by soapbox | Nov 1, 2006
Grupos de la sociedad civil e instituciones de auditoría discuten oportunidades de colaboración
El pasado mes de noviembre el Proyecto Internacional de Presupuestos (IBP), el Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos Sociales y Económicos “United Nations Department of Economic and Social Affairs” (UN-DESA) y la Organización Oriental Regional para la Administración Pública “Eastern Regional Organization for Public Administration” organizaron una conferencia de dos días en Manila, Filipinas bajo el título de “Diálogo sobre la participación de la sociedad civil en la rendición de cuentas públicas.” Durante la conferencia, grupos de la sociedad civil e instituciones de auditoría pública de Argentina, Corea del Sur, Filipinas, India, México y Sudáfrica hablaron, por primera vez, sobre cómo ampliar las oportunidades de colaboración.
La conferencia ayudó a que los representantes de los grupos de la sociedad civil y los funcionarios de auditoría se familiarizaran unos con otros. Asimismo, los participantes compartieron sus experiencias respecto al uso de los procesos públicos de auditoría y fomentaron el diálogo entre grupos de la sociedad civil y auditores públicos dentro del país para fortalecer la vigilancia de los recursos públicos.
El IBP y UN-DESA seleccionaron a seis países con base en su potencial de colaboración entre las instituciones de auditoría y los grupos de la sociedad civil. Por ejemplo:
- En India, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), un sindicato de campesinos y obreros, hace uso de las audiencias públicas para conducir auditorías sociales del gasto del gobierno local en pequeñas comunidades. (En una auditoría social, los beneficiarios evalúan el desempeño de la agencia y vigilan los gastos de la agencia.) Durante estas auditorías sociales, las comunidades inspeccionan los registros de contabilidad y otros registros sobre programas públicos a fin de identificar prácticas fraudulentas como cuentas o nóminas falsificadas. Los métodos de auditoría social de MKSS hoy son utilizados en todo el país por grupos ciudadanos para monitorear un nuevo programa gubernamental bajo el cual hogares rurales pueden obtener empleo con salario mínimo hasta 100 días por año.
- En Sudáfrica el grupo de rendición de cuentas “Public Service Accountability Monitor” (PSAM), una organización de investigación y activismo, trabaja muy de cerca con la legislatura para monitorear la respuesta del gobierno a casos de mala conducta financiera y corrupción identificados en los reportes del auditor general. PSAM ha dado a conocer el gran número de recomendaciones emitidas por la agencia de auditoría provincial — que no pudo conseguir información financiera durante la auditoría — y organizó una campaña pública que promoviera prácticas financieras administrativas más fortalecidas en agencias del gobierno provincial.
- En las Filipinas, la Comisión sobre Auditoría (la institución nacional suprema de auditoría) y la ONG “Concerned Citizens of Abra for Good Government” (CCAGG) llevaron a cabo una auditoría participativa. CCAGG, se especializa en el monitoreo de proyectos de infraestructura con la ayuda de voluntarios para verificar que los proyectos de construcción de caminos sean ejecutados conforme a lo acordado en los contratos. (Ver el artículo de CCAGG en este boletín.)
También en Filipinas, la ONG “Procurement Watch, Inc (PWI)” se especializa en integrar los sistemas de transparencia y rendición de cuentas en la contratación gubernamental y prácticas de adquisición de bienes y servicios. La iniciativa más reciente de PWI es participar con la Comisión de Auditoría en la aplicación piloto de una nueva herramienta para medir la corrupción e ineficiencia en la administración pública. (Ver el artículo de PWI en este boletín.)
- En México el centro de análisis e investigación llamado Fundar, identificó actos de corrupción de gran escala en un contrato gubernamental ofrecido a una agencia privada bajo el programa de prevención del VIH/SIDA gracias a los cientos de páginas de contabilidad gubernamental obtenidas mediante la ley nacional de acceso a la información. (Una investigación oficial por parte de la institución suprema de auditoría corroboró los resultados de la investigación de Fundar.) La presión de la campaña encabezada por Fundar por recuperar los fondos y modificar las políticas que rigen la administración de fondos discrecionales incluye fondos para programas de prevención de VIH/SIDA.
- En Corea del Sur la ONG “Concerned Citizens for Economic Justice” (CCEJ) trabaja temas de derechos económicos y utiliza regularmente el sistema nacional ciudadano de solicitudes de auditoría para exigir auditorías gubernamentales sobre proyectos públicos que desperdicien o hagan uso indebido de recursos. CCEJ presentó tres casos de corrupción en proyectos públicos que fueron verificados en auditorías gubernamentales subsecuentes. En una ocasión, el gobierno cambió sus políticas de adquisiciones debido, en gran parte, a la campaña de CCEJ para limitar contratos sin un proceso competitivo. (Ver el artículo de CCEJ en este boletín.)
- En Argentina la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de derechos humanos interpuso una demanda para obtener los reportes de las reuniones de la comisión responsable de revisar las auditorías públicas y con ello demostrar el fracaso de la comisión para responder a las recomendaciones de la auditoría.
Esquemas de auditoría participativa
Durante la conferencia, los funcionarios de auditoría demostraron cómo ellos también exploran las oportunidades para incluir al público en los procesos de auditoría. Por ejemplo:
- En las Filipinas la Comisión sobre Auditoría se asoció en 2002 con varias ONGs para llevar a cabo ejercicios de auditoría participativa, (CCAGG entre otras). Los ejercicios se enfocaron en evaluar si el programa consiguió los resultados intencionados. Los equipos de auditoría incluyen a miembros de COA y ONGs. Además, COA le dio a Procurement Watch los documentos de las agencias de auditoría para poner a prueba la herramienta que mide la corrupción en los procesos de adquisiciones.
- En India el gobierno estatal de Andhra Pradesh, inspirado en el proceso de auditoría social de MKSS, está llevando a cabo una campaña de auditoría social en colaboración con un consorcio de ONGs mediante foros locales a nivel estatal sobre el uso de los fondos del programa gubernamental de empleo garantizado. Por consiguiente, el gobierno del estado actúa rápidamente para corregir cualquier problema detectado por las auditorías sociales. Mientras tanto, en el estado de Rajastán, la oficina del auditor público — frustrando por la pobre implementación y pobres recomendaciones — ha compartido los resultados de algunos de sus reportes de auditoría con MKSS y ha invitado a publicar los resultados para tomar medidas en contra de las agencias infractoras.
- En México el Ministro de Administración Pública ha desarrollado una herramienta llamada Sistema de Evaluación de Participación Ciudadana y Transparencia (SEPAT) para monitorear si las agencias municipales están adoptando políticas de apertura de información adecuadas y si facilitan auditorías sociales. Las auditorías sociales de programas de desarrollo se realizan por mandato de una ley que fuera promulgada en el 2004.
Conclusiones
La conferencia encontró lo siguiente:
1. Existen muchas oportunidades de colaboración entre grupos de la sociedad civil y las instancias de auditoría. La conferencia resaltó tres categorías del trabajo de auditoría de la sociedad civil. En primer lugar, las organizaciones de la sociedad civil pueden conducir sus propias auditorías. Organizaciones como MKSS han desarrollado procesos innovadores de auditoría social que son independientes de los procesos de auditoría social. De hecho muchos de los programas auditados por MKSS han sido previamente auditados por auditores gubernamentales que no reportaron ninguno de los casos de malversación de fondos que MKSS pusiera al descubierto más adelante.
En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil pueden utilizar estos resultados para exigir rendición de cuentas a las agencias del gobierno. PSAM en Sudáfrica, por ejemplo, publica los resultados de los reportes de auditoría del gobierno en comunicados de prensa y programas de radio y exige respuestas y acciones de las agencias. Igualmente, ACIJ en Argentina investiga las acciones del comité legislativo responsable de vigilar las recomendaciones de auditoría que se le presentan al gobierno.
En tercer lugar, las organizaciones de la sociedad civil también pueden trabajar con auditores gubernamentales. Tal es el caso de CCAGG en las Filipinas. Esta organización fue miembro de un equipo del gobierno que realizó una auditoría de la agencia de caminos y obras públicas. CCEJ en Corea del Sur solicitó auditorías especiales de proyectos del gobierno que mostraban irregularidades financieras.
2. Los auditores son cada vez más entusiastas sobre la participación ciudadana en sus procesos de auditoría. Corea del Sur, por ejemplo, cuenta con las políticas más progresivas respecto a la participación ciudadana. Esto se puede apreciar en el sistema de solicitudes ciudadanas de auditoría y en la inclusión de expertos no gubernamentales en la institución suprema de auditoría. Igualmente, la experiencia de auditoría participativa en las Filipinas, en donde las auditorías del gobierno se llevan a cabo por un equipo de expertos no gubernamentales y funcionarios de auditoría, representan un modelo único para la participación de la sociedad civil en las auditorías gubernamentales.
3. Tanto los auditores como los grupos de la sociedad civil tienen reservas sobre la colaboración conjunta. Superar estas reservas es fundamental para poner en marcha el potencial de la colaboración en muchos países más. En muchos países las instituciones de auditoría pública tienen el mandato de reportar a la legislatura y no al público. Es responsabilidad de la legislatura examinar y tomar acciones respecto a los reportes de auditoría. Los funcionarios de auditoría argumentan que mientras este mandato continúe y no se incluya la participación ciudadana, no habrá gran oportunidad de desarrollar prácticas de auditoría accesibles a los ciudadanos.
Además, las instituciones de auditoría temen que trabajar con grupos de la sociedad civil (que con frecuencia tienen sus propias agendas) pueda comprometer la neutralidad y objetividad de la auditoría. Las instituciones de auditoría no han desarrollado procesos para seleccionar colaboradores entre los grupos de la sociedad civil y pueden ser renuentes a colaborar hasta que los grupos desarrollen su propia capacidad técnica para participar en las auditorías.
Por su parte, los grupos de la sociedad civil están preocupados por el riesgo potencial de que sean los gobiernos y no las instancias de auditoría las que seleccionen a las contrapartes de la sociedad civil. Esto puede dar lugar a que se escojan grupos que tiendan a pasar por alto irregularidades importantes. Asimismo la mayoría de los grupos de la sociedad civil carecen de recursos para participar en auditorías sin ser remunerados. Mientras esto es importante para asegurar que la agrupación de la sociedad civil no tenga un incentivo monetario en su participación en la auditoría, se deben de explorar formas alternativas de financiamiento fuera de los recursos del gobierno y de los grupos de la sociedad civil.
La conferencia dejó ver claramente a los participantes (grupos de la sociedad civil e instituciones de auditoría) que a pesar de los retos y reservas de trabajar juntos, existe gran potencial de éxito en la colaboración conjunta. El IBP seguirá de cerca las experiencias de los participantes y promoverá la investigación sobre cómo adoptar prácticas para formalizar la participación de los ciudadanos en los procesos de auditoría.
Grupos de la sociedad civil en las Filipinas desarrollan mecanismos para la transparencia en el uso de fondos públicos: lecciones de CCAGG y PWI
CCAGG desarrolla ejercicios participativos de auditoría
La ONG “The Concerned Citizens of Abra for Good Governance” (CCAGG) monitorea proyectos gubernamentales en la región de Abra en el norte de las Filipinas. Recientemente la organización condujo un ejercicio participativo de auditoría en esta región en colaboración con la institución suprema de auditoría del país.
CCAGG se fundó en 1986 como resultado de una iniciativa presidencial para aumentar la participación ciudadana en programas de desarrollo y creó una técnica de monitoreo única. Sus miembros — sobre todo amas de casa, estudiantes y jóvenes — comenzaron a observar proyectos de construcción de caminos buscando evidencia de corrupción (tal como el uso de materiales de mala calidad, malas técnicas de construcción o fraude en los procesos de contratación) a fin de reportar sus hallazgos a ingenieros y contadores.
Un ejemplo del trabajo de CCAAG fue cuando un ministerio gubernamental anunció en un periódico que se habían completado 27 proyectos de construcción en Abra. CCAGG documentó los avances reales de los proyectos que se habían declarado como terminados y presentó testimonios y fotografías al ministerio exigiendo una investigación. Se llevó a cabo una auditoría oficial con la evidencia presentada por CCAGG. Cuando los abogados recomendaron que las autoridades responsables sólo recibieran una reprimenda, CCAGG movilizó a la opinión pública y, finalmente, forzaron al gobierno a suspender de sus cargos a los responsables por su mala conducta. Fue quizás la primera vez en la historia del país que la vigilancia de los grupos de la sociedad civil castigara a funcionarios del gobierno por actos de corrupción.
En reconocimiento del papel de CCAGG en la prevención de la corrupción y su experiencia en el monitoreo de proyectos de obras públicas, la comisión nacional de auditoría (COA) recientemente se unió con CCAGG para conducir un ejercicio participativo de auditoría en Abra y determinar si los programas gubernamentales alcanzaron los resultados deseados. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el ejercicio fue calificado de exitoso por todas las partes involucradas y se publicó un manual sobre auditorías participativas que presenta las lecciones de este ejercicio.
El ejercicio también identifica algunos de los retos que los auditores públicos pueden enfrentar en su asociación con grupos de la sociedad civil.
- Metodología de auditoría. COA se opuso a las demandas de CCAGG respecto a compartir los resultados preliminares de la auditoría con miembros de la comunidad hasta que los resultados fueran definitivos. CCAGG respondió que la auditoría debe de involucrar a los ciudadanos en todas las fases del proceso. Igualmente, CCAGG mostró su preocupación cuando los auditores fueron excluidos de la fase posterior al proyecto y tuvieron que depender de la documentación escrita. Tradicionalmente CCAGG lleva a cabo investigaciones de campo y le preocupó que la falta de acceso en la fase post-proyecto no lograra capturar información valiosa.No obstante, algunos aspectos de la metodología de CCAGG fueron integrados en el ejercicio participativo de auditoría. A petición de CCAGG, por ejemplo, la auditoría participativa incluye análisis de impacto social o mide el impacto del proyecto en comunidades específicas.
- Sustentabilidad. A pesar de que COA (al igual que CCAGG) declararon el ejercicio de auditoría participativo como todo un éxito, la nueva administración de COA descontinuó la iniciativa. Esto pone en duda la sustentabilidad de las auditorías participativas. Tal vez sea necesario legislar la práctica de estos ejercicios para que no dependan de la voluntad de la administración en turno.
- Confidencialidad del cliente. Un reporte del PNUD sugiere que el nuevo comisionado de la COA que cancelara el ejercicio de auditoría participativa tenía experiencia en auditorías en el sector privado y estaba preocupado de que la participación de la sociedad civil en el proceso formal de auditoría pusiera en peligro la “confidencialidad del cliente.” Al decidir sobre la viabilidad del proceso participativo de auditoría, el gobierno debe de comparar las obvias ventajas de incluir a los grupos de la sociedad civil con las preocupaciones tradicionales de privacidad.
El activismo de “Procurement Watch” por la transparencia en los fondos públicos
La organización Filipina “Procurement Watch, Inc.” (PWI) creada en 2001 por un diverso grupo de individuos decidido a combatir la corrupción en las adquisiciones del gobierno, ofrece un ejemplo único sobre cómo los grupos de la sociedad civil pueden ayudarle al gobierno a implementar reformas necesarias.
En las Filipinas se pasó la primera ley sobre la adquisición de obras públicas en 1978. Recientemente, se introdujeron nuevas regulaciones gracias al intento por unificar las reglas sobre prácticas de adquisiciones.
Mientras que, por un lado, las leyes que regulan los proyectos públicos de infraestructura son confusas, por otro lado, no existen leyes que regulen la adquisición de bienes y artículos de oficina. El gobierno podría modificar las prácticas de adquisiciones en estos casos simplemente mediante una orden del ejecutivo.
A finales de los noventa las prácticas de adquisiciones estaban fuera de control y un número cada vez mayor de funcionarios gubernamentales concluyó que era necesario implementar ciertas reformas. El nuevo secretario del Departamento de Presupuesto y Administración simpatizante de estas ideas, abrió una oportunidad para llevar a cabo las reformas.
El nuevo secretario nombró un equipo de expertos formado por miembros de agencias gubernamentales y consultores privados para examinar los problemas en las prácticas de adquisiciones y sugerir una nueva ley para mejorarlas. Los miembros de este equipo estuvieron de acuerdo en involucrar a grupos de la sociedad civil en la conceptualización de la nueva ley. En 2001, dos miembros del equipo se unieron con PWI para promover la nueva ley y monitorear su implementación una vez aprobada. PWI se unió al equipo y ayudó a escribir la ley. A través de este proceso, PWI ganó credibilidad institucional. En los dos años siguientes, el personal de PWI contactó a otras organizaciones de la sociedad civil — sobre todo grupos anti-corrupción — y movilizó la opinión pública para apoyar la reforma de adquisiciones. La iglesia católica fue un gran aliado. Los medios de información también formaron parte clave en los esfuerzos de difusión.
En 2003, los esfuerzos de PWI dieron frutos cuando la legislatura aprobó la nueva ley de adquisiciones. Esto marcó la primera vez en la historia del país que un grupo de la sociedad civil incidió exitosamente para crear una ley sobre un tema que requiere un alto grado de especialización técnica.
La nueva ley emplea simples criterios discrecionales que hacen el proceso de adquisiciones más resistente a prácticas de corrupción y también más eficiente. (La complejidad y falta de transparencia en el sistema de adquisiciones anterior hacía muy difícil al auditor poder evaluar si las prácticas de adquisiciones de las agencias se apegaban a la ley.) La nueva ley también incluye sanciones criminales y administrativas en contra de funcionarios que violen la ley y le da autoridad a los monitores de la sociedad civil para archivar los reportes sobre desviaciones del proceso legal de adquisiciones con el ombudsman, cuya misión es la de prevenir, investigar y perseguir actos de corrupción por parte de funcionarios gubernamentales.
Actividades y éxitos de PWI
Ampliamente reconocido por su experiencia en la ley y prácticas de adquisiciones, PWI lleva a cabo una amplia variedad de actividades con diferentes grupos que incluyen al ombudsman, agencias gubernamentales ligadas a las adquisiciones, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.
PWI ha desarrollado una relación muy cercana con el ombudsman. Organiza sesiones de capacitación sobre la nueva ley de adquisiciones para el personal de la oficina del ombudsman. Asimismo, ha ayudado al ombudsman a publicar información sobre leyes de adquisiciones y ha establecido un mecanismo para procesar y responder a la información que ofrecen los observadores. En algunos países, los ciudadanos prefieren no contactar a los funcionarios gubernamentales con quejas por miedo a represalias por parte de los funcionarios corruptos y prefieren tratar con intermediarios. PWI anima a los ciudadanos a enviar sus quejas sobre irregularidades en las adquisiciones al ofrecerse como vínculo entre los ciudadanos y el ombudsman.
PWI ha desarrollado asociaciones con agencias gubernamentales para estudiar los sistemas para solicitar propuestas y evaluar ofertas y premiaciones. Como parte de este proceso, PWI lleva a cabo ejercicios diagnóstico sobre las actividades de los comités de ofertas y premiaciones de distintas agencias — incluyendo las agencias de salud y defensa. PWI también lleva a cabo talleres y conferencias sobre la ley de adquisiciones, desarrolla trabajos de investigación sobre el tema y ofrece asistencia técnica al gobierno sobre mejores prácticas en los procedimientos de adquisiciones.
Los esfuerzos de PWI han ayudado a establecer sistemas que permiten a los ciudadanos no sólo ser observadores en los comités gubernamentales; sino también actuar como monitores para asegurar que los contratistas cumplan con los contratos. De los 8,000 monitores entrenados que se necesitan a nivel nacional, hoy sólo existen 800. Por ello, PWI se ha dedicado a entrenar y capacitar a monitores de la sociedad civil a lo largo y ancho del país y, recientemente, comenzó a negociar un contrato con el OMB para llevar a cabo un proyecto financiado por la Comisión Europea para dar 12 cursos a nivel nacional fuera de la capital.
Medir la corrupción e ineficiencia
La iniciativa más reciente de PWI es la de participar en una prueba de la nueva herramienta sobre corrupción e ineficiencia en las adquisiciones públicas conocida como Medida de Eficiencia en el Diferencial del Gasto “Differential Expenditure Efficiency Measurement” (DEEM). DEEM busca determinar el costo verdadero (mercado justo) de un bien o servicio adquirido públicamente y compararlo con su costo real. Cuando el costo final o real es más alto que el valor verdadero, la diferencia se le puede atribuir a la corrupción e ineficiencia. El tamaño de la diferencia también sirve como una medida precisa de la dimensión del problema.
Se espera que la prueba piloto de DEEM se complete a finales del 2006, cuando se le harán ajustes y se pondrá a prueba nuevamente en un mayor número de agencias.
La experiencia de PWI demuestra que la sociedad civil y el gobierno no tienen que ser adversarios. (Después de todo, PWI es en parte integrado por funcionarios gubernamentales.) Su éxito es un gran ejemplo de la sinergia positiva entre las agencias del gobierno y los grupos ciudadanos que llevan a cabo reformas.
El éxito de DEEM depende de la cooperación de las agencias examinadas (en vista de que la herramienta requiere acceso a los documentos financieros de la agencia) así como de los auditores residentes de la institución suprema de auditoría nacional (ya que la herramienta requiere acceso a las auditorías realizadas). Dicha cooperación puede ser difícil de conseguirse pero los resultados valen la pena. El ejercicio piloto que está teniendo lugar en un hospital gubernamental ya ha dejado ver algunos malos manejos.
Por ejemplo, los investigadores de PWI encontraron un certificado firmado por un hospital oficial justificando un contrato con una compañía bajo la excusa de que se trataba de la única compañía que podía ofrecerle vitamina C de buena calidad al hospital. Dado el número de marcas de vitamina C disponibles en las Filipinas, este argumento es poco creíble. Si el contrato se hubiera abierto a otras compañías, el hospital seguramente se hubiera ahorrado dinero pues la marca de Vitamina C ofrecida por la compañía es una de las más caras en el mercado.
El personal de PWI ha obtenido la especialización técnica en este tema y ha logrado combinar su capacidad técnica con campañas efectivas de concientización pública para involucrar a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Lo que demuestra que la sociedad civil puede ser un valioso aliado a las instancias de auditoría suprema en sus esfuerzos por forzar la toma de medidas a partir de los hallazgos de las auditorías.
Para mayor información, contactar a Immanuel Magalit [email protected].
En Corea del Sur CCEJ trabaja con la oficina del auditor general para mejorar la rendición de cuentas
La Coalición de Ciudadanos para la Justicia Social “Citizens’ Coalition for Economic Justice” (CCEJ) de Corea del Sur ha hecho uso del proceso de fiscalización que ofrece la autoridad suprema de auditoría para mejorar la rendición de cuentas de los servicios del gobierno.
CCEJ se fundó en 1989 por 500 ciudadanos que hoy ya suman 35,000. Cuenta con un personal de 50 personas y con el apoyo de 150 voluntarios especializados. Los objetivos de la organización son promover la justicia económica, protección ambiental y democrática, el desarrollo social y la reunificación de la península coreana.
La justicia social depende en parte de la rendición de cuentas del gobierno a la ciudadanía. Para ello el Comité Coreano de Auditoría e Inspección “Korean Board for Audit and Inspection” (BAI) cuenta con el poder constitucional para asegurar que los recursos públicos sean utilizados apropiadamente y que el gobierno cumpla sus compromisos con los ciudadanos. El sistema de auditoría nacional cuenta con un número de mecanismos para lograrlo:
- Los ciudadanos pueden pedir una auditoría gubernamental. (La petición debe ser firmada por más de 300 ciudadanos mayores de 20 años de edad, o por una ONG con más de 300 empleados.) Las solicitudes son revisadas por un comité compuesto por ciudadanos y funcionarios de auditoría. En caso de que se apruebe una solicitud, la auditoría se lleva a cabo y los resultados se reportan a quienes enviaron la solicitud.
- Un comité consultivo compuesto por expertos — principalmente profesores universitarios o representantes de instituciones de investigación — sirve como cuerpo consultivo a la cabeza del BAI.
- Los ciudadanos pueden exponer quejas en contra de las agencias gubernamentales del ejecutivo.
- El texto completo de los reportes de auditoría puede darse a conocer al público siempre y cuando los reportes no amenacen la seguridad del estado.
- Los ciudadanos son notificados con anticipación sobre auditorías que ya han sido programadas, lo que permite darle al BAI información y quejas que pueden reflejarse en las auditorías.
- Algunos gobiernos locales han decidido atender las quejas de los ciudadanos mediante el nombramiento de una “ciudadano auditor” con todos los poderes del auditor del BAI.
- Un inspector general monitorea los auditores del BAI y examina cualquier violación ética.
CCEJ aprovecha estos mecanismos y hace uso de la política de apertura para recopilar información sobre posibles problemas con el manejo de fondos gubernamentales y ver si existe evidencia suficiente de malversación o corrupción. En cuyo caso se exige una auditoría de la institución infractora. Un ejemplo importante del trabajo de CCEJ se encuentra en la construcción del Centro Nacional del Cáncer (NCC) que tardó el doble de tiempo (siete años) y costó casi cinco veces más (alrededor de $215 millones de dólares) de lo que se había programado originalmente.
Los expertos de CCEJ dudaron sobre la necesidad de crear el NCC cuando se propuso en 1991. Conforme se inflaba el presupuesto y se retrasaba la construcción, CCEJ comenzó a investigar si debería de pedir una auditoría. El personal de CCEJ comparó los presupuestos de varios centros especializados de cáncer dentro de hospitales en universidades con el presupuesto del gobierno para el NCC y concluyó que éste era insuficiente. Asimismo, voluntarios de CCEJ consultaron con académicos y funcionarios gubernamentales y descubrieron que la construcción del NCC se había convertido en una lucha de poder entre dos ministerios gubernamentales. CCEJ presentó los resultados de su investigación al BAI y pidió una auditoría.
BAI determinó que la construcción se había retrasado debido a la falta de planeación, “construcción no sistematizada,” y falta de recursos humanos que, en suma, dieron como resultado el desperdicio de fondos públicos. BAI encontró que el traslapo de inversiones entre el NCC y otro hospital causó gran ineficiencia. BAI llamó al Ministerio de Salud y Bienestar para armonizar las funciones de los dos hospitales y ofrecer un plan para obtener los recursos necesarios y abrir el NCC lo antes posible.
CCEJ dio a conocer los resultados de la auditoría al público y en 2000 llevó a cabo una convención de contribuyentes fiscales para anunciar que el NCC era una de las diez causas de desperdicio fiscal en 1999.
CCEJ explica que fueron cinco factores los que ayudaron a conseguir resultados exitosos:
- Una sociedad civil vigilante para poner a la luz prácticas ilegales y corruptas. La sociedad civil debe de mantenerse activa para presionar al gobierno a que atienda estas cuestiones.
- Una amplia red de expertos y voluntarios que ofrece múltiples recursos. Los voluntarios pueden reportar e investigar casos de mala administración y corrupción.
- Mecanismos institucionales que garanticen la participación de la sociedad civil en solicitudes de auditoría.
- Una sociedad civil que monitorea la institución de auditoría del gobierno y la presiona para cumplir con su mandato constitucional.
- El uso de los medios como herramienta para presionar al gobierno a cumplir con las demandas ciudadanas.
Para mayor información sobre el “Korean Board of Audit and Inspection” y sus vínculos con las organizaciones de la sociedad civil, ir a: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN024552.pdf.
Recientes revelaciones de reportes de auditoría, HakiElimu, Tanzania (Segunda Parte)
Tal como lo reportamos en el último boletín del IBP (ver: https://archive.internationalbudget.org/newsletters/boletin35/) HakiElimu decidió producir dos folletos para difundir información de los reportes de auditoría y ponerlos a disposición del público para promover el debate y comprensión del tema. Los folletos cubren información obtenida mediante auditorías del gobierno central y local con datos de los últimos tres años fiscales (2003, 2004, and 2005). Toda la información de los folletos proviene directamente de los reportes de las auditorías que se encuentran a disposición del público en Tanzania y se han publicado en internet por la ONG Investigación sobre el Alivio de la Pobreza “Research on Poverty Alleviation” (REPOA) en el boletín de noticias sobre gobernabilidad en Tanzania “Tanzania Governance Noticeboard” (TGN) (http://www.repoa.or.tz/tgn/index.php).
HakiElimu acaba de preparar un breve reporte con base en los folletos pero con gráficos y texto adicionales que presentamos a continuación. El reporte resalta algunos de los hallazgos de los Reportes Anuales de CAG realizados para los ministerios de los gobiernos centrales, departamentos y agencias (MDAs), y para las autoridades locales gubernamentales (LGAs) para los tres últimos años fiscales que cuentan con información (2002/03, 2003/04 y 2004/05).
De acuerdo con el reporte, a pesar del progreso que existe en ciertas áreas, la situación en general no es aceptable. En 2004/05, LGAs no fueron capaces de explicar el uso de 15 billones de shillings, o 10 por ciento del presupuesto no salarial y los MDAs, no pudieron explicar 203 billones de shillings que representa 10 por ciento de los presupuestos no salariales.
Los reportes de auditoría identificaron casos específicos del mal manejo de fondos. Esto exige explicaciones y la toma de acciones para exigir rendición de cuentas en contra de los responsables. En suma, los reportes de auditoría también se pueden utilizar por los miembros del parlamento, la sociedad civil y ciudadanos para exigirle al gobierno rendición de cuentas de los fondos públicos y diseñar medidas concretas para limitar problemas en el futuro.
El reporte está dividido en seis secciones que explican la selección de indicadores de los reportes de auditoría y ofrece información sobre los informes de LGA y MDA. En la última sección CAG recomienda que la secretaría del comité de cuentas públicas “Public Accounts Committee” se consolide mediante la contratación de consejeros técnicos sobre rendición de cuentas y temas de buena gobernabilidad. Además, sugiere establecer una tesorería encabezada por el jefe secretarial “Chief Secretary” para monitorear cómo se implementan las instrucciones parlamentarias y recomendaciones de auditoría.
Para obtener una copia del reporte, enviar un mensaje a Ruth Carlitz [email protected].
BARC examina las pensiones para viudas en Rajastán, India
El estado Hindú de Rajastán creó un programa de pensiones para viudas de escasos recursos en 1974. Hasta 1999 cada viuda solamente recibía el equivalente a $3 dólares al mes; pago que aumentó a $5 mensuales.
En vista de que esto no era cantidad suficiente para vivir, el gobierno 2005-06 decidió distribuir 10 kilogramos gratis de trigo al mes a cada viuda. No obstante, este plan no se cumplió debido a la falta de coordinación entre la Corporación de Alimentos de la India, el gobierno de Rajastán y el gobierno nacional. El estado de Rajastán entonces decidió aumentar la cantidad de la pensión a aproximadamente $6 a partir de 2006-07.
Elegibilidad de la pensión
Existen dos condiciones para que las viudas puedan obtener la pensión. En primer lugar, una viuda debe de tener menos de 27,000 metros cuadrados de tierra sin irrigar y menos de 14,000 metros cuadrados de tierra irrigable. En segundo lugar, no debe tener hijos mayores de 18 años.
La primera condición tiene cierto sentido, aunque no todos los propietarios de tierras tienen los medios para cultivarlas. Sin embargo, la segunda restricción es completamente absurda ya que no existe ninguna forma de garantizar que los hijos adultos podrán encontrar empleo y apoyar a sus madres viudas. De hecho, muchos hijos que cuentan con trabajo se rehúsan a apoyar a sus madres, sobre todo, si están casados.
Otro problema es que no todos los fondos asignados para la pensión son distribuidos como se explica a continuación.
Fracaso en la distribución de fondos asignados a viudas elegibles
En la propuesta de presupuesto 2003-04, el gobierno estableció que planeaba gastar aproximadamente el equivalente a $11 millones de dólares en pensiones para viudas ese año. A lo largo del año, sin embargo, las autoridades distritales dijeron al gobierno que no podrían gastar la cantidad completa y que el gasto real era sólo de $9 millones.
La ONG Centro para el Análisis Presupuestario de Rajastán (“Budget Analysis Rajasthan Center” (BARC)) no podía creer que la demanda para pensiones hubiera disminuido tan drásticamente en vista de que no hubo cambios sustanciales en la economía o en las limitaciones sociales que enfrentan las viudas. Asimismo, BARC recibió varias quejas de viudas elegibles cuyas solicitudes para obtener la pensión habían sido rechazadas por las autoridades locales o puestas en una lista de espera. En vista de que no hubo explicaciones satisfactorias sobre estos asuntos, BARC examinó un reporte realizado por el auditor general y encontró que se acusaba a los distritos oficiales por no administrar el programa de pensión de manera responsable.
Desafortunadamente, la irresponsabilidad de los distritos oficiales causó un recorte en las asignaciones presupuestarias para las pensiones de las viudas, que recibieron el equivalente a $10 millones de dólares en 2004-05 y 2005-06 menos de los $11 millones que el gobierno había dicho que se necesitarían en 2003-04.
El activismo de BARC
Cada año muchas viudas pobres solicitan una pensión pero su petición es rechazada debido a la falta de fondos. En este caso, sin embargo, los fondos necesarios habían sido destinados pero no distribuidos y las viudas fueron las víctimas. No había indicios de que los funcionarios distritales responsables hubieran sido identificados o castigados.
BARC tomó acción en varios frentes: distribuyó documentos gubernamentales relacionados con la pensión para viudas conforme al presupuesto 2003-04 y el reporte del contador general a ciertos miembros de la oposición de la asamblea legislativa para que discutieran este asunto en la asamblea durante la sesión presupuestaria 2005-06. (BARC también distribuyó estos documentos a algunos miembros del partido gobernante.) Asimismo BARC habló del tema en todas sus reuniones con ONGs que escribieron cartas al Departamento de Bienestar Social respecto al dinero que no se gastó y a los recortes al presupuesto de las pensiones para viudas.
Además BARC participó en una conferencia de prensa en Ekal Nari Shakti Sangathan, una organización de viudas y mujeres separadas en Rajastán, que busca incentivar el interés de los medios en el fracaso gubernamental para distribuir los fondos de las pensiones. BARC también distribuyó los documentos gubernamentales relevantes entre sus propios contactos.
Estas medidas por parte de la asamblea legislativa, los medios, la organización de viudas, otras ONGs y BARC presionaron al gobierno simultáneamente desde diferentes puntos. Finalmente, el gobierno aumentó su financiamiento a las pensiones de $10 a $11 millones en el presupuesto de 2005-06 y planea un aumento adicional de $12.5 millones en 2006-07. Aunque estos aumentos no son suficientes para satisfacer la demanda de las pensiones para viudas, BARC ha tenido éxito en familiarizar a los funcionarios públicos con el problema que representa gastos no ejercidos y prevenir futuros recortes y asegurar un aumento en el financiamiento de dichas pensiones.
Para mayor información, contactar a Subrata Dutta [email protected].
Iniciativa presupuestaria para democratizar el proceso presupuestario en la India, CBGA
En India, como en muchos otros países, el discurso presupuestario es controlado por los economistas, políticos, académicos y el sector privado. Los pobres, que representan una mayoría en la población de la India, están al margen de la discusión.
El Centro para el Presupuesto y Rendición de Cuentas de la Gobernabilidad “Center for Budget and Governance Accountability” (CBGA) se reunió con varias organizaciones y fundaciones para crear una nueva iniciativa — “People’s Budget Initiative” — para luchar por una mayor democratización del proceso y de los documentos presupuestarios. Esta alianza está integrada por representantes de alrededor de 50 organizaciones que incluye movimientos populares, organizaciones de base, grupos académicos, medios, así como organizaciones de desarrollo nacional e internacionales.
La iniciativa formó grupos de trabajo para examinar puntos delicados en el presupuesto (“Union Budget”) 2007-08 en temas de agricultura, infraestructura, movilización de recursos y gastos administrativos, salud, educación, mujeres, grupos indígenas, niños y derechos humanos.
En noviembre 2006, la iniciativa llevó a cabo una convención nacional para discutir cuestiones clave para cada uno de estos sectores y hacer recomendaciones para que el siguiente presupuesto tenga una perspectiva en favor de los más desprotegidos. Estas recomendaciones se consolidaron en una serie de demandas.
La convención de dos días se caracterizó por la entusiasta participación de más de 180 individuos con distintas especialidades. (A pesar de enviar varias invitaciones los representantes del ministerio de finanzas no asistieron a la convención.)
En los próximos meses, la iniciativa planea darle seguimiento a la convención y promover la serie de demandas en un encuentro con funcionarios del gobierno, partidos políticos y otros grupos clave en el proceso presupuestario. Asimismo, planea presentar demandas específicas a ministerios relevantes a fin de ser integradas en los presupuestos ministeriales.
Además, la iniciativa circulará la serie de demandas a un sector de la sociedad civil más amplio para asegurar que más gente pueda exigir, colectivamente, la democratización del proceso presupuestario. Se tratará de movilizar a asociaciones de agricultores, sindicatos comerciales y otros grupos para que se unan a los esfuerzos de incidencia a fin de incluir la serie de demandas en sus campañas de incidencia. La iniciativa también planea asegurar la cobertura por parte de los medios y apoyar la serie de demandas.
Estas actividades complementarán las actividades anuales de CBGA en torno al presupuesto. Cada año tan sólo 24 horas después de la presentación del presupuesto, CBGA publica su respuesta al presupuesto en donde resalta puntos críticos como las asignaciones al sector social. CBGA conduce un evento público al que asisten miembros de la academia, el parlamento y los medios para debatir el presupuesto desde la perspectiva de los pobres. CBGA también trata directamente con miembros del parlamento durante la aprobación del presupuesto.
Influir en el presupuesto de una nación tan inmensa y diversa como India es muy difícil, sobre todo, cuando las partes involucradas abusan de la ignorancia de las masas para mantenerlas fuera de las decisiones del presupuesto. Tomará varios años de esfuerzo conjunto y dedicado convertirse en una voz que el ministerio de finanzas no pueda ignorar. Sin embargo, en una democracia en donde los partidos pueden no ser electos, uno esperaría que una iniciativa como esta eventualmente tenga un efecto en el sistema.
Para mayor información, contactar a Yamini Mishra [email protected].
CEGAA mejora la eficiencia y el impacto del financiamiento para el VIH/SIDA
A pesar de que se invierten muchos recursos humanos y financieros en la lucha contra el VIH/SIDA, existen informes sobre la subutilización y malgasto de dichos recursos y sobre la capacidad limitada de los países para absorber el financiamiento. Los países también están reportando que las condiciones impuestas por donatarios y los requisitos de documentación afectan la eficiencia del gasto. Esto ha traído mayor atención al mejoramiento de la gobernabilidad económica nacional como medio para mejorar la racionalidad, rendición de cuentas y transparencia respecto al gasto de VIH/SIDA.
El Centro de Gobernabilidad Económica y SIDA en África “Centre for Economic Governance/AIDS in Africa” (CEGAA) realiza análisis presupuestario y económico, seguimiento y monitoreo del gasto, capacitación e incidencia para documentar y ayudar a enfrentar los retos fiscales y administrativos de muchos países africanos en su lucha contra el VIH/SIDA. CEGAA realiza investigación sobre temas fundamentales como por ejemplo si los recursos del VIH/SIDA se gastan eficientemente, si los fondos son transferidos y gastados en su totalidad y si se cumple con los objetivos de gasto originales. CEGAA también ayuda a organizaciones a realizar sus propios análisis y monitoreo construyendo así una fuerte red africana para el monitoreo de la utilización de recursos de VIH/SIDA.
Los principales objetivos de CEGAA son:
- Analizar la capacidad económica de los gobiernos nacionales para absorber efectivamente los fondos de VIH/SIDA, la eficiencia del gasto de dichos recursos y los factores que limitan dicho gasto.
- Analizar los efectos de las políticas macroeconómicas internacionales y nacionales, las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales, las políticas fiscales y monetarias y los sistemas financieros sobre la habilidad de los países africanos para responder al VIH/SIDA.
- Apoyar los esfuerzos del ejecutivo, la sociedad civil y el parlamento para monitorear la efectividad del gasto del VIH/SIDA y luchar por aumentar la rendición de cuentas, transparencia y mejoramiento de los procesos presupuestarios y ejecución del gasto.
En el largo plazo estos esfuerzos están diseñados para permitirle a CEGAA y a los países:
- Hacer recomendaciones a los gobiernos, donatarios internacionales e instituciones financieras y organizaciones que trabajan el tema de VIH/SIDA sobre cómo mejorar la gobernabilidad económica, capacidad de absorción y eficiencia del gasto.
- Apoyar los esfuerzos de los donatarios para evaluar cómo cada país se puede beneficiar de la asistencia financiera en la campaña en contra del VIH/SIDA.
- Exigir rendición de cuentas de parte de los gobiernos africanos para que cumplan con sus compromisos internacionales y regionales (como las metas del milenio, UNGASS y las metas de Abuja+5) respecto a su respuesta al VIH/SIDA.
- Desarrollar y apoyar la formación de redes regionales de la sociedad civil en África que luchen por una gobernabilidad económica efectiva, rendición de cuentas y transparencia a nivel nacional e internacional.
Investigación participativa de CEGAA
CEGAA trabaja para asegurar que se realicen actividades de activismo e investigación dentro de los países africanos. Esto, mediante procesos dirigidos por organizaciones dentro del país que estén seriamente comprometidas. Por ello, CEGAA ayuda capacitar a economistas con especialidad en el sector salud, funcionarios gubernamentales y agencias de investigación de la sociedad civil en África para llevar a cabo análisis presupuestario y económico. Por ejemplo, CEGAA ha establecido una red de investigadores asociados que junto con CEGAA desarrollan capacidades dentro de la región.
Otro principio clave de CEGAA es la vinculación colaborativa con el gobierno. CEGAA busca mantener un balance entre la investigación independiente, la incidencia y el apoyo a funcionarios gubernamentales.
CEGAA cuenta con la experiencia para lograr sus objetivos. Cuenta con personal especializado en el monitoreo de presupuestos y en técnicas de seguimiento del flujo de recursos y ofrece asistencia técnica a muchos países africanos, latinoamericanos y de Europa del este. Con amplia experiencia en finanzas públicas, economía de la salud y seguimiento del flujo de recursos para VIH/SIDA, el personal de CEGAA reúne las cualidades para fortalecer el flujo de recursos para el VIH/SIDA entre los funcionarios públicos y la sociedad civil.
CEGAA ha participado en la capacitación y apoyo de actividades de monitoreo de recursos para la salud y VIH/SIDA para la organización Action Aid y socios en varios países africanos, la Fundación Soros en Kazajstán, el IBP en Azerbaiján y el “Open Society Institute” en países de Europa del este. Hoy en día se está planeando la capacitación y asistencia técnica para países del norte, este y sur de África, así como capacitación sobre las técnicas de Evaluación del Gasto Nacional sobre SIDA “National AIDS Spending Assessment” (NASA) para países del oeste y sur de África.
Además, CEGAA tiene fuertes vínculos con economistas de salud a lo largo del continente africano y al interior de su consejo consultivo. Asimismo recibe asistencia técnica de expertos en varios temas sobre salud, VIH/SIDA y desarrollo. CEGAA también colabora con varias organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales. Podemos mencionar la evaluación al gasto nacional sobre SIDA que se realizó en Botswana por parte de UNAIDS con la Agencia Nacional de SIDA “National AIDS Coordinating Agency” (NACA), lo que exigió familiarizar a los representantes gubernamentales con la metodología de NASA. CEGAA también planea colaborar con la Unidad de Salud Económica “Health Economic Unit” (HEU) de la Universidad de Cape Town para organizar programas de capacitación para estudiantes de salud económica sobre temas de gobernabilidad económica y VIH/SIDA. Además CEGAA preparó un documento estratégico para la nueva Unidad de Fortalecimiento de Sistemas de Salud dentro del Departamento de VIH de la Organización Mundial de la Salud.
Para mayor información, contactar a la directora de CEGAA Teresa Guthrie [email protected].
Encuesta sobre monitoreo de presupuestos para educación de calidad, CSCQBE, Malawi
La Coalición de la Sociedad Civil para la Educación de Calidad “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” (CSCQBE) de Malawi ha realizado encuestas anuales para el monitoreo del presupuesto del gasto del sector educativo desde 2002. Tomando como parámetros a las metas del milenio (MDGs) y a los principios de la educación para todos “Education for All” (EFA) la coalición ha realizado los sondeos por dos motivos: primero, para asegurarse de que se están destinando suficientes recursos a la educación básica por el gobierno conforme a las metas EFA y a los MDGs y, segundo, para asegurar que esos recursos se gasten conforme a las políticas y presupuesto gubernamentales. La encuesta ofrece información que las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) pueden utilizar para luchar por aumentar los fondos del sector educativo.
La encuesta de monitoreo presupuestario responde a la apremiante necesidad de un mecanismo de reforma. De 1994 a 2001 los aumentos al presupuesto educativo no se tradujeron en mejor calidad, lo que confirma las sospechas generalizadas sobre malos manejos en el uso de recursos. En 1999, por ejemplo, el Ministerio de Educación asignó MK 187 millones ($1 US = 144 MK) para la construcción de escuelas. OSCs decidieron prevenir posibles actos de corrupción y promover el manejo adecuado de los fondos públicos mediante el monitoreo de los ingresos y egresos del gobierno.
La encuesta
CSCQBE realiza encuestas a las escuelas para ver cuánto dinero reciben del total originalmente asignado. Los fondos para educación se canalizan a través del Comité Nacional del Gobierno Local “National Local Government Finance Committee” que asigna fondos directamente a los distritos mediante una fórmula aprobada por el parlamento. Las asambleas distritales distribuyen los fondos a las escuelas de la manera que consideren conveniente.
CSCQBE cubre 500 escuelas en las encuestas (aproximadamente 10 por ciento del total de las escuelas en Malawi). Las escuelas se dividen en regiones geográficas: norte, este central, oeste central, sudeste, sudoeste y “Shire Highlands.” Las escuelas luego se dividen en zonas rurales y urbanas de las cuales se escoge un número aleatorio. Esto se define conforme a la información disponible existen 4932 escuelas rurales y 144 escuelas urbanas. CSCQBE sondea 400 escuelas rurales y 100 escuelas urbanas. La siguiente fórmula se utiliza en cada distrito para determinar el número de escuelas a incluirse en el estudio:

Por ejemplo, en el norte existen 1153 escuelas rurales y 32 urbanas. Por ende, CSCQBE encuestará a 92 escuelas rurales (1153/4932*400) y a 22 escuelas urbanas (32/4932*100).
La información adquirida se analiza poniendo especial atención a lo siguiente:
- Cualquier aumento en las asignaciones al sector educativo
- Diferencias en los presupuestos para distintos niveles educativos
- La cantidad de materiales de enseñanza y aprendizaje que reciben las escuelas y las universidades
- La cantidad y oportunidad con que los maestros reciben los salarios
- La cantidad de maestros que se contratan y capacitan
- La distribución geográfica de maestros
- El registro de alumnos en cada escuela, sobre todo con base en género
- El registro de niños con necesidades de educación especial y el suministro de materiales de enseñanza para ellos
Un borrador del reporte con los resultados se circula entre las organizaciones de CSCQBE y se discute en una reunión especial de monitoreo presupuestario. El reporte se lleva a cabo en junio para coincidir con la aprobación del presupuesto por parte del parlamento durante una reunión pública con funcionarios ministeriales, parlamentarios y expertos en desarrollo y los medios. CSCQBE saca comunicados de prensa y coordina reuniones distritales en donde los funcionarios de la asamblea distrital y del sistema educativo distrital, OSCs y representantes escolares discuten los resultados y, en caso de requerirlo, formular planes de acción para responder a cuestiones específicas. El reporte se publica en los medios y circula entre donatarios y funcionarios gubernamentales. Durante este tiempo CSCQBE se asegura de obtener compromisos de los gobiernos y donatarios sobre cómo responder ante cualquiera de los puntos del reporte. Los representantes de CSCQBE toman nota de las promesas y se aseguran de monitorear su implementación en los años siguientes.
Éxito de la encuesta
- El monitoreo del presupuesto y gasto para educación se ha institucionalizado en Malawi. De hecho existe un subcomité sobre monitores presupuestarios que ha sido creado específicamente para trabajar con CSCQBE en Lilongwe, la capital de Malawi. La coalición planea hacer encuestas trimestrales y semestrales durante el año fiscal 2005/6.
- Los resultados de la encuesta demuestran la necesidad de mejorar en el sector educativo y le dieron a la sociedad civil evidencia para presionar al gobierno de Malawi. El gobierno está atendiendo las disparidades entre zonas rurales y urbanas y planea introducir incentivos como pagar la construcción de vivienda para maestros rurales.
- OSCs presionaron al gobierno para incluir asignaciones que cubran las necesidades especiales (dentro del presupuesto nacional) para la compra de materiales didácticos y para la capacitación de maestros en educación especial. El presupuesto del gobierno demuestra que en el rubro Otras Transacciones Recurrentes “Other Recurrent Transactions” (ORT), en donde se cataloga a las asignaciones para necesidades especiales, ha habido un aumento de MK 20 millones en 2002/3 a MK 34 millones en 2004/5.
- En 2004 el gobierno comenzó la primera encuesta de monitoreo del gasto público “Public Expenditure Tracking Survey” (PETS) después de observar el éxito del ejercicio realizado por CSCQBE. La sociedad civil participó durante la planeación de las reuniones, así como en las encuestas. Los resultados de la primera encuesta aún deben de publicarse.
- En 2002, cuando el gobierno canceló la capacitación de los maestros debido a la falta de financiamiento, las OSCs comenzaron una campaña de tres meses para obligar al gobierno a reanudar estas actividades. La coalición argumentó que se trataba de una violación al compromiso del gobierno para entrenar a 6,000 maestros cada año tal como se indica en el marco de política e inversión y en los documentos de estrategias para la reducción de la pobreza.
- En 2003 se descubrió que cierto número de maestros recibió sus salarios tarde o no nunca los recibió. OSCs influyeron en el comité parlamentario sobre educación para esclarecer esta situación. El comité entregó un reporte a la asamblea nacional.
- CSCQBE trabaja con muchas organizaciones a nivel nacional (“Development Partners Forum,” “Group on Review of the Malawi Poverty Reduction Strategy Paper,” “Education For All National Technical Group” entre otras) y a nivel internacional (Banco Mundial, UNESCO, “Global Campaign for Education,” “Africa Network Campaign for Education for All” (ANCEFA), entre otras) y participa en reuniones gubernamentales y grupos de trabajo sobre educación. Estas experiencias han aumentado la influencia de la sociedad civil y su capacidad de monitoreo y evaluación.
- CSCQBE también ha trabajado para mejorar la comprensión ciudadana de las políticas presupuestarias y de educación y la rendición de cuentas en el sistema educativo. A fin de darle a los ciudadanos mayor control sobre el proceso de monitoreo presupuestario se han creado 13 redes distritales para descentralizar el monitoreo del presupuesto de educación. Se espera que una vez que estas redes entren en funciones, las organizaciones de la coalición se animarán a participar en el monitoreo presupuestario en áreas de su interés particular. Estas redes apoyarán el monitoreo presupuestario de las escuelas por parte de grupos comunitarios o de las mismas escuelas, mediante la asociación de padres de familia y maestros.
Retos
- Malawi aún enfrenta retos que debe de superar antes de alcanzar las metas del milenio. El sector educativo (como porcentaje del total del presupuesto) sólo representó 13 por ciento del año fiscal 2005/6 después de haber llegado a 28 por ciento en los noventas. Esto está por debajo de la recomendación internacional de 26 por ciento para conseguir las metas EFA para 2015.
- Los funcionarios gubernamentales no siempre cooperan por completo con datos e información del presupuesto, lo que impide hacer un seguimiento preciso del gasto gubernamental o determinar la medida en la que el gobierno trabaja para mejorar el sistema educativo en Malawi.
- Las organizaciones miembro de CSCQBE tienen muchos compromisos y obligaciones lo que a veces retrasa la entrega de cuestionarios a la secretaría de CSCQBE.
- CSCQBE no puede ampliar su muestreo de (10 por ciento) de las escuelas debido a la falta de recursos.
Para mayor información, contactar a CSCBQE [email protected].
El desarrollo nacional en las manos de la gente, CSPR, Zambia
En Zambia la sociedad civil participa en la formulación de los planes del gobierno para luchar contra la pobreza y promover el desarrollo nacional.
Este proceso comenzó en 2000 después de que Zambia adoptara el proceso para países seriamente endeudados “Heavily Indebted Poor Country” (HIPC). El gobierno de Zambia invitó a la sociedad civil a participar en la preparación de Documentos sobre Estrategias para la Reducción de la Pobreza “Poverty Reduction Strategy Paper” (PSRP), que describen las políticas nacionales para promover el crecimiento y la reducción de la pobreza. Entonces, grupos de la sociedad civil formaron la Red de la Sociedad Civil para la Reducción de la Pobreza “Civil Society for Poverty Reduction” (CSPR) que está integrada por más de 140 ONGs nacionales para facilitar la coordinación del proceso.
Para complementar su participación en la iniciativa PSRP, CSPR realizó consultas independientes —con comunidades en algunas de las zonas más pobres del país — sobre las necesidades de sectores como agricultura, educación, salud, nutrición y salubridad. Los hallazgos de las consultas fueron presentados en un reporte que se le entregó al gobierno.
Casi una tercera parte de las recomendaciones se incorporaron en la versión final de los PRSP y la sociedad civil estuvo de acuerdo en que los PRSP presentan un marco adecuado para luchar en contra de las deplorables condiciones en que viven la mayoría de los habitantes de Zambia. Los miembros de CSPR decidieron seguir organizados después del lanzamiento del PSRP a fin de monitorear y evaluar su implementación y promover temas de reducción de la pobreza.
En 2005 el gobierno invitó a la sociedad civil a participar en la formulación del Quinto Plan Nacional de Desarrollo “Fifth National Development Plan” (FNDP). Tal como sucedió con anterioridad, CSPR realizó consultas independientes para informar sus recomendaciones y luego documentarlas en un reporte para el gobierno. Una vez que el gobierno lanzó el borrador de FNDP, CSPR analizó el borrador y observó, por ejemplo, que el FNDP no explica claramente su conexión con iniciativas gubernamentales clave como los PRSP.
Con base en análisis presupuestarios y en ejercicios de seguimiento de gastos realizados por CSPR se observó que las asignaciones para programas anti-pobreza con frecuencia se desembolsan incompleta y tardíamente. En muchos casos los fondos no llegan a los proyectos, originalmente intencionados, mientras otras áreas del presupuesto reciben recursos por encima de las asignaciones originales. En 2002, por ejemplo, sólo se desembolsó 25 por ciento de los fondos asignados a programas para la reducción de la pobreza. Esta cantidad aumentó a 50 por ciento en 2003 y alcanzó el 100 por ciento en 2004. Según CSPR esto es gracias al activismo de la sociedad civil.
Otro aspecto delicado es lo impredecible que resulta el flujo de recursos. El gobierno dice que la implementación del FNDP ayudará a que Zambia cumpla con las metas del milenio, pero no ha explicado cómo. El presupuesto de FNDP está por debajo de lo que costaría alcanzar las metas del milenio: el presupuesto de FNDP para el sector social es de $800 millones al año, pero Zambia necesitará gastar cerca de $1.5 billones por año en este sector si desea alcanzar las metas del milenio antes del 2015. Tanto el gobierno como la sociedad civil están buscando cerrar esta brecha.
Queda claro que alcanzar las metas del milenio y erradicar la pobreza dependen de planes nacionales como el FNDP y PRSP. Sin embargo, CSPR cree que la planeación nacional sólo puede tener éxito si se incluye la voz de los pobres, lo que implica un intenso proceso de consultas públicas.
La sociedad civil tiene un papel importante como portavoz de los menos favorecidos. Quienes participan en los planes nacionales de desarrollo no lo hacen porque estén de acuerdo con todos las políticas del FMI y del Banco Mundial; sino porque buscan que las necesidades básicas de todos los ciudadanos se satisfagan. El caso de Zambia ha demostrado que el gobierno toma en cuenta a la sociedad civil siempre y cuando ésta se organice efectivamente.
Para mayor información, contactar a Ivy Mutwale [email protected].
Atlas sobre presupuestos de defensa en América Latina
La Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) surge en 2001 con el apoyo del “National Endowment for Democracy” cuando un plural grupo de expertos en seguridad y defensa de varios países de la región acordaron desarrollar un producto que explicara las operaciones y funciones del sector de defensa para todos los países de América Latina. Con ayuda del “Open Society Institute” RESDAL comenzó a trabajar en un atlas comparativo sobre defensa en América Latina, que primero se publicó en la página de internet de RESDAL y luego se publicó en su versión impresa. (Ver: RESDAL http://www.resdal.org/.)
A pesar de los avances en el acceso a la información sobre el funcionamiento del sector de la defensa en varios países, esta información no siempre se encuentra disponible en el mismo formato. Por ello, la organización de dicha información representó un gran reto en la preparación del atlas. También fue necesario unificar los criterios y definiciones de lo que quieren decir los presupuestos de defensa en cada país y examinar las unidades que forman parte del sistema de defensa (tales como administración central, instituciones descentralizadas y seguridad social).
Finalmente, el atlas cumplió su objetivo de convertirse en una fuente centralizada de información presupuestaria para la región. En su primera sección el atlas presenta datos por área temática que permite una rápida revisión del contenido. La segunda sección incluye detalles sobre el marco legal y categorías presupuestarias. El atlas responde preguntas tales como qué entidades gubernamentales gastan los fondos de defensa, cuáles son los objetivos del gasto de defensa y cómo se gastan estos recursos.
El atlas refleja el modus operandi de RESDAL ya que integra las contribuciones académicas y prácticas de sus miembros. RESDAL cuenta con 250 miembros en América Latina, Canadá, Estados Unidos y Europa que provienen de la academia, el sector militar o representan a organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales.
Capacitación a nivel intermedio sobre análisis y activismo presupuestario, Camboya
El Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP) llevó a cabo un taller presupuestario en Camboya del 21-31 de octubre 2006 en colaboración con ActionAid. El objetivo del taller fue ayudar a los participantes a fortalecer sus capacidades cuantitativas (de análisis presupuestario independiente) y sus capacidades de activismo (para difundir los resultados de su análisis e influir en las políticas presupuestarias).
El taller tuvo una duración de diez días en los que se estudió el proceso presupuestario, la terminología presupuestaria, estudios de caso de grupos presupuestarios alrededor del mundo, análisis cuantitativo y metodologías de difusión. El taller fue altamente participativo. Los asistentes tuvieron espacio para responder y hacer preguntas, realizar trabajo de grupo y hacer presentaciones durante las distintas sesiones del taller. Los materiales del taller incluyeron un ejercicio de simulación utilizando el presupuesto de un país ficticio junto con estudios de caso que fueron analizados por los participantes.
Los participantes del curso representan a grupos que han demostrado un compromiso con el trabajo presupuestario aplicado (por la investigación presupuestaria que realizan orientada a influir en las políticas presupuestarias) y lo han integrado como un componente clave de su estrategia organizacional. Asimismo, la selección se basó en su experiencia y compromiso con el trabajo presupuestario dentro de su organización. Los grupos que asistieron al curso provinieron de países asiáticos y africanos.
Uno de los asistentes de la organización Asociación de ONGs para la Educación “NGO Education Partnership” dijo que el taller le dió conocimientos que su organización compartirá con otras ONGs para desarrollar una estrategia de trabajo presupuestario en Camboya. “Mi organización forma parte de una red de grupos que ofrecen talleres a otras ONGs. Por ello, comenzaremos a capacitar a otras ONGs sobre literatura económica para alertar a la gente sobre el potencial del trabajo presupuestario en Camboya.” Igualmente, un participante de Action Aid, China comentó que el taller fue muy útil para desarrollar activismo presupuestario en China. “El año que viene llevaremos a cabo investigación sobre el presupuesto de las escuelas y presupuestos con enfoque de género en cooperación con socios locales para crear nuevos mecanismos sobre presupuestos participativos en varios sectores a nivel local. Mientras tanto, promoveremos una red de participación presupuestaria entre la sociedad civil de China.”
Por su parte, el Centro de Gobernabilidad Democrática “Center for Democratic Governance” (CDG) con base en Burkina Faso expresó que los recursos y herramientas ofrecidos en el taller corresponden con los objetivos de la organización para profundizar la capacidad de análisis y activismo presupuestario. “Durante sus primeros años de trabajo CDG ha desarrollado un firme compromiso con el análisis presupuestario aplicado. Esto se debe a los retos que impone el subdesarrollo y a los primeros resultados alentadores de la organización. Por ello, CDG quiere consolidar su equipo y capacitar a dos nuevos investigadores en técnicas de análisis y activismo presupuesto para influir en la formulación y en la implementación de programas y políticas públicas mediante el trabajo de presupuestos.”
El taller fue facilitado por cuatro entrenadores (del IBP y de organizaciones asociadas avanzadas) y por un entrenador asociado con ActionAid. Debido a la intensidad del taller, el número de participantes se restringió a 25 personas.
Al final del taller el IBP ofreció ayudar a algunos participantes mediante la asignación de un mentor (un experto presupuestario de la región) para trabajar con la organización del participante seleccionado sobre un proyecto presupuestario específico.
Para mayor información, contactar a Vivek Ramkumar [email protected].
Nuevas publicaciones en la biblioteca del IBP
Guía para la Reforma Presupuestaria: Una Nueva Aproximación Presupuestaria con un Enfoque de Género “Budget Reform Guide: The New Results-Oriented Budget Approach With a Gender Perspective’
Por la dirección de presupuesto del ministerio de finanzas y privatización, “Direction du Budget du Ministère des Finances et de la Privatisation,” Marruecos
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) (en francés)
La guía hace un repaso de los principios básicos de los presupuestos públicos y la reforma presupuestaria en Marruecos mediante preguntas que son contestadas de manera sencilla utilizando muchos ejemplos. La primera sección explica qué es el presupuesto y todas las fases del proceso presupuestario. La segunda sección se enfoca en los objetivos y repercusiones de la administración de fondos públicos. La tercera sección hace una introducción sobre cómo integrar una perspectiva de género en el proceso presupuestario. En la cuarta sección se describen los roles del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en la reforma presupuestaria en Marruecos.
Asistencia, Presupuestos y Rendición de Cuentas “Aid, Budgets, and Accountability”
Por Paolo de Renzio/ Centre for Aid & Public Expenditure (CAPE)
En este resumen del taller se revisa el presente debate sobre las modalidades de asistencia financiera y de los esfuerzos para reformar la administración pública financiera “Public Financial Management” (PFM). Asimismo, se examina el papel de los donatarios en la promoción de sistemas y procesos que permitan canalizar el aumento de asistencia mediante los presupuestos nacionales y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas domésticos. El trabajo utiliza estudios de caso y ejemplos del sub-Sahara africano y en el último capítulo el autor presenta sugerencias para la investigación aplicada en el futuro.
by soapbox | Nov 1, 2006
by soapbox | Nov 1, 2006
Des groupes de la société civile et des institutions publiques de contrôle discutent des opportunités de collaboration
En novembre 2006, le Projet budgétaire international (IBP), le Département des affaires sociales et économiques des Nations unies (UN-DESA), et l’Organisation orientale régionale pour l’administration publique, ont co-accueillis une conférence de deux jours à Manila intitulée « Dialogue sur l’engagement de la société civile dans la responsabilisation publique ». Lors de la conférence, peut-être la première de son genre, des organisations de la société civile et des institutions publiques de contrôle de l’Inde, de l’Afrique du Sud, des Philippines, d’Argentine, de Corée du Sud, et du Mexique ont discuté des opportunités pour étendre leur collaboration.
La conférence avait pour buts de familiariser les représentants des groupes de la société civile et les fonctionnaires des institutions de contrôle entre eux, de permettre aux participants de partager leurs expériences concernant l’utilisation des processus d’audit public, et de favoriser le dialogue entre les groupes de la société civile et les contrôleurs publics du même pays concernant les voies par lesquelles renforcer la surveillance des ressources publiques.
L’IBP et l’UN-DESA, qui ont organisé la conférence, ont sélectionné ces six pays pour leur potentiel de collaboration entre la société civile et les institutions de contrôle. Par exemple:
- En Inde, le Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), un syndicat de paysans et de travailleurs, utilise les audiences publiques pour mener des audits sociaux des dépenses des gouvernements locaux dans les communautés de village. (Dans un audit social, les bénéficiaires du programme évaluent l’efficience de l’institution et entreprennent la surveillance des dépenses de l’institution.) Lors de ces audits sociaux, les communautés vérifient les registres de comptabilité et d’autres registres sur les programmes de travaux publics dans leur zone et identifient les cas de fraude, notamment les factures et les registres de travail falsifiés. Les méthodes d’audit social du MKSS sont désormais utilisées dans l’ensemble de l’Inde par des groupes de citoyens pour surveiller un nouveau programme gouvernemental sous lequel les ménages ruraux ont la possibilité de recevoir un salaire minimum d’emploi pour 100 jours au cours d’une année.
- En Afrique du Sud, le Système de surveillance de la responsabilisation du service public (PSAM), une organisation de recherche et d’activisme, travaille en étroite relation avec le pouvoir législatif pour suivre les réponses gouvernementales données aux cas de mauvaise conduite financière ou de corruption identifiés dans les rapports de l’institution suprême d’audit. Le PSAM a mis en lumière le grand nombre de recommandations publiées par une agence provinciale d’audit – qui a été dans l’incapacité d’obtenir des informations financières lors de la conduite de son audit – et a organisé une campagne publique qui a mené au renforcement des pratiques de gestion financière dans les agences provinciales du gouvernement.
- Les Philippines, la Commission sur l’audit (l’institution nationale suprême de contrôle) et l’ONG Concerned Citizens of Abra for Good Government (CCAGG, « Les citoyens de Abra concernés par le bon gouvernement ») ont conjointement conduit un audit participatif. CCAGG, qui se spécialise sur la surveillance des projets d’infrastructure, utilise des volontaires locaux pour vérifier que les projets de construction de route sont exécutés selon les normes du contrat (voir l’article de CCAGG ci-dessous).
Également aux Philippine, l’ONG Procurement Watch, Inc. se spécialise sur la construction de systèmes de transparence et de responsabilisation dans les pratiques d’acquisition et de réalisation de contrats du gouvernement. L’initiative la plus récente de PWI est de participer avec la Commission sur l’audit au test pilote d’un nouvel instrument pour mesurer la corruption et la non efficience dans le processus d’acquisition publique. (Voir l’article de PWI ci-dessous.)
- Au Mexique, Fundar, une organisation de recherche et d’activisme, a identifié un cas de corruption à grande échelle dans un contrat du gouvernement accordé à une agence privée dans le cadre du programme de prévention du VIH/SIDA en obtenant des centaines de pages des registres de responsabilisation gouvernementale, en utilisant la loi nationale sur la liberté d’information. (Une enquête officielle de l’institution suprême de contrôle a corroboré les résultats de Fundar.) Subséquemment, la pression de la campagne menée par Fundar a conduit le gouvernement à récupérer les fonds versés de façon inappropriée et à modifier ses politiques concernant la gestion des fonds discrétionnaires, incluant les fonds du programme pour la prévention du VIH/SIDA.
- En Corée du Sud, Concerned Citizens for Economic Justice (CCEJ), une ONG travaillant sur les questions des droits économiques, utilise régulièrement le système national de requête d’audit pour requérir auprès du gouvernement les audits des projets publics qui gaspillent les ressources ou sont taxés de corruption. CCEJ a présenté trois cas de corruption dans des projets publics qui ont été corroborés par les audits gouvernementaux subséquents. Dans un cas, le gouvernement a changé ses politiques d’acquisition en partie du fait de la campagne de CCEJ pour limiter la réalisation de contrats sans appel d’offres. (Voir l’article de CCEJ ci-dessous).
- En Argentine, l’Association civile pour l’égalité et la justice (ACIJ), une organisation sur les droits de l’homme, a posé une demande pour obtenir les comptes-rendus des réunions de la commission du congrès responsable de la révision des audits publics et a alors utilisé ces registres pour mettre en lumière l’échec de la commission dans son devoir d’agir pour répondre aux recommandations de l’audit.
Plans d’audit participatif
Lors de la conférence, des fonctionnaires de l’audit ont montré de quelle façon ils exploraient également des opportunités innovantes pour inclure le public dans la conduite des audits. Par exemple:
- Aux Philippines, la commission sur l’audit s’est alliée à un partenariat en 2002 avec plusieurs ONG, dont CCAGG, pour conduite des exercices d’audit participatif. Les exercices se sont concentrés sur les audits d’efficience, qui évaluent si un programme a obtenu les résultats attendus; les équipes d’audit incluaient des membres à la fois de la commission sur l’audit et des ONG. En outre, la commission fournit à Procurement Watch les documents d’acquisition des agences qu’elle contrôle de façon à ce que Procurement Watch puisse tester un instrument qui mesure la corruption dans les processus d’acquisition.
- En Inde, le gouvernement de l’Etat d’Andhra Pradesh, inspiré par le processus d’audit social du MKSS, mène actuellement une campagne d’audit social en collaboration avec un ensemble d’ONG. Des forums locaux sont organisés dans l’ensemble de l’Etat sur l’utilisation des fonds dans le cadre du programme de garantie de l’emploi du gouvernement, et le gouvernement agit rapidement pour corriger tous les problèmes identifiés par les audits sociaux. Pendant ce temps, dans l’Etat du Rajasthan, l’institution publique de contrôle – frustrée par la faible implantation de ses recommandations – a partagé les résultats de certains de ses rapports d’audit avec le MKSS et l’a invité à publier les résultats afin que des actions puissent être entreprises contre les agences commettant les infractions.
- Au Mexique, le ministère de l’administration publique a développé un instrument dénommé SEPAT (Système d’évaluation de la participation des administrés et de la transparence) pour surveiller si les agences municipales adoptent de solides politiques d’ouverture, fournissent aux citoyens un accès à l’information, et facilitent les audits sociaux. Les audits sociaux de programmes de développement sont mis sous mandat par une loi de 2004.
Résultats de la conférence
1. Il existe un large spectre de collaboration potentielle entre les groupes de la société civile et les institutions de contrôle.
La conférence a mis en lumière trois catégories d’OSCs initiées au travail d’audit. A l’une des extrémités de ce spectre, les groupes de la société civile peuvent conduire leurs propres audits. Des organisations telles que le MKSS ont développé des processus d’audit social innovants, indépendants des processus d’audit du gouvernement. En fait, nombre de programmes contrôlés par le MKSS avaient antérieurement été contrôlés par les institutions gouvernementales, qui n’ont rapporté aucune des malversations de fonds découvertes ensuite par le MKSS.
En second lieu, des organisations de la société civile peuvent utiliser les résultats des audits gouvernementaux pour tenir les agences gouvernementales responsables. PSAM en Afrique du Sud, par exemple, diffuse les résultats des rapports d’audit du gouvernement dans des notes de presse ou des émissions de radio et exige de ces agences qu’elles agissent. De façon similaire, ACIJ en Argentine enquête sur les actions entreprises par le comité législatif responsable de la surveillance des recommandations de l’audit du gouvernement qui lui sont présentées.
Enfin, des organisations de la société civile peuvent également travailler avec des auditeurs gouvernementaux dans la conduite d’audits. Par exemple, CCAGG aux Philippines était membre d’une équipe gouvernementale qui a conduit un audit d’efficience de l’agence publique des autoroutes. CCEJ en Corée du Sud requiert des audits spéciaux des projets gouvernementaux qu’il a identifiés comme souffrant d’irrégularités financières.
2. Les institutions de contrôle sont de plus en plus réceptives à la participation citoyenne dans leurs processus d’audit
La Corée du Sud, par exemple, dispose de certaines des politiques les plus progressistes du monde pour favoriser la participation citoyenne, telles qu’un système de requête d’audit pour les citoyens et l’inclusion d’experts non gouvernementaux au sein de l’institution suprême de contrôle. De façon similaire, l’expérience d’audit participatif aux Philippines, au cours de laquelle les audits gouvernementaux ont été entrepris par une équipe composée d’experts non gouvernementaux et de fonctionnaires de l’institution de contrôle, représente un modèle unique pour l’implication de la société civile dans les audits gouvernementaux.
3. Les institutions de contrôle et les groupes de la société civile ont tous des préoccupations concernant la collaboration.
Surmonter ces préoccupations est central pour débloquer ce partenariat potentiel dans de nombreux autres pays. Dans de nombreux pays, par exemple, les institutions publiques de contrôle ont pour mandat de faire un rapport auprès du pouvoir législatif, et non auprès du public; c’est la responsabilité du pouvoir législatif d’examiner et d’agir en fonction de ces rapports d’audit. Les fonctionnaires de l’audit expliquent que sans le changement de leur mandat pour inclure explicitement la participation citoyenne, il n’y aura que peu d’opportunités pour développer des pratiques d’audit favorables aux citoyens.
En outre, les institutions de contrôles craignent que la collaboration avec des groupes de la société civile (qui ont souvent leurs propres agendas explicites) puisse compromettre la neutralité et l’objectivité de l’audit. Les institutions de contrôle n’ont pas développé de processus pour la sélection de partenaires issus de groupes de la société civile et peuvent être peu disposés à s’allier à ces groupes tant qu’ils n’ont pas développé la capacité technique de participer aux audits.
Pour leur part, les groupes de la société civile sont préoccupés par le fait que si les gouvernements- plutôt que les institutions de contrôle – sélectionnent les partenaires de la société civile pour les audits, ils puissent être tentés de sélectionner des groupes moins disposés à mettre en lumière des irrégularités importantes. En outre, la plupart des groupes de la société civile manquent de ressources pour participer aux audits sans être payés. Puisqu’il est important de s’assurer qu’un groupe de la société civile ne reçoive pas d’encouragement financier pour participer à un audit, des moyens alternatifs de soutien (au-delà des ressources propres du groupe ou de celles du gouvernement) seront nécessaires.
La conférence a rendu clair pour tous les participants (les groupes de la société civile et les institutions de contrôle) que malgré les défis et les préoccupations que soulève la collaboration, il existe un grand potentiel pour une collaboration pleine de succès. L’IBP est heureux de suivre les expériences des participants et de promouvoir la recherche sur comment les gouvernements peuvent adopter des pratiques qui incluent formellement la participation des citoyens au sein du processus d’audit.
Des groupes de la société civile aux Philippines développent des mécanismes pour la transparence dans l’utilisation des fonds publics: les leçons de CCAGG et de PWI
CCAGG développe l’exercice d’audit participatif
L’ONG Concerned Citizens of Abra for Good Governance (CCAGG), qui surveille les projets gouvernementaux dans la région de l’Abra au nord des Philippines, a récemment conduit un exercice d’audit participatif à Abra en partenariat avec l’institution suprême de contrôle du pays.
L’ONG CCAGG, formée en 1986 suite à une initiative du président Aquino pour augmenter la participation de la communauté au sein des programmes de développement, a développé une technique unique de surveillance. Ses membres – principalement des femmes au foyer, des étudiants, et des jeunes – observent les projets de construction de routes en cherchant des preuves de corruption (telles que l’utilisation de matériaux hors standard, de pauvres techniques de construction, ou des fraudes dans les procédures de réalisation du contrat) et rapportent leurs résultats à des collègues spécialistes, tels que des ingénieurs et des consultants Citons un exemple du travail de CCAGG: alors qu’un ministère gouvernemental annonçait dans le journal qu’il avait réalisé avec succès 27 projets dans la région d’Abra, CCAGG s’est informé sur l’état réel des projets qui avaient été déclarés «réalisés» et a soumis ses résultats au ministère demandant une enquête. L’audit officiel concordait avec les résultats de CCAGG. Quand les procureurs ont recommandé que les fonctionnaires responsables ne reçoivent que des réprimandes, CCAGG a mobilisé l’opinion publique et a finalement forcé le gouvernement à suspendre les coupables de mauvaise conduite. Ce fut peut-être la première fois dans l’histoire du pays que la vigilance d’une organisation de la société civile a eu pour résultat la punition de fonctionnaires gouvernementaux pour corruption.
Reconnaissant le rôle de CCAGG dans la prévention de la corruption et son expertise dans la surveillance des projets de travaux publics, la commission nationale sur l’audit (COA) s’est jointe récemment à l’ONG pour conduire un exercice d’audit participatif à Abra pour déterminer si les programmes gouvernementaux remplissaient les objectifs attendus. Sponsorisé par le Programme des nations unies pour le développement, l’exercice a été décrit comme couronné de succès par toutes les parties concernées, et la COA a alors publié un manuel sur les audits participatifs qui incorpore les leçons issues de l’exercice. L’exercice suggère également certains des défis auxquels les contrôleurs doivent faire face dans le travail en partenariat avec des organisations de la société civile.
- Méthodologie d’audit. La COA s’est opposé aux demandes de CCAGG pour que les résultats préliminaires de l’audit soient partagés avec les membres de la communauté, expliquant que les résultats ne devaient pas être dévoilés avant leur finalisation. CCAGG a répondu que son type régulier d’audit impliquait les citoyens à toutes les étapes du processus. De façon similaire, l’ONG était préoccupée par le fait que les fonctionnaires soient restreints à la période post projet et par conséquent dépendent fortement de la documentation papier; CCAGG conduit traditionnellement des recherches sur le terrain et s’inquiétait de ce que cette restriction empêche d’obtenir des informations valables.Cependant, certains aspects de la méthodologie de CCAGG ont été incorporés au sein de l’exercice d’audit participatif. A la demande de CCAGG, par exemple, l’audit participatif incluait une analyse d’impact social, ou l’évaluation de l’impact du projet sur les communautés concernées.
- Durabilité. Même si la COA (ainsi que CCAGG) a décrit l’exercice d’audit participatif comme un succès, la nouvelle administration de la COA n’a pas poursuivi l’initiative une fois mise en place. Ceci fait surgir de sérieuses questions concernant la durabilité des audits participatifs. La législation peut être nécessaire pour assurer que de tels exercices ne dépendent pas des caprices de l’administration en place.
- La confidentialité du client. Un rapport du PNUD suggérait que le nouveau commissaire de la COA qui a annulé l’exercice d’audit participatif avait un passé dans l’audit du secteur privé et craignait que l’inclusion des groupes de la société civile dans le processus formel d’audit mette en danger «la confidentialité du client». Pour décider de la durabilité du processus d’audit participatif, le gouvernement devrait mesurer les avantages évidents de l’inclusion de partenaires issus des organisations de la société civile contre les préoccupations traditionnelles de la confidentialité.
Procurement Watch défend la transparence du processus d’acquisition publique
L’organisation basée aux Philippines Procurement Watch, Inc. (PWI), créée en 2001 par un groupe d’individus divers déterminés à lutter contre la corruption dans le processus d’acquisition du gouvernement, fournit un exemple unique de comment une organisation de la société civile peut aider le gouvernement à implanter les réformes nécessaires.
Les Philippines ont adopté leur première loi sur l’acquisition concernant les projets d’infrastructure publique en 1978. Plus récemment, plusieurs nouvelles régulations ont été introduites, en partie dans une tentative sans succès de rationaliser les nombreuses règles concernant les pratiques d’acquisition.
Tandis que les lois régissant les projets d’infrastructure publique étaient confuses, il n’existait tout simplement pas de lois concernant l’approvisionnement en biens et produits de bureaux. Le gouvernement pouvait changer les pratiques d’approvisionnement pour ces biens simplement en publiant un arrêt exécutif.
A la fin des années 1990, les pratiques d’acquisition étaient hors de contrôle et un nombre croissant de fonctionnaires gouvernementaux ont établi que des réformes étaient nécessaires. La nomination d’un secrétaire compréhensif à la tête du Département du budget et de la gestion a fourni l’opportunité d’entreprendre ces réformes.
Le nouveau secrétaire a nommé un groupe de travail, formé d’experts des agences gouvernementales ainsi que de consultants du secteur privé, pour étudier les problèmes des pratiques d’acquisition existantes et suggérer une nouvelle loi pouvant les améliorer. Les membres du groupe de travail se sont mis d’accord pour dire qu’ils avaient besoin d’impliquer la société civile pour concevoir une nouvelle loi. En 2001, deux membres du groupe se sont joints à deux autres citoyens pour former PVI pour défendre une nouvelle loi sur l’acquisition et surveiller l’application de la loi après son approbation. Il a été demandé à PWI de rejoindre le groupe de travail et d’aider à concevoir la loi. A travers ce processus, PWI a gagné en crédibilité et est désormais considéré comme un groupe d’experts. Pendant les deux années suivantes, l’équipe de PWI a contacté également d’autres organisations de la société civile – surtout des groupes anti-corruption et a mobilisé l’opinion publique en soutien de la réforme sur l’acquisition. L’Eglise catholique s’est révélée être un allier clé. Les médias ont aussi eu leur place dans une campagne d’information bien planifiée.
En 2003, les efforts de PWI ont payé quand le pouvoir législatif a adopté la nouvelle loi sur l’acquisition. Cela fut la première fois dans l’histoire du pays qu’un groupe de la société civile défendait avec succès une loi sur un sujet requérant un niveau élevé d’expertise technique. La nouvelle loi utilise des critères clairs, simples et non discrétionnaires, ce qui rend le processus d’acquisition plus résistant à la corruption et plus efficace. (La complexité et le manque de transparence dans l’ancien système rendaient plus difficile pour le contrôleur d’évaluer si les pratiques d’acquisition des agences respectaient ou non la loi.) La nouvelle loi fournit également des sanctions administratives et criminelles contre les fonctionnaires et les enchérisseurs qui violent la loi, et donne à la société civile la capacité de réaliser des rapports de déviations du processus d’acquisition mandaté avec l’Ombudsman – ou défenseur du peuple – du gouvernement (OMB) (la mission de l’OMB inclut la prévention, la recherche, et la persécution des fonctionnaires gouvernementaux corrompus).
Activités et succès de PWI
Maintenant largement reconnu pour son expertise sur la loi et les pratiques d’acquisition, PWI conduit une série d’activités avec différents groupes, dont le défenseur du peuple, des agences gouvernementales impliquées dans de grandes acquisitions, et des citoyens.
PWI a développé une étroite relation avec le défenseur du peuple en particulier. L’organisation conduit des sessions de formation sur la nouvelle loi sur l’acquisition pour l’équipe du bureau du défenseur du peuple. Elle a également aidé ce dernier à diffuser l’information sur les lois sur l’acquisition et a établi un mécanisme pour traiter et répondre aux informations fournies par les observateurs de l’acquisition. Dans certains pays, les citoyens préfèrent ne pas contacter les fonctionnaires gouvernementaux pour leurs plaintes (du fait de la peur du harcèlement de la part de fonctionnaires corrompus) et se sentent plus à l’aise avec des tierces parties; PWI encourage les citoyens à remplir des plaintes concernant les irrégularités d’acquisition, en servant de lien entre les citoyens et le défenseur du peuple.
PWI a également développé des partenariats avec des agences gouvernementales pour étudier les systèmes permettant de solliciter des propositions et d’évaluer les offres et les prix. Dans le cadre de ce processus, PWI conduit des exercices de diagnostique sur les activités par les comités des offres et des prix de différentes agences – dans les agences de la santé et de la défense. PWI conduit également des ateliers et des conférences sur la loi sur l’acquisition, développe des rapports de recherche sur le sujet, et fournit une assistance technique au gouvernement sur les bonnes pratiques en matière de procédures d’acquisition.
Les efforts de PWI ont aidé à établir des systèmes qui permettent aux citoyens non seulement d’avoir une place d’observateurs au sein des comités d’offre et de prix du gouvernement, mais aussi d’agir comme surveillants pour s’assurer que les entrepreneurs respectent leur contrat. Des 8000 surveillants formés nécessaires sur le territoire, seuls 800 existent à ce jour. Par conséquent, PWI forme des surveillants issus de la société civile à travers le pays, et a récemment commencé à négocier un contrat avec le défenseur du peuple pour exécuter un projet financé par la Commission européenne pour fournir douze cours de formation dans l’ensemble des Philippines, avec une importance particulière portée à la province.
Mesure de la corruption et de l’inefficacité
L’initiative la plus récente de PWI est de participer à un test pilote d’un nouvel outil pour mesurer la corruption et l’inefficacité dans l’acquisition publique, appelé Differential Expenditure Efficiency Measurement (DEEM, «Mesure différentielle de l’efficacité des dépenses») Le DEEM cherche à déterminer le véritable (sur la base d’un marché équitable) prix d’un bien ou d’un service acquis publiquement et de le comparer à son coût effectif; quand le coût effectif est plus élevé que le coût véritable, la différence peut être attribuée à la corruption ou à l’inefficacité. L’importance de la différence sert également comme mesure précise et objective de l’étendu du problème.
Il est prévu que le DEEM soit mis au point à la fin de 2006. Il sera alors ajuste et re-testé au sein d’un grand nombre d’agences.
L’expérience de PWI démontre que la société civile et le gouvernement n’ont pas besoin d’être adversaires. (Après tout, PWI a été formé en partie par des fonctionnaires gouvernementaux.) Son succès est un exemple puissant de la synergie positive entre les agences gouvernementales et les groupes de citoyens exécutant des réformes.
Par exemple le succès du DEEM dépend de la coopération des agences examinées (comme l’instrument requiert l’accès aux documents financiers de l’agence) ainsi que des contrôleurs de l’institution suprême de contrôle (puisque l’outil requiert aussi l’accès aux audits qui ont été réalisés). Une telle coopération peut être difficile à réaliser, mais peut produire des résultats satisfaisants. Le pilote, qui se trouve actuellement dans un hôpital du gouvernement, a déjà révélé plusieurs transactions comportant des anomalies.
Par exemple, les chercheurs de PWI ont trouvé un certificat signé par un fonctionnaire de l’hôpital justifiant un contrat avec une entreprise privée sur la base de ce que c’était l’unique entreprise pouvant mettre à la disposition de l’hôpital une vitamine C de bonne qualité. Etant donné le nombre de marques de vitamine C disponibles aux Philippines, cette déclaration est absurde. Si le contrat avait fait l’objet d’un appel d’offres, l’hôpital aurait sûrement fait des économies, puisque la marque de vitamine C fournie par l’entreprise est une des plus chères du marché.
L’équipe de PWI a obtenu l’expertise nécessaire sur le sujet hautement technique des acquisitions du gouvernement et a été capable de combiner cette expertise avec des campagnes publiques de conscientisation efficaces impliquant d’autres organisations des sociétés civiles et citoyennes. Leur exemple démontre que la société civile peut être un allié de valeur pour l’institution suprême de contrôle dans ses efforts pour pousser à l’action face aux résultats d’audit.
Pour davantage d’informations, contacter Immanuel Magalit à [email protected].
La CCEJ travaille avec l’institution de contrôle pour améliorer la responsabilisation, Corée du Sud
La Coalition des citoyens pour la justice économique (CCEJ) de la République de Corée a utilisé avec succès les processus d’audit dispensés par l’autorité suprême de contrôle pour améliorer la responsabilisation gouvernementale devant ses services.
La CCEJ, fondée en 1989 par 500 citoyens se sentant concernés, a depuis grandi pour atteindre les 35 000 membres et 35 branches locales. Elle dispose d’une équipe nationale composée de 50 personnes et peut solliciter le soutien de 150 spécialistes volontaires. Ses objectifs prioritaires sont la justice économique, la protection de l’environnement, le développement démocratique et social, et la réunification de la péninsule de Corée.
La justice sociale dépend en partie de la responsabilité gouvernementale devant le peuple, et le Conseil coréen de l’audit et l’inspection (BAI) est mandaté constitutionnellement pour assurer que les ressources publiques sont utilisées de façon appropriée et que le gouvernement respecte les mandats des citoyens. Le système d’audit du pays contient un certain nombre de mécanismes conçus pour accomplir ceci:
- Les citoyens peuvent solliciter un audit du gouvernement. (La requête doit être formulée par plus de 300 citoyens âgés de 20 ans ou plus, ou par une ONG dont l’équipe de travail se compose de 300 personnes au moins). Les requêtes sont révisées par un comité composé de citoyens et de fonctionnaires de l’audit; si une requête est approuvée, l’audit est conduit et les résultats sont rapportés à ceux qui ont formulé la requête.
- Un comité consultatif de politique publique composé d’experts «actifs au sein de groupes civiques» – particulièrement des professeurs d’université ou des représentants d’institutions de recherche – sert d’organe consultatif au président de du BAI.
- Les citoyens peuvent formuler des plaintes contre les agences exécutives du gouvernement.
- Le texte complet des rapports d’audit peut être révélé au public dans la mesure où ces rapports ne menacent pas la sécurité d’État.
- Les citoyens sont avertis en avance des audits planifiés, ce qui leur permet de fournir au BAI des informations et des plaintes qui peuvent se refléter dans les audits.
- Certains gouvernements locaux ont décidé de répondre aux plaintes et doléances formulées par les citoyens en nommant un «auditeur citoyen» avec tous les pouvoirs de l’auditeur du BAI.
- Un inspecteur général surveille les auditeurs du BAI et examine toute violation éthique.
La CCEJ bénéficie de ces mécanismes. Elle utilise la politique d’ouverture au public pour collecter des informations sur les problèmes potentiels avec l’utilisation des fonds du gouvernement, et s’il y a des preuves suffisantes de gaspillage ou de corruption, elle requiert un audit de l’institution ou l’organe agissant. Un exemple important du travail de la CCEJ concerne la construction d’un Centre national du cancer (NCC), qui a pris deux fois plus de temps (sept ans) et a coûté presque cinq fois plus (environ 215 milliards de dollars) que ce qui était prévu au départ.
Les experts de la CCEJ ont douté de la nécessité du NCC quand il a été proposé en 1991. Comme le budget gonflait et les délais de la construction augmentaient, la CCEJ a commencé à rechercher si cette construction n’avait pas besoin d’un audit. L’équipe de la CCEJ a étudié les services d’oncologie dans des hôpitaux universitaires et les a comparés avec le budget du gouvernement pour le NCC, concluant que le budget était insuffisant. Des volontaires de la CCEJ ont alors consulté des universitaires et des fonctionnaires gouvernementaux et découvert que la construction du NCC avait donné lieu à une lutte de pouvoir entre deux ministères. La CCEJ a présenté ses résultats au BAI et a sollicité un audit.
Le BAI a déterminé que la construction avait été retardée pour cause de planification insuffisante, «de construction non systématique», et de manque de ressources humaines, ce qui a contribué au gaspillage du budget. Le BAI a également découvert que les recoupements d’investissements entre le NCC et un autre hôpital avaient causé un grand problème d’inefficacité. Le BAI a appelé le ministère de la santé et du bien-être à harmoniser les fonctions des deux hôpitaux et à fournir un plan solide d’acquisition des ressources nécessaires pour permettre l’ouverture du NCC aussi rapidement que possible.
La CCEJ a publié les résultats de l’audit, et en 2000 a organisé une «convention des contribuables» pour annoncer que le NCC était l’un des dix principaux cas de gaspillage budgétaire en 1999.
La CCEJ a cité cinq facteurs qui ont contribué à sa réussite dans ce cas et d’autres projets:
- Une société civile vigilante, capable de révéler des pratiques déloyales et de corruption. La société civile doit être active pour faire pression sur le gouvernement pour qu’il fasse face à ces problèmes.
- Un large réseau d’experts et de volontaires à partir duquel un groupe de la société civile peut tirer des ressources. Les volontaires peuvent à la fois rapporter et faire des recherches sur les cas de mauvaise gestion et de corruption.
- Des mécanismes institutionnels qui garantissent la participation de la société civile dans les requêtes d’audit.
- Une société civile qui surveille l’institution du contrôle du gouvernement et fasse pression pour qu’elle respecte son mandat constitutionnel.
- L’utilisation des médias comme instrument pour faire pression sur le gouvernement pour qu’il réponde aux préoccupations des citoyens.
Pour davantage d’informations sur le Conseil coréen de l’audit et de l’inspection et sur ses relations avec les OSC, se rendre sur:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN024552.pdf.
Résultats des récents rapports d’audit, HakiElimu, Tanzanie (IIe partie)
Comme nous l’avons rapporté dans le dernier numéro de l’IBP (voir: https://archive.internationalbudget.org/newsletters/bulletin35/). HakiElimu a décidé de produire un ensemble de dépliants permettant d’élargir l’accès du public à l’information sur l’audit afin de promouvoir la compréhension, le débat, et l’action publique. Les dépliants couvrent les résultats d’audit des gouvernements central et locaux des trois dernières années pour lesquelles les données sont publiquement accessibles (années financières 2003, 2004, et 2005). L’ensemble des données figurant dans les dépliants proviennent directement des rapports d’audit, qui sont disponibles au public en Tanzanie, et ont été mis récemment en ligne par une autre ONG locale, REPOA (Research on Poverty Alleviation, «Recherche sur le soulagement de la pauvreté»), sur leur «Tableau d’affichage sur la gouvernance en Tanzanie», ou TGN. (http://www.repoa.or.tz/tgn/index.php)
HakiElimu a publié un court rapport fondé sur les dépliants mais avec des graphiques et du texte additionnels, que nous présentons aujourd’hui dans ce numéro. Le rapport offre des résultats sélectionnés de rapports annuels du CAG pour les ministères, les départements, et les agences du gouvernement central, et les autorités du gouvernement local des trois dernières années pour lesquelles les données sont publiquement accessibles (années financières 2003, 2004, et 2005).
D’après le rapport, s’il y a eu des progrès dans différents domaines, la situation d’ensemble est loin d’être acceptable. En 2004/05, les autorités du gouvernement local n’ont pas été capables de rendre les comptes de 203 milliards de shillings, ce qui représente également environ 10% de leur budget non salarial.
Le rapport d’audit identifie des cas spécifiques de fonds mal gérés. Ceux-ci doivent offrir des explications spécifiques ou des actions de responsabilisation des personnes responsables. Dans l’ensemble, les rapports d’audit peuvent également être utilisés par les membres du parlement, la société civile, et les citoyens individuels pour exiger du gouvernement sa responsabilisation pour l’utilisation des fonds publics, et concevoir des mesures concrètes pour limiter l’imprudence potentielle dans le futur.
Le rapport est divisé en six sections qui expliquent la sélection d’indicateurs des rapports d’audit et fait ressortir les points importants des rapports d’audit des autorités des gouvernements local et central. Dans la dernière section, le CAG recommande que le secrétariat du comité des comptes publics soit renforcé en recrutant des conseillers techniques en comptabilité et sur les questions de bonne gouvernance. En outre, il suggère d’établir un conseil du trésor présidé par le secrétaire en chef pour surveiller l’implantation des instructions parlementaires et les recommandations de l’audit.
Pour obtenir une copie papier du rapport, contacter Carlitz à [email protected].
Anomalies dans le financement du système de retraite des veuves au Rajasthan, BARC
Le Rajasthan a créé un programme de retraite pour les veuves en 1974. Jusque 1999, chaque veuve pauvre ne recevait environ que 3$ par mois; le payement mensuel a ensuite atteint environ 5$.
Préoccupé par le fait que cela n’était pas suffisant pour permettre aux veuves de survivre, le gouvernement a également décidé de distribuer 10kgs de blé par mois à chaque veuve. Dernièrement cependant, ce plan n’a pas été implanté du fait du manque de coordination entre la Food Corporation d’Inde, le gouvernement du Rajasthan, et le gouvernement national. Le Rajasthan a alors décidé d’augmenter le montant de la retraite à environ 6$ début 2006/07.
Éligibilité pour la retraite
Il existe deux conditions d’éligibilité pour la retraite des veuves. Premièrement, une veuve doit avoir moins de 27 000 mètres carrés environ de terres non irriguées, et moins de 14 000 mètres carrés environ de terres irriguées. Deuxièmement, elle ne doit pas avoir de fils ayant plus de 18 ans.
La première restriction repose sur une certaine logique, même si toutes les personnes possédant des terres n’ont pas forcément les moyens de les cultiver. La seconde restriction est complètement illogique: il n’existe aucune garantie du fait que tous les fils adultes peuvent trouver un emploi et soutenir leur mère veuve, et de nombreux fils qui ont un emploi ne désirent pas maintenir leur mère, tout spécialement quand ils sont mariés.
Un autre problème est que tous les fonds alloués pour ces retraites n’ont pas été distribués, comme cela est expliqué ci-dessous.
Non distribution des fonds alloués aux veuves éligibles
Dans son budget provisoire pour 2003-04, le gouvernement déclarait qu’il prévoyait de dépenser environ 11 millions de dollars pour les retraites des veuves cette année. Au cours de l’année cependant, les autorités du district ont informé le gouvernement qu’elles ne pourraient pas dépenser l’ensemble du montant, et que les dépenses réelles n’étaient que de 9 millions de dollars environ.
L’ONG BARC (Budget Analysis Rajasthan Center, «Centre d’analyse budgétaire du Rajasthan») a trouvé difficile de croire que la demande de retraite avait soudainement baissé, étant donné le manque de changements concernant l’économie et les barrières sociales auxquelles sont confrontées les veuves. Par ailleurs, BARC a reçu de nombreuses plaintes de veuves éligibles dont les requêtes de pension avaient été refusées par les autorités locales ou avaient été mises sur liste d’attente. Ne pouvant recevoir des explications satisfaisantes sur ces questions de la part des fonctionnaires gouvernementaux, BARC a étudié un rapport du comptable général et a découvert qu’il accusait les fonctionnaires du district de ne pas administrer le programme de retraite de façon responsable.
Malheureusement, l’irresponsabilité des fonctionnaires du district a causé un slash dans l’allocation budgétaire pour les retraites des veuves, qui ont reçu 10 millions de dollars en 2004-05 et en 2005-06, au-dessous des 11 millions que le gouvernement avait déclarés nécessaires en 2003-04.
Les efforts militants du BARC
Chaque année, de nombreuses veuves pauvres sollicitent une retraite mais se la voient refuser du fait du manque de fonds. Dans ce cas, cependant, les fonds nécessaires avaient été alloués mais pas distribués, et les veuves pauvres en étaient les victimes. Il n’y avait aucun signe que les fonctionnaires responsables avaient été identifiés ou punis.
BARC a entrepris une action sur plusieurs fronts. Il a distribué les documents gouvernementaux liés au budget de la retraite des veuves pour 2003-04 et le rapport du comptable général à des membres sélectionnés de l’opposition au sein du parlement, qui ont fait surgir le thème au sein de l’assemblée lors de la session budgétaire 2005-06. (BARC a distribué ces documents à quelques membres du parti au pouvoir également). BARC a également soulevé cette question lors de toutes ses rencontres avec d’autres ONG, qui ont écrit des lettres au département du bien-être social concernant l’argent non dépensé et les réductions du budget pour les retraites des veuves.
En outre, BARC a participé à une conférence de presse organisée par Ekal Nari Shakti Sangathan, une organisation de veuves et de femmes séparées au Rajasthan, qui a cherché à soulever l’intérêt des médias devant l’échec du gouvernement à distribuer les fonds. BARC a également distribuant les documents gouvernementaux importants à ses propres contacts au sein des médias.
Ainsi, le gouvernement a du faire face à de fortes pressions provenant de différentes sources à la fois – le parlement, les médias, l’organisation des veuves, d’autres ONG, et BARC.
Ces efforts ont produit leurs fruits. Le gouvernement a augmenté le financement des retraites de 10 millions de dollars dans son budget révisé pour 2005-06 et prévoit une augmentation additionnelle, à 12.5 millions de dollars, en 2006-07. Alors que ces augmentations ne sont pas suffisantes pour satisfaire la demande de retraite des veuves, BARC est parvenu à éveiller les consciences des fonctionnaires gouvernementaux devant le problème d’argent non distribué, à mettre fin aux réductions de financement, et à assurer une augmentation de ce financement.
Pour davantage d’informations, contacter Subrata Dutta à [email protected].
Initiative budgétaire pour démocratiser le processus budgétaire en Inde, CBGA
En Inde, ainsi que dans de nombreux autres pays, le discours budgétaire est dominé par les économistes, les décideurs politiques, les universitaires, et les entreprises. Les pauvres et les marginalisés, qui constituent la majorité de la population de l’Inde, sont laissés de côté.
Le Centre pour la responsabilisation en matière de budget et de gouvernance (CBGA, Center for Budget and Governance Accountability) s’est groupé avec différentes organisations et fondations pour créer une nouvelle initiative – l’initiative budgétaire du peuple – pour défendre une plus grande démocratisation du processus budgétaire et des documents budgétaires. Cette grande alliance inclut des représentants d’environ 50 organisations, dont des mouvements populaires, des organisations de base, des universités, et des médias, ainsi que des organisations de développement nationales et internationales.
L’Initiative budgétaire du peuple a créé des groupes de travail pour examiner des thèmes de préoccupation au sein du budget de l’union pour 2007-08, incluant l’agriculture, l’infrastructure, la mobilisation des ressources et la gestion des dépenses, la santé, l’éducation, les femmes, les populations indigènes et les «intouchables», les enfants, et les droits de l’homme.
En novembre 2006, l’initiative a organisé une convention nationale pour discuter des questions clés liées au budget dans ces secteurs et établir des recommandations pour le budget à venir, dans une perspective favorable aux pauvres et au peuple. Ces recommandations ont été alors consolidées en une «charte de demandes».
La convention de deux jours a été marquée par la participation active, enthousiaste de plus de 180 individus représentants divers milieux et champs de travail. (Malgré plusieurs invitations, les représentants du ministère des finances n’ont pas assisté à la convention). Sur les quelques mois prochains, l’initiative prévoit de poursuivre la convention et de promouvoir la charte de demandes en rencontrant des fonctionnaires gouvernementaux, des partis politiques, et d’autres groupes importants pour le processus budgétaire. Il prévoit également de présenter des demandes spécifiques aux ministères appropriés pour qu’elles soient incorporées aux requêtes budgétaires des ministères.
En outre, l’initiative fera largement circuler la charte de demandes au sein des groupes de la société civile pour faire en sorte qu’une population plus étendue puisse appeler collectivement à la démocratisation du processus budgétaire. Elle insistera auprès des associations de paysans, des syndicats, et d’autres groupes pour qu’ils se rassemblent dans leurs efforts militants et pour qu’ils incluent la charge de demandes à leurs appels. L’initiative prévoit également d’assurer la couverture et le soutien des médias pour la charte.
Ces activités viendront compléter les efforts en cours du CBGA sur le budget. Chaque année, dans les 24 heures suivant la publication du budget, le CBGA publie une réponse mettant en lumière les principaux problèmes tels que les allocations au secteur social. Le CBGA organise également un événement public au cours duquel des membres reconnus du monde universitaire, du parlement, et des médias, débattent sur le budget en adoptant une perspective favorable aux pauvres et aux marginalisés. Le CBGA fait ensuite pression sur les membres du parlement lorsqu’ils étudient puis adoptent le budget.
Influencer le budget d’un pays aussi énorme et diversifié que l’Inde, où les parties intéressées utilisent l’ignorance des masses pour les préserver hors du processus budgétaire, c’est demander un peu trop. Cela prendra plusieurs années d’efforts concertés pour devenir une voix que le ministre des finances ne puisse ignorer. Cependant, dans une démocratie, on peut espérer qu’une telle initiative laisse une trace dans le système.
Pour davantage d’informations, contacter Yamini Mishra à [email protected].
Amélioration de l’efficacité et de l’impact du financement consacré au VIH/SIDA en Afrique, CEGAA
Alors que de nombreuses ressources humaines et financières ont été investies dans la lutte contre le VIH/SIDA, il y a de plus en plus de rapports sur des fonds sous-utilisés ou mal dépensés, ainsi que sur la capacité limitée des pays à absorber le financement. Des pays rapportent également que les conditions strictes fixées par les donateurs et les réquisits concernant les rapports nuisent à l’efficacité de leurs dépenses. Ces tendances ont attiré une nouvelle attention pour améliorer la gouvernance économique nationale comme un moyen d’améliorer la rationalité, la responsabilisation, et la transparence concernant les dépenses liées au VIH/SIDA.
Le Centre pour la gouvernance économique/SIDA en Afrique (CEGAA) entreprend des analyses économiques et budgétaires, une surveillance des dépenses, des formations, et des activités militantes pour obtenir des informations et aider à faire face aux défis fiscaux et administratifs auxquels beaucoup de pays africains sont confrontés dans leur lutte contre le VIH/SIDA. Le CEGAA mène des recherches sur des questions fondamentales, par exemple pour savoir si les fonds du VIH/SIDA (de toutes les sources) sont dépensés de façon adéquate et de la manière la plus efficace qui soit, si les fonds sont totalement transférés et dépensés, et si les dépenses permettent de réaliser les objectifs fixés. Le CEGAA aide également des organisations locales à conduire leur propre analyse et surveillance, construisant par là même un solide réseau africain pour surveiller l’utilisation des ressources du VIH/SIDA.
Les principaux objectifs du CEGAA sont de:
- Analyser la capacité économique de gouvernements nationaux pour absorber effectivement les fonds du VIH/SIDA, l’efficacité de la dépenses de ces fonds, et les facteurs contribuant à ou limitant de telles dépenses.
- Analyser les effets des politiques macroéconomiques nationales et internationales, des conditions imposées par les institutions financières internationales, des politiques fiscales et monétaires nationales, et des systèmes financiers sur la capacité des pays africains à faire face au VIH/SIDA.
- Soutenir les efforts du pouvoir exécutif, de la société civile, et du parlement pour surveiller la réaliser les dépenses liées au VIH/SIDA et revendiquer davantage de responsabilisation, de transparence, et des processus budgétaires et une exécution améliorés.
Sur le long terme, ces efforts sont conçus pour permettre au CEGAA et à ses partenaires dans le pays de:
- Formuler des recommandations pour les gouvernements, les donateurs internationaux, et les organisations travaillant dans le champ du VIH/SIDA, concernant des moyens d’améliorer la gouvernance économique, la capacité d’absorption, et l’efficacité des dépenses.
- Soutenir les efforts des donateurs dans l’évaluation du besoin de chaque pays, et de son utilisation, de l’aide au développement pour la campagne contre le VIH/SIDA.
- Tenir les gouvernements africains responsables de leurs engagements internationaux et régionaux (tels que les ODM, UNGASS, et les objectifs Abuja+5), concernant leur réponse au VIH/SIDA.
- Développer et soutenir des groupes régionaux de société civile ou des réseaux en Afrique militant pour une meilleure gouvernance économique, la responsabilisation, et la transparence, à la fois nationalement et internationalement.
Approche du CEGAA: formation à travers la recherche participative
Le CEGAA essaie de s’assurer que la recherche et l’activisme existent dans les pays africains eux-mêmes, à travers des processus issus et dirigés par des organisations engagées situées dans le pays. Par conséquent, le CEGAA contribue à former des économistes de la santé, des fonctionnaires gouvernementaux, et des agences de recherche de la société civile en Afrique pour entreprendre des analyses économiques et budgétaires. Par exemple, le CEGAA a établi un réseau d’associés chercheurs qui travaillent avec le CEGAA pour développer les talents et la formation dans la région.
Un autre principe essentiel du CEGAA est le partenariat avec le gouvernement. Le CEGAA cherche à trouver un équilibre entre la recherche indépendante et le militantisme, et le soutien aux fonctionnaires gouvernementaux.
Le CEGAA a l’expertise nécessaire pour atteindre ses objectifs. Son équipe est formée de facilitateurs entraînés et expérimentés en techniques de surveillance budgétaire et de suivi des ressources et a disposé une formation technique à de nombreux pays africains, latino-américains, et de l’Europe de l’Est. Avec une expérience en finance publique, en économie de la santé, et en suivi des ressources pour le VIH/SIDA, l’équipe du CEGAA combine des talents de valeur pour le renforcement du suivi des ressources liées aux VIH/SIDA à la fois parmi les fonctionnaires publics et la société civile.
Le CEGAA a été impliqué dans la formation et le soutien du suivi des dépenses de la santé et du VIH/SIDA pour l’équipe d’Action Aid et ses partenaires dans différents pays africains, la Fondation Soros au Kazakhstan, le Projet budgétaire international en Azerbaïdjan, et les partenaires de l’Open Society Institute dans les pays d’Europe de l’Est. Sont actuellement prévus des formations et du soutien technique pour différents pays d’Afrique du Nord, de l’Est, et du Sud, ainsi que des formations aux techniques NASA pour les pays d’Afrique de l’Est et du Sud (encore en phase de planification).
En outre, le CEGAA a de fortes connections avec des économistes de la santé en Afrique, et à travers le conseil consultatif du CEGAA, des experts de différents domaines liés à la santé, au VIH/SIDA, et au développement, fournissent au groupe un appui technique, un soutien, et des conseils. Le CEGAA collabore également avec différentes institutions gouvernementales et non gouvernementales. Ils ont notamment entrepris une évaluation nationale des dépenses liées au SIDA au Botswana au nom de UNAIDS et avec l’Agence nationale de coordination sur le SIDA (NACA). Cela a impliqué la formation des représentants du gouvernement sur la méthodologie NASA. Le CEGAA prévoit également de collaborer avec l’Unité économique de la santé (HEU) à l’Université de Cape Town pour la distribution de programmes de formation pour les étudiants en économie de la santé sur les problèmes liés à la gouvernance économique et au VIH/SIDA (encore en phase de planification). En outre le CEGAA a préparé un document stratégique pour la toute nouvelle Unité de renforcement des systèmes de santé à l’intérieur du département sur le VIH de l’Organisation mondiale de la santé.
Pour davantage d’informations, contacter la directrice du CEGAA Teresa Guthrie à [email protected].
Enquête de suivi budgétaire pour l’éducation de qualité, CSCQBE, Malawi
La Coalition de la société civile pour l’éducation primaire de qualité (CSCQBE) au Malawi a réalisé des enquêtes annuelles de surveillance budgétaire des dépenses liées à l’éducation depuis 2002. Utilisant comme lignes directrices l’Education pour tous (EFA) et les Objectifs de développement du millénaire, la Coalition a poursuivi ses enquêtes pour deux raison: premièrement, pour s’assurer que suffisamment de ressources sont allouées à l’éducation de base par le gouvernement, en concordance avec les objectifs de l’EFA et les ODM; et deuxièmement, pour s’assurer que ces ressources sont dépensées en concordance avec la politique gouvernementale et le budget du gouvernement. L’enquête fournit des données que les organisations de la société civile peuvent utiliser pour revendiquer un plus grand et/ou plus prudent financement pour le secteur de l’éducation.
L’enquête de surveillance budgétaire a fait face à un besoin pressant, comme mécanisme pour la réforme. De 1994 à 2001, l’augmentation du financement de l’éducation ne s’était pas traduite par une amélioration de la qualité. Il existait de nombreux soupçons de corruption du gouvernement et de mauvaise gestion au sein du public. En 1999, par exemple, le ministère de l’éducation a été privé de 187 millions de MK ($1 US = 144 MK). Les OSC ont senti qu’elles pouvaient prévenir la corruption et encourager une gestion propre des fonds publics si le budget et les dépenses gouvernementales étaient surveillés.
L’enquête
Le CSCQBE mène l’enquête sur les écoles pour déterminer combien de ces fonds sont parvenus à faire leur chemin depuis le gouvernement national jusqu’aux écoles. Le financement du gouvernement pour l’éducation est donné au Comité national des finances du gouvernement local, lequel alloue des fonds directement aux districts en utilisant une méthode approuvée par le parlement. Les assemblées de district distribuent alors des fonds aux écoles de la manière qui leur semble convenable.
Pour ses enquêtes, le CSCQBE sélectionne 500 écoles (environ 10% du nombre total d’écoles au Malawi). Les écoles sont divisées en régions géographiques: le Nord, le Centre Est, le Centre Ouest, le Sud-est, le Sud-ouest, et les îles Shire. Ces écoles sont alors divisées entre écoles rurales et urbaines, desquelles un certain nombre sont sélectionnées. Ceci est déterminé de la manière suivante. D’après les données disponibles, il y a 4932 écoles rurales et 144 écoles urbaines; le CSCQBE sélectionne 400 écoles rurales et 100 écoles urbaines. La formule suivante est utilisée dans chaque district pour déterminer le nombre d’écoles qui seront sélectionnées:
Par exemple, dans la division Nord il y a 1153 écoles rurales et 32 urbaines. Par conséquent, le CSCQBE doit sélectionner 92 écoles rurales (1153/4932*400) et 22 écoles urbaines (32/4932*100).
Les organisations membres du CSCQBE administrent les enquêtes pour les écoles sélectionnées. Les énumérateurs assistent à un atelier de formation pour s’assurer qu’ils accomplissent leurs tâches correctement.
Les données sont collectées et analysant en consacrant une attention particulière:
- À toute augmentation des allocations à l’éducation
- Aux différentes entre les budgets pour différents niveaux d’éducation
- Au montant des matériels d’enseignement et d’apprentissage reçus par les écoles et les collèges
- Au montant et à la régularité des salaires des enseignants
- Au nombre d’enseignant qui ont été recrutés et formés
- À la distribution des enseignants à travers une zone géographique
- À l’inscription des élèves dans chaque école, particulièrement en fonction du genre
- À l’inscription des enfants avec des besoins spéciaux et l’approvisionnement en matériels d’enseignements pour ces enfants.
Un rapport provisoire des résultats circule parmi les organisations du CSCQBE et est discuté lors d’une réunion spéciale sur la surveillance budgétaire. Le rapport est publié en juin pour coïncider avec la délibération du budget au parlement lors d’une rencontre publique avec des fonctionnaires ministériels, des parlementaires, des partenaires du développement, et les médias. Le CSCQBE diffuse des communiqués de presse et organise des rencontres de district au cours desquelles les fonctionnaires de l’assemblée du district, de l’éducation, et des OSC peuvent discuter des résultats et, si nécessaire, concevoir des plans d’action pour faire face aux problèmes apparaissants. Le rapport est diffusé dans les médias et circule également parmi les donateurs et les fonctionnaires gouvernementaux. Pendant ce temps, le CSCQBE s’assure d’obtenir des engagements de la part des gouvernements et des donateurs concernant la façon dont ils vont faire face à tous les problèmes soulevés par le rapport. Des représentants du CSCQBE prennent note de ces promesses et s’assurent de la surveillance de leur implantation au court des années suivantes.
Succès de l’enquête
- La surveillance du budget et des dépenses de l’éducation a été institutionnalisée au Malawi. Il existe, en fait, un sous-comité sur la surveillance budgétaire qui a été créé spécifiquement pour travailler main dans la main avec le secrétariat du CSCQBE à Lilongwe, la capitale du Malawi. La coalition prévoit de mener des enquêtes semestrielles et trimestrielles lors de l’année financière 2005/06.
- Les résultats de l’enquête ont démontré le besoin d’amélioration dans le secteur de l’éducation, et ont donné des preuves à la société civile pour faire pression sur le gouvernement du Malawi. Le gouvernement répond aux disparités entre les secteurs rural et urbain et prévoit d’introduire des incitations non monétaires pour les enseignants du secteur rural telles que des pensions de privation et le payement de la construction de logements pour les enseignants.
- Les OSC ont également fait pression sur le gouvernement pour qu’il introduise des allocations de besoins spéciaux à l’intérieur du budget national pour acheter des matériels d’enseignement et d’apprentissage et pour former des enseignants spécialisés pour les enfants aux besoins spéciaux. Les déclarations budgétaires du gouvernement montrent que le budget pour les «Autres transactions récurrents», dans lesquelles ont été classées les allocations pour les besoins spéciaux, a augmenté de 20 millions de MK en 2002/03 à 34 millions en 2004/05.
- En 2004 le gouvernement a débuté la première Enquête de suivi des dépenses publiques après avoir observé le travail couronné de succès accompli par le CSCQBE. La société civile a été impliquée dans toutes les réunions prévues, ainsi que dans la surveillance du budget sur le terrain. Les résultats de cette première enquête n’ont pas encore été publiés.
- En 2002, quand le gouvernement a fermé des écoles de formation des enseignants du fait d’un manque de financement, des OSC ont mis au point une campagne de trois mois qui exigeait du gouvernement qu’il rouvre ces écoles. La Coalition expliquait que la fermeture des écoles était une violation de l’engagement de l’Etat à former 6000 enseignants par an, comme cela est indiqué dans le Cadre d’investissement et de politique publique du gouvernement et dans le document sur la stratégie de réduction de la pauvreté au Malawi.
- En 2003 on s’est aperçu qu’un certain nombre d’enseignants soit recevaient leur salaire en retard ou le ne recevaient pas du tout. Des OSC ont convaincu un comité parlementaire sur l’éducation de porter attention à cette question. Le comité a renvoyé un rapport à l’Assemblée nationale.
- Le CSCQBE a travaillé avec de nombreuses organisations aux niveaux national (le Forum des partenaires du développement, le Groupe de révision du document sur la stratégie de réduction de la pauvreté au Malawi, le Groupe technique national de l’Education pour tous, et autres) et international (la Banque mondiale, l’UNESCO, la Campagne globale pour l’éducation, le Réseau africain de la campagne pour l’Education pour tous (ANCEFA), et autres) pour participer aux rencontres du gouvernement et à des groupes de travail sur l’éducation. Ces expériences ont augmenté l’influence de la société civile et la capacité de surveillance et d’évaluation.
- Le CSCQBE a également travaillé pour améliorer la compréhension des citoyens des politiques budgétaires et d’éducation et du besoin de responsabilisation dans le système éducatif. Afin que les citoyens prennent davantage le contrôle du processus de surveillance budgétaire, ils ont mis au point 13 réseaux de district pour décentraliser la surveillance du budget de l’éducation. Il est attendu qu’une fois ces réseaux complètement opérationnels, ils encourageront les organisations membres à s’engager dans la surveillance budgétaire pour leurs propres domaines d’intérêt. Ces réseaux soutiendront la surveillance budgétaire des écoles opérée par des groupes de la communauté ou de l’école, tels que le conseil de direction de l’école ou l’association des parents d’élèves/ des enseignants.
Défis
- Le Malawi est encore confronté à de nombreux défis qu’il doit surmonter avant de remplir les objectifs de développement du millénaire ou de l’éducation pour tous. L’éducation ne représente que 13% du budget total en 2005/06, contre 28% dans les années 1990. Ce chiffre est donc loin des 26% internationalement recommandés pour accomplir les objectifs de l’éducation pour tous d’ici 2015.
- Les fonctionnaires gouvernementaux ne coopèrent pas toujours complètement pour publier les données sur le budget et les dépenses, ce qui gène considérablement les efforts pour suivre correctement les dépenses gouvernementales ou déterminer dans quelle mesure le gouvernement travaille pour améliorer le système éducationnel au Malawi.
- Des organisations membres du CSCQBE peuvent être surchargées d’obligations; la soumission des questionnaires au secrétariat du CSCQBE peut être retardée à cause d’autres engagements pressants.
- Le CSCQBE ne peut élargir sa sélection d’écoles à cause d’un manque de ressources.
Pour davantage d’informations, contacter le CSCBQE [email protected].
Planification de développement national conduite par le peuple, CSPR, Zambie
En Zambie, la société civile participe à la formulation des plans du gouvernement pour combattre la pauvreté et promouvoir le développement national.
Ce processus a commencé en 2000, suite à l’adoption par la Zambie du processus de Pays pauvre fortement endetté. Le gouvernement zambien a invité la société civile à participer à la préparation du Document sur la stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP), qui propose les politiques publiques du pays pour promouvoir la croissance large et réduire la pauvreté. Des groupes de la société civile ont formé le réseau Société civile pour la réduction de la pauvreté (CSPR), qui inclut désormais plus de 140 ONG zambiennes, pour leur permettre d’offrir un apport coordonné et pro-actif au processus.
Pour compléter sa participation à l’initiative du PRSP, le réseau CSPR a mené des consultations indépendantes – dont des consultations avec des communautés parmi les secteurs les plus pauvres du pays – concernant les besoins du pays en agriculture, éducation, santé et nutrition, sanitaires, et autres domaines. Les résultats de ces consultations ont été rassemblés en un rapport qui a été soumis au gouvernement.
Environ deux tiers des recommandations du rapport ont été incorporées dans le PRSP final, et la société civile est d’accord pour dire que le PRSP offre un cadre plutôt bon pour commencer à combattre contre la condition déplorable dans laquelle vivent la plupart des Zambiens. Les membres de CSPR ont décidé de rester organisés après le lancement du PRSP afin de surveiller et évaluer son implantation, ainsi que pour attirer l’attention sur les questions de réduction de la pauvreté.
En 2005, le gouvernement a invité la société civile à participer à la formulation du Cinquième plan national de développement (FNDP). Comme lors de la collaboration antérieure, CSPR a mené des consultations indépendantes pour s’informer afin de formuler ses recommandations et a alors rassemblé ces recommandations dans un document qu’il a présenté au gouvernement. Après que le gouvernement a publié le FNDP provisoire, CSPR a analysé le document et offert une réponse coordonnée. CSPR a observé, par exemple, que le FNDP n’expliquait pas clairement sa connexion avec d’importantes initiatives gouvernementales antérieures et en cours, telles que le PRSP.
Une autre inquiétude soulevée par CSPR, fondée sur les analyses budgétaires et les exercices de suivi des dépenses que le réseau conduit, repose sur le fait que les allocations pour les programmes anti-pauvreté ont souvent été distribuées tardivement et de manière incomplète. Dans de nombreux cas les fonds n’ont pas atteint les projets ciblés, alors que d’autres secteurs du budget ont reçu beaucoup plus que les fonds qui leur étaient alloués. En 2002, par exemple, seuls 25% des fonds alloués aux programmes de réduction de la pauvreté ont été réellement dépenses. Cette part a cependant atteint 50% en 2003 et 100% en 2004, une augmentation que CSPR attribue à l’activisme organisé de la société civile.
L’environnement imprévisible des ressources est une autre question épineuse. Le gouvernement déclare que l’implantation du FNDP rapprochera la Zambie des objectifs de développement du millénaire (ODM), mais n’a pas expliqué de quelle façon cela allait arriver. Le budget du FNDP est loin de refléter le coût que représenterait l’accomplissement des ODM: le budget du FNDP pour le secteur social est estimé à 800 millions de dollars par an, tandis que la Zambie doit dépenser environ 1.5 milliards de dollars par an dans ce secteur pour réaliser les ODM d’ici 2015. Le gouvernement et la société civile doivent chercher des moyens de combler ce fossé.
Il est évident que la réalisation des ODM, et enfin l’éradication de la pauvreté, dépendront de plans nationaux tels que le FNDP ou de la stratégie de réduction de la pauvreté. Cependant, CSPR considère que la planification nationale peut réussir seulement si les pauvres sont pris en compte, ce qui implique de profondes consultations avec le peuple.
La société civile a également un rôle important à jouer; en parlant au nom du peuple et en aidant ce dernier à parler de lui-même en son nom. En Zambie, la société civile participe à la planification nationale, non parce qu’elle est d’accord avec tous les concepts que la planification implique (tels que les concepts du MFI et de la Banque mondiale), mais parce qu’elle veut que tous les besoins de base des citoyens soient remplis.
Le cas de la Zambie démontre que le gouvernement peut écouter la société civile, mais pour être entendue, celle-ci doit s’organiser de manière efficace.
Pour davantage d’informations, contacter Ivy Mutwale [email protected].
Atlas des budgets de la défense pour l’Amérique Latine
Le Réseau de sécurité et défense de l’Amérique Latine (RESDAL) a été formé en 2001 avec le soutien du National Endowment for Democracy alors qu’un groupe d’experts en sécurité et défense de différents pays de la région se mettaient d’accord pour développer un produit qui expliquerait les opérations et les fonctions du secteur de la défense dans chaque pays d’Amérique latine. Avec l’aide de l’Open Society Institute, RESDAL a commencé à travailler sur un atlas comparatif de la défense pour l’Amérique latine, qui faisait tout d’abord partie du site Internet de RESDAL mais a ensuite été publié sur papier. (Voir: RESDAL http://www.resdal.org/)
Bien qu’il y ait aujourd’hui un plus large accès à l’information sur comment opère le secteur de la défense dans différents pays, cette information n’est pas toujours disponible sous le même format ou auprès de sources comparables. Ainsi la récollection et l’organisation de données ont représenté un grand défi dans la préparation de l’atlas. En outre, il était nécessaire d’unifier les critères et les définitions sur la signification des budgets de la défense pour chaque pays et d’observer les différentes unités qui forment le système de défense i.e. administration centrale, institutions décentralisées, et sécurité sociale.
Dernièrement, l’atlas a réalisé son objectif qui était de devenir une source centralisée d’informations budgétaires sur la défense pour la région. Dans sa première section l’atlas présente des données par champ thématique, ce qui permet une révision rapide du contenu. Dans la deuxième section le contenu est organisé par pays et inclut des détails sur le cadre légal et les catégories budgétaires. Ainsi la publication répond aux questions suivantes: quelles entités gouvernementales dépensent les fonds de la défense? Quels sont les objectifs des dépenses liées à la défense? Et comment les fonds de la défense sont-ils dépensés?
L’atlas représente le modus operandi de RESDAL puisqu’il intègre les contributions universitaires et pratiques de ses membres répartis entre le Canada, l’Europe, l’Amérique latine, et les États-Unis. La diversité du réseau s’étend à l’expérience de ses 250 membres qui viennent des secteurs militaire, universitaire, ou représentent des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales.
Cours de formation intermédiaire sur l’analyse budgétaire et le militantisme, Cambodge
Le Projet budgétaire international (IBP) a mené un atelier de formation budgétaire au Cambodge du 21 au 31 octobre 2006. L’atelier était co-organisé par Action Aid. L’objectif de cet atelier était d’aider les participants à se former pour leur permettre de conduire des analyses budgétaires de manière indépendante et diffuser les résultats de leurs analyses pour influencer les politiques budgétaires.
Au cours des dix jours de formation, les participants ont reçu des cours sur des thèmes tels que le processus budgétaire, la terminologie budgétaire, des études de cas de groupes budgétaires du monde entier, l’analyse quantitative, et les méthodologies de diffusion. L’atelier était hautement participatif – bien que certains thèmes ont été couverts par des présentations faites par les formateurs – et il était demandé aux participants de répondre aux problèmes mentionnés, de soulever des questions, de débattre sur le matériel du cours, d’entreprendre un travail de groupe, et de faire des présentations lors de différentes sessions de la formation. Le cours se fondait sur un ensemble inclusif de matériels, comprenant une simulation de budget d’un pays fictif, ainsi que des problèmes d’étude de cas que les participants devaient analyser.
Les participants proviennent de groupes qui ont démontré un engagement envers le travail budgétaire appliqué (en conduisant des recherches budgétaires avec l’intention d’influencer la politique budgétaire), comme un composant à part entière de leur stratégie organisationnelle. Les participants ont été sélectionnés sur la base de leur expérience et de leur engagement avec le travail budgétaire au sein de leur organisation. Les organisations représentées lors de la formation provenaient d’Asie et d’Afrique.
L’un des participants de l’ONG Partenariat pour l’éducation a déclaré que l’atelier offrait des connaissances qu’ils partageraient avec d’autres ONG pour développer un moyen stratégique d’entreprendre le travail budgétaire au Cambodge. «Mon organisation est une organisation de réseau, facilitant et fournissant des formations à d’autres ONG. Ainsi, nous commencerons à former d’autres ONG sur la littérature économique pour informer sur le potentiel du travail budgétaire au Cambodge». De façon similaire, un participant de Action Aid Chine a déclaré que l’atelier était très utile pour le développement de l’activisme budgétaire en Chine. «L’année prochaine nous conduirons des recherches sur les budgets liés aux écoles et au genre en collaboration avec nos partenaires locaux, et essayerons de créer de nouveaux mécanismes de budgets participatifs dans différents secteurs du niveau local. Pendant ce temps, nous ferons la promotion d’un réseau de participation budgétaire parmi la société civile en Chine.»
Un autre participant du Centre pour la gouvernance démocratique (CDG) basé au Burkina Faso a déclaré que les instruments et les ressources offerts par l’atelier correspondaient aux objectifs d’approfondissement des capacités d’analyse et de militantisme budgétaires de l’organisation. «Au cours de ses premières années de travail budgétaire, le CDG a développé un engagement résolu pour l’analyse budgétaire appliquée. Ceci est du aux défis de développement du pays et aux premiers résultats encourageants du travail budgétaire de l’organisation. Ainsi le CDG veut renforcer davantage son équipe et former deux nouveaux chercheurs aux technique d’analyse et d’activisme budgétaires afin de continuer à utiliser le travail budgétaire pour influencer la formulation et l’implantation des politiques publiques et des programmes.»
La formation a assurée par quatre formateurs provenant de l’IBP et de ses partenaires et par un formateur associé avec Action Aid. Du fait de la nature intensive de cette formation, le nombre total de participants à été restreint à un maximum de 25 personnes.
A la fin de la formation, l’IBP offert une assistance de suivi à certains participants. Une telle assistance incluait l’assignation d’un mentor (un expert budgétaire de la région) pour travailler avec l’organisation du participant sélectionné sur un projet budgétaire spécifique.
Pour davantage d’informations, contacter Vivek Ramkumar à [email protected].
Nouveaux matériels dans la bibliothèque en ligne de l’IBP
Guide de la réforme budgétaire: les nouveaux résultats de l’approche budgétaire orientée, adoptant la perspective du genre
Par la Direction du Budget du Ministère des Finances et de la Privatisation, Maroc
Fond de développement pour les femmes des Nations unies (UNIFEM)
Le guide mène les lecteurs sur les bases des budgets publics et de la réforme budgétaire au Maroc à travers des questions, dont les réponses sont formulées dans un langage simple et accompagnées de nombreux exemples. La première section explique ce qu’est le budget et décrit toutes les étapes du processus budgétaire. La seconde section se concentre sur les objectifs et les implications de la gestion des fonds publics. La troisième section décrit comment intégrer la perspective du genre dans le processus budgétaire. La quatrième section décrit le rôle que le gouvernement et les organisations de la société civile ont joué dans la réforme budgétaire au Maroc.
Aide, budgets, et responsabilisation
Par Paolo de Renzio/ Centre pour l’aide et les dépenses publiques (CAPE)
Ce résumé d’atelier reprend les débats actuels sur les modalités de l’aide et sur les efforts de réforme de la gestion des finances publiques. Il étudie également le rôle des donateurs dans la promotion de systèmes et processus plus robustes, qui pourraient permettre de canaliser davantage de ressources issues de l’aide à travers les budgets nationaux et renforcer les mécanismes internes de responsabilisation. Le document s’inspire essentiellement de cas et exemples de l’Afrique subsaharienne. Dans son dernier chapitre l’auteur offre des suggestions pour de futures recherches appliquées.
by soapbox | Nov 1, 2006
Civil Society Groups and Public Audit Institutions Discuss Opportunities for Collaboration
In November 2006 the International Budget Partnership (IBP), the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA), and the Eastern Regional Organization for Public Administration co-hosted a two-day conference in Manila entitled “Dialogue on Civil Society Engagement in Public Accountability.” During the conference, possibly the first of its kind, civil society organizations and public audit institutions from India, South Africa, the Philippines, Argentina, South Korea, and Mexico discussed opportunities for expanding collaboration.
The conference sought to familiarize representatives of civil society groups and audit officials with each other, enable participants to share experiences regarding the use of public audit processes, and foster dialogue between civil society groups and public auditors within the same country regarding ways in which they could strengthen oversight over public resources.
The IBP and UN-DESA, which organized the conference, selected these six countries because of their potential for collaboration between civil society and audit institutions. For example:
- In India, the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), a peasants’ and workers’ union, uses public hearings to conduct social audits of local government expenditures in village communities. (In a social audit, program beneficiaries evaluate the performance of the agency and conduct oversight of agency expenditures.) During these social audits, communities check accounting records and other records on public-works programs in their area and identify instances of fraud, including falsified bills and labor rolls. MKSS’ social audit methods are now being used all over India by citizen groups to monitor a new government program under which rural households are eligible to receive minimum-wage employment for 100 days in a year.
- In South Africa, the Public Service Accountability Monitor (PSAM), a research and advocacy organization, works closely with the legislature to track government responses to instances of financial misconduct and corruption identified in the auditor general’s reports. PSAM has highlighted the large number of audit disclaimers issued by a provincial audit agency — which was unable to obtain financial information during the conduct of its audit — and organized a public campaign that led to stronger financial management practices in provincial government agencies.
- The Philippines, the Commission on Audit (the national supreme audit institution) and the NGO Concerned Citizens of Abra for Good Government (CCAGG) jointly conducted a participatory audit. CCAGG, which specializes in monitoring infrastructure projects, uses local volunteer monitors to verify that road construction projects are executed as per contract norms. (See CCAGG article below.)
Also in the Philippines, the NGO Procurement Watch, Inc. specializes in building systems of transparency and accountability into government contracting and procurement practices. PWI’s most recent initiative is to participate with the Commission on Audit in a pilot test of a new tool to measure corruption and inefficiency in public procurement. (See PWI article below.)
- In Mexico, Fundar, a research and advocacy organization, identified large-scale corruption in a government contract awarded to a private agency under an HIV/AIDS prevention program by obtaining hundreds of pages of government accounting records using the national freedom of information law. (An official investigation by the national supreme audit institution corroborated Fundar’s findings.) Subsequently, pressure from the Fundar-led campaign led the government to recover the misappropriated funds and change its policies governing the management of discretionary funds, including funds for the HIV/AIDS prevention program.
- In South Korea, Concerned Citizens for Economic Justice (CCEJ), an NGO working on economic rights issues, routinely uses the country’s national citizen audit request system to request government audits of public projects that waste resources or are plagued by corruption. CCEJ presented three cases of corruption in public projects that were corroborated by subsequent government audits. In one case, the government changed its procurement policies in part as a result of a CCEJ campaign to limit the issuance of no-bid contracts. (See CCEJ article below.)
- In Argentina, La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a human rights organization, filed suit to obtain the minutes of meetings by the congressional commission responsible for reviewing public audits and then used these records to highlight the commission’s failure to act in response to audit recommendations.
Participatory Audit Schemes
During the conference, audit officials showed how they too are exploring innovative opportunities for including the public in the conduct of audits. For example:
- In the Philippines, the Commission on Audit entered into a partnership in 2002 with several NGOs, including CCAGG, to conduct participatory audit exercises. The exercises focused on performance audits, which assess whether a program has achieved its intended results; audit teams included members of both COA and NGOs. In addition, COA is providing Procurement Watch with procurement documents of agencies it is auditing so Procurement Watch can test a tool that measures corruption in procurement processes.
- In India, the Andhra Pradesh state government, inspired by the MKSS social audit process, is leading a social audit campaign in collaboration with a consortium of NGOs. Local forums are being held all over the state on the use of funds under the government’s guaranteed-employment program, and the state government is acting quickly to correct any problems the social audits identify. Meanwhile, in the state of Rajasthan, the public auditor’s office — frustrated by the poor implementation of its recommendations — has shared the findings of some of its audit reports with the MKSS and invited it to publicize the results so that action can be taken against errant agencies.
- In Mexico, the Ministry of Public Administration has developed a tool called SEPAT (Transparency and Citizen Participation Evaluation System) to monitor whether municipal agencies adopt sound disclosure policies, provide citizens with access to information, and facilitate social audits. Social audits of development programs are mandated by a 2004 law.
Conference Findings
1. There is a wide spectrum of potential collaboration between civil society groups and auditors. The conference highlighted three categories of CSOs initiated auditing work. At one end of this spectrum, civil society groups can conduct their own audits. Organizations like the MKSS have developed innovative social auditing processes that are independent of government audit processes. In fact, many of the programs audited by the MKSS had previously been audited by government auditors, who reported none of the misappropriation of funds that the MKSS later uncovered.
Second, civil society organizations can use the findings of government audits to hold government agencies accountable. PSAM in South Africa, for example, publicizes findings from government audit reports in press releases and radio talk shows and demands action from agencies. Similarly, ACIJ in Argentina investigates the actions taken by the legislative committee responsible for oversight of the government audit recommendations presented to it.
Third, civil society organizations also can work with government auditors in conducting audits. For example, CCAGG in the Philippines was a member of a government team that conducted a performance audit of the public highways agency. CCEJ in South Korea requests special audits of government projects it has identified as suffering from financial irregularities.
2. Auditors are increasingly receptive to citizen participation in their audit processes. South Korea, for example, has some of the world’s most progressive policies to foster citizen participation, such as a citizen audit request system and the inclusion of non-governmental experts in the supreme audit institution. Similarly, the participatory audit experience in the Philippines, in which government audits were undertaken by a team composed of non-governmental experts and audit officials, represents a unique model for civil society involvement in government audits.
3. Auditors and civil society groups each have concerns about collaboration. Overcoming these concerns is central to unlocking this potential partnership in many more countries. In many countries, for example, public audit institutions have a mandate to report to the legislature, not to the public; it is the legislature’s responsibility to examine and act on the audit reports. Audit officials argue that until their mandate is changed to explicitly include citizen participation, there will be little opportunity to develop citizen-friendly audit practices.
In addition, audit institutions fear that collaboration with civil society groups (which often have their own explicit agendas) could compromise the audit’s neutrality and objectivity. Audit institutions have not developed processes for selecting partners from among civil society groups and may be reluctant to partner with them until these groups develop the technical capacity to participate in audits.
For their part, civil society groups are concerned that if governments — rather than audit institutions — select civil society partners for audits, they might be tempted to select groups that are less likely to highlight major irregularities. Also, most civil society groups lack the resources to participate in audits without payment. While it is important to ensure that a civil society group has no financial incentive to participate in an audit, alternative means of support (beyond the group’s own resources or those of the government) will be needed.
The conference made it clear to all participants (civil society groups and audit institutions) that despite the challenges and concerns to work together there is great potential for successful collaboration. The IBP is excited to follow up the experiences of the participants and promote research on how governments can adopt practices that formally include citizen participation in auditing.
Civil Society Groups in the Philippines Develop Mechanisms for Transparent Public Procurement: Lessons from CCAGG and PWI
CCAGG Develops Participatory Audit Exercise
The Concerned Citizens of Abra for Good Governance (CCAGG), a non-governmental organization that monitors government projects in the Abra region of the northern Philippines, recently conducted a participatory audit exercise in Abra in partnership with the country’s supreme audit institution.
CCAGG, formed in 1986 as a result of an initiative by President Aquino to increase community participation in development programs, has developed a unique monitoring technique. Its members — primarily housewives, students, and out-of-school youth — observe road construction projects for evidence of corruption (such as the use of sub-standard materials, poor construction techniques, or fraud in contracting procedures) and report their findings to specialist colleagues, such as engineers and accountants.
In one example of CCAAG’s work, when a government ministry took out a newspaper advertisement declaring that it had successfully completed 27 projects in Abra, CCAGG documented the actual state of projects that had been declared “completed” (including photographs and affidavits) and submitted these findings to the ministry, demanding an investigation. An official audit concurred with CCAGG’s findings. When the prosecuting lawyers recommended that the responsible officials receive only reprimands, CCAGG mobilized public opinion and ultimately forced the government to suspend those found guilty of misconduct. It was perhaps the first time in the country’s history that a civil society organization’s vigilance had resulted in the punishment of government officials for corruption.
Recognizing CCAGG’s role in preventing corruption and its expertise in monitoring public works projects, the national Commission on Audit (COA) recently joined with CCAGG to conduct a participatory audit exercise in Abra to determine whether government programs achieved their desired results. Sponsored by the United Nations Development Program, the exercise was described as successful by all concerned parties, and the COA subsequently published a manual on participatory audits that incorporates lessons from the exercise.
The exercise also suggests some of the challenges that public auditors might face in partnering with civil society organizations.
- Audit methodology. COA objected to CCAGG demands that the preliminary audit findings be shared with community members, arguing that the findings should not be disclosed until they were finalized. CCAGG responded that its regular type of audit involved citizens at all stages of the process. Similarly, CCAGG was concerned that the official audits were restricted to the post-project period and therefore depended greatly on paper documentation; CCAGG traditionally conducts on-site investigations and was concerned that restricting audits to the post-project period might fail to capture valuable information.However, to both organizations’ credit, some aspects of CCAGG’s methodology were incorporated into the participatory audit exercise. At CCAGG’s request, for example, the participatory audit included social impact analysis, or measurement of the project’s impact on targeted communities.
- Sustainability. Even though the COA (as well as CCAGG) declared the participatory audit exercise a success, a new COA administration discontinued the initiative when it took office. This raises serious questions about the sustainability of participatory audits. Legislation may be needed to ensure that such exercises do not depend on the whims of the ruling administration.
- Client confidentiality. A UNDP report suggested that the new COA commissioner who cancelled the participatory audit exercise had a background in private-sector auditing and was concerned that including civil society groups in the formal audit process would endanger “client confidentiality.” When deciding on the viability of a participatory audit process, the government should measure the obvious advantages of including partners from civil society organizations against traditional concerns of privacy.
Procurement Watch Advocates for Transparent Public Procurement
The Philippine-based Procurement Watch, Inc. (PWI), created in 2001 by a diverse group of individuals determined to fight corruption in government procurement, provides a unique example of how a civil society organization can help government implement needed reforms.
The Philippines passed its first procurement law governing public infrastructure projects in 1978. More recently, several new regulations were introduced, partly in an unsuccessful attempt to streamline the many rules regarding procurement practices.
While the laws governing public infrastructure projects were confusing, there were simply no laws governing the procurement of office goods and supplies. The government could change procurement practices for these commodities simply by issuing an executive order.
By the late 1990s, procurement practices were out of control and a growing number of government officials concluded that reforms were needed. The appointment of a sympathetic secretary as head of the Department of Budget and Management provided the opportunity to undertake these reforms.
The new secretary appointed a task force, comprised of experts from within government agencies as well as private consultants, to examine the problems of existing procurement practices and suggest a new law that could improve them. Members of the task force agreed that while they needed to involve civil society to conceptualize a new law. In 2001, two members from the task force joined with two other citizens to form PWI to advocate for a new procurement law and to monitor enforcement of the law after it was enacted. PWI was asked to join the task force and help draft the law. Through this process, PWI gained credibility and became regarded as experts in their own right. Over the next two years, PWI staff also contacted other civil society organizations — primarily anti-corruption groups — and mobilized public opinion in support of procurement reform. The Catholic Church proved to be a key ally. The media too became part of a well-planned awareness campaign.
In 2003, PWI’s efforts paid off when the legislature passed a new procurement law. This marked the first time in the country’s history that a civil society group successfully advocated for a law on a subject that requires a high degree of technical expertise.
The new law uses clear, simple “pass/fail” nondiscretionary criteria, which makes the procurement process more corruption-resistant and more efficient. (The complexity and lack of transparency in the previous procurement system made it harder for the auditor to assess whether agencies’ procurement practices complied with the law.) The new law also provides for criminal and administrative sanctions against procurement officials and bidders who violate the law, and empowers civil society monitors to file reports of deviations from the mandated procurement process with the government Ombudsman (OMB) (the OMB’s mission includes the prevention, investigation, and prosecution of corrupt government officials).
PWI Activities and Successes
Now widely recognized for its expertise on procurement law and practices, PWI conducts a wide variety of activities with different groups, including the ombudsman, government agencies involved in large procurements, civil society organizations, and private citizens.
PWI has developed a very close relationship with the ombudsman in particular. It conducts training sessions on the new procurement law for staff in the office of the ombudsman. It also has helped the ombudsman publicize information on procurement laws and has established a mechanism to process and respond to information provided by procurement observers. In some countries, citizens prefer not to contact government officials with complaints (due to the fear of harassment from corrupt officials) and are more comfortable dealing with third parties; PWI encourages citizens to file complaints regarding procurement irregularities by serving as a link between citizens and the ombudsman.
PWI has also developed partnerships with government agencies to study the systems for soliciting proposals and evaluating bids and awards. As part of this process, PWI conducts diagnostic exercises on the activities by the bids and awards committees of various agencies — including the health and defence agencies. PWI also conducts workshops and conferences on procurement law, develops research papers on the subject, and provides technical assistance to the government on best practices in procurement procedures.
PWI’s efforts have helped establish systems that allow citizens not only to sit as observers in government bids and awards committees, but also to act as monitors to ensure that contractors comply with their contracts. Of the 8,000 trained monitors needed nationwide, only 800 exist today. Hence PWI has been training civil society monitors throughout the country, and recently started negotiating a contract with the OMB to carry out a European Commission-funded project to provide 12 training courses throughout the Philippines, with emphasis on regions outside the capital.
Measuring Corruption and Inefficiency
PWI’s most recent initiative is to participate in a pilot test of a new tool to measure corruption and inefficiency in public procurement, called Differential Expenditure Efficiency Measurement (DEEM). DEEM seeks to determine the true (fair-market) cost of a publicly procured good or service and then compare that to its actual cost; when the actual cost is higher than the true cost, the difference can be attributed to corruption or inefficiency. The size of the difference also serves as a precise and objective measure of the extent of the problem.
The DEEM pilot is expected to be completed by the end of 2006. It will then be refined and re-tested across a wider range of agencies.
PWI’s experience demonstrates that civil society and government need not be adversaries. (After all, PWI was formed in part by government officials.) Its success marks a powerful example of the positive synergy between government agencies and citizen groups carrying out reforms.
For instance DEEM’s success depends on the cooperation of the agencies being examined (since the tool requires access to an agency’s financial documents) as well as the resident auditors of the country’s supreme audit institution (since the tool also requires access to the audits they have conducted). Such cooperation may be difficult to achieve, but it can produce rewarding results. The pilot that is taking place at a government hospital, has already unearthed several anomalous transactions.
For example, PWI investigators found a certificate signed by a hospital official justifying a contract with a particular company on the grounds that it was the only company that could make good-quality Vitamin C available to the hospital. Given the number of Vitamin C brands available in the Philippines, this claim is preposterous. Had the contract been bid out, the hospital would likely have saved money, since the Vitamin C brand provided by the company is one of the most expensive on the market.
PWI staff has obtained the necessary expertise on the highly technical subject of government procurement and have been able to combine this expertise with effective public awareness campaigns involving other civil society organizations and citizens. Their example demonstrates that civil society can be a valuable ally to the supreme audit institution in its efforts to force action on audit findings.
For more information, contact Immanuel Magalit [email protected].
CCEJ Works with Audit Office to Improve Accountability, South Korea
The Citizens’ Coalition for Economic Justice (CCEJ) of the Republic of Korea has successfully used the progressive auditing processes provided by the supreme audit authority to improve government accountability of services.
The CCEJ, founded in 1989 by 500 concerned citizens, has since grown to 35,000 members and 35 local branches. It has a national staff of 50 and can call on the support of 150 volunteer specialists. Its overarching goals are economic justice, environmental protection, democratic and social development, and the reunification of the Korean peninsula.
Social justice depends in part on government’s accountability to the people, and the Korean Board for Audit and Inspection (BAI) is constitutionally mandated to ensure that public resources are used properly and that the government follows the mandates of citizens. The country’s audit system contains a number of mechanisms designed to accomplish this:
- Citizens may request a government audit. (The request must be made by more than 300 citizens aged 20 or over, or by an NGO with more than 300 working staff.) Requests are reviewed by a committee consisting of citizens and audit officials; if a request is approved, the audit is conducted and the results reported to those who filed the request.
- A policy advisory committee made up of experts “who are active in civic groups” — particularly university professors or representatives of research institutions — serves as an advisory body for the BAI chairman.
- Citizens may lodge complaints against executive government agencies.
- The full text of audit reports may be disclosed to the public as long as those reports do not threaten state security.
- Citizens are notified in advance of planned audits, which allows them to provide the BAI with information and complaints that can be reflected in the audits.
- Some local governments have decided to address complaints and grievances filed by citizens by appointing a civilian “citizen auditor” with all the powers of a BAI auditor.
- An inspector general monitors BAI auditors and examines any ethics violations.
The CCEJ takes full advantage of these mechanisms. It uses the public disclosure policy to collect information on potential problems with the use of government funds, and if there is sufficient evidence of waste or corruption, it requests an audit of the offending institution or body. A prominent example of the CCEJ’s work concerns the construction of a National Cancer Center (NCC), which took twice as long (seven years) and cost nearly five times as much (around $215 million) as originally projected.
CCEJ experts doubted the necessity of the NCC when it was first proposed in 1991. As the budget bloated and delays in construction increased, the CCEJ began investigating whether it should request an audit. CCEJ staff studied cancer wards at university hospitals and compared them with the government’s budget for the NCC, concluding that the budget was insufficient. Also, CCEJ volunteers consulted with academics and government officials and discovered that the construction of the NCC had resulted in a power struggle between two government ministries. The CCEJ presented its findings to the BAI and requested an audit.
The BAI determined that construction had been delayed by insufficient planning, “unsystematic construction,” and a lack of human resources, all of which contributed to budget waste. The BAI also found that overlapping investment between the NCC and another hospital had caused a great deal of inefficiency. The BAI called on the Ministry of Health and Welfare to harmonize the functions of the two hospitals and provide a firm plan for acquiring the resources necessary to get the NCC open as soon as possible.
The CCEJ released the results of the audit to the public, and in 2000 it held a “convention of taxpayers” to announce that the NCC was one of the top ten cases of budget waste in 1999. The CCEJ cited five factors that have helped it succeed in this case and other projects:
- A vigilant civil society that is able to unearth unlawful and corrupt practices. Civil society must be active to pressure the government to address these issues.
- A wide network of experts and volunteers upon which a civil society group may draw resources. The volunteers may both report and investigate cases of mismanagement or corruption.
- Institutional mechanisms that guarantee civil society participation in audit requests.
- A civil society that monitors the government’s auditing institution and pressures it to follow its constitutional mandate.
- The use of the media as a tool to pressure government to address citizens’ concerns.
For more information on the Korean Board of Audit and Inspection and its relationships with CSOs, go to: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN024552.pdf.
Findings from Recent Audit Reports, HakiElimu, Tanzania (Part II)
As we reported in the last issue of the IBP Newsletter (see: https://archive.internationalbudget.org/newsletters/newsletter35/) HakiElimu decided to produce a set of leaflets making audit information more broadly available to the public so as to promote understanding, debate, and public action. The leaflets cover central government audit findings and local government audit findings for the three most recent years for which data is publicly available (Financial Years 2003, 2004, and 2005). All of the data in the leaflets comes directly from the audit reports, which are available to the public in Tanzania, and have recently been put online by another local NGO, REPOA (Research on Poverty Alleviation), on their “Tanzania Governance Noticeboard,” or TGN (http://www.repoa.or.tz/tgn/index.php)
HakiElimu has released a short report based on the leaflets but with additional graphics and text, which we now present in this issue. The report offers selected findings of CAG Annual Reports for central government ministries, departments, and agencies (MDAs), and local government authorities (LGAs) for the three most recent financial years for which data is publicly available (2002/03, 2003/04, and 2004/05).
According to the report while there has been progress in several areas, the overall situation is far from acceptable. In 2004/05, LGAs were unable to account for nearly 15 billion shillings, or 10 percent of their non-salary budgets. As for MDAs, they were unable to account for 203 billion shillings, which is also about 10 percent of their non-salary budgets.
The audit reports identify specific cases of mismanaged funds. These require specific explanations or accountability actions against those responsible. Overall, the audit reports can also be used by members of parliament, civil society, and individual citizens to demand government accountability for public funds, and design concrete measures to limit potential indiscretion in the future.
The report is divided into six sections that explain the selection of indicators from the audit reports and gives highlights from the LGA audit reports and from the MDA reports. In the last section CAG recommends that the secretariat of the Public Accounts Committee be strengthened by recruiting technical advisors in accountability and good governance issues. In addition, he suggests establishing a Treasury Board to be chaired by the Chief Secretary to monitor the implementation of the parliamentary instructions and audit recommendations.
To obtain a hard copy of the report, contact Ruth Carlitz [email protected].
Funding Anomalies in Widow Pension Scheme in Rajasthan, BARC, India
Rajasthan created a pension program for widows in 1974. Until 1999, each poor widow received only about $3 per month; the monthly payment was then raised to approximately $5.
Concerned that this was not enough for widows to live on, for 2005-06 the government also decided to distribute 10 kilograms of free wheat to each widow per month. Ultimately, however, this plan was not implemented due to lack of coordination between the Food Corporation of India, the Rajasthan government, and the national government. Rajasthan then decided to increase the pension amount to approximately $6 beginning in 2006-07.
Eligibility for the Pension
There are two conditions on which widows are eligible for the pension. First, a widow must have less than around 27,000 square meters of non-irrigated land, and less than around 14,000 square meters of irrigated land. Second, she must not have sons older than 18.
The first restriction carries some logic, although not everyone who owns land can afford to cultivate it. The second restriction is completely illogical: there is no guarantee that all adult sons will be able to find employment and support their widowed mothers, and many sons that have jobs are reluctant to support their mothers, especially when the sons are married.
A further problem is that not all the funds allocated for the pension have been distributed, as explained below.
Failure to Distribute Allocated Funds to Eligible Widows
In its 2003-04 budget estimate, the government stated that it planned to spend approximately $11 million on widows’ pensions that year. During the course of the year, however, district authorities told the government they would not be able to spend that full amount, and actual expenditures were only about $9 million.
The NGO BARC (Budget Analysis Rajasthan Center) found it hard to believe that the demand for pensions had suddenly declined, given the lack of dramatic changes in either the economy or the social barriers faced by widows. Also, BARC received numerous complaints from eligible widows whose pension applications had been refused by the local authorities or placed on a waiting list. Failing to receive satisfactory explanations of these matters from government officials, BARC examined a report by the accountant general and found that it blamed district officials for failing to administer the pension program responsibly.
Unfortunately, the irresponsibility of district officials in turn caused a slash in the budget allocation for widows’ pensions, which received $10 million in both 2004-05 and 2005-06, below the $11 million the government said would be needed in 2003-04.
BARC Advocacy Efforts
Every year, many poor widows apply for a pension but are refused due to lack of funds. In this case, however, the needed funds had been allocated but were not distributed, and poor widows were the victims. There was no indication that the responsible district officials were identified or punished.
BARC took action on several fronts. It distributed government documents related to the 2003-04 widows’ pension budget and the accountant general’s report to selected opposition members of the legislative assembly, who raised the issue in the assembly during the 2005-06 budget session. (BARC distributed these documents to a few members of the ruling party as well.) BARC also raised the issue in all of its meetings with other NGOs, which wrote letters to the Social Welfare Department regarding the unspent money and the cuts in the widows’ pension budget.
In addition, BARC participated in a press conference held by Ekal Nari Shakti Sangathan, an organization of widows and separated women in Rajasthan, that sought to raise media interest in the government’s failure to distribute the pension funds. BARC also distributed the relevant government documents to its own media contacts.
Hence, the government faced heavy pressure from many different directions at once — the legislative assembly, the media, the widows’ organization, other NGOs, and BARC.
These efforts produced results. The government increased funding for the pension from $10 million to $11 million in its revised budget for 2005-06 and plans an additional increase, to $12.5 million, in 2006-07. While these increases are not sufficient to meet the demand for widows’ pensions, BARC has succeeded in making the government officials aware of the problem of unspent money, stopping further funding cuts, and securing an increase in funding.
For more information, contact Subrata Dutta [email protected].
Budget Initiative to Democratize the Budget Process in India, CBGA, India
In India, as in many other countries, the budget discourse is dominated by economists, policymakers, academics, and corporations. The poor and marginalized, which constitute a majority of India’s population, are left out.
The Center for Budget and Governance Accountability (CBGA) has joined with several organizations and foundations to create a new initiative — the People’s Budget Initiative — to advocate for greater democratization of the budget process and budget documents. This broad alliance includes representatives from around 50 organizations, including people’s movements, grassroots organizations, academia, and the media, as well as national and international development organizations.
The People’s Budget Initiative created working groups to examine issues of concern in the Union Budget for 2007-08, including agriculture, infrastructure, resource mobilization and expenditure management, health, education, women, indigenous peoples and “untouchables,” children, and human rights.
In November 2006, the initiative held a national convention to discuss key budget-related issues in these sectors and set forth recommendations for the upcoming budget from a pro-people, pro-poor perspective. These recommendations were then consolidated into a “charter of demands.”
The two-day convention was marked by active, enthusiastic participation from more than 180 individuals representing diverse backgrounds and areas of work. (Despite several invitations, representatives of the Ministry of Finance did not attend the convention.)
Over the next few months, the initiative plans to follow up on the convention and promote the charter of demands by meeting with government officials, political parties, and other groups critical to the budget process. It also plans to present specific demands to relevant ministries so that these can be incorporated into the ministries’ budget requests.
In addition, the initiative will circulate the charter of demands broadly among civil society groups to ensure that a wider population can call collectively for democratizing the budget process. It will urge farmers’ associations, trade unions, and other groups both to join in its advocacy efforts and to include the charter of demands in their advocacy calls. The initiative also plans to secure media coverage and support of the charter.
These activities will complement CBGA’s ongoing, year-long advocacy efforts on the budget. Each year, within 24 hours of the budget’s release, CBGA publishes a response highlighting critical issues such as the allocations for the social sector. CBGA also holds a public event in which noted members of academia, parliament, and the media debate the budget from the perspective of the poor and the marginalized. CBGA later lobbies members of parliament as they consider and ultimately pass the budget.
Influencing the budget of a country as huge and diverse as India, where interested parties use the ignorance of the masses to keep them out of the budget process, is indeed a tall order. It will take several years of concerted effort to become a voice that the finance minister cannot ignore. However, in a democracy, where parties can be voted in and out of power, one can hope that such an initiative will eventually make a dent in the system.
For more information, contact Yamini Mishra [email protected].
Improving the Efficiency and Impact of HIV/AIDS Financing in Africa, CEGAA, South Africa
Although extensive financial and human resources have been invested in the fight against HIV/AIDS, there are increasing reports of funds being under-utilized and misspent, as well as of countries’ limited capacity to absorb funding. Countries also are reporting that strict donor conditionalities and reporting requirements are undermining the efficiency of their spending. These trends have brought new attention to improving national economic governance as a way of improving the rationality, accountability, and transparency regarding HIV/AIDS spending.
The Centre for Economic Governance/AIDS in Africa (CEGAA) undertakes economic and budget analysis, expenditure tracking, training, and advocacy to document and help address the fiscal and administrative challenges many African countries face in their fight against HIV/AIDS. CEGAA conducts research on fundamental questions such as whether HIV/AIDS funds (from all sources) are being spent on the right things and in the most efficient way possible, whether the funds are being transferred and spent fully, and whether expenditures are achieving their intended goals. CEGAA also helps local organizations conduct their own analysis and monitoring, thereby building a strong African network to monitor HIV/AIDS resource utilization.
CEGAA’s primary objectives are to:
- Analyse the economic capacity of national governments to effectively absorb HIV/AIDS funds, the efficiency of spending of such funds, and the factors contributing to or limiting such spending.
- Analyse the effects of international and national macroeconomic policies, conditionalities imposed by international financial institutions, national monetary and fiscal policies, and financial systems on the ability of African countries to respond to HIV/AIDS.
- Support efforts by the executive branch, civil society, and parliament to monitor the effectiveness of HIV/AIDS spending and to advocate for increased accountability, transparency, and improved budgetary processes and execution.
In the long term, these efforts are designed to enable CEGAA and its country partners to:
- Make recommendations to governments, international donors and financial institutions, and organizations working in the field of HIV/AIDS on ways to improve economic governance, absorptive capacity, and efficiency of spending.
- Support the efforts of donors in assessing each country’s need for, and utilization of, development aid for the campaign against HIV/AIDS.
- Hold African governments accountable to their international and regional commitments (such as the MDGs, UNGASS, and Abuja+5 goals) in terms of their response to HIV/AIDS.
- Develop and support regional civil society groups or networks in Africa advocating for more effective economic governance, accountability, and transparency, both nationally and internationally.
CEGAA’s Approach: Capacity Building through Participatory Research
CEGAA works to ensure that research and activism occur in the African countries themselves, through processes owned and driven by committed organizations located within the country. Accordingly, CEGAA helps build the skills of health economists, government officials, and civil society research agencies across Africa to undertake budget and economic analysis. For example, CEGAA has established a network of research associates who work with CEGAA to develop skills and capacity within the region.
Another core principle of CEGAA is partnership with government. CEGAA seeks to strike a balance between independent research and advocacy and support for government officials.
CEGAA has the relevant expertise to make its goals attainable. CEGAA’s staff is formed by trained and experienced facilitators in budget monitoring and resource tracking techniques and have provided technical training to many African, Latin American, and East European countries. With backgrounds in public finance, health economics, and resource tracking for HIV/AIDS, the team at CEGAA combines invaluable skills in strengthening resource tracking for HIV/AIDS among both public officials and civil society.
CEGAA has been involved in training and support in the undertaking of health and HIV/AIDS expenditure tracking for the Action Aid staff and partners in several African countries, the Soros Foundation in Kazakhstan, the International Budget Partnership in Azerbaijan, and the Open Society Institute partners in East European countries. Currently being planned are training and technical support for several North, East and Southern African countries as well as training in the NASA techniques for Western and Southern African countries (still in planning phase).
In addition, CEGAA has strong connections with health economists across Africa, and through the CEGAA advisory board, experts in various fields relating to health, HIV/AIDS, and development provide the group with technical guidance, support, and mentoring. CEGAA also collaborates with several governmental and non governmental institutions. Most notably, they undertook a National AIDS Spending Assessment in Botswana on behalf of UNAIDS and with the National AIDS Coordinating Agency (NACA). This involved the development of the skills of the government representatives in the NASA methodology. CEGAA also plans to collaborate with the Health Economic Unit (HEU) at the University of Cape Town in the provision of training programmes for Health Economic students in issues relating to economic governance and HIV/AIDS (still in planning phase). In addition CEGAAprepared a strategic document for the newly created Health Systems Strengthening Unit within the HIV Department of the World Health Organization.
For more information, contact CEGAA’s director Teresa Guthrie at [email protected].
Budget Tracking Survey for Quality Education, CSCQBE, Malawi
The Civil Society Coalition for Quality Basic Education (CSCQBE) in Malawi has been performing annual budget monitoring surveys of education expenditures since 2002. Using the Education for All (EFA) and the Millennium Development Goals (MDGs) as guidelines, the Coalition has pursued its surveys for two reasons: first, to make sure that enough resources have been allocated to basic education by the government in accordance with the EFA Goals and the MDGs; and second, to ensure that those resources are being spent in accordance with both government policy and the government’s budget. The survey provides the data that civil society organizations (CSOs) can use to advocate for greater and/or more prudent funding for the education sector.
The budget monitoring survey addressed a pressing need as a mechanism for reform. From 1994 to 2001, increased funding of education had not translated into increased quality of education. There was widespread suspicion of government corruption and mismanagement among the general public. In 1999, for instance, the Ministry of Education was conned out of MK 187 million ($1 US = 144 MK) slated for school construction. CSOs felt that they could prevent corruption and encourage the proper management of public funds if the government budget and government spending were monitored.
The Survey
The CSCQBE surveys schools to see how much of those funds have managed to make their way from the national government down through the schools. The government’s funding for education is given to the National Local Government Finance Committee, which allocates funds directly to districts using parliament-approved formulae. District assemblies then distribute funds to schools in the manner they see fit.
For its surveys, the CSCQBE samples 500 schools (roughly 10 percent of the total number of schools in Malawi). The schools are divided into geographical regions: Northern, Central East, Central West, South East, South West, and Shire Highlands. Those schools are then divided further into rural and urban schools, of which a certain number are randomly chosen. This is determined in the following way. According to available data, there are 4932 rural schools and 144 urban schools; the CSCQBE samples 400 rural schools and 100 urban. The following formula is used in each district to determine the number of schools that will be sampled within:

For example, in the Northern division there are 1153 rural schools and 32 urban. Therefore, the CSCQBE would sample 92 rural schools (1153/4932*400) and 22 urban schools (32/4932*100).
Member organizations of the CSCQBE administer the surveys to sampled schools. Enumerators attend a training workshop to ensure that they perform their duties correctly.
The data are collected and analyzed paying particular attention to
- any increases in allocations to education
- differences between the budgets for different levels of education
- the amount of teaching and learning materials received by schools and colleges
- the amount and timeliness of teachers’ salaries
- the amount of teachers who were recruited and trained
- the distribution of teachers across geographical area
- enrollment for pupils in each school, particularly with regard to gender
- enrollment of children with special needs and the supply of teaching materials to such children
A draft report of the results is circulated among CSCQBE organizations and discussed at a special budget monitoring meeting. The report is released in June to coincide with the budget deliberation in parliament during a public meeting with Ministry officials, parliamentarians, development partners, and the media. The CSCQBE sends out press releases and holds district meetings where district assembly officials, district education officials, CSOs, and school officials can discuss the results and, if necessary, formulate action plans to address any salient issues. The report is publicized in the media and is also circulated among donors and government officials. During this time the CSCQBE makes sure to get commitments from governments and donors on how they will respond to any issues raised by the report. CSCQBE representatives take note of these pledges and make sure to monitor their implementation in the following years.
Success of the Survey
- The monitoring of the education budget and education expenditures has been institutionalized in Malawi. There is, in fact, a sub-committee on budget monitoring that has been created specifically to work hand-in-hand with the CSCQBE Secretariat in Lilongwe, the capital of Malawi. The Coalition plans to conduct half-yearly and quarterly surveys during the financial year 2005-06.
- The survey results demonstrated the need for improvement in the educational sector, and gave civil society the evidence to pressure the Malawi government. The government is addressing the disparities between rural and urban areas and plans to introduce noncash incentives for rural teachers such as hardship allowances and paying for the construction of housing for rural teachers.
- CSOs have also pressured the government to introduce special needs allocations within the national budget to purchase teaching and learning materials and to train teachers who specialize in teaching children with special needs. Government budget statements show that the budget for Other Recurrent Transactions (ORT), under which the special needs allocations have been categorized, has increased from MK 20 million in 2002-03 to MK 34 million in 2004-05.
- In 2004 the government began the first Public Expenditure Tracking Survey (PETS) after observing the successful work being done by the CSCQBE. Civil society was involved in all the planning meetings, as well as in monitoring the survey in the field. The results of the first survey have yet to be published.
- In 2002 when the government closed teacher training colleges due to a lack of funding, CSOs mounted a three-month campaign that compelled the government to reopen the colleges. The Coalition argued that the closure of the colleges was in violation of the government commitment to train 6,000 teachers a year as indicated in the government’s Policy and Investment Framework and the Malawi Poverty Reduction Strategy Paper.
- In 2003 it was discovered that a number of teachers either received their salaries late or did not receive them at all. CSOs influenced a parliamentary committee on education to look into the issue. The committee returned a report to the National Assembly.
- The CSCQBE has worked with many organizations nationally (Development Partners Forum, the Group on Review of the Malawi Poverty Reduction Strategy Paper, the Education For All national technical group, and more) and internationally (World Bank, UNESCO, the Global Campaign for Education, the Africa Network Campaign for Education for All (ANCEFA), and others) to participate in government meetings and working groups on education. These experiences have increased civil society’s influence and capacity for monitoring and evaluation.
- The CSCQBE has also worked to improve citizens understanding of education and budget policies and the need for accountability in the educational system. In order to give citizens more control of the budget monitoring process they have has set up 13 district networks to decentralize monitoring of the education budget. It is hoped that once these networks are fully operational, they will encourage member organizations to engage in budget monitoring in their own spheres of interest. These networks will support school-based budget monitoring by school or community-based groups such as the school board or a Parent/Teacher Association.
Challenges
- Malawi still faces many challenges that it must overcome before it can meet the EFA and MDGs. Education as a percentage of the total budget was only 13 percent in the 2005-06 fiscal year, down from 28 percent in the 1990s. This falls short of the internationally-recommended 26 percent to achieve the EFA goals by 2015.
- Government officials do not always cooperate fully to release budget and expenditure data, which greatly inhibits efforts to accurately track government expenditure or determine the extent to which the government is working to improve the Malawi education system.
- Member organizations of the CSCQBE can be saddled with too many obligations of their own; submissions of questionnaires to the CSCQBE Secretariat can be delayed because of other pressing commitments.
- The CSCQBE cannot expand their sample frame (10 percent) of all schools due to a lack of resources.
For more information, contact CSCBQE [email protected].
People-Driven National Development Planning, CSPR, Zambia
In Zambia, civil society is participating in the formulation of government plans to fight poverty and promote national development.
This process began in 2000, following Zambia’s adoption of the Heavily Indebted Poor Country (HIPC) process. The Zambian government invited civil society to participate in the preparation of a Poverty Reduction Strategy Paper (PSRP), which would outline the country’s policies to promote broad-based growth and reduce poverty. Civil society groups formed Civil Society for Poverty Reduction (CSPR), a network that now includes more than 140 Zambian NGOs, to enable them to provide coordinated and proactive input into the process.
To complement its participation in the PSRP initiative, CSPR conducted independent consultations — including consultations with communities in some of the country’s poorest areas — concerning the country’s needs in agriculture, education, health and nutrition, sanitation, and other areas. The findings from these consultations were compiled into a report that was submitted to the government.
About two-thirds of the report’s recommendations were incorporated in the final PSRP, and civil society agrees that the PSRP presents a fairly good framework for beginning to fight the deplorable condition in which most Zambians live. CSPR’s members decided to remain organized after the PSRP’s launch in order to monitor and evaluate its implementation, as well as to raise awareness on poverty-reduction issues.
In 2005, the government invited civil society to participate in formulating the Fifth National Development Plan (FNDP). As in the earlier collaboration, CSPR conducted independent consultations to inform its recommendations and then compiled those recommendations in a document it presented to the government. After the government released the draft FNDP, CSPR analyzed the draft and provided a coordinated response. CSPR noted, for example, that the FNDP did not clearly explain its connection to key previous and ongoing government initiatives, such as the PRSP.
Another concern raised by CSPR, based on budget analyses and expenditure-tracking exercises it conducted, is that allocations for anti-poverty programs have often been disbursed late and not in full. In many cases the funds have not reached the intended projects, even as other areas of the budget have received much more than their allocated amounts. In 2002, for example, only 25 percent of the funds allocated to poverty-reduction programs were actually disbursed. This share rose to 50 percent in 2003 and 100 percent in 2004, however, an increase that CSPR attributes to organized advocacy by civil society.
The unpredictable resource environment is another thorny issue. The government states that implementation of the FNDP will move Zambia closer to achieving the Millennium Development Goals (MDGs), but it has not shown how this will happen. The FNDP’s budget falls far short of what it would cost to achieve the MDGs: the FNDP budget for the social sector is estimated at $800 million per year, while Zambia will need to spend an estimated $1.5 billion per year in this sector if it is to achieve the MDGs by 2015. Both the government and civil society need to look for ways to close this gap.
It is evident that attaining the MDGs, and ultimately eradicating poverty, will depend on national plans such as the FNDP and the PRSP. However, CSPR believes that national planning can succeed only if the poor are brought on board, which entails intense consultations with the people.
Civil society has an important role to play as well; speaking on behalf of the people and helping them speak on their own behalf. In Zambia, civil society participates in national planning not because it agrees with all the concepts behind it (such as those from the IMF and the World Bank), but because it wants every citizen’s basic needs to be met.
The case of Zambia has demonstrated that government can listen to civil society but that to be heard, civil society must be organized effectively.
For more information, contact Ivy Mutwale [email protected].
Defense Budgets Atlas for Latin America
The Latin American Network on Defense and Security “Red de Seguridad y Defensa de América Latina” (RESDAL) was formed in 2001 with support from the National Endowment for Democracy when a group of experts in security and defense from several countries in the region agreed to develop a product that would explain the operations and functions of the defense sector in every Latin American country. With the help of the Open Society Institute RESDAL started working on a comparative atlas on defense for Latin America, which was first part of the RESDAL website but was later published as a hard copy publication. (See: RESDAL http://www.resdal.org/.)
Although today there is greater access to information on how the defense sector operates in different countries, this information is not always found in the same format or in comparable sources. Hence the collection and organization of data was a big challenge in the preparation of the atlas. Moreover, it was necessary to unify the criteria and definitions on what defense budgets means for each country and look at the diverse units that form the defense system i.e., central administration, decentralized institutions, and social security.
Ultimately, the atlas fulfilled its goal to become a centralized source of defense budget information for the region. In its first section the atlas presents data by thematic area, which allows a quick overview of the content. In the second section the content is organized by country and includes details on the legal framework and budget categories. Hence the publication answers which government entities spend defense funds? What are the goals of defense spending? And how are defense funds spent?
The atlas represents RESDAL’s modus operandi because it integrates the academic and practical contributions of its members scattered throughout, Canada, Europe, Latin America, and the United States. The diversity of the network extends to the experience and background of its 250 members who come from the military, academia, or represent international governmental and non governmental organizations.
Intermediate Training Course on Budget Analysis and Advocacy, Cambodia
The International Budget Partnership (IBP) conducted a budget training workshop in Cambodia from 21-31 October 2006. The workshop was co-hosted with Action Aid. The goal of the workshop was to help participants build the quantitative skills that will enable them to conduct budget analysis independently and to build the advocacy skills that will enable them to disseminate the results of their analysis to influence budget policies.
During the ten days of training, participants were provided with an understanding of issues such as the budget process, budget terminology, case studies of budget groups from around the world, quantitative analysis, and dissemination methodologies. The workshop was highly participatory – though some issues in the training were covered through presentations made by the trainers – and participants were required to respond to issues, raise questions, discuss the course material, undertake group work, and make presentations during the different training sessions. The course was based on a comprehensive package of material that included a simulation of the budget of a fictitious country along with case study problems that participants were required to analyze.
Participants were drawn from groups that have demonstrated a commitment to applied budget work (conducting budget research with the intention of influencing budget policy) as an integral component of their organizational strategy. The participants were selected based on their experience and engagement with budget work within their organization. The organizations that were represented at the training course were drawn from countries throughout Asia and Africa.
One of the participants from the NGO Education Partnership said that the workshop offered knowledge they would share with other NGOs to develop a strategic way to undertake budget work in Cambodia. “My organization is a network organization, facilitating and providing trainings to other NGOs. Hence, we will start training other NGOs on economic literature to raise awareness around the potential for budget work in Cambodia.” Similarly, a participant from Action Aid China said the workshop was very helpful in the development of budget advocacy in China. In the coming year we will conduct research on schools budgets and gender budgets in cooperation with our local partners, and try to create new mechanisms of participatory budgets in several sectors at the local level. Meanwhile, we will promote a network of budget participation among civil society in China.”
Another participant from the Center for Democratic Governance (CDG) based in Burkina Faso expressed that the tools and resources offered by the workshop correspond with the goals to deepen the organization’s budget analysis and budget advocacy capacities. “During its first years of budget work CDG has developed a resolute commitment to applied budget analysis. This stems from the country’s development challenges and the first encouraging results of the organization’s budget work. Hence CDG wants to further strengthen its team and train two new researchers with specialized budget analysis and budget advocacy techniques to continue using budget work to influence the formulation and implementation of public policies and programs.”
The training was facilitated by four trainers drawn from within the IBP and from its established partners and by one trainer associated with Action Aid. Due to the intensive nature of this training course, the total number of participants at the training was restricted to a maximum of 25 persons.
At the end of the training the IBP provided follow-up assistance to some course participants. Such assistance included assigning a mentor (a budget expert drawn from the region) to work with the selected participant’s organization on a specific budget project.
For more information, contact Vivek Ramkumar at [email protected].
New Materials in the IBP Online Library
Budget Reform Guide: The New Results-Oriented Budget Approach With a Gender Perspective
By Direction du Budget du Ministère des Finances et de la Privatisation, Morocco
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) (in French)
The guide takes the readers through the basics on public budgets and the budget reform in Morocco through questions, which are answered in a simple language using many examples. The first section explains what the budget is and all the stages in the budget process. The second section focuses on the objectives and implications of the management of public funds. The third section introduces how to integrate a gender perspective into the budget process. The fourth section describes the roles the government and civil society organizations have played in the budget reform in Morocco.
Aid, Budgets, and Accountability
By Paolo de Renzio/ Centre for Aid & Public Expenditure (CAPE)
This workshop summary reviews current debates on aid modalities and Public Financial Management (PFM) reform efforts. It also examines the role of donors in promoting more robust systems and processes, which could allow for channeling increasing aid resources through national budgets and strengthen domestic accountability mechanisms. The paper mainly draws from sub-Saharan African cases and examples. In its final chapter the author offers suggestions for future applied research.