dominante, mientras otros mantienen un mito constitucional.
Ott apuntó que conocer los parlamentos de otros países y sus poderes presupuestarios, así como las mejores prácticas de otras naciones, puede ayudar a un país a fortalecer el proceso presupuestario de su propia legislatura. El índice legislativo de instituciones presupuestarias ofrece la posibilidad de hacer comparaciones entre naciones y aprender de las experiencias de otros países.
Malajovich argumentó que el contar con la legislación e instituciones apropiadas ofrece un punto de partida para que OSCs trabajen con la legislatura a fin de construir un proceso presupuestario más transparente. “Las instituciones legislativas presupuestarias apropiadas son una buena base para comenzar a construir una relación estratégica entre la legislatura y las OSCs. Se trata, sin embargo de sólo una dimensión del complejo proceso político del presupuesto.”
Dutta observó algunas de las consecuencias de un ambiente institucional débil en el estado hindú de Rajastán: “El Comité de Cuentas Públicas “Public Accounts Committee” (PAC) está lidiando con los reportes de auditoría 2002-03. Esto quiere decir que los ejecutivos actuales tienen mano libre con el presupuesto ya que el comité está ocupado con el presupuesto de varios años atrás. Además, el jefe de PAC fue ministro en el gobierno que estuvo en el poder de 1999 a 2004. Lo que explica porque éste no encontrara irregularidades en el presupuesto 2002-03.”
De acuerdo con Ott, el índice de Wehner puede ser de utilidad a OSCs de varias maneras. Antes que nada ofrece un marco para comparar al país propio con otros países y ver qué brechas existen en las leyes respecto a la vigilancia legislativa sobre el proceso presupuestario.
El siguiente paso para las OSCs debe ser el de incidir para que se dé legislación que elimine dichas brechas trabajando en conjunto con la legislatura. La participación de la legislatura es esencial: la legislatura debe de “adueñarse” de la necesidad de promover su capacidad institucional para controlar el presupuesto. Con frecuencia, los legisladores creen que el presupuesto es demasiado técnico para ellos y que concentrar los poderes del presupuesto en el ejecutivo sería más eficiente. Tratar de crear consenso en la legislatura para crear leyes necesarias será uno de los principales retos de las OSCs.
Una vez que la legislación necesaria entre en vigor dijo Ott, las OSCs deberán señalar situaciones en donde no está siendo debidamente aplicada. La mayoría de los países en vías de desarrollo que tienen el marco institucional adecuado no implementan estas leyes correctamente, a veces debido a cuestiones políticas y a la falta de capacidad.
Ott agregó que “medir la capacidad de investigación presupuestaria de un cuerpo legislativo por un número de profesionales comprometidos no es apropiado ya que países más grandes pueden contar con un mayor número de profesionales involucrados. Cinco personas competentes en un país de 4 millones de habitantes como Croacia puede ser equivalente a más de 50 personas competentes en EUA.” Dutta estuvo de acuerdo, agregando que en un país pobre la legislatura puede considerar difícil poder emplear a 230 investigadores, como lo hace la oficina presupuestaria del congreso de EUA “Congressional Budget Office.”
En respuesta a Wehner Ott afirmó que: “Si la legislación existe y se implementa, la pregunta para las OSCs debe de ser si las instituciones legislativas presupuestarias son suficientes para permitirle al congreso influir en el presupuesto.” Muchas veces, aún con la legislación apropiada, el ejecutivo toma la mayoría de las decisiones. En tales casos, las OSCs necesitan trabajar en conjunto con la legislatura para promover la transparencia y rendición de cuentas presupuestarias.
Malajovich estuvo de acuerdo: “Desafortunadamente, a veces los parlamentos no ejercen por completo los pocos poderes que tienen y, en ocasiones, se ven limitados por un ejecutivo dominante o por la disciplina del partido.” Estos problemas pueden hacer que los legisladores no participen en temas presupuestarios, lo que a su vez implica capacidades y recursos. La falta de rendición de cuentas y ética entre los legisladores puede empeorar la situación aún más.
Malajovich observó que, “aún cuando las legislaturas no están interesadas en cuestiones presupuestarias, algunos partidos políticos pueden estarlo y eso puede acercar a las OSCs al parlamento. No debemos perder tiempo discutiendo si es mejor trabajar con los miembros del parlamento que con los partidos políticos, ya que los miembros del parlamento votarán conforme a lo que sus partidos indiquen.” Tal vez las OSCs deban de prestar más atención a la ciencia política, sociología y psicología que a la economía y a la administración pública, ya que aún en países con ambientes institucionales positivos a veces hay débil participación y rendición de cuentas.
De hecho un país en vías de desarrollo puede tener un marco legislativo institucional “ideal,” pero ello no se traduce automáticamente en que la legislatura tenga un papel efectivo en la vigilancia de decisiones presupuestarias. Si contamos con las instituciones, ¿Qué podemos hacer para mejorar su funcionamiento? ¿Cómo podemos trabajar con las legislaturas para fortalecer su papel y promover su capacidad de vigilar el presupuesto? En los próximos meses, el IBP recopilará más reflexiones para refinar las respuestas a estas fundamentales preguntas.
Para leer el artículo Assessing the Power of the Purse: an Index of Legislative Budget Institutions por Joachim Wehner, ir a:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Assessing-the-Power-of-the-Purse-An-Index-of-Legislative-Budget-Institutions.pdf.
Donatarios discuten cómo fortalecer el papel del parlamento en el proceso presupuestario
El Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto del Banco Mundial (WBI) organizaron una reunión del 21-22 de mayo en Bruselas para que la comunidad de donatarios compartiera experiencias y lecciones recientes sobre los avances del parlamento con un enfoque particular en rendición de cuentas financiera. La consultoría se centró en el enfoque de los donatarios para el fortalecimiento parlamentario, incluyendo el proceso presupuestario – así como lecciones de los donatarios sobre lo que funciona y lo que no funciona al apoyar a la legislatura. Se puso atención especial a cómo armonizar y alinear el apoyo de los donatarios con las prioridades nacionales, así como a identificar las exigencias de este trabajo y los intereses políticos e incentivos en juego.
Durante el primer día de la consultoría, los presentadores compartieron sus evaluaciones y reseñas sobre el desarrollo parlamentario y discutieron medidas y estándares de desempeño parlamentario. El segundo día se enfocó en las lecciones aprendidas para fortalecer el papel de los parlamentos para asegurar la rendición de cuentas financiera y la vigilancia presupuestaria. Además, el segundo día incluyó una discusión sobre los mecanismos para continuar el intercambio entre donatarios y una presentación del IBP sobre lecciones aprendidas respecto al desarrollo parlamentario.
Durante la reunión se decidió:
- Desarrollar principios de buenas prácticas para guiar a los donatarios en el fortalecimiento parlamentario, sobre todo, en el contexto de apoyo presupuestario directo.
- Establecer un grupo informal de contactos de donatarios sobre el fortalecimiento parlamentario.
- Llevar a cabo reuniones consultivas estructuradas para discutir los enfoques hacia el fortalecimiento parlamentario.
- Crear un centro de información piloto sobre fortalecimiento parlamentario.
- A largo plazo, compartir resultados y principios de buenas prácticas con la red de gobernabilidad “DAC Network on Governance” (GOVNET) de la OCDE y entusiasmar a GOVNET a considerar el fortalecimiento parlamentario como parte de su próximo programa de trabajo.
A la reunión asistieron representantes de donatarios que prestan apoyo a la legislatura (PNUD, DFID, el Instituto del Banco Mundial y otros), académicos que hacen investigación sobre legislaturas (Joachim Wehner, Alan Hudson y Steve Fish), fundaciones que apoyan las legislaturas (IPU, Westminster Foundation, etc.) y ONGs (IBP y el “Parliamentary Center”).
Para revisar la agenda, la lista de participantes y un reporte sobre la conferencia ir aquí: http://www.gsdrc.org/docs/open/PO56.pdf.
Para mayor información, contactar a Albert van Zyl [email protected].
“Twataka Pesa Zetu” (Queremos nuestro dinero): ¿Audiencia pública sobre el fondo de desarrollo distrital de Kenia? por Sowmya Kidambi y Vivek Ramkumar
Desde 2005 la organización “Muslims for Human Rights” (MUHURI) una ONG con base en Mombassa, Kenia se dedica a monitorear el gasto realizado bajo el fondo nacional de desarrollo llamado “Kenya’s Constituency Development Fund” (CDF). MUHURI ha desarrollado fuertes vínculos con comunidades que se benefician del fondo CDF para identificar problemas en la implementación del CDF.
Bajo CDF establecido en 2003, todo miembro del parlamento tiene derecho a asignar aproximadamente $1 millón al año para apoyar proyectos de desarrollo en su distrito electoral. CDF se ha convertido en un programa muy popular aunque algo controvertido y recibe amplia cobertura de los medios, incluyendo elogios por su potencial pero también quejas sobre corrupción y malos manejos. Aunque el CDF fue diseñado para promover la participación de la comunidad en la selección de proyectos de desarrollo y en la administración de los fondos CDF, en la práctica el manejo de los fondos está envuelto en secretismo y falta de rendición de cuentas pública.
En agosto 2007 MUHURI organizó un taller a nivel nacional financiado por la Open Society Initiative de África del este. Éste tuvo lugar en Mombassa y asistieron 60 participantes de 15 organizaciones que trabajan por todo Kenia. Durante el evento el IBP y la ONG de la India Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) — que fuera pionera en desarrollar audiencias públicas sobre el presupuesto en el estado hindú de Rajastán — condujo un programa de capacitación sobre la administración del CDF y sobre el monitoreo de proyectos y gastos derivados de CDF.
Durante la capacitación se trabajó con documentos tales como ofertas presentadas por contratistas para proyectos CDF, cartas dirigidas a contratistas especificando concesiones en los contratos y relaciones de las reuniones del comité que administra los fondos CDF. Los participantes compaginaron esta información en formatos sencillos para identificar problemas como los elevados costos o selección preferencial de contratistas. Dichos formatos de análisis simplificado permitieron identificar instancias en que los récords de los proyectos estaban incompletos.
Los participantes utilizaron los formatos junto con un cuestionario estandarizado al visitar las localidades de los proyectos para evaluar si cada proyecto fue completado conforme a las especificaciones ofrecidas en los documentos del proyecto. Durante este proceso se descubrieron un gran número de irregularidades, incluyendo métodos y material de construcción insuficiente y mal catalogado.
Durante las visitas a las localidades los participantes también se reunieron con residentes que viven cerca de los proyectos CDF y los invitaron a revisar los récords de los proyectos CDF. Estas reuniones les ofrecieron a los miembros del público la oportunidad de comentar sobre la precisión de los récords así como sobre la calidad de los proyectos financiados por CDF. Muchas de estas discusiones destaparon hechos y preocupaciones que los récords del proyecto por sí mismos no lograron revelar, incluyendo casos de métodos de construcción mal catalogados o reportados y falta de transparencia. Los participantes prepararon resúmenes para las localidades con base en sus hallazgos mismos que formaron parte del reporte de MUHURI el cual se entregó más tarde a los funcionarios de CDF.
Un segundo objetivo del taller de MUHIRI fue ayudar a preparar una audiencia de un día sobre CDF. Ésta se llevó a cabo el 26 de agosto 2007 y asistieron aproximadamente 1,500 personas, incluyendo residentes de la localidad de Changamwe. El programa formal comenzó con la llegada de los funcionarios locales de CDF reuniendo cientos de documentos sobre proyectos CDF de los últimos tres años. Se trató de un evento importante ya que marcó la primera ocasión en que los funcionarios CDF sintieron la necesidad de presentar a los residentes locales – de ese distrito y quizás de todo el país – información sobre proyectos apoyados por CDF.
Los participantes leyeron los hallazgos de la investigación de los proyectos financiados por CDF e invitaron a los residentes a hacer preguntas a los funcionarios de CDF ahí presentes. Frente a una multitud de preguntas, los funcionarios de CDF llamaron a los miembros del parlamento local, quienes llegaron de inmediato. Al principio los miembros del parlamento intentaron tomar control de la audiencia hablando de los logros de los proyectos de CDF. El público no fue fácilmente persuadido y comenzó a hacer preguntas sobre el mal manejo de fondos hasta que los miembros del parlamento estuvieron de acuerdo en investigar estos problemas.
El personal de MUHURI trajo una manta blanca de casi 50 metros de largo con las demandas para mejorar el manejo de CDF, para que todos los presentes la firmaran. En un principio, los miembros del parlamento se rehusaron a firmar pero, eventualmente, cedieron ante la presión de los asistentes.
Después de la reunión los participantes se reunieron para discutir las lecciones que habían aprendido y formular una estrategia nacional de incidencia para mejorar el manejo del fondo CDF. Por su parte, MUHURI expresó su intención de organizar audiencias públicas similares en otros ocho distritos costeros.
Se necesita de una gran labor de seguimiento para garantizar que las resoluciones públicas adoptadas durante el evento y los problemas identificados por el público durante la audiencia quepan dentro de la campaña nacional de incidencia. Sólo una campaña de este tipo puede apoyar la creación de un movimiento sustentable que pueda exigir mejorías en el CDF de manera eficiente.
La audiencia pública CDF en Changamwe demuestra cómo las OSCs pueden utilizar metodología innovadora enfocada en los ciudadanos para exigirles a los funcionarios públicos rendición de cuentas por el uso de los recursos públicos. ¡En caso de que esto suceda, Kenia podría ver un cambio en las prácticas de gobernabilidad!
Para mayor información, contactar a Sowmya Kidambi en MKSS [email protected] o a Vivek Ramkumar en el IBP [email protected].
Suspensión del debate presupuestario 2007-08 en Malawi y reacciones de expertos presupuestarios de la sociedad civil
El ministro de finanzas de Malawi presentó la propuesta del presupuesto 2007-08 al parlamento el 29 de junio, un día antes de que comenzara el año fiscal. Supuestamente el parlamento debe de aprobar el presupuesto dentro en un período de 21 días hábiles pero no se reunió sino hasta el 13 de agosto y no llegó a un acuerdo sobre el presupuesto debido a una disputa política que amenazó con recortar servicios gubernamentales clave.
La disputa sucedió cuando los miembros del parlamento que apoyan al Presidente Mutharika se unieron a su nuevo partido, el Partido Demócrata Progresista “Democratic Progressive Party” (DPP). Miembros de los partidos de oposición argumentaron que de acuerdo a la constitución, los miembros del parlamento que cambian de partido deben de ser forzados a dejar sus lugares en el parlamento y cuando uno de los parlamentarios afectados obtuvo una orden de la corte impidiendo que el vocero del parlamento declarara que los lugares quedaban vacíos, la oposición respondió con el sabotaje al debate presupuestario.
A principios de agosto el Presidente Mutharika les ordenó a todos los miembros del parlamento a reunirse de nuevo para aprobar el presupuesto en su totalidad. Ante esta situación los parlamentarios de la oposición obtuvieron una orden que les permitió ignorar las instrucciones del presidente. Esto despertó reacciones entre los habitantes de Malawi. Finalmente, los miembros del parlamento llegaron a un acuerdo para dejar este asunto de lado, al menos por el momento, y comenzar la discusión del presupuesto.
Repercusiones del retraso en la aprobación del presupuesto
La Coalición de la sociedad civil por la calidad de la educación básica “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” (CSCQBE) estima que el presupuesto de Malawi 2007-08 es un presupuesto en favor de los pobres, ya que incluye gastos para atender las necesidades de los pobres en Malawi. No obstante, el retraso en la aprobación del presupuesto puede tener varios efectos negativos.
Primero, el retraso puede afectar a los granjeros en la compra de fertilizante que debe de ser distribuido a tiempo. La mayoría de la población en Malawi se dedica a la agricultura, actividad que depende del fertilizante subsidiado por el gobierno. El exitoso programa de subsidio al fertilizante ha sido citado como una de las principales razones que explican la recuperación del sector agrícola de Malawi después de que la sequía del 2005 dejara a 5 millones de personas sin alimento.
Segundo, el retraso probablemente afectará la distribución de materiales didácticos para los 3.3 millones de niños en las escuelas públicas. La educación primaria es gratuita en Malawi, de modo que los alumnos deben de ser provistos de los materiales básicos para su aprendizaje, pero dichos materiales serán repartidos tardíamente debido al retraso en el debate presupuestario. Asimismo, las escuelas de Malawi han sido fuertemente afectadas por la escasez de personal, de manera que el nuevo presupuesto incluye fondos para capacitar a más maestros y para el aumento de salarios, pero estas provisiones también serán retrasadas.
Tercero, dicho retraso pone en peligro el derecho de la población de Malawi por obtener medicamentos de calidad a precios accesibles. Los hospitales en Malawi ya enfrentan una seria escasez de personal y medicamentos.
Cuarto, el retraso ha impedido que la Universidad de Malawi, que funciona con fondos gubernamentales, admita a estudiantes de nuevo ingreso.
Respuesta de la sociedad civil
Miembros de la sociedad civil solicitaron al parlamento que aprobara el presupuesto antes de resolver la disputa con los miembros del DPP. Entre otras cosas, los ciudadanos:
- Acamparon durante 14 días y noches y le pidieron a los miembros del parlamento atender el presupuesto;
- se pusieron moños morados en apoyo al presupuesto;
- se unieron en una campaña de chiflidos y ruido como llamado a la acción sobre el presupuesto;
- enviaron peticiones a los distritos oficiales en nombre del presupuesto;
- demandaron al parlamento la protección de sus derechos al desarrollo; y
- lanzaron comunicados de prensa para expresar sus preocupaciones en periódicos de circulación diaria.
Estos esfuerzos fueron diseñados para convencer a los miembros del parlamento de la importancia del presupuesto y señalar que la no aprobación del presupuesto afectaría la provisión de servicios como salud, mantenimiento de caminos y subsidio de fertilizante.
Además CSCQBE dio a conocer un análisis resaltando algunos puntos en el presupuesto de educación para ser examinados antes de la aprobación del presupuesto. Éstos incluyen:
- Necesidades para educación especial: a pesar de que más de 40,000 niños con necesidades especiales son registrados en escuelas primarias en Malawi, el gobierno continúa ignorando la importancia de la necesidad de la educación especial y el hecho de que las asignaciones hacia este sector se han reducido en un 60 por ciento. CSCQBE ha hecho un llamado al gobierno para hacer que las necesidades de la educación especial sean una prioridad y se aumenten los recursos para la compra de equipo especializado, capacitar a más maestros y fortalecer la administración.
- Ciencia y tecnología: el departamento de ciencia y tecnología aparece dos veces en el presupuesto bajo dos rubros ministeriales distintos. Por ello, no queda claro qué funciones y operaciones cubre cada asignación — y si dos asignaciones para el mismo departamento son siquiera necesarias.
- Declive en asignaciones para algunos distritos escolares: a pesar de que la mayoría de las asignaciones distritales puede aumentar bajo el nuevo presupuesto, otras pueden enfrentar recortes y algunos distritos con muchas escuelas terminarían con menos recursos que otros distritos con menos escuelas. CSCQBE recomienda que el gobierno adopte criterios claros para la distribución de recursos con base en el número de escuelas.
- Flujo transparente de recursos: una encuesta realizada en las escuelas y en la unidad de útiles escolares reveló que el gobierno no ha dado materiales didácticos desde 2004. CSCQBE hace un llamado para el uso transparente de dichos fondos para mejorar la distribución de materiales.
Para mayor información, contactar a Clara Chindime o Donald Kebabe en CSCQBE [email protected], a Chrissie Kafundu en CFSC [email protected] y a Limbani Elia [email protected].
ONGs mexicanas realizan actividades de incidencia para mejorar el apoyo que ofrece la industria petrolera al desarrollo social local: el caso de Tabasco, México
Desde 2006 Fundar ha monitoreado el flujo y uso de recursos derivados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para apoyar el desarrollo social en estados productores de petróleo.
Fundar identificó a la Asociación Ecológica Santo Tomás como contraparte local para trabajar en el estado de Tabasco y solicitó información relevante mediante la Ley Federal de Acceso a la Información. Asociación Ecológica Santo Tomás, por su parte, solicitó información a nivel local, a pesar de que no existe una ley a nivel local que garantice el acceso público a la información. A lo largo del proceso Fundar y Santo Tomás se reunieron varias veces con PEMEX y con autoridades locales para obtener información precisa.
A lo largo de un año ambas organizaciones analizaron información y prepararon dos reportes que describen las irregularidades en el uso de ingresos petroleros. Varios sucesos en las semanas posteriores a la publicación de los reportes validaron la importancia de los hallazgos de la investigación: el congreso mexicano solicitó una auditoría formal de los recursos distribuidos por PEMEX y PEMEX anunció la implementación de nuevos mecanismos para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en la distribución de recursos.
A continuación presentamos una relación de lo sucedido para dar una idea más clara del impacto que han tenido Fundar y Santo Tomás.
TABASCO
Durante una conferencia de prensa el 31 de julio la Asociación Ecológica Santo Tomás presentó el reporte “Las donaciones de PEMEX a Tabasco,” el cual recibió cobertura en varios periódicos locales. A pesar de que la respuesta de autoridades locales fue sobre todo negativa y perfilada para desacreditar a la organización; los líderes de opinión afirmaron la validez e importancia del reporte.
Una vez que se publicó el reporte la comisión de energía del congreso de Tabasco le pidió al funcionario gubernamental responsable de la reasignación de recursos a las municipalidades de Tabasco presentarse ante el congreso y explicar cómo se habían utilizado dichos recursos. Además, un miembro de la comisión de energía del congreso solicitó una reunión con Santo Tomás para discutir el reporte al interior de su comisión.
MEXICO, DF
En coordinación con la estrategia de Santo Tomás, Fundar dio a conocer un reporte bajo el título “¿La Ley de Acceso a la Información Pública como una herramienta para la contraloría social? El caso de PEMEX en el desarrollo local de comunidades con actividad petrolera.” Fundar ayudó a difundir los hallazgos del reporte en una entrevista el 3 de agosto con el periódico nacional El Universal. Otros dos periódicos de cobertura nacional — La Jornada y Reforma — también hablaron sobre el reporte.
Además, Fundar envió el reporte a la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social de PEMEX para obtener aclaraciones sobre la información presentada. La oficina expresó interés en el estudio y solicitó una presentación oficial de los hallazgos.
Fundar también preparó un comunicado de prensa para legisladores en donde se explican los hallazgos y el 9 de agosto, la comisión permanente en el legislativo federal tuvo comentarios sobre el estudio. De hecho un legislador contactó a Fundar para obtener mayor información sobre el reporte.
El 24 de agosto Fundar participó en un programa de radio sobre el uso de los ingresos de PEMEX para proyectos de desarrollo social. (PEMEX fue invitado al programa pero se negó a participar).
El 27 de agosto se llevó a cabo una junta con el secretario técnico de la comisión de energía de la Cámara de Diputados para solicitar una sesión informativa a fin de presentar ambos estudios a los legisladores.
El 28 de agosto un miembro de la comisión de finanzas públicas contactó a Fundar para solicitar información sobre el estudio y sus propuestas.
El 3 de septiembre un miembro de la comisión de energía de la legislatura del estado introdujo una iniciativa en donde solicita una auditoría oficial a los recursos que PEMEX ha otorgado a Tabasco. El siguiente día, el mismo legislador le pidió a Fundar más información sobre sus hallazgos.
El 5 de septiembre PEMEX anunció que fortalecería sus mecanismos de transparencia al establecer nuevos lineamientos para la asignación de ayuda financiera y donaciones. Muchos de los nuevos pasos anunciados por PEMEX fueron idénticos a las propuestas en los estudios realizados por Fundar y la Asociación Ecológica Santo Tomás.
Para mayor información, contactar a Rocío Moreno [email protected].
Promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas mediante presupuestos participativos a nivel estatal y local en Nigeria
Responder a la necesidad de promover la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de ingresos y egresos públicos — especialmente a nivel de estado y de bases — la Comisión de la Paz, Desarrollo y Justicia “Justice, Development and Peace Commission” (JDPC), con base en Lagos, ha comenzado un proyecto llamado “Promover la transparencia y rendición de cuentas mediante los presupuestos participativos a nivel estatal y local en el estado de Lagos.”
El proyecto llevado a cabo con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, se enfoca en tres áreas piloto del gobierno local “Local Government Areas” (LGAs): Ajeromi/Ifelodun, Mushin y Lagos Island.
El proyecto formalmente comenzó con un taller de capacitación de dos días para 30 funcionarios de alto rango a fin de ayudarlos a apreciar la importancia de involucrar al electorado y a los grupos comunitarios en cada una de las fases del proceso presupuestario. El taller incluyó los siguientes temas:
- Introducción al proceso presupuestario;
- el proceso administrativo del gasto público;
- los conceptos básicos de NEEDS, LASEEDS y LEEDS [Documentos de Estrategias para la reducción de la Pobreza (DERPs) locales];
- participación en el proceso presupuestario;
- LGAs, impartición de servicios y metas del milenio; y
- mejores prácticas sobre presupuestos participativos.
Igualmente, JDPC facilitó una serie de talleres de dos días para organizaciones comunitarias en cada una de las tres LGAs. Más de 100 representantes de grupos de bases fueron capacitados sobre los principios básicos del proceso presupuestario y de participación efectiva.
A partir de estos exitosos talleres, algunos grupos se reunieron para formar coaliciones comunitarias en cada uno de los tres LGAs para promover monitoreo presupuestario y buena gobernabilidad. Las coaliciones trabajan para promover la participación de la comunidad a lo largo del proceso presupuestario y con ello mejorar la gobernabilidad de la comunidad.
Habiendo trabajado por separado con funcionarios LGA y organizaciones de base comunitarias, JDPC procedió a cerrar la brecha entre ambos actores mediante reuniones en cada uno de los tres LGAs para reunir a las partes en un foro común.
Además, JDPC administró un cuestionario a 2,000 residentes en cada uno de los tres LGAs para evaluar la impartición de servicios gubernamentales en cada área y dedicó dos ejemplares de su boletín “Budget Track Newsletter” al análisis presupuestario y al trabajo presupuestario aplicado a nivel local y estatal en el estado de Lagos.
Sucesos e impactos
El proyecto ha ayudado a establecer una creciente vinculación entre JDPC y las administraciones LGA, el Ministro del Gobierno Local en Lagos y comunidades de base en los tres LGA piloto. También ha ayudado a establecer coaliciones de base sobre monitoreo presupuestario y buena gobernabilidad en las LGAs. Se espera que estas coaliciones mantengan los logros conseguidos hasta el momento y promuevan la transparencia, rendición de cuentas y la participación de la gente en los procesos presupuestarios a nivel local.
La encuesta sobre prestación de servicios ayudó a exponer los avances en cada uno de las LGA, así como las áreas con esfuerzos deficientes. El boletín “Budget Track Newsletter,” con sus análisis sobre tendencias presupuestarias y perfiles de ingresos y egresos respecto a las obligaciones del gobierno respecto a los derechos humanos, ha ofrecido una mayor comprensión del presupuesto gubernamental local y los patrones de gasto y de cómo afectan a los residentes.
Retos
Existe una desconfianza mutua entre quienes son elegidos y el electorado en todos los niveles de gobernabilidad en Nigeria, la cual se hizo evidente durante las reuniones organizadas por JDPC en las tres LGAs. Las sesiones fueron turbulentas y en ocasiones fue necesario que el equipo de JDPC interviniera para prevenir que las emociones se salieran de control.
Además, JDPC ha identificado varios problemas enfrentados por las comunidades de base promovidas por este proyecto. Pero ya que el análisis de presupuestos, el monitoreo y el activismo son relativamente nuevos en Nigeria y mucha gente desconoce sus derechos políticos, civiles y socioeconómicos, estos problemas no son del todo inesperados.
Pasos a seguir
A fin de ampliar los logros conseguidos en la primera fase del proyecto, JDPC pronto dará comienzo a su segunda fase que se enfocará en construir las capacidades de las iniciativas comunitarias para llevar a cabo incidencia efectiva y fortalecer las coaliciones alrededor del mundo. JDPC también planea publicar un libro con los resultados de su investigación sobre la impartición de servicios dentro de las LGAs.
Para mayor información, contactar a Austin Ndiokwelu [email protected].
El proceso presupuestario y la participación de la sociedad civil en Nicaragua por Dayra Valle Orozco
En Nicaragua la sociedad civil juega un papel limitado en la toma de decisiones del presupuesto. A pesar de que los funcionarios públicos tienen la obligación de ser transparentes y rendir cuentas a la sociedad, el presupuesto nacional es preparado exclusivamente por el ejecutivo y se mantiene como secreto de estado dándose a conocer hasta que el documento ingresa a la asamblea nacional.
En enero 2007 comenzó un nuevo ciclo presupuestario con un presupuesto provisional que duró hasta marzo cuando se aprobó el presupuesto final. En años recientes se ha vuelto común para el gobierno no contar con un presupuesto definitivo para el año en curso. Esto ha impedido el cumplimiento de programas en sectores sociales clave como salud y educación. En la primera parte de 2006, por ejemplo, el fracaso del gobierno en cumplir con el aumento salarial a los trabajadores de salud paralizó la provisión de servicios de salud, lo que tuvo efectos negativos entre la población.
Los esfuerzos de la sociedad civil para abrir el proceso presupuestario
Algunas organizaciones de la sociedad civil (OSCs) de Nicaragua han tratado de participar en el proceso presupuestario. En 2006, por ejemplo, Coordinadora Civil (una organización que prepara análisis sobre la deuda pública) y el Consejo Nacional para la Planeación Económica y Social (CONPES) presentó una serie de recomendaciones presupuestarias al presidente. Entre otras cosas, le exigieron al presidente:
- Presentar el total de ingresos fiscales y no-fiscales de forma clara y transparente;
- priorizar los recursos nacionales para atender las necesidades en sectores como salud, educación, infraestructura y servicios básicos (agua, energía y bienestar social);
- establecer cooperación entre los gobiernos central, regional y municipal respecto a las inversiones nacionales y por sector;
- desarrollar criterios para la distribución de recursos presupuestarios de manera equitativa entre las regiones y municipalidades; y
- obtener los ahorros presupuestarios para pagar el aumento al gasto social mediante la reestructuración de la deuda doméstica y el recorte de gastos innecesarios.
Las recomendaciones de los grupos no se concretaron, en parte, debido a que los acuerdos financieros de Nicaragua han aceptado las condiciones de préstamo que exigen organizaciones internacionales tales como el FMI.
Esfuerzos del congreso
Durante el debate presupuestario del mes de marzo, congresistas del partido de la oposición propusieron cambios a la propuesta presupuestaria del ejecutivo para atender:
- la falta de participación ciudadana en el presupuesto, a pesar la existencia de la Ley sobre Participación Ciudadana y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional;
- el fracaso del presupuesto para incluir préstamos internacionales;
- la asignación de fondos gubernamentales a asociaciones y fundaciones estrechamente vinculadas a partidos políticos y congresistas; y
- la señal de que una gran parte del presupuesto debe se ser utilizada para pagar la deuda pública (interna y externa) de Nicaragua, sobre todo la onerosa deuda bancaria.
El congreso, sin embargo, aprobó el presupuesto sin tomar estas propuestas en consideración.
Aunque el debate del presupuesto por el congreso debería de ofrecer oportunidades para la participación de la sociedad civil, este no fue el caso en 2007. El presupuesto se introdujo y fue aprobado en sólo 15 días y el público no tuvo acceso oportuno al documento del presupuesto.
El trabajo de IEEPP
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) publica el boletín Presupuesto Ciudadano diseñado para facilitar la participación pública y las auditorías ciudadanas sobre temas presupuestarios al hacer la información presupuestaria más accesible para los ciudadanos, tomadores de decisiones y OSCs. Los ejemplares de este año cubren distintos ángulos presupuestarios y cada ejemplar incluye información para promover el presupuesto y la educación sobre auditorías sociales. (Ver: http://www.ieepp.org/).
IEEPP cree que el papel de las OSCs debe de ser de contrapeso a los poderes del estado y de incidir en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas. En este sentido, se debe trabajar para impulsar una agenda que incluya: la transparencia presupuestaria, el fortalecimiento de mecanismos simplificados y efectivos de rendición de cuentas, el impulso al gobierno electrónico, mayor conocimiento de la operación de los programas públicos y vigilancia constante del presupuesto y de las prioridades del gasto.
Uno de los principales hallazgos del trabajo presupuestario de IEEPP hasta la fecha ha sido que los presupuestos de salud y educación no incluyen presupuestos e indicadores a cumplirse bajo el presupuesto aprobado. Tampoco incluyen objetivos ligados a las metas del milenio. Por ello, no existe una forma clara de medir los insumos y resultados en estas áreas.
Para mayor información, contactar a Dayra Valle Orozco [email protected].
Promover la transparencia en el proceso presupuestario en la República Kirguisa por Nurbek Toktakunov
Desde 1994 la República Kirguisa ha adoptado varias leyes para abrir el proceso presupuestario, como el mandato de dar a conocer reportes relacionados con la ejecución del presupuesto y mejorar el acceso público a la información presupuestaria. Desafortunadamente, estas reformas no se han integrado completamente al proceso presupuestario.
Para mejorar la participación pública en el proceso presupuestario el país debe de superar dos obstáculos importantes. Uno es el hecho de que los ciudadanos no entienden que los fondos públicos son propiedad pública y que, por ende, tienen el derecho de revisar los bolsillos del gobierno. Otro obstáculo es el mito entre funcionarios gubernamentales de que la distribución de los recursos públicos es prerrogativa exclusiva del estado.
No obstante, existen señales de progreso. Por ejemplo, están teniendo lugar varias iniciativas de importancia para aumentar la participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario. Estas iniciativas reciben el apoyo de agencias internacionales en cooperación con autoridades nacionales de alto nivel. Dentro del marco del diálogo presupuestario apoyado por la Fundación Soros de la República Kirguisa, por ejemplo, eventos clave durante el proceso presupuestario son transmitidos por cadenas de radio y televisión nacionales. Además, se ha llevado a cabo una serie de seminarios y talleres sobre temas presupuestarios para ONGs, especialmente aquellas que representan áreas remotas del país. Asimismo, con el apoyo del Urban Institute se han organizado audiencias públicas para discutir cuestiones relacionadas con presupuestos locales en muchas regiones del país. El gobierno del Reino Unido mediante su agencia de desarrollo DFID ha apoyado el establecimiento de una alianza entre ONGs y el gobierno llamada “For Budget Transparency.”
Se espera que el presente apoyo del gobierno a estos esfuerzos no sea únicamente para satisfacer compromisos internacionales; sino que responda a una verdadera comprensión de la importancia de la transparencia presupuestaria para la gente de la República Kirguisa.
Para mayor información, contactar a Nurbek Toktakunov [email protected].
The Bottom Billion de Paul Collier: una reseña por Albert van Zyl
Gran parte de la discusión sobre desarrollo ha sido dominada por el debate entre Jeffrey Sachs y William Easterly. En The End of Poverty, Sachs argumenta que una cantidad significativa de asistencia financiera le permitiría a los países pobres comenzar un proceso de crecimiento sustentable; en The White Man’s Burden Easterly describe los límites de lo que la ayuda puede lograr. En The Bottom Billion Paul Collier pone énfasis en el debate al tomar en cuenta alguna de las preguntas más difíciles que ni Easterly, ni Sachs han respondido.
Collier argumenta que la pobreza entre el billón de personas más pobres del mundo cuenta con características únicas y no se puede atender de la misma manera que la pobreza entre los otros 5 billones de personas que viven en países en vías de desarrollo. Esto, dice el autor, se debe a que los países que albergan al billón más pobre o “bottom billion” están atorados en una o más “trampas de pobreza” que les impide salir de la pobreza extrema. Éstas trampas son:
- La trampa de conflicto;
- la trampa de recursos naturales (también conocida como “maldición de recursos”);
- no contar con salida al mar y tener “malos vecinos”; y
- la mala gobernabilidad.
La investigación de Collier ilustra el impacto devastador que cada una de estas trampas tiene en el crecimiento de la economía de los países que albergan al billón más pobre. Sin la intervención externa apropiada, estos países — la mayoría de los cuales están en África — no podrán salir de estas trampas, de hecho, es posible que retrocedan. Collier argumenta que los problemas de estos países no se pueden explicar por una sola causa (como su historia, políticas comerciales o conflictos); sino que más bien es a través de un conjunto de variables interconectadas que se puede hacer una contribución importante al debate sobre desarrollo.
Mientras la asistencia juega un papel determinado, Collier argumenta que “la asistencia por sí misma no resolverá los problemas del billón más pobre — necesitamos emplear políticas más variadas.” Aquí es donde Collier ofrece un escenario más matizado que el de Sachs, Easterly y otros. Collier propone un paquete de herramientas: asistencia, políticas comerciales, intervención militar, leyes y charters que se explican a continuación.
Collier estima que en los últimos 30 años, la asistencia sólo ha representado el 1 por ciento del crecimiento anual del billón más pobre. Esto es muy significativo en el contexto de muchos de estos países aunque, difícilmente, satisface nuestras expectativas sobre asistencia. Collier argumenta que la asistencia del billón más pobre debe de ser reorganizada y redistribuida ya que esto promovería la efectividad de la asistencia en países con mala gobernabilidad, en donde puede ofrecer los incentivos, capacidades y refuerzos para apoyar los incipientes esfuerzos de reforma. En países que enfrentan la maldición de recursos naturales, por el contrario, la asistencia es prácticamente impotente. La reorganización de la ayuda puede darse si los países post-conflicto reciben grandes cantidades de ayuda una vez que hayan establecido cierto nivel de gobernabilidad y no inmediatamente al finalizar un conflicto, como suele suceder.
Respecto al comercio Collier dice que el billón más pobre no ha aprovechado las ventajas derivadas de los diferenciales salariales, que han insertado a China y al sudeste asiático en el sistema económico mundial durante los últimos 20 años. A pesar de su análisis extenso sobre cómo las economías marginales se pueden beneficiar del crecimiento de la economía global, él es muy escéptico de que esto suceda pronto. Collier concluye que las políticas comerciales sólo pueden tener un impacto sobre el desarrollo del billón más pobre atrapado en la mala gobernabilidad y no así en los otros tres casos.
Uno de los puntos más controvertidos de Collier es cuando afirma que la intervención militar puede apoyar al desarrollo. A pesar de la inefectividad y poca popularidad de intervenciones como la de Irak, dice que las intervenciones pueden ayudar al billón más pobre mediante la restauración del orden, mantenimiento de la paz en contextos de post-conflicto y prevención de golpes de estado. A pesar de la elocuencia del argumento de Collier, este capítulo probablemente no tendrá muchos seguidores en vista de la historia reciente. Collier subraya la necesidad de las intervenciones para contar con legitimidad política, pero es muy difícil saber si este requisito se puede alcanzar en vista del oportunismo político que ha caracterizado las intervenciones militares a lo largo de la última mitad del siglo.
La discusión del papel que juegan las leyes y charters en el desarrollo es uno los puntos más innovadores del libro. Collier argumenta que iniciativas como la “Extractive Industry Transparency Initiative” (EITI), el proceso Kimberley sobre el conflicto de diamantes y la agrupación de leyes de la Unión Europea acquis communautaire demuestra que las normas y leyes cuentan con el potencial de fortalecer a la sociedad civil, reformar a políticos y a otros actores de desarrollo. Collier propone cinco charters para apoyar el desarrollo:
- Charter para los ingresos de recursos naturales con base en los esfuerzos y trabajo realizado por EITI y Publish What You Pay (PWYP).
- Charter para establecer un estándar para la democracia con pesos y contrapesos que vaya más allá de elecciones “libres y justas.” Collier se enfoca en el papel de los medios noticiarios — sobre todo el radio — para mantener la honestidad en los regímenes.
- Charter para situaciones de post-conflicto que guiarán el comportamiento de los donatarios y el sistema internacional de seguridad. De forma controvertida, Collier argumenta que los países post-conflicto deben de estar “condicionados” por un período y deben de recibir soberanía absoluta sólo después de haber demostrado avances hacia la gobernabilidad y la seguridad.
- Charter de inversión que pueda guiar a los gobiernos de países pobres a tratar con inversionistas domésticos y extranjeros.
- Charter sobre transparencia presupuestaria. Aun cuando es alentador que Collier reconoce el papel de la transparencia presupuestaria en el desarrollo, esta sección decepciona por ser superficial y no ir más allá del debate del Banco Mundial sobre la encuesta de seguimiento de gasto público en África. La mención del trabajo del FMI, OCDE y del IBP podría permitir el desarrollo de un charter más extenso sobre transparencia presupuestaria de lo que el mismo Collier reconoce. Estos charters podrían ser apoyados por organizaciones regionales como “African Union,” “the Economic and Monetary Community of Central Africa,” (CEMAC), “West African Economic and Monetary Union” (UEMAO) y “Southern African Development Community” (SADC). La sociedad civil se beneficiaría enormemente de guías internacionales sobre transparencia presupuestaria y participación.
El libro de Collier es importante para la comunidad presupuestaria por varias razones. Primero, ofrece un marco interesante y bien fundado dentro del cual se puede situar al trabajo presupuestario. Su investigación sobre cómo se emplea la asistencia en los presupuestos de los países en donde vive el billón más pobre, por ejemplo, ofrece un análisis invaluable sobre los problemas de asignación de recursos que puede traer consigo la ayuda. (Desafortunadamente, mientras los argumentos de Collier en el libro se fundan en una voluminosa investigación, el libro omite notas al pie de página, lo que impide a los lectores revisar las fuentes de la investigación.)
En segundo lugar, Collier presenta información útil sobre cómo los países hacen uso de las ganancias de los recursos naturales y sobre las debilidades en la inversión de infraestructura pública y privada. Su discusión sobre el papel de los charters también ofrece interesantes perspectivas sobre cómo el trabajo de la sociedad civil sobre transparencia presupuestaria y participación puede avanzar para jugar un papel más prominente en debates más amplios sobre desarrollo.
En tercer lugar, Collier pone énfasis en la importancia de fortalecer la gobernabilidad de pesos y contrapesos “checks and balances” en sociedades vulnerables. El simple hecho de contar con un proceso electoral no garantiza la buena gobernabilidad en el futuro, apunta Collier, debido que las elecciones determinan quién gobierna en lugar de cómo. El argumento de Collier apoya los esfuerzos por fortalecer las instituciones que garantizan pesos y contrapesos presupuestarios como lo pueden ser las instituciones de auditoría, las legislaturas, los medios y, sin duda, la sociedad civil misma, aunque Collier no profundiza al respecto.
Si tiene comentarios sobre esta reseña o sobre el libro de Collier envíe su mensaje a Albert van Zyl [email protected] y lo publicaremos en el siguiente número de este boletín. Otras reseñas sobre The Bottom Billion se pueden encontrar aquí:
Un reporte de la reciente presentación del libro de Paul Collier en la Brookings Institution por Christopher Brown
El 25 de septiembre Paul Collier ofreció una presentación de su libro en Brookings Institution. Collier comenzó con una revisión sobre cómo y porqué hace la distinción entre el billón más pobre de otros grupos que sufren de subdesarrollo y porqué éste representa un grupo crítico digno de especial atención. Collier argumenta que su análisis sugiere la potencial explosión de recursos en África, que aunque pueda tener un impacto positivo en el corto plazo puede tener repercusiones negativas en el largo plazo si los patrones históricos y reformas al sistema internacional no se hubieran dado.
Collier enfocó sus comentarios en el potencial de las leyes y charters y la política comercial y consideró necesario aclarar sus perspectivas sobre la intervención militar diciendo que la intervención en Sierra Leone y no la de Irak representa un modelo apropiado a seguir. Collier se centró en las leyes y charters como una manera de establecer estándares que le permitan a los países llegar a mejores acuerdos sobre la extracción de recursos. Argumentó que el Acuerdo sobre Crecimiento y Oportunidad Africanos “African Growth and Opportunity Act” (AGOA) han sido un éxito en ciertos aspecto y que existe gran potencial para seguir avanzando mediante prácticas comerciales si África pasara por una fase proteccionistas para fortalecer su mercado interno.
Gobind Nankani – presidente de la red de Desarrollo Global “Global Development Network” y anterior vicepresidente para África en el Banco Mundial – ofreció comentarios y críticas al libro The Bottom Billion argumentando que pone demasiado énfasis en África lo que excluye a otros países fuera la región que también son muy pobres y que, por otro lado, no pone suficiente atención al papel del Sindicato Africano “African Union” y a los factores domésticos al hablar de la reforma. Charles Griffin – investigador de Brookings – también cuestionó porqué la falta de educación no se mencionó como una de las trampas que previenen a los países escapar de la pobreza. Collier expresó acuerdo con muchos de los comentarios de Nankani y dijo que The Bottom Billion no intenta ser la última palabra en el tema. A propósito del trabajo presupuestario internacional Collier expresó aprehensión sobre los prospectos de reformas políticas internas positivas.
Collier concluyó dando respuesta a una pregunta de la audiencia sobre qué consejo le daría al nuevo presidente del Banco Mundial (Robert Zoellick) diciendo que él le sugeriría al Banco Mundial dejar de ser una agencia de asistencia y comenzar a ser una agencia de desarrollo.
Nuevas publicaciones: Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives por Fundar y el Woodrow Wilson Center y Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature por el National Democratic Institute
Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives
El 25 de octubre el Woodrow Wilson Center junto con la ONG mexicana Fundar presentarán la publicación: Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives.
En 2002 distintos frentes políticos y de la sociedad civil se reunieron para lanzar una importante reforma sobre transparencia para darles a los ciudadanos mexicanos herramientas institucionales para poner en práctica el “derecho a saber.” Este libro reúne una amplia variedad de perspectivas de la sociedad civil y academia en lecciones aprendidas sobre el ejercicio del derecho a la información. Desde la perspectiva electoral, política, económica, social y ambiental, los grupos de interés público y académicos comparten experiencias tanto de los avances, como de las limitaciones respecto al control del poder de la información.
El evento incluirá presentaciones de cuatro co-editores, incluyendo a Helena Hofbauer del IBP, a Jonathan Fox, Libby Haight y Tania Sanchez, así como a Kate Doyle del National Security Archive, Jorge Romero de Fundar y Juan Pablo Guerrero, uno de los comisionados de información de México. El libro estará disponible sin costo alguno y también estará disponible en español aquí: http://www.fundar.org.mx. Para mayor información sobre el evento, ir a: http://www.wilsoncenter.org/mexico.
Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature
En 2005 el National Democratic Institute (NDI) lanzó un programa para mejorar la habilidad de los legisladores africanos en países ricos en recursos naturales para comprender y responder a los retos políticos y económicos que presenta la explotación de recursos naturales. Para conseguir este objetivo NDI llevó a cabo una encuesta en Angola, Botsuana, Chad, la República del Congo, Ghana, Nigeria, Sierra Leona y Sudáfrica para identificar las mejores prácticas y otras estrategias para promover la transparencia en las industrias extractivas.
El reporte Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature resume los hallazgos más importantes de las entrevistas que se llevaron a cabo y describe los retos que enfrentan los legisladores en África al supervisar las industrias minera y petrolera de sus países. También pone de relieve las mejores prácticas y ofrece recomendaciones para legisladores, grupos de la sociedad civil y la comunidad internacional.
Una de las conclusiones del reporte es que las legislaturas están posicionadas estratégicamente para mitigar los riesgos políticos que puedan surgir de la explotación de recursos naturales. La participación de legisladores informados y comprometidos también puede promover el crecimiento económico y el desarrollo y responder, al mismo tiempo, a las necesidades de la sociedad civil.
Para leer el reporte, ir a: http://www.ndi.org/files/2191_extractive_080807.pdf.
Nuevos materiales en la biblioteca presupuestaria
Proceso presupuestario
Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions
Por Joachim Wehner/ London School of Economics
Este artículo presenta un índice que califica a 36 países de acuerdo al control que la legislatura tiene sobre el presupuesto con base en las instituciones presupuestarias de cada país. Este artículo presenta diferencias sustanciales en el nivel de escrutinio financiero del gobierno por la legislatura en democracias contemporáneas. Muchos de las conclusiones de Wehner demandan nuestra atención. Por ejemplo, el Reino Unido y Canadá, es decir, países con economías muy desarrolladas ocupan un cuadrante inferior en términos del control legislativo sobre el presupuesto junto con Chile y Sudáfrica. Mientras tanto Argentina y México están en un cuadrante superior con Bélgica y Alemania.
Transparencia presupuestaria
Budget, State and People Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola
Por Jan Isaksen Inge Amundsen, Arne Wiig with Cesaltina Abreu/Chr Michelsen Institute
Este estudio busca contribuir a una mejor comprensión del estado de la transparencia presupuestaria en Angola e indica maneras de aumentar los niveles de transparencia y apertura. El reporte describe el proceso presupuestario en Angola y apunta sus debilidades. Por ejemplo, describe cómo la Institución de Auditoría Suprema en Angola y la Corte de Cuentas sólo entró en funciones recientemente y aún necesita fortalecer su capacidad. Aunque cuenta con fuertes poderes legales, ningún reporte de auditoría se ha producido todavía y sus hallazgos y recomendaciones como tribunal no son conocidos por el público. A pesar de la limitada participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario en Angola los autores describen ejemplos exitosos de trabajo presupuestario incluyendo el efecto de la Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé’s (CEAST) para presionar al gobierno a subscribirse a los principios de EITI y a una mejor distribución de los recursos naturales de Angola. También se menciona la participación de Catholic Relief Services (CRS) en el Índice de Presupuestos Abiertos 2006.
DESC – análisis presupuestario
The Right to Work in Israel: A Legal and Fiscal Perspective
Por Noga Dagan-Buzaglo/Adva Center
Desde mediados de los años 80 los derechos laborales en Israel se han erosionado significativamente como resultado de la regresión en el estatus de las leyes laborales, los cambios en la economía que promovieron un mercado laboral precario y polarizado y una red de seguridad social debilitada. Este trabajo analiza los derechos de los trabajadores en Israel desde las perspectivas legal y fiscal. La discusión legal examina el enfoque de los derechos de los trabajadores, evaluando si la ley de Israel refleja adecuadamente los acuerdos laborales internacionales a los que se ha suscrito. El análisis fiscal discute el presupuesto desde dos puntos de vista: el presupuesto como una fuente de inversión y de creación de empleos; y el presupuesto como fuente financiera de programas que ayuda a proteger los derechos de los trabajadores.
The Right to Higher Education in Israel: A Legal and Fiscal Perspective
Por Noga Dagan-Buzaglo/Adva Center
Durante la década anterior Israel ha pasado por una severa recesión que ha provocado la reducción del gasto social lo cual ha ampliado la inequidad social y económica. Por ello, este trabajo busca integrar las discusiones sobre derechos sociales y económicos con aquellas sobre política fiscal a fin de iluminar las conexiones entre las dos áreas y describe los pasos que pueden llevar a una sociedad más igualitaria. Al abrir esta discusión, los autores buscan darles a los ciudadanos más elementos para participar en las políticas fiscales tanto a nivel federal como estatal.
Social Rights in Israel: Inferior Legal Status and Insufficient Budgets
Por Noga Dagan-Buzaglo/Adva Center
Este trabajo describe varios derechos articulados en la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocida por Israel y evalúa el grado con el que las leyes y políticas de Israel la respaldan. Los autores concluyen que el estado no toma medidas adecuadas para proteger de manera integral los derechos a la salud, la seguridad social, el empleo y la educación de sus ciudadanos. El trabajo busca ilustrar mediante evidencia empírica que la mayoría de las discrepancias son resultado de recortes presupuestarios que han afectado el financiamiento de los servicios sociales.
Salud
Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending
Por Suzanna Dennis and Elaine Zuckerman/Gender Action
Este reporte pone a prueba el compromiso del banco multilateral de desarrollo (MBD) para promover la salud reproductiva, prevenir el VIH y tratar el SIDA. Analiza la cantidad y calidad de financiamiento para estos sectores de 2003-2006 y resalta cómo las políticas del MBD y del Fondo Monetario Internacional (FMI) afectan el cumplimiento de las metas del milenio en cuanto a salud reproductiva y VIH/SIDA. El reporte concluye que a pesar de que las políticas de los donatarios incluyen objetivos de equidad de género, estos compromisos no se reflejan en las asignaciones presupuestarias.
Does the IMF Constrain Health Spending in Poor Countries? Evidence and an Agenda for Action
Por Center for Global Development
Este trabajo fue producido por un equipo de 15 expertos provenientes de distintos sectores políticos en países en vías de desarrollo, academia, sociedad civil y organizaciones multilaterales. El estudio explora críticas a las políticas macroeconómicas del FMI y el impacto que tienen en el gasto de salud en países de bajos ingresos apoyados por estudios de caso en Mozambique, Ruanda y Zambia.
Administración del gasto público
Reporte Nacional 5 de Vigilancia de las Industrias Extractivas
Por Grupo Propuesta Ciudadana
Este reporte examina la generación, uso y distribución de ingresos derivados de industrias extractivas en Perú. Con un enfoque en transparencia y acceso a la información este reporte cubre un período de dos años de 2004 a 2006 y observa que la producción en el sector minero se duplicó durante este período. 95 por ciento de este aumento se explica debido al aumento de precios y el otro 5 por ciento de debe al aumento en el volumen de la producción.
Descentralización
Reporte Nacional 11 de Vigilancia a la Descentralización
Por Grupo Propuesta Ciudadana
Este reporte presenta los cambios implementados por los gobiernos regionales y por el ejecutivo como resultado de la reforma de descentralización que tuvo lugar en Perú de 2003-2006. El objetivo de este trabajo es convertirse en un material de utilidad para funcionarios públicos y líderes sociales, institucionales y empresariales. Uno de los principales logros de este reporte es que presenta recomendaciones al proceso de descentralización. Además discute cómo superar deficiencias administrativas que limitan el uso adecuado de inversiones.
Desarrollo económico
The IMF and Aid to Sub-Saharan Africa
Por la Oficina de Evaluación Independiente (IEO) del FMI
Aquí se examina el programa de préstamos a 29 países del Sub-Sahara africano entre 1999-2005. El estudio encontró que porcentajes significativos de asistencia financiera no se programaron para ser gastados debido a las políticas del FMI sobre niveles de reservas monetarias y tasas de inflación. El reporte apunta que alrededor de 37 por ciento de los aumentos a la asistencia financiera anual hacia estos países en estos años fue desviada hacia la creación de niveles de reservas monetarias internacionalmente. El reporte también encontró que entre los países que ya se perciben con reservas fuertes, sólo $3 de cada $10 aumentos de asistencia anual fueron programados para ser gastados y casi $7 de cada $10 fue desviado por el FMI hacia el pago de la deuda interna, la creación de reservas internacionales, o hacia ambos objetivos.
Budget Support to Ghana: A Risk Worth Taking?
Por Overseas Development Institute
En este documento se evalúa la estrategia de ofrecer ayuda de desarrollo a través de “apoyo presupuestario general” (GBS) al revisar un estudio de caso del programa Multi-Donor Budget Support (MDBS) instituido por el Overseas Development Institute y CDD-Ghana en Ghana. GBS, entendido como una provisión directa de asistencia financiera por una agencia financiera a la tesorería nacional de un país, busca armonizar los sistemas fiscales de proyectos de ayuda financiera los presupuestos nacionales. El reporte concluye que el programa MDBS en Ghana no ha logrado minimizar exitosamente los riesgos de colocar fondos públicos en sistemas fiscales débiles. Sin embargo, el estudio también encontró que el programa ha promovido con efectividad la reforma presupuestaria y ha facilitado aumentos a las asignaciones destinadas a programas de reducción de la pobreza. El reporte recomienda que el programa MDBS sea reconceptualizado como un método de financiamiento presupuestario en lugar de una herramienta de peso político.
Análisis macroeconómico
Confronting the Contradictions: The IMF, wage bill caps and the case for teachers
Por ActionAid
Este trabajo se funda en investigaciones realizadas con anterioridad y en recientes estudios de caso sobre Malawi, Mozambique y Sierra Leona. ActionAid encontró que un importante factor detrás de la escasez de maestros es que las políticas del FMI requieren que muchos países pobres congelen la contratación de maestros. El FMI puede tener distintos grados de influencia en determinar directamente los niveles de recursos para los salarios de empleados del sector público o los “techos salariales.” Sin embargo al insistir en políticas macroeconómicas muy restrictivas que constriñen innecesariamente el gasto del gobierno se limitan también los presupuestos sectoriales y los salarios de los servidores públicos. Por ello el FMI es en parte responsable de la persistente escasez de maestros.
Escuela de verano para ONGs 2007. Un proyecto del IBP y la Fundación Soros Kirguisa
Del 25-29 de julio el IBP y la Fundación Soros llevaron a cabo un taller de capacitación para la Escuela de verano para ONGs 2007 sobre el análisis e incidencia de presupuestos en la República Kirguisa. Algunos de los 22 participantes, que vinieron de distintos puntos de la República Kirguisa, ya habían comenzado a monitorear el gasto del gobierno local; otros habían monitoreado ingresos de las industrias extractivas.
El taller cubrió las fases, política y actores del proceso presupuestario; incidencia presupuestaria; cálculos presupuestarios básicos; y cómo obtener información presupuestaria, con énfasis en el Open Budget Index del IBP.
La sesión sobre acceso a la información despertó un acalorado debate. La República Kirguisa promulgó una ley de libre acceso a la información en 2006, pero muchos de los participantes tenían conocimiento parcial de su contenido y los participantes discutieron el hecho de que el gobierno con frecuencia ignora esta ley — especialmente cuando grupos de la sociedad civil solicitan información presupuestaria específica. Nurbek Toktakunov un abogado del Grupo Internacional de Derechos Humanos quien ha aplicado la ley exitosamente en varios casos legales, expresó su entusiasmo para litigar un caso piloto y sentar un precedente legal sobre el derecho público a la información del presupuesto.
La sesión sobre el proceso presupuestario fue presentada por Akhmetbek Ermekov, un experto de finanzas públicas y coordinador de un programa nacional de televisión sobre educación presupuestaria en nombre de la Fundación Soros Kirguisa. Durante esta sesión, las preguntas de los participantes se enfocaron en identificar las mejores oportunidades para participar en el proceso presupuestario. En la actualidad, la participación de la sociedad civil se limita a la fase de la aprobación (cuando grupos son invitados a hacer entregas a la legislatura) y durante audiencias públicas a nivel local. Ermekov dijo que los funcionarios en el Ministro de Finanzas saben mucho y que los miembros de la sociedad civil que deseen colaborar con estos funcionarios en temas presupuestarios deben de estar muy bien informados y ofrecer información presupuestaria sólida y fidedigna.
En el taller también hubo presentaciones del Urban Institute sobre las audiencias públicas que organizan sobre temas relacionados con presupuestos locales, así como del grupo “Youth of the Nation” sobre su proyecto de seguimiento al gasto escolar en la región de Chui. (El proyecto de “The Youth of the Nation” fue iniciado después de que el líder del grupo Besedin Evgenii asistió al taller del IBP-OSI en Mongolia en 2006 sobre análisis e incidencia presupuestarios.)
Los resultados de taller incluyen:
- El Grupo Internacional de Derechos Humanos organizará un taller para grupos de la sociedad civil sobre la ley de libre acceso a la información.
- El Grupo de Salud Mental y Sociedad, una de las ONGs participantes, ha comenzado a desarrollar una estrategia de incidencia presupuestaria sobre salud en colaboración con el Grupo Internacional de Derechos Humanos (que ayudará a formular pedidos de información) y Akhmetbek Ermekov (quien ayudará a implementar el programa de educación pública).
- El IBP y la Fundación Soros Kirguisa seleccionarán hasta cuatro grupos del taller para participar en un taller regional sobre investigación para la incidencia presupuestaria.
Para mayor información, contactar a Shaamela Cassiem [email protected]
Taller presupuestario del IBP en Chad para países francófonos africanos
El IBP en coordinación con GRAMP/TC presentaron un taller sobre técnicas de análisis e incidencia presupuestaria en N’ Djaména, Chad de 21-30 de junio 2007. Éste es el primer taller de este tipo que el IBP ofrece en francés y contó con la asistencia de 21 participantes de ocho países francófonos de África occidental y central. En preparación para el taller, el IBP tradujo sus materiales de capacitación intermedia al francés y capacitó a seis facilitadores de Burkina Faso, Camerún, Chad y Senegal. Estos facilitadores llevaron a cabo el taller completo y formarán parte del grupo de capacitadores francófonos que apoyarán el trabajo presupuestario en la región en el futuro.
Muchos participantes expresaron la necesidad de contar con apoyo adicional. Muchos de los participantes querían saber más sobre la relación entre los DERPs (Documentos sobre Estrategias de Reducción de la Pobreza) y los presupuestos. Dichos participantes están involucrados en el monitoreo e implementación de los DERPs y desean saber más sobre cómo los objetivos de desarrollo contenidos en los DERPs deben de traducirse en presupuestos gubernamentales. En muchos de los países participantes, una cantidad de ingresos de industrias extractivas está asignada para el uso de gobiernos locales. Muchas de las organizaciones participantes también están interesadas en el monitoreo de la transferencia de fondos hacia los gobiernos locales y en cómo se utilizan los fondos en caso de llegar a su destino.
Muchos de los participantes comentaron que el taller fortalecería sus capacidades de análisis e incidencia presupuestarios y que estas capacidades les permitirían participar de forma más significativa en las decisiones presupuestarias de sus países. Muchos participantes valoraron las sesiones sobre cómo establecer un objetivo estratégico para el trabajo presupuestario.
El IBP brindará apoyo a estas iniciativas en asociación con organizaciones regionales tales como ActionAid y Publish What You Pay. Varios de los participantes del taller han desarrollado programas de monitoreo presupuestario y serán considerados para otros programas de apoyo y tutoría.
Para mayor información, contactar a Albert van Zyl [email protected].
Seminario sobre el futuro de la participación democrática, Brasil
La ONG brasileña CIDADE junto con el “Centro Universitario Metodista” y Oxfam ofrecerán un seminario internacional llamado “El futuro de la participación democrática” del 25-27 de octubre 2007. El seminario busca evaluar las limitaciones y posibilidades de las experiencias de presupuestos participativos y discutir lineamientos para construir una red internacional de activistas expertos en presupuestos participativos. Para conocer las fechas de inscripción y otros detalles del programa, ir a la página de CIDADE www.ongcidade.org o contactar a Sergio Baierle [email protected].
Capacity.org. Revista en internet para quienes trabajan temas de desarrollo internacional
Capacity.org (www.capacity.org) es una revista para aquellos interesados en temas de desarrollo y cooperación internacional en países menos desarrollados. El ejemplar más reciente de Capacity.org está dedicado al tema de redición de cuentas y responde a la pregunta: ¿Qué iniciativas pueden tomar los ciudadanos para exigirle rendición de cuentas a los tomadores de decisiones, prestadores de servicios y expertos en desarrollo respecto a su compromiso hacia la reducción de la pobreza? Los artículos en este ejemplar exploran las relaciones entre los gobiernos y sus ciudadanos y entre los gobiernos nacionales y la comunidad internacional de donatarios.
by soapbox | Jul 1, 2007
Une grande partie de cet exemplaire traite du rôle du pouvoir législatif au sein du processus budgétaires. Les législatures ont toujours été une contrepartie essentielle pour les organisations de la société civile qui surveillent les budgets publics et bien que la collaboration ne soit pas toujours facile, elle peut mettre en évidence des résultats importants et de précieuses leçons.
En juin 2007, le Projet budgétaire international (IBP) et la London School of Economics ont réuni à des organisations de la société civile, des législateurs et des donateurs pour réfléchir sur la collaboration entre la société civile et le pouvoir législatif dans le travail budgétaire. Dans cet exemplaire sont traitées cette réunion ainsi qu’une autre conférence, qui a eu lieu récemment sur le rôle des donateurs dans le renforcement du suivi budgétaire des législatures. Ce numéro traite aussi de l’impasse actuelle dans laquelle se trouvent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif du Malawi concernant le budget national 2007, ainsi que d’audiences publiques au Kenya qui permettent la société civile de tenir les membres du parlement pour responsables des fonds qui leur ont été confiés pour le développement de leurs circonscriptions.
Cette édition du bulletin de l’IBP fournit également des informations sur les groupes budgétaires du Mexique, du Nigeria, du Nicaragua, et de République tchèque. Dans la rubrique des nouvelles publications et des informations sur les formations, vous trouverez un compte-rendu du nouveau livre de Paul Colliers The Bottom Billion, une publication récente de l’Institut démocratique national sur le pouvoir législatif dans les pays riches en ressources, et une bibliographie annotée de ressources additionnelles dans la bibliothèque électronique de l’IBP.
Compte-rendu de l’atelier «Législatures et société civile. Reconsidérer les relations stratégiques dans le processus budgétaire», Londres
Les législatures ont longtemps été un partenaire clé pour les OSC surveillant les budgets gouvernementaux. Ces partenariats n’ont cependant pas toujours été dépourvus de difficultés. Afin de réfléchir sur l’état et les leçons des relations société civile/pouvoir législatif concernant le budget, le Projet budgétaire international (IBP) et la London School of Economics (LSE) ont organisé un atelier sur «Les législatures, la société civile et le processus budgétaire» au sein de LES en juin de cette année. Cet atelier est le second d’une série de réflexions thématiques sur des aspects essentiels du travail budgétaire appliqué, qui ont pour finalité de soutenir des groupes budgétaires expérimentés.
L’atelier a offert une opportunité unique aux groupes de la société civile du réseau de l’IBP pour apprendre les uns des autres, des membres du pouvoir législatif, d’universitaires et d’organisations internationales soutenant les législatures. Son objectif était de contribuer à repenser stratégiquement les relations entre la société civile et le pouvoir législatif. Dans le cadre de cette réflexion, Fundar (Mexique), ISODEC (Ghana), Adva (Israël), CIPPEC (Argentine) et IPF (Croatie) ont présenté leurs expériences d’engagement auprès des législatures.
Réfléchissant sur les expériences de groupes de la société civile, les participants ont accordé que le défi principal consiste à s’engager avec la dynamique politique et partisane qui a une place centrale dans les processus de prise de décision au niveau des législatures. De façon similaire, des participants ont identifié un certain nombre de facteurs qui limitent la relation entre eux-mêmes et les législatures. Très peu de législatures ont les capacités et les ressources pour soutenir leur rôle de contrôle du budget et pour offrir une interaction significative durant les débats budgétaires et les audiences de comité avec le pouvoir exécutif. Souvent également, les législatures n’occupent pas toute la mesure de leur pouvoir légal et constitutionnel à cause du rôle d’autres acteurs tells que les partis politiques, de forts ministères des finances, les institutions financières internationales et le secteur privé. Dans de nombreux cas ces «influences externes» se révèlent être plus fortes que l’influence de l’électorat et de ce fait la motivation du pouvoir législatif pour réaliser un examen indépendant du pouvoir exécutif est ternie. Ces «influences externes» limitent par conséquent l’utilisation des informations fournies par la société civile, et diluent le potentiel de la surveillance législative.
Joachim Wehner, maître de conférences à LSE, a rappelé aux participants le rôle central que les arrangements institutionnels continuent de jouer en limitant la capacité du pouvoir législatif à fournir un suivi indépendant du processus budgétaires. Les contraintes institutionnelles familières incluent la nature des pouvoir d’amendement, le temps de l’examen législatif, la structure du système de comités, l’accès à l’information budgétaire, etc.
En plus des faiblesses liées aux législatures, les faiblesses de la société civile ont aussi été explorées. Scott Hubli du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a souligné le sous-développement des stratégies de militantisme de la société civile, ce qui limite l’efficacité de notre relation avec le pouvoir législatif. Il a expliqué que davantage d’attention devrait être accordée à l’engagement lors de rencontres partisanes et à la formation de travailleurs de la société civile spécialisés en relations publiques avec le pouvoir législatif. La société civile pourrait également tirer plus grand avantage des opportunités non budgétaires pour modifier les priorités budgétaires, telles que les ODM.
Malgré ces limitations, les participants de l’atelier ont accordé que les législatures demeurent une relation centrale stratégique pour un travail budgétaire couronné de succès; comme le déclare Scott Hubli: «parfois cela fonctionne». Sur le court terme, la relation avec les législatures continue d’offrir un accès à l’information et fournit des opportunités pour influencer des allocations budgétaires spécifiques, pour surveiller l’exécution et l’audit du budget, et pour contrôler la corruption et les excès. Sur le long terme cette relation fournit une opportunité pour la participation démocratique dans le processus budgétaire et des opportunités pour la réforme légale, dans le sens d’une plus grande transparence et d’une meilleure responsabilisation.
Des experts de l’Institut démocratique national et du PNUD ont également souligné l’opportunité historique actuellement offerte grâce à l’intérêt croissant d’une série d’acteurs internationaux pour renforcer le contrôle fiscal parlementaire. Cumulé à l’intérêt croissant (et au succès) du travail budgétaire de la société civile, ce fait est de bon augure pour une pensée plus stratégique et développée des relations entre la société civile et le pouvoir législatif.
L’IBP prévoit de poursuivre la réflexion sur comment renforcer les relations de la société civile et des législatures sur les deux prochaines années. Dans le cadre de cette réflexion, une recherche sera menée sur comment mieux coordonner le travail budgétaire de la société civile et le soutien législatif. Cette démarche observera également comment les OSC peuvent être soutenues pour s’engager de façon plus efficace auprès des législatures.
Résumé de la recherche sur le parlement présenté lors de l’atelier de Londres et réactions des OSC en Argentine, Croatie, et Inde
A la suite de l’atelier de Londres, l’IBP a demandé à Laura Malajovich de CIPPEC en Argentine, à Subrata Dutta de BARC en Inde, et à Katarina Ott de l’IPF en Croatie de réfléchir sur les applications possibles de la recherche de Wehner pour les OSC.
Dans ce document Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions («Evaluation du pouvoir du porte-monnaie: Index des institutions législatives»), Wehner compare la capacité parlementaire d’examen financier sur la base d’un index utilisant des données pour 36 pays issues d’une enquête sur les procédures budgétaires en 2003. L’index retient six prés requis institutionnels pour le contrôle législatif, lies aux pouvoirs d’amendement, aux budgets de revirement, et à la flexibilité durant l’implantation, au caractère opportun du budget, aux comités législatifs, et à l’information budgétaire. Plusieurs méthodes de construction d’index sont révisées. Les résultats révèlent une variation substantielle du niveau d’examen financier du gouvernement par les législatures parmi les démocraties libérales contemporaines. Le congrès américain obtient un résultat trois fois plus grands que celui des neufs pays au bas de l’index, lesquels disposent en majorité d’un système Westminster. Même en reconnaissant l’exceptionnalité américaine, les quatre premières législatures obtiennent un résultat deux fois supérieur à celui des quatre pays au pied du classement. Ces résultats suggèrent que le pouvoir du porte-monnaie est un élément non-fondamental de la gouvernance libérale démocratique. Pour certains pays, il s’agit mécanisme de sauvegarde essential contre le dépassement par l’exécutif de ses compétences, tandis que d’autres conservent un mythe constitutionnel.
Ott remarquait que la connaissance des parlements des autres pays et de leur pouvoir budgétaire, ainsi que des bonnes pratiques d’autres pays, peut aider un pays à renforcer le pouvoir budgétaire de sa propre législature. L’index de Wehner des institutions budgétaires législatives offre la possibilité de réaliser de telles comparaisons entre pays et d’apprendre à partir de leurs expériences.
Malajovich expliquait que de disposer de la législation et des institutions appropriées fournissent un point de départ pour les OSC, pour travailler conjointement à la législature afin de créer un processus budgétaire plus transparent. «Des institutions budgétaires appropriées sont une bonne base pour commencer à construire une relation stratégique entre le pouvoir législatif et les OSC. Elles ne représentent cependant qu’une dimension du processus complexe de la politique budgétaire.»
Dutta soulignait certains des résultats d’un environnement institutionnel faible dans l’Etat indien du Rajasthan: «Le comité public des comptes (PAC) traite actuellement les rapports d’audit de 2002-03. Cela signifie que l’exécutif actuellement a pratiquement la main libre avec le budget actuel, puisque le comité est occupé avec le budget d’il y a plusieurs années. En outre, le président actuel du PAC fut ministre du gouvernement au pouvoir entre 1999 et 2004. Comment peut-il trouver à redire au budget 2002-03?»
D’après Ott, l’index de Wehner peut être utile aux OSC de nombreuses façons. Tout d’abord, il leur permet d’avoir un point de référence pour comparer leur pays avec d’autres pays et observer quels sont les vides qui existent dans leurs lois liées à la surveillance législative du processus budgétaire.
Le prochain pas des OSC devrait être de militer en faveur d’une législation qui comble ces vides, en travaillant conjointement avec le pouvoir législatif. L’implication du pouvoir législatif est ici essentielle: la législature doit «sentir» le besoin d’améliorer sa capacité institutionnelle à contrôler le budget. Souvent, les législateurs croient que le budget est trop technique pour qu’ils le traitent et que la concentration du pouvoir budgétaire au sein de l’exécutif serait plus efficace. S’efforcer des générer un consensus au sein de la législature pour créer et adopter la législation nécessaire sera l’un des principaux défis des OSC.
Une fois la législation nécessaire mise en place, expliquait Ott, les OSC doivent indiquer les instances au sein desquelles cette législation n’est pas proprement appliquée. La plupart des pays en voie de développement qui disposent du cadre institutionnel adéquat n’implantent pas ces lois correctement, parfois à cause de questions politiques ou du manque de capacité.
Ott ajoutait: «Mesurer la capacité de recherche budgétaire au nombre de professionnels engagés ne semble pas approprié, dans la mesure où les plus grands pays peuvent avoir plus de professionnels impliqués. Cinq personnes compétentes dans un pays de 4 millions de personnes comme la Croatie peuvent signifier plus que 50 personnes également compétentes aux États-Unis.» Dutta a approuvé, ajoutant que dans un pays pauvre le pouvoir législatif peut avoir des difficultés pour se permettre d’engager 230 chercheurs, comme le fait l’office budgétaire du congrès américain.
En réponse à Wehner, Ott déclarait: «Si la législation existe et qu’elle est implantée, la question pour les OSC est de déterminer si les institutions budgétaires législatives sont suffisantes pour permettre au congrès d’influencer le budget.» Souvent, même avec la législation appropriée, l’exécutif réalise la plupart des décisions budgétaires. Dans ces cas-là, les OSC doivent travailler conjointement à la législature pour améliorer la transparence budgétaire et la responsabilisation.
Malajovich a approuvé: «Malheureusement, les parlements parfois n’exercent pas totalement les pouvoirs dont ils disposent, et parfois, ils sont limités par un exécutif fort ou une discipline de parti.» Ces problèmes peuvent empêcher les législateurs de s’impliquer dans les questions budgétaires, ce qui conduit alors à la limitation des capacités et des ressources. Le manque de responsabilisation et d’éthique parmi les législateurs peut empirer la situation.
Malajovich remarquait également: «Même si les législatures ne sont pas intéressées par les questions budgétaires, certains partis politiques peuvent l’être, et cela peut conduire les OSC un pas plus près de la porte parlementaire. Nous ne devons pas perdre de temps à discuter s’il est mieux de travailler avec les membres du parlement ou avec les partis politiques, puisque les premiers voteront ce que leur parti leur dira de voter.» Peut-être que les OSC devraient accorder davantage d’attention à la science politique, à la sociologie, et à la psychologie, plus qu’à l’économie ou à l’administration publique, puisque même les pays avec un environnement institutionnel sain souffrent parfois du manque de participation et de responsabilisation.
En fait, un pays en voie de développement peut avoir un cadre législatif institutionnel «idéal», mais cela ne conduit pas nécessairement à un rôle efficace de la législature dans la supervision des décisions budgétaires. Si nous disposons des institutions, que pouvons-nous faire pour améliorer leur fonctionnement? Comment pouvons-nous travailler avec les législatures pour renforcer leur rôle et améliorer leur capacité pour superviser le budget? Dans les mois qui suivent, l’IBP coordonnera de nouvelles réflexions des OSC pour affiner nos réponses à ces questions fondamentales.
Pour lire l’article Assessing the Power of the Purse: an Index of Legislative Budget Institutions de Joachim Wehner, aller sur:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Assessing-the-Power-of-the-Purse-An-Index-of-Legislative-Budget-Institutions.pdf.
Les donateurs discutent de comment renforcer le rôle du parlement dans le processus budgétaire
Le Département du Royaume-Uni pour le développement (DFID), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Institut de la Banque mondiale (IBM) ont organisé une rencontre de deux jours les 21 et 22 mai à Bruxelles pour la communauté des donateurs afin de partager les expériences récentes et les leçons apprises du développement parlementaire, avec une attention particulière portée à la responsabilisation financière. La consultation se concentrait sur les approches des donateurs du renforcement parlementaire, notamment autour du processus budgétaire – ainsi que sur les leçons des donateurs sur ce qui marche dans le soutien législatif, ce qui ne marche pas et pourquoi. Une attention spéciale a été accordée à comment le soutien des donateurs peut être harmonisé et aligné aux priorités du pays, en identifiant les sources de demande d’un tel travail et les intérêts politiques et motivations en jeu.
Durant le premier jour de la consultation, les exposants ont partagé leurs rapports et évaluations sur le développement parlementaire et discuté des mesures et des standards de la performance parlementaire. Le deuxième jour a été consacré aux leçons apprises dans le renforcement du rôle des parlements pour assurer la responsabilisation financière et le contrôle budgétaire. En outre, a été inclue durant cette journée une discussion des mécanismes pour poursuivre l’échange parmi les donateurs sur la question des leçons apprises sur le développement parlementaire. Lors du deuxième jour, l’IBP a présenté certaines des leçons qu’avec ses partenaires ils ont pu apprendre en travaillant auprès des législatures.
Lors de la rencontre, il a été décidé de:
- Développer des principes de bonne pratique pour le soutien des donateurs au renforcement parlementaire, spécialement dans le contexte du soutien budgétaire direct.
- Établir un groupe de contact entre donateurs informel sur le renforcement parlementaire.
- Organiser régulièrement des rencontres consultatives structures pour discuter des approches des donateurs du renforcement parlementaire.
- Piloter un « centre de connaissance » en ligne sur le renforcement parlementaire.
- Sur le plus long terme, partager les résultats et les principes de bonne pratique avec le Réseau sur la gouvernance de l’OCDE DAC (GOVNET) pour considérer le renforcement parlementaire dans le cadre de son prochain programme de travail.
Ont assisté à la rencontre des délégués des donateurs fournissant un soutien législatif (PNUD, DFID, l’Institut de la Banque mondiale et autres), des universitaires menant des recherches sur les législatures (Joachim Wehner, Alan Hudson, et Steve Fish), des fondations de soutien législatif (IPU, la Fondation Westminster, etc.) et des ONG (l’IBP et le Centre parlementaire). L’agenda, la liste des participants, et un rapport sur la conférence sont disponibles sur: http://www.gsdrc.org/docs/open/PO56.pdf.
Pour davantage d’informations, contacter Albert van Zyl à [email protected].
“Twataka Pesa Zetu” (Nous voulons notre argent): audience publique sur le fond de développement du district au Kenya? par Sowmya Kidambi et Vivek Ramkumar
Depuis 2005 l’organisation “Muslims for Human Rights” («Musulmans pour les droits de l’homme», MUHURI), une ONG basée à Mombassa, au Kenya, surveille les dépenses réalisées dans le cadre du fonds national de développement dénommé «Fonds de développement de la circonscription du Kenya» (CDF). MUHURI a développé des relations étroites avec les communautés qui bénéficient du fonds CDF pour identifier les problèmes d’implantation.
Dans le cadre du CDF, créé en 2003, tout membre du parlement a le droit d’assigner environ 1 million de dollars par an pour soutenir les projets de développement de son district électoral. Le CDF s’est converti en un programme très populaire bien qu’un peu controversé et bénéficie de l’ample couverture des médias, reçoit des compliments pour son potentiel mais aussi des plaintes pour corruption et mauvaise gestion. Bien que le CDF ait été conçu pour promouvoir la participation de la communauté dans la sélection de projets de développement et dans la gestion des fonds CDF, dans la pratique la conduite de ces fonds souffre du manque de transparence et de responsabilisation.
En août 2007, MUHURI a organisé un atelier au niveau national financé par l’Open Society Initiative de l’Afrique de l’est. Celui-ci a eu lieu à Mombassa et y ont assisté 60 participants de 15 organisation travaillant à différents endroits du Kenya. Lors de l’événements d’une durée d’une semaine, l’IBP et l’ONG indienne Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) — laquelle eut un rôle pionnier dans le développement d’audiences publiques sur le budget dans l’Etats hindoue du Rajasthan – ont mené un programme de formation sur la gestion du CDF et sur la surveillance de projets et de dépenses dérivés du CDF.
Lors de la formation le travail a été mené avec des documents tels que les offres présentées par les contractants pour des projets CDF, des lettres dirigées à des contractants spécifiant les concessions dans les contrats, et des comptes-rendus de réunions du comité qui gère les fonds. Les participants ont adapté ces informations sous des formes simples pour pouvoir identifier des problèmes tels que les coûts élevés ou la sélection préférentielle de contractants. De tels formats d’analyse simplifiés ont permis d’identifier des exemples dans lesquels les registres de projets étaient incomplets.
Les participants ont utilisé les formats simplifiés, conjointement à un questionnaire standardisé et visité les localités des projets pour évaluer si chaque projet a été réalisé conformément aux spécifications offertes dans les documents du projet. Lors de ce processus ont été découvertes un grand nombre d’irrégularités, incluant des insuffisances dans les méthodes et matériaux de construction ou le mauvais catalogage de ces matériaux.
Lors des visites aux localités, les participants se sont également réunis avec des résidants vivant près des projets CDF et les ont invités à réviser les registres des projets CDF. Ces réunions ont offert aux membres du public l’opportunité de commenter la précision des registres tout comme la qualité des projets financés par CDF. Bon nombre de ces discussions ont permis d’exprimer des faits et des préoccupations que les registres du projet en eux-mêmes n’avaient pas permis de révéler, notamment des cas de méthodes de construction mal cataloguées ou enregistrées ou le manque de transparence. Les participants ont préparé des résumés pour les localités sur la base de leurs recherches qui ont fait partie du rapport de MUHURI lequel a été remis plus tard aux fonctionnaires du CDF.
Un deuxième objectif de l’atelier de MUHIRI était d’aider à préparer une audience d’une journée sur le CDF. Cette audience a été organisée le 26 août 2007 et étaient présentes environ 1500 personnes, dont des résidents de la localité de Changamwe. Le programme formel a débuté avec l’arrivée des fonctionnaires locaux du CDF des trois dernières années. Il s’agissait d’un événement important puisqu’il a marqué la première occasion durant laquelle les fonctionnaires CDF ont senti le besoin de présenter aux résidents locaux – de ce district et peut-être de l’ensemble du pays – des informations sur les projets soutenus par le CDF.
Les participants ont lu les résultats de la recherche sur les projets financés par le CDF et ont invité les résidents à faire des questions aux fonctionnaires CDF présents. Face à une multitude de questions, les fonctionnaires ont appelé les membres du parlement local, lesquels sont de suite arrivés. Au début, les membres du parlement ont tenté de prendre contrôle de l’audience en parlant des réussites des projets du CDF. Le public n’a pas été convaincu facilement et a commencé à faire des questions sur la mauvaise gestion de fonds jusqu’à ce que les membres du parlement accepter de mener des recherches sur ces problèmes.
Le personnel de MUHURI a apporté un drap blanc de près de 50 mètres de long avec les demandes pour améliorer la gestion du CDF, afin que toutes les personnes présentes le signent. Au début, les membres du parlement ont refusé de signer, mais finalement ont cédé devant la pression des assistants.
Après la séparation, les participants se sont réunis pour discuter des leçons qu’ils avaient apprises et formuler une stratégie nationale d’incidence pour améliorer la gestion du fonds CDF. De son côté, MUHURI a exprimé son intention de réaliser des audiences publiques similaires dans huit districts côtiers.
Un ample travail de suivi est nécessaire pour garantir que les résolutions publiques adoptées lors de l’événement et les problèmes identifiés par le public lors de l’audience demeurent dans la campagne nationale d’incidence. Seule une campagne de ce type peut appuyer la création d’un mouvement soutenable qui puisse exiger des améliorations du CDF de façon efficace.
L’audience publique CDF à Changamwe montre comment les OSC peuvent utiliser une méthodologie innovante et centrées sur les citoyens pour exiger aux fonctionnaires de rendre des comptes sur l’utilisation des ressources publiques. Si cela se met en place, le Kenya pourra observer un changement dans les pratiques de gouvernabilité !
Pour davantage d’informations, contacter Sowmya Kidambi de MKSS à [email protected] ou Vivek Ramkumar de l’IBP à [email protected].
Suspension du débat budgétaire 2007-08 au Malawi et réponses d’experts budgétaires de la société civile
Le ministre des finances du Malawi a présenté la déclaration budgétaire 2007-08 du gouvernement au parlement le 29 juin, un jour seulement avant le début de l’année fiscale. Le parlement est suppose délibérer sur le budget dans les 21 jours ouvrables mais ne s’est pas réuni avant le 13 août et n’est pas parvenu à trouver un accord sur le budget, alors que la dispute politique menaçait de couper les principaux services gouvernementaux.
La dispute a eu lieu quand des membres du parlement soutenant le président Mutharika ont rejoint son Parti progressif démocratique (DPP) nouvellement formé. Des membres des partis d’opposition ont expliqué que sous la constitution, les membres du parlement changeant de parti doivent être forcés à libérer leur siège au sein du parlement, et lorsque l’un des membres du parlement concernés a obtenu l’injonction de la cour empêchant de président de déclarer les sièges de parlementaires vacants, l’opposition a réagi en boycottant le débat budgétaire.
Début août, le président Mutharika a demandé à tous les membres du parlement de se réunir à nouveau et d’adopter le budget dans son intégralité. En réponse, les membres de l’opposition ont obtenu une injonction de la cour leur permettant d’ignorer l’ordre du président. Ceci a suscité l’agitation parmi les citoyens de tous les milieux. Finalement, les parlementaires sont parvenus à un consensus en décidant de mettre temporairement le problème de coté et de commencer la discussion budgétaire.
Répercussions de l’adoption tardive du budget national
La Coalition de la société civile pour l’éducation de base de qualité (CSCQBE) considère le budget 2007-08 du Malawi comme un budget favorable aux pauvres, dans la mesure où il inclut des dépenses susceptibles de faire face aux besoins des Malawiens en situation de pauvreté. Cependant, le retard budgétaire aura vraisemblablement quelques effets négatifs.
Tout d’abord, le délai risque d’affecter l’achat de fertilisant pour les agriculteurs, qui doit être réparti à temps. La plupart des Malawiens sont de petits agriculteurs qui reposent sur le fertilisant subventionné par le gouvernement. Le programme efficace du gouvernement de distribution de fertilisant a été mentionné comme l’une des principales raisons du redressement du secteur agricole du pays après une sécheresse en 2005 qui a laissé près de 5 millions de personnes dans le besoin de nourriture.
Troisièmement, le délai affectera probablement la passation de marché et la distribution à temps des matériels d’enseignement et d’apprentissage pour les 3.3 millions d’enfants des écoles publiques du Malawi. L’éducation primaire est gratuite au Malawi, et les élèves sont donc supposés être fournis en matériel d’apprentissage de base, mais ces matériels arriveront tard du fait du délai budgétaire. Par ailleurs, les écoles du Malawi ont été lourdement touchées par les réductions de personnel, et le nouveau budget inclut par conséquent des mesures pour former davantage d’enseignants et augmenter leur salaire, mais ces mesures seront également retardées.
Troisièmement, le retard budgétaire risque d’entraver le droit des Malawiens à la médication de qualité et bon marché. Les hôpitaux du Malawi font d’ores et déjà face à des réductions aigues de médicaments et de personnel médical.
Quatrièmement, le retard a empêché l’Université publique du Malawi de recevoir de nouveaux étudiants.
Réponse de la société civile
De nombreux membres de la société civile ont appelé le parlement à adopter le budget avant de traiter la controverse sur les membres du DDP. En réaction, des citoyens:
- ont campé pendant 14 jours en chantant et en demandant aux membres du parlement qu’ils s’occupent du budget
- ont porté des rubans mauves en soutien du budget
- se sont joints à une campagne «sifflets et cris» pour appeler à l’action sur le budget
- ont distribué des pétitions aux fonctionnaires de district sur le budget
- ont poursuivi le parlement pour la protection de leurs droits au développement
- ont publié des déclarations dans la presse pour exprimer leur préoccupation dans les quotidiens
Ces efforts ont été conçus pour convaincre les membres du parlement de l’importance du budget et souligner que l’incapacité à approuver le budget affecte la distribution de services tels que les soins de santé, la maintenance des routes, et les fertilisants subventionnés. En outre, le CSCQBE a publié une analyse mettant en lumière différents problèmes dans le budget de l’éducation devant être étudiés avant l’adoption du budget. Ces problèmes incluent:
- Les besoins spéciaux d’éducation: Bien que plus de 40,000 enfants avec des besoins spéciaux aient été enregistrés dans les écoles primaires du Malawi, le gouvernement continue d’ignorer l’importance des besoins spéciaux d’éducation et a même réduit les allocations à ce secteur de 60%. Le CSCQBE a appelé le gouvernement à faire des besoins spéciaux d’éducation une priorité et à augmenter le financement pour acheter de l’équipement spécialisé, former davantage d’enseignants, et de renforcer l’administration.
- Sciences et technologie: Le Département des sciences et technologie apparaît deux fois dans le budget, sous deux ministères différents. Il est difficile de déterminer quelles fonctions et opérations sont couvertes par chaque allocation – et si deux allocations pour le même département sont réellement nécessaires.
- Déclin des allocations pour certaines écoles de district: Bien que la plupart des allocations aux districts augmentent dans le nouveau budget, d’autres devraient faire face à des restrictions, et certains districts avec de nombreuses écoles finiraient par disposer de moins de ressources que d’autres districts avec moins d’écoles. Le CSCQBE recommande au gouvernement d’adopter des critères clairs pour la distribution des ressources fondés sur le nombre d’écoles.
- Transparence du flux des ressources: Une enquête menée dans les écoles et l’unité des fournitures scolaires a révélé que le gouvernement n’a fourni aucun matériel d’enseignement et d’apprentissage depuis 2004. Le CSCQBE appelle à l’utilisation transparente de ces fonds pour que davantage de matériels soient distribués.
Pour davantage d’informations, contacter Clara Chindime ou Donald Kebabe au CSCQBE à [email protected], Chrissie Kafundu au CFSC à [email protected], ou Limbani Elia à [email protected].
Des ONG mexicaines réalisent des activités de militantisme pour améliorer le soutien offert par l’industrie pétrolière au développement social local: le cas de Tabasco, Mexique
Depuis 2006 Fundar a surveillé le flux et l’utilisation des ressources dérivées de Pétroles Mexicains (PEMEX) pour soutenir le développement social dans les Etats producteurs de pétrole.
Fundar a identifié l’Association écologique Santo Tomás comme contrepartie locale pour travailler dans l’Etat de Tabasco et a sollicité des informations importantes via la Loi fédérale d’accès à l’information. L’Association écologique Santo Tomás, de son côté, a sollicité des informations au niveau local, malgré le fait qu’il n’existe pas de loi au niveau local garantissant l’accès public à l’information. Durant le processus, Fundar et Santo Tomás se sont réunis plusieurs fois avec PEMEX et des autorités locales pour obtenir des informations précises.
Durant une année, les deux organisations ont analysé les informations et préparé deux rapports dans lesquels sont décrites les irrégularités dans l’utilisation des revenus pétroliers. Plusieurs événements dans les semaines postérieures à la publication des rapports ont validé l’importance des résultats de la recherche: le congrès mexicain a sollicité un audit formel des ressources distribuées par PEMEX et PEMEX a annoncé l’implantation de nouveaux mécanismes pour consolider la transparence et la responsabilisation dans la distribution des ressources.
Nous présentons à continuation un résumé de ce qui a eu lieu pour donner une idée plus claire de l’impact qu’ont eu Fundar et Santo Tomás.
TABASCO
Durant une conférence de presse le 31 juillet, l’Association écologique Santo Tomás a présenté le rapport «Les donations de PEMEX à Tabasco», lequel a bénéficié de la couverture dans différents journaux locaux. Bien que la réponse des autorités locales ait été, surtout, négative et profilée pour discréditer l’organisation, les leaders d’opinion ont affirmé la validité et l’importance du rapport.
Une fois le rapport publié, la commission d’énergie du congrès de Tabasco a demandé au fonctionnaire gouvernemental responsable de la réallocation des ressources aux municipalités de Tabasco de se présenter devant le congrès et d’expliquer comment avaient été utilisées ces ressources. En outre, un membre de la commission d’énergie du congrès a sollicité une réunion avec Santo Tomás pour discuter du rapport au sein de sa commission.
MEXICO, DF
En coordination avec la stratégie de Santo Tomás, Fundar a fait connaître un rapport intitulé « La loi d’accès à l’information publique comme instrument pour le contrôle social? Le cas de PEMEX dans le développement local de communautés avec activité pétrolière. » Fundar a aidé à diffusé les résultats du rapport dans un entretien le 3 août avec le quotidien national El Universal. Deux autres journaux de couverture nationale — La Jornada et Reforma — ont également parlé du rapport.
En outre, Fundar a envoyé le rapport à la Direction corporative de développement social de PEMEX pour obtenir des éclaircissements sur l’information présentée. La direction a exprimé son intérêt pour l’étude et a sollicité une présentation officielle de ses résultats.
Fundar a préparé également un communiqué de presse pour les législateurs au sein duquel sont expliqués les résultats et le 9 août, la commission permanente de la législature fédérale a eu des commentaires sur l’étude. Un législateur a d’ailleurs contacté à Fundar pour obtenir davantage d’informations sur le rapport.
Le 24 août, Fundar a participé à un programme de radio sur l’utilisation des ressources de PEMEX pour des projets de développement social. (PEMEX a été invité au programme mais a refusé de participer).
Le 27 août a été organisée une réunion avec le secrétaire technique de la commission d’énergie de la Chambre des députés pour solliciter une session informative afin de présenter les deux études aux législateurs.
Le 28 août, un membre de la commission des finances publiques a contacté à Fundar pour solliciter des informations sur l’étude et ses propositions.
Le 3 septembre, un membre de la commission d’énergie de la législature d’Etat a introduit une initiative dans laquelle il sollicite un audit officiel des ressources attribuées à Tabasco par PEMEX. Le jour suivant, le même député a demandé à Fundar davantage d’informations sur ses résultats.
Le 5 septembre, PEMEX a annoncé qu’elle renforcerait ses mécanismes de transparence en établissant de nouvelles règles pour l’assignation de l’aide financière et des donations. Une grande partie des nouvelles avancées annoncées par PEMEX correspondaient aux propositions des études réalisées par Fundar et l’Association écologique Santo Tomás.
Pour davantage d’informations, contacter Rocío Moreno à [email protected].
L’amélioration de la transparence et de la responsabilisation à travers la budgétisation participative aux niveaux étatique et local au Nigeria par Austin Ndiokwelu
Répondant au besoin de promouvoir la transparence et la responsabilisation dans les revenues budgétaires et les processus de dépenses – particulièrement aux niveaux étatique et local – la Commission pour la justice, le développement et la paix (JDPC), Lagos, a débuté un projet dénommé «L’amélioration de la transparence et de la responsabilisation à travers la budgétisation participative aux niveaux du gouvernement étatique et local».
Le projet, mené avec le soutien de la Fondation Heinrich Böll, se concentre sur trois zones pilotes de gouvernement local: Ajeromi/Ifelodun, Mushin et l’île Lagos.
Le projet a commencé formellement avec une formation de deux jours pour trois hauts fonctionnaires des zones de gouvernement local pour les aider à apprécier l’importance de l’implication des groupes de la communauté et l’électorat à chaque étape du processus budgétaire. Les thèmes de la formation incluaient:
- une introduction au processus budgétaire
- le processus de gestion des dépenses publiques
- les concepts basics de NEEDS, LASEEDS et LEEDS [Documents sur la stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP)]
- la participation au sein du processus budgétaire
- les zones de gouvernement local, la distribution de services, et les Objectifs de développement du millénaire
- les bonnes pratiques dans la budgétisation participative
De façon similaire, la JDPC a facilité une série d’ateliers de deux jours pour les organisations basées dans la communauté dans chacune des trois zones pilotes de gouvernement local. Plus de 100 représentants d’organisations de base ont été formés sur les bases du processus budgétaire et sur comment ils pourraient participer de façon effective.
Suite à ces ateliers réussis, des groupes se sont rassemblés pour former des coalitions basées dans la communauté dans chacune des trois zones pour promouvoir la surveillance budgétaire et la bonne gouvernance. Les coalitions travaillent pour générer la participation de la communauté dans l’ensemble du processus budgétaire et améliorer la gouvernance générale de la communauté.
Ayant travaillé séparément avec des fonctionnaires du gouvernement local et des organisations communautaires, la JDPC a pensé ensuite réduire le fossé entre les deux cotés en facilitant des rencontres dans l’hôtel de ville dans chacune des trios zones pour rassembler les parties dans un forum commun.
En outre, la JDPC a distribué un questionnaire à 2000 habitants de chacune des trois zones pour évaluer la distribution des services du gouvernement, et a consacré deux numéros de son «Bulletin de suivi budgétaire» à l’analyse budgétaire et au travail budgétaire appliqué dans les gouvernements locaux et étatique de l’Etat de Lagos.
Succès et impacts
Le projet a contribué à établir un partenariat croissant entre la JPDC et les administrations de gouvernement local, le Ministère des affaires gouvernementales locales dans l’Etat de Lagos, et les organisations basées dans la communauté dans les trois zones pilotes. Il a également aidé à établir des coalitions de base sur la surveillance budgétaire et la bonne gouvernance. Ces coalitions doivent permettre de soutenir les avancées faites jusqu’ici et promouvoir la transparence, la responsabilisation, et la participation dans les processus budgétaires au niveau local.
L’enquête sur la distribution des services a contribué à montrer des secteurs de progrès dans chacune des zones, ainsi que des secteurs au sein desquels les efforts sont déficients. Le «Bulletin de suivi budgétaire», avec son analyse lucide des tendances budgétaires et des profils de revenus et dépenses en relation aux obligations du gouvernement en matière de droit de l’homme, a permis d’avoir une vision plus perspicace de la budgétisation des gouvernements locaux et des modèles de dépenses et de comment ceux-ci affectent les habitants.
Défis
Il existe une méfiance mutuelle entre l’électorat et les élus à tous les niveaux de la gouvernance au Nigeria, comme l’ont démontré les rencontres facilitées par la JDPC dans les trois zones. Les sessions se sont révélées orageuses, et par moments ont suscité les capacités de gestion humaine des facilitateurs de la JPDC pour empêcher les émotions de déborder.
En outre, la JPDC a identifié un certain nombre de problèmes précoces auxquels sont confrontées les coalitions basées dans la communauté que ce projet a promu. Mais dans la mesure où l’analyse, la surveillance, et la défense budgétaires sont des champs relativement nouveaux au Nigeria, et une grande partie du public reste sans connaître leurs droits politiques, civils, et socio-économiques, ces problèmes ne sont pas attendus.
Prochaines étapes
Pour poursuivre les avancées faites lors de la première phase du projet, la JPDC entamera bientôt une deuxième phase, qui se concentrera sur la formation de la capacité des initiatives de la communauté pour conduire des activités militantes efficaces et renforcer les coalitions autour du travail budgétaire.
La JDPC prévoit également de publier sous forme d’un livre les résultats de sa recherché sur la distribution de services au sein des zones de gouvernement local.
Pour davantage d’informations, contacter Austin Ndiokwelu à [email protected].
Le processus budgétaire et la participation de la société civile au Nicaragua par Dayra Valle Orozco
Au Nicaragua, la société civile ne joue qu’un rôle limité dans les décisions budgétaires: Bien que les fonctionnaires publics aient l’obligation d’être transparents et responsables devant la société, le budget national est préparé exclusivement par l’exécutif et tenu secret jusqu’à son introduction à l’assemblée nationale.
En janvier 2007, un nouveau cycle budgétaire a été débuté avec un budget provisionnel qui a duré jusque mars, puis le budget final a été approuvé. Il est devenu commun pour le gouvernement ces dernières années de ne pas avoir de budget défini pour l’année ; ceci a empêché la réalisation de programmes dans les secteurs sociaux clés tels que la santé et l’éducation. Durant la première partie de 2006, par exemple, l’incapacité du gouvernement à distribuer une augmentation de salaire promise aux travailleurs de la santé a paralysé la distribution de services de la santé, affectant sévèrement la population.
Efforts de la société civile pour ouvrir le processus budgétaire
Certaines organisations de la société civile du Nicaragua ont essayé de participer au processus budgétaire. En 2006 par exemple, Coordinadora Civil (une organisation réalisant des analyses sur la dette publique) et le Conseil national pour la planification économique et social (CONPES) ont présenté une série de recommandations budgétaires au président. Entre autres choses, ils ont encouragé le président à:
- présenter la totalité des revenus fiscaux et non fiscaux de façon claire et transparente
- prioriser les ressources nationales pour faire face aux besoins dans des secteurs tels que la santé, l’éducation, les infrastructures et les services de base (eau, énergie, et bien-être)
- établir des relations de coopération entre le gouvernement central et les gouvernements régionaux et municipaux concernant les investissements de secteur et nationaux
- développer des critères pour distribuer des ressources budgétaires équitablement entre les régions et les municipalités
- obtenir les économies budgétaires pour payer l’augmentation des dépenses sociales à travers certaines étapes, telles que la restructuration de la dette interne, et la réduction de dépenses non nécessaires
Les recommandations des groupes n’ont produit aucun résultat concret, en partie à cause des accords financiers que le Nicaragua a signés avec des organisations internationales telles que le FMI et qui incluent des conditions spécifiques pour le prêt ne permettant pas de telles modifications.
Efforts du Congrès
Lors du débat budgétaire de mars, des membres du Congrès du parti ont propose des changements dans la proposition budgétaire de l’exécutif pour faire face aux problèmes tels que:
- le manque de participation citoyenne dans le budget, malgré la Loi sur la participation citoyenne et la Loi organique de l’Assemblée nationale
- l’incapacité du budget à inclure les prêts internationaux
- l’allocation des fonds gouvernementaux aux associations et fondations partageant des relations étroites avec des partis politiques et des membres du Congrès
- l’indication qu’une grande partie du budget allait être utilisée pour payer la dette publique du Nicaragua (interne et externe), en particulier sa forte dette bancaire
Le Congrès, cependant, a approuvé le budget sans prendre ces propositions en considération.
Par ailleurs, alors que la considération du budget par le Congrès est supposée offrir des opportunités pour la participation de la société civile dans le processus budgétaire, cela n’était pas le cas en 2007. Le budget a été introduit et approuvé en un temps record de 15 jours, et le public n’a pas eu accès au document budgétaire en temps voulu.
Le travail de l’IEEPP
L’Institut d’études stratégiques sur les politiques publiques (IEEPP) publie un bulletin d’informations, Presupuesto Ciudadano, conçu pour faciliter la participation publique et les audits citoyens sur des questions budgétaires en rendant l’information budgétaire plus accessible aux citoyens, aux décideurs politiques, et aux OSC. Les numéros de l’année en cours couvrent différents angles budgétaires, et chaque numéro inclut des informations pour faciliter l’alphabétisation budgétaire et en audit social.
L’IEEPP considère que le rôle des OSC devrait être de contrebalancer le pouvoir de l’État et d’influencer les politiques publiques liées au budget. Pour atteindre ces objectifs, les OSC doivent promouvoir un agenda qui inclue: la transparence budgétaire, le renforcement de mécanismes de responsabilisation simplifiés et efficaces, et la promotion du gouvernement en ligne, une plus grande compréhension (et information) de comment fonctionnent les programmes publics, et une supervision constante du budget gouvernemental et des priorités de dépenses.
L’une des principales découvertes du travail budgétaire de l’IEEPP jusqu’à ce jour est que les budgets de la santé et de l’éducation n’incluent pas d’objectifs et d’indicateurs devant être atteints sous le budget approuvé. Ils n’incluent pas non plus de cibles liées aux Objectifs de développement du millénaire. Il n’y a donc pas de moyen clair de mesurer les entrées et les sorties dans ces secteurs.
Pour davantage d’informations, contacter Dayra Valle Orozco à [email protected].
Promouvoir la transparence du processus budgétaire en République kirghize par Nurbek Toktakunov
Depuis 1994, la République kirghize a adopté plusieurs lois pour ouvrir le processus budgétaire, comme le mandat de faire connaître les rapports liés à l’exécution du budget et d’améliorer l’accès du public à l’information budgétaire. Malheureusement, ces réformes n’ont pas été totalement intégrées au processus budgétaire.
Pour améliorer la participation publique dans le processus budgétaire, le pays doit surmonter deux obstacles importants. L’un est le fait que les citoyens ne comprennent pas que les fonds publics sont une propriété publique et que, par là-même, ils ont le droit de réviser les poches du gouvernement. L’autre obstacle est le mythe circulant entre fonctionnaires gouvernementaux affirmant que les ressources publiques est la prérogative exclusive de l’Etat.
Cependant, il existe des signes de progrès. Par exemple, sont mises en place diverses initiatives d’importance pour augmenter la participation de la société civile dans le processus budgétaire. Ces initiatives reçoivent le soutien d’agences internationales en coopération avec des autorités nationales de haut niveau. Dans le cadre du dialogue budgétaire soutenu par la Fondation Soros de la République kirghize, par exemple, des événements clés lors du processus budgétaire sont transmis par chaînes de radio et de télévision nationales. En outre, ont été organisés une série de séminaires et d’ateliers sur des thèmes budgétaires par des ONG, spécialement celles qui représentent les secteurs minoritaires du pays. Ainsi, avec le soutien de l’Urban Institute, ont été organisées des audiences publiques pour discuter de questions liées aux budgets locaux dans de nombreuses régions du pays. Le gouvernement du Royaume-Uni, à travers son agence de développement DFID, a soutenu la création d’une alliance entre ONG et le gouvernement dénommée “For Budget Transparency” (« Pour la transparence budgétaire »).
On espère que le soutien actuel du gouvernement à ces efforts n’ait pas seulement pour but de satisfaire les engagements internationaux ; sinon qu’il réponde à une véritable compréhension de l’importance de la transparence budgétaire pour les citoyens de République kirghize.
Pour davantage d’informations, contacter Nurbek Toktakunov à [email protected].
The Bottom Billion de Paul Collier. Un compte-rendu par Albert van Zyl
Une grande partie de la discussion sur le développement a été dominée par le débat entre Jeffrey Sachs et William Easterly. Dans The End of Poverty, Sachs explique qu’une quantité importante de l’assistance financière permettra aux pays pauvres de commencer un processus de croissance soutenable; dans The White Man’s Burden, Easterly décrit les limites de ce que l’assistance financière peut permettre d’accomplir. Dans The Bottom Billion, Paul Collier insiste sur le débat en prenant en compte certaines des questions les plus difficiles auxquelles, ni Easterly, ni Sachs n’ont répondu.
Collier explique que la pauvreté du milliard de personnes les plus pauvres du monde présente des caractéristiques uniques et ne peut être affrontée de la même façon que pour les autres 5 milliards de personnes vivant dans des pays en voie de développement. Ceci, explique l’auteur, se doit au fait que les pays accueillant le milliard le plus pauvre, «le milliard du bas» sont coincés dans un ou plusieurs «pièges de pauvreté» qui les empêche sortir de l’extrême pauvreté. Ces pièges sont:
- Le piège du conflit
- Le piège des ressources naturelles (connu également comme «la malédiction des ressources»)
- Le fait de ne pas avoir de sortie maritime et d’avoir de «mauvais voisins»
- La mauvaise gouvernance
La recherche de Collier illustre l’impact dévastateur qu’a chacun de ces pièges sur la croissance de l’économie des pays qui hébergent le milliard le plus pauvre. Sans l’intervention extérieure appropriée, ces pays – dont la majorité se trouve en Afrique – ne pourront pas sortir de ces pièges, et de fait, il est possible qu’ils reculent. Collier explique que les problèmes de ces pays ne peuvent pas s’expliquer par une cause unique (telles que leur histoire, les politiques commerciales ou des conflits) ; mais c’est à travers un ensemble de variables interconnectées qu’il est possible de faire une contribution importante au débat sur le développement.
Bien que l’assistance joue un rôle déterminant, Collier explique que «l’assistance en elle-même ne résoudra pas les problèmes du milliard le plus pauvre – nous devons utiliser des politiques plus diversifiées». Sur ce point, Collier offre un scénario plus nuancé que celui de Sachs, d’Easterly ou autres. Collier propose un paquet d’outils: assistance, politiques commerciales, intervention militaire, lois et chartes, outils expliqués ci-dessous.
Collier estime que pendant les 30 dernières années, l’assistance n’a représenté qu’1% de la croissance annuelle du milliard le plus pauvre. Ceci est très significatif dans le contexte de nombreux de ces pays bien que cela satisfait difficilement nos attentes concernant l’assistance. Collier explique que l’assistance du milliard le plus pauvre doit être réorganisée et redistribuée, dans la mesure où cela promouvrait l’efficacité de l’assistance dans les pays avec une mauvaise gouvernance, dans lesquels elle peut offrir les avantages, la capacité et les renforts pour soutenir les efforts naissants de réforme. Dans les pays confrontés à la malédiction des ressources naturelles, l’assistance est ici pratiquement impuissante. La réorganisation de l’assistance peut avoir lieu si les pays en situation post conflictuelle reçoivent de grandes quantités d’assistance une fois établi un certain niveau de gouvernabilité et non tout de suite après la fin du conflit, comme cela se fait généralement.
Quant au commerce, Collier déclare que le milliard le plus pauvre n’a pas profité des avantages dérivés des différences salariales, qui ont inséré la Chine et le Sud-est asiatique dans le système économique mondial pendant les 20 dernières années. Malgré la longue analyse qu’il fait sur comment les économies marginales peuvent bénéficier de la croissance de l’économie globale, il est très sceptique quant au fait que cela puisse arriver bientôt. Collier conclut que les politiques commerciales peuvent avoir un impact seulement sur le développement du milliard le plus pauvre coincé dans une situation de mauvaise gouvernabilité et non dans les trois autres cas.
Un des points les plus controversés de Collier est quand il affirme que l’intervention militaire peut soutenir le développement. Malgré l’inefficacité et le manque de popularité des interventions comme celle d’Irak, il soutient que les interventions peuvent aider le milliard le plus pauvre à travers la restauration de l’ordre, le maintien de la paix dans des contextes de post-conflit et la prévention des coups d’Etat. Malgré l’éloquence de l’explication de Collier, ce chapitre n’aura probablement pas beaucoup de suiveurs, étant donnés les derniers événements. Collier souligne la nécessité des interventions pour installer la légitimité politique, mais il est très difficile de déterminer si ce réquisit peut être atteint, du fait de l’opportunisme politique qui a caractérisé les interventions militaires de la seconde moitié du siècle dernier.
La discussion du rôle que jouent les lois et les chartes dans le développement est un des points les plus innovateurs du livre. Collier explique que des initiatives telles que «l’initiative pour la transparence de l’industrie extractive» (“Extractive Industry Transparency Initiative” (EITI)), le processus Kimberley sur le conflit des diamants et le regroupement de lois de l’Union européenne, l’acquis communautaire, démontre que les normes et les lois ont le potentiel pour renforcer la société civile, réformer certains politiques et autres acteurs du développement. Collier propose cinq chartes pour soutenir le développement:
- Charte pour les revenus des ressources naturelles fondée sur les efforts et le travail réalisé par l’EITI et Publish What You Pay (PWYP).
- Charte pour établir un standard pour la démocratie avec des poids et contrepoids, qui aille au-delà des élections «libres et justes». Collier s’attache au rôle des médias – surtout de la radio – pour maintenir l’honnêteté dans les régimes.
- Charte pour les situations de post-conflit qui guident le comportement des donateurs et du système international de sécurité. De façon controversée, Collier explique que les pays en situation post-conflictuelle doivent être «conditionnés» pendant une certaine période et ne bénéficier de la souveraineté absolue qu’après avoir démontré des avancées vers la gouvernabilité et la sécurité.
- Charte d’investissement qui puisse guider les gouvernements des pays pauvres quant à leurs relations avec les investisseurs nationaux et étrangers.
- Charte sur la transparence budgétaire.
Bien qu’il soit encourageant que Collier reconnaisse le rôle de la transparence budgétaire dans le développement, cette section est décevante, étant superficielle et n’allant pas au-delà du débat de la Banque Mondiale sur l’enquête de suivi des dépenses publiques en Afrique. La mention du travail du FMI, de l’OCDE et de l’IBP pourrait permettre le développement d’une charte plus complète sur la transparence budgétaire de ce que Collier propose. Ces chartes pourraient être soutenues par des organisations régionales telles que «l’Union africaine », «la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale» (CEMAC), «l’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest » (UEMAO) et la «Communauté de développement d’Afrique du Sud» (SADC). La société civile bénéficierait énormément de guides internationaux sur la transparence budgétaire et la participation.
Le livre de Collier est important pour la communauté budgétaire pour différentes raisons. Tout d’abord, il offre un cadre intéressant et bien fondé dans lequel il est possible de situer le travail budgétaire. Sa recherche sur comment est employée l’assistance dans les budgets des pays où réside le milliard le plus pauvre, par exemple, offre une analyse de valeur sur les problèmes d’allocations des ressources que peut générer l’assistance. (Malheureusement, alors que les arguments de Collier dans le livre se fondent sur une recherche volumineuse, le livre omet les notes de bas de page, ce qui empêche les lecteurs de réviser les sources de la recherche).
En second lieu, Collier présente des informations utiles sur comment les pays utilisent les revenus issus des ressources naturelles et sur les faiblesses de l’investissement en infrastructures publiques et privées. Sa discussion sur le rôle des chartes offre également des perspectives intéressantes sur comment le travail de la société civile sur la transparence budgétaire et la participation peut progresser pour jouer un rôle plus important dans les débats plus amples sur le développement.
Troisièmement, Collier insiste sur l’importance de renforcer la gouvernabilité de poids et contrepoids dans les sociétés vulnérables. Le simple fait d’avoir un processus électoral ne garantit pas la bonne gouvernance dans le futur, observe Collier, puisque les élections déterminent qui gouverne, et non comment. L’argument de Collier soutient les efforts pour renforcer les institutions qui garantissent l’existence de poids et contrepoids budgétaires telles que les institutions d’audit, les législatures, les médias, et sans aucun doute, la société civile elle-même, bien que Collier n’approfondisse pas beaucoup sa pensée à ce sujet.
Si vous avez des commentaires sur ce compte-rendu ou sur le livre de Collier, envoyez votre message à Albert van Zyl á [email protected] et nous le publierons dans le numéro suivant de ce bulletin. D’autres comptes-rendus sur The Bottom Billion peuvent être trouvés sur:
- The New York Times: http://www.nytimes.com/2007/07/01/books/review/Ferguson-t.html?ex=1187928000&en=4cae82039ff0aaf3&ei=5070
- The Financial Times: http://www.ft.com/cms/s/4858ed7e-0178-11dc-8b8c-000b5df10621.html
- The Economist: http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=9581576
- The American Prospect: http://www.prospect.org/cs/articles?article=help_beyond_aid
- The Guardian: http://books.guardian.co.uk/reviews/politicsphilosophyandsociety/0,,2099345,00.html
- The Center for Global Development: http://www.cgdev.org/content/general/detail/14379
Rapport sur la présentation du dernier livre de Paul Collier au sein de l’Institut Brookings par Christopher Brown
Le 25 septembre Paul Collier a présenté son livre au sein de l’Institution Brookings. Collier a débuté en faisant un résumé sur comment et pourquoi faire une distinction entre le milliard le plus pauvre des autres groupes souffrant de sous-développement et pourquoi ce milliard représente un groupe critique digne d’un intérêt spécial. Collier explique que son analyse suggère que l’explosion potentielle de ressources en Afrique, bien qu’avec un effet positif possible sur le cours terme, peut avoir des répercussions négatives sur le long terme si les patrons historiques se maintiennent et si ne sont pas effectuées des réformes au système internationale.
Collier a concentré ses commentaires sur le potentiel des lois et des chartes et la politique commerciale et a considéré nécessaire d’éclaircir ses perspectives sur l’intervention militaire en déclarant que l’intervention en Sierra Leone représente un modèle approprié à suivre, et non celle d’Irak. Collier a présenté les lois et les chartes comme une manière d’établir des standards qui permettent aux pays d’arriver aux meilleurs accords sur l’extraction des ressources. Il a expliqué que l’Accord sur la croissance africaine et les opportunités (“African Growth and Opportunity Act” (AGOA)) fut un succès pour certains aspects et qu’il existe un grand potentiel pour continuer d’avancer à travers des pratiques commerciales, si l’Afrique passe par une phase protectionniste afin de renforcer son marché interne.
Gobind Nankani – président du réseau global de développement “Global Development Network” et ancien vice-président pour l’Afrique au sein de la Banque mondiale – a émis des commentaires et des critiques sur le livre The Bottom Billion considérant qu’il insiste trop sur l’Afrique, ce qui exclue d’autres pays très pauvres également et que, par ailleurs, n’accorde pas assez d’attention au rôle du syndicat africain “African Union” et aux facteurs internes en défendant la réforme. Charles Griffin – chercheur du Brookings – a questionné également pourquoi le manque d’éducation n’a pas été mentionné comme l’un des pièges empêchant les pays d’échapper à la pauvreté. Collier a exprimé son accord avec un grand nombre de commentaires de Nankani et a déclaré que The Bottom Billion n’a pas pour but d’avoir le dernier mot sur le sujet. Quant au travail budgétaire international, Collier a exprimé son appréhension concernant les perspectives de réformes politiques internes positives.
Collier a conclu en répondant à une question du public sur le conseil qu’il donnerait au nouveau président de la Banque mondiale (Robert Zoellick), déclarant qu’il suggérerait à la Banque mondiale d’arrêter d’être une agence d’assistance et de commencer à travailler comme une agence de développement.
Nouvelles publications: Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives par Fundar et le Centre Woodrow Wilson etTransparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature par l’Institut national démocratique
Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives
Le 25 octobre, le Centre Woodrow Wilson, et l’ONG mexicaine Fundar présenteront la publication: Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives («Les réformes pour le droit de savoir au Mexique: perspectives de la société civile»).
En 2002, différents fronts politiques ou de la société civile se sont réunis pour lancer une importante réforme sur la transparence pour donner aux citoyens mexicains des instruments institutionnels afin de mettre en pratique «le droit de savoir». Ce livre réunit une grande variété de perspectives de la société civile et de l’académie sur les leçons apprises sur l’exercice du droit à l’information. Depuis la perspective électorale, politique, économique, sociale et environnementale, les groupes d’intérêt publics et universitaires partagent des expériences tant sur les avancées que sur les limites concernant le contrôle du pouvoir de l’information.
L’événement inclura des présentations des coéditeurs, dont Helena Hofbauer de l’IBP, Jonathan Fox, Libby Haight et Tania Sanchez, ainsi que Kate Doyle des Archives nationales sur la sécurité, Jorge Romero de Fundar et Juan Pablo Guerrero, l’un des mandataires de l’information au Mexique. Le livre sera disponible sans aucun coût, également en espagnol sur: http://www.fundar.org.mx. Pour davantage d’informations sur l’événement, aller sur: http://www.wilsoncenter.org/mexico.
Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature
En 2005, l’Institut national démocratique (National Democratic Institute (NDI)) a lancé un programme pour améliorer la capacité des législateurs africains dans les pays riches en ressources naturelles pour comprendre et répondre aux défis politiques et économiques que présente l’exploitation des ressources naturelles. Pour atteindre cet objectif, le NDI a mené une enquête en Angola, au Botswana, au Tchad, en République du Congo, au Ghana, au Nigeria, au Sierra Leone, et en Afrique du Sud pour identifier les meilleures pratiques et promouvoir la transparence dans les industries extractives.
Le rapport Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature («Transparence et responsabilisation dans les industries extractives en Afrique: le rôle de la législature») résume les résultats les plus importants des entrevues réalisées et décrit les défis auxquels sont confrontés les législateurs en Afrique en supervisant les industries minières et pétrolières de leur pays. Il met également en relief les meilleures pratiques et offre des recommandations pour les législateurs, les groupes de la société civile et la communauté internationale.
Une des conclusions du rapport est que les législateurs disposent d’une position stratégique pour limiter les risques politiques pouvant surgir de l’exploitation des ressources naturelles. La participation de législateurs informés et engagés peut également promouvoir la croissance économique et le développement et répondre, en même temps, aux besoins de la société civile.
Pour lire le rapport, aller sur: http://www.ndi.org/files/2191_extractive_fren_08262008.pdf.
Nouveaux matériels dans la bibliothèque budgétaire
Processus budgétaire
Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions
(«Evaluation du pouvoir du porte-monnaie: un index des institutions budgétaires législatives»)
Par Joachim Wehner/ London School of Economics
Cet article présente un indice qui qualifie 36 pays en fonction du contrôle que la législature a du budget, sur la base des institutions budgétaires de chaque pays. Cet article présente des différences substantielles dans le niveau de contrôle financier du gouvernement pour la législature dans des démocraties contemporaines. Grand nombre des conclusions de Wehner demandent notre attention. Par exemple, le Royaume-Uni et le Canada, c’est-à-dire des pays qui disposent d’économies très développées, occupent le dernier quartile en termes de contrôle législatif sur le budget, conjointement au Chili et à l’Afrique du Sud. En revanche, l’Argentine et le Mexique sont tous proches du premier quartile, conjointement à la Belgique et à l’Allemagne.
Transparence budgétaire
Budget, State and People Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola
(«Budget, Etat et processus budgétaire participatif, société civile et transparence en Angola»)
Par Jan Isaksen Inge Amundsen, Arne Wiig avec Cesaltina Abreu/Chr Michelsen Institute
Cette étude cherche à contribuer à une meilleure compréhension de l’état de la transparence budgétaire en Angola, et indique différentes manières d’augmenter les niveaux de transparence et d’ouverture. Le rapport décrit le processus budgétaire en Angola et indique ses faiblesses. Par exemple, il décrit comment l’Institution d’audit suprême en Angola, la Cour des comptes, n’est entrée en fonction que récemment et a encore besoin de consolider sa capacité. Bien qu’elle dispose de forts pouvoirs légaux, aucun rapport d’audit n’a encore été produit et ses résultats et recommandations comme tribunal ne sont pas reconnus par le public. Malgré la participation limitée de la société civile dans le processus budgétaire en Angola, les auteurs décrivent des exemples réussis de travail budgétaire, dont l’effet de la Conférence épiscopales d’Angola et São Tomé (CEAST) pour faire pression sur le gouvernement et qu’il souscrive aux principes de l’EITA et qu’il opte pour une meilleure distribution des ressources naturelles. Est mentionnée également la participation de Catholic Relief Services (CRS’s) dans l’Indice des budgets ouverts 2006.
DESC – analyse budgétaire
The Right to Work in Israel: A Legal and Fiscal Perspective/Short Version
(«Le droit du travail en Israël: une perspective légale et fiscale» Version courte)
Par Noga Dagan-Buzaglo/Adva Center
Depuis le milieu des années 80, les droits du travail en Israël se sont dégradés significativement du fait de la régression dans le statut des lois du travail, des changements dans l’économie qui ont fait la promotion d’un marché du travail précaire et polarisé, et d’un réseau de sécurité sociale affaibli. Ce travail analyse les droits des travailleurs en Israël depuis les perspectives légale et fiscale. La discussion légale examine l’approche des droits des travailleurs, évaluant si la loi en Israël reflète de façon appropriée les accords internationaux sur le travail souscrits par le pays. L’analyse fiscale discute du budget à partir de deux points de vue: le budget comme une source d’investissement et de création d’emplois; et le budget comme source financière de programmes qui aide à protéger les droits des travailleurs.
The Right to Higher Education in Israel: A Legal and Fiscal Perspective
(«Le droit à l’éducation supérieure en Israël: une perspective légale et fiscale» Version courte)
Par Noga Dagan-Buzaglo/Adva Center
Durant la dernière décennie, Israël est passée par une sévère récession qui a provoqué la réduction des dépenses sociales, ce qui a accentué l’iniquité sociale et économique. Ainsi, ce travail cherche à intégrer les discussions sur les droits sociaux et économiques avec les discussions sur la politique fiscale, afin de mettre à jour les connections entre les deux secteurs, et décrit les pas pouvant conduire à une société plus égalitaire. En ouvrant cette discussion, les auteurs cherchent à donner aux citoyens davantage d’éléments pour participer aux politiques fiscales tant au niveau fédéral qu’au niveau étatique.
Social Rights in Israel: Inferior Legal Status and Insufficient Budgets
(«Les droits sociaux en Israël: statut légal inférieur et budgets insuffisants»)
Par Noga Dagan-Buzaglo/Centre Adva
Ce travail décrit différents droits articulés dans la Convention internationales des droits économiques, sociaux et culturels, reconnue par Israël, et évalue dans quelle mesure les lois et politiques d’Israël la respectent. Les auteurs concluent que l’Etat ne prend pas les mesures appropriées pour protéger de façon intégrale les droits à la santé, la sécurité sociale, l’emploi et l’éducation de ses citoyens. Le travail cherche à illustrer à travers les preuves empiriques que la majorité des divergences sont le résultat de réductions budgétaires qui ont affecté le financement des services sociaux.
Santé
Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending
(«Schéma des dépenses de la banque multilatérale de développement pour la santé reproductive et le VIH/SIDA»)
Par Suzanna Dennis et Elaine Zuckerman/Gender Action
Ce rapport met à l’épreuve l’engagement de la banque multilatérale de développement (BMD) pour promouvoir la santé reproductive, prévenir le VIH et traiter le SIDA. Il analyse la quantité et la qualité du financement pour ces secteurs de 2003 à 2006 et souligne comment les politiques de la MBD et du Fonds monétaire international (FMI) affectent la réalisation des objectifs du millénaire quant à la santé reproductive et au VIH/SIDA. Le rapport conclut que malgré le fait que les politiques des donateurs incluent des objectifs d’équité de genre, ces engagements ne se reflètent pas dans les allocations budgétaires.
Does the IMF Constrain Health Spending in Poor Countries? Evidence and an Agenda for Action
(«Le FMI contraint-il les dépenses de santé dans les pays pauvres? Preuves et un agenda pour l’action»)
Par le Centre pour le développement global
Ce travail a été produit par une équipe de 15 experts provenant de différents secteurs politiques dans des pays en voie de développement, de l’université, de la société civile et d’organisations multilatérales. L’étude explore les critiques adressées aux politiques macroéconomiques du FMI et leur impact dans les dépenses de santé dans les pays aux faibles revenus, sur la base d’études de cas au Mozambique, au Rwanda et en Zambie.
Administration des dépenses publiques
Reporte Nacional 5 de Vigilancia de las Industrias Extractivas
(«Rapport national 5 de vigilance des industries extractives»)
Par Grupo Propuesta Ciudadana
Ce rapport examine la génération, l’utilisation et la distribution de revenus dérivés des industries extractives au Pérou. Sous l’approche de la transparence et de l’accès à l’information, ce rapport couvre une période de deux ans de 2004 à 2006 et observe que la production du secteur minier a été multipliée par deux durant cette période. 95% de cette augmentation s’explique par l’augmentation des prix, et les 5% restants sont dus à l’augmentation du volume de production.
Décentralisation
Reporte Nacional 11 de Vigilancia a la Descentralización
(«Rapport national 11 de vigilance de la décentralisation»)
Par Grupo Propuesta Ciudadana
Ce rapport présente les changements implantés par les gouvernements régionaux et par l’exécutif comme résultat de la réforme de décentralisation qui a eu lieu au Pérou de 2003 à 2006. L’objectif de ce travail est de se convertir en un matériel utile pour les fonctionnaires publics et les leaders sociaux, institutionnels et entrepreneurials. Une des principales réussites de ce rapport est qu’il présente des recommandations pour le processus de décentralisation. Surtout, il discute de comment dépasser les déficiences administratives qui limitent l’utilisation adéquate d’investissements.
Développement économique
The IMF and Aid to Sub-Saharan Africa
(«Le Fmi et l’aide à l’Afrique subsaharienne»)
Par le Bureau d’évaluation indépendante du FMI
Dans ce rapport est étudié le programme de prêts à 29 pays de l’Afrique subsaharienne entre 1999 et 2005. L’étude a découvert que les pourcentages significatifs de l’assistance financière n’ont pas été programmés pour être dépensés du fait des politiques du FMI sur les niveaux de réserves monétaires et les taux d’inflation. Le rapport souligne qu’environ 37% des augmentations de l’assistance financière annuelle à ces pays pendant ces années ont été déviés vers la création internationale de niveaux de réserves monétaires. Le rapport a également montré qu’entre les pays déjà perçus avec de fortes réserves, seuls 3$ de chaque 10$ d’augmentation d’assistance annuelle ont été programmés pour être dépensés et presque 7$ de chaque 10$ ont été déviés par le FMI vers le paiement de la dette interne, la création de réserve internationale, ou vers les deux objectifs.
Budget Support to Ghana: A Risk Worth Taking?
(«Le soutien budgétaire au Ghana: un risque qu’il vaut la peine de prendre?»)
Par l’Institut de développement d’outre-mer
Dans ce document, est évaluée la stratégie consistant en offrir de l’assistance au développement à travers le «soutien budgétaire général» (SBG) en révisant une étude de cas du programme de soutien budgétaire multi-donateurs institué par l’Institut de développement d’outre-mer et CDD-Ghana au Ghana. Le GBS, compris comme une provision directe d’assistance financière par une agence financière à la trésorerie nationale d’un pays, cherche à harmoniser les systèmes fiscaux de projets d’aide financière et les budgets nationaux. Le rapport conclut que le programme de soutien budgétaire multi-donateurs au Ghana n’est pas parvenu à minimiser avec succès les risques de placer des fonds publics dans de faibles systèmes fiscaux. Cependant, l’étude a également démontré que le programme a fait la promotion avec efficacité de la réforme budgétaire et a facilité des augmentations des allocations destinées à des programmes de réduction de la pauvreté. Le rapport recommande que le programme de soutien budgétaire multi-donateurs soit ré conceptualisé comme une méthode de financement budgétaire et non comme un instrument de poids politique.
Analyse macroéconomique
Confronting the Contradictions: The IMF, wage bill caps and the case for teachers
(«Confronter les contradictions: le FMI, les plafonds de salaires et le cas des enseignants»)
Par ActionAid
Ce travail se fonde sur des recherches réalisées antérieurement et sur des études de cas récentes sur le Malawi, le Mozambique et le Sierra Leone. ActionAid a découvert qu’un facteur important expliquant la rareté des enseignants est que les politiques du FMI requièrent de nombreux pays pauvres qu’ils congèlent l’engagement de nouveaux professeurs. Le FMI peut avoir différents degrés d’influence pour déterminer directement les niveaux de ressources pour les salaires des employés du secteur public ou les «toits salariaux». Cependant, en insistant sur des politiques macroéconomiques très restrictives qui contraignent de façon non nécessaire les dépenses du gouvernement, sont limités également les budgets sectoriels et les salaires des fonctionnaires publics. Le FMI est donc en partie responsable de la persistance du manque d’enseignants.
Ecole d’été 2007 pour ONG. Un projet de l’IBP et de la Fondation Soros kirghize
Du 25 au 29 juillet en République kirghize, l’IBP et la Fondation Soros ont organisé un atelier de formation pour l’Ecole d’été pour ONG sur l’analyse et l’incidence des budgets. Certains des 22 participants, qui sont venus de différents points de la République kirghize, avaient déjà commencé à surveiller les dépenses du gouvernement local; d’autres avaient surveillé les revenus des industries extractives.
L’atelier a couvert les phases, la politique et les acteurs du processus budgétaire; l’incidence budgétaire; les calculs budgétaires de base; et comment obtenir des informations budgétaires, avec une attention particulière portée à l’Index sur le budget ouvert de l’IBP.
La session sur l’accès à l’information a généré un débat animé. La République kirghize a promulgué une loi de libre accès à l’information en 2006, mais bon nombre des participants avaient une connaissance partiale de son contenu et les participants ont discuté du fait que le gouvernement ignore souvent cette loi – spécialement quand des groupes de la société civile sollicitent des informations budgétaires spécifiques. Nurbek Toktakunov, un avocat du Groupe international des droits de l’homme qui a appliqué la loi avec succès dans différents cas légaux, a exprimé son enthousiasme pour plaider un cas pilote et créer un précédent légal sur le droit public à l’information budgétaire.
La session sur le processus budgétaire a été présentée par Akhmetbek Ermekov, un expert en finances publiques et coordinateur d’un programme national de télévision sur l’éducation budgétaire au nom de la Fondation Soros kirghize. Lors de cette session, les questions des participants avaient surtout pour objectif d’identifier les meilleures opportunités pour participer au processus budgétaire. Actuellement, la participation de la société civile se limite à la phase de l’approbation (quand des groupes sont invités à rendre des rapports à la législature) et aux audiences publiques au niveau local. Ermekov a déclaré que les fonctionnaires du Ministère des finances savent beaucoup et que les membres de la société civile qui désirent collaborer avec ces fonctionnaires sur des questions budgétaires doivent être très bien informés, et offre des informations budgétaires solides et fiables.
Lors de l’atelier, ont également fait une présentation l’Urban Institute sur les audiences publiques organisées sur des thèmes liés aux budgets locaux, ainsi que le groupe “Youth of the Nation” sur son projet de suivi des dépenses scolaires dans la région de Chui. (Le projet de “The Youth of the Nation” a été débuté après que le leader du groupe Besedin Evgenii a assisté à l’atelier de l’IBP-OSI en Mongolie en 2006 sur l’analyse et l’incidence budgétaires).
Les résultats de l’atelier incluent:
- Le Groupe international des droits de l’homme organisera un atelier pour les groupes de la société civile sur la loi de libre accès à l’information.
- Le Groupe de santé mentale et société, une des ONG participantes, a commencé à développer une stratégie d’incidence budgétaire sur la santé en collaboration avec les Groupe international des droits de l’homme (qui contribuera à formuler des sollicitudes d’informations) et Akhmetbek Ermekov (qui aidera à implanter le programme d’éducation publique).
- L’IBP et la Fondation Soros Kirghize sélectionneront jusqu’à quatre groupes de l’atelier pour participer à un atelier régional sur la recherche pour l’incidence budgétaire.
Pour davantage d’informations, contacter Shaamela Cassiem à [email protected]
Atelier budgétaire de l’IBP au Tchad pour les pays francophones africains
L’IBP et GRAMP/TC ont présenté un atelier sur les techniques d’analyse et d’incidence budgétaires à N’ Djaména, au Tchad du 21 au 30 juin 2007. Il s’agit du premier atelier de ce type qu’offre l’IBP en français, et y ont assisté 21 participants de 8 pays francophones d’Afrique occidentale et centrale. En guise de préparation pour l’atelier, l’IBP a traduit ses matériels de formation intermédiaire en français et a formé 6 facilitateurs du Tchad, du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal. Ces facilitateurs ont organisé un atelier complet et feront partie du groupe de formateurs francophones qui soutiendront dans le futur le travail budgétaire dans la région
Bon nombre de participants ont exprimé le besoin de disposer d’un soutien additionnel. Beaucoup voulaient en savoir davantage sur la relation entre les DERP (Documents de stratégies de réduction de la pauvreté) et les budgets. Ces participants sont impliqués dans la surveillance et l’implantation des DERP et désirent en savoir plus sur comment les objectifs de développement contenus dans les DERP doivent être traduits en budgets gouvernementaux. Dans de nombreux pays participants, une certaine quantité des revenus des industries extractives est allouée pour l’utilisation des gouvernements locaux. Beaucoup d’organisations participantes sont intéressées également par la surveillance du transfert des fonds vers les gouvernements locaux et par comment sont utilisés les fonds quand ils arrivent à destination.
De nombreux participants ont commenté que l’atelier renforcerait leur capacité d’analyse et d’incidence budgétaires et que cette capacité leur permettrait de participer de façon plus significative dans les décisions budgétaires de leur pays. Beaucoup ont valorisé les sessions sur comment établir un objectif stratégique pour le travail budgétaire.
L’IBP apportera du soutien à ces initiatives en association avec des organisations régionales telles qu’ActionAid et Publish What You Pay. Plusieurs participants de l’atelier ont développé des programmes de suivi budgétaire et seront considérés pour d’autres programmes de soutien et de tutelle.
Pour davantage d’informations, contacter Albert van Zyl à [email protected].
Séminaire sur le futur de la participation démocratique, Brésil
L’ONG brésilienne CIDADE conjointement au «Centre universitaire méthodiste» et Oxfam offriront un séminaire international dénommé «Le futur de la participation démocratique» du 25 au 27 octobre 2007. Le séminaire cherche à évaluer les limitations et les possibilités des expériences de budgets participatifs et discuter des grandes lignes pour construire un réseau international d’activistes experts en budgets participatifs. Pour connaître les dates d’inscription et d’autres détails du programme aller sur la page de CIDADE www.ongcidade.org ou contacter Sergio Baierle à [email protected].
Capacity.org. Revue sur Internet pour les personnes travaillant sur les thèmes de développement international
Capacity.org (www.capacity.org) est une revue pour les personnes intéressées par les thèmes de développement et de coopération internationale dans les pays moins développés. Le numéro le plus récent de Capacity.org se concentre sur thème de la responsabilisation et répond à la question: quelles initiatives peuvent prendre les citoyens pour obliger les décideurs, les prestataires de services et les experts en développement à rendre des comptes quant à leur engagement pour la réduction de la pauvreté? Les articles de ce numéro explorent les relations entre les gouvernements et leurs citoyens et entre les gouvernements nationaux et la communauté internationale de donateurs.
by soapbox | Jul 1, 2007
Much of this issue focuses on the legislature’s role in the budget process. Legislatures have always been a key partner for civil society organizations monitoring public budgets, and while these partnerships are not always easy, they have yielded important results and valuable lessons.
In June 2007, the International Budget Partnership and the London School of Economics brought together civil society organizations, legislators, and donors to reflect on the status and lessons of collaboration between civil society and legislatures in budget work. This issue covers that conference, as well as a recent multi-donor conference on strengthening legislatures’ financial scrutiny. This issue also covers the current impasse between Malawi’s legislature and executive concerning the 2007 national budget, as well as public hearings in Kenya that are helping civil society hold members of parliament accountable for funds entrusted to them for the development of their constituencies.
This edition of the IBP newsletter also provides updates on budget groups in Mexico, Nigeria, Nicaragua, and the Kyrgyz Republic. Under New Publications and Training Updates you will find a review of Paul Collier’s new book The Bottom Billion, a recent National Democratic Institute publication on legislatures in resource-rich countries, and an annotated bibliography of additional resources in the IBP’s electronic library.
Summary of the Proceedings of the Workshop Legislatures and Civil Society Reconsidering Strategic Relations in the Budget Process, London
Legislatures have always been a key partner for CSOs monitoring government budgets. These partnerships have however not been devoid of difficulty. In order to reflect on the state and lessons of civil society – legislature relationships with regard to the budget, the International Budget Partnership (IBP) and the London School of Economics (LSE) hosted a workshop on ‘Legislatures, Civil Society and the Budget Process’ at the LSE in June this year. This workshop is the second of a series of thematic reflections on key aspects of applied budget work that are intended to support experienced budget groups.
The workshop provided a unique opportunity for civil society groups in the IBP network to learn from each other, from members of the legislature, from academics and from international organizations supporting legislatures. Its aim was to contribute to the strategic rethinking of the civil society relationships with the legislature. As part of this reflection Fundar (Mexico), ISODEC (Ghana), Adva (Israel), CIPPEC (Argentina), and IPF (Croatia) presented their experiences of engaging with legislatures.
Reflecting on the experiences of civil society groups, participants agreed that the central challenge is to engage with the political and party political dynamics that form a central part of legislatures’ decision-making processes. Similarly workshop participants further identified a number of factors that limit the relationship between themselves and legislatures. Very few legislatures have the skills and the resources to support their budget oversight role and to provide meaningful interaction during budget debates and committee hearings with the executive. Legislatures also often do not take up the full extent of their legal and constitutional power because of the role of other actors such as political parties, strong ministries of finance, international financial institutions and the private sector. In many cases these ‘external influences’ prove to be stronger than the influence of the electorate and as a result the legislature’s incentives to provide independent scrutiny of the executive is diluted. These ‘external influences’ therefore hamper the extent to which the information provided by civil society is utilized, and dilutes the full potential of legislative oversight.
Joachim Wehner, lecturer at the LSE, reminded participants of the central role that institutional arrangements continue to play in the ability of the legislature to provide independent oversight of the budget process. The familiar institutional constraints include the nature of amendment powers, time or legislative scrutiny, structure of the committee system, access to budget information, etc.
In addition to the weaknesses of legislatures the weaknesses of civil society were also explored. Scott Hubli of the United Nations Development Program (UNDP) remarked on the underdeveloped civil society advocacy strategies which hamper the effectiveness of our relationship with legislatures. He argued that more attention should be given to engaging with party caucuses and to developing civil society workers that specialize in engaging with the legislature. Civil society could also take greater advantage of non-budget opportunities for changing budget priorities such as PRSPs and the MDGs.
Despite these limitations, workshop participants agreed that legislatures remain a strategic core relationship for successful civil society budget work; as Scott Hubli puts it: “It sometimes works.” In the short term the relationship with legislatures continue to provide access to information and provides opportunities to influence specific budget allocations, to monitor budget execution and auditing, and to curb corruption and excesses. In the long term this relationship provides the opportunity for democratic participation in the budget process and opportunities for legal reform for greater transparency and accountability.
Experts from the National Democratic Institute and the UNDP also emphasized the historical opportunity that is currently provided by the growing interest amongst a range of international actors to strengthen parliamentary fiscal scrutiny. Combined with the growing interest (and success) of civil society budget work, this bodes well for a more strategic and developed thinking for civil society relations with the legislature.
The IBP is planning to continue the reflection on how to strengthen the relationship of civil society and legislatures over the next two years. A part of this reflection will investigate how to better coordinate civil society budget work and legislature support. The reflection will also look at how CSOs can be supported to engage with legislatures more effectively.
Summary of the Research on Parliament Presented at the London Workshop and Reactions from CSOs in Argentina, Croatia, and India
As a follow-up to the London workshop, the IBP asked Laura Malajovich of CIPPEC in Argentina, Subrata Dutta of BARC in India, and Katarina Ott of the IPF in Croatia to reflect on the possible applications of Wehner’s research for CSOs.
In his paper Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions Wehner compares parliamentary capacity for financial scrutiny on the basis of an index using data for 36 countries from a 2003 survey of budgeting procedures. The index captures six institutional prerequisites for legislative control, relating to amendment powers, reversionary budgets, and executive flexibility during implementation, the timing of the budget, legislative committees, and budgetary information. Various methods of index construction are reviewed. The results reveal substantial variation in the level of financial scrutiny of government by the legislature among contemporary liberal democracies. The U.S. Congress has an index score that is more than three times as great as those for the bottom nine cases, predominantly Westminster systems. Even allowing for US exceptionalism, the top quartile legislatures score twice as high on this index as the bottom quartile. These findings suggest that the power of the purse is a discrete and non-fundamental element of liberal democratic governance. For some countries it is a key safeguard against executive overreach, while others maintain a constitutional myth.
Ott pointed out that an understanding of other countries’ parliaments and their budget powers, as well as other countries’ best practices, can help a country strengthen the budgetary powers of its own legislature. Wehner’s index of legislative budget institutions offers the possibility to make such cross-country comparisons and learn from other countries’ experiences.
Malajovich argued that having the appropriate legislation and institutions provides a starting point for CSOs to work with the legislature to create a more transparent budget process. “Appropriate legislative budget institutions are a good basis to start building up a strategic relationship between the legislature and CSOs. They are, however, only one dimension of the complex process of budget politics.”
Dutta pointed out some of the results of a weak institutional environment in the Indian state of Rajasthan: “The Public Accounts Committee (PAC) is currently dealing with the audit reports of 2002-03. This means that the present executives essentially have a free hand with the current budget, since the committee is busy with the budget of several years ago. Moreover, the present PAC chairman was a minister in the government that was in power from 1999 to 2004. How can this chairman find problems in the 2002-03 budget?”
According to Ott, Wehner’s index can be useful to CSOs in many ways. First of all, it gives them a benchmark to compare their country with other countries and see what gaps exist in its laws concerning legislative oversight over the budget process.
CSOs’ next step should be to advocate for legislation to eliminate those gaps, working together with the legislature. The legislature’s engagement here is essential: the legislature must “own” the need to enhance its institutional capacity to control the budget. Often, legislators believe that the budget is too technical for them to deal with and that concentrating budget powers in the executive would be more efficient. Trying to create consensus in the legislature to create and enact needed legislation will be one of CSOs’ main challenges.
Once the necessary legislation is in place, argued Ott, CSOs should point out instances where it is not being applied properly. Most developing countries that have the proper institutional framework do not implement these laws correctly, sometimes because of political issues or lack of capacity.
Ott added that “Measuring the budget research capacity of a legislative body by the number of professionals engaged does not seem appropriate, as bigger countries could be expected to have more professionals involved. Five competent people in a 4-million-person country like Croatia might mean more than 50 equally competent people in the U.S.” Dutta agreed, adding that in a poor country the legislature may find it difficult to afford to employ 230 researchers, as the U.S. Congressional Budget Office does.
In response to Wehner, Ott stated: “If the legislation exists and it is being implemented, the question for CSOs should be whether the legislative budget institutions are enough to allow the Congress to influence the budget.” Many times, even with the appropriate legislation, the executive still makes most budget decisions. In such cases, CSOs need to work together with the legislature to enhance budget transparency and accountability.
Malajovich agreed: “Unfortunately, parliaments sometimes do not fully exercise the few powers they have, and sometimes they are limited by a strong executive or party discipline.” These problems can cause legislators to remain uninvolved in budget issues, which in turn lead to limited skills and resources. Lack of accountability and ethics among legislators can worsen the situation further.
Malajovich also noted, “Even if legislatures are not interested in budget issues, some political parties might be, and that could bring CSOs a step closer to the parliament’s door. We should not lose time discussing whether it is better to work with MPs or with political parties, because MPs will vote as their parties tell them to vote.” Perhaps CSOs should pay more attention to political science, sociology, and psychology than to economics or public administration, since even countries with good institutional environments sometimes suffer from weak participation and accountability.
In fact, a developing country could have an “ideal” legislative institutional framework, but this will not automatically lead to an effective role for the legislature in overseeing budget decisions. If we have the institutions, what can we do to improve their functioning? How can we work with the legislatures to strengthen their role and enhance their capacity to oversee the budget? In the months that follow, the IBP will coordinate further CSO reflections to refine our answers to these fundamental questions.
To read the article Assessing the Power of the Purse: an Index of Legislative Budget Institutions by Joachim Wehner, go to:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Assessing-the-Power-of-the-Purse-An-Index-of-Legislative-Budget-Institutions.pdf.
Donors Discuss How to Strengthen the Role of Parliament in the Budget Process
The U.K. Department for International Development (DFID), the United Nations Development Program (UNDP) and the World Bank Institute (WBI) organized a two-day meeting from 21-22 May in Brussels for the donor community to share recent experience and lessons learned on parliamentary development, with a particular focus on financial accountability. The consultation focused on donor approaches to parliamentary strengthening, including around the budget process – as well as donor lessons on what works in legislature support, what doesn’t and why. Special consideration was given to how donor support can be harmonized and aligned with country priorities, identifying the sources of demand from such work and the political interests and incentives at play.
During the first day of the consultation presenters shared reviews and evaluations on parliamentary development and discussed measures and standards of parliamentary performance. The second day will focus on lessons learned in strengthening the role of parliaments in ensuring financial accountability and budget oversight. In addition, the second day included a discussion of mechanisms for continuing an exchange among donors on the issue of lessons learned on parliamentary development. During the second day the IBP presented some of the lessons that it and its partners have learned in working with legislatures.
At the meeting it was decided to:
- Develop good practice principles for donor support to parliamentary strengthening, especially in the context of direct budget support.
- Establish an informal donor contact group on parliamentary strengthening.
- Hold regular structured consultative meetings to discuss donor approaches to parliamentary strengthening.
- Pilot an on-line ‘knowledge hub’ on parliamentary strengthening.
- In the longer term, share results and good practice principles with the OECD DAC Network on Governance (GOVNET) and encouraging GOVNET to consider parliamentary strengthening as part of its next work program.
The meeting was attended by delegates from the donors providing legislature support (UNDP, DFID, the World Bank Institute and others), academics doing research on legislatures (Joachim Wehner, Alan Hudson, and Steve Fish), legislature support foundations (IPU, Westminster Foundation, etc) and NGOs (IBP and the Parliamentary Center).
The agenda, participants, and a report on the conference are available at: http://www.gsdrc.org/docs/open/PO56.pdf.
For more information, contact Albert van Zyl [email protected].
“Twataka Pesa Zetu” (We Want Our Money): A Public Hearing on Kenya’s Constituency Development Fund? by Sowmya Kidambi and Vivek Ramkumar
Since 2005, Muslims for Human Rights (MUHURI), a nongovernmental organization based in Mombassa, Kenya, has been monitoring expenditures made under Kenya’s Constituency Development Fund (CDF). MUHURI has developed strong contacts with communities that benefit from CDF expenditures and has used their assistance to identify problems in the CDF’s implementation.
Under the CDF, which was established in 2003, every Member of Parliament (MP) is entitled to allocate approximately $1 million a year to support development projects in his or her constituency. The CDF has become a popular but controversial program and receives substantial media coverage, including praise for its potential but also complaints about corruption and mismanagement. While the CDF was designed to involve community participation in the selection of development projects and the management of CDF funds, in practice the fund’s management is shrouded in secrecy and lacks public accountability.
In August 2007, MUHURI organized a national-level training sponsored by a grant from the Open Society Initiative of East Africa. Held in Mombassa, it was attended by 60 participants drawn from 15 organizations working throughout Kenya. During the week-long event, the IBP and the Indian NGO Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) — which pioneered the development of public budget hearings in the Indian state of Rajasthan — conducted a comprehensive training program on the CDF’s management and ways to monitor CDF projects and expenditures.
Working with documents such as bids submitted by contractors for CDF projects, letters issued to contractors specifying contract awards, and minutes of meetings of the committee that manages CDF funds, training participants collated this information into simplified formats that made it possible to identify problems such as inflated costs or preferential selection of contractors. These simplified analysis forms also allowed attendees to identify instances in which project records were incomplete.
Participants then used the forms, along with a standardized questionnaire, to visit project sites to assess whether each project was completed according to the specifications provided in project documents. They discovered a large number of discrepancies, including inadequate and misreported construction methods and materials.
During their site visits, the training participants also met with residents living near the CDF projects and invited them to review CDF project records. These meetings gave members of the public the chance to comment on the accuracy of project records as well as the quality of CDF-funded projects. Many of these discussions uncovered facts or concerns that the project records alone did not (or could not) reveal, including additional cases of misreported construction methods and lack of transparency. Participants prepared summary sheets based on their findings from the site visits, which formed part of the report MUHURI later submitted to CDF officials.
A second goal of the MUHIRI training was to help prepare for a day-long public hearing on the CDF. Held on August 26, 2007, the hearing was attended by approximately 1,500 people, including residents of the local Changamwe constituency. The formal program began with the arrival of local CDF officials bringing hundreds of documents on CDF projects undertaken in the past three years. This in itself was a remarkable event, as it marked the first time that CDF officials in that constituency (and probably in the entire country) had felt the need to present local residents with information on CDF-supported projects.
The training participants read out the findings of their investigation of CDF-funded projects and invited residents ask questions of the CDF officials present. Faced with a barrage of questions, the CDF officials hurriedly rang the local MP, who soon arrived at the venue. Initially, the MP tried to control the public hearing by speaking about the achievements of his CDF projects. Unconvinced, the crowd posed questions about alleged mismanagement of funds until the MP agreed that these problems would be investigated.
MUHURI staff then brought out a white cloth approximately 50 meters in length containing a petition with demands for improving the CDF’s management, which everyone at the meeting was asked to sign. The MP initially refused to sign but eventually bowed to public pressure, signing the petition that included a demand for the right to information that he had previously opposed.
After the meeting, participants in the earlier training met to discuss the lessons they had learned and to formulate a national advocacy strategy to improve the CDF’s management. For its part, MUHURI expressed an intention to hold similar public hearings in eight other coastal constituencies.
Significant follow-up is needed to ensure that the public resolutions adopted during the event and the problems identified by the public at the hearing feed into a national advocacy campaign. Only such a campaign can support the creation of a sustainable movement that can effectively demand improvements in the CDF.
The Changamwe CDF public hearing demonstrates how civil society organizations can use an innovative and citizen-centered methodology to hold public officials accountable for the use of public resources. If and when this happens, Kenya might just see a real improvement in structures!
For more information, contact Sowmya Kidambi of the MKSS at [email protected] or Vivek Ramkumar of the IBP at [email protected].
Suspension of Malawi’s 2007-08 Budget Debate and Responses from Civil Society Budget Experts
Malawi’s finance minister presented the government’s 2007-08 budget statement to Parliament on June 29, just one day before the start of the financial year. Parliament is supposed to deliberate on the budget within 21 working days but did not meet until August 13 and failed to reach an agreement on the budget, as a political dispute threatened to cut off key government services.
The dispute occurred when MPs supporting President Mutharika joined his newly formed Democratic Progressive Party (DPP). Members of the opposition parties argued that under the constitution, MPs who switch parties should be forced to vacate their seats in Parliament, and when one of the affected MPs obtained a court injunction restraining the speaker from declaring the MPs’ seats vacant, the opposition reacted by boycotting the budget debate.
In early August, President Mutharika ordered all MPs to reconvene and pass the budget in its entirety. In response, opposition MPs obtained a court injunction allowing them to ignore the President’s order. This raised turmoil among Malawians from all walks of life. Finally, MPs reached a consensus to set the issue aside temporarily and start the budget discussion.
Repercussions of Delaying Passage of the National Budget
The Civil Society Coalition for Quality Basic Education (CSCQBE) regards Malawi’s 2007-08 budget as a pro-poor budget, as it includes expenditures that are likely to address the needs of poor Malawians. However, the budget delay may have several negative impacts.
First, the delay will likely affect farmers’ purchase of fertilizer, which needs to be distributed on time. Most Malawians are small farmers who rely on government-subsidized fertilizer. The government’s successful fertilizer-subsidy program has been cited as one of the main reasons for the recovery of Malawi’s agricultural sector after a drought in 2005 left almost 5 million people in need of food.
Second, the delay will likely affect the timely procurement and distribution of teaching and learning materials for the 3.3 million children in Malawian public schools. Primary education is free in Malawi, so pupils are supposed to be supplied with basic teaching and learning materials, but those materials will arrive late because of the budget delay. Also, Malawian schools have been heavily affected by staff shortages, so the new budget includes provisions to train more teachers and increase teacher salaries, but these provisions will be delayed as well.
Third, the budget delay risks denying the Malawian people their right to quality and affordable medication. Malawian hospitals already face acute shortages of drugs and medical personnel.
Fourth, the delay has prevented the government-funded University of Malawi from admitting new students.
Civil Society’s Response
Many members of civil society called on Parliament to pass the budget before dealing with the controversy over the DPP members. Among other actions, citizens:
- camped out for 14 days and nights singing and petitioning MPs to address the budget
- wore purple ribbons in support of the budget
- joined in a “whistle and hoot” campaign to call for action on the budget
- delivered petitions to district officials on behalf of the budget
- sued Parliament for protection of their rights to development
- issued press statements to express their concern in daily newspapers
These efforts were designed to convince MPs of the budget’s importance and point out that failure to approve the budget would affect the delivery of services such as health care, road maintenance, and subsidized fertilizer.
In addition, CSCQBE issued an analysis highlighting several issues in the education budget that need to be examined before the budget is passed. They include:
- Special needs education: Although more than 40,000 children with special needs are registered in Malawian primary schools, the government continues to ignore the importance of special needs education and in fact has reduced the allocations for this area by 60 percent. CSCQBE has called on the government to make special needs education a priority and increase funding to buy specialized equipment, train more teachers, and strengthen administration.
- Special needs education: Although more than 40,000 children with special needs are registered in Malawian primary schools, the government continues to ignore the importance of special needs education and in fact has reduced the allocations for this area by 60 percent. CSCQBE has called on the government to make special needs education a priority and increase funding to buy specialized equipment, train more teachers, and strengthen administration.
- Science and technology: The Department of Science and Technology appears twice in the budget, under two different ministries. Thus, it is unclear which functions and operations are covered by each allocation — and whether two allocations for the same department are even necessary.
- Decline in allocations to some school districts: Although most districts’ funding allocations would increase under the new budget, others would face cuts, and some districts with large numbers of schools would ended up getting fewer resources than other districts with fewer schools. CSCQBE recommends that the government adopt clear criteria for the distribution of resources based on the number of schools.
- Transparent flow of resources: A survey conducted in the schools and the school supplies unit revealed that the government has not provided any teaching and learning materials since 2004. CSCQBE is calling for the transparent use of these funds so that more such materials will be procured.
For more information, contact Clara Chindime or Donald Kebabe at CSCQBE ([email protected]), Chrissie Kafundu at CFSC ([email protected]), or Limbani Elia ([email protected]).
Mexican NGOs Advocate to Improve Oil Company Practices to Support Local Social Development: The Case of Tabasco, Mexico by Rocío Moreno
Since 2006, Fundar has monitored the flow and use of resources derived from the oil company PEMEX to support social development in Mexico’s oil-producing states.
Fundar identified Asociación Ecológica Santo Tomás “Santo Tomas Ecological Association” as a local partner to work in the state of Tabasco, and requested relevant information through the Federal Law of Access to Information. Asociación Ecológica Santo Tomás also requested information at the local level, though there is no local law guaranteeing public access to information. Throughout the process, Fundar and Santo Tomás met several times with PEMEX and local authorities to obtain accurate information.
Over the course of a year the two groups analyzed data and prepared two reports describing irregularities in the use of oil revenues. Several events in the weeks following the reports’ publication validated the importance of the findings: Mexico’s Congress requested a formal audit of the resources distributed by PEMEX, and PEMEX announced new mechanisms to strengthen transparency and accountability in the distribution of resources.
The following logbook gives a sense of the impact that Fundar and Santo Tomás have had.
TABASCO
During a July 31 press conference, “Asociación Ecológica Santo Tomás” presented a report entitled “Grants and Donations of PEMEX to Tabasco,” which received coverage in several local newspapers. Although the response from local authorities was mostly negative and geared to discredit the organization, opinion leaders asserted the report’s validity and importance.
Following the release of the report, the Energy Commission of Tabasco’s Congress asked the government official responsible for re-allocating PEMEX resources to Tabasco municipalities to appear before Congress and explain how those resources were being used. In addition, a member of the Mexican Congress’s Energy Commission requested a meeting with Santo Tomás to discuss the report with his commission.
MEXICO CITY
Following up on the Santo Tomás strategy, Fundar issued a report entitled “The Law for Access to Public Information as a Tool for Social Accountability? The Case of PEMEX in the Development of Oil Producing Communities.” Fundar helped disseminate the report’s findings in an August 3 interview with the national newspaper El Universal. Two other national newspapers — La Jornada and Reforma — covered the report as well.
In addition, Fundar sent the report to PEMEX’s Social Development Corporate Management Office to obtain any clarifications on the information presented. The office expressed interest in the study and requested an official presentation of its findings.
Fundar also prepared a press release for legislators explaining its findings, and on August 9, the Federal Permanent Legislative Commission commented on the study and legislator contacted Fundar for further information on the report.
On August 24 Fundar participated in a radio program dealing with the use of PEMEX revenues for social development. (PEMEX was invited to the program but refused to participate.)
On August 27 Fundar met with the technical secretary of the Mexican Congress’s Energy Commission, to request a hearing to present both studies Congress.
On August 28 a member of the Public Finance Commission contacted Fundar for information on the study and its proposals.
On September 3 a member of the Tabasco legislature’s Energy Commission introduced an initiative requesting an official audit of the resources PEMEX has allocated in Tabasco. The following day, this legislator also asked Fundar for more information on its findings.
On September 5 PEMEX announced that it would strengthen its transparency mechanisms by establishing new guidelines for the allocation of grants and donations. Most of the new steps announced by PEMEX were identical to proposals in the studies by Fundar and Asociación Ecológica Santo Tomás.
For more information, contact Rocío Moreno at [email protected].
Enhancing Transparency and Accountability through Participatory Budgeting at the State and Local Levels in Nigeria by Austin Ndiokwelu
Responding to the need to promote transparency and accountability in public revenue and expenditure processes — especially at the state and grassroots levels — the Justice, Development and Peace Commission (JDPC), Lagos, has embarked on a project entitled “Enhancing Transparency and Accountability through Participatory Budgeting at the State and Local Government Area Levels in Lagos State.”
The project, conducted with support from the Heinrich Böll Foundation, focuses on three pilot Local Government Areas (LGAs): Ajeromi/Ifelodun, Mushin and Lagos Island.
The project formally commenced with a two-day training for 30 high-ranking LGA officials to help them appreciate the importance of involving the electorate and community-based groups in every stage of the budget process. The training’s topics included:
- an introduction to the budget process
- the public expenditure management process
- the basic concepts of NEEDS, LASEEDS and LEEDS [local Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs)]
- participation in the budget process
- LGAs, service delivery, and the Millennium Development Goals
- best practices in participatory budgeting
Similarly, JDPC facilitated a series of two-day workshops for community-based organizations in each of the three pilot LGAs. More than 100 representatives from grassroots groups were trained on the basics of the budget process and how they could participate in it effectively.
Following these successful workshops, concerned groups came together to form community-based coalitions in each of the three LGAs to promote budget monitoring and good governance. The coalitions are working to engender community participation in the entire budget process and improve the general governance of the community.
Having worked separately with LGA officials and community-based organizations, JDPC next sought to bridge the gap between the two sides by facilitating town-hall meetings in each of the three LGAs to bring both sides together in a common forum.
In addition, JDPC administered a questionnaire to 2,000 residents in each of the three LGAs to assess the delivery of government services in each area, and it devoted two issues of its “Budget Track Newsletter” to budget analysis and applied budget work at the local and state governments in Lagos State.
Successes and Impacts
The project has helped establish a growing partnership between JDPC and the LGA administrations, the Ministry for Local Government Affairs in Lagos State, and community-based organizations in the three pilot LGAs. It also has helped establish grassroots coalitions on budget monitoring and good governance in the LGAs. These coalitions are expected to sustain the gains made so far and promote transparency, accountability, and people’s participation in the budget processes at the local level.
The survey on service delivery helped to expose areas of progress in each LGA, as well as areas where efforts are deficient. The “Budget Track Newsletter,” with its lucid analysis of budget trends and income and expenditure profiles in relation to the government’s stated human rights obligations, has provided further insight into local governments’ budgeting and expenditure patterns and how they affect residents.
Challenges
There is mutual mistrust between the elected and the electorate at all levels of governance in Nigeria, as the town-hall meetings facilitated by the JDPC in the three LGAs demonstrated. The sessions proved stormy, and at times it took the people-management skills of the JDPC facilitators to prevent emotions from overflowing.
In addition, JDPC has identified a number of early problems faced by the community-based coalitions this project has promoted. But since budget analysis, monitoring, and advocacy are relatively new fields in Nigeria, and much of the public is unaware of their political, civil and socioeconomic rights, these problems are not unexpected.
Next Steps
To extend the gains made in the first phase of the project, JDPC will soon begin a second phase, which will focus on building the capacity of the community-based initiatives to conduct effective advocacy and to strengthen coalitions around budget work.
JDPC also plans to publish in book form the results of its research on service delivery within the LGAs.
For more information, contact Austin Ndiokwelu at [email protected].
The Budget Process and Civil Society Participation in Nicaragua by Dayra Valle Orozco
In Nicaragua, civil society plays only a limited role in budget decisions. Although public officials have an obligation to be transparent and accountable to society, the national budget is prepared exclusively by the executive and kept secret until it is introduced to the national assembly.
In January 2007 a new budget cycle was launched with a provisional budget that lasted until March, when the final budget was approved. It has become common in recent years for the government not to have a definitive budget for the year; this has impeded the fulfillment of programs in key social sectors like health and education. In the first part of 2006, for example, the government’s failure to deliver on a promised salary raise for health workers paralyzed the delivery of health services, severely affecting the population.
Civil Society Efforts to Open Up the Budget Process
Some Nicaraguan civil society organizations (CSOs) have tried to participate in the budget process. In 2006, for example, Coordinadora Civil (an organization that prepares analyses on the public debt) and the National Council for Economic and Social Planning (CONPES) presented a series of budget recommendations to the president. Among other things, they urged the president to:
- present total fiscal and non-fiscal revenues clearly and transparently
- prioritize national resources to address needs in sectors like health, education, infrastructure and basic services (water, energy and welfare), and welfare
- establish cooperation between the central government and regional and municipal governments regarding sector and national investments
- develop criteria to distribute budget resources equitably across regions and municipalities
- obtain the budget savings to pay for increased social spending through steps such as restructuring the domestic debt, and cutting unnecessary spending
The groups’ recommendations did not produce any concrete results, in part because the financial agreements Nicaragua has signed with international organizations such as the IMF include specific conditionalities for lending that do not allow such modifications.
Congressional Efforts
During the March budget debate, congressmen from the opposition party proposed changes in the executive’s budget proposal to address problems such as:
- the lack of citizen participation in the budget, despite the Law on Citizen Participation and the Organic Law of the National Assembly
- the budget’s failure to include international loans
- the allocation of government funds to associations and foundations with very close ties to political parties and congressmen
- the indication that a large portion of the budget would be used to pay Nicaragua’s public (internal and external) debt, in particular its onerous bank debt
Congress, however, approved the budget without taking these proposals into consideration.
Moreover, while Congress’s consideration of the budget is supposed to offer opportunities for civil society participation in the budget process, this was not the case in 2007. The budget was introduced and approved in a record 15 days, and the public did not have timely access to the budget document.
The Work of IEEPP
The Institute for Public Policy and Strategic Studies (IEEPP) publishes a newsletter, Presupuesto Ciudadano, designed to facilitate public participation and citizen audits on budget issues by making budget information more accessible to citizens, decision makers, and CSOs. The issues for the current year cover different budget angles, and each issue will include information to enhance budget and social audit literacy.
IEEPP believes that CSOs’ role should be to counterbalance the power of the state and influence public policies related to the budget. To achieve these goals, CSOs should push for an agenda that includes: budget transparency, the strengthening of simplified and effective accountability mechanisms, and the promotion of online government, greater understanding of (and information on) how public programs operate, and constant oversight of the government’s budget and spending priorities.
One of the main findings of IEEPP’s budget work to date has been that the health and education budgets do not include goals and indicators to be met under the approved budget. Nor do they include targets tied to the Millennium Development Goals. Hence, there is no clear way to measure inputs and outputs in these areas.
For more information, contact Dayra Valle Orozco [email protected].
Promoting Transparency in the Budget Process in the Kyrgyz Republic by Nurbek Toktakunov
Since 1994 the Kyrgyz Republic has adopted several laws to open up the budget process, such as by mandating the release of regular reports related to budget execution and improving public access to budget information. Unfortunately, these reforms have not been fully integrated into the budget process.
To improve public participation in the budget process, the Kyrgyz Republic must overcome two important obstacles. One is the fact that many citizens do not understand that public funds are public property and that they are therefore entitled to “look into the government’s pockets.” The other is the prevailing myth among government officials that distributing public resources is the government’s exclusive privilege.
There are some signs of progress, however. For instance, several important initiatives aimed at involving civil society in the budget process are taking place, supported by international agencies in cooperation with high-level Kyrgyz authorities. Within the framework of the budget dialogue supported by the Soros Foundation Kyrgyzstan, for example, key events during the budget process are now broadcast on national television and radio. In addition, a series of seminars and workshops on budget issues has been held for NGOs, especially those that represent remote areas of the country. Also, with the support of the Urban Institute, public hearings have been held to discuss issues related to local budgets in many areas of the country. And the UK government, through its development agency DFID, has supported the establishment of the “For Budget Transparency” alliance between NGOs and the government.
It is to be hoped that the government’s current support for these efforts is not intended merely to comply with international commitments but also reflects a genuine understanding of the importance of budget transparency for the Kyrgyz people.
For more information, contact Nurbek Toktakunov at [email protected].
Paul Collier’s The Bottom Billion. A Review by Albert van Zyl
Much of the recent discussion over development policy has been dominated by the debate between Jeffrey Sachs and William Easterly. In The End of Poverty, Sachs argued that a large, one-time infusion of aid would allow poor countries to launch sustainable growth; in The White Man’s Burden, Easterly described the limits of what aid can do. Paul Collier’s The Bottom Billion significantly enhances this debate by addressing some of the harder questions that neither Easterly nor Sachs has dealt with.
Collier argues that poverty among the world’s 1 billion poorest people has unique characteristics and cannot be approached in the same way as poverty among the other 5 billion people who live in developing countries. This, he says, is because the countries that contain the “bottom billion” poorest people are stuck in one or more of the following “poverty traps” that prevent them from growing their way out of desperate poverty:
- the conflict trap
- the natural resource trap (the so-called “resource curse”)
- being landlocked and having “bad neighbors”
- bad governance
Collier’s extensive research illustrates the devastating impact that each of these traps has on the economic growth of the countries that house the bottom billion. Without significant outside intervention, these countries — most of which are in Africa — cannot emerge from these traps. In fact, they are likely to regress. Collier’s argument that these countries’ problems cannot be explained by a single factor (such as their history, trade policy, or conflict) but rather reflect a set of interacting variables is an important contribution to the development debate.
While aid has a role to play, Collier argues that “Aid alone will not solve the problems of the bottom billion — we need to use a wider range of policies.” This is where Collier provides us with a more nuanced picture than Sachs, Easterly, and others. Collier proposes a package of tools: aid, trade policy, military intervention, and laws and charters. Each of these is discussed below.
Collier estimates that over the last 30 years, aid has added only 1 percent to the annual growth rate of the bottom-billion. Admittedly this is significant in the context of many of these countries, but it hardly lives up to our expectations for aid. Collier argues that aid for the bottom billion should be reorganized and retargeted. Aid needs to be retargeted because, for example, it can be most effective in countries stuck in the bad governance trap, where it can provide the incentives, skills, and reinforcement to support incipient reform efforts. In countries stuck in the resource trap, in contrast, aid is fairly impotent. The reorganization of aid, for example, would mean that post-conflict countries should receive large amounts of aid only after some level of governance has been established, not immediately after conflict ends, as is currently the case.
On the issue of trade, Collier argues that the bottom billion have largely missed out on the advantages derived from wage differentials, which have propelled China and South East Asia into the world economic system over the last 20 years. Despite his extensive analysis of how marginal economies can benefit from global economic growth, he is ultimately quite skeptical of this happening anytime soon. Collier concludes that trade policy is likely to have an impact on development only in the bottom-billion that are stuck in the bad governance trap, not those stuck in the other three gaps.
One of Collier’s most controversial arguments is his advocacy of military intervention in support of development. Despite the ineffectiveness and unpopularity of interventions such as that in Iraq, he contends that interventions can help the bottom billion by restoring order, maintaining post-conflict peace, and preventing coups. Despite Collier’s eloquent argument, this chapter is unlikely to find a ready audience, given recent history. Collier stresses the need for interventions to have political legitimacy, but it is very hard to see how this requirement could be met in light of the political opportunism that has characterized military interventions over the last half-century.
Collier’s discussion of the role that laws and charters can play in development is one of the book’s most innovative features. Collier argues that initiatives like the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), the Kimberley process to stem the flow of conflict diamonds, and the EU’s acquis communautaire (body of European laws) show that norms and laws have the potential to strengthen civil society, reform-minded politicians, and other development actors. Collier proposes five charters to support development:
- A charter for natural resource revenues that would build on the work of EITI and Publish What You Pay (PWYP).
- A charter for democracy that would set a standard for democratic checks and balances that goes beyond ‘free and fair’ elections. Collier puts particular emphasis on the role of the news media — radio in particular — in keeping regimes honest.
- A charter for post-conflict situations that would guide the behavior of donors and the international security regime. Controversially, Collier argues that post-conflict countries should be put under “probation” for a period and should be granted full sovereignty only after they have made significant progress on the governance and security fronts.
- A charter for investment that would guide the governments of poor countries in their treatment of both domestic and foreign investors.
- A charter for budget transparency. While it is refreshing that Collier acknowledges the role of budget transparency in development, this section is disappointingly superficial and does not go much beyond the often repeated discussion of the World Bank’s public expenditure tracking survey work in Africa. Inclusion of the work of the IMF, OECD, and IBP would allow the development of a much more extensive charter on budget transparency than what Collier acknowledges. These charters could usefully be supported by regional formations such as the African Union, the Economic and Monetary Community of Central Africa, (CEMAC), West African Economic and Monetary Union (UEMAO), and Southern African Development Community (SADC). Civil society would benefit enormously from an internationally accepted set of benchmarks on budget transparency and participation.
Collier’s book is important for the budget community for a number of reasons. First, he provides an interesting and well-researched framework within which budget work can be situated. His research on how aid is used in the budgets of countries where the bottom-billion lives, for example, provides invaluable analysis of the allocation problems to which aid can expose countries. (Unfortunately, while Collier’s arguments in the book are largely based on his own voluminous research, the book omits footnotes for readability’s sake, which prevents readers from looking at this background research.)
Second, Collier presents useful research on how countries use natural-resource rents and on the weaknesses in public and private infrastructure investment. His discussion of the role of charters also provides interesting perspectives on how civil society work on budget transparency and participation can be “scaled up” to play a more prominent role in broader development debates.
Third, Collier emphasizes the importance of strengthening governance checks and balances in fragile societies. Simply having an election does not ensure good governance in the future, he notes, because elections determine who governs rather than how they govern. Collier’s argument provides strong support for efforts to strengthen the institutions that ensure budgetary checks and balances, such as audit institutions, legislatures, the media, and indeed civil society itself, though he does not go to this level of detail.
If you have comments on this review or Collier’s book, please send them to [email protected] and we will publish them together in the next edition of the newsletter. Other reviews of The Bottom Billion can be found at:
- The New York Times: http://www.nytimes.com/2007/07/01/books/review/Ferguson-t.html?ex=1187928000&en=4cae82039ff0aaf3&ei=5070
- The Financial Times: http://www.ft.com/cms/s/4858ed7e-0178-11dc-8b8c-000b5df10621.html
- The Economist: http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=9581576
- The American Prospect: http://www.prospect.org/cs/articles?article=help_beyond_aid
- The Guardian: http://books.guardian.co.uk/reviews/politicsphilosophyandsociety/0,,2099345,00.html
- The Center for Global Development: http://www.cgdev.org/content/general/detail/14379
A Report on Paul Collier’s Recent Presentation at the Brookings Institution
On September 25th Paul Collier gave a presentation of his book at the Brookings Institution. Here Collier began by reviewing how and why he differentiates the bottom billion from other groups suffering from underdevelopment and also why they constitute a critical group worthy of focus. Collier argued that his analysis suggests potential resource booms in Africa while potentially positive in the short term would be negative in the longer term if previous historical patterns held and reforms to the international system were not made.
Collier focused his comments on the potential of laws and charters and trade policy, and also felt it necessary to clarify his views on military intervention stating the intervention in Sierra Leone rather then Iraq was an appropriate model to emulate. Collier focused heavily on laws and charters as a way to establish standards which would allow countries to make better deals in regard to resource extraction. He also argued that the African Growth and Opportunity Act (AGOA) had been a success in some aspects and that there is great potential for further advancement through trade if Africa was given a temporary phase of protection to have the chance to create clusters of industries.
Gobind Nankani – President of the Global Development Network and former Vice President for Africa in the World Bank – offered comments and criticisms of The Bottom Billion arguing that it overemphasized Africa to the exclusion of other very poor countries, while underemphasizing the role of the African Union and internal country factors in advocating for reform. Charles Griffin – Brookings Senior Fellow – also questioned why lack of education was not included as a trap preventing countries from escaping poverty. Collier expressed agreement with many of Nankani’s comments and emphasized that The Bottom Billion was not intended to be the final word of the subject. Most relevant to international budget work, Collier expressed apprehension about the prospects for positive internal political reform.
Collier concluded by responding to an audience question about what advice he would give the new World Bank President (Robert Zoellick) saying that he would suggest the World Bank stop focusing on being an aid agency and start focusing on being a development agency.
New Publications: Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives by Fundar and the Woodrow Wilson Center and Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature by the National Democratic Institute
Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives
On October 25, the Woodrow Wilson Center, together with IBP’s Mexican partner organization, Fundar, will present their new book: Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives.
In 2002, unusually diverse civil society and political forces came together to launch a remarkable transparency reform that gave Mexican citizens institutional tools to put the “right to know” into practice. This book brings together a wide range of civil society and
scholarly perspectives on lessons learned from the actual exercise of these newly won information rights. Seen through the lens of diverse electoral, political, economic, social, and environmental issues, public interest groups and academics share their experiences with both advances and limitations in wielding the power of information.
The event will include presentations by the four co-editors, including IBP’s Helena Hofbauer and Jonathan Fox, Libby Haight and Tania Sanchez, as well as Kate Doyle of the National Security Archive, Jorge Romero from Fundar and Juan Pablo Guerrero, one of Mexico’s Information Commissioners. The book will be made available free of charge, and is also available in Spanish at http://www.fundar.org.mx. For details on the event, go to: http://www.wilsoncenter.org/mexico.
Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature
In 2005, the National Democratic Institute (NDI) launched a program to improve the ability of African legislators in resource-rich countries to understand and respond to the political and economic challenges often posed by the exploitation of natural resources. To achieve this NDI conducted a survey in Angola, Botswana, Chad, the Republic of Congo, Ghana, Nigeria, Sierra Leone and South Africa to identify best practices and other strategies to promote transparency in extractive industries.
The report Transparency and Accountability in Africa’s Extractive Industries: the Role of the Legislature summarizes key findings of the interviews conducted and describes the challenges that African legislators face in overseeing their countries’ oil and mining industries. It also highlights best practices and offers recommendations for legislators, civil society groups, and the international community.
One of the report’s conclusions is that legislatures are uniquely positioned to mitigate the political risks that may be posed by natural resource exploitation. Informed and engaged legislators can also promote economic growth and development in ways that respond to the needs of civil society.
To read the report, go to: http://www.ndi.org/files/2191_extractive_080807.pdf.
New Materials in the Budget Library
Budget Process
Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions
By Joachim Wehner/ London School of Economics
This article presents an index that ranked 36 countries according to how much control the legislature has over the budget, based on the legislative budget institutions in each country. The article reveals substantial variation in the level of financial scrutiny of government by the legislature amongst contemporary democracies. A number of Wehner’s findings demand our attention. For example, the UK and Canada, both of which have (relatively) highly developed economies, fell into the bottom quartile of countries in terms of legislative control over the budget, alongside Chile and South Africa. Argentina and Mexico, meanwhile, were close to the top quartile, alongside Belgium and Germany.
Budget Transparency
Budget, State and People: Budget Process, Civil Society and Transparency in Angola
By Jan Isaksen, Inge Amundsen, and Arne Wiig, with Cesaltina Abreu/ Chr Michelsen Institute
This study aims to improve understanding of the state of budget transparency in Angola and indicate ways to expand transparency and openness. It describes the country’s budget process and points out its weaknesses. For instance, Angola’s supreme audit institution, the Court of Accounts, has only recently started functioning and needs to strengthen its capacity; the court has strong legal powers but has produced no audit reports as yet and remains largely unknown to the public. While civil society groups have had only limited participation in the budget process, the authors describe prime examples of successful budget work. These include the effort by the Conferencia Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) to pressure the government to subscribe to EITI principles and a more just distribution of Angola’s natural resource wealth, and the Catholic Relief Services’ participation in the Open Budget Initiative 2006.
ESCR-Budget Analysis
The Right to Work in Israel: A Legal and Fiscal Perspective (short version)
By Noga Dagan-Buzaglo/Adva Center
Since the mid-1980s, workers’ rights in Israel have eroded significantly as a result of the weakening of labor laws, economic changes that resulted in a polarized and precarious job market, and a weakened social safety net. This paper analyzes workers’ rights from both legal and fiscal perspectives. The legal discussion examines the scope of workers’ rights, assessing whether Israel’s labor laws adequately reflect international labor covenants the country has signed. The fiscal discussion examines Israel’s budget as a source of investment and job creation and as a financer of programs to protect workers’ rights.
The Right to Higher Education in Israel: A Legal and Fiscal Perspective (short version)
By Noga Dagan-Buzaglo/Adva Center
During the past decade, Israel has undergone a severe recession that has led to significantly reduced social spending, resulting in widened social and economic inequality. Against that backdrop, this paper seeks to integrate discussions on social and economic rights with those on fiscal policy in order to illuminate connections between the two areas and describe steps that can lead towards a more egalitarian society. By opening up such a discussion, the authors aim to empower civil society to become more involved in fiscal policymaking at both the federal and state levels.
Social Rights in Israel: Inferior Legal Status and Insufficient Budgets
By Noga Dagan-Buzaglo/Adva Center
This paper describes various rights articulated in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, to which Israel is a signatory, and evaluates the degree to which Israeli law and policies enforce them. It concludes that the state does not take adequate measures to fully protect its citizens’ right to health, social security, employment, and education, primarily because of budget cuts that have slashed social service funding.
Health
Mapping Multilateral Development Banks’ Reproductive Health and HIV/AIDS Spending
By Suzanna Dennis and Elaine Zuckerman/Gender Action
This report tests the commitment of multilateral development banks (MDB) to promoting reproductive health, preventing HIV, and treating AIDS. It analyses the quantity and quality of MDB funding for these sectors during 2003-06 and shows how MDB and International Monetary Fund policies have undermined achievement of the Millennium Development Goal targets concerning reproductive health and HIV/AIDS. It also shows that while donor policies include gender equality goals, these commitments are not reflected in budget allocations.
Does the IMF Constrain Health Spending in Poor Countries? Evidence and an Agenda for Action
By the Center for Global Development
Produced by a team of 15 experts drawn from policymaking positions in developing countries, academia, civil society, and multilateral organizations, this study explores criticisms of the IMF’s macroeconomic policies and their impact on health spending in low-income countries. It includes in-depth case studies from Mozambique, Rwanda, and Zambia.
Public Expenditure Management
Reporte Nacional 5 de Vigilancia de las Industrias Extractivas
By Grupo Propuesta Ciudadana
This report examines the generation, use, and distribution of revenues derived from extractive industries in Peru between 2004 and 2006, with an emphasis on transparency and access to information. It observes that while mining production doubled during this period 95 percent of this gain resulted from an increase in prices; only 5 percent represented an increase in production.
Decentralization
Reporte Nacional 11 de Vigilancia a la Descentralización
By Grupo Propuesta Ciudadana
This report describes the changes implemented by Peru’s regional governments and executive during 2003-06 as part of the country’s decentralization initiative. Aimed both at public officials and at social, institutional, and entrepreneurial leaders, it presents recommendations for the decentralization process, such as how to overcome administrative deficiencies that limit the proper use of investments.
Development Economics
The IMF and Aid to Sub-Saharan Africa
By the Independent Evaluation Office (IEO) of the International Monetary Fund
This paper examines IMF loan programs to 29 countries in sub-Saharan Africa between 1999 and 2005. It finds that significant percentages of foreign aid were not spent because of IMF policies on currency reserve levels and inflation rates; about 37 percent of all annual aid increases to these countries were diverted into building currency reserves. Even among countries perceived to have sufficient currency reserves already, only about $3 of every $10 in annual aid increases was spent; the IMF diverted the rest to paying down domestic debt and/or building up currency reserves.
Budget Support to Ghana: A Risk Worth Taking?
By the Overseas Development Institute
This briefing paper assesses the strategy of providing development assistance through “general budget support” (GBS), using as a case study the Multi-Donor Budget Support (MDBS) program instituted in Ghana by the Overseas Development Institute and CDD-Ghana. GBS, defined as the provision of financial aid by a donor agency directly to a country’s national treasury, aims to harmonize fiscal systems of donor-supported aid projects and governments’ regular budgets. The report concludes that MDBS has not reduced the risks associated with putting money into weak fiscal systems but has encouraged budget reform and increases in poverty-reduction expenditures. The report recommends that MDBS be re-conceived as a method of budget financing rather than a tool for policy leverage.
Macroeconomic Analysis
Confronting the Contradictions: The IMF, Wage Bill Caps and the Case for Teachers
By ActionAid
This paper builds on previous research and new in-depth country case studies from Malawi, Mozambique, and Sierra Leone. It finds that a major factor behind the severe teacher shortage in these countries is that IMF policies have forced governments to freeze or curtail teacher recruitment. While the IMF’s influence varies from country to country regarding the precise funding level for wages of public-sector employees, the IMF contributes to teacher shortages by insisting on overly restrictive macroeconomic policies that unnecessarily constrain overall government spending and thus constrain sector budgets and employee wages.
IBP-Soros Foundation Kyrgyzstan 2007 NGO Summer School
On July 25-29 in the Kyrgyz Republic, the IBP and the Soros Foundation Kyrgyzstan co-hosted a training workshop for the 2007 NGO Summer School on budget analysis and budget advocacy. Some of the 22 participants, who came from across the Kyrgyz Republic, had already begun monitoring local government expenditures; some also had been monitoring revenues from extractive industries.
The workshop covered the politics, stages, and decision makers of the budget process; budget advocacy; key budget calculations; and how to obtain budget information, with an emphasis on the IBP’s Open Budget Index.
The session on access to information sparked heated debate. The Kyrgyz Republic enacted a freedom of information law in 2006, but many workshop participants had only limited knowledge of its provisions, and participants discussed the government’s frequent disregard of the law — especially when civil society groups request specific budget information. Nurbek Toktakunov, a lawyer based at the International Human Rights Group who has successfully applied the law in several legal cases, stated his eagerness to litigate a test case that would set a legal precedent for the public’s right to budget information.
The session on the budget process was presented by Akhmetbek Ermekov, a public finance expert and coordinator of a national television program on budget literacy on behalf of the Soros Foundation Kyrgyzstan. During this session, questions from participants focused on identifying the best opportunities to participate in the budget process. Currently, civil society participation is limited to the approval stage (when groups are invited to make submissions to the legislature) and during public hearings at the local government level. Ermekov emphasized that officials in the Ministry of Finance are highly knowledgeable and that civil society actors interested in engaging these officials on budget issues need to be well informed and provide credible budget information.
The workshop also heard presentations from the Urban Institute about its coordination of public hearings around the country on issues related to local budgets and from Youth of the Nation about its project to track school expenditures in the Chui oblast. (The Youth of the Nation project was initiated after the group’s leader, Besedin Evgenii, attended an IBP-OSI workshop in Mongolia in 2006 on budget analysis and budget advocacy.)
The outcomes of the workshop include:
- As a result of the debate on access to information, the International Human Rights Group will conduct a one-day workshop for civil society groups on the freedom of information law.
- The Mental Health and Society Group, one of the participating NGOs, has begun to develop a health budget advocacy strategy in collaboration with the International Human Rights Group (which will help draft formal requests for information) and Akhmetbek Ermekov (who will help implement the public education program).
- The IBP and the Soros Foundation Kyrgyzstan will select up to four groups from the workshop to participate in a regional training workshop on research-based advocacy.
For more information, contact Shaamela Cassiem at [email protected].
IBP Budget Analysis Workshop in Chad for Francophone African Countries
From 21-30 June, in partnership with GRAMP/TC (Group for Alternative Research and Monitoring of the Chad-Cameroon Petroleum Project, a Chadian NGO), the IBP presented a workshop on budget analysis and advocacy techniques in N’ Djaména, Chad. This was the IBP’s first workshop of this kind in French and was attended by 21 participants from eight francophone countries in West and Central Africa. In preparation for the workshop, the IBP translated its intermediate training materials into French and trained six facilitators from Chad, Burkina Faso, Cameroon, and Senegal. These facilitators conducted the entire workshop and will form the core of a group of francophone trainers that will support budget work in the region in the future.
A number of workshop participants expressed a need for further support. Some, for example, are involved in monitoring the implementation of PRSPs and want to know more about how the development goals contained in PRSPs should be translated into government budgets. Also, in many of the countries represented in the workshop, a share of extractives revenue is earmarked for use by local governments; groups in these countries are interested in monitoring whether this money actually reaches local governments and, if so, how they use it.
Many participants commented that the workshop strengthened their budget analysis and advocacy skills, which will allow them to participate more meaningfully in budget deliberations in their countries. Many participants also valued the sessions for setting a strategic objective for budget work.
The IBP will provide support on these initiatives in partnership with regional organizations such as ActionAid and Publish What You Pay. A number of the workshop participants have developed substantial budget monitoring programs and will be considered for mentorship and other support.
For more information, contact Albert van Zyl at [email protected].
Seminar on the Future of Participatory Democracy, Brazil
The Brazilian NGO CIDADE together with “Centro Universitario Metodista” and Oxfam will offer an international seminar entitled The Future of Participatory Democracy from 25-27 October 2007. The seminar aims to evaluate the limits and possibilities of participatory budgeting experiences and discuss guidelines to build an international network of grassroots based participatory democracy activists. For deadlines, applications, and other program details go to the CIDADE’s website at www.ongcidade.org, or contact Sergio Baierle [email protected].
Capacity.org Online Magazine for International Development Practitioners
Capacity.org (www.capacity.org) is a web-based magazine for practitioners and policy makers interested in international development and cooperation in the South. The most recent issue of Capacity.org focuses on accountability and addresses the question: What initiatives can citizens take to hold decision makers, service providers, and development practitioners accountable to their commitment to reduce poverty? The articles in this issue deal with the relationships between governments and their citizens and between national governments and the international donor community.
