Newsletter No. 38 – Spanish

¿Qué significa la buena gobernabilidad para el desarrollo internacional? En este ejemplar del boletín del IBP, expertos en desarrollo alrededor del mundo reaccionan a la reciente presentación de Francis Fukuyama sobre buena gobernabilidad. ¿Qué caracteriza a un presupuesto ciudadano efectivo? El análisis puntual del Índice de Presupuestos Abiertos revela importantes conclusiones sobre las características de un presupuesto ciudadano efectivo.

El boletín también presenta historias recientes del trabajo de OSCs en Chad, India, Kazajstán, Nigeria y Zambia sobre el análisis del impacto del gasto público en grupos específicos para promover la transparencia y participación ciudadana. Este ejemplar ilustra nuevas iniciativas presupuestarias en Etiopía, Paquistán y Líbano y presenta algunos retos y oportunidades del trabajo presupuestario en estos países.

Participantes de un taller del IBP en Tanzania reflexionan sobre su experiencia de aprendizaje. Un taller organizado por ActionAid sobre políticas macroeconómicas nos recuerda la importancia del impacto de los programas de préstamos en el tamaño de los presupuestos nacionales. Finalmente, introducimos un manual de CIPPEC, Argentina sobre cómo el trabajo de la sociedad civil puede influir en el gobierno. Entre otras publicaciones revisadas encontrará el boletín fiscal de “Tax and Justice Network.” Esperamos que este ejemplar le sea de utilidad y nos haga saber sus ideas y comentarios!

 

Presentación de Francis Fukuyama sobre buena gobernabilidad: reacciones de la sociedad civil por Manish Bapna, Miguel Braun, Linda Cornett, Albert van Zyl y Shizu Upadhya

El pasado 20 de marzo el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas (TAP) del Instituto Brookings, la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales (SAIS) y el Proyecto Internacional de Presupuestos organizó una conferencia sobre “Sociedad civil y mejor gobernabilidad en países en vías de desarrollo.” Como invitado especial estuvo el Dr. Francis Fukuyama, profesor Bernard L. Schwartz de economía política internacional de SAIS y director del programa de desarrollo internacional. Fukuyama habló de varios temas relacionados con el papel de los sistemas políticos e internacionales y de los actores nacionales en la promoción de buena gobernabilidad. A continuación presentamos las reacciones a la presentación de Fukuyama de parte de expertos presupuestarios alrededor del mundo.

Para leer la presentación de Fukuyama, ir a:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Civil-Society-and-Improved-Governance-in-Developing-Countries.pdf.

Para leer las memorias completas de la conferencia, ir a:
http://www.brookings.edu/~/media/events/2007/3/20civilsociety/20070320_panel1.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/events/2007/3/20civilsociety/20070320_panel2.pdf.

 

Comentario por Linda Cornett miembro docente y Manish Bapna director ejecutivo del Bank Information Center (EUA)

La presentación de Francis Fukuyama representa la más reciente expresión de la creciente convergencia en el ámbito de desarrollo respecto a la importancia de la gobernabilidad y anti-corrupción para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. En un campo, tradicionalmente, caracterizado por divisiones ideológicas, la agenda de gobernabilidad logra encontrar adeptos a lo largo del espectro político. Atrae a muchos grupos de la izquierda que se han opuesto por mucho tiempo a la voluntad del Banco Mundial para hacer préstamos a gobiernos corruptos y autoritarios que dejaron a sus países en la pobreza mientras reprimían a sus ciudadanos. Resulta igualmente atractiva a elementos de la derecha (“neo-cons”) que han patrocinado la “promoción de la democracia” a escala global. Pragmáticos de distintas corrientes políticas y la mayoría de los académicos en el campo, simplemente, no piden ignorar la pobre escasa evidencia de la efectividad de la asistencia financiera en la ausencia de gobernabilidad capaz y responsable.

El creciente consenso sobre la importancia de la buena gobernabilidad para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza le dieron al Banco Mundial un marco para su nueva estrategia de “gobernabilidad y anti-corrupción.” Grupos antagónicos en favor de darle prioridad a la buena gobernabilidad y anti-corrupción, encontraron en el presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz a un aliado poderoso, cuyo compromiso internacional con la “promoción de la democracia” es legendario, dependiendo de la postura que se desee tomar.

Irónicamente, a pesar del creciente consenso sobre la importancia crítica de la gobernabilidad para el desarrollo, la estrategia de gobernabilidad y anti-corrupción del Banco está en desventaja frente a otro consenso emergente entre especialistas de desarrollo que están de acuerdo con Fukuyama. Esto se refiere, principalmente, a que el camino hacia la buena gobernabilidad y el desarrollo económico es un proceso largo, complejo, histórica y culturalmente incidental y virtualmente imposible de construir desde afuera. Con base en su lectura del debate teórico y en la evidencia que presenta la historia misma, Fukuyama concluye que “existe mucha más libertad en el diseño de la formulación e implementación de las instituciones” de lo que usualmente asume el enfoque actual sobre gobernabilidad y anti-corrupción. Es decir, no hay un diseño óptimo para la buena gobernabilidad que funcione en cualquier situación. Las estrategias de gobernabilidad y anti-corrupción que ven a “la reforma del sector público como un asunto técnico… jamás llegarán a ningún lado porque no se ocupan de los incentivos políticos de fondo.”

“La presente estrategia del Banco Mundial sobre gobernabilidad y anti-corrupción es sintomática del enfoque enfermo que Fukuyama critica. Desde el punto de vista operativo, si no es que retórico, el Banco equipara a la buena gobernabilidad con anti-corrupción y busca soluciones en la homogenización de reformas a la administración pública diseñadas, sobre todo, para limitar las oportunidades de actos de corrupción en el sector público. A lo largo de los últimos cinco años, el Banco ha dedicado la mayor parte de sus préstamos al sector de Administración Pública, Ley y Justicia. Desafortunadamente, esto no ha sido suficiente para exterminar los patrones de corrupción del estado. La revisión anual del Banco Mundial 2006 sobre Efectividad del Desarrollo admite que mientras “la asistencia dé lugar a mejorías en la calidad de procesos de administración del sector público en algunos países,” éstas “aún no se han traducido en mejorías en la calidad de la gobernabilidad que se percibe en muchos de estos países” (p. xiv).

Si el tradicional modelo de oferta de gobernabilidad y anti-corrupción es inefectivo, también está pobremente equipado para ofrecer “reformas sobre demandas.” El Banco Mundial está legal y efectivamente obligado a operar a través de los gobiernos, que pueden resistir reformas reales que amenacen los enraizados patrones de poder y privilegios. Fukuyama específicamente advierte en contra de la tentación que presenta la condicionalidad para tratar de forzar reformas políticas sobre socios domésticos sin voluntad política; lo cual no funciona. No se puede construir la “demanda” por mayor gobernabilidad desde afuera más de lo que se puede “ofrecer” buena gobernabilidad mediante la reforma institucional. El conocimiento, capacidades y el liderazgo político para el éxito de las reformas “no puede venir desde Washington; sino de la gente que entiende las reglas formales e informales mediante las cuales las sociedades trabajan y son gobernadas.”

Mientras el conocimiento, capacidad y compromiso local son necesarios para una reforma efectiva, Fukuyama observa que existe considerable experiencia en la amplia “comunidad política de desarrollo” que ha sido rechazada por la “comunidad económica de desarrollo” (frase de Fukuyama). Estos grupos son más ambiciosos y más humildes que sus contrapartes en las agencias de “desarrollo económico”; están pendientes de los importantes retos políticos (versus técnicos) impuestos por la reforma. De hecho, las reformas son efectivas mientras redistribuyan poder a los consumidores de los servicios del gobierno, a costa de las élites del sector público y privado que se confabulan para moldear los ambientes legales, políticos y regulatorios conforme a sus propios intereses. En consecuencia los reformistas tienen “expectativas relativamente modestas” sobre lo que pueden conseguir en un período limitado de tiempo. Están listas para explotar las oportunidades de forma oportunista y pragmática. A fin de cuentas reconocen que las sociedades y países de desarrollan, política y económicamente, mediante un disputado proceso político de prueba y error.

Lo que Fukuyama no dice, directamente, pero está implícito en su argumento es que el método de prueba y error no funciona si no hay retroalimentación y rendición de cuentas –punto alrededor del cual existe un creciente consenso. Cuando la gente que puede ganar más de la buena gobernabilidad y anti-corrupción es libre de hablar, reunirse y organizarse en nombre de sus propios intereses, pueden convertirse en una fuerza potente y sostenida para la reforma. Aunque no existan garantías de que los movimientos de reforma serán exitosos, históricamente hay algunos ejemplos de reformas exitosas que no fueron apoyadas por conglomerados domésticos con voz y bien organizados.

Nuevamente lo que Fukuyama no dice – pero es consistente con su razonamiento – es que el Banco puede servir a la causa de buena gobernabilidad y anti-corrupción de forma eficiente en sus propios proyectos y operaciones. En vista de la incertidumbre respecto a los fines, medios y caminos para alcanzar la buena gobernabilidad y de los decepcionantes resultados de diez años de reformas administrativas apoyadas por el Banco; éste puede avanzar su agenda al promover mayor transparencia y una mayor participación de la sociedad civil en la identificación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de sus propios proyectos y operaciones. “Existe evidencia importante de que la participación en muchos casos puede mejorar la calidad, efectividad y sustentabilidad de proyectos, así como fortalecer el compromiso y papel del gobierno y otros actores” (Banco Mundial, 2005, Issues and options for improving…, p. 6).

Los estudiosos de “desarrollo político” les pueden enseñar algo más a los activistas de “desarrollo económico.” Además del valor instrumental, la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones también es intrínsecamente importante para el desarrollo individual y comunitario. El desarrollo humano, seguramente, es el fin último y la forma de medir del trabajo de la comunidad de desarrollo.
Comentario por Miguel Braun, director de política fiscal del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Argentina)

Francis Fukuyama argumenta en su presentación que la gobernabilidad le importa al desarrollo. Es decir, que si queremos mejorar la vida de la gente que vive en nuestros países, debemos de preocuparnos por cómo funciona el gobierno, cómo se elige a los políticos, cómo se decide el presupuesto, etc.

Ofrece tres razones convincentes sobre porqué la gobernabilidad no se puede “importar” desde Washington: 1) las instituciones reflejan los patrones adyacentes de la sociedad y no se pueden cambiar fácilmente; 2) para que las instituciones cambien, se necesita la demanda local; y 3) la política es muy importante. Un modelo puramente técnico para mejorar las instituciones probablemente fallaría de forma dramática si no se toman en cuenta las razones políticas que explican porqué las instituciones no trabajan correctamente en primer lugar.

Para nosotros que estamos en el medio y promovemos “la demanda local para tener mejores instituciones” (lenguaje de Washington para describir la lucha de las OSCs y los grupos presupuestarios alrededor del mundo para mejorar la forma en que los gobiernos prestan servicios básicos a los pobres), esto es música a los oídos. Ciertamente, los regímenes nuevos no cuentan con incentivos para mejorar la transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad. Los grupos presupuestarios entienden que nosotros tenemos que exigir esto — a través del trabajo con la prensa, los partidos políticos y grupos que comparten nuestros valores, así como con otros actores relevantes.

Espero que el mensaje del Dr. Fukuyama sea escuchado por la comunidad internacional de desarrollo y que los actores locales que trabajan para mejorar la gobernabilidad den más ayuda.

 

Comentario por Albert van Zyl, investigador del Proyecto Internacional de Presupuesto (Sudáfrica)

En su plática, Fukuyama expone el tema de la gobernabilidad en los debates de desarrollo. En breve se trata de que las instituciones sí importan. Argumenta que uno no debe de acercarse al tema de desarrollo con una perspectiva técnica de “how to” ya que el desarrollo siempre tiene que ver con otra gente que tiene sus propios intereses, hábitos, tradiciones y culturas. El reto no es hacer algo uno mismo; sino lograr que otras personas hagan algo. Este enfoque es central en la manera en que los grupos presupuestarios han aprendido a trabajar en los últimos 15 años. Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) han descubierto que sus relaciones con instituciones como las legislaturas, el ejecutivo y las instituciones de auditoría son un elemento clave en el impacto que tengan sobre las acciones y decisiones del gobierno.

Sorprendentemente Fukuyama no habla de los valores que promueven las instituciones de gobernabilidad. Uno no promueve a las instituciones por ellas mismas; sino porque en ellas está la capacidad de mejorar las cosas. Por ello, difícilmente apoyaríamos o consolidaríamos a un ejecutivo o parlamento opuesto a los valores sociales fundamentales de la democracia.

La última parte del trabajo de Fukuyama refleja porqué la reforma de gobernabilidad es tan difícil de conseguirse y presenta tres razones. Primero, se refiere a la ausencia de compatibilidad entre la sociedad adyacente y las instituciones que se introdujeron durante regímenes coloniales. Este debate fue muy álgido en Europa a mediados de los noventa cuando algunos académicos (Betrand Badie, autor de Imported State, Stanford University Press, 2000) argumentaban que las instituciones democráticas son “culturalmente específicas” a Europa Occidental. Las instituciones que el oeste está tratando de “transplantar,” decían, son ajenas a los contextos en los que están siendo transferidas y no pueden crecer.

Algunas de las democracias establecidas en África, tal como Senegal, Ghana y Botsuana demuestran la falsedad de dichas generalizaciones. Pero es difícil negar que las instituciones democráticas sean influenciadas por los contextos en los que operan. De manera que este argumento le presenta cuestionamientos interesantes a los grupos presupuestarios: ¿Cuál es la visión ideal que tenemos para cada uno de los países con los que trabajamos? ¿Lo que buscamos en Chad debe de ser diferente a lo que buscamos en Croacia?

En segundo lugar Fukuyama argumenta que la reforma de gobernabilidad es difícil de lograrse porque no se da a menos que exista una fuerte demanda doméstica para ella, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Existe un consenso generalizado de que la reforma de gobernabilidad debe de ser dirigida desde dentro de los países en los que trabajamos. Pero muchas OSCs argumentan que a fin de cuentas las reformas necesitan ser dirigidas desde abajo a través de los ciudadanos y las organizaciones de base y no a través de las élites. En la discusión posterior a su trabajo, Fukuyama reconoce que la sociedad civil tiene un papel clave aun cuando las reformas son dirigidas por las élites. En muchos países vemos que las OSCs presupuestarias trabajan en colaboración con “élites gobernantes,” así que los dos orígenes distintos de las reformas deben verse como mutuamente excluyentes. De hecho puede haber ventajas en este enfoque como se puede ver en las relaciones emergentes entre OSCs y las instituciones de auditoría.

La tercera razón que explica porqué la reforma de gobernabilidad es difícil de llevarse a cabo es una especie de jardinería, en lugar de una forma de ingeniería. Con esto Fukuyama quiere decir que uno no puede asumir que la reforma de gobernabilidad es un proceso linear en donde uno puede hacer ciertas cosas con resultados predecibles. Se parece más al proceso de plantar semillas que crecen o no dependiendo de una variedad de factores que no siempre se pueden controlar.

El impacto del trabajo presupuestario con frecuencia es difícil de medir porque también es una forma de jardinería más que de ingeniería. Sin embargo, la metáfora de la jardinería no exige un cambio fundamental sobre cómo medir el impacto. Nos hace pensar en la importancia de las instituciones, asociaciones y paciencia necesarias para lograr el cambio. Pero no nos brinda una manera alternativa de medir o hablar de impacto. Finalmente, no podemos evitar el uso de lenguaje de causa y efecto al hablar del trabajo presupuestario de la sociedad civil o de cualquier otra clase de apoyo a las reformas de gobernabilidad.

 

Comentario por Shizu Upadhya, investigadora en economía (Nepal)

Como apunta el Dr. Fukuyama el ímpetu por reconectar el lado político y económico del desarrollo proviene en parte del sector académico de Estados Unidos, sobre todo desde 1990. Entre otras cosas podemos mencionar las contribuciones al análisis institucional de Douglas North y Elinor Ostrom por su teoría de selección pública. La publicación del Dr. Fukuyama End of history nos recuerdan que el desarrollo no se trata sólo de un medio para acelerar el crecimiento económico; sino que debe de entenderse como parte de un proceso de evolución social mucho más amplio.

También ha habido otros factores. Uno muy importante es que la comunidad de desarrollo ha comenzado a notar las divergencias en los resultados de pobreza y desarrollo social en países en vías de desarrollo; lo que no se pueden explicar tan fácilmente mediante la teoría – fundamentalmente económica – actual. Por ejemplo, los logros de Botsuana, Costa Rica, Sri Lanka y Tailandia, entre otros, son el resultado de incentivos políticos más que económicos. Esto refleja un reconocimiento generalizado entre los practicantes de desarrollo sobre la necesidad de entender las condiciones en las bases.

El poner mayor atención a los autores locales ha forjado el camino para una discusión más vigorosa sobre el tema de la ventaja comparativa en el desarrollo internacional y el deseo, en palabras del Dr. Fukuyama, de una división del trabajo más cautelosa. Con frecuencia esto ha sido un proceso difícil que ha arrojado preguntas incómodas aún sin explorar: ¿En realidad qué tanto se compaginan los incentivos de una agencia donataria sobresaturada y presionada con los de una burocracia local con planes de largo plazo? ¿Qué tan informados están los donatarios de eventos locales que transcurrieron antes de unirse a un proyecto y qué tan interesados están? ¿Los beneficiarios de proyectos les dicen la verdad a los donatarios?

Estamos ante una situación en la que el mejor entendimiento de los mecanismos de desarrollo también ha revelado las limitaciones de lo que los donatarios puede conseguir en términos prácticos con relación a los ciudadanos del país receptor. Una respuesta instintiva para los donatarios sería comenzar a ver más los procesos y no sólo los resultados, poniendo atención no nada más a las cosas que se quieren lograr sino cómo y con quién, con énfasis en actores fuera del estado. Otras reacciones posibles incluyen procesos de planeación más largos (como las metas del milenio, por ejemplo); llevar a cabo mejores y más frecuentes evaluaciones por resultados y tal como lo dice el Dr. Fukuyama: evitar hacer promesas exageradas.

No obstante queda mucho por hacer. El reposicionamiento del desarrollo internacional entre los derechos y responsabilidades de quienes están fuera y dentro sólo ha sido parcial hasta el momento. Los gobiernos donatarios aún deben de cumplir con sus compromisos sobre la cantidad y efectividad de la asistencia (los compromisos realizados en París en 2006 son un ejemplo reciente) y deberán de comenzar a desembolsar la asistencia. Los sistemas de gobernabilidad global operan en su favor y siguen siendo injustos. Los gobiernos de los países receptores también continúan incumpliendo los compromisos que hicieron a los votantes. Este problema se refleja más claramente en las comparaciones entre las asignaciones al presupuesto de defensa y las asignaciones al sector social (en gran parte financiado por la asistencia externa).

El eslabón perdido en todo esto es un punto hecho por el Dr. Fukuyama: la necesidad de generar una demanda de cambio mucho más fuerte. Aquí es cuando la sociedad civil y los ciudadanos entran en juego. Tanto en el norte como en el sur, la responsabilidad realmente cae en los ciudadanos que deben tener un interés renovado sobre su papel al volverse más informados, diseñar planes de acción para el cambio y verlos convertirse en realidad.

Los últimos 50 años han demostrado que los momentos de transición son escasos en el desarrollo internacional. Si ahora es el momento, no deberíamos de depender del Profesor Fukuyama y otros académicos distantes para ofrecernos las ideas correctas, especialmente, cuando las teorías de los mismos académicos se acercan cada vez más a la vida real.



Cómo hacer que los presupuestos ciudadanos sean efectivos
por José M. Marín

Los resultados del Índice de Presupuestos Abiertos http://www.openbudgetindex.org junto con una seria de entrevistas con participantes de la Iniciativa de Presupuestos Abiertos “Open Budget Initiative” presenta importantes lecciones sobre qué hace que los presupuestos ciudadanos sean más efectivos. Estas lecciones se pueden resumir, brevemente, como sigue: un presupuesto ciudadano no debe de ser sustituto de documentación presupuestaria clave de alta calidad; debe reflejar el nivel de conocimientos presupuestarios en el país y el gobierno debe de promover su difusión.

Un presupuesto ciudadano ofrece un resumen del presupuesto del gobierno diseñado para ser accesible a la mayor cantidad de gente posible, dándoles la oportunidad de participar en el proceso presupuestario y, por ende, influir en las políticas gubernamentales. Desafortunadamente, sólo 10 de 59 países examinados en el estudio del IBP — Angola, Corea del Sur, El Salvador, Francia, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Uganda — publican presupuestos ciudadanos y en muchos de estos casos no cumplen con los objetivos intencionados.

En algunos de estos países como en Nueva Zelanda, Suecia y el Reino Unido, el poder ejecutivo publica un resumen del presupuesto que se puede considerar como un presupuesto ciudadano. En otros países como El Salvador y Sudáfrica, el ejecutivo publica una guía presupuestaria específicamente para los ciudadanos.

Independientemente del formato que tenga el presupuesto ciudadano, no puede sustituir a la información presupuestaria clave, accesible y de alta calidad. Los grupos de la sociedad civil que se comprometen con el trabajo presupuestario tienden a no utilizar los presupuestos ciudadanos. Una razón es que estos grupos usualmente cuentan con la capacidad técnica para interpretar los documentos presupuestarios directamente. Otra razón indica que muchos de estos grupos trabajan en sectores como salud o educación y requieren información detallada que, generalmente, no se encuentra en un presupuesto ciudadano. (Una recomendación de parte de los expertos en cada país que ayudaron a realizar el estudio de transparencia del IBP fue que los gobiernos ofrezcan resúmenes de los presupuestos por sector).

El nivel de complejidad de los presupuestos ciudadanos debe de reflejar el nivel de alfabetización del país en cuestión. Por ejemplo, en Suecia el presupuesto ciudadano se presenta en forma escrita, mientras que en Angola, en donde se cuenta con un nivel de alfabetización muy bajo, se ilustra con dibujos para hacer que el presupuesto sea más accesible. En El Salvador el presupuesto ciudadano es accesible si se cuenta con nivel de educación secundaria lo que hace el documento accesible a más ciudadanos. El presupuesto ciudadano de la India, sin embargo, ha sido criticado por su contenido altamente técnico.

Hacer que los presupuestos ciudadanos sean accesibles a los que no son expertos en el tema es muy importante en países en donde los medios no hablan activamente sobre temas presupuestarios. En estos países, el presupuesto ciudadano necesita dirigirse al público en general que no cuenta con los medios de comunicación para tener acceso a información del presupuesto. Por el contrario, en países con medios de comunicación libres y activos, el presupuesto ciudadano puede enfocarse más en los reporteros ayudándoles a comprender y cubrir ciertos temas.

Para ser efectivo, un presupuesto ciudadano debe de difundirse ampliamente. Algunos países ofrecen documentos en Internet y dependen del Internet para llegar a ciertas audiencias clave; otros imprimen panfletos y folletos en revistas. Los gobiernos deben de tener en mente qué tipo de medios llegan a la gente. Tal como lo dijo uno de los investigadores del estudio, “un presupuesto ciudadano puede ser producido para que se vea bonito pero sólo es accesible para unos cuantos” comentó Anna Schnell de “Melander Schnell Consultants.” En El Salvador, por ejemplo, el presupuesto ciudadano sólo es disponible por Internet, a pesar de que sólo 9 por ciento de la población tiene acceso a Internet.

Los gobiernos también necesitan ser proactivos en sus esfuerzos de educación y difusión respecto al presupuesto ciudadano. Por ejemplo, el presupuesto ciudadano de Angola sólo se publica en portugués, aunque también se hablan otras lenguas y no se distribuye en muchas provincias. Estas debilidades seriamente demeritan la efectividad del documento.

El momento en que se presenta el presupuesto ciudadano es muy importante para determinar el éxito de la participación pública durante el proceso presupuestario. No todos los presupuestos ciudadanos se dan a conocer a tiempo para permitir la participación pública. En El Salvador, por ejemplo, el presupuesto ciudadano se publica después de la aprobación del presupuesto. En Sudáfrica se da a conocer junto con la propuesta presupuestaria del ejecutivo, que equivale al presupuesto aprobado ya que el parlamento sudafricano no tiene poder legal para enmendar el presupuesto. Mientras es común que en sistemas presupuestarios el presupuesto se apruebe tal como está, esto no impide la participación ciudadana. Por ejemplo, el Reino Unido da a conocer el resumen del reporte pre-presupuestario y los ciudadanos pueden enviar sus opiniones sin costo alguno. Este resumen contiene las principales políticas fiscales que implementará el gobierno, proyecciones de ingresos y egresos, así como un resumen de las proyecciones macroeconómicas. Para 2007 el reporte pre-presupuestario será presentado en marzo, mientras el resumen del reporte pre-presupuestario será publicado en Internet en diciembre 2006. Esto les da a los ciudadanos por lo menos tres meses para publicar sus opiniones sobre las prioridades del presupuesto en el Reino Unido.

Para promover la participación pública, el presupuesto ciudadano también debe de incluir información sobre el proceso presupuestario y sobre las oportunidades con las que cuentan los ciudadanos para expresar sus opiniones. Muchos presupuestos ciudadanos carecen de esta información. Una solución sería incluir una sección con herramientas que expliquen cómo se crea el presupuesto y de qué forma los ciudadanos pueden influir en el proceso presupuestario. Asimismo, sería útil incluir información que compare a los presupuestos anteriores y presente medidas concretas para evaluar el éxito de los objetivos de las políticas públicas.

La siguiente información debe de incluirse en el presupuesto ciudadano:

  • una reseña del presupuesto;
  • un resumen claro de los objetivos de las políticas del gobierno;
  • programas de gasto clave y los resultados esperados;
  • la diferencia entre el presupuesto del año fiscal anterior y lo ejecutado para ese mismo año;
  • el balance del presupuesto y su impacto sobre el nivel de la deuda pública;
  • la política gubernamental hacia la deuda pública;
  • una reseña concisa de los fondos destinados a otros niveles del gobierno; y
  • una explicación de cómo obtener información sobre el presupuesto.


Monitoreo del gasto para personas discapacitadas en Kazajstán por Namys

En Kazajstán, una ONG llamada Namys (“Conciencia”) ha luchado por los derechos de las personas discapacitadas. Creada en 2002, Namys inicialmente se enfocó en promover una nueva ley más progresiva para los discapacitados que reconociera sus derechos y estableciera programas de rehabilitación. Namys diseñó dicha ley y le pidió al gobierno que la utilizara durante la preparación de la versión oficial de la ley.

Cuando el gobierno produjo un anteproyecto que representaba un regreso al viejo sistema soviético de culpar a los discapacitados por su condición, Namys lanzó una agresiva campaña para influir en el gobierno. Para ello, se coordinaron varios eventos de protesta en contra de la propuesta de ley, se entregaron peticiones al gobierno señalando sus preocupaciones sobre la ley y se organizaron eventos con los medios para publicar las demandas para mejorar la ley.

Estos esfuerzos dieron frutos cuando el gobierno aceptó algunas de las principales recomendaciones de Namys incluyendo la de exigir rendición de cuentas de parte de las agencias responsables de proteger los derechos de las personas discapacitadas. La nueva ley también estableció varios programas de rehabilitación para ofrecerles a las personas discapacitadas servicios médicos, educación y facultades para trabajar, así como seguro social (incluyendo los pagos de beneficencia). Las asignaciones para los tres años siguientes aumentaron significativamente respecto al presupuesto anterior.

A continuación Namys se enfocó en el análisis del gasto asignado para ayudar a las personas discapacitadas para asegurar que los recursos se utilizaran adecuadamente. Organizaron una amplia coalición de más de 30 ONGs que apoyan a las personas discapacitadas de todo el país y comenzaron una campaña en la provincia de Almaty en el sureste de Kazajstán.

La campaña puso al descubierto varias irregularidades en la ejecución de programas para personas discapacitadas. En un caso, por ejemplo, los fondos presupuestarios para promover actividades deportivas entre las personas discapacitadas fueron usados en otros deportes. Namys presentó evidencia de este problema al alcalde local quien, a su vez, organizó una reunión con los comités deportivos correspondientes. Namys asistió a esa reunión en la que el comité reconoció su error y prometió rectificar la situación.

Otro ejemplo muestra que Namys encontró que un programa bajo el cual la ciudad de Almaty ofrece sillas de ruedas a personas discapacitadas estaba ofreciendo sillas de ruedas de muy baja calidad. Namys habló al respecto con el alcalde, quien asignara a una persona discapacitada para servir en la mesa directiva que maneja la compra de sillas de ruedas. Desde entonces esta persona ha mejorado el proceso de selección de sillas de ruedas.

Finalmente, Namys descubrió los largos retrasos en el desembolso de los fondos para ciertos programas. Como resultado de los retrasos, algunos de estos fondos jamás fueron gastados. Cuando se le presentó al gobierno el hallazgo de Namys, éste aseguró que los fondos serían desembolsados en el futuro.

Namys planea aprovechar el éxito de su proyecto y llevar a cabo nuevas actividades de monitoreo en otras regiones de Kazajstán en coordinación con socios locales. Para ello ha establecido una red integrada por miembros de la legislatura nacional, autoridades regionales y medios que harán monitoreo de presupuestos y programas para personas discapacitadas. Namys coordinará las actividades de la red y planea crear un centro de información sobre programas y financiamiento disponible para personas discapacitadas en el país, junto con información sobre técnicas para ayudar a personas interesadas en el seguimiento al gasto público.

Namys opera con un personal relativamente pequeño de 12 personas de tiempo completo, pero cuentan con el apoyo adicional de alrededor de 70 voluntarios.


 

Fortalecer la transparencia presupuestaria mediante la participación pública en Nigeria por Mary Okpe, Centre for Democracy and Development (CDD)

El Centro para la Democracia y el Desarrollo (CDD), una ONG internacional dedicada al monitoreo de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Nacional para el Empoderamiento Económico de Nigeria “Nigeria’s National Economic Empowerment Development Strategy” (NEEDS), diseñó una reforma para promover el desarrollo económico y reducir la pobreza mediante la privatización, transparencia y mayores esfuerzos anticorrupción. CDD conduce investigación, capacitación y activismo sobre temas de democratización, desarrollo y seguridad humana en África Occidental. Su misión gira alrededor del desarrollo democrático.

Hace dos años CDD realizó una evaluación de la pobreza en Nigeria y ofreció recomendaciones. La investigación demostró que los aumentos en los ingresos del gobierno no han llevado a mejores condiciones de vida en Nigeria. Los pobres continúan sufriendo del acceso insuficiente a servicios de educación y salud, falta de agua potable y otros problemas. A pesar de los avances en materia de transparencia presupuestaria dentro del gobierno central; los gobiernos a nivel estatal y local aún mantienen sus presupuestos en secreto y la prestación de servicios a los ciudadanos sigue sin mejorar.

Actualmente CDD ayuda a grupos de la sociedad civil a implementar un proyecto para monitorear NEEDS y un plan de reforma a nivel estatal paralelo conocido como Estrategia para el Empoderamiento y Desarrollo Económico del Estado “State Economic Empowerment and Development Strategy” (SEEDS) a nivel nacional y estatal. El proyecto de monitoreo hace seguimiento de los ingresos federales y estatales y del gasto en las seis zonas geopolíticas del país.

CDD ya condujo una encuesta que examina el conocimiento de los ciudadanos sobre los programas de presupuesto y desarrollo en su comunidad y ha desarrollado esquemas para darle seguimiento al proceso presupuestario para ver si se apegan a las metas establecidas por NEEDS. Además, CDD ha llevado a cabo programas de educación presupuestaria para 180 personas de grupos de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y medios de comunicación para monitorear el presupuesto a nivel local.

Algunas de las actividades que CDD tiene planeadas son:

  • capacitación de coordinadores de proyectos alrededor del país para fortalecer sus capacidades de activismo e investigación
  • monitoreo del cumplimiento de los compromisos de NEEDS/SEEDS
  • análisis de las tendencias identificadas durante el monitoreo
  • apoyo técnico a agencias gubernamentales dedicadas a reformas económicas
  • diálogo a nivel estatal
  • creación de una página de Internet sobre el monitoreo presupuestario y publicaciones periódicas

El seguimiento efectivo del presupuesto en relación con las prioridades establecidas por NEEDS/SEEDS producirá ahorros para ayudar a la reducción de la pobreza. Asimismo, ayudará a promover los objetivos de NEEDS/SEEDS respecto a mejorar la rendición de cuentas pública. Los objetivos de largo plazo del proyecto de monitoreo incluyen:

  • mayor prestación de servicios gubernamentales a nivel local, estatal y nacional
  • demandas públicas fuertes para la buena gobernabilidad, pues cada vez más personas se interesan en cómo se gastan los recursos en su nombre
  • empoderamiento de grupos comunitarios para analizar datos presupuestarios e influir en las políticas públicas

Para mayor información sobre el trabajo presupuestario de CDD, ir a www.cddwestafrica.org.



Seguimiento de presupuestos de salud en Zambia por Thabale J. Ngulube y Fastone M. Goma, Centre for Health, Science and Social Research (CHESSORE)

Desde 2003 el Centro para la Salud, Ciencia e Investigación Social “Centre for Health, Science & Social Research” (CHESSORE) de Zambia se dedica al análisis del presupuesto anual de salud para ese país a fin de promover la participación pública en decisiones del gasto público.

El gobierno trabaja para alinear sus políticas de salud con las iniciativas globales de desarrollo comprendidas en el Quinto Plan Nacional de Desarrollo de Zambia “Fifth National Development Plan,” ha reconocido la necesidad de la participación comunitaria en la formulación del presupuesto, incluyendo el componente de salud. Sin embargo, el trabajo preliminar de CHESSORE sugiere que el público aún no está involucrado en este proceso. Esto ha traído varias consecuencias como: la falta de recursos; la mala asignación de los limitados recursos existentes; el entorpecimiento del progreso en la reducción de los niveles de enfermedad; lo improbable de que Zambia cumpla con las metas del milenio.

CHESSORE planea utilizar un enfoque de derecho a la salud para responder al tema del financiamiento de salud a nivel distrital, con énfasis en la participación comunitaria. Al ayudarle a la gente a entender el proceso del presupuesto de salud, CHESSORE busca conseguir que los presupuestos públicos de salud se conviertan en una discusión abierta a nivel local y nacional. El presupuesto de salud público, a su vez, puede servir como un punto de entrada para que las comunidades se involucren con su sistema de salud y promuevan y exijan su derecho a la salud.

En 1994 CHESSORE lanzó una respuesta al fracaso de los esfuerzos nacionales de desarrollo anteriores. Los fundadores del grupo reconocieron la necesidad de aprender de estos esfuerzos para informar futuras iniciativas de desarrollo en vista de que los planes nacionales de desarrollo anteriores no estaban bien documentados y no presentaban suficientes lecciones para el futuro. Los objetivos de CHESSORE son:

  • llevar a cabo investigación y capacitación en los ámbitos de salud, ciencias exactas y ciencias sociales mediante un enfoque multidisciplinario
  • construir capacidad de investigación aplicada en Zambia para apoyar las iniciativas de desarrollo existentes
  • promover una mayor participación de la comunidad en las decisiones del gobierno

Además de promover la investigación como una herramienta para la planeación y el desarrollo, CHESSORE coordina varias actividades para educar al público a través de conferencias, pláticas, talleres y la publicación de libros, folletos y videos.

Para mayor información, contactar a Fastone Goma [email protected].



Ingresos petroleros para proyectos de desarrollo en Chad por GRAMP-TC

Con el apoyo de la Iniciativa Presupuestaria de la Sociedad Civil, CSBI (Civil Society Budget Initiative), GRAMP-TC recientemente organizó tres talleres sobre la administración participativa del presupuesto nacional de Chad. Los primeros dos talleres se dieron lugar en las regiones petroleras del sur de Chad. Una de estas regiones, Logone Oriental, recibe 5 por ciento del total de los ingresos petroleros que se invierte en proyectos sociales. El tercer taller tuvo lugar en la capital de N’Djamena. Más de 140 representantes de ONGs locales fueron capacitados durante los talleres fuera de la capital. Estos talleres abarcaron temas como los presupuestos nacionales y los principios que los rigen, el papel de las OSCs en el proceso presupuestario, las estrategias nacionales para la reducción de la pobreza, el papel de la legislatura, las herramientas para recopilar datos y la organización y funcionamiento del trabajo de presupuestos de la sociedad civil.

A partir de los talleres se establecieron comités locales de la sociedad civil para el monitoreo. Estos comités buscan monitorear la asignación e implementación de los proyectos de desarrollo financiados con ingresos petroleros.

A raíz de los talleres una de las organizaciones participantes CACOD-LOR solicitó una reunión con el primer ministro para hablar de lo problemático de que los contratos para proyectos de desarrollo sean otorgados a compañías con capacidades cuestionables para los proyectos en cuestión. Por ejemplo, una compañía de hidrocarburos en la capital de la ciudad recibió un contrato para construir un estadio deportivo. Además de la falta de capacidad de esta compañía para realizar dicho proyecto, no se cumple con las necesidades de la población local que no tiene acceso a agua potable, ni cuenta con suficientes servicios de salud pública básica.

La reunión con el primer ministro no tuvo lugar pero funcionarios clave explicaron que en la práctica estos proyectos de desarrollo local fueron una decisión del primer ministro y no del comité local establecido para este fin. A pesar de que la reunión no tuvo lugar, no se han otorgado más contratos desde que CADOC-LOR llamara la atención a este asunto.

El comité local que supuestamente asigna estos proyectos ha organizado una campaña social de comunicación para informar a las poblaciones locales sobre el financiamiento disponible y cómo se asigna.

La capacitación y seguimiento de CACOD-LOR han generado interés más allá de la región; lo que ha resultado en solicitudes de capacitación en otras regiones.

Para mayor información, contactar a GRAMP-TC [email protected]



Impacto del presupuesto de la India 2007-08 sobre las mujeres, “Centre for Budget and Governance Accountability” (CBGA)

El primer presupuesto con enfoque de género de 2005-06 incluyó 10 demandas de ayuda financiera. En 2006-07 esto aumentó a 24 demandas de ayuda financiera bajo 18 ministros/departamentos del gobierno y 5 regiones. Este año el lineamiento presupuestario con enfoque de género cubrió 33 demandas de ayuda financiera bajo 27 ministros/departamentos en 5 regiones. La magnitud total del lineamiento con enfoque de género también ha aumentado de 3.8 por ciento a 4.8 por ciento (como porcentaje del gasto total gubernamental). El Centro sobre Rendición de Cuentas del Presupuesto y la Gobernabilidad “Centre for Budget and Governance Accountability” (CBGA) ha preparado un análisis del impacto del presupuesto nacional 2007-08 sobre las mujeres. A continuación presentamos algunas anotaciones del reporte:

Educación básica

El gobierno necesita tomar medidas para fortalecer la infraestructura para niñas y ampliar los programas específicos para niñas. En el nuevo presupuesto se consolidaron dos esquemas (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya y Sarva Shiksha Abhiyan) lo que dificulta el seguimiento del gasto para este tema en concreto. La asignación del esquema Mahila Samakhya sólo ha aumentado marginalmente de Rs. 30 crore en 2006-07 a Rs. 34 crore en 2007-08.

La porción de la asignación total para el Departamento de Educación Escolar y Alfabetización que se le dedica a programas de niñas bajó de 43 por ciento en 2006-07 a alrededor de 40 por ciento en 2007-08.

Salud y beneficencia familiar

Muchos de los indicadores de salud, especialmente aquellos relacionados con la salud materna e infantil, ponen de manifiesto el pobre récord de la India en aspectos clave de desarrollo humano. Los bajos niveles nacionales de gasto en salud — ligeramente arriba del 1 por ciento del PIB — con frecuencia se citan como una razón de las deplorables condiciones en el sector salud. La alianza “United Progressive Alliance” ha señalado que el gasto público de salud debe de incrementarse en un 3 por ciento del PIB.

El tamaño de la asignación presupuestaria para las familias rurales tiene implicaciones importantes para la salud de las mujeres. Por ello, el aumento en esta asignación fue bienvenido, así como el aumento en la asignación a la misión nacional rural de salud “National Rural Health Mission” para el próximo año. Sin embargo, el hecho de que la asignación completa para estos programas aparentemente no será ejecutado en su totalidad este año es algo preocupante ya que demuestra que el gobierno no ha sido capaz de atender los cuellos de botella institucionales en este sector tan importante.

Una de las mayores decepciones en el presupuesto es la reducción de fondos para el programa de salud reproductiva e infantil. Peor aún, sólo alrededor de tres cuartas partes de los fondos asignados para el programa han sido gastados este año.

Vivienda

El planteamiento presupuestario con enfoque de género 2007-08 establece que el 100 por ciento de las asignaciones para el programa de vivienda Indira Awas Yojna (IAY) para zonas rurales pobres son para mujeres. Sin embargo, la información del Departamento de Desarrollo Rural demuestra que más de 15 por ciento de las casas construidas bajo el programa fueron asignadas a hombres y todavía más casas fueron asignadas a parejas casadas. Sólo 49 por ciento se registró a nombre de mujeres aunque se dijo que 100 por ciento de las asignaciones serían exclusivamente para mujeres.

Por ello no se puede afirmar que la totalidad de la asignación de IAY es sólo para mujeres. Se necesita darle mayor prioridad a la vivienda rural para garantizarles vivienda a las mujeres. Es decir, si consideramos que la propiedad de vivienda y tierra por parte de las mujeres es tan baja, necesitamos enfocarnos más en el acceso a vivienda para mujeres.

El principal programa de vivienda del gobierno en zonas urbanas pobres ha sido descontinuado. Un nuevo programa supuestamente comenzará en 2007-08, pero la asignación total a la vivienda en zonas urbanas pobres es muy baja.

Intervenciones especiales bajo el Ministerio de Desarrollo de las Mujeres y Niños

El Ministerio de Desarrollo de las Mujeres y Niños coordina varios programas para ayudar a mujeres que trabajan y mujeres en situaciones difíciles. El nuevo presupuesto incluye aumentos en financiamiento de programas que ayudan a víctimas del tráfico de personas y ofrecen casas de huéspedes para mujeres que trabajan. No obstante, se requiere de aumentos sustanciales para el programa nacional de guarderías para los hijos de mujeres que trabajan y albergues para mujeres en situaciones críticas.

Además, muchos grupos de mujeres se decepcionarán al notar que no existen asignaciones para implementar el Acto de Violencia Doméstica. La aprobación de este acto en 2005 tras una larga lucha fue un logro histórico para las mujeres de la India. La falta de fondos para apoyar este acto marca el cuestionable compromiso del gobierno para asegurar que el Acto se convierta en realidad para las mujeres.

Para leer el análisis de género del presupuesto, ir a: https://archive.internationalbudget.org/resources/howto/UnionBudgetandWomen.pdf.

Para leer la respuesta completa de CBGA al presupuesto, ir a: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/01/UnionBudgetandWomen.pdf.



Nueva iniciativa de trabajo presupuestario en Paquistán, Fundación Omar

En Paquistán organizaciones de la sociedad civil recientemente han comenzado a incorporar el análisis presupuestario en sus actividades más importantes. Con el apoyo del Open Society Institute y de la Iniciativa Presupuestaria de la Sociedad Civil de Proyecto Internacional de Presupuesto, están por realizarse nuevos proyectos para aumentar la conciencia ciudadana y la participación en temas relacionados con los presupuestos del gobierno.

Paquistán

La Fundación de Desarrollo Omar Asghar Khan (www.oakdf.org.pk) inició el año piloto de un nuevo proyecto: “Putting Money Where the Needs Are: Matching Money with People’s Priorities.” La fundación se formó en 1999 para promover los derechos humanos de los pobres mediante la incidencia, la movilización social y la prestación de servicios. Trabaja para crear oportunidades de trabajo colectivo sobre los derechos humanos haciendo que las políticas e instituciones públicas tomen un enfoque de pobreza.

El nuevo proyecto avanzará dicha misión mediante el activismo ciudadano para promover el uso más efectivo de los recursos y la expansión del espacio político para la participación en el proceso de desarrollo, basando sus argumentos en la evidencia de las comunidades locales. Los objetivos del proyecto son: lograr que las políticas del gobierno respondan de mejor manera a las necesidades de las poblaciones afectadas, particularmente los grupos marginados y mejorar la rendición de cuentas gubernamental y la transparencia.

Para lograr estos objetivos, la fundación ha desarrollado un ambicioso plan de cinco años que incluye evaluaciones comunitarias de necesidades, la participación del gobierno en asignaciones adecuadas, la implementación del monitoreo y la incidencia política y presupuestaria. El nuevo proyecto refleja un enfoque del trabajo presupuestario centrado en el ciudadano que involucra a los ciudadanos, directamente, en la recopilación y análisis de información como un medio para organizar y construir participación, contrariamente a un proceso centrado en la capacidad de expertos investigadores de políticas públicas de la sociedad civil que sólo generan análisis para grupos dentro del gobierno.

Las actividades durante el año piloto (que comenzó en julio 2006) se centran en las necesidades comunitarias urgentes relacionadas con la asistencia y reconstrucción del terremoto en la frontera montañosa de la provincia noroeste. El proyecto ha comenzado a trabajar en 11 de los consejos locales más afectados, cada uno formado por entre 20 y 30 pueblos. Se espera que el enfoque inicial sobre la reconstrucción del proceso cree capacidad tanto en la fundación como en los socios locales — para el trabajo futuro alrededor de otras necesidades de desarrollo.

Muchas de las actividades recientes de la fundación se han enfocado en ayudar a las víctimas del devastador terremoto de 2005 en la región en donde la fundación ya juega un papel muy activo. La fundación usó contactos y conocimiento locales para apoyar los esfuerzos de rescate y prestación de servicios de emergencia a través de sus oficinas regionales. Asimismo, sigue siendo activa en la canalización de fondos y en la implementación de políticas públicas en los esfuerzos de rehabilitación y vinculación con otros grupos locales. Los fondos de donatarios para este trabajo se ofrecen mediante el Fondo de Alivio a la Pobreza de Paquistán y la autoridad de reconstrucción del gobierno.

Se estima que $5.2 billones de fondos extranjeros han sido comprometidos para futuros esfuerzos de reconstrucción, lo que provoca importantes preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas pública. Numerosos esfuerzos internacionales por movilizar recursos en respuesta a los desastres y conflictos corren el riesgo de caer en el “cansancio donatario” y en la ausencia de rendición de cuentas. Una de las mejores maneras de exigirle rendición de cuentas al gobierno para la rehabilitación y reconstrucción es mediante la participación de los receptores de la asistencia en el monitoreo e incidencia para su justa y efectiva distribución.

El elemento central del proyecto presupuestario de la fundación es ayudar a las comunidades a desarrollar planes de acción para la rehabilitación a nivel local “village-level rehabilitation action plans” (V-RAPs). La fundación ha seleccionado a representantes locales en cada uno de los 11 consejos locales y facilita junto con socios locales un proceso de cinco días en cada pueblo para identificar y priorizar las necesidades con los grupos locales. Los V-RAPs son realizados por analistas de los grupos en un plan de acción para cada consejo local que consolida las actividades a nivel distrital para las áreas afectadas. Como resultado, los planes de acción que detallan los pasos requeridos del gobierno y de otros actores (como las estimaciones de las asignaciones presupuestarias necesarias) se validan en reuniones locales y en asambleas públicas organizadas por la fundación.

Finalmente, los planes de acción serán presentados al gobierno para preguntarles a los funcionarios públicos cómo se atienden esas prioridades y presionar para poner mayor acción a la rehabilitación de los presupuestos y a los presupuestos recurrentes. La fundación ofrecerá a los grupos ciudadanos participantes capacitación avanzada sobre el proceso presupuestario y técnicas de incidencia efectiva.

Para monitorear la implementación local de los planes en los consejos locales, la fundación ayudará a crear organizaciones locales que podrán llenar las “boletas ciudadanas” y comparar las promesas del gobierno con resultados tangibles. Las boletas serán dadas a conocer a los medios y otros sectores a fin de promover la participación ciudadana con el gobierno. También está programado un programa sobre el compromiso de los medios.

Al finalizar el año piloto, la fundación revisará los resultados y considerará su expansión hacia otras áreas geográficas para desarrollar el tema presupuestario. Se espera que el trabajo continúe en las zonas del terremoto, a pesar de que los esfuerzos del monitoreo de la rehabilitación en estas áreas deberá requerir menos apoyo intensivo y permitir la expansión del proyecto a otras partes.

Para mayor información, contactar a la Fundación de Desarrollo Omar Asghar Khan [email protected].



Retos y oportunidades para el trabajo presupuestario en Etiopía por Gweneth Barry, Poverty Action Network of Civil Society in Ethiopia (PANE)

El trabajo de incidencia, en general, y el trabajo presupuestario, en particular, son ámbitos nuevos para la sociedad civil de Etiopía. La red de la sociedad civil “Poverty Action Network of Civil Societyon Ethiopia” (PANE) trabaja para construir el interés en el trabajo conjunto en esta área. Debido a la compleja naturaleza del sistema presupuestario de Etiopía aún existe falta de información pública sobre el presupuesto. A pesar de ello la sociedad civil está aprendiendo a involucrarse efectivamente en el proceso presupuestario.

El surgimiento de la incidencia y el análisis presupuestario

Tradicionalmente, las ONGs en Etiopía se han enfocado en la prestación de servicios y en la asistencia en situaciones de emergencia. Sin embargo, en vista de la creación de ciertos espacios políticos y del sólido trabajo de algunas organizaciones, cada vez más grupos de la sociedad civil comienzan a ver a las actividades de incidencia como parte integral de su misión y a ver en el presupuesto gubernamental una herramienta esencial para conseguir cambios reales.

El surgimiento de las redes de la sociedad civil va de la mano con actividades de incidencia. Por ejemplo, la red Poverty Action Network Ethiopia (PANE), formada en 2004 a raíz de un equipo establecido para responder a los procesos ERP en Etiopía, es hoy una de las redes nacionales líderes con más de 70 miembros.

PANE ha resaltado el trabajo presupuestario como una de las áreas clave para la participación en las políticas públicas. Algunos miembros de PANE han comenzado a involucrarse, por cuenta propia, en el monitoreo presupuestario y en la incidencia y muchos han mostrado interés en desarrollar este trabajo. De ahí que PANE estableciera el Grupo Presupuestario para reunir a estas organizaciones y desarrollar trabajo presupuestario conjuntamente.

El amplio espectro del trabajo presupuestario

El trabajo presupuestario coordinado por miembros del Grupo Presupuestario de PANE cubre una variedad de métodos y sectores. Un ejemplo es el esfuerzo realizado por Helpage International, Hundee, y la asociación “Rift Valley Women’s and Children’s Desarrollo Association” para involucrar a gente mayor en el monitoreo del presupuesto. Estos grupos han formado comités de monitoreo de gente mayor que trabaja en los distritos oficiales para identificar las necesidades de la comunidad y ver si los presupuestos distritales las reflejan. Otro ejemplo es el de ActionAid que se encuentra desarrollando proyectos comunitarios de monitoreo para involucrar a las comunidades en los procesos presupuestarios a nivel local.

Otras organizaciones se han enfocado más en sectores específicos del presupuesto. La asociación Basic Education Association ha llevado a cabo un estudio con Oxfam, Reino Unido que revisa cómo la reducción de la deuda ha afectado el gasto en educación. Save the Children en Suecia y el Reino Unido le han dado seguimiento al gasto para salud y educación de los niños. Water Aid, por su parte, busca el impacto del gasto en el sector del agua.

También se han comenzado a realizar esfuerzos para involucrar a los grupos de base en el trabajo presupuestario. La Iniciativa Presupuestaria de la Sociedad Civil del Proyecto Internacional de Presupuestos ha dado ayuda financiera (a través de PANE) para la red “Network of Ethiopian Women’s Associations,” “the Basic Education Association” y “Handicap National” (una ONG local que trabaja con niños y discapacitados) para crear conciencia sobre el trabajo presupuestario entre los miembros de la red y demostrar cómo se pueden unir a este trabajo. Se espera que esto promueva el trabajo presupuestario en otros temas como género, educación y los derechos de los niños.

El Grupo Presupuestario de PANE ha apoyado este trabajo mediante la capacitación y a través de un foro en donde se comparten ideas y desarrollan actividades en común. Con asistencia del IBP, PANE llevó a cabo un taller de una semana en abril 2006 en el que expertos de Idasa y Uganda Debt Network (UDN) les dieron a los participantes la base teórica del trabajo presupuestario. El grupo presupuestario de PANE también ha llevado a cabo sesiones para conocer los proyectos de los miembros y visitó a una ONG local para aprender de sus logros. También le comisionó una investigación a la Asociación Económica de Etiopía “Ethiopian Economics Association” sobre el apego del presupuesto 2006 a las prioridades establecidas por el nuevo ERP.

Trabajo en un contexto difícil

Etiopía presenta muchos retos para el trabajo presupuestario, como la falta de información. Aunque el Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico, recientemente, comenzó a poner más información en su página de Internet, no siempre incluye detalles sobre los presupuestos por sector o presupuestos para niveles de gobierno más básicos, lo cual es de vital importancia en el sistema de descentralización presupuestario del país. Los grupos locales también han encontrado que las autoridades distritales se rehúsan a dar cualquier clase de información.

Esta renuencia a compartir información refleja el temor de los funcionarios oficiales a que la información pueda ser usada en su contra. Asimismo, los cuerpos gubernamentales permanecen fuertemente jerarquizados y los funcionarios en puestos bajos temen las posibles represalias de sus superiores si dan cualquier tipo de información que pudiera comprometer al gobierno. En general, el derecho ciudadano a la información del presupuesto, simplemente no se entiende. Estos problemas pueden dificultar la institucionalización de un proyecto cuando la cantidad de información disponible depende de decisiones arbitrarias.

Otra limitante al trabajo de presupuestos es la falta de experiencia. A pesar de que la capacidad de la sociedad civil en esta área va en aumento, aún hay pocos conocimientos sobre el proceso presupuestario y sobre cómo analizar los documentos del presupuesto. Asimismo, hay pocos expertos en el monitoreo del presupuesto que pueden capacitar a otras organizaciones, lo cual crea problemas para organizaciones que se quieren comprometer con el tema. 

Planes a futuro

El Grupo Presupuestario de PANE trabaja para superar los problemas señalados y expandir su trabajo presupuestario. Como respuesta al problema del acceso a la información, se planea una campaña para aumentar la transparencia presupuestaria.

PANE también está planeando ayudarles a sus miembros con esfuerzos adicionales de capacitación. Para ello se llevará a cabo una evaluación comprensiva de necesidades para identificar las brechas más urgentes de capacitación. El grupo también está trabajando con miembros del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Addis Ababa y con economistas de la Asociación de Economistas de Etiopía para reunir experiencia que ayude a ampliar el trabajo.

Además PANE quiere fortalecer su propia capacidad y la de sus miembros para participar en ejercicios de rendición de cuentas social. Mientras los donatarios están dando recursos al país en una modalidad diferente conocida como protección de servicios básicos “protecting basic services” (PBS), el papel de la sociedad civil es muy importante para empoderar a los ciudadanos y exigir rendición de cuentas a las agencias proveedoras de servicios. Esto se puede lograr mediante actividades como la transparencia presupuestaria y la educación, el seguimiento y monitoreo de presupuestos, el análisis presupuestario, etc.

Como PANE busca expandir el trabajo presupuestario en Etiopía, una de las principales armas con las que cuenta es el intercambio de información entre sus miembros. Mientras más y más organizaciones llevan a cabo monitoreo de presupuestos e incidencia, la diversidad y profundidad en el tema continuará creciendo. Las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil en Etiopía pueden comenzar a sentar las bases para construir un involucramiento más fuerte y dinámico en el proceso presupuestario.



La sociedad civil en Líbano y el trabajo de presupuestos

Como respuesta a la solicitud de la organización “Lebanese Physical Handicapped Union” (LPHU) y del “National Democratic Institute” (NDI), el International Budget Partnership (IBP) llevó a cabo una evaluación del contexto de la sociedad civil en Líbano del 6-8 de marzo 2007. Un equipo del IBP y LPHU revisaron documentos clave del presupuesto y entrevistaron a organizaciones de la sociedad civil (OSCs), académicos, funcionarios públicos y a miembros del parlamento.

La evaluación encontró que a pesar de la inestabilidad nacional, existe gran interés en los asuntos presupuestarios de parte de las OSCs en Líbano. De hecho algunas de las tensiones políticas son provocadas por asuntos presupuestarios como es el plan del gobierno por aumentar el IVA 15 por ciento en los siguientes años para el financiamiento de las enormes deudas.

En tanto que las OSCs libanesas cuentan con antecedentes de incidencia importantes, no tienen mucha experiencia en el análisis de presupuestos. Por ello, enfrentan el reto de construir su capacidad analítica y vincularse con investigadores y académicos que cuentan con dicha capacidad.

Otro reto que enfrentan las OSCs es de naturaleza operativa y organizacional y tienen que ver con resolver situaciones como la siguiente:¿Si organizaciones individuales comienzan a hacer trabajo de presupuestos, cómo se puede promover su capacidad estratégica y analítica en un ambiente organizacional estable?

Este reporte examina por dónde comenzar a hacer trabajo de presupuestos en Líbano y sugiere dos caminos. A pesar de los impedimentos para este trabajo en Líbano se tiene acceso a la información de la propuesta presupuestaria del gobierno lo cual presenta una oportunidad para cotejar esta información con oportunidades informales para influir en la fase legislativa. Esto se refiere a una práctica bien establecida de colaboración entre la sociedad civil y miembros del parlamento. Por ejemplo, durante la fase legislativa hay instancias en las que las propuestas legislativas de la sociedad civil se firman por los miembros del parlamento y son legisladas.

Una segunda oportunidad tiene que ver con influir en el limitado gasto discrecional disponible. Actualmente los esfuerzos de la sociedad civil por influir en el presupuesto son limitados por el hecho de que la mayoría del presupuesto está ligado al servicio de la deuda y al pago de salarios de los servidores civiles. Por ello, el presupuesto no contiene muchos fondos que se puedan mover libremente. En el mediano a largo plazo el servicio civil del gobierno y los planes de reestructuración de la deuda pueden aumentar la flexibilidad del presupuesto.

Hoy en día la mayoría de los fondos discrecionales con los que cuenta el gobierno están etiquetados para la reconstrucción de posguerra y se asignan por el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción (CDR). Las asignaciones realizadas por el CDR, si embargo, no pasan por el parlamento y no se publican para el escrutinio público. Uno de los retos clave para la sociedad civil libanesa será hacer que las asignaciones de CDR sean más transparentes y se sujeten al escrutinio del parlamento.

En el reciente encuentro de donatarios en París, el gobierno libanés anunció una serie de reformas que le pueden servir mucho a la sociedad civil libanesa, ya que consolidarán el sistema de finanzas público y promoverán la transparencia presupuestaria en ese país.

Para ver el reporte de París, ir aquí.

Para mayor información, contactar a Albert van Zyl [email protected].


El valor de la capacitación presupuestaria por Mary Okpe (Centre for Democracy and Development, Nigeria) Clara Chindime (Civil Society Coalition for Quality Basic Education, Malawi) y Mariska Meurs (Wemos, Holanda)

Del 12-23 de marzo el Proyecto Internacional de Presupuesto, Fundar (México) y HakiElimu (Tanzania) llevaron a cabo un taller intermedio sobre análisis presupuestario internacional e incidencia presupuestaria en Dar es Salaam, Tanzania para organizaciones de Bolivia, Holanda, India, Kenia, Malawi, Nigeria, Paquistán, Filipinas, Sudáfrica, Tanzania y Zambia.

Una incidencia efectiva requiere de una estrategia de comunicación que atienda claramente:

  • los objetivos
  • la audiencia
  • el mensaje
  • cómo se enmarca el mensaje
  • quién es el mejor mensajero
  • un calendario o plan de acción

Una parte del taller empleó simples operaciones matemáticas para guiar a los participantes en cálculos básicos de análisis presupuestario. De acuerdo con un participante, “el método de enseñanza resultó muy práctico, amigable e innovador.” Esta sesión fue importante porque demostró a los participantes cuándo intervenir en el proceso presupuestario, ya que si la intervención se hace en el momento equivocado puede que no se alcance el impacto deseado.

Otra parte del taller se enfocó en la incidencia presupuestaria. Un mensaje de incidencia presupuestaria no sólo debe señalar los problemas nacionales, sino ofrecer soluciones. Los participantes exploraron cómo desarrollar objetivos inteligentes y se les recordó que los presupuestos son rígidos, de manera que no todo puede cambiar de inmediato.

El taller también puso énfasis en la importancia de mensajes visuales en la incidencia presupuestaria. Un video de Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), una organización de base de la India dejó una marcada impresión en los participantes sobre los alcances del trabajo de seguimiento presupuestario. Igualmente, la visita a la oficina de la ONG HakiElimu les brindó a los participantes un ejemplo claro del poder de los mensajes de los medios en el activismo presupuestario. Muchos indicaron que podrían replicar estas técnicas en sus respectivos países.

De acuerdo con Clara Chindime de CSCQBE, la capacitación la hizo darse cuenta de la necesidad de considerar los efectos de la inflación al demandar aumentos en el financiamiento del gobierno, las formas en las que el análisis presupuestario se puede utilizar (además de comparar los presupuestos por sectores con el presupuesto nacional) y la importancia de diseñar la información presupuestaria para distintas audiencias. “Con los conocimientos adquiridos, me parece que nuestro análisis presupuestario será más comprensible y, por ende, más efectivo. Parte de mi trabajo requiere capacitar a miembros de la coalición a la que pertenezco sobre análisis y activismo presupuestario, así que la capacitación llegó en el momento adecuado, cuando la coalición está construyendo la capacidad de redes distritales de educación.”

Mary Okpe de CDD es responsable de un proyecto sobre seguimiento presupuestario a nivel nacional y estatal relacionado con el plan de desarrollo económico de Nigeria (ver artículo en este boletín) y planea compartir lo que ha aprendido en el taller con los coordinadores del programa.

Para mayor información, contactar a Mary Okpe [email protected] y Clara Chindime [email protected].

Otro participante de la ONG holandesa Wemos – una organización que trabaja políticas nacionales e internacionales que afectan a la salud – apuntó que “el taller del IBP nos enseñó el proceso de análisis de presupuestos y nos mostró la importancia de ser estratégicos en cada paso del camino. Como resultado estamos mejor equipados para enfocar los mensajes que queremos transmitir trabajando con diferentes grupos específicos.” El año pasado Wemos comenzó un esfuerzo por recopilar información sobre los presupuestos de salud y explorar el trabajo presupuestario como una herramienta para fortalecer la incidencia de la organización. Wemos también apoyó la participación de AIS (Bolivia), CIN (Kenia), CHESSORE (Zambia) y DORP (Bangladesh) en el taller.

Wemos está aplicando la experiencia del taller para mejorar los cálculos presupuestarios (como los datos sobre inflación y las opciones concretas para aumentar los presupuestos de salud) y sus presentaciones, así como involucrar a otros actores a nivel nacional e internacional. Tanto DORP como AIS planean repetir el taller a nivel nacional para involucrar y capacitar a otros actores de la sociedad civil y a funcionarios públicos. CIN y CHESSORE harán lo mismo más adelante. También se planea el intercambio de visitas con otros grupos presupuestarios para aprender de las experiencias en común.

Wemos quiere continuar el proceso de monitoreo sobre alineación y armonización y el impacto de la condicionalidad sobre el sector salud en los cuatro países. Wemos, CIN y CHESSORE comenzaron una investigación sobre el financiamiento de recursos humanos para salud y el impacto del financiamiento donatario a nivel operacional en varios distritos en Kenia y Zambia.

Para mayor información, contactar a Mariska Meurs [email protected].


Capacitación para ONGs sobre las políticas macroeconómicas del FMI y los impactos de los presupuestos nacionales, los salarios y los servidores públicos por Rick Rowden, ActionAid

Del 13-17 de marzo, ActionAid EUA coordinó un programa de tres días sobre educación en economía para ONGs en Estados Unidos bajo el título, “Getting More Doctors, Nurses and Teachers Hired in Developing Countries: An Introductory Exploration of Alternative Macroeconomic Policies for Beginners.” El taller incluyó presentaciones de Mark Weisbrot del “Center for Economic and Policy Research” en Washington D.C., Andy Berg del Fondo Monetario Internacional (FMI), David Goldsbrough del “Center for Global Development,” Rathin Roy del PNUD y el Prof. Ilene Grabel de la Universidad de Denver, entre otros. El taller exploró la medida en la que las políticas macroeconómicas de FMI pueden restringir, innecesariamente, el tamaño de los presupuestos nacionales de países acreedores y los impactos de dichas políticas sobre la habilidad de los países de contratar doctores, enfermeras y maestros para alcanzar las metas del milenio. El taller resaltó posibles alternativas macroeconómicas para aumentar el gasto público a la vez que se protege la estabilidad macroeconómica.

El taller de ActionAid responde a las preocupaciones expresadas por muchas organizaciones en África, Asia y América Latina sobre los problemas de bajos techos salariales a nivel nacional o del dinero para los salarios de empleados en el sector público. ActionAid ha apoyado el trabajo de ONGs locales en el análisis y seguimiento de presupuestos y reconoce la necesidad de comenzar a educar a los activistas de la sociedad civil sobre el impacto de las políticas macroeconómicas en los programas de préstamo del FMI en el tamaño del presupuesto. Es muy importante analizar cómo se distribuye el presupuesto y cómo se gasta pero ActionAid cree que las ONGs también deben de explorar cómo aumentar el tamaño del presupuesto mismo. Cuando las políticas macroeconómicas son innecesariamente restrictivas, los activistas de salud, educación y VIH/SIDA deben de cuestionar estas políticas e iniciar discusiones públicas sobre posibles alternativas.

El taller de EUA fue el primero de una serie de talleres planeados para 2007 y 2008. ActionAid espera entusiasmar a las ONGs en EUA para presentar este tema al Departamento del Tesoro que tiene un gran peso en la mesa directiva del FMI e involucrar al Congreso que vigila las acciones del Departamento de la Tesorería en el FMI. Este trabajo es parte de un programa de dos años sobre educación en economía e incidencia en EUA, Sierra Leona, Malawi y Kenia.

Para mayor información, contactar a [email protected].

Para leer el reporte “Confronting the Contradictions: The IMF, wage bill caps and the case for teachers,” ir a: http://www.actionaidusa.org/sites/files/actionaid/aaconf_contradictions_final2.pdf.


Taller en la ciudad de México para beneficiarios de CSBI

El pasado de mes de marzo se llevó a cabo en la ciudad de México el segundo encuentro de intercambio anual para proyectos financiados por la Iniciativa Presupuestaria de la Sociedad Civil “Civil Society Budget Initiative’’ (CSBI). Los participantes vinieron de “NGO Forum on Cambodia,” “Haki Elimu” (Tanzania), “Poverty Action Network Ethiopia” (Etiopía), “Network of Ethiopian Women’s Association,” “Bandung Institute of Governance Studies” (Indonesia), “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” (Malawi), “Omar Asghar Khan Development Foundation” (Paquistán) y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (Guatemala). Cuatro grupos más no pudieron asistir debido a problemas con sus visas.

Uno de los objetivos del taller fue examinar las actividades de investigación que hacen activismo presupuestario con base en evidencia empírica. Como ejercicio los grupos tomaron una de sus propias investigaciones para identificar sus debilidades y fortalezas.

En otra parte del taller los participantes pasaron dos días desarrollando una estrategia de activismo para aplicarla a alguna actividad presupuestaria en la que están involucrados. Los participantes trabajaron en equipos por países y discutieron los retos específicos en sus contextos nacionales. Los equipos se reunieron para discutir las distintas formas en las que definieron sus objetivos, construyeron sus mensajes y manejaron problemas específicos.

Los participantes también ofrecieron consejos prácticos para trabajar con los medios; producir información relevante para los medios y conseguir ser entrevistados. La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en que este ejercicio les brindó una valiosa perspectiva sobre cómo trabajar con los medios más efectivamente.

El taller terminó con una serie de presentaciones por parte de cada organización sobre sus objetivos generales, estrategias y trabajo actual. Esta actividad se basó en la intensa dinámica de colaboración y aprendizaje de los días anteriores y fue estructurada conforme a una visión estratégica de trabajo presupuestario integral que combina análisis y activismo.

El taller generó entusiasmo y confianza entre los participantes y ayudó a crear un sentido de comunidad propicio para la retroalimentación sobre el trabajo de cada quien. Además, las experiencias exitosas de los grupos más establecidos fueron una inspiración tanto para los grupos más nuevos, como para el IBP. Las discusiones de los participantes durante el taller sobre los temas que enfrentan deben de sentar las bases para formar una red en el futuro.

Para mayor información, contactar a Helena Hofbauer  [email protected].


Boletín sobre justicia fiscal

Enfoque de Justicia Fiscal “Tax Justice Focus (TJF)” es un boletín de la Red de Justicia Fiscal, una organización de la sociedad civil que se opone a la evasión de impuestos y la competencia fiscal. Estos temas son relevantes para la sociedad y democracia tanto en países pobres, como en países ricos y TJF busca atender la falta de investigación y conciencia pública de estos temas alrededor del mundo.

TJF publica cuatro números al año en inglés con un tema diferente y cubre investigación sobre varios temas. Los últimos dos ejemplares se enfocaron en la competencia fiscal y en la inequidad, respectivamente. El siguiente número que será publicado a principios de julio se enfocará en la fiscalización y rendición de cuentas.

Para suscribirse, enviar un mensaje a [email protected].


 Weaving Global Networks: nueva publicación por CIPPEC, Argentina

Weaving Global Networks un manual sobre cómo la sociedad civil puede influir en el gobierno ha sido publicado por el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) una organización no gubernamental que lucha por crear un gobierno más justo, democrático y eficiente en Argentina.

El libro escrito por Vanesa Weyrauch en colaboración con Inés Selvood, revisa el desarrollo de redes regionales e internacionales y discute la importancia de estas redes en el diseño de políticas gubernamentales. También busca ofrecer herramientas prácticas para profundizar el impacto mediante el uso de evidencia y conocimiento en políticas públicas regionales y globales y en procesos de toma de decisiones públicas. Mediante el uso de cuatro estudios de caso, literatura sobre redes y entrevistas a activistas, los autores examinan las debilidades y fortalezas de redes así como los retos que enfrentan con especial énfasis en América Latina.

Para leer esta publicación, ir a: http://www.vippal.cippec.org/media/recursos/libros/cippec_weaving_global_networks.pdf.


Nuevos materiales en la biblioteca presupuestaria

Follow the Money. A Resource Book for Trainers on Public Expenditure Tracking in Tanzania
Por Hakikazi Catalyst, REPOA y TGNP
Este paquete de herramientas publicado por “NGO Policy Forum” en Tanzania, hace un seguimiento de los fondos públicos desembolsados por el gobierno central al pasar por los gobiernos locales y, finalmente, llegar a las escuelas y clínicas. Explica cómo funciona el sistema del gasto público y cómo puede beneficiar a los grupos marginados. Mediante dicho mecanismo, las comunidades locales pueden darle seguimiento a los servicios gubernamentales y determinar la distribución por género de los beneficios de los servicios en cuestión. El paquete de herramientas está dirigido a gobiernos locales, consejeros locales, organizaciones de la sociedad civil y periodistas comprometidos con prácticas de buena gobernabilidad que cuentan con una comprensión básica de cómo funcionan los presupuestos.

Fostering Public Participation in Budget-making
Por Raza Ahmad y Erin Thébault Weiser/Asian Development Bank
Esta publicación documenta una prueba piloto sobre presupuestos participativos a nivel local en Indonesia, las Islas Marshall y Paquistán. La prueba piloto sugiere que si los gobiernos locales cuentan con la voluntad política y los recursos técnicos, no es difícil promover la participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario. Mediante el uso de métodos simples, efectivos y de bajo costo, los gobiernos locales pueden promover la transparencia y apertura en su proceso de toma de decisiones. Los autores concluyen que la transparencia es vital para la buena gobernabilidad y lleva al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza en el largo plazo.

Study Trip on Participatory Budgeting to the Paris Region
Governance International (GI)
Este reporte describe las prácticas de presupuestos participativos en tres consejos locales de París: Issy-les-Moulineaux, Bobigny y Saint-Denis. Compara tres formas diferentes de transferir el modelo de presupuestos participativos de Porto Alegre a un contexto europeo y los distintos enfoques para organizar consejos e involucrar a gente joven y a otros sectores difíciles de alcanzar.

Newsletter No. 38 – French

Que signifie la bonne gouvernance pour le développement international? Dans ce numéro du bulletin de l’IBP, des experts en développement du monde entier réagissent à une présentation récente de Francis Fukuyama sur la bonne gouvernance. Qu’est-ce qui fait un bon budget citoyen? La connexion des points de l’Index sur le budget ouvert révèlent d’importantes conclusions sur ce qui fait un bon budget citoyen.

Le bulletin fournit également des histoires actuelles sur le travail budgétaire des OSC au Tchad, en Inde, au Kazakhstan, au Nigeria, et en Zambie travaillant sur l’analyse de l’impact des dépenses publiques sur les groupes ciblés et pour la promotion de la transparence et de la participation citoyenne. Ce numéro offre un suivi des nouvelles initiatives budgétaires en Ethiopie, au Pakistan, et au Liban et présente certains des défis et des opportunités pour le travail budgétaire dans ces pays.

Des participants d’une formation de l’IBP réfléchissent à leur expérience d’apprentissage à la suite d’un atelier budgétaire en Tanzanie. Un atelier organisé par ActionAid sur les politiques macroéconomiques nous rappelle l’importance de l’impact des programmes de prêts sur la taille des budgets nationaux. Enfin, nous présentons un nouveau manuel du CIPPEC, Argentine, expliquant comment les réseaux de la société civile peuvent contribuer à influencer le gouvernement. Parmi les autres publications révisées figure le Bulletin du réseau sur les impôts et la justice. Nous espérons que ce numéro vous paraîtra utile et vous encourageons à nous faire parvenir vos commentaires et vos idées!

Déclaration de Francis Fukuyama sur la bonne gouvernance: la réponse de la société civile par Manish Bapna, Miguel Braun, Linda Cornett, Albert van Zyl, et Shizu Upadhya

Le 20 mars 2007, le Programme sur la transparence et la responsabilisation (TAP) de l’Institut Brookings, de l’Ecole Johns Hopkins des hautes études internationales (SAIS), et du Projet budgétaire international a organisé une conférence sur «la société civile et les progrès de la gouvernance dans les pays en développement». L’intervenant principal était le Dr. Francis Fukuyama, professeur d’économie politique à SAIS et directeur di programme de développement international. Le Dr. Fukuyama a traité une série de questions liées au rôle des systèmes politiques et des acteurs nationaux et internationaux dans la promotion de la bonne gouvernance. Ci-dessous figurent les réactions à la présentation du Dr. Fukuyama de différents experts budgétaires du monde entier.

Pour lire la présentation du Dr. Fukuyama, aller sur:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Civil-Society-and-Improved-Governance-in-Developing-Countries.pdf.
Pour lire les transcriptions de la conférence, aller sur:
http://www.brookings.edu/~/media/events/2007/3/20civilsociety/20070320_panel1.pdf
et http://www.brookings.edu/~/media/events/2007/3/20civilsociety/20070320_panel2.pdf.

 

Commentaire de Linda Cornett, consoeur et Manish Bapna, directrice exécutive au Centre d’information bancaire (USA)

Le discours de Francis Fukuyama représente l’expression la plus récente d’une convergence croissante dans le champ du développement concernant l’importance de la gouvernance et de la lutte contre la corruption pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Dans un champ traditionnellement gouverné par les clivages idéologiques, l’agenda de la gouvernance rencontre cependant des adhérents au sein du spectre politique. Il séduit de nombreux groupes de gauche qui se sont longtemps opposés à la volonté de la Banque mondiale de prêter aux gouvernements autoritaires et corrompus qui appauvrissaient leur pays alors tout en réprimant les citoyens. Il est également attractif pour certains éléments de la droite (néo conservateurs) qui se sont faits les porte-parole de la «promotion de la démocratie» dans le monde. Les pragmatiques de toute persuasion politique et la plupart des spécialistes de ce champ ne peuvent tout simplement pas ignorer la faible trace empirique de l’efficacité de l’aide en l’absence d’une gouvernance capable et responsable.

Le consensus croissant concernant l’importance de la bonne gouvernance pour le développement économique et la réduction de la pauvreté a fourni la justification de la nouvelle «stratégie pour la gouvernance et la lutte contre la corruption» de la Banque mondiale. Des groupes disparates convaincus de la nécessité de faire de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption des priorités ont trouvé un allié puissant en la personne du président de la Banque mondiale Paul Wolfowitz, dont l’engagement pour une « promotion de la démocratie » internationale et agressive est légendaire ou notoire, selon votre positionnement.

De façon ironique, malgré le consensus croissant sur l’importance critique de la gouvernance pour le développement, la stratégie actuelle de la banque pour la gouvernance et la lutte contre la corruption est en désaccord avec un autre consensus émergeant parmi les spécialistes du développement et partagé par Fukuyama: que le chemin vers la bonne gouvernance et le développement économique est un processus extrêmement long, complexe, historiquement et culturellement contingent qu’il est virtuellement impossible d’orchestrer, tout spécialement depuis l’extérieur. A partir de sa lecture du débat théorique et des éléments historiques, Fukuyama conclut qu’ «il y a beaucoup de latitude de conception dans la manière dont les institutions sont en fait formulées et implantées» que ce que l’approche actuelle de la gouvernance et de la lutte contre la corruption pense; et il n’y a pas de plan optimal pour la bonne gouvernance qui marche dans toutes les situations. Les stratégies de gouvernance et anti-corruption qui traitent «la réforme du secteur public comme un type de problème technique…n’arriveront jamais nulle part parce qu’ [elle] ne répondront pas aux avantages politiques implicites.»

La stratégie actuelle de la Banque mondiale pour la gouvernance et la lutte contre la corruption est symptomatique de l’approche malavisée que Fukuyama critique. De façon opérationnelle, si non de manière rhétorique, la banque compare presque la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et cherche des solutions dans les réformes standardisées de l’administration publique conçues en priorité pour limiter les opportunités de corruption en limitant la discrétion dans le secteur public. Sur les cinq dernières années, la banque a consacré la plus grande part du total de ses prêts à l’administration publique, au droit, et au secteur de la justice. Malheureusement, il a été prouvé que cette approche est inadéquate pour la tâche de déracinement de modèles établis de corruption. La Revue annuelle de la Banque mondiale sur l’efficacité du développement 2006 admet qu’alors que «l’assistance de la banque a conduit à des améliorations de la qualité des processus de gestion du secteur public dans certains pays», celles-ci n’ont «pas encore été traduites en améliorations de la qualité perçue de la gouvernance dans la plupart de ces pays» (p. XIV).

Si l’approche traditionnelle fondée sur le côté de l’offre de la Banque mondiale pour la gouvernance et la lutte contre la corruption est inefficace, elle est également pauvrement équipée pour favoriser les réformes du côté de la demande. La Banque mondiale doit légalement et effectivement opérer à travers les gouvernements, qui peuvent résister à des réformes réelles menaçant les modèles établis de pouvoir et de privilège. Fukuyama avertit tout spécialement contre la tentation de recourir à la conditionnalité pour essayer de forcer les réformes politiques contre les partenaires nationaux réticents. Cela ne marche pas. Les personnes extérieures ne peuvent pas orchestrer «une demande» de bonne gouvernance pas plus que ne peut être «fournie» une bonne gouvernance à travers la réforme institutionnelle. Le savoir, les capacités, et la direction politique pour une réforme couronnée de succès «ne peuvent venir de Washington, cela doit venir des peuples qui comprennent à la fois les règles formelles et informelles par lesquelles leur société fonctionne et est gouvernée.»

Alors que le savoir local, la capacité, et l’engagement sont nécessaires pour une réforme efficace, Fukuyama remarque qu’il existe un montant considérable d’expertises dans la plus large «communauté du développement politique» qui ont été négligées par la «communauté du développement économique» (selon les mots de Fukuyama). Ces groupes sont à la fois plus ambitieux et plus humbles que leurs contreparties dans les agences de «développement économique». Ils sont tout à fait conscients des défis politiques (versus techniques) significatifs posés par la réforme. En fait, les réformes sont efficaces dans la mesure où elles redistribuent du pouvoir aux consommateurs des services du gouvernement, aux dépens des élites du puissant secteur public et privé qui collude pour modeler le contexte légal, politique, et régulateur en fonction de leurs propres intérêts privés. Il est possible que les intérêts particuliers résistent. Ainsi les réformateurs ont des «attentes relativement modestes» concernant ce qu’ils peuvent effectuer en un temps cours. Ils sont prêts à exploiter les ouvertures de façon opportuniste et pragmatique. Dernièrement ils reconnaissent que les sociétés et les pays se développent, politiquement ainsi qu’économiquement, à travers un long processus politiquement contesté d’essai et d’erreur.

Ce que Fukuyama ne dit pas directement, mais qui est implicite dans son argumentation, c’est que la méthode d’essai et d’erreur ne marche pas sans feedback et responsabilisation – un autre point autour duquel existe un consensus croissant. Quand les personnes ayant le plus à gagner de la bonne gouvernance et de la lutte contre corruption sont libres de parler, de se réunir, et de s’organiser en fonction de leurs propres intérêts, ils peuvent devenir une force puissante et soutenue pour la réforme. Alors qu’il n’existe aucune garantie que les mouvements de réforme rencontreront le succès, historiquement il y a peu d’exemples de réformes réussies qui n’ont pas été menées ou soutenues par des circonscriptions internes organisées et bruyantes.

Encore une fois, ce que Fukuyama ne dit pas – mais qui est cohérent avec son raisonnement – c’est que la Banque peut servir la cause de la bonne gouvernance et de la lutte anti-corruption plus efficacement dans ses propres projets et opérations. Etant donné l’état d’incertitude concernant les derniers fins, moyens, et chemin vers la bonne gouvernance ainsi que les résultats décevants de dix années de réforme de l’administration publique soutenue par la Banque, la Banque peut anticiper son agenda avec plus de confiance en faisant la promotion d’une plus grande transparence et d’un engagement plus fort de la société civile pour l’identification, la conception, l’implantation, la surveillance et l’évaluation de ses propres projets et opérations. «Il existe des preuves significatives que la participation peut dans de nombreuses circonstances améliorer la qualité, l’efficacité, et la durabilité des projets, et renforcer l’engagement du gouvernement et des acteurs» (Banque mondiale, 2005, Problèmes et options pour l’amélioration…, p.6).

Les étudiants du «développement politique» pourraient enseigner aux praticiens du champ du «développement économique» autre chose encore: outre sa valeur instrumentale, l’opportunité de participer aux processus de prise de décision est également intrinsèquement importante pour le développement individuel et de la communauté. Le développement humain est sans aucun doute l’objectif ultime et la mesure du travail de la communauté pour le développement.

Commentaire de Miguel Braun, directeur de politique fiscale du Centre pour l’implantation de politiques publiques pour l’équité et la croissance (Argentine)

Francis Fukuyama explique dans son essai que la gouvernance importe pour le développement. En d’autres mots, cela signifie que si nous voulons améliorer les vies des personnes de nos pays, nous devrions faire attention à comment le gouvernement fonctionnaire, comment les politiciens sont élus, comment le budget est décidé, etc.

Il donne trois raisons convaincantes de pourquoi les améliorations de la gouvernance ne peuvent pas être «importées» de Washington: 1) les institutions reflètent des modèles implicites dans la société et ne peuvent pas facilement être changées; 2) pour les institutions à changer, la demande locale de changement est nécessaire; et 3) la politique importe beaucoup. Un plan simplement technique pour l’amélioration des institutions échouera probablement dramatiquement s’il ne prend pas en compte les raisons politiques expliquant pourquoi les institutions ne fonctionnent pas bien en premier lieu.

Pour ceux d’entre nous qui sont dans le secteur de la promotion de la «demande locale de meilleures institutions» (somment de Washington pour la lutte des OSC et des groupes budgétaires du monde entier pour améliorer la façon dont les gouvernements distribuent les services de base aux pauvres), c’est de la musique pour nos oreilles. Certainement les régimes responsables n’ont pas de motivations pour améliorer la transparence, la responsabilisation, et la gouvernance. Les groupes budgétaires comprennent que nous devons exiger cela – en travaillant avec la presse, les partis politiques, et les groupes qui partagent nos valeurs, ainsi qu’avec d’autres acteurs pertinents.

J’espère que le message du Dr. Fukuyama sera largement écouté par la communauté internationale du développement, et qu’une assistance plus directe sera prochainement accordée aux acteurs qui s’efforcent d’améliorer la gouvernance.

Commentaire d’Albert van Zyl, chercheur budgétaire senior du Projet budgétaire international (Afrique du Sud)

Dans son commentaire, Fukuyama repose la question de la gouvernance dans les débats du développement. Pour résumer, c’est que les institutions importent. Ainsi, il explique que l’on ne doit pas concevoir le développement comme une question technique de «savoir-faire» parce que le développement implique toujours d’autres personnes avec leurs propres intérêts, habitudes, traditions et cultures. Le défi n’est seulement de faire quelque chose à sa propre échelle, sinon de savoir comment faire pour que les autres fassent quelque chose aussi. Cette approche est centrale pour la façon dont les OSC budgétaires ont appris à travailler sur les quinze dernières années. Les OSC ont découvert que leurs relations avec les institutions telles que les législatures, l’exécutif et les institutions de contrôle sont un déterminant essentiel de l’impact qu’elles ont sur les actions et les décisions du gouvernement.

De façon surprenante, Fukuyama ne parle pas des valeurs qui sont poursuivies par les institutions de la gouvernance. On ne fait pas la promotion de ces institutions pour leur propre bien. La raison pour laquelle sont construites des institutions est qu’elles rendent les choses meilleures. Il serait difficile de soutenir et consolider un exécutif ou un parlement qui s’oppose aux principales valeurs démocratiques et sociales.

La dernière partie du document de Fukuyama reflète pourquoi la réforme de la gouvernance est si difficile à effectuer. Il donne trois raisons. Premièrement, il se réfère au «manque de cohésion» entre la société sous-jacente et les institutions introduites par les puissances coloniales. Ce débat a fait furieusement rage en Europe au milieu des années 1990 quand certains universitaires influents (L’Etat importé de Bertrand Badie, Stanford University Press 2000) ont expliqué que les institutions démocratiques sont «culturellement spécifiques» à l’Europe de l’Est. Les institutions que l’Ouest essaie de «transplanter», expliquent-ils, sont aliénées aux contextes dans lesquels elles sont transplantées et ne peuvent pas mûrir là-bas.

Certaines des démocraties établies en Afrique telles que le Sénégal, le Ghana et le Botswana montrent que de telles généralisations sont fausses. Mais il est difficile de nier que les institutions démocratiques sont influencées par les contextes dans lesquels elles se développent. Ainsi cet argument continue de poster des questions intéressantes pour les OSC budgétaires: Quelle est la vision idéale que nous avons des pays dans lesquels nous travaillons? Ce que nous poursuivons au Tchad doit sûrement être différent de ce que nous poursuivons en Croatie?

Deuxièmement, Fukuyama explique que la réforme de la gouvernance est difficile à effectuer parce qu’elle ne peut prendre place à moins qu’il existe une forte demande interne, «depuis le haut ou depuis le bas». Il existe un consensus général selon lequel la réforme de la gouvernance doit être conduite depuis l’intérieur des pays dans lesquels nous travaillons. Mais de nombreuses OSC argumenteraient que dernièrement une telle réforme doit être conduite depuis la base à travers les citoyens et les organisations civiles, et non par les élites. Dans la discussion ultérieure à ce document, Fukuyama concède que la société civile a un rôle essentiel à jouer, même quand les réformes sont conduites par les élites. Dans de nombreux pays nous pouvons observer que les OSC budgétaires travaillent en partenariat avec les «élites gouvernantes», ainsi que ces deux origines de réforme ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. En fait, une certaine force réside peut-être dans cette approche comme nous pouvons le voir avec les partenariats émergeants entre les OSC et les institutions de contrôle.

La troisième raison avancée pour expliquer que la réforme de la gouvernance est difficile à mettre en place est qu’il s’agit d’une «espèce de jardinage» plutôt qu’une «forme d’orchestration». Par cela, Fukuyama veut dire que l’on ne peut considérer la réforme de la gouvernance comme un processus linéaire dans lequel les choses que vous faîtes ont des résultats prévisibles. Il s’agit davantage d’un processus d’ensemencement qui prend forme ou non en fonction d’une série de facteurs que ne sont pas sous votre contrôle.

L’impact du travail budgétaire appliqué est souvent difficile à mesurer parce qu’il s’agit également d’une forme de jardinage, plutôt que d’orchestration. Mais dernièrement la métaphore du jardinage ne requiert pas de changement fondamental sur comment nous mesurons l’impact. Elle nous rappelle l’importance des institutions, des partenariats et de la patience pour mettre en place le changement. Mais elle ne donne pas de moyen différent pour mesurer ou parler de l’impact. Dernièrement ne pouvons pas nous empêcher d’utiliser le langage des causes et effets en parlant du travail budgétaire des OSC ou de tout autre type de soutien des réformes de la gouvernance.

Commentaire de Shizu Upadhya, chercheur économique (Népal)

Comme le remarque Dr. Fukuyama, l’élan pour reconnecter l’aspect économique et l’aspect politique du développement provient en partie de l’université américaine, particulièrement depuis 1990; les exemples incluent les contributions de Douglass North à l’analyse institutionnelle et d’Elinor Ostrom à la théorie du choix public. Les déclarations mêmes sur «fin de l’histoire» du Dr. Fukuyama nous ont rappelé que le développement n’était pas sensé être juste un moyen d’accélérer la croissance économique, mais devait être vu au contraire comme partie intégrante d’un processus beaucoup plus large d’évolution sociale.

Mais il y a également d’autres facteurs. Un facteur significatif est que la communauté du développement a commencé à prendre note de divergences dans la pauvreté et les aboutissements du développement social dans les pays en voie de développement qui ne s’expliquent pas facilement par la théorie prévalente – surtout économique. Par exemple, les réalisations du Botswana, du Costa Rica, du Sri Lanka, et de la Thaïlande, entre autres, sont désormais vues comme le résultat de facteurs politiques plutôt qu’économiques. Ce fait reflète une reconnaissance plus générale parmi les praticiens du développement du besoin de mieux comprendre les conditions «à la surface».

En retour, accorder davantage d’attention aux acteurs locaux a permis de préparer une discussion plus vigoureuse autour des problèmes de l’avantage comparatif dans le développement international et du besoin, selon les mots du Dr. Fukuyama, d’une division du travail plus prudente. Bien souvent cela fut un processus difficile, faisant surgir des questions difficiles laissées de côté jusqu’à présent: Dans quelle mesure réellement les motivations conduisant une agence de donation surmenée, débordée correspondent aux motivations d’un bureaucrate local avec des plans sur le long terme ? Dans quelle mesure les donateurs sont-ils informés des événements locaux déroulés avant leur embarquement, et s’y intéressent-ils ? Les bénéficiaires du projet disent-ils la vérité aux donateurs?

Nous avons donc une situation dans laquelle l’amélioration de la compréhension des mécanismes du développement a également révélé les limitations de ce que les agences de donations peuvent réaliser dans la pratique, particulièrement en relation aux citoyens du pays bénéficiaire. Une réponse instinctive des donateurs a été de commencer à observer davantage les processus, pas seulement les résultats, en accordant de l’attention non seulement aux choses qu’ils veulent réaliser mais aussi aux moyens et aux personnes avec lesquels ils les réalisent – et en accordant davantage d’importance aux acteurs non étatiques. D’autres réponses potentielles incluent l’accord d’horizons temporels plus longs dans les processus de planification (les ODM par exemple), la réalisation de meilleures et de plus fréquentes évaluations des résultats, comme Dr. Fukuyama l’indique, en évitant la formulation de trop de promesses.

Cependant, beaucoup reste à faire. Le réalignement dans le développement international entre les droits et les responsabilités des personnes extérieures et internes, n’a jusqu’à maintenant qu’été partial. Les gouvernements donateurs doivent encore réaliser leurs divers engagements concernant la quantité et l’efficacité de l’aide (plus récemment, les engagements pris à Paris en 2006) et doivent commencer à dénouer leur assistance. Les systèmes de gouvernance globale opèrent incroyablement en leur faveur et restent injustes. Les gouvernements des pays bénéficiaires continuent également de rétrocéder par rapport aux engagements politiques qu’ils ont pris devant leur électorat. Ce problème se reflète de façon plus aiguë dans les comparaisons entre les allocations budgétaires pour la défense et les allocations pour le secteur social (dont une grande partie est en fait financée par l’aide).

Le lien manquant dans tout cela est souligné par le Dr. Fukuyama: le besoin de générer une demande interne beaucoup plus forte de changement. C’est là où la société civile et les citoyens ordinaires entrent en jeu. Dans le Nord comme dans le Sud, l’obligation réelle pour les citoyens est de s’intéresser davantage aux affaires de leur Etat, s’informer davantage, concevoir des plans d’action pour le changement, et commencer alors à les considérer.

Les 50 dernières années ont montré que les moments de transition sont rares dans le développement international. Si nous traversons actuellement une telle période, nous ne devons pas reposer sur le Professeur Fukuyama et d’autres universitaires lointains pour nous fournir les bonnes idées, tout spécialement depuis que les universitaires eux-mêmes mettent de plus en plus leurs théories à la queue d’incident réels.



Rendre les budgets des citoyens efficaces
par José M. Marín

Les résultats de l’Index sur le budget ouvert http://www.openbudgetindex.org ainsi que les entretiens réalisés avec les participants de l’Initiative sur le budget ouvert offrent d’importantes leçons sur les budgets des citoyens et sur ce qui fait leur efficacité. Pour résumer, ces leçons sont: un budget citoyen ne doit pas être le substitut d’une documentation budgétaire de très bonne qualité, il doit refléter le niveau d’alphabétisation budgétaire dans le pays, et le gouvernement doit assurer sa dissémination.

Un budget des citoyens fournit un résumé du budget gouvernemental conçu pour être accessible à autant de gens que possible, en leur donnant une opportunité pour s’engager dans le processus budgétaire et par là même influencer les politiques gouvernementales. Malheureusement, seuls 10 des 59 pays examinés dans l’étude de l’IBP – l’Angola, le Salvador, la France, l’Inde, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Suède, l’Ouganda, et le Royaume-Uni – publient un budget des citoyens, et dans la plupart de ces cas le budget des citoyens ne remplit pas l’objectif fixé.

Dans certains de ces pays, comme en Nouvelle-Zélande, en Suède, et au Royaume-Uni, l’exécutif publie un résumé budgétaire qui peut être considéré comme un budget des citoyens. Dans d’autres pays, comme au Salvador et en Afrique du Sud, l’exécutif publie un guide budgétaire spécialement pour citoyens.

Indépendamment du format que prend le budget des citoyens, il ne peut pas prendre la place d’une documentation budgétaire accessible et de bonne qualité. Les groupes de la société civile qui s’engagent dans le travail budgétaire tendent à ne pas utiliser le budget des citoyens. L’une des raisons est que ces groupes disposent généralement d’une certaine capacité technique pour interpréter les documents budgétaires directement. Une autre raison est que la plupart de ces groupes travaillent sur des questions sectorielles telles que la santé ou l’éducation et ont donc besoin d’informations détaillées qui ne se trouvent généralement pas dans le budget des citoyens. (L’une des recommandations des experts qui ont aidé à réaliser l’étude de l’IBP sur la transparence était que les gouvernements fournissent des résumés pour budgets par secteur).

Le degré de complexité du budget des citoyens doit refléter le niveau d’alphabétisation du pays. Par exemple, en Suède le budget des citoyens prend la forme d’un résumé écrit, alors qu’en Angola, dont le niveau d’alphabétisation est beaucoup plus bas, il inclut des photos pour être plus accessible. Au Salvador, le budget des citoyens peut être compris par un citoyen avec le niveau d’une éducation secondaire ce qui rend le document accessible à davantage de citoyens. Le budget des citoyens indien, cependant, a été critiqué pour utiliser un langage beaucoup trop technique.

Rendre le budget des citoyens accessible aux non spécialistes est particulièrement important dans les pays où les médias ne sont pas très actifs dans la diffusion de l’information budgétaire. Dans ces pays, le budget des citoyens doit être orienté vers le public en général, qui ne peut compter sur les médias pour obtenir l’information budgétaire. En revanche, dans les pays aux médias libres et actifs, le budget des citoyens peut être tourné davantage vers les journalistes, en l’aidant à comprendre et à couvrir les questions budgétaires.

Pour être efficace, un budget des citoyens doit être largement diffusé. Certains pays fournissent le document en ligne et se reposent principalement sur Internet pour atteindre le public visé; d’autres l’impriment sous forme de as a pamphlet or magazine insert. Les gouvernements doivent prendre en considération quels sont les types de médias qui atteignent le plus les gens; comme l’a fait remarquer l’un de nos chercheurs, «un budget des citoyens peut être produit pour faire joli et n’être accessible qu’à certaines personnes» a déclaré Anna Schnell de Melander Schnell Consultants. Au Salvador, par exemple, le budget des citoyens est seulement accessible sur Internet, alors que seuls 9% de la population a accès à Internet.

Les gouvernements doivent également être proactifs dans leurs efforts de diffusion et d’éducation concernant le budget des citoyens. Par exemple, le budget des citoyens en Angola est publié seulement en Portugais, alors que différentes langues sont parlées dans le pays, et il n’est même pas distribué à de nombreuses provinces de l’Angola. Ces faiblesses nuisent sérieusement à l’efficacité du document.

Le moment choisi pour le budget des citoyens est très important pour déterminer s’il parvient à promouvoir la participation du public dans le processus budgétaire. Tous les budgets des citoyens ne sont pas publiés à temps pour permettre la participation du public. Au Salvador, par exemple, le budget des citoyens est publié après l’adoption du budget. En Afrique du Sud, il est publié conjointement à la proposition budgétaire de l’exécutif, qui correspond au budget adopté puisque le parlement sud-africain n’a pas le droit légal d’amender le budget. Alors qu’il est commun dans les systèmes parlementaires que la proposition budgétaire soit approuvée telle quel, ceci n’exclut pas la participation des citoyens. Par exemple, le Royaume-Uni publie un résumé du rapport pré budgétaire, et les citoyens peuvent envoyer leur opinion gratuitement. Ce résumé contient les principales politiques fiscales que le gouvernement compte implanter, les prévisions de revenus et dépenses ainsi qu’un résumé du contexte macroéconomique prévu. Pour 2007, le rapport pré budgétaire sera présenté en mars, alors que le résumé du rapport pré budgétaire sera mis sur Internet en décembre 2006. Cela laisse au moins trois mois aux citoyens pour exprimer leurs opinions sur les priorités du budget à venir au Royaume-Uni.

Pour promouvoir la participation du public, le budget des citoyens doit inclure des informations sur le processus budgétaire et les opportunités pour les citoyens de faire entendre leurs opinions. De nombreux budgets des citoyens ne présentent pas ces informations. Une solution pourrait être d’inclure une section “how to” expliquant comment le budget est créé et comment les citoyens peuvent influencer le processus budgétaire. Il serait également utile d’inclure des informations telles que des comparaisons avec les budgets antérieurs et des moyens concrets de mesurer le succès des objectifs politiques du gouvernement.

Les informations suivantes doivent être inclues dans un budget des citoyens:

  • une révision du budget;
  • un résumé clair des objectifs politiques du gouvernement;
  • les principaux programmes de dépenses et les résultats attendus;
  • la différence entre le budget de l’année précédente et l’aboutissement du budget pour cette année;
  • la balance d’ensemble du budget et son impact sur le niveau de la dette publique;
  • la politique du gouvernement concernant la dette publique;
  • une révision concise des fonds distribués à d’autres niveaux de gouvernement; et
  • une explication de comment obtenir davantage d’informations sur le budget.


Surveillance des dépenses pour les handicapés au Kazakhstan par l’ONG Namys 

Au Kazakhstan, une organisation non gouvernementale dénommée Namys (« conscience ») fait avec succès la défense des droits des personnes handicapées.

Créée en 2002, Namys s’est tout d’abord consacrée à faire pression pour une nouvelle loi plus progressive pour les handicapés qui reconnaisse leurs droits et établisse des programmes de services de réhabilitation. Namys a rédigé une première version de cette loi et a demandé au gouvernement de l’utiliser lors de la rédaction de la version officielle de la loi.

Quand le gouvernement a produit un texte qui représentait un retour à la vieille politique soviétique consistant en accusant les handicapés de leur condition, Namys a lancé une campagne agressive pour influencer le gouvernement. Namys a coordonné un certain nombre d’événements pour protester contre la loi proposée, a soumis des pétitions au président présentant les préoccupations concernant la loi, et a organisé des événements médiatiques pour diffuser sa demande d’améliorations.

Ces efforts ont été récompensés quand le gouvernement a accepté certaines des principales recommandations de Namys, dont celle de rendre les agences publiques responsables de la protection des droits des personnes handicapées. La nouvelle loi a également établi différents programmes de réhabilitation pour dispenser aux personnes handicapées des services médicaux, une éducation et des capacités professionnelles, et une sécurité sociale (incluant des allocations sociales). Le montant alloué à ces programmes sur les trois prochaines années était plus important que dans le budget précédent.

L’étape suivante logique a été pour Namys de concentrer son attention sur l’analyse des dépenses allouées à l’assistance des handicapés pour s’assurer qu’elles ont été dépensées de façon appropriée. L’ONG a organisé une large coalition de plus de 30 organisations non gouvernementales soutenant les personnes handicapées dans l’ensemble du pays et a commencé sa campagne de surveillance dans la province d’Almaty dans le Kazakhstan du Sud-Est.

La campagne a dévoilé plusieurs irrégularités dans l’exécution des programmes pour les personnes handicapées. Dans un certain cas, par exemple, les fonds budgétés pour la promotion des activités sportives parmi les personnes handicapées ont été utilisés pour d’autres sports. Namys a présenté les preuves de ce problème au maire local, qui a de son côté organisé une rencontre avec le comité des sports. Lors de cette rencontre, à laquelle a assisté Namys, le comité a reconnu son erreur et a promis de rectifier la situation.

Dans un autre exemple, Namys a découvert qu’un programme sous lequel la ville d’Almaty dispense des chaises roulantes aux personnes handicapées, distribuait des chaises de très mauvaise qualité. Namys a présenté ce problème au maire, qui a nommé une personne handicapée au sein du comité gérant les achats de chaises roulantes; cet individu a permit depuis de réaliser des améliorations dans la sélection de ces chaises.

Enfin, Namys a découvert l’existence de longs délais pour la distribution du financement de certains programmes pour les handicapés; du fait de ces délais, certains fonds n’ont jamais été dépensés. Quand il a eu mot des découvertes de Namys, le gouvernement a assuré à l’ONG que les fonds seront distribués rapidement dans le futur.

Namys prévoit de financer son projet réussi de surveillance pour entreprendre de nouvelles activités de surveillance dans d’autres régions du Kazakhstan en coordination avec les partenaires locaux. Il a établi un réseau constitué de membres de la législature nationale, d’autorités régionales, et de médias d’information qui va surveiller les programmes et budgets pour les personnes handicapées; Namys coordonnera les activités du réseau. Namys prévoit également de mettre en place une structure de compensation qui dispense des informations sur les programmes et le financement disponible pour les personnes handicapées dans le pays, ainsi que des informations sur les techniques pouvant être utilisées par les personnes intéressées par la surveillance de ces budgets pour suivre les dépenses.

Namys opère avec une équipe relativement petite de 12 employés à temps complet, mais cette équipe est complétée par environ 70 volontaires.


 Le renforcement de la transparence budgétaire à travers la participation publique par Mary Okpe, CDD Nigeria

Le Centre pour la démocratie et le développement (CDD), une ONG internationale, surveille l’implantation de la Stratégie pour le développement et le pouvoir économique (National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS)), un plan de réforme conçu pour promouvoir le développement économique et réduire la pauvreté à travers des étapes telles que la privatisation, la transparence, et des efforts plus importants de lutte contre la corruption.

Le CDD conduit des recherches, des formations, et des activités militantes sur des questions telles que la démocratisation, le développement, et la sécurité humaine en Afrique de l’Ouest. Son attention se porte d’abord sur le développement démocratique ou le processus de développement contrôlé démocratiquement.

Il y a deux ans, le CDD a mené une étude sur la pauvreté au Nigeria et les solutions potentielles. La recherche a montré que les augmentations des revenus gouvernementaux n’ont pas mené à des améliorations dans la vie des Nigériens. Les pauvres continuent de souffrir de l’accès inadéquat à l’éducation et à la santé, du manque d’eau potable, et d’autres problèmes. En outre, malgré un progrès significatif de la transparence budgétaire au sein du gouvernement central, l’Etat et les gouvernements locaux sont encore secrets en ce qui concerne leur budget, et la distribution de services aux citoyens n’a pas amélioré.

Actuellement le CDD aide les groupes de la société civile à implanter un projet pour surveiller la NEEDS et un plan parallèle de réforme au niveau de l’Etat, la Stratégie pour le développement et le pouvoir économique (SEEDS), aux niveaux national et étatique. Le projet de surveillance suit les dépenses et revenus fédéraux et étatiques dans les six zones géopolitiques du pays.

Le CDD a déjà conduit une enquête de référence examinant la connaissance des citoyens concernant le budget et les programmes de développement dans leur communauté et a développé des maquets pour suivre les processus budgétaires, afin d’observer si ceux-ci respectent les objectifs fixés par la NEEDS. En outre, le CDD a conduit une formation d’alphabétisation budgétaire pour 180 personnes issues de groupes de la société civile, d’organisations basées dans les communautés, et des médias pour surveiller l’implantation budgétaire au niveau local.

Les futures activités prévues du CDD incluent:

  • la formation de coordinateurs de projet dans le pays pour renforcer leurs capacités d’activisme et de recherche
  • la surveillance de l’exécution budgétaire pour la conformité en engagements politiques NEEDS/SEED
  • l’analyse des tendances identifiées lors de la surveillance
  • la distribution de soutien technique aux agences gouvernementales de réforme économique
  • la promotion du dialogue parmi les acteurs au niveau étatique
  • la diffusion d’informations à travers un site Internet de surveillance budgétaire et des publications périodiques

La surveillance efficace du budget en relation avec les priorités établies par NEEDS/SEEDS permettra de faire des économies pouvant être utilisées pour contribuer à réduire la pauvreté. Cela permettra aussi de faire la promotion de l’objectif de NEEDS/SEEDS qui est d’améliorer la responsabilisation publique. Les objectifs à long terme du projet de surveillance incluent:

  • une meilleure distribution des services gouvernementaux au niveau local, étatique, et national
  • une plus forte demande publique de bon gouvernement, alors que de plus en plus de monde s’intéresse à comment sont dépensées les ressources en leur nom
  • la formation de groupes de la communauté pour analyser les données budgétaires et influencer la politique publique

Pour davantage d’informations sur le travail budgétaire du CDD, visiter www.cddwestafrica.org.



La surveillance des budgets de la santé en Zambie par Thabale J. Ngulube et Fastone M. Goma, Centre pour la santé, la science et la recherche sociale (CHESSORE)

Depuis 2003, le Centre pour la santé, la science et la recherche sociale (CHESSORE), une ONG zambienne, analyse le budget annuel de la santé en Zambie afin de promouvoir la participation publique dans les décisions de dépense du gouvernement.

Le gouvernement, qui travaille pour aligner ses politiques de la santé avec l’ensemble des initiatives de développement contenues dans le cinquième plan national de développement de la Zambie, a reconnu le besoin de participation de la communauté dans la formulation du budget, incluant le champ de la santé. Cependant, le travail préliminaire de CHESSORE suggère que le public n’est pas encore engagé de façon efficace dans ce processus. Ceci a conduit à la fois au sous financement et à la mauvaise utilisation des faibles ressources, ce qui a à son tour empêché le progrès dans la réduction du niveau de maladie. Les chances de la Zambie d’atteindre les Objectifs de développement du millénaire diminuent chaque jour.

CHESSORE prévoit d’utiliser une approche fondée sur les droits à la santé pour répondre au problème du financement de la santé au niveau du district, avec un accent porté sur l’engagement de la communauté. En aidant le public à comprendre le processus de budgétisation de la santé, CHESSORE espère faire du budget de la santé publique un sujet de discussion et de commentaire pour les acteurs locaux et nationaux. Le budget de la santé publique peut servir de point d’entrée pour que les communautés s’engagent avec leur système de santé et promeuvent et clament leur droit à la santé.

CHESSORE a été lancé en 1995 en réponse à l’échec des précédents efforts de développement national. Les fondateurs du groupe ont reconnu le besoin d’apprendre de ces efforts pour informer les prochaines initiatives de développement, étant donné que les précédents plans de développement national disposaient de peu d’informations et ont donc fourni peu de leçons pour le futur. Les objectifs de CHESSORE sont de:

  • réaliser de la recherche appliquée et des formations dans les champs de la santé, des sciences pures, et des sciences sociales, en utilisant une approche multidisciplinaire
  • forger la capacité de la Zambie pour la recherche appliquée pour soutenir les initiatives de développement en cours
  • encourager une plus grande implication de la communauté dans les décisions gouvernementales

En plus de promouvoir la recherche comme outil pour la planification et le développement, CHESSORE conduit diverses activités pour éduquer le public en général, telles que l’organisation de conférences, la présentation de lecteurs, la conduite d’ateliers, et la publication de livres, brochures, et vidéos.

Pour davantage d’informations, contacter Fastone Goma à [email protected].



Revenus pétroliers pour des projets de développement au Tchad, GRAMP-TC

Soutenu par le CSBI (Initiative budgétaire de la société civile), GRAMP-TC a organisé récemment trois cours de formation sur la gestion participative du budget gouvernementale au Tchad. Les deux premiers ateliers ont eu lieu dans les régions productrices de pétrole au Sud du Tchad. L’une de ces régions, Logone Oriental, reçoit 5 des revenus totaux du pétrole, un montant consacré à l’investissement dans les projets sociaux. Le troisième atelier a eu lieu dans la capitale de N’Djamena.

Plus de 140 représentants des ONG locales ont été formés lors des ateliers hors de la capitale. Ces ateliers ont couvert des sujets tels que les budgets nationaux, le rôle des OSC dans le processus budgétaire, la stratégie de réduction de la pauvreté, le rôle de la législature, les outils de recollection des données budgétaires, et l’organisation et l’opération du travail budgétaire de la société civile.

A la suite de ces ateliers de formation, des comités de surveillance de la société civile locale ont été mis en place. Ces comités ont pour but de surveiller l’allocation et l’implantation des projets de développement financés par les revenus du pétrole.

Après les ateliers, l’une des organisations participantes CACOD-LOR a demandé l’organisation d’une rencontre avec le premier ministre pour discuter du problème des contrats de projet de développement accordés à des compagnies dont la capacité pour administrer ces projets est douteuse. Par exemple, un contrat pour construire un stade de sport a été accordé à une compagnie d’hydrocarbure de la capitale. Outre le manque d’aptitude de l’entrepreneur, ce projet ne répond pas aux besoins de la population locale qui n’a pas accès à l’eau potable ou à des services de santé suffisants.

La rencontre avec le premier ministre n’a pas eu lieu, mais des fonctionnaires importants ont expliqué que dans la pratique ces projets locaux de développement relevaient de la décision du premier ministre et non du comité local mis en place dans ce but. Malgré le fait que la réunion n’ait pas eu lieu, aucun autre contact n’a été établi depuis que CADOC-LOR a attiré l’attention sur ces questions.

Le comité local qui est en fait censé allouer les projets a donc organisé une campagne de communication sociale pour informer les populations locales sur le financement disponible et le moyen par lequel celui-ci est alloué.

A la fois la formation et le suivi de CACOD-LOR ont généré l’intérêt au-delà des frontières de la région. Des demandes d’une formation similaire ont surgi dans d’autres régions.

Pour davantage d’informations, contacter GRAMP-TC à [email protected].



L’impact du budget de l’Union indienne 2007-2008 sur les femmes, Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA)

Le premier texte budgétisant le genre dans les budgets de l’Union 2005-2006 incluait 10 demandes de fonds. En 2006-2007, ce furent 24 demandes de fonds sous 18 ministres/départements du gouvernement de l’Union et 5 territoires de l’Union. Le texte de budgétisation du genre de cette année couvre 33 demandes de fonds sous 27 ministères/départements du gouvernement de l’Union et 5 territoires de l’Union. L’amplitude totale du budget du genre a également augmenté de 3.8% à 4.8% (comme pourcentage des dépenses totales du gouvernement de l’Union). Le Centre pour la responsabilisation en matière budgétaire et de gouvernance (Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA)) a préparé une analyse de l’impact du budget 2007-2008 sur les femmes. Ci-dessous sont présentés certains des commentaires du rapport:

Education de base

Le gouvernement doit prendre des mesures fortes pour renforcer l’infrastructure éducative pour les filles et développer des programmes spécifiques consacrés aux filles. Dans le nouveau budget de l’Union, le système Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya a été fusionné avec le Sarva Shiksha Abhiyan, ce qui rend très difficile de suivre the outlays pour ce système spécifique. L’allocation pour le système Mahila Samakhya a seulement été augmentée de Rs. 30 crore en 2006-07 à Rs. 34 crore en 2007-08. La part de l’allocation totale pour le département de l’alphabétisation et l’éducation scolaire consacrée aux programmes pour les filles ont diminué de 43% en 2006-2007 à environ 40% en 2007-2008.

Santé et bien-être de la famille

La plupart des indicateurs de la santé, tout spécialement ceux liés à la santé maternelle et infantile, démontrent les pauvres accomplissements de l’Inde dans les aspects essentiels du développement humain. Le très faible niveau des dépenses publiques pour la santé – à peine plus de 1% du PIB – a très souvent été mentionné comme une raison de l’état maussade des affaires dans le secteur de la santé. L’Alliance progressive unie a souligné que les dépenses publiques pour la santé devraient atteindre 3% du PIB.

La taille de l’allocation budgétaire pour les centres locaux du bien-être des familles rurales a des implications importantes pour la santé des femmes dans les zones rurales. Par conséquent, l’augmentation de cette allocation cette année est bienvenue. Bienvenue est également l’augmentation de l’allocation pour la mission nationale pour la santé rurale l’année prochaine. Cependant, le fait que l’allocation budgétaire de ces programmes ne soit apparemment pas dépensée cette année fait surgir une autre préoccupation; cela montre que le gouvernement n’a pas pu faire face aux goulots d’étranglement institutionnels dans le secteur crucial de la santé et du bien-être de la famille.

L’une des principales déceptions du budget concernant l’Union est la réduction des allocations pour le programme de santé reproductive et infantile. Pire, seuls les trois quarts environ des fonds alloués au programme cette année ont été dépensés.

Logement

Le texte de budgétisation du genre présenté dans le budget 2007-2008 du budget de l’Union établit que 100% des allocations pour le programme de logement Indira Awas Yojna (IAY) pour les personnes rurales en situation de pauvreté sont spécifiques aux femmes. Cependant, des informations issues du département du développement rural montrent que plus de 15% des logements construits dans le cadre du programme ont été attribués à des hommes, et une part plus grande encore a été attribuée à des couples mariés. Seuls 49% ont été enregistrés sous le nom de femmes et cependant 100% des allocations ont été traitées comme exclusivement pour des femmes.

Par conséquent, il ne peut pas être déclaré que l’intégralité de l’allocation IAY est spécifique aux femmes. Mais un caractère prioritaire plus important accordé au logement rural est certainement nécessaire pour la provision de logement aux femmes, et dans ce sens IAY est important. En d’autres termes, dans la mesure où la propriété de logement ou de terre par des femmes est si terriblement faible, nous devons nous concentrer davantage sur le logement pour les femmes et IAY est important malgré tout, puisqu’au moins 49% des logements sont enregistrés sous le nom de femmes.

Le seul programme important de logement du gouvernement pour les pauvres de zone urbaine a été interrompu. Un nouveau programme est supposé commencer en 2007-2008, mais l’ensemble de l’allocation du budget pour le logement pour les pauvres de zone urbaine est plutôt limité. Ainsi, considérant le logement pour les femmes pauvres des zones urbaines, le budget est clairement décevant.

Interventions spéciales dans le cadre du Ministère du développement des femmes et enfants

Le Ministère du développement des femmes et enfants dispose de plusieurs programmes pour assister les femmes actives et les femmes en détresse. Le nouveau budget inclut des augmentations bienvenues dans le financement de programmes qui aident les victimes du trafic humain et fournissent des hôtels pour les femmes actives. Cependant, des augmentations substantielles sont également nécessaires pour le programme national de soin journalier pour les enfants de femmes actives et «les maisons de court séjour» (une maison de court séjour est un foyer temporaire pour les femmes en situation de crise) pour les femmes démunies.

En outre, de nombreux groupes de femmes seraient déçus de remarquer qu’il n’y a pas d’allocations pour implanter la Loi sur la violence domestique. L’adoption de cette loi en 2005, après un long combat, fut un accomplissement historique pour les femmes indiennes. L’absence d’allocation pour cette loi met un point d’interrogation sur l’engagement du gouvernement pour s’assurer que cette loi devienne réalité pour les femmes et ne se contente pas de rester confinée dans les livres de droit.

Pour lire la réponse complète du CBGA au budget, aller sur: http://www.cbgaindia.org/files/budget_responses/RUB%202007-08.pdf.

Pour lire l’analyse du budget sous l’angle du genre, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/01/UnionBudgetandWomen.pdf.



Nouveau travail budgétaire au Pakistan, Fondation Omar

Au Pakistan, une organisation établie de la société civile a récemment commencé à incorporée l’analyse budgétaire dans l’ensemble de ses activités. Avec le soutien du Projet budgétaire international, de l’Open Society Institute, et de l’Initiative budgétaire de la société civile, de nouveaux projets sont en cours pour améliorer la conscience et la participation citoyennes aux questions liées aux budgets gouvernementaux.

La Fondation pour le développement Omar Asghar Khan (www.oakdf.org.pk) a initié l’année pilote d’un nouveau projet: «Placer l’argent où se trouvent les besoins: Etablir une relation entre l’argent et les priorités du peuple». La fondation a été créée en 1999 pour promouvoir les droits humains des pauvres et des personnes vulnérables à travers le militantisme, la mobilisation sociale, et la distribution de services. La fondation s’efforce de créer des opportunités afin que les personnes travaillent collectivement pour les droits de l’homme et de subsistance en établissant un ensemble de bases et en rendant les institutions et les politiques plus favorables aux pauvres.

Le nouveau projet va prolonger cette mission à travers l’activisme citoyen pour faire pression pour une utilisation plus efficace des ressources et une extension de l’espace politique pour la participation dans le processus du développement; les arguments seront fondés sur les preuves issues des communautés locales. Les objectifs du projet sont de faire en sorte que les politiques gouvernementales répondent davantage aux besoins des populations affectées (particulièrement des populations marginalisées) et d’améliorer la responsabilisation et la transparence gouvernementales.

Afin d’atteindre ces objectifs, la fondation a développé un plan ambitieux de cinq années pour le travail budgétaire du «côté de la demande» consistant en des évaluations par la communauté des besoins, l’engagement du gouvernement de fournir des allocations appropriées, la surveillance de l’implantation, et le militantisme budgétaire et politique. Le nouveau projet reflète une approche du travail budgétaire centrée sur les citoyens, qui engage directement ces derniers dans la récollection et l’analyse des informations afin d’organiser et de construire la participation, ce qui contraste avec un processus plus centré sur la politique où les chercheurs «experts» de la société civile produisent des analyses pour un public gouvernemental.

Les activités de l’année pilote (qui a débuté en juillet 2006) se concentrent sur les besoins urgents de la communauté avec le secours suite au séisme et à la reconstruction dans la province montagneuse de la frontière Nord-ouest. Le projet commence son travail dans 11 des conseils d’union les plus affectés, chacun d’entre eux se compose de 20 à 30 villages. Cette attention particulière initialement attachée au processus de reconstruction a pour objectif de construire la capacité – à la fois dans la fondation et chez les partenaires locaux – pour un travail futur autour d’autres besoins pour le développement.

Par nécessité, une grande partie des activités récentes de la fondation se sont concentrées sur le secours aux victimes du séisme dévastateur de 2005, qui a eu lieu dans une région où la fondation est déjà très active. La fondation a utilisé des contacts locaux et ses connaissances pour se joindre aux efforts de secours et de distribution de services d’urgences à travers ses antennes régionales. En outre, elle continue d’être active dans le routage des financements et l’implantation de politique publique dans les efforts de réhabilitation en cours, en travaillant avec des groupes locaux. Les fonds des donateurs pour ce travail sont fournis à travers le Fonds pakistanais pour la lutte contre la pauvreté et l’autorité gouvernementale pour la reconstruction.

Environ 5.2 milliards de dollars (estimation) de fonds extérieurs ont été promis pour les futurs efforts de reconstruction, ce qui fait surgir d’importantes questions sur la transparence et la responsabilisation. De nombreux efforts récents internationaux pour mobiliser des ressources afin de répondre aux désastres et conflits risquent de générer une « fatigue du donateur » en l’absence de responsabilisation et de résultats prouvés pour ces fonds. L’un des meilleurs moyens pour tenir les gouvernements responsables de la réhabilitation et de la reconstruction est de faire en sorte que les personnes mêmes censées recevoir l’aide surveillent et défendent la distribution efficace et juste de ces fonds.

L’élément principal du projet budgétaire de la fondation est d’aider les communautés à développer des plans d’action de réhabilitation au niveau du village (V-RAPs). La fondation a sélectionné des villages représentatifs dans chacun des 11 conseils d’union initiaux et facilite avec des partenaires locaux un processus de cinq jours dans chaque village pour identifier et classer les besoins avec les groupes locaux. Les V-RAPs individuels sont alors consolidés en un seul plan d’action pour chaque conseil d’union, puis consolidés en des plans d’action au niveau du district pour les secteurs affectés, par des analystes représentatifs des groupes de village. Les plans d’action en résultant, qui détaillent les étapes requises pour le gouvernement et les autres participants (ainsi que des estimations des allocations budgétaires nécessaires) sont validés lors de réunions locales et de plus larges « assemblées populaires » convenues par la fondation.

Enfin, les plans d’action seront présentés aux décideurs du gouvernement lors de rencontres organisées pour demander aux fonctionnaires comment ses priorités sont traitées et pour exiger plus d’action à la fois dans les budgets de la réhabilitation et les budgets récurrents. La fondation dispensera aux groupes de citoyens participant une formation avancée sur les processus budgétaires et les techniques militantes efficaces.

Pour surveiller l’implantation locale des plans dans les conseils d’union sélectionnés, la fondation aidera à créer des organisations locales qui rempliront des « fiches de rapport citoyen » comparant les promesses gouvernementales et les résultats observables. Les fiches de rapport seront communiquées aux médias et aux personnes concernées afin de promouvoir l’engagement citoyen avec le gouvernement. Un programme fort d’engagement médiatique est également prévu.

A la fin de l’année pilote, la fondation révisera les résultats et envisage de s’étendre à d’autres secteurs géographiques et sur d’autres questions liées au budget et au développement. Il est prévu que le travail se poursuive dans les zones de séisme, bien que les efforts de surveillance de la réhabilitation requièrent un soutien moins intensif et permettent l’extension du projet n’importe où ailleurs.

Pour davantage d’informations, contacter la Fondation pour le développement à [email protected].



Défis et opportunités pour le travail budgétaire en Ethiopie, Poverty Action Network of Civil Society en Ethiopie (PANE) par Gweneth Barry

Le travail militant en général et le travail budgétaire en particulier sont de nouveaux champs pour la société civile en Ethiopie. Le Réseau d’action contre la pauvreté de la société civile en Ethiopie (The Poverty Action Network of Civil Society in Ethiopia (PANE)) s’efforce de susciter l’intérêt pour le travail conjoint dans ce nouveau champ enthousiasmant. Les contraintes subsistent du fait de la nature complexe du système budgétaire d’Ethiopie et du manque d’informations mises à la disposition du public sur le budget. Cependant, la société civile se lève devant le défi et apprend comment s’engager de manière efficace dans le processus budgétaire.

L’émergence du travail et du militantisme budgétaires

Traditionnellement, les ONG en Ethiopie se sont concentrées sur la distribution de services et emergency relief. Cependant, du fait de la création d’un certain «espace» politique et du travail important de quelques organisations, de plus en plus de groupes de la société civile commencent à considérer le militantisme comme partie intégrante de leur mandat. Dans le cadre de ce changement, ces groupes commencent à observer le budget gouvernemental comme un instrument essentiel pour apporter des changements réels.

L’émergence de réseaux de la société civile se concentrant sur le militantisme est un indicateur concret de cet intérêt croissant. Par exemple, le réseau d’action contre la pauvreté d’Ethiopie (PANE), formé en 2004 à partir d’un groupement mis en place pour répondre au processus PRSP en Ethiopie, est désormais l’un des principaux réseaux militants dans le pays, avec plus de 70 membres.

Le PANE a mis en lumière le travail budgétaire comme l’un de ses secteurs clés pour l’engagement politique. Plusieurs membres du PANE ont commencé à s’engager dans la surveillance et le militantisme budgétaires de leur propre initiative, et nombreux sont ceux qui désirent développer ce secteur d’activité. Le PANE a donc mis en place un groupe budgétaire pour rassembler ces organisations, afin qu’elles apprennent ensemble et développent des efforts conjoints autour du budget.

Le spectre large du travail budgétaire

Le travail budgétaire mené par des membres du groupe budgétaire du PANE couvre une large série de secteurs et de méthodes. Par exemple, un effort conjoint de Helpage International, Hundee, et l’Association pour le développement des femmes et enfants de la vallée du Rift (the Rift Valley Women’s and Children’s Development Association) implique les personnes âgées dans la surveillance budgétaire. Ces groupes ont formé des comités de surveillance de personnes âgées qui travaillent avec les fonctionnaires de district pour identifier les besoins de la communauté puis observer si les budgets de district reflètent ou non ces besoins. Dans un autre exemple, Action Aid développe des projets de surveillance par les communautés afin d’impliquer ces dernières dans le processus budgétaire local.

D’autres organisations se sont concentrées sur des secteurs plus spécifiques du budget. L’Association pour l’éducation de base–Ethiopie (The Basic Education Association–Ethiopia) a conduit une étude avec Oxfam Grande-Bretagne analysant comment la réduction de la dette a affecté les dépenses pour l’éducation. Save the Children Suède et Save the Children Royaume-Uni ont suivi les dépenses dans les secteurs de la santé et l’éducation ciblées vers les enfants. Water Aid recherche l’impact des dépenses dans le secteur de l’eau.

Des efforts ont également été initiés pour impliquer des organisations populaires dans le travail budgétaire. L’Initiative budgétaire de la société civile de l’IBP a fourni les financements (à travers le PANE) pour permettre au Réseau des associations de femmes éthiopiennes, l’association pour l’éducation de base, et Handicap National (une ONG locale travaillant avec des enfants handicapés) pour attirer l’attention sur le travail budgétaire parmi les membres de leur réseau, des organisations, et les personnes concernées et leur montrer de quelle façon ils peuvent se joindre à cet effort. Il est espéré que cela conduira à promouvoir le travail budgétaire dans les secteurs du genre, de l’éducation, et des droits des enfants.

Le groupe budgétaire du PANE a soutenu cet effort en dispensant une formation et un forum pour mettre en commun les idées et développer des activités conjointes. Avec le soutien de l’IBP, le PANE a organisé une formation d’une semaine en avril 2006 lors de laquelle des experts de l’IDASA et UDN ont donné aux participants des bases sur la théorie sous-jacente au travail budgétaire. Le groupe budgétaire du PANE a également tenu des sessions brainstorming sur les projets des membres, a rendu visite au projet d’une ONG locale pour apprendre de source directe ce qu’il avait réalisé, et a commandité une recherche de l’Association d’économie éthiopienne sur l’adhésion du budget 2006 aux priorités établies dans le nouveau PRSP.

Travailler dans un contexte difficile

L’Ethiopie présente de nombreux défis pour le travail budgétaire, tels que le manque d’information. Alors que le Ministère des finances et du développement économique a commencé récemment à diffuser davantage d’informations sur son site Internet, celui-ci n’inclut que rarement des détails concernant les budgets par secteur ou les budgets pour les niveaux inférieurs de gouvernement, qui sont considérablement importants dans un pays au système budgétaire décentralisé. Des groupes locaux ont également découvert que les autorités de district ont refusé de donner la moindre information.

Cette réticence à partager les informations reflète en partie la croyance des fonctionnaires que les informations seront utilisées contre eux. En outre, les organes du gouvernement demeurent fortement hiérarchisés, et les fonctionnaires des niveaux inférieurs craignent souvent les représailles d’en haut s’ils donnent des informations qui embarrassent le gouvernement. Plus largement, le droit des citoyens à l’information budgétaire n’est tout simplement pas compris par tous. Ces problèmes peuvent rendre difficile l’institutionnalisation d’un projet, dans la mesure où le montant d’informations mises à la disposition du public dépend des décisions arbitraires de différents individus.

Le manque d’expérience est une autre contrainte du travail budgétaire. Alors que la capacité de la société civile dans ce secteur s’améliore, il existe encore un déficit de connaissance du processus budgétaire et de comment analyser les documents budgétaires. Par ailleurs, il existe peu de praticiens expérimentés dans la surveillance budgétaire qui peuvent former d’autres organisations, ce qui crée des problèmes pour les organisations désirant s’engager.

Planifier pour le futur

Le groupe budgétaire du PANE s’efforce de surmonter ces problèmes et d’étendre son travail budgétaire. En connaissance du problème pour obtenir des informations, une campagne est prévue pour augmenter la transparence budgétaire.

Le PANE prévoit également d’assister les membres avec de nouvelles formations. Une évaluation exhaustive des besoins sera menée pour détecter les vides les plus urgents et fournir la formation de compétences. Le groupe travaille également avec des membres de l’Institut de recherche en développement de l’Université de Addis Ababa et des économistes de l’association d’économie d’Ethiopie pour formuler des expertises pour d’autres efforts.

En outre, le PANE veut renforcer sa propre capacité, et la capacité de ses membres, pour s’impliquer dans des exercices liés à la responsabilité sociale. Comme les donateurs du moment fournissent l’aide au pays à travers une modalité différente, connue comme les services basiques de protection (PBS), le rôle de la société civile est très important pour élever les citoyens tenir les agences de distribution de services responsables de leurs actes. Ceci peut être réalisé à travers des activités telles que la transparence et l’alphabétisation budgétaires; le suivi budgétaire, l’analyse budgétaire, etc.

Alors que le PANE cherche à étendre le travail budgétaire en Ethiopie, l’une de ses forces principales est la mise en commun d’idées parmi ses membres. Comme de plus en plus d’organisations mènent des activités de surveillance et militantisme budgétaires, l’ampleur et la qualité de l’expertise dans ces secteurs vont continuer de croître. En s’inspirant des expériences de chacun, les organisations de la société civile en Ethiopie peuvent commencer à poser les fondations d’un engagement fort et dynamique dans le processus budgétaire.



Environnement pour le travail budgétaire de la société civile au Liban

A la demande de l’Union libanaise des handicapés physiques (LPHU) et de l’Institut national démocratique (NDI), le Projet budgétaire international (IBP) a mené une évaluation du contexte pour la société civile et le travail budgétaire au Liban du 6 au 8 mars 2007. Une équipe de l’IBP et de LPHU a révisé les principaux documents budgétaires et interrogé des OSC, des universitaires, des fonctionnaires gouvernementaux et des membres du parlement.

L’évaluation a montré que malgré l’instabilité politique du pays, il existe un intérêt croissant pour les questions liées au budget parmi les OSC au Liban. En fait, certaines des tensions politiques sont alimentées par des questions budgétaires telles que les plans du gouvernement pour augmenter la TVA de 15% sur les prochaines années afin de financer ses dettes massives.

Tandis que les OSC libanaises disposent d’une expérience militante raisonnablement forte, elles n’ont pas beaucoup d’expérience dans le champ de l’analyse budgétaire. Elles doivent par conséquent faire face au défi de se constituer une capacité analytique et d’entrer en relation avec des chercheurs et des universitaires qui disposent d’une telle capacité.

Ces OSC sont également confrontées à un défi de nature organisationnelle. Les principaux défis organisationnels auxquels les OSC devront répondre incluent les questions suivantes: si elles travaillent sous forme de coalition,  où se trouvera la capacité analytique et administrative de la coalition? Si des organisations individuelles initient des activités de travail budgétaire, de quelle façon leur capacité analytique et stratégique peut-elle être encouragée dans un environnement organisationnel stable?

Le rapport s’interroge sur où débuter avec le travail budgétaire au Liban et suggère deux priorités initiales. Malgré les contraintes du travail budgétaire au Liban, l’accès à l’information concernant la proposition budgétaire du gouvernement est raisonnable. L’une des opportunités consiste donc en relier cette information à des opportunités informelles pour influencer l’étape de la législature. Ceci fait référence à une pratique bien établie d’étroite collaboration entre la société civile et des membres individuels du parlement. Par exemple, lors de l’étape législative du budget, il arrive que la société civile rédige des projets de loi et les fasse signer par des membres du parlement et parviennent ainsi à les introduire dans la législature.

Une autre opportunité consiste en influencer les dépenses discrétionnaires limitées disponibles. Aujourd’hui les efforts de la société civile pour influencer le budget sont limités par le fait que la plus grande partie du budget est engagée dans le remboursement du service de la dette et le versement des salaires des fonctionnaires. Le budget dispose donc de peu de financement transférable. A moyen ou long terme, les plans de restructuration de la dette et du service civil du gouvernement pourraient rendre le budget plus flexible.

A présent, la plus grande part du fond discrétionnaire dont le gouvernement dispose est consacrée à la reconstruction d’après-guerre et est allouée par le Conseil pour le développement et la reconstruction (CDR). Les allocations faites par le CDR ne passent cependant pas par le parlement et ne sont pas publiées pour l’examen du public. Un des défis principaux de la société civile libanaise sera de rendre les allocations de la CDR plus transparentes et sujettes à l’étude du parlement.

Lors de la récente conférence des donateurs à Paris, le gouvernement libanais a annoncé une série de réformes budgétaires auxquelles la société civile libanaise peut se rattacher. (Cliquez ici pour lire le rapport de Paris). Parmi ces réformes, plusieurs permettent de consolider le système fragmenté des finances publiques au Liban et de faciliter la transparence budgétaire.

Pour davantage d’informations, contacter Albert van Zyl à [email protected].


La valeur de la formation budgétaire par Mary Okpe (Centre for Democracy and Development, Nigeria), Clara Chindime (Civil Society Coalition for Quality Basic Education, Malawi), et Mariska Meurs (Wemos, Pays-Bas)

Du 12 au 23 mars, le Projet budgétaire international (IBP), Fundar (Mexique), et HakiElimu (Tanzanie) ont organisé une formation de niveau intermédiaire sur l’analyse budgétaire internationale et le militantisme budgétaire à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour des organisations de Bolivie, de Hollande, d’Inde, du Kenya, du Malawi, du Nigeria, du Pakistan, des Philippines, d’Afrique du Sud, de Tanzanie, et de Zambie.

Pour un militantisme efficace, une stratégie de communication est nécessaire, qui définisse clairement:

  • les objectifs
  • le public
  • le message
  • le cadre du message
  • le meilleur messager
  •  un calendrier ou un plan d’action

Une partie de la formation a utilisé des opérations mathématiques simples pour guider les participants dans les calculs de l’analyse budgétaire de base. D’après un participant, «la méthode d’enseignement était très pratique, agréable pour l’étudiant, et très innovante». Cette session fut importante parce qu’elle a montré aux participants quand intervenir dans le processus budgétaire; si l’intervention est opérée au mauvais moment, il se peut qu’elle n’obtienne pas l’impact voulu.

Une seconde partie de la formation s’est concentrée sur le militantisme budgétaire. Un message de militantisme budgétaire ne doit pas se contenter de pointer du doigt les maux du pays, mais doit offrir également des solutions. Les participants ont pu observer comment développer des objectifs intelligents et on leur a rappelé que les budgets sont rigides, et ne peuvent donc pas être changés de manière immédiate.

La formation a également mis l’accent sur l’importance de messages visuels dans le militantisme budgétaire. Une vidéo de Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), une organisation de base indienne, a fait grande impression sur les participants sur ce que le suivi budgétaire peut accomplir. De façon similaire, une visite des bureaux de HakiElimu a donné aux participants un exemple clair du pouvoir des messages médiatiques dans le militantisme budgétaire. De nombreux participants ont indiqué qu’ils reproduiraient ces techniques dans leurs pays respectifs.

D’après Clara Chindime du CSCQBE, la formation lui a ouvert les yeux sur le besoin de considérer les effets de l’inflation lors de la demande d’augmentations de financement de la part du gouvernement, sur les différents moyens par lesquels l’analyse budgétaire peut être utilisée (autres que la comparaison des budgets par secteur et le budget national), et sur l’importance de présenter des informations sur mesure en fonction des différents publics. «Avec les connaissances acquises, je crois que notre analyse budgétaire va devenir plus complète et par conséquent plus efficace. Une partie de mon travail requiert que je forme des membres de la coalition sur l’analyse budgétaire et le militantisme budgétaire, et donc cette formation est arrivée au bon moment, alors que la coalition est en train de construire la capacité de réseaux d’éducation de district.»

Mary Okpe du CDD est responsable d’un projet de suivi budgétaire aux niveaux national et étatique lié au plan de développement économique du Nigeria (voir l’article joint), et elle prévoit de partager ce qu’elle a pu apprendre lors d’une formation avec les coordinateurs du projet.

Pour davantage d’informations, contacter Mary Okpe à [email protected] et Clara Chindime à [email protected].

Un autre participant d’une ONG hollandaise Wemos – une organisation s’intéressant aux politiques nationales et internationales qui influencent la santé – a déclaré «l’atelier de l’IBP nous a aidé en nous conduisant à travers le processus d’une analyse budgétaire, l’atelier a démontré l’importance de la stratégie lors de chaque étape du chemin. Grâce à cette formation, nous pouvons désormais mieux centrer nos messages, en travaillant avec différents groupes cibles». L’année dernière, Wemos a initié un effort pour collecter des informations sur les budgets de la santé et explorer le travail budgétaire comme instrument pour renforcer le militantisme de l’organisation. Wemos a également soutenu la participation d’AIS (Bolivie), CIN (Kenya), CHESSORE (Zambie), et DORP (Bangladesh) dans l’atelier.

Wemos applique l’expérience de la formation pour améliorer les calculs budgétaires (par exemple par la correction des chiffres en fonction de l’inflation, l’étude d’options concrètes pour augmenter les budgets de la santé) et les présentations, et en impliquant d’autres acteurs des niveaux international et national. A la fois DORP et AIS prévoient de reproduire l’atelier de formation, sous une forme ajustée, au niveau national pour impliquer et former d’autres acteurs de la société civile et des fonctionnaires publics. CIN et CHESSORE feront probablement la même chose postérieurement. Des visites d’échange sont prévues avec d’autres groupes travaillant sur les budgets pour s’inspirer des expériences des uns et des autres

Wemos prévoit de poursuivre les progrès de surveillance sur l’alignement et l’harmonisation et l’impact de l’imposition de conditions sur le secteur de la santé dans les quatre pays. Wemos, CIN, et CHESSORE débutent une investigation sur le financement des ressources humaines pour la santé et sur l’impact du financement des donateurs au niveau opérationnel dans un certain nombre de districts du Kenya et de la Zambie.

Pour davantage d’informations, contacter Mariska Meurs à [email protected].


Formation pour les ONG sur les politiques macroéconomiques du FMI et leurs impacts sur les budgets nationaux, les salaires et les fonctionnaires publics par Rick Rowden, ActionAid

Du 13 au 15 mars 2007, ActionAid International USA a mené un programme de formation d’alphabétisation économique de 3 jours pour les ONG basées aux Etats-Unis travaillant dans les secteurs de la santé, l’éducation, et le VIH/SIDA, intitulé «Avoir plus de docteurs, d’infirmières et d’enseignants dans les pays en développement: une étude introductive des politiques macroéconomiques alternatives pour débutants.» La formation incluait des présentations de Mark Weisbrot du Centre de recherche économique et politique à Washington DC, d’Andy Berg du Fond monétaire international (FMI), de David Goldsbrough du Centre pour le développement global, de Rathin Roy du UNDP, d’Ilene Grabel de l’Université de Denver, parmi d’autres. La formation explorait dans quelle mesure les politiques macroéconomiques du FMI peuvent contraindre de façon non nécessaire la taille des budgets nationaux des pays emprunteurs, et les impacts de telles politiques sur la capacité des pays pour engager l’ensemble des médecins, infirmières et enseignants nécessaires pour réaliser les Objectifs de développement du millénaire (ODM). La formation a également mis en lumière de possibles politiques macroéconomiques alternatifs qui pourraient permettre d’augmenter les dépenses publiques tout en préservant la stabilité macroéconomique.

La formation d’ActionAid est une réponse aux préoccupations exprimées par un grand nombre des organisations partenaires en Afrique, en Asie, et en Amérique latin concernant les problèmes des plafonds très bas sur les «fiches salariales» nationales, ou l’argent pour les salaires des employés du secteur public. Alors qu’ActionAid a soutenu dans le passé le travail des ONG locales engagées dans l’analyse budgétaire et le travail de suivi budgétaire, l’ONG a reconnu le besoin  de commencer également à éduquer les militants de la société civile sur l’impact des politiques macroéconomiques dans les programmes de prêt du FMI sur la taille de budgets nationaux. Bien que l’analyse de la distribution des parts du «gâteau budgétaire», et le suivi des dépenses sont toujours d’une importance cruciale, ActionAid considère que les ONG doivent également étudier les moyens pour rendre les gâteaux budgétaires plus gros. Quand les politiques macroéconomiques du FMI sont restrictives de façon non nécessaire, les militants de la santé, l’éducation, et du VIH/SIDA doivent défier ces politiques et initier des discussions publiques sur de possibles alternatives.

La formation aux Etats-Unis fut la première d’une série d’autres formations prévues pour 2007 et 2008. ActionAid espère encourager les ONG américaines à soulever ces questions devant le Département du trésor américain, qui a lui-même une très grande influence sur le Conseil exécutif du FMI, et à s’engager devant le congrès américain, qui supervise les actions du Trésor au FMI. Ce travail a pour cadre un projet de militantisme et d’alphabétisation économiques de deux ans (« Projet FMI ») au Sierra Leone, au Malawi, aux Etats-Unis, et au Kenya. Pour davantage d’informations, contacter [email protected].

Pour lire “Confronting the Contradictions: The IMF, wage bill caps and the case for teachers,” (Faire face aux contradictions: le FMI, les limites des fiches salariales et le cas des enseignants), aller sur: http://www.actionaidusa.org/sites/files/actionaid/aaconf_contradictions_final2.pdf.


Atelier de Mexico pour les boursiers du CSBI

En mars, le second atelier annuel d’échange pour les projets soutenus par l’Initiative budgétaire de la société civile a eu lieu à Mexico. Les participants provenaient de l’ONG Forum au Cambodge, de HakiElimu (Tanzanie), du Réseau d’action contre la pauvreté d’Ethiopie, du Réseau de l’association des femmes éthiopiennes, de l’Institut Bandung des études sur la gouvernance (Indonésie), de la Coalition de la société civile pour l’éducation basique de qualité (Malawi), de la Fondation pour le développement Omar Asghar Khan (Pakistan), et du Centre international pour les recherches en droits de l’homme (Guatemala). Quatre groupes additionnels n’ont pas pu assister à l’atelier du fait de problèmes de visa.

Un des objectifs de l’atelier était d’examiner les types d’activités de recherche favorables au militantisme budgétaire démonstratif. Des groupes ont analysé un travail de recherche fourni pour l’exercice et ont alors analysé un de leurs propres travaux de recherche, en identifiant ses forces et ses faiblesses.

Dans une autre section de l’atelier, les participants ont passé deux jours à développer une stratégie complète de militantisme pour un travail budgétaire dans lequel ils sont actuellement impliqués. Les participants ont travaillé en équipes par pays, en traitant ainsi des défis spécifiques à leur contexte. Les équipes se sont alors rassemblées pour discuter de quelle façon elles avaient défini leurs objectifs, construit leur message, et traité des problèmes spécifiques.

Les participants ont également réalisé un exercice conçu pour to fournir des tuyaux pratiques sur l’approche et le travail avec les journalistes, sur la production d’informations pertinentes pour les médias, et sur les interviews. La plupart des participants ont reconnu que l’exercice leur avait donné des aperçus précieux de comment travailler avec les journalistes de façon plus efficace.

Le point culminant de l’atelier consistait en une série de présentations par chaque organisation de ses objectifs, de ses stratégies, et de leur travail actuel. Cette activité a mis à profit l’enseignement mutuel intensif des jours précédents et a été conçue d’après une vision stratégique du travail budgétaire intégré qui combinait analyse et plaidoyer.

L’atelier a suscité à la fois enthousiasme et confiance parmi les participants, en contribuant à créer un sentiment d’appartenance à une communauté de laquelle ils peuvent s’inspirer dans leur travail. En outre, les réalisations des partenaires les plus établis ont inspiré les nouveaux partenaires (ainsi que l’équipe de l’IBP). Les discussions des participants lors de l’atelier sur les problèmes auxquels ils sont confrontés contribueront à établir les fondations d’un réseau futur.

Pour davantage d’informations, contacter Helena Hofbauer à  [email protected].



Bulletin du Réseau sur la justice fiscale (Tax Justice Network, TJN)

Tax Justice Focus est le bulletin du Réseau sur la justice fiscale, une organisation de la société civile qui s’oppose au secret offshore, à l’évasion et à la compétition fiscales. Ces questions sont pertinentes pour la société et la démocratie à la fois dans les pays riches et les pays pauvres, et le TJF cherche à compenser le manque de recherche universitaire ou autre et l’absence d’information du public sur ces questions dans le monde.

Le TJF publie quatre éditions par an en anglais, avec un thème différent pour chacune, qui contiennent des recherches sur un certain nombre de thèmes. Les deux dernières éditions se sont concentrées respectivement sur la compétition fiscale et sur l’inégalité. La prochaine édition, qui sera publiée début juillet, s’intéressera à la fiscalité et à la responsabilisation.

Pour souscrire, contacter [email protected].



Weaving Global Networks: publication du CIPPEC, Argentine

Weaving Global Networks est un manuel sur comment les réseaux de la société civile peuvent influencer le gouvernement, et a été publié par le Centre pour l’implantation de politiques publiques promouvant l’équité et la croissance (CIPPEC), une organisation privée sans but lucratif qui s’efforce de créer un gouvernement plus juste, démocratique et efficace en Argentine.

Ecrit par Vanesa Weyrauch en collaboration avec Inés Selvood, le manuel retrace le développement des réseaux régionaux et internationaux networks et discute de l’importance de ces réseaux pour la conception des politiques gouvernementales. Il cherche également «à offrir certains instruments pratiques et lignes directrices pouvant aider ces réseaux à améliorer leur impact à travers l’utilisation de preuves et de connaissances sur les politiques publiques globales et régionales et les processus de définition de ces politiques».

En utilisant quatre études de cas, la littérature existante sur les réseaux, et des entretiens avec des praticiens, les auteurs étudient les forces et les faiblesses des réseaux ainsi que les défis auxquels ces derniers sont souvent confrontés, avec un accent spécial porté sur l’Amérique latine.

Pour lire la publication, aller sur: http://www.vippal.cippec.org/media/recursos/libros/cippec_weaving_global_networks.pdf.


Nouveaux matériaux dans la bibliothèque budgétaire

Follow the Money. A Resource Book for Trainers on Public Expenditure Tracking in Tanzania
Par Hakikazi Catalyst, REPOA, et TGNP

Ce livre/ trousse à outils, publié par l’ONG Policy Forum en Tanzanie, suit les fonds publics versés par le gouvernement central tandis qu’ils passent par les gouvernements locaux et parviennent finalement aux utilisateurs, dans les écoles ou cliniques par exemple. Il explique également comment opère un système de suivi des dépenses publiques et comment celui-ci peut bénéficier aux groupes marginalisés. A travers un tel système, les communautés locales peuvent suivre les entrées, les sorties, et les résultats de services gouvernementaux particuliers, ainsi que déterminer la distribution spécifique au genre des bénéfices de ces services. Cette trousse à outils est conçue pour les gouvernements locaux, les conseillers municipaux, les OSC, et les journalistes qui disposent déjà de connaissances basiques sur le fonctionnement des budgets et sont engagés pour la bonne gouvernance.

Fostering Public Participation in Budget-making
Par Raza Ahmad et Erin Thébault Weiser/Banque de développement asiatique

Cette publication présente un test pilote de la budgétisation participative au niveau local en Indonésie, dans les Iles Marshall, et au Pakistan. Le test pilote suggère que si les gouvernements locaux disposent de la volonté politique et des ressources techniques, il n’est pas difficile de promouvoir l’implication de la société civile dans le processus budgétaire. En utilisant des méthodes simples, efficaces, et peu onéreuses, les gouvernements locaux peuvent promouvoir la transparence et l’ouverture dans leur prise de décision. Les auteurs concluent que la transparence est vitale pour la bonne gouvernance et mène à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté sur le long terme.

Study Trip on Participatory Budgeting to the Paris Region
Governance International (GI)

Ce rapport de voyage décrit les pratiques de budgétisation participative de trois conseils municipaux dans la région de Paris: Issy-les-Moulineaux, Bobigny, et Saint-Denis. Il compare trois moyens différents de transférer le modèle de Porto Alegre de budgétisation participative à un contexte européen et les différentes approches de l’organisation des conseils voisins et de l’implication de groupes difficiles à atteindre tels que les jeunes.

Newsletter No. 38 – English

What does good governance mean for international development? In this issue of the IBP newsletter, development experts from around the world react to a recent presentation by Francis Fukuyama on good governance. What makes a good citizen budget? Connecting the dots of the Open Budget Index reveal important conclusions on what makes a good citizen budget. The newsletter also provides current stories on the budget work of CSOs in Chad, India, Kazakhstan, Nigeria, and Zambia working to analyze the impact of public spending on target groups and to promote transparency and citizen participation. This issue tracks new budget initiatives in Ethiopia, Pakistan, and Lebanon and presents some of the challenges and opportunities of budget work in these countries. Participants attending IBP training reflect on their learning experience following a budget workshop in Tanzania. A workshop organized by ActionAid on macroeconomic policies reminds us of the importance of the impact of loan programs on the sizes of national budgets. Finally, we introduce a new handbook by CIPPEC, Argentina on how civil society networks can help influence government. Other publications reviewed include the Tax and Justice Network Newsletter. We hope you find this issue useful and welcome your comments and ideas

Francis Fukuyama’s Address on Good Governance: Civil Society Response by Manish Bapna, Miguel Braun, Linda Cornett, Albert van Zyl, and Shizu Upadhya

On March 20, 2007, the Transparency & Accountability Program (TAP) at the Brookings Institute, the Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), and the International Budget Partnership held a conference on “Civil Society and Improved Governance in Developing Countries.” The keynote speaker was Dr. Francis Fukuyama, Bernard L. Schwartz Professor of International Political Economy at SAIS and Director of the International Development Program. Dr. Fukuyama covered a range of issues related to the role of political systems and international and domestic stakeholders in promoting good governance. Below are reactions to Dr. Fukuyama’s presentation from several budget experts around the world.

To read Dr. Fukuyama’s presentation, go to:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Civil-Society-and-Improved-Governance-in-Developing-Countries.pdf

To read the transcripts of the conference, go to:

http://www.brookings.edu/~/media/events/2007/3/20civilsociety/20070320_panel1.pdf
and http://www.brookings.edu/~/media/events/2007/3/20civilsociety/20070320_panel2.pdf.

 

Commentary by Linda Cornett, faculty fellow and Manish Bapna, executive director at the Bank Information Center (USA)

Francis Fukuyama’s keynote address represents the most recent expression of a growing convergence in the development field around the importance of governance and anti-corruption to economic development and poverty reduction. In a field traditionally driven by deep ideological cleavages, the governance agenda nevertheless finds adherents across the political spectrum. It appeals to many groups on the left who have long objected to the World Bank’s willingness to lend to authoritarian and corrupt governments which impoverished their countries even as they repressed their citizens. It is equally attractive to elements on the right (neo-cons) who have championed “democracy promotion” globally. Pragmatists of any political persuasion and most scholars in the field simply cannot ignore the poor empirical record of aid effectiveness in the absence of capable and accountable governance.

The growing consensus about the importance of good governance to economic development and poverty reduction provided the rationale behind the World Bank’s new “governance and anti-corruption strategy.” Disparate groups in favor of prioritizing good governance and anti-corruption, found a powerful ally in World Bank President Paul Wolfowitz, whose commitment to aggressive international “democracy promotion” is legendary or notorious, depending on your position.

Ironically, despite growing consensus about the critical importance of governance to development, the Bank’s current governance and anti-corruption” strategy is at odds with another emerging consensus among development specialists and shared by Fukuyama: namely, that the path to good governance and economic development is an exceedingly long, complex, historically, and culturally contingent process that is virtually impossible to engineer, especially from the outside. Based on his reading of the theoretical debate and historical evidence, Fukuyama concludes that “there is much more design latitude in the way that institutions are actually formulated and implemented” than the current approach to governance and anti-corruption commonly assumes; and there is no optimal design for good governance that will work in every situation. Governance and anti-corruption strategies which treat “public-sector reform as a kind of technical issue…will never get anywhere because [they] will not address the underlying political incentives.”

The World Bank’s current governance and anti-corruption strategy is symptomatic of the ill-advised approach Fukuyama critiques. Operationally, if not rhetorically, the Bank all but equates good governance with anti-corruption and seeks solutions in standardized public administration reforms designed primarily to limit the opportunities for corruption by limiting discretion in the public sector. Over the last five years, the Bank has devoted the largest share of its total lending to the Public Administration, Law, and Justice sector. Unfortunately, this approach has proven inadequate to the task of rooting out entrenched patterns of corruption and state capture. The World Bank’s 2006 Annual Review of Development Effectiveness admits that while Bank “assistance has led to improvements in the quality of public sector management processes in some countries,” they have “not yet translated into improvements in the perceived quality of governance in most of these countries” (p. xiv).

If the Bank’s traditional supply-side approach to governance and anti-corruption is ineffective, it is also poorly equipped to foster demand-side reforms. The World Bank is legally and effectively required to operate through governments, who may resist real reforms that threaten entrenched patterns of power and privilege. Fukuyama specifically warns against the temptation to resort to conditionality to try to force political reforms on unwilling domestic partners. It does not work. Outsiders cannot engineer “demand” for good governance any more than it can “supply” good governance through institutional reform. The knowledge, skills, and political leadership for successful reform “cannot come from Washington, it really has to come from people who understand both the formal and informal rules by which their societies work and are governed.”

While local knowledge, capacity, and commitment are necessary for effective reform, Fukuyama does note that there is a considerable amount of expertise in the broader “political development community” that has been neglected by the “economic development community” (Fukuyama’s phrasing). These groups are both more ambitious and more humble than their counterparts in the “economic development” agencies. They are keenly aware of the significant political (versus technical) challenges posed by reform. In fact, reforms are effective to the extent that they redistribute power to the consumers of government services, at the expense of powerful public and private sector elites who collude to shape the legal, policy and regulatory environments in their own private interests. Vested interests can be expected to resist. Thus reformers have “relatively modest expectations” about what they can achieve in a short time. They are ready to exploit openings opportunistically and pragmatically. Ultimately they recognize that societies and countries develop, politically as well as economically, through a long and politically contested process of process of trial and error.

What Fukuyama does not say directly, but that is implicit in his argument, is that the trial and error method does not work without feedback and accountability – another point around which there is growing consensus. When the people who have the most to gain from good governance and anti-corruption are free to speak, assemble, and organize on behalf of their own interests they can become a potent and sustained force for reform. While there are no guarantees that reform movements will be successful, historically there are few examples of successful reforms that were not supported and sustained by organized and vocal domestic constituencies.

Again, what Fukuyama does not say — but that is consistent with his reasoning — is that the Bank can serve the cause of good governance and anti-corruption most expeditiously in its own projects and operations. Given the state of uncertainty regarding the ultimate ends, means, and path to good governance as well as disappointing results of ten years of Bank-supported public administration reform, the Bank can advance its agenda most confidently by promoting greater transparency and stronger civil society engagement in the identification, design, implementation, monitoring and evaluation of its own projects and operations. “There is significant evidence that participation can in many circumstances improve the quality, effectiveness, and sustainability of projects, and strengthen ownership and commitment of government and stakeholders” (World Bank, 2005, Issues and options for improving…, p. 6).

Students of “political development” could teach practitioners in the “economic development” field one more thing: on top of the instrumental value, the opportunity to participate in decision-making processes is also intrinsically important to individual and community development. Surely human development is the ultimate goal and measure of the development community’s work.

 

Commentary by Miguel Braun, fiscal policy director of the Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth (Argentina)

Francis Fukuyama argues in his address that governance matters for development. In plainer language, this means that if we want to improve the lives of the people who live in our countries, we should care about how the government works, how politicians are elected, how the budget is decided on, etc.

He gives three convincing reasons why improvements in governance cannot be “imported” from Washington: 1) institutions reflect underlying patterns in society and cannot easily be changed; 2) for institutions to change, local demand for change is needed; and 3) politics matters a lot. A merely technical blueprint for improved institutions will probably fail dramatically if it does not take into account the political reasons why institutions do not work properly in the first place.

To those of us who are in the business of promoting “local demand for better institutions” (Washington-speak for the struggle of CSOs and budget groups around the world to improve the way governments deliver basic services to the poor), this is music to our ears. Certainly incumbent regimes have no incentives to improve transparency, accountability, and governance. Budget groups understand that we have to demand this — by working with the press, political parties, and groups that share our values, as well as with other relevant actors.

I hope that Dr. Fukuyama’s message will be widely heard by the international development community, and that more direct assistance will be forthcoming to local actors that are working to improve governance.

 

Commentary by Albert van Zyl, senior budget researcher at the International Budget Partnership (South Africa)

In his talk, Fukuyama restates the ‘governance question’ in development debates. In short it is that ‘institutions matter’. So he argues that one should not approach development as a technical ‘how to’ question because development always involves other people with their own interests, habits, traditions and cultures. The challenge is not only one of doing something yourself, but rather of how to get other people to do something. This approach is central to the way in which budget CSOs have learnt to work over the last 15 years or so. CSO have discovered that their relationships with institutions such as legislatures, the executive and audit institutions are a key determinant in the impact that they have on government actions and decisions.

Surprisingly Fukuyama does not speak about the values that are pursued by governance institutions. One does not promote these institutions for their own sake. The reason one builds institutions is that they will make things better. So one would hardly be supporting and consolidating an Executive or Parliament that opposes core democratic and social values.

The last part of Fukuyama’s paper reflects on why governance reform is so hard to do. He gives three reasons. First, he refers to the ‘lack of fit’ between the underlying society and the institutions that were introduced by colonial powers. This debate raged furiously in Europe in the mid-1990s when some influential academics (Betrand Badie’s  ‘Imported State’, Stanford University Press 2000) argued that democratic institutions are ‘culturally specific’ to Western Europe. The institutions that the West is trying to ‘transplant’, they argued, are alien to the environments into which they are being transplanted and cannot grow there.

Some of the established democracies in Africa such as Senegal, Ghana and Botswana show such generalizations to be false. But it is hard to deny that democratic institutions are influenced by the contexts within which they develop. So this argument still poses interesting questions to budget CSOs: What is the ideal vision that we have for each of the countries that we work in? What we work towards in Chad must surely be different from what we pursue in Croatia?

Second, Fukuyama argues that governance reform is hard to do because it does not take place unless there is strong domestic demand for it, whether from the bottom or from the top. There is a general consensus that governance reform should be driven from inside the countries that we work in. But many CSOs would argue that ultimately such reform needs to be driven from the bottom through citizens and grassroots organizations, and not by elites. In the discussion subsequent to his paper, Prof. Fukuyama did concede that the civil society has a key role to play, even where reforms are driven by elites. In many countries we see that budget CSOs work in partnership with ‘governing elites’, so these two origins of reform need not be seen as mutually exclusive. In fact there can be some strengths to this approach as we can see in the emerging partnerships between CSOs and Audit Institutions.

The third reason he argues that governance reform is hard to bring about is that it is a ‘species of gardening’, rather than a form of engineering. By this Fukuyama means that one can’t approach governance reform as a linear process where you do certain things that have predictable results. It is more like the process of sowing seed that grows or doesn’t depending on a range of factors that are not all under your control.

The impact of applied budget work is often difficult to measure because it too is a form of gardening, rather than engineering. But ultimately the gardening metaphor does not require a fundamental change in how we measure impact. It reminds us of the importance of institutions, partnerships and patience in bringing about change. But it does not give us a different way of measuring or talking about impact. Ultimately we can’t help but use the language of cause and effect in talking about CSO budget work or any other kind of support to governance reforms.

 

Commentary by Shizu Upadhya, economic researcher (Nepal)

As Dr. Fukuyama notes, the impetus to reconnect the political and economic sides of development has come in part from American academia, particularly since 1990; examples include the contributions of Douglass North to institutional analysis and of Elinor Ostrom to public choice theory. Dr. Fukuyama’s own “end of history” pronouncements reminded us that development was not supposed to be just a means of accelerating economic growth, but rather should be seen as part of a much wider process of social evolution.

But there have also been other factors. One significant factor is that the development community has begun to take note of divergences in poverty and social development outcomes in developing countries that aren’t easily explained by prevalent —largely economic — theory. For example, the achievements of Botswana, Costa Rica, Sri Lanka, and Thailand, amongst others, have come to be seen as the result more of political incentives than economic ones. This reflects a more general recognition among development practitioners of the need to better understand conditions “on the ground.”

In turn, paying more attention to local actors has paved the way for more vigorous discussion of issues of comparative advantage in international development and the desirability, in Dr. Fukuyama’s words, of a more careful division of labor. Oftentimes this has been a difficult process, raising uncomfortable questions previously left unexplored:  How much, really, do the incentives driving a rushed, overworked donor agency match those of a local bureaucrat with plans for the long run? How informed are donors of local events that transpired before they came on board, and do they even care? Do project beneficiaries ever tell donors the truth?

We have a situation, then, where an improved understanding of the mechanisms of development has also revealed the limitations of what donor agencies can practically achieve, particularly in relation to citizens of the recipient country. One instinctive response has been for donors to start looking more at processes, not just outcomes, paying attention not just to the things they want to achieve but also how and with whom — and laying increasing emphasis on non-state actors. Other potential responses include allowing for longer time horizons in planning processes (the MDGs, for instance), conducting better and more frequent results evaluations and, as Dr. Fukuyama points out, avoiding overpromising.

Yet much more remains to be done. The realignment in international development between the rights and responsibilities of outsiders and insiders, as it were, has only been partial so far. Donor governments have yet to meet their various commitments on aid quantity and aid effectiveness (most recently, the commitments made in Paris in 2006) and must begin untying their assistance. Systems of global governance operate overwhelmingly in their favor and remain unjust. Recipient country governments too continue to back out of policy commitments they made to their electorates. This problem is reflected most starkly in comparisons between budget allocations for defense and allocations for the social sector (much of which is actually funded by aid).

The missing link in this all is a point made by Dr. Fukuyama: the need to generate a much stronger domestic demand for change. This is where civil society and ordinary citizens come into play. In both the North and the South, the onus is really on citizens to take a renewed interest in their state of affairs, become more informed, design plans of action for change, and then start seeing them through.

The past 50 years have shown that moments of transition are rare in international development. If now is indeed such a time, we should not be relying on Professor Fukuyama and other faraway academics to provide us with the right ideas, especially since academics themselves are increasingly bringing their theories in line with real-life incidents.



Making Citizen’s Budgets Effective by José M. Marín

The results of the Open Budget Index http://www.openbudgetindex.org along with interviews with participants of the Open Budget Initiative present important lessons about citizen’s budgets and what makes them effective. In brief, those lessons are: a citizen’s budget should not be a substitute for high-quality core budget documentation, it should reflect the level of budget literacy in the country, and the government must ensure its proper dissemination.

A citizen’s budget provides a summary of the government budget that is designed to be accessible to as many people as possible, giving them an opportunity to engage in the budget process and thereby influence government policies. Unfortunately, only 10 of the 59 countries examined in the IBP study — Angola, El Salvador, France, India, New Zealand, South Africa, South Korea, Sweden, Uganda, and the United Kingdom — publish a citizen’s budget, and in most of these cases the citizen’s budget does not accomplish its intended goal.

In some of these countries, like New Zealand, Sweden, and the U.K., the executive publishes a budget summary that can be considered a citizen’s budget. In other countries, like El Salvador and South Africa, the executive publishes a budget guide specifically for citizens.

Regardless of the format the citizen’s budget takes, it cannot take the place of accessible, high-quality core budget documentation. Civil society groups that engage in budget work tend not to use the citizen’s budget. One reason is that these groups usually have some technical capacity to interpret the budget documents directly. Another reason is that most of these groups work on sectoral issues such as health or education and thus require detailed information that generally is not found in a citizen’s budget. (One recommendation by the country experts who helped conduct the IBP’s transparency study was that governments provide summaries of sector budgets).

The degree of complexity of the citizen’s budget should reflect the country’s literacy level. For example, in Sweden the citizen’s budget takes the form of a written summary, whereas Angola, which has a much lower literacy level, includes pictures to make its citizen’s budget more accessible. In El Salvador, the citizen’s budget can be understood by a citizen with secondary education which makes the document accessible to more citizens. India’s citizen’s budget, however, has been criticized for containing overly technical language.

Making the citizen’s budget accessible to non-specialists is especially important in countries where the media is not very active in reporting about the budget. In these countries, the citizen’s budget needs to be geared to the general public, which will not be able to rely on the media for budget information. In contrast, in countries with a free and active media, the citizen’s budget can be geared more to reporters, helping them understand and cover budget issues.

To be effective, a citizen’s budget must also be widely disseminated. Some countries provide the document online and rely mostly on the Internet to reach the targeted audience; others print it as a pamphlet or magazine insert. Governments must keep in mind what kinds of media reach the most people; as one of our researchers pointed out, “A citizen’s budget can be produced to look very nice but is accessible to only a few” said Anna Schnell from Melander Schnell Consultants. In El Salvador, for example, the citizen’s budget is only available on the Internet, even though only about 9 percent of the population has Internet access.

Governments also need to be pro-active in their dissemination and education efforts around the citizen’s budget. For example, Angola’s citizen’s budget is only published in Portuguese, when many different languages are spoken in the country, and is not even distributed to many of Angola’s provinces. These weaknesses seriously undermine the document’s effectiveness.

The timing of the citizen’s budget is very important in determining whether it succeeds in promoting public participation in the budget process. Not all citizen’s budgets are released in time to allow for public participation. In El Salvador, for example, the citizen’s budget is published after the budget is enacted. In South Africa it is released along with the executive’s budget proposal, which is the same as the enacted budget since the South African parliament does not have the legal right to amend the budget. While it is common in parliamentary systems for the budget proposal to be approved as is, this does not preclude citizen participation. For example, the United Kingdom releases a summary of the pre-budget report, and citizens can mail in their opinions at no cost. This summary contains

the main fiscal policies the government will be implementing, revenue and expenditure forecasts as well as a summary of the forecasted macroeconomic environment. For 2007 the pre-budget report will be presented in March, while the summary of the pre-budget report was posted on the Internet in December of 2006. This allows at least three months for citizens to voice their opinions on the priorities of the upcoming budget in the United Kingdom.

To promote public participation, the citizen’s budget should also include information about the budget process and opportunities for citizens to voice their opinions. Many citizen’s budgets lack this information. One solution would be to include a “how to” section explaining how the budget is created and how citizens can influence the budget process. It would also be helpful to include information such as comparisons to previous budgets and concrete ways to measure success toward the government’s policy goals.

The following information should be included in a citizen’s budget:

  • an overview of the budget;
  • a clear summary of the government’s policy goals;
  • key spending programs and their expected outcomes;
  • the difference between the previous year’s budget and the budget outcome for that year;
  • the budget’s overall balance and its impact on the level of public debt;
  • the government’s policy towards the public debt;
  • an explanation of how to obtain information on the budget.


Monitoring Expenditures on the Disabled in Kazakhstan
by Namys

In Kazakhstan, a nongovernmental organization called Namys (“Conscience”) has been advocating successfully for the rights of disabled persons.

Created in 2002, Namys initially focused on pushing for a new and more progressive law for the disabled that recognized their rights and established programs to provide rehabilitative services. Namys drafted such a law and asked the government to use it when drafting the official version of the law.

When the government produced a draft that represented a return to the old Soviet policy of blaming the disabled for their conditions, Namys launching an aggressive campaign to influence the government. Namys coordinated a number of events to protest against the proposed law, submitted petitions to the president outlining concerns about the law, and organized media events to publicize its demand for improvements.

These efforts paid off when the government accepted some of Namys’s main recommendations, including making public agencies responsible for protecting the rights of disabled persons. The new law also established various rehabilitative programs to provide disabled persons with medical services, education and job skills, and social security (including welfare payments). The amount allocated for these programs over the next three years was greater than in the previous budget.

As the logical next step, Namys focused its attention on analyzing the expenditures allocated to assisting the disabled to ensure that they were used appropriately. It organized a broad coalition of more than 30 non-governmental organizations supporting disabled persons from all over the country and began its monitoring campaign in the Almaty province in southeast Kazakhstan.

The campaign uncovered several irregularities in the execution of programs for disabled persons. In one case, for example, funds budgeted for promoting sporting activities among disabled persons were instead used for other sports. Namys presented evidence of this problem to the local mayor, who in turn organized a meeting with the relevant sports committee. At that meeting, which Namys attended, the committee acknowledged its mistake and promised to rectify the situation.

In another example, Namys found that a program under which the city of Almaty provides wheelchairs to disabled persons was procuring wheelchairs of very poor quality. Namys raised this issue with the mayor, who appointed a disabled person to serve on the board that manages the wheelchair purchases; that individual has since made improvements in the way wheelchairs are selected.

Finally, Namys discovered long delays in the release of funding for certain programs for the disabled; as a result of these delays, some funds were never spent. When told of Namys’s finding, the government assured the group that funds will be released promptly in the future.

Namys plans to leverage its successful monitoring project to undertake new monitoring activities in other regions of Kazakhstan in coordination with local partners. It has established a network drawn from members of the national legislature, regional authorities, and media outlets that will monitor budgets and programs for disabled persons; Namys will coordinate the network’s activities. Namys is also planning to set up an information clearinghouse that will provide information on programs and funding available for disabled persons in the country, along with information on techniques that persons interested in monitoring these budgets can use to track expenditures.

Namys operates with a relatively small staff of 12 full-time employees, but they are supplemented by approximately 70 volunteers.



Strengthening Budget Transparency through Public Participation
by Mary Okpe, CDD Nigeria

The Centre for Democracy & Development (CDD), an international NGO, is monitoring implementation of Nigeria’s National Economic Empowerment Development Strategy (NEEDS), a reform plan designed to promote economic development and reduce poverty through steps such as privatization, enhanced transparency, and greater anticorruption efforts.

CDD conducts research, training, and advocacy on issues of democratization, development, and human security in West Africa. Its primary focus is on democratic development, or a development process that is democratically controlled.

Two years ago CDD conducted an examination of poverty in Nigeria and potential solutions to it. The research showed that increases in government revenues have not led to improvements in Nigerians’ lives. The poor continue to suffer from inadequate access to education and health, lack of potable water, and other problems. Moreover, despite significant progress in budget transparency within the central government, state and local governments are still secretive with regard to their budgets, and the delivery of services to citizens has not improved.

Currently CDD is helping civil society groups implement a project to monitor NEEDS and a parallel state-level reform plan, the State Economic Empowerment and Development Strategy (SEEDS), at the national and state levels. The monitoring project is tracking federal and state revenues and expenditures in the country’s six geopolitical zones.

CDD has already conducted a baseline survey examining citizens’ knowledge about budget and development programs in their community and has developed templates to track budget processes to see whether they comply with the targets defined by NEEDS. In addition, CDD has conducted a budget literacy training for 180 individuals from among civil society groups, community-based organizations, and the media to monitor budget implementation at the local level.

CDD’s planned future activities include:

  •  training project coordinators around the country to strengthen their advocacy and research skills
  • monitoring budget performance for compliance with the NEEDS/SEEDS policy commitments
  • analyzing the trends identified during monitoring
  • providing technical support to government economic-reform agencies
  • promoting dialogue among stakeholders at the state level
  • disseminating information through a budget monitoring website and periodic publications

Effective tracking of the budget in relation to the priorities established by NEEDS/SEEDS will produce savings that can be used to help reduce poverty. It will also promote the NEEDS/SEEDS goal of improving public accountability. The long-term goals of the monitoring project include:

  •  better delivery of government services at the local, state, and national levels
  • stronger public demands for good government, as more and more people take an interest in how resources are spent on their behalf
  • empowerment of community groups to analyze budget data and influence policy

For more information on CDD’s budget work, go to: www.cddwestafrica.org.



Tracking Health Budgets in Zambia by Thabale J. Ngulube and Fastone M. Goma, Centre for Health, Science and Social Research (CHESSORE)

Since 2003, the Centre for Health, Science & Social Research (CHESSORE), a Zambian NGO, has been analyzing Zambia’s annual health budget in order to promote public participation in government spending decisions.

The government, which is working to align its health policies with the overall development initiatives contained in Zambia’s Fifth National Development Plan, has acknowledged the need for community participation in the formulation of the budget, including the health component. However, CHESSORE’s preliminary work suggests that the public is not yet effectively engaged in this process. This has led to both underfunding and misapplication of scarce resources, which in turn has prevented progress in reducing the level of disease. Zambia’s chances of attaining the health-related Millennium Development Goals are diminishing every day.

CHESSORE plans to use a health-rights approach to address the issue of health funding at the district level, with an emphasis on community engagement. By helping the public understand the process of health budgeting, CHESSORE hopes to make the public health budget an area for discussion and comment by local as well as national stakeholders. The public health budget, in turn, can serve as an entry point for communities to engage with their health system and promote and claim their right to health.

CHESSORE was launched in 1994 in response to the failure of previous national development efforts. The group’s founders recognized the need to learn from these efforts to inform future development initiatives, given that previous national development plans were poorly documented and thus provided few lessons for the future. CHESSORE’s goals are to:

  • undertake applied research and training in the fields of health, pure sciences, and the social sciences, using a multi-disciplinary approach
  • build Zambia’s capacity for applied research to support ongoing development initiatives
  • encourage greater community involvement in government decisions

In addition to promoting research as a tool for planning and development, CHESSORE conducts various activities to educate the general public, such as holding conferences, presenting lectures, conducting workshops, and publishing books, leaflets, and videos.

For more information, contact Fastone Goma at [email protected].


 Oil Revenue for Development Projects in Chad, GRAMP-TC

Supported by the CSBI (Civil Society Budget Initiative), GRAMP-TC recently organized 3 training courses on the participatory management of the government budget in Chad. The first two workshops took place in the oil producing regions in southern Chad. One of these regions, Logone Oriental, receives 5 percent of the total revenues of oil, an amount intended for investment in social projects. The third workshop took place in the capital of N’Djamena.

More than 140 representatives of local NGOs were trained during the workshops outside of the capital. These workshops covered topics such as the national budgets and the principles informing it, the role of CSOs in the budget process, the national poverty reduction strategy, the role of the legislature, the tools for gathering budget data, and the organization and operation of civil society budget work.

Subsequently to these training workshops local civil society monitoring committees were established. These committees are intended to monitor the allocation and implementation of the development projects funded by oil revenue.

Subsequent to the workshops, one of the participating organizations CACOD-LOR, requested a meeting with the prime minister to discuss the problem of development project contracts being awarded to companies with questionable capacity for the relevant projects. One example is a contract to build a sports stadium that was awarded to a hydrocarbon company based in the capital city. Apart from the lack of capacity of the contractor this project also does not meet the needs of the local population that does not have access to drinking water or sufficient primary health care.

The meeting with the prime minister did not take place, but key officials explained that in practice these local development projects were being decided by the prime minister and not by the local committee established for this purpose. Despite the meeting not taking place, no further contact has been awarded since CADOC-LOR draw attention to these issues.

The local committee who is actually supposed to allocate these projects has subsequently organized a social communication campaign to inform the local populations of the available funding and the way in which it is allocated.

Both the training and the follow up by CACOD-LOR have generated interest from beyond the region as well. This has resulted in requests of similar training from other regions.

For more information, contact GRAMP-TC at [email protected].



The Impact of India’s Union Budget 2007-08 on Women, Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA)

The first gender budgeting statement in the Union Budgets 2005-06 included 10 demands for grants. In the year 2006-07, this was expanded to 24 demands for grants under 18 ministries/departments of the Union Government and 5 Union Territories. This year’s gender budgeting statement covers 33 demands for grants under 27 ministries/departments and 5 Union Territories. The total magnitude of the Gender Budget has also gone up from 3.8 percent to 4.8 percent (as a percentage of total Union Government Expenditure). The Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA) has prepared an analysis of the 2007-08 Union Budget’s impact on women. Below are some highlights of the report:

Basic Education

The government needs to take strong measures to strengthen the educational infrastructure for girls and expand specific programs targeted on girls. In the new Union Budget, the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme has been merged with the Sarva Shiksha Abhiyan, which makes it very difficult to track the outlays for this specific scheme. The allocation for Mahila Samakhya scheme has been increased only marginally from Rs. 30 crore in 2006-07 to Rs. 34 crore in 2007-08.

The share of the total allocation for the Department of School Education and Literacy that is devoted to girls’ programs declined from 43 percent in 2006-07 to around 40 percent in 2007-08.

Health and Family Welfare

Most health indicators, especially those related to maternal and child health, demonstrate India’s poor record in key aspects of human development. The country’s very low level of public spending on health — slightly above 1 percent of GDP — has often been cited as a reason for the dismal state of affairs in the health sector. The United Progressive Alliance has stressed that public spending on health should be stepped up to 3 percent of GDP.

The size of the budget allocation for Rural Family Welfare Sub-Centres has important implications for the health of women in rural areas. Therefore, the increase in that allocation this year is welcome. Also welcome is the increase in the allocation for the National Rural Health Mission for next year. However, the fact that these programs’ full budget allocation will apparently not be spent this year raises another concern, as it shows that the government has been unable to address the institutional bottlenecks in the crucial sector of health and family welfare.

One of the biggest disappointments in the Union Budget is the reduction in allocations for the Reproductive and Child Health program. Worse, only around three-quarters of the funds allocated for the program this year have been spent.

Housing

The Gender Budgeting Statement presented in the 2007-08 Union Budget states that 100 percent of the allocations for the Indira Awas Yojna (IAY) housing program for the rural poor are women-specific. However, information from the Department of Rural Development shows that more than 15 percent of the houses constructed under the program were allotted to men, and a larger share was allotted jointly to married couples. Only 49 percent was registered in the name of women and yet 100 percent allocations have been treated as exclusively for women.

Therefore, it cannot be claimed that the entire IAY allocation is women-specific. But greater priorities for rural housing are certainly required for provision of housing to women, and in this regard IAY is important. In other words considering that women’s ownership of housing and land is so abysmally low, we need to focus more on housing for women and IAY is important nonetheless, since at least 49 percent houses are being registered in the name of women.

The government’s only major housing program for the urban poor has been discontinued. A new program is supposed to start in 2007-08, but the budget’s overall allocation for housing for the urban poor is quite small. Hence, with regard to housing for poor women in urban areas, the budget is clearly a disappointment.

Special Interventions Under the Ministry of Women and Child Development

The Ministry of Women and Child Development operates several programs to assist working women and women in distress. The new budget includes welcome increases in funding for programs that help victims of human trafficking and provide hostels for working women. However, substantial increases are also needed for the national day-care program for the children of working mothers and “short-stay homes” (a short stay home is a temporary shelter provision for women in crisis situations) for destitute women.

Moreover, many women’s groups would be disappointed to note that there are no allocations to implement the Domestic Violence Act. The passing of this act in 2005, after a long struggle, was a historic achievement for Indian women. The lack of any allocation for this act puts a question mark on the government’s commitment to ensure that this act becomes a reality for women and does not remain confined to the law books.

 To read CBGA’s full response to the budget, go to:

http://www.cbgaindia.org/files/budget_responses/RUB%202007-08.pdf.

To read the gender analysis of the budget, go to:

https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/2011/01/UnionBudgetandWomen.pdf.



New Budget Work in Pakistan, Omar Foundation

In Pakistan an established civil society organization has recently begun to incorporate budget analysis into their set of core activities. With support from the International Budget Partnership, the Open Society Institute, and the Civil Society Budget Initiative, new projects are underway to increase citizen awareness and involvement in issues surrounding government budgets.

The Omar Asghar Khan Development Foundation (www.oakdf.org.pk) has initiated the pilot year of a new project: “Putting Money Where the Needs Are: Matching Money with People’s Priorities.” The foundation was founded in 1999 to promote the human rights of the poor and vulnerable through advocacy, social mobilization, and service provision. It works to create opportunities for people to work collectively towards human and livelihood rights by building asset bases and making institutions and policies more pro-poor.

The new project will further that mission through citizen activism to push for more effective use of resources and an expansion of the political space for participation in the development process, basing its arguments on evidence from local communities. The project’s goals are to make government policies more responsive to the needs of affected populations (particularly the marginalized) and to improve government accountability and transparency.

In pursuit of these goals, the foundation has developed an ambitious five-year plan for “demand side” budget work through community-based needs assessments, government engagement for appropriate allocations, implementation monitoring, and budget and policy advocacy. The new project reflects a citizen-centered approach to budget work that engages citizens directly in gathering and analyzing information as a way of organizing and building participation, in contrast to a more policy-centered process where “expert” civil society policy researchers produce analyses for a government audience.

Activities in the pilot year (which began in July 2006) are focusing on urgent community needs associated with earthquake relief and reconstruction in the mountainous North-West Frontier Province. The project is beginning work in 11 of the worst-affected union councils, each of which consists of 20 to 30 villages. This initial focus on the reconstruction process is expected to build capacity — in both the foundation and local partners — for future work around other development needs.

Of necessity, many of the foundation’s recent activities have centered on relief to victims of the devastating 2005 earthquake, which was focused in a region where the foundation is already very active. The foundation used local contacts and knowledge to join in relief efforts and emergency service provision through its regional offices. Also, it continues to be active in the routing of funds and policy implementation in ongoing rehabilitation efforts, working with local groups. Donor funds for this work are provided through the Pakistan Poverty Alleviation Fund and the government reconstruction authority.

An estimated $5.2 billion in foreign funds has been pledged for future reconstruction efforts, which raises important questions about transparency and public accountability. Numerous recent international efforts to mobilize resources in response to disasters and conflicts risk generating “donor fatigue” in the absence of accountability and demonstrated results for those funds. One of the best ways to hold governments accountable for rehabilitation and rebuilding is by having the very people who are meant to receive the aid monitor and advocate for its effective and fair distribution.

The core element of the foundation’s budget project is helping communities develop village-level rehabilitation action plans (V-RAPs). The foundation has selected representative villages in each of the initial 11 union councils and is facilitating with local partners a five-day process in each village to identify and prioritize needs with local groups. Individual V-RAPs are then consolidated into a single action plan for each union council, and then further consolidated into district-level action plans for affected areas by representative analysts from village groups. The resulting action plans, which detail the steps required of government and other stakeholders (including estimates of the necessary budget allocations), are validated in local meetings and at broader “people’s assemblies” convened by the foundation.

Finally, the action plans will be presented to government decision-makers in meetings organized to ask officials how those priorities are being addressed and to press for more action in both rehabilitation budgets and recurrent budgets. The foundation will provide participating citizens’ groups with advance training in budget processes and effective advocacy techniques.

To monitor local implementation of the plans in selected union councils, the foundation will help create local organizations that will fill out “citizen report cards” comparing government promises with observable outputs. The report cards will be released to the media and stakeholders in order to promote citizen engagement with government. A strong program of media engagement is also planned.

At the end of the pilot year, the foundation will review the results and consider expanding into other geographic areas and development budget issues. Work is expected to continue in the earthquake zones, though rehabilitation monitoring efforts in these areas should require less intensive support and permit expansion of the project elsewhere.

For more information, contact the Omar Asghar Khan Development Foundation at [email protected].



Challenges and Opportunities for Budget Work in Ethiopia, Poverty Action Network of Civil Society in Ethiopia (PANE) by Gweneth Barry

Advocacy work in general and budget work in particular are new fields for civil society in Ethiopia. The Poverty Action Network of Civil Society in Ethiopia (PANE) is working to build interest in joint work in this exciting new area. Constraints still exist due to the complex nature of Ethiopia’s budget system and the lack of publicly available information on the budget. However, civil society is rising to the challenge and learning how to engage effectively in the budget process.

The emergence of advocacy and budget work

Traditionally, NGOs in Ethiopia have focused on service delivery and emergency relief. However, due to the creation of some political “space” and strong work by a few organizations, more and more civil society groups are beginning to see advocacy as part of their mandate. As part of this shift, they are beginning to look toward the government budget as an essential tool for bringing about real changes.

The emergence of civil society networks focusing on advocacy is a concrete indicator of this rising interest. For example, the Poverty Action Network Ethiopia (PANE), formed in 2004 out of a task force established to respond to the PRSP process in Ethiopia, is now one of the leading advocacy networks in the country, with more than 70 members.

PANE has highlighted budget work as one of its key areas for policy engagement. Several members of PANE had begun engaging in budget monitoring and advocacy on their own, and more were keen to develop this area of work, so PANE established a Budget Group to bring these organizations together to share learning and develop joint work around the budget.

The wide range of budget work

The budget work being conducted by members of the PANE Budget Group covers a wide range of sectors and methods. One example is the joint effort by Helpage International, Hundee, and the Rift Valley Women’s and Children’s Development Association to involve older people in budget monitoring. These groups have formed monitoring committees of older people who work with district officials to identify community needs and then see whether district budgets reflect those needs. In another example, Action Aid is developing community-based monitoring projects to engage communities in the local budget process.

Other organizations have focused more on specific sectors of the budget. The Basic Education Association–Ethiopia has conducted a study with Oxfam Great Britain looking at how debt reduction has affected education spending. Save the Children Sweden and Save the Children UK have tracked spending in the health and education sectors that is aimed at children. Water Aid is researching the impact of spending in the water sector.

Work has also started on engaging grassroots constituencies in budget work. The International Budget Partnership’s Civil Society Budget Initiative has provided funding (through PANE) to enable the Network of Ethiopian Women’s Associations, the Basic Education Association, and Handicap National (a local NGO working with children with disabilities) to raise awareness of budget work among their network members, constituencies, and relevant stakeholders and show how they can join in this work. It is hoped that this will lead to promote budget work in the areas of gender, education, and children’s rights.

The PANE Budget Group has supported this work by providing training and a forum for sharing ideas and developing common activities. With assistance from the IBP, PANE held a week-long training in April 2006 in which experts from IDASA & UDN gave participants a grounding in the theory behind budget work. The PANE Budget Group has also held brainstorming sessions on members’ projects, visited a local NGO project to learn first-hand what it has achieved, and commissioned research by the Ethiopian Economics Association into the 2006 budget’s adherence to the priorities set out in the new PRSP.

Working in a difficult context

Ethiopia presents many challenges to budget work, such as lack of information. While the Ministry of Finance and Economic Development has recently begun to post more information on its website, this often does not include details regarding sector budgets or budgets for lower levels of government, which are vitally important in the country’s decentralized budget system. Local groups have also found that district authorities have been unwilling to give out any information at all.

In part, this reluctance to share information reflects officials’ belief that the information will be used against them. Also, government bodies remain strongly hierarchical, and lower-level officials often fear reprisals from above if they give out information that embarrasses the government. More broadly, citizens’ right to budget information simply is not widely understood. These problems can make it difficult to institutionalize a project, as the amount of information made available depends on arbitrary decisions by various individuals.

Another constraint in budget work is lack of experience. While civil society’s capacity in this area is growing, there is still a shortage of knowledge of the budget process and how to analyze budget documents. Also, there are few experienced practitioners in budget monitoring who can train other organizations, which creates problems for organizations that do want to engage.

Planning for the future

The PANE Budget Group is working to overcome these problems and expand its budget work. In recognition of the problem of obtaining information, it is planning a campaign to increase budget transparency.

PANE is also planning to assist members with further training. A comprehensive needs assessment will be conducted to spot the most urgent gaps and provide capacity building. The group is also working with members of the Institute of Development Research from the Addis Ababa University and economists from the Ethiopian Economics Association to draw in expertise for further work.

In addition, PANE wants to strengthen its own capacity, and the capacity of its members, to engage in exercises related to social accountability. As the donors at the moment are providing aid to the country through a different modality, known as protecting basic services (PBS), the role of civil society is quite high in empowering citizens and holding service providing agencies accountable. This could be achieved through activities such as budget transparency & literacy; budget tracking, budget analysis, etc.

As PANE seeks to expand budget work in Ethiopia, one of its biggest strengths is the sharing of ideas among its members. As more and more organizations conduct budget monitoring and advocacy, the range and depth of expertise in these areas will continue to grow. By building on each others’ experiences, civil society organizations in Ethiopia can begin to lay the foundations for a strong and dynamic engagement in the budget process.



Civil Society Environment for Budget Work in Lebanon

On request from the Lebanese Physical Handicapped Union (LPHU) and the National Democratic Institute (NDI), the International Budget Partnership (IBP) conducted an assessment of the environment for civil society in budget work in Lebanon from 6-8 March 2007. A team of the IBP and LPHU reviewed key budget documents and interviewed CSOs, academics, government officials and members of Parliament.

The assessment found that despite the political instability in the country, there is a growing interest in budget related issues among CSOs in Lebanon. In fact some of the political tensions are fuelled by budget issues such as the government’s plans to increase VAT to 15 percent over the next few years in order to finance its massive debts.

While Lebanese CSOs have a reasonably strong advocacy background, they have not done much budget analysis. They therefore face the challenge of building up their analytical capacity and linking with researchers and academics that dispose of such capacity.

A further challenge faced by these CSOs is organizational in nature. Key organizational challenges that CSOs will need to respond to include: If they work in a coalition, where will the administrative and analytical capacity of the coalition be housed? If individual organizations will start doing budget work, how can their analytical and strategic capacity be nurtured in a stable organizational environment?

The report asks the question of where do you start with budget work in Lebanon and suggests two initial priorities. Despite the constraints to budget work in Lebanon, access to information on the government’s budget proposal is fair. One opportunity is therefore found in matching this information with informal opportunities to influence the legislature stage. This refers to a well-established practice of close collaboration between civil society and individual members of Parliament. For example, during the legislature stage of the budget there are instances of civil society drafting bills and getting MPs to sign and successfully table these in the legislature.

A second opportunity has to do with influencing the limited discretionary expenditure that is available. At the moment civil society efforts at influencing the budget are limited by the fact that most of the budget is tied up in debt servicing and the payment of civil servants’ salaries. The budget does not therefore contain much funding that can be shifted around. Over the medium to long term government’s civil service and debt restructuring plans could make the budget more flexible.

At present, most of the discretionary funding that the government disposes of is earmarked for post-war reconstruction and is allocated by the Council for Development and Reconstruction (CDR). The allocations made by the CDR don’t however go through Parliament and are not published for public scrutiny. One of the key challenges to Lebanese civil society will be to make the allocations of the CDR more transparent and subject to the scrutiny of Parliament.

At the recent Paris donor conference, the Lebanese government announced a series of budget reforms that Lebanese civil society could piggy-back on. (Click here to read the Paris report). These include a series of reforms that will consolidate the fragmented public finance system in Lebanon and enhance budget transparency.

For more information, contact Albert van Zyl [email protected].



The Value of Budget Training by Mary Okpe (Centre for Democracy and Development, Nigeria), Clara Chindime (Civil Society Coalition for Quality Basic Education, Malawi), and Mariska Meurs (Wemos, Netherlands)

From March 12 through 23, the International Budget Partnership, Fundar (Mexico), and HakiElimu (Tanzania) held an intermediate-level training on international budget analysis and budget advocacy in Dar es Salaam, Tanzania, for organizations from Bolivia, Holland, India, Kenya, Malawi, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Africa, Tanzania, and Zambia.

Effective advocacy requires a communication strategy that clearly addresses:

  • the objectives
  • the audience
  • the message
  • how the message is framed
  • who is the best messenger
  • a calendar or plan of action

One part of the training used simple math operations to guide participants through basic budget analysis calculations. According to one participant, “the teaching method was very practical, student-friendly, and very innovative.”  This session was important because it showed participants when to intervene in the budget process; if the intervention is done at the wrong time, it may not achieve the desired impact.

Another part of the training focused on budget advocacy. A budget advocacy message should not just point out the country’s ills, but offer some solutions as well. Participants were shown how to develop smart objectives and were reminded that budgets are rigid, so not everything can be changed immediately.

The training also emphasized the importance of visual messages in budget advocacy. A video from Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), an Indian grassroots organization, made a lasting impression on participants of what budget tracking work can accomplish. Similarly, a trip to the office of HakiElimu gave participants a clear example of the power of media messages in budget advocacy. Many indicated that they would replicate those techniques in their respective countries.

According to Clara Chindime from CSCQBE, the training made her aware of the need to consider the effects of inflation when demanding funding increases from the government, the various ways in which budget analysis can be used (other than comparing sector budgets to the national budget), and the importance of tailoring budget information to different audiences. “With the knowledge gained, I feel that our budget analysis will be more comprehensive and therefore more effective. Part of my job requires that I train coalition members in budget analysis and budget advocacy, so the training came at the right time, when the coalition is building the capacity of district education networks.”

Mary Okpe from CDD is responsible for a project that conducts budget tracking at the national and state level related to Nigeria’s economic development plan (see accompanying article), and she plans to share what she learned in the training with the project’s coordinators.

For more information, contact Mary Okpe at [email protected] and Clara Chindime at [email protected].

Another participant from the Dutch NGO Wemos – an organization targeting both national and international policies that influence health – said “the IBP workshop helped us by taking us through the process of a budget analysis, the workshop demonstrated the importance of being strategic in every single step on the way. As a result, we are better able to focus our messages, working with different target groups.” Last year Wemos started aneffort to collect information on health budgets and exploring budget work as a tool to strengthen the organization’s advocacy. Wemos also supported the participation of AIS (Bolivia), CIN (Kenya), CHESSORE (Zambia), and DORP (Bangladesh) in the workshop.

Wemos is applying the training experience to improve budget calculations (e.g., correcting figures for inflation, exploring concrete options to increase health budgets) and presentations, and involving other actors at the national and international level. Both DORP and AIS are planning to repeat the training workshop, in an adjusted form, at the national level to involve and train other civil society actors and public officials. CIN and CHESSORE will do the same probably at a later stage. Exchange visits are planned with other groups working on budgets to learn from each other’s experiences.

Wemos plans to continue monitoring progress on alignment and harmonization and the impact of conditionality on the health sector in all four countries. Wemos, CIN, and CHESSORE are starting an investigation into funding for Human Resources for Health and the impact of donor funding at the operational level in a number of districts in Kenya and Zambia.

For more information, contact Mariska Meurs [email protected].



Training for NGOs on IMF Macroeconomic Policies and Impacts on National Budgets, Wages, and Public Servants by Rick Rowden, ActionAid

During 13-15 March 2007, ActionAid International USA led a 3-day economic literacy training program for US-based NGOs working on health, education, and HIV/AIDS titled, “Getting More Doctors, Nurses and Teachers Hired in Developing Countries: An Introductory Exploration of Alternative Macroeconomic Policies for Beginners.” The training included presentations by Mark Weisbrot of the Center for Economic and Policy Research in Washington D.C., Andy Berg of International Monetary Fund (IMF), David Goldsbrough of the Center for Global Development, Rathin Roy of UNDP, Prof. Ilene Grabel of University of Denver, among others. The training explored to degree to which IMF macroeconomic policies may be unnecessarily constraining the sizes of national budgets of borrowing countries, and the impacts of such policies on the ability of countries to hire the numbers of doctors, nurses, and teachers projected to be needed to meet the Millennium Development Goals (MDGs). The training also highlighted possible alternative macroeconomic policies that could enable increased public spending while also safeguarding macroeconomic stability.

ActionAid’s training is in response to concerns raised by many of its partner organizations in Africa, Asia, and Latin America about the problems with very low ceilings on the national “wage bills,” or money for the wages of public sector employees. While ActionAid has in the past supported the work of local NGOs engaged in budget analysis and budget-tracking work, it has recognized the need to also begin educating civil society advocates on the impact of macroeconomic policies in their IMF loan programs on the sizes of their national budgets. While analyzing how the slices of the national “budget pie” are distributed, and tracking how that money is spent, continue to be of crucial importance, ActionAid believes that NGOs must also explore ways of making the national budget pies even bigger. Where IMF macroeconomic policies are unnecessarily restrictive, health, education, and HIV/AIDS advocates should challenge those policies and initiate public discussions about possible alternatives.

The US training was the first of several that are planned for 2007 and 2008. ActionAid hopes to encourage US NGOs to raise these issues with the US Treasury Department, which has immense leverage on the Executive Board of the IMF, and to engage with the US Congress, which has oversight of Treasury’s actions at the IMF. This work is part of a 2 year Economic Literacy and Advocacy Project (“IMF Project”) in Sierra Leone, Malawi, the U.S., and Kenya. For more information, contact [email protected].

To read, “Confronting the Contradictions: The IMF, wage bill caps and the case for teachers,” go to: http://www.actionaidusa.org/sites/files/actionaid/aaconf_contradictions_final2.pdf.



Mexico City Workshop for CSBI Grantees

In March the second annual exchange workshop for projects supported by the Civil Society Budget Initiative took place in Mexico City. Participants came from the NGO Forum on Cambodia, Haki Elimu (Tanzania), Poverty Action Network Ethiopia, Network of Ethiopian Women’s Association, Bandung Institute of Governance Studies (Indonesia), Civil Society Coalition for Quality Basic Education (Malawi), Omar Asghar Khan Development Foundation (Pakistan), and Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (Guatemala). Four additional groups could not attend due to visa problems.

One goal of the workshop was to examine the kinds of research activities that are conducive to evidence-based budget advocacy. Groups analyzed a piece of research provided for this exercise and then analyzed one of their own pieces of research, identifying its strengths and weaknesses.

In another section of the workshop, participants spent two days developing a comprehensive advocacy strategy for a piece of budget work in which they are currently engaged. Participants worked in country-specific teams, dealing with the challenges specific to their environment. The teams then met together to discuss the different ways in which they defined their objectives, crafted their messages, and handled specific problems.

Participants also conducted an exercise designed to provide practical tips on approaching and working with journalists, producing information that is media-relevant, and being interviewed. Most participants agreed that the exercise gave them valuable insights into how to work with journalists more effectively.

The culmination of the workshop was a series of presentations by each organization on its overall objectives, strategies, and current work. This activity built on the intensive peer-learning of the previous days and was structured according to a strategic vision of integral budget work that combined analysis and advocacy.

The workshop generated both excitement and trust among participants, helping create a sense that they belong to a community from which they can obtain useful feedback on their work. In addition, the accomplishments of the more established partners were inspiring to the newer partners (as well as to IBP staff). Participants’ candid discussions during the workshop about the issues they face should help lay the foundations for a future network.

For more information, contact Helena Hofbauer at  [email protected].



Tax Justice Network (TJN) Newsletter

Tax Justice Focus is the newsletter of the Tax Justice Network, a civil society organization that opposes offshore secrecy, tax avoidance, tax evasion and tax competition. These issues are relevant for society and democracy in both poor and rich countries, and TJF seeks to address the lack of academic and other research into, and public awareness of, these issues around the world.

TJF publishes four editions each year in English, with a different theme for each, and it contains research on a number of themes. The last two editions focused respectively on tax competition and on inequality. The next edition, which will be published in early July, will focus on taxation and accountability.

To subscribe, contact [email protected].



Weaving Global Networks: Book by CIPPEC Argentina

Weaving Global Networks, a handbook on how civil society networks can help influence government, has been published by the Center for the Implementation of Public Policies Promoting Equity and Growth (CIPPEC), a private, nonprofit organization that strives to create a more just, democratic, and efficient government in Argentina.

Written by Vanesa Weyrauch in collaboration with Inés Selvood, the handbook traces the development of regional and international networks and discusses the importance of these networks in shaping government policies. It also “seeks to offer some practical tools and guidelines that might help these networks enhance their impact through the use of evidence and knowledge in regional and global public policies and policy-making processes.”

Using four cases studies, the existing literature on networks, and interviews with practitioners, the authors examine the strengths and weaknesses of networks as well as the challenges networks frequently face, with special emphasis on Latin America.

To read the publication, go to: http://www.vippal.cippec.org/media/recursos/libros/cippec_weaving_global_networks.pdf.



New Materials in the Budget Library

Follow the Money. A Resource Book for Trainers on Public Expenditure Tracking in Tanzania
By Hakikazi Catalyst, REPOA, and TGNP
This toolkit, published by the NGO Policy Forum in Tanzania, follows public funds disbursed by the central government as they pass through local governments and ultimately reach users such as schools and clinics. It also explains how a public expenditure tracking system operates and how it can benefit marginalized groups. Through such a system, local communities can track the inputs, outputs, and outcomes of particular government services, as well as determine the gender-specific distribution of benefits from those services. The toolkit is addressed to local governments, local councilors, CSOs, and journalists who have a basic understanding of how budgets work and are committed to good governance.

Fostering Public Participation in Budget-making
By Raza Ahmad and Erin Thébault Weiser/Asian Development Bank
This publication documents a pilot test of participatory budgeting at the local level in Indonesia, the Marshall Islands, and Pakistan. The pilot suggests that if local governments have the political will and technical resources, it is not difficult to promote civil society involvement in the budget process. Using simple, effective, and low-cost methods, local governments can promote transparency and openness in their decision making. The authors conclude that transparency is vital for good governance and leads to economic growth and poverty reduction in the long term.

Study Trip on Participatory Budgeting to the Paris Region
Governance International (GI)
This trip report describes the participatory budgeting practices of three local councils in the region of Paris: Issy-les-Moulineaux, Bobigny, and Saint-Denis. It compares three different ways of transferring the Porto Alegre model of participatory budgeting to a European context and the different approaches of organizing neighborhood councils and involving hard-to-reach groups such as young people.