by soapbox | Sep 1, 2006
Primer estudio comparativo sobre transparencia presupuestaria en 59 países
Las últimas dos décadas han visto crecer el interés en promover el acceso público a la información presupuestaria del gobierno. Este interés refleja la noción de que el acceso a la información sobre presupuestos gubernamentales y actividades financieras es fundamental para asegurar que los gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos. El acceso oportuno a dicha información permite a los ciudadanos participar y entender las decisiones políticas con profundo impacto en la vida diaria.
Este interés también refleja avances en la escena global. La apertura hacia los valores de la democracia durante los años noventa centró su atención en temas como el combate a la corrupción, asegurar el acceso a servicios públicos y al desarrollo comunitario. Además, una serie de crisis financieras durante la década de los noventa hizo que la comunidad internacional se preocupara por las consecuencias de la falta de transparencia gubernamental y rendición de cuentas financiera en los países afectados.
En respuesta a este escenario el IBP comenzó a desarrollar una encuesta que constituye la base del presente estudio en 2002. Durante los últimos dos años, el IBP ha trabajado con la sociedad civil y socios académicos en 59 países para recopilar información comparativa para implementar la encuesta y analizar los resultados.
El Índice de Presupuestos Abiertos es el primer índice que evalúa a los países sobre qué tan abiertos son los informes del presupuesto a los ciudadanos. En tanto que el índice encuentra que la mayoría de los países ofrecen por lo menos alguna información a sus ciudadanos sobre el presupuesto, la mayoría no ofrece la información básica para una buena gobernabilidad.
“En 53 de los 59 países examinados, los ciudadanos están limitados por la falta de acceso a la información. En 10 países las cuentas del gobierno son libros cerrados,” dice Warren Krafchik, director del Proyecto Internacional de Presupuesto, quien coordinara ciertos aspectos del índice. “La marcación obtenida en el Índice de Presupuestos Abiertos mide el compromiso del gobierno a la rendición de cuentas y transparencia.”
El Índice de Presupuestos Abiertos ofrece a los ciudadanos, legisladores y activistas de la sociedad civil información práctica y comprensiva para medir el compromiso de un gobierno a la transparencia y rendición de cuentas del presupuesto. Con este tipo de información todos los activistas de desarrollo y organizaciones de ayuda financiera pueden identificar reformas presupuestarias significativas en determinados países y aumentar el impacto de su trabajo para el desarrollo.
El Índice de Presupuestos Abiertos 2006 fue calculado por el IBP con base en cuestionarios detallados que fueron completados por expertos locales en los 59 países participantes. El índice evalúa la disponibilidad de documentos presupuestarios clave, la cantidad de información que ofrecen y la oportunidad de su difusión a los ciudadanos a fin de ofrecer información confiable sobre el compromiso de cada país para publicar el presupuesto.
“El tener acceso a la información nos da voz respecto al presupuesto de nuestro país; nos permite impulsar cambios para mejorar el nivel de vida de la gente en México,” dijo Helena Hofbauer, directora ejecutiva de FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, que llevó a cabo la investigación en México. “Sin información, no tenemos voz y el Índice de Presupuestos Abiertos ofrece información independiente y precisa a fin de que podamos saber qué reformas son necesarias.”
Para los 59 países encuestados, los principales resultados del Índice de Presupuestos Abiertos 2006 son los siguientes:
Sólo seis de los países — Francia, Nueva Zelanda, Eslovenia, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos — ofrecen amplia información presupuestaria para la rendición de cuentas del gobierno.
Más del 50 por ciento (32) de los países — no publican todos los reportes presupuestarios clave que producen. Estos gobiernos producen la información para su uso interno o para donadores internacionales pero no la ponen al alcance de los ciudadanos.
Seis países mantienen sus presupuestos en secreto hasta después de que el legislativo aprueba el presupuesto – limitando por completo cualquier posibilidad de participación pública en el presupuesto (Angola, Burkina Faso, Chad, Egipto, Mongolia y Vietnam).
Casi la mitad de los países (25) no ofrecen audiencias públicas para discutir el presupuesto.
En 16 países el ejecutivo puede despedir a la cabeza de la auditoría externa sin necesidad de tener el consentimiento del poder legislativo o judicial. La inhabilidad de ofrecerle seguridad al jefe de la agencia de auditoría nacional indica la falta de una garantía institucional fundamental que proteja la independencia de la oficina de auditoría del ejecutivo.
“Queda mucho trabajo por hacer en todo el mundo antes de que los presupuestos sean un libro abierto para los ciudadanos,” dijo Pamela Gómez, líder del proyecto de la Iniciativa de Presupuestos Abiertos en el IBP. “Pero los países pueden obtener reformas importantes simplemente con publicar los documentos presupuestarios que ya producen. Con este pequeño cambio, más de la mitad de los países del mundo pueden mejorar su desempeño y los ciudadanos estarían mucho mejor informados sobre el presupuesto.”
Para ver el reporte 2006, imágenes de alta resolución de los resultados de la Iniciativa de Presupuestos Abiertos, información sobre las organizaciones de la sociedad civil de 59 países y materiales disponibles en árabe, español, francés, portugués y ruso, favor de visitar la siguiente dirección https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/. Para mayor información, enviar un mensaje a: [email protected].
Porto Alegre lucha por la transparencia y rendición de cuentas por Sergio Baierle, CIDADE
La planeación y ejecución del presupuesto no siempre cumplen con las promesas de las campañas electorales y Porto Alegre, Brasil — la ciudad que viera nacer a los presupuestos participativos (PB) — no es la excepción. Después de 16 años de administraciones del Partido del Trabajo, Porto Alegre tiene un nuevo gobierno desde 2005. El alcalde José Fogaça del Partido Popular Socialista (PPS) prometió durante su campaña electoral mantener al PB así como responder a la crisis fiscal de la ciudad y ponerle fin a la sobre-politización del gobierno. Sin embargo, hoy en día los ciudadanos de Porto Alegre luchan por mantener con vida al PB.
PB se funda en cuatro principios fundamentales: participación directa en la toma de decisiones del gobierno, auto-regulación con base en justicia social, completa apertura presupuestaria y rendición de cuentas del presupuesto. En tanto que ninguno de estos principios se ha realizado al cien por ciento, entre 1988 y 2003 PB tuvo éxito en cambiar las prioridades presupuestarias de la ciudad en favor de las áreas más pobres tal como lo demuestra el siguiente cuadro:
Source: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
No obstante, Porto Alegre hizo frente al empeoramiento de las condiciones fiscales a principios del nuevo milenio debido a factores como los altos costos del cuidado de la salud y la reducción de la asistencia estatal. De 2002 a 2004, la ciudad enfrentó al déficit presupuestario y se vio forzada a retrasar la implementación de proyectos de PB. En 2005, el ajuste fiscal se impuso sobre las prácticas de PB cuando la ciudad generó un superávit mediante recortes al gasto social y otros servicios básicos como la recolección de basura.
Investment, Nominal Surplus/Deficit and Debt Service as Percentage of Total Yearly Revenue
Source: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
En 2006 la ciudad no publicó el plan de inversión anual sino hasta después de varios meses de haber comenzado el año. Lejos de ser transparente, la información del presupuesto no se distribuyó lo suficiente. El gobierno dijo haber ejecutado 199 proyectos de PB, pero el Centro de Asesoría y Estudios Urbanos (CIDADE) sólo identificó 48 proyectos. CIDADE sigue esperando una explicación del gobierno sobre esta discrepancia desde abril. La publicación de las reuniones del consejo de PB — que debería de estar disponible en internet — se ha retrasado más de seis meses aumentando la tensión durante las sesiones de PB.
En 2006 el parlamento local pasó una ley para posponer la fecha en la que el alcalde debe de dar a conocer su propuesta presupuestaria anual, sin existir una razón legítima para este cambio. El alcalde no necesita tiempo adicional para preparar el presupuesto ya que las discusiones del alcalde con los delegados y consejeros de PB sobre el presupuesto no han aumentado y el retraso en la entrega del presupuesto al parlamento limitará las oportunidades para hacer revisiones por parte del parlamento y del público en general.
Además el gobierno presentó dos versiones diferentes de su presupuesto 2006, una a los participantes de PB y otra al parlamento local. Cuando esto salió a la luz el gobierno se disculpó sin darles a los participantes de PB una copia de la versión presentada al parlamento. La versión recibida por los participantes de PB no incluye datos sobre exenciones de impuestos y metas sociales.
Estos problemas están afectando los esfuerzos de PB. La vivienda ha sido una de las prioridades de PB desde 2002 (ver tabla de arriba), pero cuando los consejeros de PB vieron la propuesta del gobierno sobre vivienda en su plan de inversión 2007, se dieron cuenta de que los datos del gobierno sólo atendían el proyecto integral para la entrada de la ciudad que incluye el desarrollo de zonas de favelas que están a la vista de los visitantes al entrar a la ciudad. La oficina del alcalde argumentó que la crisis fiscal impide inversiones adicionales en programas de vivienda. Cabe mencionar que el alcalde también propone gastar varios millones de dólares en consultores y expertos para mejorar la administración de la ciudad, incluyendo asociaciones público-privadas. (A pesar de que el alcalde estuvo de acuerdo en reasignar varios millones para financiar algunas prioridades presupuestarias básicas, la cantidad fue muy pequeña considerando que se trata de un presupuesto de más de $1 billón.
Conforme se desarrolla el ciclo anual de PB continúan las reuniones regionales y temáticas. Y conforme los participantes de PB aumentan sus críticas al gobierno, el gobierno aumenta sus amenazas de reducir su poder. Esto demuestra que así como en los negocios nada es gratis, en la política la legitimidad tampoco es gratuita.
Para mayor información, contactar a Sergio Baierle a [email protected].
¿Quién monitorea los fondos de VIH/SIDA en Nigeria? Historias de tres organizaciones de la sociedad civil por Bimbola Adewumi, Anselm Nwoke y Ufon Udofia
Este artículo presenta novedades de tres organizaciones — “AIDS Alliance Nigeria,” “Human Support Services” y “Journalists Against AIDS” — sobre sus esfuerzos por monitorear los fondos de VIH/SIDA en Nigeria. Este trabajo es importante no sólo debido a la gran cantidad de dinero que recibe este país para el combate del VIH/SIDA ($141 millones de parte de Global Fund solamente); sino por el alarmante número de nigerianos que viven con VIH/SIDA (2.9 millones en una población de 133 millones). Tanto los donatarios como la gente que padece la enfermedad quieren asegurarse de que la mayor cantidad posible de dinero sea destinada para beneficiar directamente a aquellos afectados por la enfermedad.
A pesar de que el gobierno de Nigeria ha hecho un esfuerzo nacional desde 1999 para combatir el VIH/SIDA, existen amplias brechas en la provisión de servicios básicos de prevención, apoyo y tratamiento de la enfermedad a nivel comunitario. Con una población total de 133 millones, por ejemplo, Nigeria sólo cuenta con 75 sitios de tratamiento antiretroviral.
De acuerdo con Theresa Guthrie del Centro para la Gobernabilidad Económica y SIDA en África “Centre for Economic Governance and AIDS in Africa,” el seguimiento del flujo de recursos puede mejorar el cuidado de pacientes con SIDA al identificar a los proveedores y usuarios de los servicios, cuantificar los servicios prestados con dichos recursos, identificar las áreas que no han recibido recursos y medir tendencias a través del tiempo. Existen esfuerzos de parte de la OCDE, el Instituto Demográfico Interdisciplinario de los Países Bajos y la Organización Mundial de la Salud para monitorear los recursos destinados al VIH/SIDA en África en general.
AIDS Alliance Nigeria, por Anselm Nwoke
Los niveles de SIDA han aumentado estrepitosamente en todas las comunidades de Nigeria, arrasando con los sueños del futuro. Recientemente, la esperanza llegó con el descubrimiento de medicamentos antiretrovirales que aumentan la expectativa de vida. Para lograr que estos medicamentos sean más accesibles, particularmente a la gente de países con recursos limitados, el financiamiento para actividades de VIH/SIDA se ha orientado a ofrecer tratamientos antiretrovirales (ARV) a aquellos necesitados.
En 2002 el gobierno de Nigeria inició un programa de tratamiento ARV para brindar medicamentos a 10,000 adultos y 5,000 niños en un período de un año. El programa se detuvo en 2004 cuando la insuficiencia de medicamentos retrasó el tratamiento de algunas personas por casi tres meses. No obstante el programa se reanudó cuando se recibieron más medicamentos.
Desde la creación del Fondo Global y el Plan de Emergencia Presidencial para el Alivio del SIDA, la asistencia financiera para el tratamiento ARV y otras actividades relacionadas al VIH/SIDA han aumentado más de $285 millones en 2005, mientras el financiamiento de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos creció de $2.7 millones en 1999 a $34.5 millones en 2005. En respuesta, el gobierno también aumentó su financiamiento mediante el Comité de Acción Nacional sobre SIDA (NACA) de 1 billón de naira nigerianos en 2003 a 1.47 billones en 2006.
Sin lugar a dudas, las contribuciones de la sociedad civil han enriquecido el presupuesto gubernamental 2006. En la mayoría de los casos, los fondos para las actividades de VIH/SIDA están escondidos en el presupuesto con otras actividades y la cantidad exacta de recursos destinados al VIH/SIDA no es fácil de discernir.
Alianza para el SIDA en Nigeria “AIDS Alliance Nigeria” cree que las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un papel mucho más importante en asegurar la rendición de cuentas, transparencia y alta calidad en el servicio si trabajan con el gobierno para construir una relación de confianza y respeto. Con esto en mente, AIDS Alliance ha comenzado a darle capacitación a organizaciones de la sociedad civil, agencias gubernamentales y grupos que representan a pacientes con VIH/SIDA para el monitoreo del presupuesto. La primera fase del proyecto fue la publicación de “VIH/SIDA: El peso de la enfermedad y el nivel de financiamiento en Nigeria, 1998-2004,” seguido por un taller sobre seguimiento de fondos públicos que los participantes del grupo nigeriano de activismo y monitoreo de recursos (“Nigeria Resource Tracking and Advocacy Group”) ofreció en seis estados.
El financiamiento para el SIDA en Nigeria casi se ha cuadruplicado en años recientes. El reto ahora es obtener más recursos y hacer que los fondos existentes sean gastados conforme a su objetivo original. En otras palabras, las principales tareas son asegurar la rendición de cuentas y transparencia en la asignación de recursos, ejecución del gasto e implementación.
Human Support Services, por Ufon Udofia
Servicios de Apoyo Humano “Human Support Services” (HSS), una ONG dedicada a las necesidades de grupos marginados en Lagos, Nigeria trabaja sobre cuestiones relacionadas con la salud, democracia, gobernabilidad y desarrollo. El trabajo de salud de HSS se enfoca en salud reproductiva y en la prevención de VIH/SIDA.
HSS colabora con la sociedad civil en Nigeria en el proyecto “Aumentar la participación de la sociedad civil en la evaluación y monitoreo de la movilización y utilización de recursos sobre el impacto del VIH/SIDA in Nigeria.” El proyecto se esfuerza por aumentar las asignaciones de recursos hacia VIH/SIDA y asegurar un uso más eficiente de dichos recursos en los estados nigerianos de Lagos (Ikeja), Gombe, Cross River, Enugu y Plateau.
El proyecto busca aumentar la transparencia y rendición de cuentas de cuerpos públicos, socios de desarrollo internacional y ONGs involucradas en la movilización, asignación y uso de fondos para el combate del VIH/SIDA. El proyecto busca construir relaciones entre la sociedad civil y el gobierno para crear un sistema de respuesta efectivo y crear modelos de “mejores prácticas” para monitorear recursos a nivel nacional, estatal y local.
La necesidad de un proyecto nace de la declaración de Abuja sobre SIDA, tuberculosis, malaria y otras enfermedades infecciosas (“Abuja African Heads of State Declaration on VIH/SIDA, TB, Malaria and other Infectious Diseases”) en 2001, en donde Nigeria y otros miembros de la Organización de Unidad Africana (http://www.un.org/ga/aids/pdf/abuja_declaration.pdf) se comprometieron a aumentar el presupuesto de salud y utilizar estos recursos adicionales junto con el aumento de fondos de parte de agencias financiadoras y organizaciones multilaterales a fin de alcanzar las metas del milenio.
HSS cree que es muy importante construir la capacidad de la sociedad civil para jugar un papel más activo como vigilantes sobre los recursos de VIH/SIDA. Por ello, el proyecto hasta el momento se ha concentrado en capacitar a los grupos de la sociedad civil en temas de finanzas públicas y análisis presupuestario a niveles estatal y local.
Además, el proyecto creó el Comité de Acción Comunitaria sobre SIDA, que capacita a facilitadores comunitarios para atender cuestiones de VIH/SIDA en comunidades locales. Estos facilitadores reportan que el proyecto ha desarrollado su capacidad — y les ha permitido, por ejemplo, despedir al jefe de gobierno en Ikeja quien ni era transparente, ni rendía cuentas a la comunidad. Podemos mencionar otros logros como:
- la capacitación de ocho facilitadores comunitarios sobre análisis de finanzas públicas con énfasis en el seguimiento presupuestario para el combate del VIH/SIDA
- la encuesta a donatarios para darle seguimiento al flujo de recursos destinados al VIH/SIDA
- el análisis de presupuestos estatales y locales de 2000 a 2005
- el activismo con los medios y con el poder legislativo para aumentar las asignaciones de recursos de VIH/SIDA y hacer que el uso de recursos sea más eficiente
Journalists Against AIDS, por Bimbola Adewumi
Periodistas en contra del SIDA “Journalists Against AIDS” (JAAIDS) (www.nigeria-aids.org) se fundó en 1997, después de que el SIDA cobrara la vida de Fela Anikulapo-Kuti, uno de los músicos y pacifistas más populares de Nigeria. Omololu Falobi estableció JAAIDS para servir como plataforma al activismo de los medios sobre VIH/SIDA.
En 1998-1999, JAAIDS llevó a cabo seminarios y habló con editores y reporteros sobre sus necesidades y limitaciones para cubrir el tema del SIDA. En colaboración con el sindicato de periodistas nigerianos en Lagos, JAAIDS también facilitó un diálogo entre los trabajadores de SIDA, reporteros y editores sobre la realidad de la pandemia ofreciendo valiosa información a más de 900 periodistas.
JAAIDS fue instrumental en la formación del Movimiento de Acción para el Tratamiento y del grupo (“Nigeria HIV Vaccine and Microbicide Advocacy Group”), que trabaja en temas relacionados con la prevención, tratamiento y cuidado del VIH/SIDA y continúa jugando un papel importante en la formación de capacidades de activismo de la sociedad civil alrededor del VIH/SIDA a niveles nacional y regional. JAAIDS también ayudó a establecer la coalición africana de la sociedad civil sobre VIH/SIDA, que tuvo gran influencia en los resultados del encuentro africano sobre SIDA, tuberculosis y malaria 2006 (“African Union Summit on AIDS, TB and Malaria”) y el encuentro de las Naciones Unidas 2006 sobre SIDA. Hasta el mes de diciembre 2005, JAAIDS fungió como representante africano del programa coordinador de UNAIDS.
Entre los proyectos de JAAIDS podemos mencionar las actividades de incidencia presupuestaria y monitoreo del gasto de VIH/SIDA. A través del MONITOR (una iniciativa de monitoreo para fortalecer la rendición de cuentas y vigilar la implementación de la respuesta nacional del VIH/SIDA) JAAIDS lleva a cabo estudios de investigación que analizan la efectividad del gasto y promueven la rendición de cuentas del gasto hacia el combate del SIDA en Nigeria. El estudio de JAAIDS sobre las asignaciones de VIH/SIDA en el presupuesto 2006 ha ayudado a cimentar la credibilidad de la organización en esta área de trabajo.
JAAIDS se encuentra preparando un estudio denominado “El Comité de Acción Nacional sobre SIDA (NACA) y la Respuesta Financiera de Socios en el Desarrollo del VIH/SIDA en Nigeria: 2002 – 2006.” El estudio presenta estimaciones del gasto para la prevención, cuidado e investigación de parte de gobiernos donadores, organizaciones multilaterales y fundaciones privadas para ayudar a los políticos y activistas a comprender el estado financiero de VIH/SIDA en Nigeria. Su objetivo es generar información para mejorar la planeación y administración de programas de VIH/SIDA en Nigeria.
El estudio presenta recomendaciones que incluyen la creación de una base de datos al interior del gobierno nigeriano de todos los recursos recibidos de donatarios externos para el VIH/SIDA, lo que facilitaría la evaluación de los programas existentes de VIH/SIDA, así como la planeación de intervenciones futuras. El estudio también recomienda a todas las partes (donadores externos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del gobierno) trabajar conjuntamente mediante el intercambio de información sobre recursos disponibles. Se le recomienda firmemente a la Comisión Nacional de Planeación y al Comité Nacional de Acción sobre SIDA, ofrecer una sesión interactiva con todas las agencias financiadoras que trabajan el tema de VIH/SIDA en Nigeria para explicar sus operaciones y funcionamiento. Si los donatarios potenciales pudieran ponerse en contacto directamente con el Comité de Acción Nacional sobre sus planes, se evitaría la duplicación de esfuerzos y sobresaturación de fondos en ciertas áreas.
ONG del Perú ofrece premio a las mejores prácticas gubernamentales por Caroline Gibu, Ciudadanos al Día (CAD)
A principios de este año la organización no gubernamental peruana Ciudadanos al Día (CAD), anunció la segunda premiación de mejores prácticas gubernamentales. Los premios están diseñados para resaltar las actividades que tienen un impacto positivo en la vida de los peruanos y que pueden ser replicadas por otras instituciones para generar incentivos que mejoren la relación entre el gobierno y los ciudadanos, así como señalar lo que queda por hacer y lo que no funciona bien.
Entre las iniciativas de administración pública nominadas para la premiación se pueden mencionar:
- La provincia municipal de Ferreñafe creó la página de Internet (http://www.muniferrenafe.gob.pe) para satisfacer los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta página sirve como un portal de información en donde los ciudadanos pueden ver a su distrito desde una perspectiva administrativa y cultural. La página ofrece información sobre los salarios de los empleados públicos, los cheques que el gobierno firma cada día y la agenda de trabajo del alcalde.
- Un municipio transformó su problema de basura al crear una planta de tratamiento de desechos. La población del distrito de Independencia en Huaraz estaba siendo afectada por la contaminación de desechos sólidos que representaban un peligro a la salud pública y medio ambiente. La mayoría de los desechos sólidos eran depositados en los ríos que atraviesan la ciudad o permanecían al aire libre en depósitos clandestinos. Por ello el municipio implementó el Proyecto Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de Independencia (PIGARSI). El proyecto logró mejorías al medio ambiente; la producción y comercialización de 6.6 toneladas diarias de abono orgánico – 3.6 de los cuales serían utilizados en la producción de avena, espinacas y alcachofas – y la comercialización de 1.5 toneladas diarias de residuos inorgánicos (plástico, vidrio, latas, etc.), equivalente a ingresos de más de 790 mil nuevos soles al año (aproximadamente 245,000 dólares).
- Un grupo de 15 ministerios gubernamentales participaron en la compra conjunta de bienes. La transacción generó ahorros gubernamentales de 450 mil nuevos soles (aproximadamente 140,000 dólares). Con ello se mejoró la eficiencia y transparencia de las adquisiciones y contratos gubernamentales.
Aunque este es el primer concurso en Perú diseñado para mejorar la administración gubernamental, CAD ha identificado por lo menos otros 45 países que han implementado programas similares como Canadá, Francia, el Reino Unido, Sudáfrica y los Estados Unidos. Algunos de estos programas son promovidos por agencias gubernamentales, otros por universidades, fundaciones o agencias multilaterales como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Todos son diseñados para recopilar información, compartir mejores prácticas y crear incentivos para hacer que la administración pública avance. (Ver por ejemplo: “Impumelelo. Innovations Award Trust”: http://www.impumelelo.org.za, una base de datos sobre mejores prácticas en la prestación de servicios sociales en Sudáfrica que forma parte de un grupo de programas similares que operan en Brasil, Chile, Filipinas y Estados Unidos.
CAD lanzó el programa de premiación en enero 2005 en colaboración con el grupo no lucrativo Defensoría del Pueblo y con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC) con el apoyo de los medios nacionales e internacionales. Un equipo de asistencia técnica formado por personalidades de la academia, el sector privado, la sociedad civil y el sector público identificaron a las 78 mejores prácticas gubernamentales de donde se seleccionaron a veinte ganadores entre los que se encontraban municipios, gobiernos regionales, agencias reguladoras, ministerios y compañías públicas. (El jurado sólo evaluó las prácticas nominadas, sin tomar en cuenta el desempeño de las entidades en su totalidad.) Este año el número de nominaciones aumentó a 171 de las cuales 12 recibieron premios.
CAD surge para promover la transparencia, la participación y administración del sector público
CAD se fundó en 2002 por profesionales de varias disciplinas con experiencia en la administración pública. Sus objetivos son promover los debates públicos sobre transparencia fiscal y participación ciudadana para desarrollar propuestas políticas para mejorar la calidad de la administración pública y aumentar la participación ciudadana en la administración. CAD publica reportes y boletines que analizan el presupuesto, la calidad del gasto gubernamental, el nivel de la transparencia fiscal y la eficiencia de procesos administrativos.
Todos los productos de CAD están dirigidos a los ciudadanos. De acuerdo con Beatriz Boza, fundadora y directora ejecutiva de CAD, la organización busca promover cambios en la administración pública al introducir información útil en los medios y debates públicos para que se implementen por los tomadores de decisiones.
Una de las herramientas de la organización se llama RankingCAD. Esta metodología compara el nivel de la transparencia presupuestaria y disponibilidad de información en municipalidades, compañías públicas o gobiernos regionales que ofrecen servicios similares a los ciudadanos. Esta metodología permite comparar distintos indicadores de gasto y transparencia. Por ejemplo, un reporte sobre el gasto del ejecutivo examinó qué porción del presupuesto de las compañías públicas se destinó al gasto corriente y se recomendó que dichos gastos se redujeran en un 20 por ciento para cubrir el déficit financiero público del año fiscal en cuestión. Como resultado, el Ministro de Economía y Finanzas promovió un recorte del 10 por ciento logrando ahorros inesperados de más de 115 millones de nuevos soles.
Otra herramienta de difusión y capacitación de CAD es la organización de talleres para funcionarios públicos. El verano pasado CAD invitó a casi 600 funcionarios públicos a participar en talleres sobre mejores prácticas en 11 ciudades del país. Los talleres incluyeron presentaciones de los ganadores de la premiación a las mejores prácticas gubernamentales 2005 y llamó la atención de los participantes sobre las percepciones del gobierno y la necesidad de trabajar hacia un modelo centrado en el servicio a la ciudadanía. Los asistentes estuvieron de acuerdo en que el mejoramiento de la eficiencia de los servicios en Perú tiene poco que ver con los cambios en las leyes o en el presupuesto, pues más bien es el resultado de voluntad política y liderazgo.
CAD no sólo trabaja para identificar y difundir prácticas gubernamentales; sino para generar su demanda. CAD cree que cada ejemplo de una buena práctica está relacionado con el cumplimiento de un derecho humano. La gente tiene el derecho a saber cómo el gobierno hace uso de los recursos públicos y saber si estos recursos serán utilizados eficientemente; también tiene el derecho al acceso de servicios públicos adecuados y a infraestructura. En síntesis, CAD espera darle a la gente información que le permita exigir el cumplimiento de sus derechos.
Para mayor información, contactar a CAD [email protected].
Creativas ideas y herramientas en Internet para analistas del presupuesto
A continuación presentamos algunos recursos para organizaciones de la sociedad civil y expertos presupuestarios disponibles en Internet. Usted o su organización podrían interesarse en utilizar o en copiar algunas de estas ideas para la planeación o diseño de sus actividades de incidencia, alfabetización presupuestaria o desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas.
- El ciber-presupuesto “Cyber-Budget” (http://www.cyber-budget.fr/) es un video-juego desarrollado por el gobierno francés para enseñarle a la gente cómo funciona el proceso presupuestario en Francia al convertir al jugador en el ministro de finanzas. Los jugadores deben completar cuatro misiones, siguiendo las diferentes fases del calendario presupuestario mientras se mantiene un presupuesto balanceado. Esto implica desarrollar un presupuesto, defenderlo de los cambios del parlamento, así como ejecutarlo mientras van sucediendo cosas inesperadas que los políticos deben enfrentar en la vida real. Como incentivo para completar el juego aquellos con puntajes altos se hacen acreedores a recibir una sorpresa.
- La calculadora anticorrupción “Anti-Corruption Internet Database’s Corruption Calculator” (http://www.antigraft.org/wangonet/corruptioncalculator) busca ilustrar el costo anual de la corrupción en Nigeria. Los usuarios ingresan cantidades de recursos destinados a proyectos específicos de obras públicas y la calculadora demuestra la cantidad de dinero perdida debido al mal manejo de recursos y corrupción. El usuario de la calculadora puede ver cuántos hospitales, escuelas, kilómetros de carreteras y otros servicios se hubieran podido crear si los fondos hubieran sido gastados de manera apropiada.
- Latinobarómetro (http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp) es una base de datos de opinión pública que se completa cada año con más de 19,000 entrevistas en 18 países latinoamericanos que en su totalidad tienen más de 400 millones de habitantes. La información puede ser utilizada para crear índices sobre desarrollo económico y democrático para el uso de gobiernos, ONGs, organizaciones internacionales y medios de comunicación. Latinobarómetro es un producto de la organización no gubernamental Latinobarómetro, con base en Santiago de Chile.
- Afrobarómetro (www.afrobarometer.org) es una serie de encuestas conducidas en18 países en el este, oeste y sur de África que explora las percepciones de los ciudadanos sobre la manera en que sus países están siendo administrados económica, política y socialmente.
Por favor enviar un mensaje a [email protected] si desea compartir otros recursos interactivos que sean de utilidad para quienes trabajan con presupuestos.
Recientes revelaciones de reportes de auditoría, HakiElimu, Tanzania (Primera Parte)
El Contralor y Auditor General (CAG) es el vigilante oficial de finanzas públicas en Tanzania. Cada año CAG inspecciona las cuentas de todas las oficinas del gobierno y da a conocer reportes que se presentan al parlamento. Los reportes de CAG contienen información crítica que puede ayudar a mejorar la rendición de cuentas y gobernabilidad. No obstante, los reportes de auditoría no son del dominio público y, con frecuencia, no desembocan en acciones correctivas o disciplinarias.
Es por esto que HakiElimu decidió producir una serie de panfletos para circular más ampliamente la información de la auditoría a fin de promover la comprensión, el debate y acción pública. Los panfletos cubren los resultados de la auditoría del gobierno central y local para los tres últimos años (años financieros 2003, 2004 y 2005) que cuentan con información pública disponible. Toda la información de los panfletos proviene directamente de los reportes de auditoría que se encuentran disponibles al público en Tanzania y que, recientemente, se han puesto en Internet por otra ONG local llamada REPOA (Investigación sobre el Alivio de la Pobreza “Research on Poverty Alleviation”), en su boletín de noticias sobre gobernabilidad en Tanzania (http://www.repoa.or.tz/tgn/index.php).
En 2004/05, el año más reciente que se ha auditado, 54 autoridades del gobierno local “Local Government Authorities” (LGAs) y 28 ministerios del gobierno central, departamentos y agencias (MDAs) no recibieron reportes de auditoría “limpios.” A pesar de que hay mejorías, estos reportes demuestran que el gobierno necesita mejorar su papel como administrador de fondos públicos.
Algunos puntos de interés son los siguientes:
- Altos funcionarios gubernamentales, tales como el primer ministro y el vice-presidente obtuvieron reportes limpios en los tres años y pudieron rendir cuentas sobre el dinero gastado.
- El Ministro de Trabajo no pudo explicar el gasto de 28 billones de shillings en 2004/05, casi la mitad de su presupuesto no-salarial.
- LGAs no pudieron explicar casi 15 billones de shillings equivalente a 10 por ciento de sus presupuestos no-salariales en 2004/05.
Los panfletos demuestran la opinión del auditor para cada MDA o LGA y ofrecen calificaciones para los MDAs y LGAs de “mejor” a “peor” en términos de “gasto cuestionable” – a criterio del auditor.
Los panfletos se lanzaron el martes 17 de noviembre en el Centro Internacional de Conferencias de Dar es Salaam en donde el director ejecutivo de HakiElimu, Rakesh Rajani, presentó los resultados. Al evento asistieron cerca de 70 personas, entre los que se encontraban periodistas, organizaciones de la sociedad civil y donatarios y hubo una amplia cobertura de parte de los medios. “Auditoría expone cómo se pierden billones del pago de impuestos,” fue el título de un reportaje en la primera plana del periódico en inglés The Citizen. Otro artículo en el mismo periódico citó a Rajani quien explicó “el despilfarro de fondos públicos por parte de algunas autoridades.” Otros periódicos también cubrieron el evento; The African anunció que “Más de 218bn/- no están justificados.” Un periódico condujo una entrevista a fondo con John Momose Cheyo, líder del comité de cuentas públicas en el parlamento. HakiElimu recibió noticias de que hasta el mismo presidente solicitó copias de los panfletos.
HakiElimu realizó este proyecto para alertar a los medios, funcionarios del gobierno y al público en general sobre el contenido de los reportes de auditoría y para demostrarle a los miembros de la sociedad civil el tipo de información disponible en el boletín de noticias sobre gobernabilidad en Tanzania y cómo utilizarla. HakiElimu planea preparar un breve reporte con base en los panfletos con gráficos y texto adicional que se presentarán en el siguiente boletín del IBP.
Talleres presupuestarios en Argentina, Azerbaiyán y Turquía
BUENOS AIRES, ARGENTINA
La ONG mexicana Fundar-Centro de Análisis e Investigación, el Proyecto Internacional de Presupuesto y el Programa Internacional de Pasantía y Derechos Humanos “Human Rights Internship Program” llevaron a cabo el segundo programa internacional sobre análisis presupuestario y derechos económicos sociales y culturales en Buenos Aires, Argentina, del 2-11 de octubre. El evento tuvo lugar en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Veinte activistas de alrededor del mundo fueron invitados a participar. La mayoría trabajan con grupos de derechos humanos, pero dos de ellos trabajan con grupos presupuestarios de la sociedad civil. Un miembro de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos también estuvo presente.
El programa de diez días fue diseñado para vincular directamente el trabajo de derechos humanos que realizan los participantes en sus países de origen. Mediante el uso de datos presupuestarios de un país ficticio, así como estudios de caso de la vida real de los países de los asistentes, se examinó la relación entre los derechos humanos y los presupuestos. También se analizó el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos del gobierno conforme a lo establecido en las respectivas constituciones y tratados internacionales de derechos humanos.
El programa también revisó estructuras y procesos presupuestarios, el ciclo del presupuesto, los actores del presupuesto y lo que una ONG puede lograr mediante el análisis y monitoreo presupuestario. Los participantes dedicaron dos días a conocer herramientas específicas para el análisis de presupuestos (como desarrollar cifras per cápita) y dos días a la aplicación de los conocimientos adquiridos al analizar dos estudios de caso hipotéticos, (uno sobre gasto de VIH/SIDA y tuberculosis y otro sobre gasto en educación) a fin de preparar una presentación a los medios, funcionarios gubernamentales y otras ONGs.
Los organizadores del programa siguieron el modelo del primer programa que tuvo lugar en el 2005 y decidieron agregar tres días al curso para poner en práctica las herramientas de análisis de presupuestos, desarrollar una mejor comprensión de las diferentes herramientas y utilizarlas para promover esfuerzos de activismo.
Los participantes anticipan emplear lo aprendido en el curso de varias maneras como promover el monitoreo del gasto en salud en la India, poner a prueba los recientes cambios en la ley sobre los servicios de salud en Egipto, promover el monitoreo del gasto del gobierno de la ciudad de San Francisco (EUA) en relación a los compromisos de la ciudad sobre derechos humanos y asistir el monitoreo de la implementación del derecho a la comida en Brasil. Los organizadores del programa buscarán seguir ayudando a los participantes mientras éstos aplican las lecciones del programa.
Para información sobre próximos cursos, contactar a Ann Blyberg [email protected].
BAKU, AZERBAIYÁN
El Grupo Nacional de Presupuesto (NBG) en Azerbaiyán recientemente invitó al IBP a coordinar un taller de cuatro días para miembros de la red. Este taller será complementado con un segundo taller para NBG sobre activismo presupuestario que se llevará a cabo en Washington, D.C., a finales de noviembre. Creado en abril 2006, NBG es una red integrada principalmente por ONGs azeris, académicos y grupos ciudadanos. Sus actividades incluyen el seguimiento de proyectos gubernamentales financiados por remesas petroleras, promoción de la transparencia presupuestaria e impartición de capacitación presupuestaria.
El taller tuvo lugar del 23-26 de agosto y fue diseñado para “entrenar a entrenadores,” es decir, que a los asistentes se les enseñó cómo realizar talleres en Azerbaiyán. Además de promover los módulos sobre activismo y análisis presupuestario el taller puso gran énfasis en el seguimiento de presupuestos y herramientas analíticas requeridas. Los módulos de seguimiento de presupuestos fueron presentados por Teresa Guthrie ([email protected]) del recientemente formado Centro para la Gobernabilidad Económica y SIDA en África “Centre for Economic Governance and AIDS in Africa.”
Para mayor información sobre el trabajo presupuestario en Azerbaiyán, contactar a Ingilab Ahmadov [email protected] o a Fidan Najafova [email protected].
Para mayor información sobre el taller, contactar a Albert van Zyl [email protected].
ANTALYA, TURQUÍA
El “Open Society Institute” (OSI) invitó al IBP a facilitar una serie de sesiones sobre incidencia y activismo presupuestario bajo el título de “Innovadoras Herramientas de Activismo y Estrategias para el Monitoreo de Recursos de Salud” como parte de la serie de seminarios del programa de salud pública de OSI. El taller se llevó a cabo en Antalya, Turquía del 26-30 de septiembre.
El principal objetivo del taller fue desarrollar estrategias efectivas de activismo para promover la transparencia en el presupuesto nacional de salud, utilizar herramientas tecnológicas de comunicación e información (ICT). Además, el taller buscó fomentar una red de ONGs y otros actores de la sociedad civil que luchan por una mayor transparencia y efectiva asignación de recursos de salud a nivel nacional, brindar un espacio para que equipos a nivel nacional avancen sus estrategias de activismo con la retroalimentación de colegas y avanzar la discusión sobre la posible colaboración transnacional para promover la transparencia de salud presupuestaria (particularmente relacionada con el VIH/SIDA).
Los participantes del taller vinieron de Azerbaiyán, Etiopía, Georgia, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Malawi, Sudáfrica y Ucrania. Los países fueron seleccionados con base en las iniciativas existentes para el monitoreo de recursos de salud y el interés de OSI en apoyar estas iniciativas.
Los moderadores del taller vinieron de la Universidad de Duke, el Instituto Parsons de Nueva York, la red de protección de consumidores (Pakistán) y TacTech (Global). La parte del taller que correspondió al IBP se enfocó en estudios de caso sobre diferentes estrategias de activismo presupuestario.
Para mayor información, contactar a Shaamela Cassiem [email protected].
Oportunidades para el trabajo de presupuestos en Camboya y Kenia
¿Puede la sociedad civil monitorear el fondo de desarrollo distrital?
En 2004 Kenia estableció el Fondo de Desarrollo Distrital o “Constituency Development Fund” (CDF) para distribuir los fondos públicos destinados a obras de desarrollo local de manera más equitativa por medio de un proceso de descentralización y una mayor participación local. Previamente, el desarrollo local y prestación de servicios no habían sido prioridad del gobierno nacional que está fuertemente centralizado. Pero mientras estos esfuerzos como el de harambees (incentivos financieros para proyectos locales como escuelas o clínicas) generan la mayor parte de la asistencia local para el desarrollo, también son víctimas de abusos. Un objetivo de CDF fue ponerle fin a la recolección forzada de fondos bajo el sistema harambee mediante la directa distribución de recursos gubernamentales a las comunidades.
Se percibe al CDF como un mecanismo más efectivo en la distribución de asistencia que la tradicional vía ministerial y ha sido aceptado por comunidades locales marginales. Desafortunadamente, se han identificado irregularidades en el manejo de CDF, como corrupción, fraude, nepotismo (de parte de miembros del parlamento que encabezan comités para la selección de proyectos), pobre planeación en la selección de proyectos y problemas en el monitoreo y vigilancia.
CDF es uno de siete fondos descentralizados creados por el gobierno de Kenia para evadir la estructura administrativa tradicional y ofrecer fondos directamente a nivel local. Desafortunadamente, no existe un marco legal para la asignación de estos recursos, ni tampoco existen criterios estandarizados para el desempeño financiero sobre su uso. El sistema presupuestario de Kenia comprende debilidades normativas dentro de la planeación financiera y sistema administrativo ya que separa al gasto corriente del gasto capital y de desarrollo y exige a todos ministerios preparar dos documentos presupuestarios cada año.
Los proyectos de desarrollo de la comunidad sugeridos por los constituyentes son enviados a una serie de comités, que juntan listas de proyectos prioritarios y evalúan si cumplen con los requisitos de CDF y las necesidades de desarrollo de la localidad en cuestión. Un comité del parlamento revisa las propuestas de los proyectos y hace entrega de una lista de las propuestas al Ministerio de Finanzas que hace entrega de los fondos a cada distrito. Los miembros del parlamento supervisan directamente a los funcionarios que implementan los proyectos evadiendo a los ministerios nacionales.
Esta estructura invierte la separación constitucional de poderes entre el ejecutivo y el parlamento ya que el legislativo termina ejecutando el programa mientras el ejecutivo los supervisa. Como resultado, las líneas tradicionales de vigilancia se hacen casi invisibles.
A pesar de que el entorno en Kenia no es muy propicio para el trabajo de la sociedad civil, existe gran entusiasmo por monitorear el CDF. Varias organizaciones de la sociedad civil han llevado a juicio a algunos miembros del parlamento por no ejecutar los proyectos de desarrollo autorizados bajo CDF. Otro ejemplo es la Comisión Nacional de Kenia sobre Derechos Humanos, una institución gubernamental independiente que has discutido la posibilidad de colaboración con grupos de la sociedad civil para monitorear el CDF y usar los resultados en reportes sobre violaciones de derechos humanos.
Además, las actividades de monitoreo de CDF presentan una oportunidad para crear campañas de base que vayan más allá de examinar cuestiones democráticas, como el acceso a la información y el proceso de toma de decisiones del gobierno.
Iniciativa presupuestaria de la sociedad civil busca oportunidades en Camboya
Para evaluar las oportunidades para realizar trabajo presupuestario en Camboya, la Iniciativa Presupuestaria de la Sociedad Civil (CSBI, por sus siglas en inglés) coordinó una misión en Phnom Penh el pasado mes de agosto con varias ONGs camboyanas, tanques de pensamiento e instituciones de investigación así como con funcionarios de organizaciones internacionales y donadores. CSBI es una asociación de donadores y organizaciones de la sociedad civil manejada por el IBP, que busca construir capacidad de análisis de presupuestos en organizaciones de la sociedad civil en algunos países de bajos ingresos como Camboya. El IBP es responsable de la coordinación de CSBI (www.internationalbudget.org/CSBI.htm).
Aunque es justo decir que Camboya ha mejorando en cuanto a gobernabilidad y rendición de cuentas desde mediados de los años noventa aún queda mucho por hacer. La pobreza se ha reducido pero la inequidad también ha crecido. Casi 85 por ciento de la población vive en zonas rurales y 35 por ciento vive por debajo de la línea de pobreza (que en Camboya equivale a 50 centavos de dólar al día).
A pesar de la situación es evidente el potencial para iniciar trabajo presupuestario de la sociedad civil en Camboya con apoyo internacional. Hay quienes sugieren que el nivel local comunitario es un buen punto de compromiso ciudadano con los temas del presupuesto y, sin duda, algunos donatarios y ONGs internacionales ya se encuentran haciendo planes para apoyar este trabajo. Otros ilustraron la necesidad de fortalecer las capacidades de vigilancia del presupuesto del legislativo. Asimismo, hay quienes se manifiestan en favor del fortalecimiento del papel de los tanques de pensamiento o instituciones de investigación que ya han comenzado a trabajar cuestiones presupuestarias.
El equipo llegó a la conclusión de que Camboya está en un momento adecuado para comenzar a realizar este tipo de trabajo debido a las siguientes razones:
- El gobierno ha adquirido mayor independencia de donadores internacionales, después de años de dependencia de la asistencia extranjera. De modo que la necesidad de que la sociedad civil sirva como contrapeso al gobierno va en aumento.
- La promesa de importantes remesas petroleras ha generado gran entusiasmo (http://www.csmonitor.com/2006/0830/p07s02-woap.html). Por ello, es muy importante construir conciencia pública sobre los retos y problemas que vendrán con la administración de estos ingresos y contar con acceso público a información sobre los mismos para evitar la famosa “maldición petrolera.”
- Existen muchas reformas y asuntos alrededor del proceso presupuestario que podrían beneficiarse de la participación de la sociedad civil. La ley nacional del presupuesto está siendo revisada y el ciclo presupuestario se está ajustando. La ley de la procuraduría está pasando por una revisión, así como la “ley orgánica” respecto a las funciones de los diferentes niveles del gobierno. La participación de la sociedad civil aumentaría la credibilidad de dichas reformas.
- La descentralización es un tema importante y algunas reformas ya se están llevando a cabo. Los consejos comunales deberán de rendir cuentas de los fondos descentralizados.
- Casi la mitad de las actividades del gobierno de Camboya — sobre todo servicios sociales — se salen del presupuesto con financiamiento directo de parte de donatarios internacionales hacia muchas cuentas a nivel ministerial. Esto representa importantes retos en términos de rendición de cuentas y sustentabilidad.
El principal reto del trabajo presupuestario de la sociedad civil en Camboya sigue siendo el acceso a la información, además de que no existe una ley del libre acceso a la información, ni el prospecto de implementarla. Sin embargo, varios contactos insistieron en que hasta los primeros pasos de la sociedad civil por comenzar a recopilar y documentar información disponible pueden ser importantes puntos de partida para la participación ciudadana en el presupuesto.
Hasta la fecha, en Camboya sólo se ha realizado investigación elemental sobre cuestiones presupuestarias. El Foro de ONGs de Camboya (www.ngoforum.org.kh) ha analizado el discurso de combate a la pobreza de presupuestos recientes y promovido mayor transparencia presupuestaria en la publicación Development Watch. El Instituto Económico de Camboya (www.eicambodia.org) documenta los ingresos del gobierno, la deuda externa y estadísticas sobre el gasto presupuestario en su publicación Cambodia Economic Watch. Asimismo “Womyn’s Agenda for Change” (www.womynsagenda.org) dio a conocer un reporte sobre educación a principios del año.
El resultado de la misión de CSBI fue promover la colaboración entre el Foro de ONGs y el Instituto Económico de Camboya sobre el futuro trabajo presupuestario. Ambas organizaciones han establecido una relación a partir de su participación en la Red de Comercio y Desarrollo Económico “Trade and Economic Development Network” (TEDN) en Camboya y cada una cuenta con experiencia en el trabajo de presupuestos. Esta asociación reúne la capacidad técnica de investigación con la capacidad de activismo y “networking” tan necesarias para aumentar la efectividad del trabajo presupuestario.
Las dos organizaciones están trabajando hacia un proyecto conjunto sobre “Apoyo al Monitoreo del Presupuesto en Camboya.” El proyecto busca atender la austera información sobre el presupuesto nacional de este país, la falta de conocimiento de las ONGs respecto al presupuesto y la falta de cooperación entre ONGs respecto a iniciativas presupuestarias. Algunos proponen actividades como:
- la creación de un centro de información presupuestaria
- la publicación de una guía ciudadana en khmer y en inglés para su uso en talleres con diversos actores y con los medios
- activismo para una mayor transparencia en áreas del presupuesto que deberían de estar abiertas al público
Esta propuesta conjunta ha sido puesta a consideración de CSBI. La revisión de propuestas no es un proceso público. En caso de aprobarse para recibir apoyo las actividades del proyecto comenzarán a finales del 2006.
Nuevos materiales en la biblioteca cibernética del IBP
“Making the Money Work for the People”
Por Bimbola Adewumi/Journalists Against Aids Nigeria
Este estudio examina cómo se gastaron los fondos asignados para programas de VIH/SIDA en el presupuesto 2006 de Nigeria y cómo las ganancias del alivio de la deuda “Debt Relief Gains” (DRGs) que Nigeria obtuvo en 2005 tuvieron un efecto en el gasto de VIH/SIDA. (En 2005, el Club Paris de países acreedores acordó cancelar $18 billones de la deuda de $30 billones de Nigeria al Club a cambio de que Nigeria comprometiera las DRGs a programas de alivio a la pobreza para alcanzar las metas del milenio.
El trabajo analiza el efecto de los DRGs sobre el presupuesto nacional y cómo esos fondos afectaron los presupuestos de los ministerios federales. También examina cómo distintos ministerios han implementado programas de VIH/SIDA. El estudio termina haciendo recomendaciones tanto para el gobierno como para la sociedad civil, incluyendo una propuesta de que los grupos de la sociedad civil reciban fondos DRG y puedan participar más ampliamente en el proceso presupuestario.
“To Pay or Not to Pay? Citizens’ Views on Taxation by Local Authorities in Tanzania”
Por Odd-Helge Fjeldstad/Research on Poverty Alleviation (REPOA)
La amplia evasión fiscal es una barrera importante en la recolección de impuestos locales en Tanzania. Este trabajo se basa en información de una encuesta ciudadana que examina las percepciones de la población de Tanzania sobre los impuestos locales a fin de resaltar los factores que afectan la normatividad fiscal. También expone el marco conceptual y analítico mediante el cual se analiza la normatividad fiscal.
“Poverty Alleviation in Rural Namibia through Improved Access to Financial Services”
Por Jonathan Adongo y Mariama Deen-Swarray/ Namibian Economic Policy Research Unit (NEPRU)
Este reporte encuentra que la población rural de Namibia tiene menos acceso a servicios financieros que en zonas urbanas y que las mejorías en este ámbito pueden aliviar la pobreza a pesar de que por si misma no sea suficiente para quienes viven en pobreza extrema.
Nueva publicación: guía para el trabajo de impuestos de las ONGs
El Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP) está por publicar la Guía para el Trabajo de Impuestos de las ONGs. Esta guía es compañera de la Guía del Trabajo Presupuestario de las ONGs que el IBP publicó en 2001. A pesar de que la guía original trataba con todos los aspectos del presupuesto, incluyendo la recaudación fiscal; se centraba sobre todo en programas de gasto. La nueva guía está dedicada por completo a asuntos de recaudación fiscal. El trabajo de impuestos es el siguiente paso lógico para la participación de la sociedad civil en el presupuesto, retomando los éxitos de los grupos de la sociedad civil sobre el impacto del gasto del presupuesto. La guía busca disipar cualquier mito alrededor de las políticas fiscales y darles a los grupos presupuestarios de la sociedad civil las herramientas necesarias para influir en la política de recaudación fiscal del mismo modo en que han logrado influir las políticas del gasto.
Las políticas fiscales tienen un impacto importante sobre muchas de las preocupaciones de los grupos de la sociedad civil. Sin duda, los grupos de la sociedad civil querrán involucrarse con temas fiscales por varias razones, tales como: asegurar que existan suficientes recursos para programas de combate a la pobreza; mejorar la distribución del ingreso y la riqueza en un país que con frecuencia no está balanceada; promover el tipo de crecimiento económico que puede beneficiar a todos los ciudadanos y favorecer la transparencia gubernamental y rendición de cuentas alrededor del presupuesto. En muchos países, los debates fiscales están dominados por empresas y personas muy ricas que con frecuencia no tienen las mismas preocupaciones como los grupos de la sociedad civil. Los grupos de la sociedad civil pueden ayudar a ampliar el debate y traer un nuevo enfoque de equidad y las necesidades de los menos privilegiados a las discusiones de política fiscal.
La Guía para el Trabajo de Impuestos de las ONGs discute cuestiones fiscales, sobre todo, impuestos como el impuesto al valor agregado y el impuesto al ingreso privado. Ofrece una descripción básica de los diferentes tipos de impuestos, discute algunos de los elementos clave alrededor de la política de impuestos y administración fiscal, ofrece ejemplos del trabajo fiscal de la sociedad civil en varios países y aporta ideas de proyectos sobre recaudación para aquellas organizaciones interesadas. Asimismo, dedica un capítulo a cuestiones de recaudación vinculada con industrias extractivas. La guía no busca cubrir todos los aspectos de la recaudación fiscal de importancia en países en vías desarrollo y economías en transición. Se enfoca, por ejemplo, en impuestos a nivel nacional o local. No obstante, ofrece una introducción que el IBP espera fomente interés y confianza entre grupos de la sociedad civil con interés en realizar análisis fiscal.
Para pedir copias de esta publicación (en inglés), enviar un mensaje a [email protected].
by soapbox | Sep 1, 2006
Tout premier classement sur la transparence budgétaire de 59 pays
Les deux dernières décennies ont vu croître l’intérêt pour la promotion de l’accès public aux informations budgétaires gouvernementales. En effet, il est peu à peu apparu que l’accès à l’information concernant les activités financières et budgétaires du gouvernement est essentiel pour faire en sorte que les gouvernements soient responsables devant leurs citoyens. Un accès opportun à cette information permet aux citoyens de comprendre et de participer aux décisions politiques qui ont un impact important sur leur vie quotidienne.
Cet intérêt est également le reflet de développements globaux plus larges. La vague d’ouvertures démocratiques dans les années 1990 a attiré l’attention sur des questions telles que le combat contre la corruption, la distribution efficace de services publics, et le développement conduit par la communauté. En outre, une série de crises financières dévastatrices dans les années 1990 a attiré l’attention de la communauté internationale sur les implications du manque de transparence et de responsabilité financière du gouvernement dans les pays affectés.
Dans ce contexte, le Projet budgétaire international (IBP) a commencé à développer en 2002 l’instrument d’enquête qui forme la base de l’étude en cours. Pendant les deux dernières années, l’IBP a travaillé avec des partenaires de la société civile ou du milieu universitaire dans 59 pays pour collecter des informations comparatives, afin d’implanter l’enquête et d’analyser les résultats.
L’Index sur le budget ouvert est le premier index à classer les pays en fonction de l’ouverture de leurs livres budgétaires aux citoyens. Tandis que l’index montre que la plupart des pays fournissent au moins certaines informations concernant le budget à leurs citoyens, la grande majorité ne fournit pas les informations de base nécessaires pour une bonne gouvernance.
«Dans 53 des 59 pays étudies, les citoyens sont limités par le manque d’accès à l’information. Dans 10 pays, les comptes du gouvernement sont des livres fermés» a expliqué Warren Krafchik, directeur du Projet budgétaire international, qui a coordonné le travail sur l’index. «Le classement d’un pays au sein de l’Index sur le budget ouvert est une mesure de l’engagement du gouvernement envers la responsabilisation et la transparence.»
L’Index sur le budget ouvert fournit aux citoyens, législateurs, et militants de la société civile, les informations complètes et pratiques nécessaires pour évaluer l’engagement d’un gouvernement envers la transparence budgétaire et la responsabilisation. Armés de ce type d’informations, les prêteurs, les défenseurs du développement, et les organisations d’aide peuvent identifier les réformes budgétaires importantes nécessaires dans certains pays, et accroître ainsi l’impact de leur travail de développement.
L’Index 2006 sur le budget ouvert a été calculé par le Projet budgétaire international qui s’est fondé sur les questionnaires détaillés remplis par des experts locaux de 59 pays participants de tous les continents. L’Index évalue la disponibilité des documents budgétaires clés, la quantité d’informations qu’ils fournissent, et le caractère opportun de leur diffusion aux citoyens, afin de fournir des informations fiables sur l’engagement de chaque pays envers la budgétisation ouverte.
«Avoir accès à l’information nous donne du poids dans le budget de notre pays. Cela nous permet de faire pression pour des améliorations dans la vie des gens au Mexique,» a expliqué Helena Hofbauer, directrice exécutive de FUNDAR Centre d’analyse et de recherche, qui a conduit la recherche au Mexique. «Sans information, nous n’avons pas de poids. L’Index sur le budget ouvert fournit des informations pertinentes, indépendantes qui nous permettent de savoir quelles réformes sont nécessaires.» Pour les 59 pays enquêtés, les principaux résultats de l’Index 2006 sur le budget ouvert incluent:
Seuls six pays – la France, la Nouvelle-Zélande, la Slovénie, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, et les États-Unis – fournissent les nombreuses informations budgétaires nécessaires pour la responsabilisation gouvernementale.
Plus de 50% (32) des pays ne mettent pas à la disposition du public l’ensemble des sept rapports budgétaires clés qu’ils produisent. Ces gouvernements produisent l’information pour leur propre utilisation interne ou pour les donateurs internationaux, mais ne la mettent pas à la disposition des citoyens.
Six pays gardent leur budget secret jusqu’à après son adoption par le pouvoir législatif – empêchant ainsi toute participation du public dans l’étude du budget (l’Angola, le Burkina Faso, le Tchad, l’Égypte, la Mongolie, et le Vietnam).
Presque la moitié (25) des pays ne tiennent pas d’audiences publiques sur le budget.
Dans 16 pays, l’exécutif peut renvoyer le chef de l’institution externe de contrôle sans le consentement des pouvoirs législatif ou judiciaire. L’incapacité à assurer la titularisation du chef de l’autorité nationale de contrôle reflète l’absence d’un mécanisme fondamental institutionnel permettant de garantir l’indépendance de l’institution par rapport à l’exécutif.
«Il reste beaucoup de travail à accomplir dans le monde pour que les budgets soient des livres ouverts aux citoyens», a déclaré Pamela Gomez, chef de projet de l’Initiative sur le budget ouvert au sein du Projet budgétaire international. «Mais les pays pourraient réaliser des réformes majeures simplement en rendant publics tous les documents budgétaires qu’ils produisent déjà. Avec ce petit changement, plus de la moitié des pays amélioreraient leur efficience et, plus important encore, les citoyens seraient significativement plus informés sur le budget.»
Pour avoir accès à l’ensemble du rapport 2006, à des images haute résolution des résultats de l’Index sur le budget ouvert, à des informations sur les organisations de la société civile participantes, et à des dossiers de presse en arabe, français, portugais, russe, et espagnol, veuillez visiter https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/. Pour davantage d’informations, envoyer un message à [email protected].
Porto Alegre lutte pour la transparence et la responsabilisation, par Sergio Baierle, CIDADE
La planification et l’exécution du budget ne sont pas toujours à la hauteur des promesses de la campagne électorale, et Porto Alegre, au Brésil – la ville qui a donné naissance à la budgétisation participative (BP) – ne fait pas exception. Après 16 années sous la loi du Parti des travailleurs, Porto Alegre connaît un nouveau gouvernement depuis 2005. Le maire actuel, José Fogaça, du Parti populaire socialiste (PPS), avait promis durant sa campagne électorale de conserver la BP ainsi que de faire face à la crise fiscale de ville et de mettre fin à ce qu’il appelait la surpolitisation du gouvernement. Aujourd’hui cependant, les citoyens de Porto Alegre luttent pour maintenir en vie la BP.
La BP repose sur quatre principes essentiels: la participation directe dans la prise de décision gouvernementale, l’autorégulation fondée sur la justice sociale, l’ouverture complète du budget, et la responsabilisation gouvernementale. Alors qu’aucun de ces principes n’a été complètement réalisé, entre 1988 et 2003 la BP est tout de même parvenue à orienter les priorités budgétaires en faveur des zones les plus pauvres de la ville, tel que le tableau ci-dessous l’indique.
Cependant, Porto Alegre a été confronté à la dégradation des conditions fiscales au début du nouveau millénaire, du fait de facteurs tels que la hausse du coût des soins de santé et une réduction de l’aide de l’Etat. De 2002 à 2004, la ville a fait face à un déficit budgétaire et a été contrainte de retarder l’implantation de projets de la BP. En 2005, l’ajustement fiscal a pris la préséance sur la BP, comme la ville produisait un surplus budgétaire du fait de réductions des dépenses sociales ou autres services essentiels, tels que le ramassage des ordures.
Investissement, surplus nominal/Déficit et service de la dette
en pourcentage du revenue total annuel
Source: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
En 2006, la ville n’a pas publié le plan d’investissement pour l’année avant que plusieurs mois aient déjà passé.
Loin d’être transparence, l’information budgétaire a été distribuée à tous avec parcimonie. Le gouvernement a déclaré qu’il avait mis en œuvre 199 projets de BP, mais le Centre de conseil et d’études urbaines (CIDADE) n’en a identifiés que 48. Le CIDADE attend encore les explications du gouvernement sur cette divergence, qui ont été promises au groupe en avril. En outre, la publication des rencontres du conseil de la BP – qui devrait être disponible en ligne – a été retardée pendant plus de six mois, ce qui a provoqué des tensions croissantes lors des sessions de la BP.
Également en 2006, le parlement local a adopté une loi pour reculer la date à laquelle le maire doit rendre sa proposition budgétaire annuelle. Il n’existait aucune nécessité légitime pour un tel changement. Le maire n’a pas besoin de temps supplémentaire pour préparer le budget, puisque les discussions du maire avec les délégués de la BP et les conseillers sur le budget n’ont pas été étendues, et reporter la soumission du budget au parlement limitera les opportunités de ce dernier et du public pour le réviser.
En outre, le gouvernement a présenté deux versions différentes de son budget 2006, l’une aux participants de la BP et l’autre au parlement local. Quand ce fait a été dévoilé, le gouvernement s’est excusé mais n’a pas fourni aux participants de la BP une copie complète de la version présentée au parlement. La version reçue par les participants de la BP n’inclut pas les données sur les objectifs sociaux.
Ces différents problèmes pèsent sur les efforts de la BP. Le logement a été la première priorité du budget depuis 2002 (voir le tableau ci-dessus), mais quand les conseillers de la BP ont observé la proposition du gouvernement pour le logement dans son plan d’investissement 2007, ils ont réalisé que les chiffres du gouvernement ne concernaient qu’un seul projet: le Projet intégré pour l’entrée de la ville, qui implique le développement d’un quartier pauvre très visible pour les visiteurs pénétrant dans la ville. L’office du maire s’est expliqué en argumentant que la crise fiscale excluait des investissements supplémentaires pour le logement, mais il faut noter que le maire propose également de dépenser plusieurs millions de dollars en consultants et experts pour améliorer la gestion de la ville, ce qui inclut des partenariats public-privé. (Bien que le maire soit d’accord pour réallouer quelques millions de dollars de ces projets afin de financer certaines priorités budgétaires de base, dans un budget de plus d’un milliard de dollars, cela reste très peu.)
Alors que se déroule le cycle annuel de la BP, les rencontres hebdomadaires régionales et thématiques se poursuivent. Mais plus les participants de la BP critiquent le gouvernement, plus le gouvernement menace de réduire leur pouvoir. Des événements récents démontrent que, tout comme dans les affaires, on ne fait pas de cadeau en politique: il n’y a pas de légitimité gratuite. Pour davantage d’informations, contacter Sergio Baierle à [email protected].
Qui gère les fonds du VIH/SIDA au Nigeria? Histoires de trois organisations de la société civile, par Bimbola Adewumi, Anselm Nwoke, et Ufon Udofia
Cet article offre une mise à jour sur trois organisations – AIDS Alliance au Nigeria, Human Support Services, et Journalistes contre le SIDA – sur leurs efforts pour surveiller les fonds consacrés au VIH/SIDA au Nigeria. Ce travail est important non seulement du fait de l’important montant du financement que le Nigeria a reçu pour combattre le VIH/SIDA (141 millions de dollars simplement du Fond global), mais aussi du fait du grand nombre de Nigériens vivant avec le VIH/SIDA (2.9 millions sur une population de 133 millions). A la fois les donateurs et les personnes contaminées veulent voir que le plus d’argent possible bénéficient directement aux personnes affectées par la maladie.
Même si le gouvernement nigérien accomplit un effort national depuis 1999 pour combattre le VIH/SIDA, de sérieux fossés demeurent dans la distribution de la prévention de base contre le VIH/SIDA, le soutien, et les services de traitement au niveau de la communauté. Avec une population totale de 133 millions, par exemple, le Nigeria ne dispose que de 75 sites de traitement antirétroviral.
D’après Theresa Guthrie de l’unité budgétaire sur le SIDA de IDASA, la surveillance des ressources peut permettre d’améliorer les soins du SIDA en identifiant les distributeurs et les receveurs des ressources, en mesurant les services atteints par ces ressources, en identifiant les zones que les ressources doivent atteindre, et en mesurant les tendances sur le long terme. Des efforts sont entrepris par l’OCDE, l’Institut démographique interdisciplinaire des Pays-Bas, et l’Organisation mondiale de la santé pour surveiller les ressources consacrées au VIH/SIDA en Afrique dans l’ensemble.
AIDS Alliance Nigeria, par Anselm Nwoke
Le VIH s’est glissé dans chaque communauté au Nigeria, balayant les rêves du futur. Récemment, l’espoir est apparu avec la découverte de traitements antirétroviraux permettant de sauver des vies. Pour rendre ces traitements plus accessibles, particulièrement aux personnes des pays aux faibles ressources, le financement consacré aux VIH/SIDA s’est orienté vers la provision de traitements antirétroviraux (ARV) à ceux qui en ont besoin.
En 2002 le gouvernement nigérien a initié un programme de traitement ARV, qui avait pour but de fournir des médicaments à 10,000 adultes et 5,000 enfants en une année. Le programme a souffert un revers majeur en 2004, quand une rupture de médicaments a retardé de plus de trois mois le traitement pour certaines personnes, mais le programme a repris quand de nouveaux médicaments ont été reçus.
Depuis la création du Fonds global et du Plan d’urgence pour la lutte contre le SIDA du président, le financement des donateurs pour le traitement ARV et d’autres activités liées au VIH/SIDA a augmenté à plus de 285 milliards de dollars en 2005, tandis que le financement de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international est passé de 2 .7 millions de dollars en 1999 à 34.5 millions en 2005. De son côté, le gouvernement a également augmenté son financement à travers le Comité d’action nationale sur le SIDA (NACA), de un milliards de Naira en 2003 à 1.47 milliards en 2006.
Sans aucun doute, des contributions de la société civile auraient enrichi le budget 2006 du gouvernement, par exemple. Dans la plupart des cas, les fonds consacrés aux activités liées au VIH/SIDA sont ensevelis dans le budget avec d’autres activités, et le montant exact du financement destiné spécifiquement au VIH/SIDA est difficile à discerner.
AIDS Alliance Nigeria croit que les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle bien plus important pour assurer la responsabilisation, la transparence, et la distribution de services de haute qualité si elles travaillent avec le gouvernement pour construire une relation de confiance et de respect. Avec cet objectif en tête, AIDS Alliance a commencé à former des organisations de la société civile, des agences gouvernementales, et des groupes représentant les personnes contaminées sur la surveillance budgétaire. La première phase de ce projet fut la publication de «VIH/SIDA: le poids de la maladie et le niveau de financement au Nigeria, 1998-2004» (“HIV/AIDS: The Disease Burden and the Level of Funding in Nigeria, 1998-2004”), suivie par une formation du Groupe et de défense et de surveillance des ressources au Nigeria pour des personnes concernées par le VIH/SIDA de six États.
Le financement pour le VIH au Nigeria a presque quadruplé ces dernières années. Le défi désormais n’est pas d’obtenir davantage de fonds, sinon de faire en sorte que les fonds existants soient utilisés pour l’objectif pour lequel ils ont été donnés. En d’autres mots, les tâches principales sont désormais d’assurer la responsabilisation et la transparence dans l’allocation des ressources, le déboursement, et l’implantation.
Human Support Services, par Ufon Udofia
Human Support Services (HSS), une ONG consacrée aux besoins des groupes désavantagés à Lagos, au Nigeria, travaille des questions liées à la santé, à la démocratie, à la gouvernance, et au développement. Le travail sur la santé de HSS se concentre sur la santé reproductive et la prévention du VIH/SIDA.
HSS collabore avec la Société civile pour le VIH/SIDA au Nigeria sur un projet nommé « Accroître la participation de la société civile dans la surveillance et l’évaluation de la mobilisation et l’utilisation des ressources sur l’impact des efforts d’atténuation du VIH/SIDA au Nigeria. » Le projet cherche à augmenter les allocations de ressources au VIH/SIDA et à assurer une utilisation plus efficace de ces fonds dans les États nigériens de Lagos (Ikeja), Gombe, Cross River, Enugu, et Plateau.
Les objectifs du projet sont de favoriser la transparence et la responsabilisation des institutions publiques, des partenaires internationaux de développement, et des ONG impliquées dans la mobilisation, l’allocation, et l’utilisation des fonds pour combattre le VIH/SIDA. Le projet essaie également de construire des relations entre la société civile et le gouvernement pour créer un système efficace de réponse au VIH/SIDA et produire des modèles de « bonne pratique » pour la surveillance des ressources aux niveaux national, étatique, et local.
Le besoin du projet est enraciné dans la Déclaration d’Abuja en 2001 des chefs d’Etat africains sur le VIH/SIDA, la TB, la Malaria et d’autres maladies infectieuses, dans laquelle le Nigeria et d’autres membres de l’Organisation de l’unité africaine (http://www.un.org/ga/aids/pdf/abuja_declaration.pdf) ont promis d’augmenter leur budget pour la santé et utiliser ces fonds additionnels, ainsi que la hausse du financement des agences de donations et des organisations multilatérales, pour réaliser les Objectifs de développement du millénaire.
HSS croît qu’il est important de renforcer la capacité des organisations de la société civile pour jouer un rôle plus actif en tant que groupes de surveillance sur le VIH/SIDA. Pour cette raison, le projet s’est concentré surtout sur la formation de groupes de la société civile sur la finance publique et l’analyse budgétaire aux niveaux local et étatique.
En outre, le projet a créé le Comité d’action communautaire sur le SIDA, qui forme des facilitateurs communautaires pour faire face aux problèmes liés au VIH/SIDA dans les communautés locales. Ces facilitateurs reportent que le projet a développé leur capacité – en les habilitant, par exemple, pour faciliter la destitution du président d’un gouvernement local à Ikeja qui n’était pas transparent et responsable devant sa communauté. Les autres réalisations en date incluent:
- la formation de huit facilitateurs communautaires sur l’analyse des finances publiques, avec une emphase particulière sur la surveillance budgétaire pour le VIH/SIDA
- la conduite d’une enquête auprès des donateurs pour suivre les flux de ressources pour le VIH/SIDA
- l’analyse des budgets étatiques et locaux de 2000 à 2005
- la conduite d’activités militantes auprès des médias et du pouvoir législatif pour l’augmentation de l’allocation des ressources pour le VIH/SIDA et une utilisation plus efficace de ces mêmes ressources
Journalistes contre le SIDA, par Bimbola Adewumi
Journalistes contre le SIDA (JAAIDS) (www.nigeria-aids.org) a été fondé en 1997, après que le SIDA a mis fin à la vie de Fela Anikulapo-Kuti, un des musiciens nigériens les plus populaires et un militant anti-armée. Omololu Falobi a créé JAAIDS pour servir de plateforme pour l’activisme des médias sur la question du VIH/SIDA.
En 1998-1999, JAAIDS a organisé des séminaires dans des salles de rédaction et discuté avec des éditeurs et des journalistes sur leurs besoins et contraintes pour couvrir le thème du SIDA. En collaboration avec l’Union nigérienne des journalistes à Lagos, JAAIDS a également facilité un dialogue entre les travailleurs du SIDA, des journalistes, et des éditeurs sur la réalité de l’épidémie, ce qui a permis de fournir des informations de valeur sur le VIH/SIDA à plus de 900 journalistes.
JAAIDS a été utile pour la formation du Mouvement d’action sur les traitements et du Groupe de défense du microbicide et du vaccin contre le VIH au Nigeria, qui travaillent sur des questions liées à la prévention, au traitement, et au soin du VIH/SIDA. JAAIDS continue de jouer un rôle important dans la formation de la société civile sur le VIH/SIDA aux niveaux national et régional. JAAIDS a également contribué à créer la Coalition de la société civile africaine sur le VIH/SIDA, qui a eu une forte influence sur les résultats du Sommet 2006 de l’Union africaine sur le SIDA, la TB et la Malaria et du Haut somment 2006 des Nations unies sur le SIDA. Jusque décembre 2005, JAAIDS a joué le rôle d’ONG africaine représentante pour le conseil de coordination du programme d’UNAIDS.
Les projets actuels de JAAIDS incluent le militantisme budgétaire et la surveillance des dépenses liées au VIH/SIDA. A travers son projet MONITOR (Initiative de surveillance pour renforcer la responsabilisation et surveiller l’implantation de la Réponse nationale au VIH/SIDA), JAAIDS entreprend des recherches pour analyser l’efficacité et promouvoir la responsabilisation des dépenses liées au SIDA au Nigeria. L’étude de JAAIDS sur les allocations destinées au VIH/SIDA dans le budget 2006 a permis à l’organisation d’être respectée pour son travail dans ce domaine.
JAAIDS prépare désormais une étude intitulée «La réponse du financement consacré au VIH et au SIDA au Nigeria du Comité d’action nationale sur le SIDA (NACA) et des Partenaires du développement: 2002-2006». L’étude présente les estimations de dépenses pour la prévention, le soin et la recherche concernant le VIH/SIDA, faites par les gouvernements donateurs, les organisations multilatérales, et les fondations privées, pour aider les décideurs politiques et les militants à mieux comprendre le statut du financement consacré au VIH/SIDA au Nigeria. Son but est de générer des informations qui peuvent améliorer la planification et la gestion des programmes du VIH/SIDA au Nigeria.
L’étude présentera plusieurs recommandations, dont la création d’une base de données centrale au sein du gouvernement nigérien de toutes les ressources fournies par les donateurs externes pour le VIH/SIDA, ce qui rendrait bien plus facile l’évaluation des programmes existants et la conception d’interventions futures. L’étude recommande également que tous les participants (les donateurs externes, les organisations de la société civile, et les fonctionnaires gouvernementaux) travaillent ensemble en partageant les informations sur les ressources disponibles. Il conseille fortement à la Commission de planification nationale et au Comité d’action nationale sur le SIDA d’organiser une session interactive avec toutes les agences de donations travaillant dans le domaine du VIH/SIDA au Nigeria pour comprendre leur portée et leurs opérations. Si les donateurs potentiels se mettaient d’abord en liaison avec le Comité d’action nationale pour parler de leurs plans, serait évitée la duplication des efforts et la sursaturation de fonds dans certains secteurs.
Une ONG péruvienne récompense les Bonnes pratiques gouvernementales, Ciudadanos al Día (CAD), par Caroline Gibu
Plus tôt dans l’année, Ciudadanos al Día (CAD), une organisation sans but lucratif basée au Pérou, a annoncé son deuxième Prix annuel pour bonnes pratiques gouvernementales. Les prix sont conçus pour mettre en lumière les activités qui ont un impact positif sur la vie des Péruviens et peuvent être repris pas d’autres institutions, afin de générer des incitations qui améliorent la relation entre le gouvernement et les citoyens, et pour indiquer ce qui reste à faire ou ce qui ne marche pas.
- Les bonnes initiatives d’administration publique nominées pour le prix incluent: La municipalité provinciale de Ferreñafe a créé un site Internet (http://www.muniferrenafe.gob.pe/) pour remplir les exigences de la Loi sur la transparence et l’accès à l’information publique. Ce site Internet sert de portail d’informations sur lequel les citoyens peuvent connaître leur district dans une perspective administrative et culturelle. Le site Internet offre des informations sur les salaires des travailleurs publics, les chèques que le gouvernement local signe chaque jour, et l’agenda du maire.
- Une petite municipalité a transformé son problème d’ordure en source de revenus en créant une plante de traitement des déchets. La population du district d’Independencia à Huaraz a été affectée par la pollution des déchets solides qui était une menace pour la santé publique et l’environnement. La plupart des résidus solides ont été jetés dans les rivières qui traversent la ville ou déposés dans des zones de déchets ouvertes. La municipalité a donc implanté le Projet intégral de gestion environnementale des déchets solides à Independencia (PIGARSI). Le projet a réalisé des améliorations significatives pour l’environnement; la production et la commercialisation de 6.6 tonnes quotidiennes de compostes – dont 3.6 tonnes seraient utilisées dans la production d’avoine, épinard, et artichauts -; la commercialisation de 1.5 tonnes quotidiennes de résidus inorganiques (plastique, verre, cannettes, etc.) ce qui représente plus de 790,000 nouveaux soles de revenus en une année (environ 245,000 US$).
- Un groupe de 15 ministères gouvernementaux ont participé à l’achat conjoint de biens. La transaction a généré des économies significatives pour le gouvernement de 450,000 nouveau soles (environ 140,000 US$). Améliorant ainsi l’efficacité et la transparence des acquisitions et contrats gouvernementaux.
Tandis qu’il s’agit du premier concours conçu pour améliorer l’administration publique au Pérou, CAD a identifié au moins 45 autres pays qui ont implanté des programmes similaires de récompense, tels que le Canada, la France, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, et les États-Unis. Certains de ces programmes sont promus par des agences gouvernementales, d’autres par des universités, des fondations, ou des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale et le Programme des nations unies pour le développement. Tous sont conçus pour collecter et partager les bonnes pratiques et créer des incitations pour le progrès dans l’administration publique. (Voir par exemple: Impumelelo. Innovations Award Trust: http://impumelelo.org.za/, ressource et base de données des innovations et bonnes pratiques dans la distribution des services sociaux en Afrique du Sud, qui fait partie d’un groupe de programmes similaires mis en œuvre au Brésil, au Chili, aux Philippines, et aux États-Unis.
CAD a lancé le programme de prix en janvier 2005 en collaboration avec le groupe sans but lucratif Defensoría del Pueblo et la Corporation des finances internationales (IFC) de la Banque mondiale, avec le soutien des médias nationaux et internationaux. Une équipe technique de conseil composée de différentes personnalités du monde universitaire, du secteur privé, de la société civile et du secteur public a sélectionné 78 bonnes pratiques gouvernementales. De ces 78 pratiques un jury a sélectionné 20 gagnantes, lesquelles incluaient des pratiques mises en œuvre par des municipalités, des gouvernements régionaux, des organes de régulation, des ministères et des entreprises publiques. (Le jury a évalué seulement les pratiques nominées, et non la performance d’ensemble des entités). Cette année le nombre de nominés à été augmenté à 171, desquels 12 ont reçu un prix.
CAD, créé pour promouvoir la transparence, la participation, et la bonne gestion du secteur public
CAD a été fondé en 2002 par des professionnels de différentes disciplines avec une expérience dans la gestion du secteur public. Ses objectifs sont de promouvoir les débats publics sur la transparence fiscale et la participation des citoyens dans la gestion du secteur public, pour développer des propositions de politique publique afin d’améliorer la qualité de la gestion publique, et d’augmenter la participation citoyenne dans l’administration publique. CAD publie des rapports et des bulletins analysant le budget, la qualité des dépenses gouvernementales, le niveau de transparence fiscale, et l’efficacité des processus administratifs.
Tous les produits de CAD sont dirigés aux citoyens ordinaires. D’après Beatriz Boza, fondatrice de CAD et directrice exécutive, le groupe a pour but de promouvoir les changements dans l’administration publique en insérant des informations utiles et des propositions dans les médias et les débats publics de façon à ce qu’elles soient ensuite implantées par les décideurs politiques.
Un des instruments du groupe est RankingCAD. Cette méthodologie compare le niveau de transparence budgétaire et l’accessibilité des informations entre les institutions (i.e., un groupe de municipalités, d’entreprises publiques ou de gouvernements régionaux) qui fournissent des services similaires aux citoyens. Cette méthodologie permet de comparer différents indicateurs de dépenses et de transparence. Par exemple, un rapport sur les dépenses publiques de l’exécutif observait quelle portion du budget des entreprises publiques était allouée aux dépenses courantes et recommandait que ces dépenses soient réduites à 20% pour couvrir le déficit financier public de l’année fiscale. Par conséquence, le ministère de l’économie et des finances a promu une réduction de 10%, réalisant ainsi l’économie inattendue de plus de 115 millions de soles.
Un autre instrument de CAD pour la diffusion et la construction de capacités consiste en l’organisation d’ateliers pour des fonctionnaires publics. L’été dernier CAD a invité presque 600 fonctionnaires publics à participer aux ateliers sur les bonnes pratiques dans onze villes du pays. Les ateliers, qui incluaient des présentations par les gagnants 2005 des Prix pour les bonnes pratiques gouvernementales, ont permis aux participants de prendre conscience de la perception par le public du gouvernement et de la nécessité de travailler vers un modèle centré sur le service aux citoyens. De façon intéressante, les participants ont approuvé que l’amélioration de l’efficacité dans la distribution des services au Pérou avait peu à voir avec la modification des lois ou même du budget; mais il s’agit davantage d’une question de volonté politique et de direction.
CAD travaille non seulement sur l’identification et la diffusion des bonnes pratiques gouvernementales, mais s’efforce aussi de générer une demande de ces pratiques. CAD considère que chaque exemple de bonne pratique est lié à la mise en œuvre d’un droit humain spécifique. Les gens ont le droit de savoir comment le gouvernement utilise les ressources publiques et de savoir que ces ressources seront utilisées de façon efficace; ils ont également le droit à des infrastructures et services publics appropriés. En résumé, CAD espère donner avec des informations la capacité aux gens de réclamer la réalisation de leurs droits.
Pour davantage d’informations, contacter CAD à [email protected].
Instruments innovants en ligne et idées pour les praticiens budgétaires
Listés ci-dessous figurent certains instruments pour la société civile et les praticiens budgétaires disponibles en ligne. Il est possible que vous ou votre organisation envisagez de les utiliser (ou les idées sur lesquelles ils sont fondés) comme vous cherchez des moyens de vous adresser à vos circonscriptions électorales, prévoir et concevoir des ressources d’alphabétisation budgétaire, de créer des campagnes de militantisme budgétaire, ou de développer des mécanismes de responsabilisation.
- Cyber-Budget (http://www.cyber-budget.fr/) est un jeu développé par le gouvernement français pour enseigner aux gens le processus budgétaire en France en les plaçant dans la position du ministre du budget. Les joueurs doivent remplir quatre «missions», représentant différentes phases du calendrier budgétaire, tout en conservant le budget aussi près de l’équilibre que possible. Cela implique de développer un budget, de le défendre devant le parlement pour qu’il ne soit pas modifié, de l’exécuter, tout en faisant avec une série d’événements et de surprises simulés qui souvent parviennent à gêner les réels décideurs politiques. Comme incitation pour réaliser le jeu, le site Internet déclare que les joueurs avec des résultats suffisamment élevés recevront une surprise.
- Le Calculateur de corruption de la base de donnée anti-corruption sur Internet (http://www.antigraft.org/wangonet/corruptioncalculator) cherche à illustrer le coût de la corruption au Nigeria chaque année. Les utilisateurs intègrent le montant de fonds dirigés à un projet particulier et le calculateur montre le montant d’argent perdu du fait de la corruption et de la mauvaise gestion. Plus important, l’utilisateur peut alors calculer combien d’hôpitaux, d’écoles, de Kms de route, ou d’autres services auraient été créés si les fonds avaient été utilisés de manière appropriée.
- Latinobarómetro (http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp) est une base de données sur l’opinion publique rassemblée annuellement à partir de plus de 19,000 entretiens dans 18 pays d’Amérique latine qui ont ensemble plus de 400 millions d’habitants. Les données peuvent être utilisées pour créer des index sur le développement économique et démocratique – ainsi que les opinions et les valeurs publiques – pour l’usage des gouvernements, des ONG, des organisations internationales, et des médias de masse. Latinobarómetro est fourni par la Latinobarómetro Corporation, une ONG basée à Santiago, au Chili.
- Afrobarometer (www.afrobarometer.org) consiste en une série d’enquêtes conduites dans 18 pays dans l’Afrique de l’Est, de l’Ouest, et du Sud qui explorent ce que les citoyens pensent de la façon dont leur pays est géré économiquement, politiquement, et socialement.
Veuillez envoyer un message à [email protected] si vous désirez partager d’autres ressources en ligne interactives que les praticiens budgétaires peuvent trouver utiles.
Résultats des récents rapports d’audit, HakiElimu, Tanzanie (1ère Partie)
Le contrôleur et auditeur général (CAG) est l’organe officiel de surveillance des finances publiques en Tanzanie. Chaque année, le CAG inspecte les comptes de tous les organes gouvernementaux et publie des rapports présentés au parlement. Les rapports du CAG contiennent des informations critiques qui peuvent contribuer à améliorer la responsabilisation et la gouvernance. Cependant, les résultats d’audit ne sont pas connus de tous, et souvent, ne mènent pas à des actions disciplinaires substantives.
Ceci en tête, HakiElimu a décidé de produire un ensemble de dépliants rendant les informations de l’audit plus largement accessibles au public afin de promouvoir la compréhension, le débat et l’action publique. Les dépliants couvrent les résultats de l’audit du gouvernement central et les résultats de l’audit du gouvernement local pour les trois années les plus récentes pour lesquelles les données sont publiquement disponibles (Années financières 2003, 2004, et 2005). Toutes les données figurant sur les dépliants proviennent directement des rapports d’audit, qui sont accessibles au public en Tanzanie, et qui ont été récemment mis en ligne par une autre ONG locale, REPOA (Research on Poverty Alleviation), sur leur “Tanzania Governance Noticeboard,” or TGN (http://www.repoa.or.tz/tgn/index.php)
En 2004/05, la dernière année d’audit, 54 Autorités gouvernementales locales (LGA) et 28 ministères, départements et agences du gouvernement central (MDA) n’ont pas reçu de rapports d’audit «propres». Bien qu’il existe des améliorations, ces rapports montrent que le gouvernement doit faire un meilleur travail de gestion de l’argent public. Certains des principaux points d’intérêt incluaient:
- De nombreux «hauts» organes gouvernementaux (dont la Maison d’Etat, le Premier ministre, et le Vice-président) ont eu des rapports propres au cours des trois années et ont pu rendre compte de tout l’argent dépensé.
- Le ministère du travail n’a pas été capable de rendre compte de presque 28 milliards de shillings en 2004/05, soit presque la moitié de son budget hors salaires.
- Les LGA n’ont pas été capables de rendre compte de presque 15 milliards de shillings, soit 10% de leurs budgets hors salaires, en 2004/05.
Les dépliants montrent l’opinion de l’auditeur pour chaque MDA ou LGA. Les dépliants ont également classé les MDA et les LGA des «meilleurs» aux «moins bons» en termes de «dépenses questionnées» – dépenses pour lesquelles l’auditeur n’est pas satisfait.
Les dépliants ont été lancés le jeudi 17 novembre au Centre de conférence international de Dar es Salaam. Le directeur exécutif de HakiElimu, Rakesh Rajani, a présenté les principaux résultats. Un public significatif a assisté à l’événement (environ 70 personnes, dont des journalistes, des organisations de la société civile, et des donateurs). La couverture de l’événement par les médias et les dépliants eux-mêmes fut impressionnante. «L’audit expose comment sont perdus les milliards des contribuables», titrait un reportage spécial en première page de l’important quotidien anglophone The Citizen. Cependant un autre article du même journal citait M. Rajani quand il expliquait que «certaines autorités ont véritablement gaspillé les fonds publics».
D’autres journaux ont également couvert l’événement; The African a couvert l’événement avec le titre suivant: «Plus de 218 milliards/- n’apparaissent pas dans les comptes». A même été réalisée dans un article une interview avec John Momose Cheyo, Président du Comité des comptes publics du parlement. HakiElimu a même entendu que le président lui-même avait demandé une copie des dépliants.
HakiElimu a entrepris ce projet afin d’informer les médias, les fonctionnaires gouvernementaux, et le public sur les informations contenues dans les rapports d’audit, ainsi que pour montrer aux autres membres de la société civile quelle sorte d’information est accessible sur le tableau d’information sur la gouvernance en Tanzanie. HakiElimu prévoit également de préparer un court rapport fondé sur les dépliants, mais avec des graphiques et du texte additionnels, qui sera référencé dans le prochain numéro du bulletin de l’IBP.
Formations budgétaires en Argentine, en Azerbaïdjan, et en Turquie
BUENOS AIRES, ARGENTINE
L’ONG mexicaine Fundar – Centre d’analyse et de recherche, le Projet budgétaire international, et the International Human Rights Internship Program ont organisé le deuxième Programme international d’apprentissage sur l’analyse budgétaire et les droits économiques, sociaux et cultures à Buenos Aires, en Argentine, du 2 au 11 octobre. Le Centre d’études légales et sociales (CELS) a accueilli l’événement.
Vingt activistes du monde entier ont été invités à participer. La plupart travaillent avec des groupes de défense des droits de l’homme, mais deux d’entre eux travaillent avec des groupes budgétaires de la société civile. Un membre de l’équipe de l’office du Haut commissariat aux droits de l’homme des nations unies a également pris part à l’événement.
Le programme de dix jours a été conçu to relate directement le travail sur les droits de l’homme que les participants conduisent chez eux. En utilisant le budget et les données qui lui sont liées pour un pays hypothétique, ainsi que des cas réels des pays de provenance des participants, ces derniers ont étudié la relation entre les droits de l’homme et les budgets. Ils ont également fait de la pratique en analysant le respect d’un gouvernement envers ses obligations en matière de droits de l’homme d’après la constitution nationale et les traités internationaux sur les droits de l’homme.
Le programme portait également son attention sur les structures et les processus budgétaires, le cycle et les acteurs budgétaires, et sur ce qu’une ONG peut accomplir grâce à l’analyse et à la surveillance du budget. Les participants ont consacré deux jours à l’apprentissage d’instruments spécifiques d’analyse budgétaire (tels que le développement de chiffres par tête) et deux jours à l’application de tout ce qu’ils avaient appris en analysant deux cas d’étude hypothétiques (l’un sur les dépenses consacrées au VIH/SIDA et à la TB, l’autre sur les dépenses d’éducation) afin de préparer une présentation aux médias, aux fonctionnaires gouvernementaux, ou aux autres ONG.
S’inspirant du premier programme international d’apprentissage, tenu en 2005, les organisateurs du programme ont décidé d’ajouter trois jours au cours pour avoir plus de temps pour la pratique avec les instruments d’analyse budgétaire. Ceci a permis aux participants de cette année de développer une meilleure compréhension des différents instruments budgétaires et une plus grande capacité pour leur utilisation afin de promouvoir les efforts de défense des droits de l’homme.
Les participants anticipent l’utilisation de ce qu’ils ont appris de différentes manières. Celles-ci incluent: impulser la surveillance des dépenses liées à la santé en Inde, défier les changements récents dans la loi sur les services de soins sanitaires en Egypte, impulser la surveillance des dépenses du gouvernement de la ville de San Francisco (USA) liées à une ordonnance sur les droits de l’homme, et soutenir la surveillance de l’implantation du droit à l’alimentation au Brésil. Les organisateurs du programme chercheront des moyens de continuer à soutenir les participants désirant appliquer les leçons du programme. Pour obtenir des informations sur les prochains cours, contacter Ann Blyberg à [email protected].
BAKU, AZERBAIDJAN
Le Groupe budgétaire nationale (NBG) en Azerbaïdjan a invité récemment l’IBP à conduire une formation de quatre jours pour les membres du réseau. Cette formation sera complétée par une seconde formation pour le NBG sur le militantisme budgétaire, devant être réalisée à Washington, D.C. à la fin du mois de novembre. Formé en avril 2006, le NBG est un réseau d’ONG importantes d’Azerbaïdjan, d’universitaires, et de groupes de citoyens; ses activités incluent la surveillance des projets gouvernementaux financés par les revenus pétroliers, la promotion de la transparence budgétaire, et la conduite de formations d’alphabétisation budgétaire.
L’atelier au eu lieu du 23 au 26 août et a pris la forme d’une « formation de formateurs », c’est-à-dire qu’il a été expliqué aux participants comment répliquer leur formation lors des autres ateliers qu’ils organiseront en Azerbaïdjan. En plus de fournir des modules sur l’analyse et la défense budgétaire en général, l’atelier a mis un accent particulier sur la surveillance budgétaire et les instruments analytiques que cela requiert. Les modules de suivi budgétaire ont été présentés par Teresa Guthrie ([email protected]) du nouveau Centre pour la gouvernance économique et le SIDA en Afrique.
Pour davantage d’informations sur le travail budgétaire en Azerbaïdjan, contacter Ingilab Ahmadov ([email protected]) ou Fidan Najafova ([email protected]). Pour davantage d’informations sur l’atelier, contacter Albert van Zyl ([email protected]).
ANTALYA, TURQUIE
L’Open Society Institute (OSI) a invité le Projet budgétaire international à faciliter des sessions sur la défense budgétaire lors d’un atelier dénommé «Stratégies et instruments de militantisme innovants pour la surveillance des ressources de la santé», dans le cadre d’une série de séminaires du programme sur la santé publique de l’OSI. L’atelier a été organisé à Antalya, en Turquie, du 26 au 30 septembre.
Le premier objectif de l’atelier a été de développer des stratégies de défense efficaces pour promouvoir la transparence dans le budget national de la santé, en utilisant les instruments des technologies de l’information et des communications (TIC). En outre, l’atelier avait pour buts de: encourager un réseau d’ONG et d’autres acteurs de la société civile militant pour une allocation plus transparence et efficace des ressources de la santé au niveau national, fournir un espace pour les équipes par pays pour promouvoir des stratégies de défense au niveau national avec l’apport de collègues, et promouvoir une discussion sur les possibles collaborations transnationales pour promouvoir la transparence du budget de la santé (particulièrement lié au VIH/SIDA).
Les participants de l’atelier provenaient d’Azerbaïdjan, d’Ethiopie, de Géorgie, du Kazakshtan, du Kenya, du Malawi, d’Afrique du Sud, et d’Ukraine. Les pays ont d’abord été sélectionnés sur la base d’initiatives de surveillance des ressources de la santé existantes et de l’intérêt de l’OSI à soutenir ces initiatives.
Les facilitateurs de l’atelier venaient de l’Université de Duke, HAI, du Parsons Institute NYC, du Réseau pour la protection du consommateur (Pakistan), et de TacTech (Global). La partie de l’IBP dans l’atelier se concentrait sur le développement d’une stratégie de défense budgétaire; l’IBP a fourni des études de cas présentant différentes stratégies de défense budgétaire.
Pour davantage d’informations, contacter Shaamela Cassiem à [email protected].
Opportunités pour le travail budgétaire au Cambodge et au Kenya
La société civile peut-elle surveiller le Fond de développement des circonscriptions électorales?
En 2004, le Kenya a établi le Fond de développement des circonscriptions électorales (CDF) afin de distribuer les ressources gouvernementales pour le développement local plus équitablement à travers la décentralisation et une plus grande participation locale. Auparavant, le développement local et la distribution des services gouvernementaux n’étaient pas des priorités du gouvernement national hautement nationalisé, et les communautés locales avaient donc essayé de se tendre la main entre elles. Mais tandis que ces efforts, tels que les harambees (des efforts concertés de financement pour des projets locaux, tels que des écoles et cliniques), permettaient de générer une masse d’aide pour le développement local, ils étaient aussi dénoncés pour abus. Un des objectifs du CDF était de mettre fin à la récollection forcée de fonds, ce qui avait lieu sous le système du harambee en distribuant les ressources gouvernementales directement aux communautés locales.
Le CDF a été largement perçu comme plus efficace dans la distribution de l’aide au développement que les traditionnels ministères et a été bien accueilli par les communautés locales auparavant marginalisées. Malheureusement, des irrégularités ont été identifiées dans la gestion du CDF. Celles-ci incluent des cas de corruption, des fraudes, une attitude népotique de la part des membres du parlement qui dirigent les comités de sélection de projets, une pauvre planification dans la sélection des projets, et des problèmes dans le contrôle et la surveillance.
Le CDF est l’un des sept fonds décentralisés que le gouvernement kenyan a créé pour contourner la structure administrative traditionnelle et fournir des fonds directement au niveau local. Malheureusement, il n’existe pas de cadre régulateur contrôlant l’allocation de ces fonds, et n’existent pas non plus de critères standardisés pour le rapport financier ou d’efficience sur leur utilisation. Le système budgétaire dual du Kenya aggrave les faiblesses de régulation dans le système de gestion et de planification financières parce qu’il sépare les dépenses courantes des dépenses en capital et développement et requiert de tous les ministères qu’ils préparent deux documents budgétaires chaque année.
Le CDF opère comme suit: les projets de développement communautaire proposés par les électeurs sont transférés à une série de comités, qui établissement des listes de projets prioritaires et évaluent s’ils suivent les lignes directrices du CDF et répondent aux besoins de développement de la zone. Un comité du parlement révise alors les propositions de projet et soumet une liste de projets proposés au ministère des finances, qui distribue les fonds à chaque circonscription électorale. Les membres du parlement supervisent directement les fonctionnaires qui implantent les projets, contournant les ministères nationaux.
Cette structure renverse la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre l’exécutif et le parlement, puisque le pouvoir législatif finit par exécuter le programme alors que l’exécutif le surveille. Par conséquent, les lignes traditionnelles de supervision sont brouillées presque jusqu’à en être méconnaissables.
Bien que l’environnement actuel au Kenya n’est pas très propice au travail de la société civile, l’enthousiasme que suscite la surveillance du CDF est élevé. Les OSC ont déjà mené des membres du parlement devant la cour pour ne pas distribuer des projets de développement autorisés sous le CDF. Dans un autre exemple, la Commission nationale sur les droits de l’homme au Kenya, une institution gouvernementale indépendante, a parlé de collaborer avec des groupes de la société civile pour contrôler le CDF et d’utiliser les résultats dans ses rapports sur les violations des droits de l’homme.
En outre, les activités de contrôle du CDF représentent une opportunité pour créer une campagne de base qui aille au-delà du CDF, pour examiner des questions démocratiques plus amples, telles que l’accès à l’information et les processus gouvernementaux de prise de décision.
L’Initiative budgétaire de la société civile cherche des opportunités budgétaires au Cambodge
Pour évaluer les opportunités de soutien du travail budgétaire au Cambodge, l’Initiative budgétaire de la société civile (CSBI) a entrepris une mission d’une semaine à Phnom Penh en août pour rencontrer tout une série d’ONG cambodgiennes, de groupes de réflexion et d’institutions de recherche, ainsi que des fonctionnaires d’organisations internationales et des donateurs. La CSBI est née d’un partenariat entre des donateurs et des organisations de la société civile, géré par l’IBP, qui a pour but de former des organisations de la société civile pour l’analyse budgétaire dans un ensemble sélectionné de pays aux faibles revenus, dont le Cambodge. La coordination de la CSBI est à charge de l’IBP (www.internationalbudget.org/CSBI.htm).
Bien qu’il est tout à fait vrai que le Cambodge a connu certaines améliorations dans les champs de la gouvernance et de la responsabilisation depuis le milieu des années 1990, beaucoup reste à faire. La pauvreté a été réduite, mais les inégalités ont augmenté. 85% de la population vivent en zones rurales, et 35% vivent en dessous du seuil de pauvreté (qui au Cambodge est évalué à 50 centimes US par jour).
Malgré cette situation, de l’enthousiasme a été exprimé lors de chaque rencontre concernant le potentiel pour le début du travail budgétaire de la société civile au Cambodge, avec le soutien international. Certains contacts ont suggéré que le niveau local de la commune est un bon point pour l’engagement citoyen sur les questions budgétaires, et en fait, certains donateurs et certaines ONG internationales font déjà leurs plans pour soutenir un tel travail. D’autres contacts ont expliqué la nécessité de développer la capacité de surveillance budgétaire du pouvoir législatif. D’autres encore se sont prononcés pour le renforcement du rôle et de la capacité des groupes de réflexion ou des instituts de recherche qui ont déjà engagé un travail initial autour des questions budgétaires.
L’équipe de la mission est arrivée à la conclusion que le moment actuel semble particulièrement approprié pour commencer ce travail au Cambodge pour toute une série de raisons.
- Le gouvernement affirme davantage d’indépendance par rapport aux donateurs internationaux, après des années de dépendance à l’aide étrangère. Le besoin est donc grandissant pour la société civile cambodgienne de se charger de la surveillance du gouvernement et de l’équilibre.
- Des revenus pétroliers significatifs apparaissent à l’horizon, et cette perspective provoque un énorme enthousiasme (http://www.csmonitor.com/2006/0830/p07s02-woap.html). Par conséquent, il est très important de faire prendre conscience au public des défis et problèmes qui viendront avec l’administration de ces revenus, et de viser l’accès du public à l’information concernant ces revenus afin d’éviter la commune «malédiction des ressources» du pétrole.
- Il y a beaucoup de questions pendantes et de réformes concernant le processus budgétaire qui pourraient apporter davantage d’opportunités pour la participation et l’apport de la société civile. La loi sur le budget national est actuellement en cours de révision, et le cycle budgétaire est en train d’être ajusté. La loi d’approvisionnement est en cours de révision, ainsi que la «loi organique» concernant les fonctions des différents niveaux de gouvernement. L’implication de la société civile dans ces réformes augmenterait leur crédibilité.
- La décentralisation est un sujet de plus en plus important, et certaines réformes sont déjà en cours. Les conseils communaux devront être tenus responsables des fonds décentralisés.
- La moitié de l’activité gouvernementale du Cambodge – particulièrement les services sociaux – ont lieu en dehors du budget avec le financement direct des donateurs internationaux dans de nombreux comptes au niveau ministériel. Cela représente d’énormes défis en termes de responsabilisation et de durabilité.
Le principal défi pour le travail budgétaire de la société civile au Cambodge reste l’accès à l’information, comme il n’y a pas de loi sur la liberté de l’information et aucune perspective d’adoption d’une telle loi. Cependant, plusieurs contacts ont insisté sur le fait que même quelques pas en avant de la société civile pour commencer à collecter et à documenter les informations disponibles constitueraient un point de départ utile et important pour l’engagement citoyen sur le budget.
A ce jour, quelques recherches de base sur les questions budgétaires au Cambodge ont été réalisées par plusieurs groupes. Le forum des ONG au Cambodge (www.ngoforum.org.kh) a analysé le caractère «pro-pauvreté» des budgets récents et a réclamé une plus grande transparence budgétaire dans leur publication Development Watch. L’Institut économique du Cambodge (www.eicambodia.org) donne des informations sur les revenus gouvernementaux, la dette extérieure, et les statistiques de dépenses budgétaires dans sa revue semestrielle Cambodia Economic Watch. Et l’Agenda pour le changement de Womyn (www.womynsagenda.org) a publié un rapport sur les budgets du secteur de l’éducation plus tôt dans l’année.
Le résultat de la mission du CSBI a été d’encourager la collaboration entre le Forum des ONG et l’Institut économique du Cambodge pour le travail budgétaire dans le futur. Ces deux organisations ont une relation de travail établie à travers la participation au sein du Réseau sur développement économique et le commerce au Cambodge (TEDN), et chacune a une certaine expérience du travail budgétaire. Ce qui est important, c’est que d’un tel partenariat résulte la capacité technique pour la recherche avec les atouts du militantisme et des relations qui sont également requises pour un travail budgétaire efficace.
Les deux organisations travaillent pour un projet conjoint de «Soutien de la surveillance budgétaire au Cambodge». Le projet a pour but de faire face à la rareté des informations sur le budget national cambodgien, au manque de connaissance sur le budget de la part des ONG, et au manque de coopération entre les ONG en ce qui concerne les initiatives liées au budget. Certaines activités proposées incluent: la création d’une centre de ressources budgétaires et d’une base de données; la publication d’un guide du citoyen sur les budgets en Khmer et en anglais, pour qu’il soit utilisé dans les sessions de formation pour les participants et les médias, et; la défense d’une plus grande transparence dans les secteurs du budget qui devraient être ouverts au public.
Cette proposition conjointe est actuellement en cours d’étude par le CSBI. La révision de la proposition n’est pas un processus public. Si le soutien est approuvé, les activités du projet commenceront à la fin de l’année 2006.
Nouvelle publication: Un guide du travail fiscal pour les ONG
Le Projet budgétaire international (IBP) publie Un Guide du travail fiscal pour les ONG. Le guide est un complément du Guide du travail budgétaire pour les ONG, publié par l’IBP en 2001. Bien que le guide original traite de toutes les questions budgétaires, dont les revenus, l’accent principal était porté sur les programmes de dépenses. Le nouveau guide est consacré exclusivement aux questions de revenus. Le travail fiscal est l’étape suivante logique de l’engagement de la société civile dans le travail budgétaire, après les succès que les groupes de la société civile ont obtenu en travaillant l’aspect des dépenses budgétaires. Le guide vise à démystifier les questions de politique de revenus et à donner aux groupes budgétaires de la société civile les instruments nécessaires pour influencer la politique de revenus, de la même façon qu’ils avaient pu influencer la politique de dépenses.
La politique fiscale a un impact substantiel sur un grand nombre des principales préoccupations des groupes de la société civile. En fait, les groupes de la société civile aimeraient travailler sur les questions fiscales pour toute une série de raisons, par exemple: pour s’assurer qu’un financement adéquat existe pour les importants programmes anti-pauvreté; pour améliorer la distribution souvent faussée des revenus et la santé dans un pays; pour promouvoir le type de croissance économique qui bénéficie à tous les citoyens; et pour favoriser la transparence et la responsabilisation gouvernementales sur tous les aspects du budget. Dans de nombreux pays, les débats fiscaux sont dominés par des hommes d’affaire ou par des personnes riches, qui n’ont souvent pas les mêmes préoccupations que les groupes de la société civile. Les groupes de la société civile peuvent contribuer à élargir le débat et apporter un nouveau regard sur la justice et les besoins des personnes désavantagées dans les discussions sur la politique fiscale.
Un Guide du travail fiscal pour les ONG traite des questions de revenus, et spécialement fiscales telles que la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les revenus personnels. Il fournit une description basique des différents types d’impôts, expose certaines des questions clés concernant la politique et l’administration fiscales, donne des exemples de travail fiscal entrepris par la société civile dans différents pays, et offre des idées de projets liés aux revenus que des groupes peuvent avoir envie d’entreprendre. Il consacre également un chapitre aux questions de revenus liées aux industries extractives. Le guide n’essaie pas de couvrir toutes les questions de revenus importantes dans les pays en voie de développement ou en transition. Par exemple, il se concentre seulement sur les impôts au niveau national, non sur les impôts du niveau local. Cependant, il fournit une introduction qui, espère l’IBP, réveillera l’intérêt et la conscience parmi les groupes de la société civile concernant l’engagement dans le travail sur les revenus.
Pour commander des copies de cette publication, envoyer un message à [email protected].
Nouveaux matériaux sur le site Internet de l’IBP
Making the Money Work for the People (« Faire en sorte que l’argent travaille pour le peuple »)
Par Bimbola Adewumi/Journalistes contre le SIDA au Nigeria
Cette étude examine comment les fonds alloués dans le budget 2006 du Nigeria pour les programmes du VIH/SIDA ont été dépensés et comment les gains du soulagement de la dette que le Nigeria a obtenu en 2005 ont affectés les dépenses liées au VIH/SIDA. (En 2005, les pays prêteurs du Club de Paris se sont mis d’accord pour annuler 18 milliards sur les 30 milliards de dollars que le Nigeria doit au Club; le Nigeria, de son coté, s’est engagé à consacrer ces gains du soulagement de la dette aux programmes pour les pauvres qui aideront le pays à réaliser ses Objectifs de développement du millénaire.)
L’étude analyse l’effet de ces gains sur le budget national et comment ces fonds ont modifié les budgets des ministères fédéraux. Elle observe également comment les différents ministères ont implanté les programmes du VIH/SIDA. L’étude conclut avec des recommandations à la fois pour le gouvernement et la société civile, incluant proposition suggérant que les groupes de la société civile reçoivent des fonds du soulagement de la dette et soient autorisés à participer davantage au processus budgétaire.
To Pay or Not to Pay? Citizens’ Views on Taxation by Local Authorities in Tanzania (« Payer ou ne pas payer? La vision des citoyens de la fiscalité opérée par les autorités locales en Tanzanie »)
Par Odd-Helge Fjeldstad/Research on Poverty Alleviation (REPOA)
Une large évasion fiscale est une barrière significative à la récollection des revenus locaux en Tanzanie. Ce document, fondé sur les données d’une enquête auprès des citoyens, examine la vision des Tanzaniens de la fiscalité locale afin de mettre en lumière les facteurs qui affectent sa mise en œuvre. Il présente également un cadre conceptuel et analytique à travers lequel analyse l’exécution fiscale. L’étude conclut que le manque perçu de retour, la corruption des fonctionnaires publics, et les approches non transparentes pour collecter les impôts nourrissent le ressentiment du public.
Poverty Alleviation in Rural Namibia through Improved Access to Financial Services (« Soulagement de la pauvreté dans la Namibie rurale à travers l’amélioration de l’accès aux services financiers »)
Par Jonathan Adongo et Mariama Deen-Swarray/ Unité de recherche en politique économique de la Namibie (NEPRU)
Ce rapport montre que les Namibiens ruraux ont moins accès aux services financiers que ceux des zones urbaines (bien qu’ils s’appuient peut-être davantage sur les prêteurs informels), et que des améliorations dans ce domaine pourraient soulager la pauvreté, bien que cela ne soit pas suffisant pour les personnes en situation d’extrême pauvreté.
by soapbox | Sep 1, 2006
First-Ever Budget Transparency Ranking for 59 Countries
The past two decades have seen growing interest in promoting public access to government budget information. This interest reflects the understanding that access to information on government budgets and financial activities is essential to ensuring that governments are accountable to their citizens. Timely access to such information enables citizens to participate in, and understand, policy decisions that have profound impacts on their daily lives.
This interest also reflects broad global developments. The wave of democratic openings in many countries during the 1990s focused attention on issues such as combating corruption, ensuring effective public service delivery, and community-led development. In addition, a series of wrenching financial crises during the 1990s drew the attention of the international community to the implications of the lack of government transparency and financial accountability in the affected countries.
Against this background, the International Budget Partnership (IBP) began to develop the survey instrument that forms the basis of the current study in 2002. For the past two years, the IBP has worked with civil society and academic partners in 59 countries to collect comparative information to implement the survey and analyze its results.
The Open Budget Index is the first index to rate countries on how open their budget books are to their citizens. While the index finds that most countries provide at least some information to their citizens about the budget, the vast majority fail to provide the basic information necessary for good governance.
“In 53 of the 59 countries examined, citizens are limited by lack of access to information. In 10 countries, government accounts are closed books,” said Warren Krafchik, director of the International Budget Partnership, which coordinated work on the index. “A country’s ranking on the Open Budget Index is a measure of that government’s commitment to accountability and transparency.”
The Open Budget Index provides citizens, legislators, and civil society advocates with the comprehensive and practical information needed to gauge a government’s commitment to budget transparency and accountability. Armed with this kind of information, lenders, development advocates, and aid organizations can identify meaningful budget reforms needed in specific countries, and increase the impact of their development work.
The Open Budget Index 2006 was calculated by the International Budget Partnership based on detailed questionnaires completed by local experts in 59 participating countries from every continent. The Index assesses the availability of key budget documents, the quantity of information they provide, and the timeliness of their dissemination to citizens in order to provide reliable information on each country’s commitment to open budgeting.
“Having access to information gives us a voice in our country’s budget. It allows us to push for improvements in people’s lives in Mexico,” said Helena Hofbauer, executive director of the FUNDAR Center for Analysis and Research, which conducted the research in Mexico. “Without information, we have no voice. The Open Budget Index provides accurate, independent information so that we know what reforms are needed.”
For the 59 countries surveyed, the major findings from the Open Budget Index 2006 include:
Only six of the countries — France, New Zealand, Slovenia, South Africa, the United Kingdom, and the United States — provide the extensive budget information necessary for government accountability.
More than 50 percent (32) of the countries — fail to make public all of the seven key budget reports they produce. These governments produce this information for their own internal use or for international donors, but do not make it available to their citizens.
Six countries keep their budget secret until after it is adopted by the legislature – effectively barring any public participation in the budget’s consideration (Angola, Burkina Faso, Chad, Egypt, Mongolia, and Vietnam).
Nearly half (25) of the countries fail to hold public hearings on the budget.
In 16 of the countries, the executive can fire the head of the country’s external auditing body without the consent of the legislature or judiciary. The failure to provide security of tenure to the chief of the national auditing agency indicates the lack of a fundamental institutional safeguard to guarantee the office’s independence from the executive.
“There is much work to be done around the world before budgets are an open book to citizens,” said Pamela Gomez, project leader of the Open Budget Initiative at the International Budget Partnership. “But countries could achieve major reforms simply by releasing all of the budget documents they already produce to the public. With that small change, more than half the countries would improve their performance and, more importantly, citizens would be significantly more informed about the budget.”
For the full 2006 report, high resolution images of the Open Budget Index findings, information on the participating civil society organizations from 59 countries, and press materials in Arabic, French, Portuguese, Russian, and Spanish, please visit https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/full-report/. For more information, send a message to: [email protected].
Porto Alegre Struggles for Transparency and Accountability by Sergio Baierle, CIDADE
Budget planning and execution do not always live up to electoral campaign promises, and Porto Alegre, Brazil — the city that gave birth to participatory budgeting (PB) — is no exception. After 16 years of Workers’ Party rule, Porto Alegre has been under a new government since 2005. The current mayor, José Fogaça, from the Popular Socialist Party (PPS) promised during his election campaign to keep PB as well as address the city’s fiscal crisis and put an end to what he said was the over-politicization of government. Yet today, citizens of Porto Alegre are struggling to keep PB alive.
PB has four core principles: direct participation in government decision-making, self-rule based on social justice, full budget disclosure, and government accountability. While none of these principles has been fully realized—between 1988 and 2003—PB succeeded in turning the city’s budget priorities in favor of the poorest areas of the city, as the chart below shows.
Nevertheless, Porto Alegre faced worsening fiscal conditions at the beginning of the new millennium due to factors such as rising health care costs and a reduction in state aid. From 2002 to 2004, the city faced a budget deficit and was forced to delay implementation of PB projects. In 2005, fiscal adjustment took precedence over PB, as the city produced a budget surplus through cuts in social spending and other essential services, such as garbage collection.
Investment, Nominal Surplus/Deficit and Debt Service as Percentage of Total Yearly Revenue
Source: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
In 2006 the city did not publish the investment plan for the year until several months into the year.
Far from transparent, budget information was scarcely distributed at all. The government claimed that it had executed 199 PB projects, but the Urban Studies and Advice Center (CIDADE) identified only 48 projects. CIDADE is still waiting for the government’s explanation of this discrepancy, which was promised to the group in April. Moreover, publication of PB council meetings — which should be available online — has been delayed for more than six months, causing increasing tension during PB sessions.
Also in 2006, the local parliament passed a law to postpone the date by which the mayor must deliver his annual budget proposal. There was no legitimate need for this change. The mayor does not need additional time to prepare the budget, since the mayor’s discussions with PB delegates and councilors over the budget have not been expanded, and delaying the budget’s submission to parliament will limit opportunities for parliament and the public to review it.
In addition, the government presented two different versions of its 2006 budget, one to PB participants and the other to the local parliament. When this fact came to light the government apologized but did not provide PB participants with a hard copy of the version presented to parliament. The version received by PB participants did not include data on tax exemptions or social targets.
These various problems are taking a toll on PB efforts. Housing has been PB’s top priority in the budget since 2002 (see table above), but when PB councilors looked at the government’s proposal for housing in its 2007 investment plan, they realized that the government’s figure addressed just one project: the Integrated Project for the City Entrance, which involves the development of a slum area that is highly visible to visitors entering the city. The mayor’s office argued that the fiscal crisis precluded additional investments in housing, but it should be noted that the mayor is also proposing to spend several million dollars on consultants and experts to improve the city’s management, including public-private partnerships. (Though the mayor agreed to reallocate a few million dollars from these projects in order to help fund some basic budget priorities, in a budget of more than $1 billion this is still very little.)
As the PB annual cycle unfolds, regional and thematic weekly meetings are continuing. But the more PB participants criticize the government, the more the government threatens to reduce their power. Recent events demonstrate that just as there is no free lunch in business, there is no free legitimacy in politics.
For more information, contact Sergio Baierle at [email protected].
Who Monitors HIV/AIDS Funds in Nigeria? Stories from Three Civil Society Organizations by Bimbola Adewumi, Anselm Nwoke, and Ufon Udofia
This article presents updates from three organizations — AIDS Alliance Nigeria, Human Support Services, and Journalists Against AIDS — on their efforts to monitor HIV/AIDS funds in Nigeria. This work is important not only because of the large amounts of funding Nigeria has received to combat HIV/AIDS ($141 million from the Global Fund alone), but also because of the large number of Nigerians living with HIV/AIDS (2.9 million out of a population of 133 million). Both donors and people living with HIV/AIDS want to see that as much money as possible directly benefits those afflicted by the disease.
Even though the Nigerian government has made a national effort since 1999 to combat HIV/AIDS, serious gaps remain in providing basic HIV/AIDS prevention, support, and treatment services at the community level. With a total population of 133 million, for example, Nigeria has only about 75 antiretroviral treatment sites.
According to Theresa Guthrie of the AIDS Budget Unit of IDASA, resource tracking can improve AIDS care by identifying resource providers and receivers, measuring the services reached those resources, identifying areas where resources have yet to reach, and measuring trends over time. Efforts are underway by the OECD, the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, and the World Health Organization to track resources designated to HIV/AIDS in Africa as a whole.
AIDS Alliance Nigeria, by Anselm Nwoke
HIV has crept into every community in Nigeria, sweeping away the dreams of the future. Recently, hope has come with the discovery of life-saving antiretroviral drugs. To make these drugs more accessible, particularly to people in resource-poor countries, the funding focus for HIV/AIDS activities has shifted towards the provision of antiretroviral (ARV) treatment to those who need it.
In 2002 the Nigerian government initiated an ARV treatment program, which aimed to provide drugs for 10,000 adults and 5,000 children within one year. The program suffered a major setback in 2004, when a shortage of drugs delayed treatment for some people for up to three months, but the program resumed when more drugs were received.
Since the creation of the Global Fund and the President’s Emergency Plan for AIDS Relief, donor funding for ARV treatment and other HIV/AIDS-related activities has increased to over $285 million by 2005, while funding from the U.S. Agency for International Development funding grew from $2.7 million in 1999 to $34.5 million in 2005. In response, the government also increased its funding through the National Action Committee on AIDS (NACA), from 1 billion Naira in 2003 to N1.47 billion in 2006.
Undoubtedly, contributions by civil society would have enriched the government’s 2006 budget, for example. In most cases, funds for HIV/AIDS activities are buried in the budget with other activities, and the exact amount of funding specifically aimed at HIV/AIDS is not easily discernible.
AIDS Alliance Nigeria believes that civil society organizations can play a much stronger role in ensuring accountability, transparency, and high-quality service delivery if they work with the government to build a relationship of trust and respect. With this goal in mind, AIDS Alliance has started training civil society organizations, government agencies, and groups representing people living with HIV/AIDS on budget-tracking skills. The first phase of this project was the publication of “HIV/AIDS: The Disease Burden and the Level of Funding in Nigeria, 1998-2004,” followed by a training by the Nigeria Resource Tracking and Advocacy Group for HIV/AIDS stakeholders from six states.
Funding for HIV in Nigeria has almost quadrupled in recent years. The challenge now is not obtaining more funds, but making existing funds work for the purpose for which they were given. In other words, the main tasks now are to ensure accountability and transparency in resource allocation, disbursement, and implementation.
Human Support Services, by Ufon Udofia
Human Support Services (HSS), an NGO dedicated to the needs of disadvantaged groups in Lagos, Nigeria, works on issues related to health, democracy, governance, and development. HSS’s health work focuses on reproductive health and preventing HIV/AIDS.
HSS is collaborating with the Civil Society for HIV/AIDS in Nigeria on a project called “Increasing Participation of Civil Society in the Assessment, Monitoring and Evaluation of Resource Mobilization and Utilization on the Impact of HIV/AIDS Mitigation Efforts in Nigeria.” The project works to increase resource allocations to HIV/AIDS and ensure a more efficient use of these funds in the Nigerian states of Lagos (Ikeja), Gombe, Cross River, Enugu, and Plateau.
The project’s goals are to enhance the transparency and accountability of public bodies, international development partners, and NGOs involved in mobilizing, allocating, and using funds to combat HIV/AIDS. The project also tries to build relationships between civil society and government to create an effective HIV/AIDS response system and produce “best practice” models for monitoring and tracking resources at national, state, and local levels.
The need for the project stems from the 2001 Abuja African Heads of State Declaration on HIV/AIDS, TB, Malaria and other Infectious Diseases, in which Nigeria and other members of the Organization of African Unity (http://www.un.org/ga/aids/pdf/abuja_declaration.pdf) vowed to increase their health budgets and to use these added funds, along with increased funding from donor agencies and multilateral organizations, to achieve the Millennium Development Goals.
HSS believes that it is important to build civil society organizations’ capacity to play a more active role as watchdogs on HIV/AIDS. For this reason, the project has concentrated thus far on capacity-building and training for civil society groups on public finance and budget analysis at the state and local levels.
In addition, the project created the Community Action Committee on AIDS, which trains community facilitators to address HIV/AIDS issues in local communities. These facilitators report that the project has developed their capacity — empowering them, for example, to facilitate the removal of a local government chairman in Ikeja who was not transparent and accountable to the community. Other accomplishments to date include:
- training eight community facilitators on public finance analysis, with specific emphasis on budget tracking for HIV/AIDS
- conducting a donor survey to track resource flows for HIV/AIDS
- analyzing state and local budgets from 2000 to 2005
- conducting media and legislative advocacy for increased allocation of resources to HIV/AIDS and more efficient use of those resources
Journalists Against AIDS, by Bimbola Adewumi
Journalists Against AIDS (JAAIDS) (www.nigeria-aids.org) was founded in 1997, after AIDS claimed the life of Fela Anikulapo-Kuti, one of Nigeria’s most popular musicians and an anti-military crusader. Omololu Falobi established JAAIDS to serve as a platform for media activism around the issue of HIV/AIDS.
In 1998-99, JAAIDS held seminars in newsrooms and talked with editors and reporters about their needs and constraints in covering AIDS. In collaboration with the Nigerian Union of Journalists in Lagos, JAAIDS also facilitated a dialogue between AIDS workers, reporters, and editors about the reality of the AIDS epidemic, providing valuable HIV/AIDS information to more than 900 journalists.
JAAIDS was instrumental in the formation of the Treatment Action Movement and the Nigeria HIV Vaccine and Microbicide Advocacy Group, which work on issues related to HIV/AIDS prevention, treatment, and care and it continues to play an important role in shaping civil society’s advocacy skills around HIV/AIDS at the national and regional levels. JAAIDS also helped establish the African Civil Society Coalition on HIV/AIDS, which had a strong influence on the outcomes of the 2006 African Union Summit on AIDS, TB and Malaria and the 2006 United Nations High-Level Summit on AIDS. Until December 2005, JAAIDS served as the African NGO representative on the program coordinating board of UNAIDS.
JAAIDS’ current projects include budget advocacy and HIV/AIDS expenditure monitoring. Through its MONITOR (Monitoring Initiative to Strengthen Accountability and Monitor Implementation of the National Response to HIV/AIDS) project, JAAIDS carries out research studies to analyze the effectiveness and promote the accountability of AIDS spending in Nigeria. The JAAIDS study on HIV/AIDS allocations in the 2006 budget has earned the organization much respect for its work in this area.
JAAIDS is now preparing a study entitled “The National Action Committee on AIDS (NACA) and Developmental Partners funding response to HIV and AIDS in Nigeria: 2002–06.” The study presents spending estimates on HIV/AIDS prevention, care, and research by donor governments, multilateral organizations, and private foundations to help policymakers and advocates better understand the status of HIV/AIDS funding in Nigeria. Its goal is to generate information that can improve the planning and management of HIV/AIDS programs in Nigeria.
The study will present several recommendations, including the creation of a central database within the Nigerian government of all resources provided by external donors for HIV/AIDS, which would make it easier to evaluate existing HIV/AIDS programs and design future interventions. The study also recommends that all stakeholders (external donors, civil society organizations, and government officials) work together by sharing information on available resources. It strongly advises the National Planning Commission and the National Action Committee on AIDS to offer an interactive session with all donor agencies working in the area of HIV/AIDS in Nigeria to understand their scope and operations. If potential donors first liaise with the National Action Committee on their plans, it would avoid duplication of efforts and over-saturation of funds in certain areas.
Peruvian NGO Gives Award to Best Government Practices, Ciudadanos al Día (CAD) by Caroline Gibu
Earlier this year Ciudadanos al Día (CAD), a nonprofit organization based in Peru, announced its second annual Awards for Best Government Practices. The awards are designed to highlight activities that are having a positive impact on the lives of Peruvians and can be replicated by other institutions, to generate incentives that improve the relationship between government and citizens, and to point out what is still left to do and what is not working well.
Successful public administration initiatives nominated for the awards include:
- The provincial municipality of Ferreñafe created a website (http://www.muniferrenafe.gob.pe) to fulfill the requirements of the Law on Transparency and Access to Public Information. This website serves as a portal of information where citizens can get to know their district from an administrative and cultural perspective. The website offers information on public workers’ salaries, the checks the local government signs each day, and the mayor’s agenda.
- A small municipality transformed its trash problem into income by creating a waste-treatment plant. The population of the district of Independencia in Huaraz was affected by the pollution of solid waste that was a threat to public health and the environment. Most of the solid residues were dumped into the rivers that travel through the city or sit in open waste areas. Hence the municipality implemented the Integral Project of Environmental Management of Solid Wastes at Independencia (PIGARSI). The project achieved significant improvements to the environment; the production and commercialization of 6.6 daily tons of compost – 3.6 of which would be used in the production of oatmeal, spinach, and artichokes – ; the commercialization of 1.5 daily tons of inorganic residues (plastic, glass, cans, etc.) representing revenues of more than 790 thousand new soles a year (approximately 245,000 USD).
- A group of 15 government ministries participated in the joint purchase of goods. The transaction generated significant government savings of 450 thousand new Soles (approximately 140,000 USD). Hence improving the efficiency and transparency of government acquisitions and contracts.
While this is the first contest designed to improve public administration in Peru, CAD has identified at least 45 other countries that have implemented similar award programs, such as Canada, France, South Africa, United Kingdom, and the United States. Some of these programs are promoted by government agencies, others by universities, foundations, or multilateral organizations like the World Bank and the United Nations Development Program. All are designed to collect and share best practices and create incentives for progress in public administration. (See for example: Impumelelo. Innovations Award Trust: http://www.impumelelo.org.za, a resource and database of innovations and best practices in the delivery of social services in South Africa that forms part of a group of similar programs, running in the Brazil, Chile, the Philippines, and the United States.
CAD launched the award program in January 2005 in collaboration with the nonprofit group “Defensoría del Pueblo” and the World Bank’s International Finance Corporation (IFC), with support from national and international media. A technical advisory team made up of diverse personalities from academia, the private sector, civil society, and the public sector selected 78 best government practices. Out of these a jury selected 20 winners, which included practices by municipalities, regional governments, regulatory agencies, ministries, and public companies. (The jury evaluated just the nominated practices, not the performance of the entities as a whole.) This year the number of nominees was increased to 171, of which 12 received awards.
CAD Created to Promote Transparency, Participation, Good Public Sector Management
CAD was founded in 2002 by professionals from various disciplines with experience in public sector management. Its goals are to promote public debates on fiscal transparency and citizen participation in public sector management, to develop public policy proposals to improve the quality of public management, and to increase citizen participation in public administration. CAD publishes reports and newsletters analyzing the budget, the quality of government expenditure, the level of fiscal transparency, and the efficiency of administrative processes.
All of CAD’s products are directed to ordinary citizens. According to Beatriz Boza, CAD’s founder and executive director, the group aims to promote changes in public administration by inserting useful information and proposals into the media and public debates so they can later be implemented by policymakers.
One of the group’s tools is RankingCAD. This methodology compares the level of budget transparency and availability of information across institutions (i.e., a group of municipalities, public companies or regional governments) that provide similar services to citizens. This methodology allows comparing different indicators of expenditure and transparency. For instance, a report on the executive’s public spending looked at what portion of the budget of public-owned companies was allocated to current expenditures and recommended that those expenditures be reduced by 20 percent to cover the public financial deficit for the fiscal year. As a result, the Ministry of the Economy and Finance promoted a 10 percent cut, achieving unexpected savings of more than 115 million soles.
Another CAD tool for dissemination and capacity building is organizing workshops for public officials. Last summer CAD invited nearly 600 public officials to participate in best practices workshops in 11 towns around the country. The workshops, which included presentations by the 2005 winners of the Awards for Best Government Practices, raised awareness among participants about public perceptions of government and the need to work toward a model centered on serving citizens. Interestingly, participants agreed that improving efficiency in service delivery in Peru had little to do with changing laws or even the budget; instead, it was more an issue of political will and leadership.
CAD works not only to identify and disseminate best government practices but to generate a demand for them. Each example of a good practice, CAD believes, is linked to the fulfillment of a specific human right. People have the right to know how the government uses public resources and to know that these resources will be used efficiently; they also have the right to adequate public services and infrastructure. In short, CAD hopes to empower people with information to demand the fulfillment of their rights.
For more information, contact CAD at [email protected].
Creative Online Tools and Ideas for Budget Practitioners
Listed below are some tools for civil society and budget practitioners that are available online. You or your organization may want to consider using them (or the ideas on which they are based) as you look for ways to address your constituencies, plan and design budget literacy resources, create budget advocacy campaigns, or develop accountability mechanisms.
- Cyber-Budget (http://www.cyber-budget.fr/) is a game developed by the French government to teach people about the budget process in France by placing them in the position of the minister of the budget. Players must complete four “missions,” representing different phases of the budget calendar, while keeping the budget as close to balance as possible. This involves developing a budget, defending it from changes by parliament, and executing it, while dealing with simulated random events and surprises that often arise to vex real-life policymakers. As an incentive to complete the game, the website claims that players with sufficiently high scores will receive a surprise.
- The Anti-Corruption Internet Database’s Corruption Calculator (http://www.antigraft.org/wangonet/corruptioncalculator) seeks to illustrate the cost of corruption in Nigeria each year. Users input the amount of funds put towards a particular project and the calculator shows the amount of money lost due to corruption and mismanagement. More importantly, the user can then calculate how many hospitals, schools, kilometers of road, or other services would have been created had the funds been spent appropriately.
- Latinobarómetro (http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp) is a database of public opinion data gathered annually from over 19,000 interviews in 18 Latin American countries that together have more than 400 million inhabitants. The data can be used to create indexes on economic and democratic development — as well as public opinions and values — for use by governments, NGOs, international organizations, and mass media. Latinobarómetro is provided by the Latinobarómetro Corporation, an NGO based in Santiago, Chile.
- Afrobarometer (www.afrobarometer.org) is a series of surveys conducted in 18 countries in eastern, western, and southern Africa that explore what citizens think about the way their country is managed economically, politically, and socially.
Please send a message to [email protected] if you would like to share other interactive online resources that budget practitioners might find useful.
Findings from Recent Audit Reports, HakiElimu, Tanzania (Part I)
The Controller and Auditor General (CAG) is the official public finance watchdog in Tanzania. Each year, the CAG inspects the accounts of all government offices and issues reports that are presented to Parliament. The CAG reports contain critical information that can help improve accountability and governance. However, audit findings are not widely known, and often do not lead to substantive disciplinary actions.
With this in mind, HakiElimu decided to produce a set of leaflets making audit information more broadly available to the public so as to promote understanding, debate and public action. The leaflets cover central government audit findings and local government audit findings for the three most recent years for which data is publicly available (Financial Years 2003, 2004, and 2005). All of the data in the leaflets comes directly from the audit reports, which are available to the public in Tanzania, and have recently been put online by another local NGO, REPOA (Research on Poverty Alleviation), on their “Tanzania Governance Noticeboard,” or TGN (http://www.repoa.or.tz/tgn/index.php.)
In 2004-05, the most recent year audited, 54 Local Government Authorities (LGAs) and 28 central government ministries, departments, and agencies (MDAs) did not receive “clean” audit reports. Although there are improvements, these reports show that the government needs to do a better job of managing public money.
Some main points of interest included the following:
- Many ‘high’ government offices (including the State House, Prime Minister, and Vice President) had clean reports in all three years and could account for all money spent.
- The Ministry of Works was not able to account for nearly 28 billion shillings in 2004/05, or nearly half of its non-salary budget.
- LGAs were unable to account for nearly 15 billion shillings, or 10 percent of their non-salary budgets, in 2004-05.
The leaflets show the auditor’s opinion for each MDA or LGA. The leaflets also ranked the MDAs and LGAs from “best” to “worst” in terms of “questioned expenditure” – spending about which the auditor is not satisfied
The leaflets were launched on Tuesday, 17 November at the Dar es Salaam International Conference Center. HakiElimu’s Executive Director, Rakesh Rajani, presented the main findings. There was a significant turnout at the event (about 70 people, including journalists, civil society organizations, and donors). Media coverage of the event and the leaflets themselves has been impressive. “Audit exposes how taxpayers’ billions are lost,” ran a special report on the front page of the prominent English-language daily newspaper The Citizen. Yet another article in same newspaper quoted Mr. Rajani as he explained that “some authorities have truly squandered the public funds.” Other newspapers covered the event as well; The African covered the event with the announcement that “Over 218bn/- unaccounted for.” One paper even conducted an in-depth interview with Hon. John Momose Cheyo, Chairman of the Parliament’s Public Accounts Committee. HakiElimu has even heard that the President himself asked for a copy of the leaflets.
HakiElimu undertook this project in order to inform the media, government officials, and the public about the information in the audit reports, as well as to show other members of civil society what sort of information is available on the Tanzania Governance Noticeboard and how this data can be put to us. HakiElimu also plans to prepare a short report based on the leaflets but with additional graphics and text, which will be referenced in the next issue of the IBP newsletter.
Budget Trainings in Argentina, Azerbaijan, and Turkey
BUENOS AIRES, ARGENTINA
The Mexican NGO Fundar-Centro de Análisis e Investigación, the International Budget Partnership, and the International Human Rights Internship Program held the Second International Learning Program on Budget Analysis and Economic, Social and Cultural Rights in Buenos Aires, Argentina, 2-11 October. The Centro de Estudios Legales y Sociales “Center for Legal and Social Studies” (CELS) hosted the event.
Twenty activists from around the world were invited to participate. Most work with human rights groups, but two of them work with civil society budget groups. A staff member of the office of the UN high commissioner for human rights also took part.
The ten-day program was designed to relate directly to the human rights work that participants conduct at home. Using budget and related data for a hypothetical country, as well as real-life cases from participants’ home countries, participants examined the relationship between human rights and budgets. They also practiced analyzing a government’s compliance with its human rights obligations under national constitutions and international human rights treaties.
The program also looked at budget structures and processes, the budget cycle and budget actors, and what an NGO could achieve through budget analysis and budget monitoring. Participants devoted two days to learning about specific budget analysis tools (such as developing per capita figures) and two days applying all they had learned by analyzing two hypothetical case studies (one on spending on HIV/AIDS and TB, the other on education spending) in order to prepare a presentation to the media, government officials, or other NGOs.
Following the first international learning program, held in 2005, program organizers decided to add three days to the course to allow more time for practice with budget analysis tools. That enabled this year’s participants to develop a better understanding of the various budget tools and greater skill in using them to promote advocacy efforts.
Participants anticipate using what they learned in a range of ways. These include: enhancing the monitoring of health-related expenditures in India, challenging recent changes in the health care services law in Egypt, enhancing the monitoring of expenditures by the San Francisco (U.S.) city government related to a city human rights ordinance, and assisting in the monitoring of implementation of the right to food in Brazil. Program organizers will look for ways to continue helping participants as they seek to apply the lessons of the program. To learn about future courses, contact Ann Blyberg at [email protected].
BAKU, AZERBAIJAN
The National Budget Group (NBG) in Azerbaijan recently invited the IBP to conduct a four-day training for members of the network. This training will be complemented with a second training for the NBG on budget advocacy, to be conducted in Washington, D.C., at the end of November. Formed in April 2006, NBG is a network of prominent Azeri NGOs, academics, and citizen’s groups; its activities include tracking government projects funded by oil revenues, promoting budget transparency, and conducting budget literacy training.
The workshop took place from 23-26 August and took the form of a “training of trainers,” meaning that attendees were shown how to replicate their training in subsequent workshops they will conduct in Azerbaijan. In addition to providing modules on general budget advocacy and analysis, the workshop placed a great emphasis on budget tracking and the analytical tools it requires. The budget tracking modules were presented by Teresa Guthrie ([email protected]) of the newly formed Centre for Economic Governance and AIDS in Africa.
For more information on budget work in Azerbaijan, contact Ingilab Ahmadov ([email protected]) or Fidan Najafova ([email protected].)
For more information on the workshop, contact Albert van Zyl ([email protected])
ANTALYA, TURKEY
The Open Society Institute (OSI) invited the International Budget Partnership to facilitate sessions on budget advocacy at a workshop entitled “Innovative Advocacy Tools and Strategies for Health Resource Monitoring” as part of the OSI Public Health Program Seminar Series. The workshop was held in Antalya, Turkey, September 26-30.
The workshop’s primary goal was to develop effective advocacy strategies to promote transparency in the national health budget, utilizing information and communications technologies (ICT) tools. In addition, the workshop aimed to: foster a network of NGOs and other civil society actors advocating for more transparent and effective allocation of national-level health resources, provide a space for country teams to advance national-level advocacy strategies with input from colleagues, and advance a discussion on possible trans-national collaborations to promote health budget transparency (particularly related to HIV/AIDS).
Workshop participants came from Azerbaijan, Ethiopia, Georgia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Malawi, South Africa, and Ukraine. Countries were selected primarily on the basis of existing health-resource monitoring initiatives and OSI interest in supporting these initiatives.
Workshop facilitators were drawn from Duke University, HAI, Parsons Institute NYC, The Network for Consumer Protection (Pakistan), and TacTech (Global). IBP’s portion of the workshop focused on developing a budget advocacy strategy; IBP provided case studies showcasing different budget advocacy strategies.
For more information, contact Shaamela Cassiem [email protected].
Opportunities for Budget Work in Cambodia and Kenya
Can Civil Society Monitor Kenya’s Constituency Development Fund?
In 2004 Kenya established the Constituency Development Fund (CDF) in order to distribute government resources for local development more equitably through decentralization and greater local participation. Previously, local development and delivering government services had not been priorities of the highly centralized national government, so local communities had tried their hands at it themselves. But while these efforts, such as harambees (funding drives for local projects such as schools and clinics), were responsible for generating the bulk of local development aid, they also were also plagued by abuses. One goal of the CDF was to put an end to the forced collection of funds that had occurred under the harambee system by delivering government resources directly to local communities.
The CDF has widely been seen as more effective in delivering development aid than the traditional line ministries and has been welcomed by previously marginalized local communities. Unfortunately, irregularities have been identified in the CDF’s management. These include corruption, fraud, nepotism from the members of Parliament (MPs) who lead project selection committees, poor planning in the selection of projects, and problems in monitoring and oversight.
The CDF is one of seven decentralized funds the Kenyan government has created to bypass the traditional administrative structure and provide funds directly to the local level. Unfortunately, there is no regulatory framework governing the allocation of these funds, nor are there standardized criteria for financial or performance reporting on their use. Kenya’s dual budget system compounds the regulatory weaknesses within the financial planning and management system because it separates recurrent expenditures from developmental and capital expenditures and requires all line ministries to prepare two separate budget documents each year.
The CDF operates as follows. Community development projects suggested by constituents are forwarded to a series of committees, which compile lists of priority projects and assess whether they meet with CDF guidelines and the area’s development needs. A committee of Parliament then reviews the project proposals and submits a list of proposed projects to the Ministry of Finance, which releases funds to each constituency. MPs directly supervise the officials who implement the projects, bypassing the national ministries.
This structure reverses the constitutional separation of powers between the executive and Parliament, since the legislature ends up executing the program while the executive oversees it. As a result, traditional lines of oversight are blurred almost beyond recognition.
Though the current environment in Kenya is not very conducive to civil society work, enthusiasm for monitoring the CDF is high. CSOs have already taken members of Parliament to court for not delivering development projects authorized under the CDF. In another example, the Kenya National Commission on Human Rights, an independent government institution, has discussed collaborating with civil society groups to monitor the CDF and using the findings in its reports on human rights violations.
In addition, CDF monitoring activities present an opportunity to create a grassroots campaign that goes beyond the CDF to examine larger democratic issues, such as access to information and the government decision-making processes.
Civil Society Budget Initiative Look for Budget Opportunities in Cambodia
To assess opportunities for supporting budget work in Cambodia, the Civil Society Budget Initiative (CSBI) undertook a one-week mission to Phnom Penh in August meeting with a variety of Cambodian NGOs, think tanks and research institutions, as well as officials of international organizations and donors. CSBI is a partnership of donors and civil society organizations, managed by the IBP, which aims to build capacity for budget analysis in civil society organizations in selected low-income countries, including Cambodia. CSBI coordination is provided by the IBP (www.internationalbudget.org/CSBI.htm).
Although it is truthful to say that Cambodia has seen some improvement in the areas of governance and accountability since the mid-1990s, much more remains to be done. Poverty has been reduced, but inequality has also been growing. As much as 85% of the population lives in rural areas, and 35 percent lives below the poverty line (which in Cambodia is equivalent to 50 US cents a day).
In spite of this situation, enthusiasm was expressed at every single meeting regarding the potential for initiating budget work by civil society in Cambodia, with international support. Some contacts suggested the local commune level as a good point of citizen engagement on budget issues, and indeed some donors and international NGOs are already making plans to support such work. Other contacts illustrated the need for building up the budget oversight capacities of the legislature. Still others argued in favor of strengthening the role and capacity of think tanks or research institutes which have already engaged in some initial work around budget issues.
The mission team concluded that the current moment seems particularly appropriate to begin this work in Cambodia for a variety of reasons.
- Government is asserting more independence from international donors, after years of dependence on foreign aid. So the need is growing for Cambodian civil society to provide balance and government oversight.
- Significant oil revenues are on the horizon, and this prospect is triggering enormous enthusiasm (http://www.csmonitor.com/2006/0830/p07s02-woap.html). Consequently, it is very important to build public awareness of the challenges and problems which will come with administering these revenues, and to pursue public access to information about them in order to avoid the common “resource curse” of oil.
- There are many pending issues and reforms around the budget process which could benefit from more opportunities for civil society input and participation. The national budget law is currently being revised, and the budget cycle is being adjusted. Procurement law is undergoing revision, as well as the “organic law” regarding functions of different levels of government. Civil society involvement in these reforms would add to their credibility.
- Decentralization is an increasingly important topic, and some reforms are already under way. Commune councils will need to be held accountable for decentralized funds.
- As much as half of the Cambodian government activity — particularly social services — runs off-budget with direct funding provided by international donors into numerous ministry level accounts. This poses enormous challenges in terms of accountability and sustainability.
The main challenge to civil society budget work in Cambodia remains access to information, as there is no freedom of information law and no prospect for implementing one. Nevertheless, several contacts insisted that even initial steps by civil society to begin collecting and documenting available information would constitute a useful and important starting point for citizen engagement on the budget.
To date, some basic research on budget issues in Cambodia has been done by several groups. The NGO Forum on Cambodia (www.ngoforum.org.kh) has analyzed the “pro-poorness” of recent budgets and advocated for greater budget transparency in their Development Watch publication. The Economic Institute of Cambodia (www.eicambodia.org) documents government revenue, foreign debt, and budget expenditure statistics in their semi-annual Cambodia Economic Watch review. And the Womyn’s Agenda for Change (www.womynsagenda.org) issued a report on education sector budgets earlier this year.
The result of the CSBI mission was to encourage collaboration between the NGO Forum and the Economic Institute of Cambodia on future budget work. These two organizations have an established working relationship through participation in the Trade and Economic Development Network (TEDN) in Cambodia, and each has some experience with budget work. Importantly, such a partnership brings together the technical capacity for research with the networking and advocacy skills which are also required for effective budget work.
The two organizations are working toward a joint project on “Support to Budget Monitoring in Cambodia” with coordination through the end. The project aims to address the scarcity of information on the Cambodian National Budget, the lack of knowledge on the part of NGOs concerning the budget, and the lack of cooperation amongst NGOs concerning budget-related initiatives. Some proposed activities include: the creation of a budget resource center and database; publication of a citizen’s guide to budgets in both Khmer and English, to be used in training sessions for stakeholders and the media, and; advocacy for greater transparency in areas of the budget that should be open to the public.
This joint proposal is currently under consideration by CSBI. The proposal review is not a public process. If support is approved, project activities would begin by the end of 2006.
New Publication: A Guide to Tax Work for NGOs
The International Budget Partnership (IBP) is releasing A Guide to Tax Work for NGOs. The guide is a companion to A Guide to Budget Work for NGOs, which the IBP published in 2001. Although the original guide dealt with all budget issues, including revenues, the main focus was on expenditure programs. The new guide is dedicated solely to revenue issues. Tax work is the logical next step for civil society engagement with the budget, building on the successes that civil society groups have had on the expenditure side of the budget. The guide is intended to help demystify revenue policy issues and give civil society budget groups the tools they need to influence revenue policy in the same way that they have been able to influence expenditure policy.
Tax policy has a substantial impact on many of the core concerns of civil society groups. Indeed, civil society groups would want to engage with tax issues for a range of reasons, including: to ensure that there is adequate funding for important anti-poverty programs; to improve the often skewed distribution of income and wealth in a country; to promote the type of economic growth that can benefit all citizens; and to enhance government transparency and accountability around all aspects of the budget. In many countries, tax debates are dominated by businesses and wealthy individuals, who often do not have the same concerns as civil society groups. Civil society groups can help broaden the debate and bring a new focus on fairness and the needs of the disadvantaged to the discussion of tax policy.
A Guide to Tax Work for NGOs discusses revenue issues, and especially taxes such as the value-added tax and personal income tax. It provides a basic description of different tax types, discusses some of the key issues surrounding tax policy and tax administration, gives examples of civil society tax work from several countries, and provides ideas for revenue-related projects that groups might want to undertake. It also devotes a chapter to revenues issues associated with the extractive industries. The guide does not attempt to cover all revenue issues that are important in developing and transitional countries. For instance, it focuses only on national-level taxes, not on local-level taxes. Nevertheless, it provides an introduction that the IBP hopes will build interest and confidence among civil society groups considering engaging in revenue work.
To order copies of this publication, send a message to [email protected].
New Materials in the IBP Website
Making the Money Work for the People
By Bimbola Adewumi/Journalists Against Aids Nigeria
This study examines how the funds allocated in Nigeria’s 2006 budget for HIV/AIDS programs were spent and how the Debt Relief Gains (DRGs) Nigeria obtained in 2005 affected HIV/AIDS spending. (In 2005, the Paris Club of creditor-countries agreed to cancel $18 billion of Nigeria’s $30 billion in debt to the Club; Nigeria, in return, agreed to commit these Debt Relief Gains to pro-poor programs that will help the country achieve its Millennium Development Goals.)
The study analyzes the effect of the DRGs on the national budget and how those funds affected the budgets of federal ministries. It also looks at how different ministries have implemented HIV/AIDS programs. The study concludes with recommendations for both government and civil society, including a proposal that civil society groups receive DRG funds and be allowed to participate more fully in the budget process.
To Pay or Not to Pay? Citizens’ Views on Taxation by Local Authorities in Tanzania
By Odd-Helge Fjeldstad/Research on Poverty Alleviation (REPOA)
Widespread tax evasion is a significant barrier to collecting local revenue in Tanzania. This paper, based on data from a citizens’ survey, examines Tanzanians’ views of local taxation in order to highlight factors that affect tax compliance. It also outlines a conceptual and analytic framework through which to analyze tax compliance. The study concludes that a perceived lack of return, corruption of public officials, and nontransparent approaches to collecting taxes foster public resentment.
Poverty Alleviation in Rural Namibia through Improved Access to Financial Services
By Jonathan Adongo and Mariama Deen-Swarray/ Namibian Economic Policy Research Unit (NEPRU)
This report finds that rural Namibians have less access to financial services than those in urban areas (though they may rely more on informal lenders), and that improvements in this area could alleviate poverty, though by itself it may not be sufficient for the extremely poor.
