Newsletter 34 – Spanish

Seguro nacional de empleo rural en la India por Nandan Jha, Deepak Xavier y Vivek Ramkumar

El parlamento hindú recientemente pasó una ley denominada seguro nacional de empleo rural (NREGA). Bajo esta ley todas las viviendas rurales serán destinadas a recibir 100 días de salario mínimo de parte del gobierno. La ley fue aprobada tras la enorme presión ejercida por los activistas de la sociedad civil y los movimientos sociales en la India que han exigido pasar dicha legislación para cumplir con el derecho al trabajo de los sectores más pobres.

En una serie de artículos presentados en el boletín bimensual del Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP, por sus siglas en inglés) escritos por el Centro de Presupuesto y Rendición de Cuentas y Gobernabilidad (CBGA) — un grupo ubicado en Nueva Delhi, India — se describe la lógica de la ley, sus implicaciones financieras y el proceso de auditoría social mediante el cual los ciudadanos monitorean el uso de los fondos para programas bajo dicha ley.

Qué es NREGA

El Seguro Nacional de Empleo Rural se aprobó por el parlamento hindú en agosto 2005. Es la primera ley a nivel nacional en ofrecer el derecho al trabajo a 700 millones de hindús en zonas rurales.

Mientras India tiene una rica historia de programas públicos destinados a crear empleo durante períodos de escasez de alimentos ninguno de ellos ha logrado consolidarse en una ley permanente. Más aún dichos programas fueron víctimas de corrupción a manos de funcionarios públicos, así como de ineficiencia en el uso de recursos ya que no fueron utilizados en las áreas con las necesidades más apremiantes.

NREGA garantiza a cada vivienda rural 100 días de salario mínimo al año equivalente a Rs. 60 diarios (un dólar aproximadamente equivale a Rs. 45), o bien, el salario mínimo estatal para agricultores, cualquiera que resulte más alto. Aquellos que permanezcan sin empleo dentro de los quince días después de solicitar este seguro tienen el derecho de recibir una remuneración de desempleados que corresponde a una cuarta parte del salario mínimo durante los primeros 30 días y la mitad del salario mínimo por el resto del año.

La aprobación de NREGA se logró a pesar de la oposición de algunos funcionarios públicos muy poderosos, incluso dentro del ministerio de finanzas y la comisión nacional de planeación y facciones de los medios más conservadores. Su oposición se fundó en que la economía hindú podría perder su competitividad en la economía global si tuviera que invertir sus recursos en programas públicos en lugar de invertir en infraestructura. Argumentaron que los programas de asistencia como NREGA sólo fomentan la corrupción, la ineficiencia y la malversación de fondos públicos. También surgieron dudas sobre la capacidad de NREGA de conseguir sus objetivos de erradicación de la pobreza rural y prevenir muertes por malnutrición en zonas rurales citando el fracaso del esquema de empleo gratuito de Maharashtra — una ley aprobada por el estado de Maharashtra en los setentas que al igual que NREGA asegura empleo a viviendas rurales – por conseguir objetivos similares.

Los defensores de NREGA (organizaciones comunitarias de base, movimientos de masas, activistas sociales y académicos) creen que NREGA ayudará a millones de personas en zonas rurales al brindarles un ingreso adicional en períodos de sequía o de estragos en el ciclo agrario. De hecho, muchos proponentes han realizado campañas en favor de NREGA como una medida de seguridad alimenticia. La aprobación de NREGA es un reconocimiento implícito del fracaso de las políticas de liberación económica del gobierno de la India — que asumen que el rápido crecimiento económico se filtrará a través de la población creando empleo y reduciendo la pobreza —.

India es un ejemplo clásico del fracaso de la teoría de que el crecimiento se filtra a las bases. Antes de adoptar políticas de liberalización la economía de la India creció entre 3.5 y 4 por ciento cada año y el empleo creció de 2 a 2.2 por ciento. Ahora la economía de la India está creciendo entre 5 y 7 por ciento anualmente, pero el empleo está creciendo sólo 1.1 por ciento, lo que representa menos de la mitad de las filas que cada año se suman a la fuerza laboral.

El desempleo ha sido muy agudo en zonas rurales que dependen de la agricultura. La tasa de crecimiento de empleo anual en áreas rurales cayó de 2 por ciento entre 1987-1994 a 0.6 por ciento durante 1993-2004, el período en que se introdujeron políticas económicas liberales.

NREGA se basa en la premisa de que cada adulto tiene el derecho a oportunidades básicas de empleo conforme al salario mínimo que marca la ley y espera aumentar, significativamente, el empleo en 200 distritos (de un total de 602 distritos en todo el país) seleccionados para la iniciativa. El gobierno ha prometido extender la iniciativa a nivel nacional dentro de cinco años.

Quienes promueven NREGA dicen que la globalización económica y las políticas de privatización han creado un sistema desigual de competencia entre multinacionales y negocios locales, destruyendo la producción y oficios artesanales. La mecanización de la agricultura y el crecimiento de agro-negocios han debilitado las oportunidades de empleo rural y ayudaron a generar migración de gran escala hacia centros urbanos. Los objetivos de NREGA son:

  • Ofrecer un ingreso suplementario a las viviendas pobres durante períodos de austeridad en el ciclo agrícola.
  • Reducir la migración de los agricultores al ofrecer oportunidades locales de empleo.
  • Generar empleo en las zonas más pobres mediante producción que genere recursos naturales para las comunidades pobres.
  • Darles a los pobres en zonas rurales acceso a alimentos en épocas de seguía y hambre.

Cuestiones financieras

El costo de NREGA depende en gran parte de dos factores: el número de solicitantes que buscan empleo y el número de días que quieren trabajar. Costos adicionales incluyen gastos administrativos y salario de desempleo para familias que han solicitado empleo y no han conseguido.

Los costos de NREGA son divididos entre los gobiernos central y estatal. El gobierno central paga todos los salarios de empleados poco calificados y 75 por ciento de los salarios de trabajadores calificados y semi-calificados; el gobierno del estado paga el resto del 25 por ciento de los salarios a trabajadores semi-calificados y el salario de desempleo a solicitantes que no encuentran trabajo. Ambos niveles de gobierno se dividen los gastos administrativos.

Además, NREGA ofrece cobertura médica a trabajadores en caso de accidentes laborales. Los trabajadores también tienen derecho a instalaciones de agua potable y suficientes períodos de descanso. También se requieren guarderías cuando más de cinco niños menores de seis años de edad acompañen a sus mamás a trabajar.

El nivel salarial que NREGA debe de ofrecer ha suscitado una discusión controvertida. En la India, los salarios mínimos son asignados por los estados y varían mucho de estado a estado — de Rs. 40 a Rs. 134 por día. Al establecer el programa, el parlamento comprometió una cantidad que oscilara entre los salarios mínimos propuestos de Rs. 50 y Rs. 66 y se decidió por Rs. 60 o por el salario mínimo estatal, cualquiera que resulte más alto.

Recientemente, el Ministro de Finanzas ha hecho un esfuerzo por fijar la tasa salarial a Rs. 60 en todo el país, ante lo cual el Ministro de Desarrollo Rural se ha resistido pues a éste le tocaría administrar el esquema.

Quienes promueven salarios mínimos más altos argumentan que los salarios que se pagan bajo el esquema NREGA deben de vincularse al salario mínimo estatal, lo que refleja el costo de vida local. Otros opinan que NREGA debe de suplementar el ingreso de viviendas rurales y, por ende, no debe de competir con los salarios del sector privado.

El gobierno hindú espera gastar Rs.143 billones en empleo rural durante el presente año fiscal (2006-7), Rs.113 billones de los cuales serán gastados en NREGA y Rs. 30 billones de los cuales serán gastados en un programa de empleo rural establecido antes de NREGA llamado “Sampoorna Grameen Rojgar Yojana” (SGRY). Es decir, casi 143 billones o 23 por ciento más que el presupuesto del gobierno (conforme a las estimaciones del presupuesto revisado) para empleo rural el año pasado. Además dado que NREGA está siendo implementado en sólo un tercio del país este año, el presupuesto de empleo rural deberá aumentar, significativamente, en los próximos años cuando NREGA se extienda por todo el país.

Los proponentes de NREGA dicen que se necesita mucho más financiamiento para implementar el plan en los 200 distritos seleccionados. También se dice que el gobierno está reduciendo las oportunidades de empleo en los 402 distritos que no son cubiertos por NREGA. Desde que se estableció NREGA el gobierno ha eliminado uno de los dos programas de empleo rural (el Programa Nacional de Alimento por Trabajo “National Food for Work Program,” o NWFP) y ha reducido el otro (SGRY).

Cabe mencionar que bajo el estatuto NREGA, el gobierno no tiene la facultad de terminar con el esquema en ningún momento; sino que está obligado a ofrecer fondos suficientes para cubrir los costos de los solicitantes que califican para recibir asistencia bajo este esquema. 

Resultados hasta el momento

El 2 de febrero NREGA se implementó en 200 distritos. Pare el 9 de junio, aproximadamente 26.9 millones de un total de 57.5 millones de viviendas rurales en estos distritos habían solicitado tarjetas de identidad (llamadas tarjetas de trabajo), alrededor de 18 millones de estas viviendas recibieron dichas tarjetas conforme a información dada a conocer por el Ministerio de Desarrollo Rural. Además 8.1 millones de tarjeta-habientes exigieron empleo para esa fecha y sólo 6.5 millones fueron empleados.

La información del Ministerio de Desarrollo Rural no incluye el promedio de días de trabajo ofrecidos a los beneficiarios, ni el promedio de salarios pagados por NREGA en cada estado o los gastos propios de cada estado. Esta situación no permite calcular gastos futuros para cumplir con la promesa de 100 días de empleo a todas las viviendas que han solicitado trabajo. Sin embargo, la información ofrecida por el ministerio demuestra que si todos los solicitantes con tarjetas de trabajo hubieran conseguido trabajo el costo total hubiera sido mayor a Rs. 290 billones, o más del doble de la presente asignación para dicho esquema.

La cantidad de dinero requerida ha sobresaltado al Ministerio de Finanzas, que sólo asignó Rs. 113 billones para un año del programa. El prospecto de dicho recorte fue una de las razones del fallido intento ministerial por reducir el salario mínimo bajo NREGA a Rs. 60 a nivel nacional.

Afortunadamente para el Ministerio de Finanzas algunas tendencias recientes por exigir empleo se han vuelto muy modestas. Esto se debe a los bajos salarios que se pagan – las inconsistencias en las provisiones que determinan los salarios mínimos bajo NREGA permiten al gobierno calcular los salarios a una tasa menor al salario mínimo – así como una falta de conciencia entre las comunidades pobres sobre su derecho al empleo bajo NREGA. El ministerio espera que el número de personas en busca de trabajo bajo este modelo no exceda el objetivo de 15 millones de viviendas. Pero aún con este nivel de participación se requeriría aproximadamente Rs. 150 billones para financiar a los solicitantes, lo que representa Rs. 40 billones más de lo que el gobierno había presupuestado.

En vista de que NREGA es un esquema de demandas resulta muy diferente de otros esquemas anteriores de generación de empleo y reducción de pobreza que no eran obligatorios y que podían restringirse dependiendo de la disponibilidad de fondos públicos. El gobierno nacional y los gobiernos estatales deben de asignar recursos suficientes para cubrir los costos de dicho esquema. Para aumentar los recursos, el gobierno puede tratar de aumentar las tasas fiscales o introducir nuevos límites de recaudación mediante impuestos como el de la educación.

Características clave de NREGA 

  1. Cada gobierno estatal es responsable de brindarle a uno o más miembros de una vivienda rural empleo manual no calificado para un período no menor de 100 días (por vivienda) al año.
  2. Si un solicitante busca empleo bajo este acto y no recibe empleo dentro de quince días de haber sido recibida su solicitud (o después de la fecha en la que se comenzó a buscar empleo en el caso de una solicitud avanzada) se le otorgará un día más de salario de desempleo.
  3. En la medida de lo posible, el empleo se ofrece dentro de un radio de cinco kilómetros de la localidad en donde vive el solicitante. En caso de empleo ofrecido fuera de este radio, los trabajadores deberán de recibir salarios extra para solventar los gastos adicionales de transporte y manutención.
  4. Auditorías sociales — las auditorías conducidas en una asamblea pública integradas por residentes locales bajo el modelo NREGA — deberán de utilizarse como una herramienta que refuerce la rendición de cuentas y permita el monitoreo público de los fondos de NREGA.
  5. La mitad de los fondos de NREGA deberán de utilizarse para proyectos de desarrollo identificados por los Panchayats (la unidad más pequeña de administración en India rural). Esta provisión es de gran importancia para darle poderes financieros al Panchayat con los que no cuenta hoy en día.
  6. Los proyectos llevados a cabo bajo NREGA deben de apegarse a una escala salarial material de 60:40. Por ejemplo un proyecto de Rs. 100,000 gastaría por lo menos Rs. 60,000 en salarios enfocados a la creación de empleos.

Auditoría social de NREGA

Deepak Xavier del Centro Presupuestario y Rendición de Cuentas de la Gobernabilidad participó en la auditoría social de NREGA y escribió sobre su experiencia durante la auditoría social.

¿Es posible que NREGA beneficie a los pobres de la India rural? Esta es la pregunta más importante después de pasar por Dungarpur — un distrito tribal ubicado en el sur del estado de Rajastán — para participar en un ejercicio masivo de auditoría social sobre NREGA. Pero para la sorpresa de muchos, los residentes de Dungarpur han demostrado el gran potencial de NREGA.

Los movimientos sociales de la India organizados por Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) han sido pioneros en el uso de auditorías sociales como una herramienta de movilización de residentes rurales para monitorear activamente el uso de fondos locales para el desarrollo y con ello exigir rendición de cuentas a los funcionarios públicos por el uso de dichos fondos. A nivel básico, las auditorías sociales son llevadas a cabo en una asamblea pública en donde se revisan todos los detalles del proyecto. No obstante, una auditoría social también puede entenderse en un sentido más amplio como un proceso continuo de vigilancia público mediante el cual beneficiarios potenciales y otros participantes en alguna actividad o proyecto son involucrados en cada fase, desde la planeación hasta la implementación, monitoreo y evaluación. Este proceso ayuda a asegurar que la actividad o proyecto esté diseñado o implementado de manera que se acople con las condiciones existentes y refleje las prioridades y preferencias de los más afectados en beneficio del interés público. (Ver: http://nrega.nic.in/Nrega_guidelines.pdf, pág. 46)

En Dungarpur, alrededor de 900 voluntarios de 13 estados hindús caminaron a través del distrito para hablar sobre NREGA y monitorear su implementación como parte del ejercicio de auditoría social. Entre los voluntarios había agricultores, trabajadores, académicos, profesionales y activistas.

NREGA, una de las herramientas políticas más progresivas de la India en tiempos recientes, ha sido ampliamente criticada por muchos economistas y políticos quienes dicen que los proyectos que gastan muchos recursos en los pobres no lograran mucho debido a prácticas de corrupción y a los pobres mecanismos que garanticen para ofrecer servicios públicos. Los participantes en el proceso de auditoría social de Dungarpur rechazaron este argumento. La gente se está volviendo más consciente de sus derechos gracias al movimiento del derecho a la información en Rajastán.

La gente comenzó a exigir trabajo bajo NREGA aun antes de que se lanzara la campaña de concientización. Alrededor de 150,000 de un total de 237,000 viviendas en este distrito fueron empleadas bajo NREGA en Dungarpur al mismo tiempo que se realizaba la campaña de concientización.

Durante la campaña se hizo evidente que cuando existe monitoreo público o social de obras públicas, la corrupción puede desaparecer. A lo largo de la auditoría social que cubrió 1,500 sitios laborales en más de 800 localidades, sólo se encontraron 15 quejas de corrupción (tales como nombres falsos, inconsistencias en el pago de salarios y trabajadores ausentes que fueron registrados como presentes). La razón principal es que los registros estaban disponibles en casi todos los sitios laborales lo cual reduce las oportunidades de corrupción pues los trabajadores fácilmente pueden encontrar información sobre salarios, por ejemplo. En proyectos de obras públicas, por el contrario, no se encontraron los registros.

Otro dato interesante encontrado en las auditorías sociales fue la gran cantidad — entre 70-80 por ciento — de mujeres trabajando en sitios NREGA. En algunos lugares, todos los trabajadores son mujeres. Es impresionante ver la amplia participación de mujeres en el estado como Rajastán, pues conforme a la encuesta nacional más reciente, sólo 25 por ciento de las mujeres en zonas rurales tienen empleo.

Sin embargo, a pesar de que las mujeres participan en programas ejecutados bajo NREGA no se encontró un sólo espacio de trabajo con guardería tal como especifica la ley. Esta violación de la ley afecta la participación de mujeres en programas NREGA, especialmente, si tienen hijos pequeños. Esta forma de discriminación necesita ser atendida de inmediato.

La auditoría social expuso otras deficiencias en la implementación de NREGA. El acto o ley puso mucha presión en los niveles del gobierno para asegurar que se crearan suficientes empleos a pesar de las limitaciones en personal para cubrir los requisitos creados por la nueva ley. Queda claro que a menos que se asigne personal adicional con los fondos adecuados, el gobierno no conseguirá los resultados esperados.

El patrón del pago de salarios en Dungarpur fue algo alarmante. En la mayoría de los espacios de trabajo los trabajadores recibieron pagos por debajo del salario mínimo de Rs. 73 (casi 1.5 dólares americanos) por día, ya que los salarios fueron calculados con base en las tareas a realizar. Esto es una violación a los principios de NREGA dados a conocer por el gobierno central que dice que bajo ninguna circunstancia se le puede pagar a los trabajadores del sector agrícola menos del salario mínimo fijado por el gobierno del estado, el cual es Rs. 73 en Rajastán).

El Ministerio de Finanzas ha tratado de fijar el salario mínimo en Rs. 60 por día a lo largo del país, lo que violaría el espíritu de NREGA. Si este esfuerzo tiene éxito, los trabajadores en más de la mitad de los estados de la India recibirán menos dinero — mucho menos, en muchos casos — de lo que reciben hoy en día. Esto puede desanimar a la gente de participar en un esquema de trabajo garantizado.

A pesar de estos problemas, Dungarpur es un ejemplo clásico de cómo la vigilancia pública y la participación en combinación con una administración proactiva pueden asegurar la exitosa implementación de NREGA. Con el monitoreo público adecuado, administración transparente responsable y una población participativa se puede disminuir la corrupción y transformar la vida de los pobres.

El ejemplo de Dungarpur demuestra que el esquema de seguro de empleo puede avanzar hacia la erradicación de la pobreza y otras formas de exclusión social. También demuestra que la participación pública y el monitoreo social pueden tratar el problema de desperdicio de recursos en proyectos de obras públicas mayores. Aunque Dungarpur sólo es un grano de arena, su experiencia puede replicarse a lo largo del país. Es momento de que el gobierno central deje de poner trabas a la visión de NREGA, que tiene el potencial de transformar a la sociedad de la India.

Para mayor información sobre NREGA, contactar a Nandan Jha de CBGA [email protected] o a Vivek Ramkumar del IBP [email protected].

 


 

Tres emocionantes iniciativas presupuestarias en Ghana por T.J. Conway

Recientemente, la sociedad civil en Ghana ha llevado a cabo varias iniciativas relacionadas con el trabajo de presupuestos. Este artículo revisa algunos de los últimos esfuerzos realizados por tres organizaciones: el Centro de Incidencia Presupuestaria “Centre for Budget Advocacy” que acaba de dar a conocer un comunicado de prensa sobre el presupuesto suplementario aprobado en julio; el Instituto de Políticas Alternativas “Institute for Policy Alternatives” que ha conducido auditorías sociales de las políticas y programas gubernamentales; y la fundación SEND que ha monitoreado el uso de fondos públicos HIPC de asistencia a la deuda. Cada caso ofrece ejemplos sobre las estrategias y el impacto del trabajo presupuestario de la sociedad civil.

Centre de Incidencia Presupuestaria (CBA): comunicado de prensa sobre el presupuesto suplementario

El mes de julio el ministro de finanzas presentó un presupuesto suplementario de 4.3 trillones de cedis (más de $450, 000,000) para el parlamento. CBA (www.isodec.org.gh) del Centro de Desarrollo Social Integral (ISODEC) dio a conocer un comunicado de prensa sobre el presupuesto suplementario a principios de agosto y ha recibido gran atención por parte de los medios. Algunas de las críticas de CBA son las siguientes:

Inconsistencias gubernamentales para el presupuesto suplementario. El ministro de finanzas justificó la necesidad del presupuesto suplementario diciendo que el dinero proveniente de la asistencia financiera acababa de hacerse disponible y debía de gastarse. Esta justificación no parece hacer mucho sentido a CBA. El sistema presupuestario de donadores múltiples está diseñado específicamente para prevenir el impredecible flujo de recursos. Además el parlamento aprobó el préstamo doméstico para financiar más del 30 por ciento del presupuesto suplementario.

Pobre visión macroeconómica. El gobierno anticipa un desempeño pobre en el sector agrícola y una reducción en la deuda interna respecto al PIB. CBA atribuye los problemas del sector agrícola al fracaso del gobierno en reaccionar a las advertencias sobre la excesiva dependencia de la producción de cocoa y otras cosechas de las que dependen la mayoría de los agricultores en Ghana. Además, mientras el Ministro hizo un llamado a la “prudencia fiscal” como la razón detrás de la esperada reducción en la deuda interna en relación al PIB, CBA resaltó la renuencia gubernamental de orientar recursos hacia programas de reducción de la pobreza como una explicación más certera, al mismo tiempo que el gobierno no cumple con sus promesas de mejorar las escuelas públicas.

Medidas de empleo insuficientes. El ministro midió los niveles de empleo en Ghana con base en el número de empleos anunciados en el periódico The Daily Graphic. CBA considera que esto no es un indicador adecuado para medir los niveles de empleo y exige al gobierno desarrollar indicadores más completos.

Fuentes domésticas generan ingresos insuficientes. El costo de elevados impuestos indirectos. CBA afirma que los ingresos movilizados domésticamente son insuficientes y que el gobierno depende demasiado de los impuestos indirectos que tienen un mayor impacto sobre los pobres que los impuestos directos. Actualmente, los impuestos indirectos representan 67 por ciento de los ingresos fiscales. El gobierno ha reducido continuamente las tasas de impuestos corporativos — que hoy representan 25 por ciento — en los últimos cinco años.

Dirección de la inversión nacional. CBA expresó preocupación por el bajo nivel de inversión nacional. La inversión nacional en el primer período de 2006 fue 21 por ciento menos que en el mismo período de 2005. De este gasto, CBA observa que sólo 22 por ciento proviene de fuentes domésticas.

Preocupa el gasto planificado. CBA observa que algunos de los gastos planeados son sospechosos. Algunos de los proyectos piden fondos adicionales sin justificación alguna. Asimismo, el presupuesto anunció el lanzamiento de un nuevo programa de microfinanzas mediante la oficina gubernamental “Office of Government Machinery” una oficina atípica que alimenta sospechas de que el gobierno está destinando recursos públicos a simpatizantes partidarios para las elecciones del 2008. Finalmente, CBA considera que la cantidad destinada para el 50 aniversario del país — más de $200 millones — es una cifra excesiva.

Iniciativa de rendición de cuentas social del Instituto de Políticas Alternativas (IPA)

El Instituto de Políticas Alternativas una organización de políticas públicas y centro de capacitación con base en Tamale, ha establecido la Iniciativa de Rendición de Cuentas Social para fortalecer le rendición de cuentas entre la sociedad civil, el parlamento y las instituciones públicas. La iniciativa recientemente dio a conocer el trabajo “Community Voices: a civil society assessment of the pro-poor policies and programs of Ghana’s Poverty Reduction Strategy (GPRS) from 2004-2005,” que demuestra cómo la participación cívica puede mejorar la asignación de recursos al igual que los servicios públicos. 

Sistema comunitario de evaluación. Con asesoría de IPA, comunidades en 14 distritos de 8 de las 10 regiones en Ghana llevaron a cabo una auditoría social de tres aspectos de GPRS: políticas educativas y de salud y asignación de recursos a gobiernos locales. La evaluación incluyó la participación de 11 organizaciones de la sociedad civil de Ghana que recibieron capacitación de IPA para ayudar a desarrollar índices comunitarios “Community Scorecards” (CSC) en cada comunidad.

CSC es una herramienta cualitativa de rendición de cuentas social empleada por comunidades para evaluar la calidad de las políticas de reducción de la pobreza. El proceso CSC sigue dos fases. Primero, la comunidad produce un índice de desempeño y evalúa colectivamente los servicios con base en criterios auto-generados tales como acceso, transparencia y satisfacción. Esto tiene lugar en un espacio público en donde los ciudadanos puedan discutir posibles reformas a políticas y programas. La segunda fase es conocida como “interfase,” aquí se reúne a los proveedores de servicios (usualmente funcionarios públicos) con miembros de la comunidad para discutir los resultados de la CSC, ofrecer retroalimentación y generar consenso sobre futuras reformas.

Índices revelan deficiencias. Los resultados de CSC en cada una de las tres áreas demuestran que hay posibilidades de mejorar. Para evaluar el cumplimiento de los dos objetivos GPRS en cuanto a educación — mejorar el acceso y calidad de la educación básica — las comunidades establecieron dos indicadores principales: la presencia de maestros de alto rendimiento y distribución de libros de texto. La mayoría de quienes respondieron dieron calificaciones reprobatorias a ambos indicadores.

El principal objetivo de GPRS en materia de salud es el creciente acceso a servicios de salud. Ghana ha implementado dos políticas — un sistema de exención mediante el cual ciertos grupos incluyendo a los pobres reciben servicios de salud gratuitos y una política de seguridad nacional de salud — para conseguir este objetivo. Ambos indicadores fueron seleccionados para evaluar que los compromisos del gobierno fueran los de disponibilidad y accesibilidad de medicamentos, así como la calidad del cuidado recibido por los pobres. Las comunidades ofrecieron una calificación reprobatoria y una calificación promedio, respectivamente.

La tercera área fue la de asignación de recursos a los gobiernos locales. Las transferencias a los gobiernos locales mediante el fondo común de la asamblea distrital y el fondo HIPC (“Heavily Indebted Poor Countries”) sumaron más de $100 millones en 2004. Como parte del CSC, las comunidades escogieron dos indicadores para evaluar la asignación justa y eficiente de estos recursos: ya fuera mediante la participación ciudadana en la planeación para el uso de recursos y el nivel con el que el gobierno ofrece información al público sobre las asignaciones. Los ciudadanos dieron calificaciones reprobatorias a los dos indicadores.

Impacto. La iniciativa tuvo una influencia satisfactoria a nivel local y nacional. En la interfase en Gbulung al norte de la región, por ejemplo, los ciudadanos se quejaron con el supervisor de la escuela de que la escuela no tenía el mobiliario necesario y que el director de la escuela era alcohólico y permitía a su incompetente hijo asumir responsabilidades en su ausencia. Después de la interfase el supervisor inmediatamente envió muebles a la escuela, trasfirió al director y removió al hijo del director del cargo que no debía ocupar.

Otro ejemplo durante una interfase en la región este de Afram Plains es que los ciudadanos le dijeron al gobierno que las instalaciones de salud pública no cumplían con los servicios requeridos y que las políticas de exención no eran transparentes. El oficial médico del distrito mostró a los participantes el presupuesto de las instalaciones de salud para hacerles ver las restricciones que enfrentan. A partir de la interfase, el oficial se ha involucrado mucho más con la comunidad para llevar a cabo reformas.

A nivel nacional, el ministro de reforma del sector público habló durante el lanzamiento de “Community Voices” en Tamale y acompañó a los asistentes a la comunidad de Nanton, en donde almorzaron con miembros de la comunidad. Entre los funcionarios oficiales presentes se pueden mencionar dos jefes ejecutivos por distrito, tres miembros de Parlamento y un funcionario del departamento del auditor general. Además, la oficina del auditor general continúa buscando capacitación y apoyo de IPA para llevar a cabo las auditorías sociales.

Trabajo futuro. IPA se encuentra completando el reporte “Community Voices 2,” que evalúa el desempeño del esquema de seguridad nacional de salud “National Health Insurance Scheme” empleando un enfoque similar a “Community Voices.” No obstante, este segundo estudio, utiliza tanto el reporte ciudadano “Citizens’ Report Card” como el índice comunitario “Community Scorecard” a fin de recopilar datos cualitativos y cuantitativos, respectivamente, y robustecer el estudio sin comprometer la participación de la comunidad. IPA también ha ampliado el enfoque de su proyecto, administra 4,500 cuestionarios de comunidades en diez regiones en colaboración con 15 ONGs locales.

Para “Community Voices 3,” el IPA está considerando una auditoría social de “Capitation Grant” (un programa de asistencia que absorbe la colegiatura de educación básica) con base en la metodología de “Community Voices 2″ al incorporar un elemento de seguimiento del gasto. 

Seguimiento del gasto HIPC por la Fundación de Desarrollo “Expenditure Tracking by the Social Enterprise Development Foundation” (SEND)

La fundación SEND (http://www.sendwestafrica.org/) es una ONG que promueve la seguridad de subsistencia e igualdad de hombres y mujeres mediante el desarrollo participativo e incidencia de políticas públicas en África Occidental. En 2001, a pesar de fuertes debates en Ghana sobre si el país debería de seguir el fondo HIPC, SEND se asoció con varias organizaciones de la sociedad civil para comenzar la veeduría HIPC en Ghana (GHW) y sacar provecho de la oportunidad de la sociedad civil de participar en el proceso de implementación HIPC. El objetivo de GHW es maximizar el impacto del HIPC (iniciativa de países pobres seriamente endeudados) — para liberar fondos para la reducción de la pobreza mediante el alivio de la deuda — mediante el monitoreo y evaluación participativa de programas y proyectos financiados con fondos HIPC.

En julio 2006, GHW dio a conocer el trabajo “Where did Ghana’s HIPC Funds Go?,” que analiza más de 1,500 proyectos HIPC entre 2002 y 2004 para evaluar cómo el gobierno de Ghana destina recursos y la medida en que los proyectos fueron destinados a áreas de pobreza extrema.  

Metodología. GHW comenzó a crear conciencia sobre la estrategia de reducción de la pobreza en Ghana entre organizaciones de la sociedad civil. SEND capacitó a comités monitores de 24 distritos HIPC en tres de las regiones del norte más pobres sobre monitoreo participativo y evaluación a fin de colaborar con la iniciativa. Los comités de monitoreo recolectaron información y reportaron la información a 24 ONGs a nivel distrital trimestralmente en julio 2003.

SEND y sus socios escogieron indicadores con base en los objetivos de estrategias de reducción de la pobreza: 1) buena gobernabilidad, 2) equidad y 3) rendición de cuentas. Siapha Kamara, director de SEND, explicó que “estamos interesados en ver si se respetan los valores de buena gobernabilidad, igualdad y rendición de cuentas. No comenzamos a monitorear los fondos hasta que establecimos los indicadores para evaluar estos tres valores.” 

Resultados. La veeduría de HIPC Ghana observó tres tendencias importantes en la implementación HIPC:

  • Frágil comunicación. Falta de comunicación entre el gobierno nacional y local sobre temas fiscales y presupuestarios. En una ocasión el gobierno central creó cuentas bancarias HIPC para los distritos sin informarles de su existencia. Consecuentemente no se gastó el dinero.
  • La pobreza ya no es una prioridad en la distribución de recursos. Los únicos beneficiarios de HIPC son supuestamente los pobres. No obstante, GHW ha encontrado que el alivio de la deuda funciona cada vez más como un colchón para todo el país mientras los fondos HIPC que se dirigen a los pobres son adicionales.
  • Los ministerios centrales están tomando control de la mayor parte del dinero a pesar de que los fondos HIPC supuestamente van directo a los distritos gubernamentales. Mr. Kamara dice que, “los ministerios se encuentran desarrollando proyectos y prioridades para los gobiernos locales lo que suscita la pregunta de quién determina la reducción de la pobreza.” Este cambio hacia un modelo de arriba hacia abajo tiene serias implicaciones. “Hacer que los ministerios, departamentos y agencias rindan cuentas es más difícil en comparación con asambleas distritales, dice Kamara. El cambio de poder amenaza los valores de GPRS de buena gobernabilidad, equidad y rendición de cuentas.

Impacto. Mediante estos resultados, SEND y sus socios han tenido gran impacto nacional y local. La efectividad de SEND refleja en parte su estrategia de promover el diálogo entre las distintas partes a fin de encontrar puntos en común y crear cambios.

Por ejemplo, GHW monitorea el programa de alimentación escolar a través del cual los distritos reciben dinero HIPC para pagar las comidas de los niños en horas de clase. Algunos distritos y escuelas niegan haber recibido dichos fondos, no obstante el gobierno central insiste en haber desembolsado el dinero. SEND y sus socios promovieron el diálogo entre las partes y encontraron que debido a un error de contabilidad, el dinero HIPC fue depositado en la cuenta gubernamental equivocada. De manera que aunque el dinero sí fue otorgado a los distritos, éstos no tenían conocimiento de que dichos fondos eran fondos HIPC. SEND informó al gobierno central y se hizo el cambio correspondiente. “Ese es el impacto del diálogo en la buena gobernabilidad,” comentó Kamara.

Otro impacto del trabajo de SEND es que muchos de los cuerpos gubernamentales han solicitado asistencia de SEND para realizar actividades de monitoreo y evaluación:

  •  Varias asambleas distritales han solicitado a SEND y a sus socios llevar a cabo una evaluación del impacto de los proyectos HIPC.
  • Instituciones oficiales tradicionales esperan que SEND pueda ayudar a establecer programas de monitoreo y evaluación participativa en sus jurisdicciones regionales tradicionales.
  • Ministros de regiones del norte se han acercado, formalmente a SEND para desarrollar el monitoreo y evaluación de programas.

A pesar de estas promesas, SEND y sus socios enfrentan retos. La falta de acceso oportuno a la información continúa siendo un obstáculo. Asimismo, algunos miembros del gobierno y la sociedad civil aún tienen dudas sobre la posible colaboración entre dos grupos. Kamara dice que muchos de los retos tienen origen en los valores de las prácticas institucionales: “Existe oportunidad de diálogo pero la gente no cuenta con la capacidad institucional — o con los valores para trabajar juntos.”

Para tener el mayor impacto GHW ha trabajado muy duro para promover el diálogo alrededor de su más reciente publicación. Se distribuyeron 3,000 copias del reporte, se enviaron copias a tres ministerios de las regiones del norte y a varias ONGs y también se publicó en su página de Internet. El Ministerio de Finanzas ha recibido la publicación y un pedido de GHW para discutir el asunto pero no ha habido respuesta. Finalmente, el Banco Mundial llevará a cabo un diálogo de desarrollo sobre los resultados del reporte.

 


 

Monitoreo presupuestario de los derechos de los niños y de la infraestructura para las escuelas en Argentina por Laura Malajovich y Nuria Becu

Participación ciudadana y presupuestos de los niños, CIPPEC y UNICEF

La ONG argentina CIPPEC (Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) trabaja junto con UNICEF Argentina (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para los Niños) para promover la noción de que los niños y los adolescentes no pueden satisfacer sus derechos si el gobierno no implementa políticas y programas de desarrollo financiados adecuadamente.

Uno de los mensajes principales de CIPPEC es la necesidad de vincular derechos particulares a los niños con indicadores gubernamentales que demuestren el cumplimiento con un derecho en particular —como cuando un niño no recibe vacunas debido a su alto costo y se viola su derecho a un servicio básico de salud. Un objetivo importante del proyecto es encontrar una manera simple de demostrar el vínculo entre el presupuesto del gobierno y casos como éste que ayuden a los ciudadanos a participar en el proceso presupuestario.

CIPPEC ha organizado talleres para capacitar a funcionarios públicos vinculados con temas sociales e involucrar a expertos técnicos que trabajen en estas áreas. Los talleres fueron diseñados para:

  •  Promover el uso de casos concretos y herramientas analíticas para mejorar las decisiones presupuestarias que afectan a los niños y los adolescentes.
  •  Fortalecer la participación ciudadana para satisfacer los derechos de los niños y los adolescentes.
  • Promover la participación ciudadana en el proceso presupuestario y establecer un diálogo sobre propuestas concretas relacionadas con gasto social.

El proyecto tiene un enfoque local. CIPPEC selecciona a un socio estratégico para hacer análisis de presupuestos en cada localidad y ofrecer apoyo a las organizaciones locales mediante el proceso. Esto ha permitido la movilización y homogenización de los esfuerzos de diferentes organizaciones en cada región que enfrentan la problemática de niños y adolescentes. El proyecto también ha creado herramientas para ofrecer información clara y simple sobre el presupuesto y facilitar el acceso público a información sobre el gasto público.

Finalmente, se ha intentado fortalecer el vínculo entre la comunidad y el gobierno mediante la presentación y discusión de propuestas concretas. Los grupos involucrados han elaborado propuestas como la reasignación de fondos para integrar en los programas de docencia, talleres sobre cómo trabajar con niños y niñas con diferentes capacidades o evaluar el monto del presupuesto asignado a becas escolares para adolescentes para aumentar la retención escolar. Estas propuestas fueron discutidas con los ministros y otras autoridades para establecer compromisos y evaluar de qué manera la sociedad civil puede monitorear la implementación del acuerdo que las adoptaría.

Un elemento importante del proyecto ha sido identificar a socios locales dispuestos a desarrollar herramientas de desarrollo y colaborar en la planeación de talleres para continuar con actividades de análisis de presupuestos. Si el proyecto fuera un esfuerzo aislado en donde una sola organización realizara breves escalas en distintas localidades, los grupos locales no tendrían oportunidad de trabajar entre talleres para desarrollar sus propias propuestas.

Cabe mencionar que ha sido importante contar con la participación activa del gobierno para comenzar el diálogo con autoridades en la toma de decisiones. Sin la participación del gobierno, es muy difícil para las organizaciones continuar desarrollando propuestas relacionadas con la asignación de recursos. La participación del gobierno ha hecho posible identificar áreas problemáticas y promover la colaboración y no la confrontación entre la sociedad civil y el gobierno.

Para mayor información, contactar a Laura Malajovich [email protected].

Análisis de presupuestos para promover la educación con equidad en Buenos Aires, ACIJ

Durante 2005 ACIJ (Asociación Civil para la Equidad y la Justicia) comenzó a investigar cómo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires distribuye los fondos públicos para educación. Había la sospecha de que el gobierno – que ha discriminado en contra de las zonas más pobres de la ciudad en cuanto a la impartición de servicios públicos – también estaba discriminando en contra de escuelas en vecindarios pobres en donde las aulas estaban hechas de contenedores de carga. Esta sospecha puede constatarse ya que los pobres generalmente se concentran en el sur de la ciudad.

Para evaluar la distribución de fondos para educación pública y poner al descubierto la inequidad del gasto en las zonas más pobres de la ciudad, ACIJ comenzó a darle seguimiento a los fondos asignados a la infraestructura de las escuelas que incluye la construcción, reparación y mantenimiento. El objetivo fue determinar los criterios para la distribución de recursos y evaluar si éstos representan o no las necesidades de la ciudad.

ACIJ examinó las cuentas de inversión para los años fiscales 2001-2004 y el presupuesto ejecutado durante el año fiscal 2005. La cuenta de inversión detalla toda la información sobre la ejecución presupuestaria, es decir, cuánto dinero se asigna a la infraestructura y mantenimiento de la escuela en las distintas etapas del proceso presupuestario y la ubicación (distritos escolares) de las escuelas en donde se hacen reparaciones.

Un primer obstáculo fue el alto nivel de agregación de la información presupuestaria lo que dificultó identificar qué escuelas deberían de recibir las asignaciones presupuestarias. Además una gran parte de la infraestructura del presupuesto fue ejecutada mediante fondos discrecionales que no se contabilizaron por lo que es imposible saber cuánto dinero se gastó realmente.

ACIJ solicitó formalmente a varias entidades públicas información adicional pero éstas no respondieron. Entonces ACIJ demandó al gobierno de la ciudad por no cumplir con su obligación de brindar información. Con la ayuda de autoridades de justicia local, ACIJ obtuvo la información solicitada y determinó que el gobierno gasta muy poco en infraestructura escolar en todos los distritos pero que dicha subejecución es aún más grave en vecindarios pobres que en vecindarios que no lo son. ACIJ también encontró que la subejecución empeoró durante los años de crisis económica.

Los esfuerzos de ACIJ tuvieron éxito y el gobierno de la ciudad solicitó que se removieran “las aulas container” por representar un peligro a la seguridad de los niños y atentar contra del derecho a la salud y educación de los niños. Es la primera vez que se da una sentencia con base en un acto de discriminación socioeconómica en Buenos Aires a partir del trabajo de ACIJ que examinó el impacto, eficiencia y prioridades del gasto del gobierno de la ciudad hacia programas de infraestructura en el sector educativo.

Para mayor información, contactar a Nuria Becu [email protected].

 


 

Regresa el debate presupuestario al parlamento en Nepal por Pramod

El Ministro de Finanzas de Nepal presentó al parlamento un presupuesto de $2 billones el pasado 12 de julio. Es la primera vez en cuatro años que el parlamento recibe un presupuesto. (El Rey Gyanendra disolvió al parlamento en 2002, pero fue instalado nuevamente como parte del acuerdo de 12 puntos alcanzado el pasado mes de noviembre entre los siete partidos políticos y los rebeldes Maoistas.) Durante cuatros años sin parlamento Nepal no tenía oportunidad de mejorar la rendición de cuentas o apertura del gasto público.

El nuevo presupuesto promete asegurar la transparencia y participación popular en todas las fases de la formulación de políticas públicas y toma de decisiones; las comunidades locales serán responsables de seleccionar e implementar proyectos a nivel local. Sin embargo, ninguna organización de la sociedad civil está activamente involucrada en la incidencia presupuestaria y no hubo consultas públicas preliminares al presupuesto, aunque la Federación de las Cámaras de Comercio e Industria de Nepal organizó un debate posterior al presupuesto al que asistió la organización de la sociedad civil Strategic Group P Ltd.

De acuerdo con Strategic Group P Ltd., el principal reto del presupuesto es su implementación, tanto de los ingresos como de los egresos. Los problemas burocráticos y débiles mecanismos institucionales dieron lugar a la pobre implementación de programas presupuestarios. Además al tratar de complacer a todos, el presupuesto reparte sus limitados recursos y reduce su eficiencia.

El nuevo presupuesto aumenta asignaciones a comités de desarrollo local y distrital, así como financiamiento para caminos rurales y estratégicos que conecten a los distintos distritos (que aún no están conectados vía terrestre). El presupuesto también se compromete a lanzar varios proyectos de agua potable para el siguiente año fiscal y a expandir otros proyectos de infraestructura de salud y educación que fortalezcan el desarrollo de dichas actividades y mejoren los niveles de vida de los pobres.

El presupuesto aumenta el gasto social de años anteriores — en particular el de salud, educación e instalaciones de agua potable que, en su totalidad, representa 26 por ciento del presupuesto. El presupuesto de salud ha aumentado en un 61 por ciento este año y servirá para reducir la mortalidad infantil a partir de la compra de vacunas para 0.7 millones de niños de un año o menos.

El sector educativo recibe 16 por ciento del nuevo presupuesto, un aumento nominal de 8.4 por ciento comparado con el año anterior. Este es un nivel de inversión sólido dados los limitados recursos en Nepal. Para mejorar las escuelas de la comunidad, el presupuesto asigna fondos para la contratación de alrededor de 3,000 maestras y la construcción de salones de clase adicionales para dar cabida al creciente número de alumnos de educación primaria. El presupuesto también busca la construcción de 190 escuelas y 4,200 salones de clase. La calidad de la educación en las escuelas públicas sigue siendo un tema delicado y el gobierno necesita encontrar formas para mejorar la calidad de los maestros de escuelas públicas. El presupuesto ofrece capacitación a 19,000 maestros de primaria y a 16,000 maestros de secundaria para fortalecer sus capacidades, pero el gobierno deberá de monitorear la efectividad del entrenamiento.

El presupuesto aumenta asignaciones a la construcción de caminos y puentes en un 38 por ciento (aumento real) durante el año pasado. El porcentaje designado a la construcción de caminos y puentes este año es de 5.4 por ciento del total del presupuesto mientras el año pasado fue sólo de 4.4 por ciento. El presupuesto destinó recursos suficientes para completar 1,500 caminos rurales que hoy se encuentran en construcción. En el pasado, la construcción de caminos rurales ha sido más lenta con la presencia de los rebeldes Maoistas, pero el nuevo presupuesto incluye una provisión especial para contar con fondos suficientes que permitan terminar los proyectos de caminos en el tiempo previsto. El trabajo de construcción no será terminado por un tiempo aunque se continúe con la asignación prevista. El Ministro de Desarrollo Local preparará un plan de acción a mediados de octubre 2006 para garantizar la terminación de dicho proyecto con el tiempo y dinero disponibles.

El presupuesto destina $17 millones al Fondo de Alivio a la Pobreza que implementará 667 programas de generación de ingreso, 379 programas de desarrollo de infraestructura y 1,714 programas creativos en 1,200 poblados en 25 distritos, incluyendo 7 distritos en el oeste y 10 distritos en el medio oeste. Se espera que alrededor de 50,000 viviendas de bajos ingresos se beneficiarán por dichos programas. Este año el gobierno introdujo el programa “One-Village-One-Product” como parte de una asociación público-privada para aumentar la producción de artículos con potencial de exportación en el extranjero. El gobierno anunció en el presupuesto que se comenzará a comerciar con borregos en la región montañosa bajo la asociación público-privada para satisfacer la demanda de lana cruda para la industria de tapetes. Existirán actividades que generen ingresos para apoyar a 18,700 familias de agricultores mediante los programas “Community Livestock Programs” dirigidos a dalits (término utilizado para castas o tribus) y otros en 22 distritos con gran número de agricultores.

Según el presupuesto este año el gobierno ofrecerá orientación vocacional a 9,066 personas y otros talleres especializados a 44,743 personas en diferentes disciplinas. Se les dará prioridad a personas que hayan sufrido alguna lesión durante el movimiento, mujeres y dalits. El gobierno ha hecho asignaciones para ampliar los centros de capacitación “Skills Training Centers” en tres distritos a través de las Cámaras de Comercio e Industria de la Federación de Nepal de acuerdo con el concepto de asociación público-privada.

Debido al proceso de paz el nuevo presupuesto pone un alto a la tendencia de aumentar el gasto en seguridad por primera vez en diez años. Desde el año 2000 el gasto en seguridad se ha duplicado de 1.7 por ciento del PIB a más de 3.2 por ciento. El financiamiento de agencias de seguridad (ejército, policía y fuerzas armadas) ha disminuido en el nuevo presupuesto. Esta caída quiere decir que el tamaño del ejército, que ha crecido en los últimos cuatro años, deberá de reducirse. Por ello el presupuesto exige la eliminación permanente de puestos en el ejército que quedan libres durante el año para reducir el gasto en defensa en el largo plazo.

El presupuesto también incluye una nueva política laboral y de empleo que será puesta en práctica de acuerdo con líderes empresariales y sindicales. El gobierno estima que 50,000 trabajos adicionales serán generados dentro de los siguientes tres años en distintas industrias, zonas económicas especiales y zonas de procesamiento de exportaciones. La formulación de políticas implica un reto ya que muchas industrias permanecen cerradas debido a las demandas de los sindicatos Maoistas.

En cuanto a la recaudación, el presupuesto busca reunir 16 por ciento o más en ingresos de recursos internos y casi 75 por ciento o más que el año pasado en préstamos extranjeros. Cumplir con la meta de ingresos internos no debería de ser un problema si se da un acuerdo político con los Maoistas. La asistencia extranjera es más ambiciosa y las posibilidades de éxito dependen de cómo avance la situación política.

Como ha sucedido en años anteriores, el presupuesto no ofrece mecanismos significativos para fortalecer el monitoreo de sus programas, proyectos y políticas. Mientras la sociedad civil en Nepal se preocupa por la exitosa implementación del presupuesto — así como por la estabilidad política nacional —  aún debe de explorar el tremendo potencial del activismo presupuestario.

Para mayor información, contactar a The Strategic Group [email protected].

 


 

Coalición presupuestaria de la sociedad civil en Liberia por Alfred Lahai Brownell 

Avanza la participación pública y transparencia en el proceso presupuestario en Liberia

Lucha por derechos políticos. Liberia ha soportado décadas de guerra y mala gobernabilidad. Los esclavos liberados provenientes de América a principios y mediados de 1800 para establecerse en Liberia victimizaron a su vez a los aborígenes locales. A lo largo de un siglo de desorden y rebelión la gente de Liberia fue arbitrariamente arrestada, detenida, perseguida, torturada y hasta ejecutada. Las desapariciones forzadas se convirtieron en una forma de vida. Como resultado, la lucha de Liberia por satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales pasó a segundo plano mientras los derechos políticos fundamentales eran la prioridad — el derecho a la vida y la libertad de expresión y de prensa, el derecho a tener opinión propia y a no ser registrado sin una orden legal.

La determinación del pueblo de Liberia por garantizar el cumplimiento de estos derechos se convirtió en una de las peores guerras civiles de los años noventa. Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en asociación con sus colegas internacionales trabajaron agresivamente para revertir el colapso del estado. Finalmente, estos esfuerzos ayudaron a crear un espacio democrático en el que la sociedad civil pudiera funcionar.

La base constitucional para la participación ciudadana en la toma de decisiones del presupuesto. Los creadores de la Constitución de Liberia que se adoptara en 1986 favorecieron un proceso presupuestario participativo y transparente fundado en el derecho a la participación ciudadana en Liberia. También defendieron el derecho a participar completamente en la economía nacional y en las decisiones sobre el uso de recursos naturales. Esta doctrina conocida como Doctrina de Máxima Participación fue incluida en el Capítulo 2, Art. 7 de la Constitución.

La Constitución también habla de un mecanismo de contrapesos (Capítulo 5, Art. 34) para crear tanto contrapesos como rendición de cuentas en la administración de fondos públicos: “ningún dinero será extraído de la tesorería a menos que se trate de apropiaciones realizadas por el legislativo y bajo orden del ejecutivo; la oficina del presidente deberá presentar a la legislatura un reporte anual y cuenta de gastos de fondos públicos.”

Crece el activismo de la sociedad civil. Después de haber avanzado en el cumplimiento de los derechos políticos, la sociedad civil en Liberia lentamente avanzó hacia la lucha por satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. Con base en la Constitución y en una combinación de activismo y conocimientos legales, la OSC “Green Advocates” se convirtió en líder en esta área y comenzó a trabajar por:

  • darle voz a los pobres en zonas rurales y urbanas sobre decisiones relacionadas con el uso de recursos naturales
  • exigirles rendición de cuentas a compañías multinacionales y al gobierno por sus acciones
  • prevenir desocupaciones forzadas de tierras ancestrales en comunidades locales
  • promover transparencia en el presupuesto y el uso de recursos naturales
  • vincularse con otras OSCs para exigir una auditoría internacional de transacciones financieras gubernamentales y administrativas
  • utilizar conceptos legales para defender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades locales, así como las capacidades de la población en general

El gobierno de transición que tomó control después de que el presidente Charles Taylor fuera destituido de su cargo en 2003 participó en múltiples actos de corrupción. De acuerdo con reportes comisionados por OSCs y un panel de expertos en Liberia de las Naciones Unidas. OSCs del país y expertos internacionales comenzaron a hacer un llamado para realizar una auditoría internacional de la administración financiera nacional. Después de que el gobierno de transición intentara prevenir la auditoría de África Occidental promovida por OSCs, Green Advocates ayudó a convencer a la Suprema Corte de Justicia para levantar una orden de auditoría. Cuando el gobierno desobedeció la orden, las OSCs organizaron acciones ciudadanas y manifestaciones exigiéndole al gobierno que se sometiera a la auditoría y, finalmente, así lo hizo.

Fuera de la campaña también creció el deseo de la sociedad civil de promover la prudencia en el manejo de los recursos fiscales en Liberia. En 2005 una campaña de la sociedad civil ayudó a firmar el Programa de Gobernabilidad y Administración Económica “Governance and Economic Management Assistance Program” (GEMAP) entre el gobierno de Liberia y sus principales socios internacionales de desarrollo. Bajo GEMAP, los socios internacionales vigilarían la administración financiera y ayudarían al gobierno a administrar sus recursos económicos más inteligentemente.

Guía presupuestaria en Liberia: El principio del trabajo presupuestario de la sociedad civil. Mientras se negociaba GEMAP, Green Advocates llevó a cabo otra iniciativa de lucha contra la corrupción y promoción de mayor gobernabilidad fiscal. En marzo 2005, Green Advocates y otras OSCs de Liberia organizaron un taller para identificar las áreas clave de combate a la corrupción. Estos grupos resaltaron la transparencia presupuestaria como una herramienta fundamental en esta lucha.

Para promover la educación presupuestaria y la participación ciudadana en el proceso presupuestario, Green Advocates y el “Revenue Watch Program” prepararon un manual o guía sobre el presupuesto en Liberia “Liberia Budget Guide.” Ésta es la primera de una serie de herramientas de incidencia producidas por Green Advocates y forma parte de una campaña más amplia en la que participan otras 15 OSCs para ampliar la participación ciudadana en el presupuesto y asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el proceso presupuestario en Liberia y en el resto de África Occidental.

La guía del presupuesto se basó en información obtenida por Green Advocates mediante una serie de reuniones con expertos en el presupuesto dentro y fuera del gobierno de Liberia, así como mediante consultas con grupos internacionales que trabajan el tema de transparencia presupuestaria. Otras seis OSCs ayudaron a Green Advocates a preparar la guía presupuestaria cuya versión preliminar fue presentada a líderes de la sociedad civil y a instituciones públicas durante un taller técnico de dos días. Green Advocates hizo uso de las discusiones que tuvieron lugar en el taller para preparar una segunda versión que fuera presentada a personas dentro y fuera de Liberia con el objeto de recibir revisiones y recomendaciones.

Además un número de OSCs involucradas en la preparación de la guía estuvieron de acuerdo en formar una red presupuestaria de la sociedad civil de Liberia “Liberian Civil Society Budget Network” con Green Advocates actuando como institución líder brindando apoyo técnico. Entre las organizaciones participantes se pueden mencionar “Catholic Justice and Peace Commission,” “Press Union of Liberia,” “Association of Female Lawyers of Liberia,” “Liberia Democracy Institute,” “Women in Peace Building Network,” “Sustainable Development Institute,” “Center for the Promotion of Democracy,” “Liberia Institute of Public Opinion” y “Liberians United to Expose Hidden Weapons.”

Otras iniciativas. Además de promover el trabajo presupuestario de la sociedad civil, Green Advocates se ha asociado con varias instituciones gubernamentales dedicadas a diferentes aspectos del presupuesto, en particular con el legislativo y el ejecutivo. Por ejemplo el director de la oficina del presupuesto colabora con Green Advocates en una iniciativa que involucra a la gente de Liberia en el proceso presupuestario 2006-2007 para ayudar a identificar las prioridades nacionales. Green Advocates comenzará la selección de comunidades en donde organizarán discusiones con ciudadanos, OSCs, grupos de estudiantes y analistas presupuestarios sobre la estructura y contenido del presupuesto.

Green Advocates y sus colaboradores en la sociedad civil lanzaron una serie de campañas, consultas y foros sobre el proceso presupuestario con grupos de jóvenes, organizaciones de mujeres, legisladores y representantes de partidos políticos, así como con activistas de la sociedad civil. Green Advocates también condujo programas de opinión y discusiones con diversas audiencias para preparar a la gente de Liberia para el año fiscal 2006-2007. Para dar comienzo a este proceso, Green Advocates organizó un taller en julio para OSCs como preparación para el presupuesto 2006-2007. El taller de dos días incluyó discusiones sobre transparencia presupuestaria y participación pública en el proceso presupuestario y le dio a las OSCs elementos para monitorear y evaluar el presupuesto.

Revisión del presupuesto 2006-2007. Inmediatamente después de que el ejecutivo hiciera entrega de la propuesta del presupuesto a la legislatura, el presupuesto fue sujeto a un nivel de consulta ciudadana jamás antes visto en la historia de Liberia. Líderes políticos, legisladores, cuerpos profesionales, reporteros, activistas estudiantiles, líderes comunitarios y hasta miembros de la comunidad internacional de donatarios participaron en el debate.

Green Advocates trabajó con líderes estudiantiles de la Universidad de Liberia para organizar una reunión de dos días para analizar y debatir el presupuesto. El debate reunió a legisladores (incluyendo al vocero de la casa de representantes), líderes de oposición, los medios, líderes juveniles, el sector privado, activistas de la sociedad civil, así como los ministerios de educación, salud, finanzas, trabajo, obras públicas y agricultura y el director de la oficina del presupuesto.

Conforme se intensificaron los debates presupuestarios el ejecutivo se comprometió a ofrecer un presupuesto adicional o suplementario. Green Advocates y la Red de Liberia sobre el Presupuesto rápidamente llevaron esto a la atención de los legisladores y fue entonces que Green Advocates lanzó una campaña para exigir información sobre la legalidad de dicha partida. La casa de representantes retomó esta demanda e invitó a funcionarios públicos clave a ofrecer información.

La casa de representantes tampoco aprobó las propuestas presupuestarias del presidente sobre salario mínimo, montos para el servicio de la deuda y sobre si empresas del estado debían de ser parte del presupuesto y el tamaño total del presupuesto. Se organizó una conferencia que reunió a miembros de la casa de representantes y del senado para buscar puntos en común. Después de tres días de negociaciones ambas partes llegaron a un acuerdo. Cincuenta días más tarde se aprobó el presupuesto 2006-2007.

Retos y Oportunidades. A pesar de ser la organización líder en el trabajo presupuestario de la sociedad en Liberia, Green Advocates enfrenta serios problemas financieros y cuenta con personal limitado para realizar su trabajo de transparencia presupuestaria. El personal de Green Advocates es autodidacta y depende, en gran medida, de materiales accesibles en Internet cuyo acceso sigue siendo costoso en Liberia. Green Advocates está en busca de apoyo financiero para crear un centro de información presupuestario al servicio de la red presupuestaria “Liberian Civil Society Budget Network” y disponible a otros grupos e individuos interesados en el trabajo presupuestario de la sociedad civil.

A pesar de las limitaciones financieras de Liberia, el país ofrece importantes oportunidades para el trabajo presupuestario de la sociedad civil como un país que viene saliendo de casi quince años de guerra civil. El gobierno ha declarado a la corrupción el enemigo número uno de Liberia y se ha comprometido a ejercer prudencia fiscal. Estos son serios pronunciamientos políticos que deben de cumplirse. El trabajo presupuestario de la sociedad civil es un mecanismo poderoso para exigir rendición de cuentas sobre el cumplimiento de dichos compromisos y luchar contra la pobreza en Liberia.

Para mayor información, contactar a Alfred Brownell [email protected].

 


 

Nueva publicación: monitor del gasto social en Guatemala

El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, (CIIDH) en Guatemala dio a conocer el reporte trimestral Observatorio del Gasto Social con información sobre la calidad, cantidad y transparencia del presupuesto federal. Para la elaboración del informe trimestral se recurre al Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) del gobierno de Guatemala a fin de monitorear la información de ejecución presupuestaria del gobierno central. Esta información se complementa con entrevistas a funcionarios de las diferentes dependencias del gobierno, en especial del Ministerio de Finanzas Públicas, Educación, Salud y de instituciones de acceso a la tierra, como el Fondo de Tierras.

El informe del observatorio se presenta trimestralmente en conferencia de prensa, con la participación de columnistas y periodistas en los ocho días después de finalizar el trimestre. Posteriormente, se difunde por correo electrónico y un mes después del fin del trimestre en cuestión, el informe escrito e impreso se distribuye entre funcionarios públicos, diputados al congreso, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, cuerpo diplomático y organismos internacionales.


 

En dónde está el dinero para proteger los derechos de las mujeres

Como parte de la iniciativa de investigación, “Just Associates” (JASS) y la Asociación de Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID) dieron a conocer el reporte “En dónde está el dinero para proteger los derechos de las mujeres. Evaluando los recursos y el papel de los donatarios en la promoción de los derechos de las mujeres y el apoyo de organizaciones de mujeres.”

En vista de la falta de recursos destinados a los derechos de las mujeres una década después de la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing en 1995, el reporte examina tres cuestiones:

  • ¿Son o no suficientemente audaces los grupos de derechos de las mujeres en sus estrategias de financiamiento?
  • ¿Acaso los donatarios no comprenden la urgencia e importancia de este trabajo?
  • ¿Qué ha pasado realmente con el financiamiento para organizaciones de derechos de las mujeres en los últimos diez años y qué hay detrás de estas tendencias?

Los objetivos de la investigación son: (1) aumentar el financiamiento hacia los derechos de las mujeres, (2) democratizar el acceso a fondos de apoyo y (3) afirmar la legitimidad del apoyo a organizaciones que protegen los derechos de las mujeres y otros movimientos afines.

Los investigadores revisaron la investigación existente, condujeron una entrevista electrónica con más de 400 organizaciones de derechos de las mujeres, llevaron a cabo 82 entrevistas con varios donatarios y organizaciones de mujeres y dieron apoyo a tres reuniones internacionales con donatarios y grupos de derechos de las mujeres. Se encontró que la falta de financiamiento tiene efectos similares en organizaciones de mujeres en distintas regiones haciendo que se enfoquen en sobrevivir limitando su habilidad de mantener una agenda proactiva.

Los investigadores encontraron varios problemas comunes entre los grupos que dan apoyo financiero a organizaciones de mujeres como las agencias bilaterales y multilaterales de desarrollo, fundaciones independientes, ONGs internacionales, corporaciones y grupos altruistas privados. Entre los problemas están el pobre seguimiento y rendición de cuentas; los fallidos intentos por integrar la equidad de género a través de la organización; y un cambio en el interés y prioridades organizacionales hacia otros temas. De los $69 billones de ayuda bilateral recibida en 2003 sólo $4 billones (6 por ciento) fue monitoreada mediante indicadores de género, $2 billones (3 por ciento) siguieron el principio de equidad de género y $400 millones (0.6 por ciento) siguieron el principio de equidad de género como objetivo central. Se observó también que las principales ONGs internacionales han reducido su financiamiento a mujeres y niñas desde 1996.

Los investigadores concluyeron que:

  •  37 por ciento de las organizaciones que respondieron tuvieron presupuestos por debajo de $20,000 en el 2004, 68 por ciento tuvieron presupuestos menores a $100,000 y 24 por ciento tuvieron presupuestos entre $100,000 y $500,000.
  • 51 por ciento de las organizaciones de mujeres recibieron menos financiamiento en 2004 que en el 2000, mientras 24 por ciento recibieron más y 23 por ciento recibieron casi lo mismo.

También se encontró lo siguiente en la información no financiera:

  • Las áreas que atraen más financiamiento son VIH/SIDA, violencia por género, participación y derechos civiles y políticos. Es más difícil obtener financiamiento para temas relacionados con filantropía, derechos individuales con tradiciones religiosas y derechos culturales y sexuales.
  • Las prioridades organizacionales para las cuales el financiamiento es más accesible son los medios, tecnología, comunicaciones, desarrollo en liderazgo y “networking.”
  • Es más difícil financiar prioridades como salarios, administración y oferta de servicios.
  • Más de la mitad de las organizaciones entrevistadas opinan que es más difícil atraer fondos ahora que hace diez años y que hoy dedican más tiempo a actividades para generar fondos.

Mientras este reporte documenta los bajos niveles de financiamiento a los derechos de las mujeres y los derechos que enfrentan las organizaciones de mujeres, también habla de nuevas oportunidades. Por ejemplo, fundaciones familiares, donaciones individuales, filantropía corporativa y fondos de mujeres son algunas de las nuevas fuentes de financiamiento para organizaciones de mujeres.


 

Capacitación presupuestaria en Mongolia

El Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP, por sus siglas en inglés) coordinó el taller de capacitación presupuestaria del 26-30 de junio 2006 en Ulaanbaatar, Mongolia. Al taller asistieron 21 participantes de Mongolia, Pakistán, Azerbaiyán, Kirguistán, Armenia y Kazajstán. Los participantes trabajan en grupos comprometidos con el trabajo presupuestario aplicado, a través de investigación presupuestaria enfocada en influir las políticas del presupuesto, como un componente integral de su estrategia organizacional. Los participantes fueron seleccionados con base en su experiencia y compromiso con el presupuesto dentro de su organización.

Durante el curso de cinco días, los participantes estudiaron el proceso presupuestario, terminología del presupuesto y estudios de caso de grupos presupuestarios de alrededor del mundo, análisis cuantitativo y metodologías de difusión de información. El taller fue altamente participativo – con presentaciones, preguntas y respuestas sobre los materiales utilizados. El taller se basó en un ejercicio de simulación presupuestaria y en el análisis de un estudio de caso.

Para mayor información, contactar a Vivek Ramkumar [email protected].

 


 

Novedades en la biblioteca del IBP

Achieving Results: Performance Budgeting in the Least Developed Countries
Por United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
Esta publicación de UNCDF explora los retos del desempeño presupuestario en apoyo a las metas del milenio y su aplicación al desarrollo en países de ingresos medios y bajos. El libro revisa los conceptos y contexto del desempeño presupuestario en los gobiernos locales, así como la experiencia de Mozambique, Tanzania y Yemen. Introduce presupuestos con enfoque de género y métodos para evaluar el presupuesto en países en vías de desarrollo.

“Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW”
Por Diane Elson/United Nations Development Fund for Women
Esta publicación estudia el vínculo entre los estándares de derechos humanos y los presupuestos gubernamentales. Habla sobre cómo monitorear el proceso presupuestario para satisfacer los estándares de derechos humanos de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW).

“Making Public Finance Public”
Por Katarina Ott/Local Government and Public Service Reform Initiative
Los tres estudios de caso que aquí se presentan estudian los presupuestos subnacionales en Croacia, Macedonia y Urania. La publicación también incluye una síntesis trasnacional de gran utilidad para universidades, organizaciones de la sociedad civil, parlamentos y los medios interesados en mejorar la transparencia y rendición de cuentas en la administración de las finanzas públicas.

Newsletter 34 – French

La loi sur la garantie de l’emploi rural en Inde, par Nandan Jha, Deepak Xavier et Vivek Ramkumar

Le parlement indien a récemment adopté une loi intitulée «loi nationale sur la garantie de l’emploi rural» (NREGA). Selon cette loi tous les ménages ruraux pourront recevoir 100 jours de travail au salaire minimum de la part du gouvernement. La loi a été approuvée devant l’énorme pression exercée par les militants de la société civile et les mouvements sociaux en Inde qui exigeaient l’adoption de cette loi pour assurer le respect du droit au travail des secteurs les plus pauvres.

Dans une série d’articles présentés dans le bulletin bimensuel de l’IBP écrits par le Centre sur le budget, la responsabilisation et la gouvernance (CBGA) — un groupe situé à New Delhi, Inde — sont décrits la logique de la loi, ses implications financières et le processus d’audit social à travers lequel les citoyens surveillent l’utilisation des fonds destinés au programme sous cette loi.

Qu’est-ce que la NREGA?  

La garantie nationale de l’emploi rural a été approuvée par le parlement indien en août 2005. Au niveau national, la loi est la première de ce type, offrant le droit à travailler à environ 700 millions d’Indiens en zones rurales.

Alors que l’Inde a un riche passé de programmes publics destinés à  créer des emplois durant les périodes de rareté alimentaire, aucun de ces programmes ne s’est jamais converti en une loi permanente. En outre de tels programmes ont été victimes de corruption, aux mais de fonctionnaires publics, ainsi que de l’inefficacité dans l’utilisation des ressources, dans la mesure où celles-ci n’ont pas été utilisées dans les zones les plus nécessiteuses.

La NREGA garantit pour chaque ménage rural 100 jours d’emploi au salaire minimum par an, le salaire étant fixé à 60 Rs. Par jour (un dollar équivaut environ à 45 Rs.), ou le salaire minimum statutaire étatique des travailleurs agricoles. Ceux qui demeurent sans emploi 15 jours après avoir fait la demande de ce droit peuvent recevoir une indemnité de chômage journalière au taux de un quart du salaire minimum pendant les trente premiers jours et de la moitié du salaire minimum pour le reste de l’année.

L’adoption de la NREGA a été confrontée à la forte opposition de quelques fonctionnaires gouvernementaux importants, particulièrement au sein du ministère des finances et de la commission de planification nationale, et de sections des médias conservateurs. Leur opposition se fondait sur l’idée que l’économie indienne perdrait sa compétitivité dans l’économie mondiale si elle devait investir ses ressources dans des programmes publics plutôt qu’en infrastructures. En outre, ils maintenaient que de grands programmes sociaux tels que la NREGA sont le terreau de la corruption, de l’inefficacité et de la mauvaise gestion des fonds publics. Ils ont également exprimé leurs doutes sur le fait que la NREGA atteigne ses objectifs d’éradication de la pauvreté rurale et tout spécialement de prévention des morts pour manque d’alimentation dans les zones rurales, en citant l’échec du schéma sur la garantie de l’emploi de Maharashtra – une loi adoptée par l’Etat indien de Maharashtra dans les années 1970, qui comme la NREGA garantissait l’emploi aux ménages ruraux – dans la réalisation d’objectifs similaires.

Les défenseurs de la NREGA incluent des organisations fondées sur les communautés, des militants sociaux, et des universitaires, qui croient que cette loi soutiendra des millions de ruraux en leur fournissant un revenu supplémentaire lors des périodes de sécheresse ou de ralentissement dans le cycle du travail agricole. En fait, beaucoup de défenseurs ont fait campagne pour la NREGA en la présentant comme une mesure de sécurité alimentaire. Pour ces militants, l’adoption du NREGA reflète la reconnaissance implicite du gouvernement du fait que les politiques de libéralisation économique que l’Inde a adoptées durant les 15 dernières années – qui partent du principe qu’une croissance économique rapide s’infiltre parmi la population, en créant de l’emploi et en réduisant la pauvreté – ont échoué.

L’Inde peut être citée comme un exemple classique de l’échec de cette théorie de “l’infiltration”. Avant l’adoption des politiques de libéralisation, l’économie indienne avait une croissance de 3.5 à 4% par an et un taux de croissance de l’emploi de 2 à 2.2%. Désormais, la croissance économique indienne est de 5 à 7% par an, mais l’emploi n’augmente que de 1.1%, ce qui représente moins de la moitié des nouvelles recrues de la main d’œuvre chaque année.

Le chômage a été particulièrement sévère dans les zones rurales, qui dépendent amplement de l’agriculture. Le taux de croissance annuel de l’emploi dans les zones rurales a chute de 2% entre 1987-1994 à 0.6% entre 1993-2004, période correspondant à l’introduction des politiques libérales.

La NREGA, qui se fonde sur le principe que chaque adulte a droit à des opportunités d’emploi au salaire minimum statutaire, doit augmenter l’emploi de façon significative dans les 200 districts (sur un total de 602 districts dans l’ensemble du pays) qui ont été sélectionnés pour cette initiative. Le gouvernement a promis d’étendre l’initiative à l’ensemble du pays dans les 5 prochaines années.

Les défenseurs de la NREGA déclarent que la globalisation économique et les politiques de privatisation ont créé un système de compétition inégale entre les grandes multinationales et les commerces locaux, en détruisant les activités et la production traditionnelles. La mécanisation de l’agriculture et la croissance du commerce agricole ont affaibli davantage les opportunités d’emploi rural et ont contribué à causer une migration de grande échelle vers les centres urbains. Pour résumer, les objectifs de la NREGA sont de:

  • fournir des revenues supplémentaires aux ménages ruraux lors des périodes de ralentissement dans le cycle agricole;
  • réduire la migration des travailleurs agricoles en offrant des opportunités pour l’emploi local;
  • générer de l’emploi dans les zones les plus en difficulté à travers des travaux productifs qui créent des bases durables et régénèrent la base de ressources naturelles des communautés pauvres; et
  • fournir aux ruraux un accès à l’alimentation lors des périodes de sécheresse et de famine.

Questions financières 

Le coût de la NREGA dépend largement de deux facteurs: du nombre de demandeurs d’emploi et du nombre de jours d’emploi qu’ils recherchent. Les coûts additionnels incluent les coûts administratifs et les indemnités chômage pour les familles qui ont fait une demande d’emploi mais qui n’en ont pas obtenu.

Les coûts de la NREGA sont divisés entre les gouvernements étatiques et centraux. Le gouvernement central paie tous les salaires des travailleurs manuels non qualifiés et 75% des salaires des travailleurs qualifiés et semi qualifiés; les gouvernements étatiques paient les 25% restants des salaires des travailleurs qualifiés et semi qualifiés et l’indemnité chômage des demandeurs qui n’ont pas obtenu d’emploi. Les deux niveaux de gouvernement paient les dépenses administratives.

En outre, la NREGA fournit la couverture médicale des travailleurs en cas d’accident du travail. Les travailleurs ont également droit à la distribution d’eau potable et à des périodes appropriées de repos. En outré, la loi requiert l’installation d’un service de garderie dans les lieux de travail où il y a plus de cinq enfants ayant moins de 6 ans accompagnant les travailleuses femmes.

La question du niveau de salaire offert sous cette loi a été problématique. En Inde, les salaires minimaux sont prescrits par les Etats individuels et varient grandement d’un Etat à un autre – de 40 Rs. à 134 Rs. par jour. Dans l’établissement du programme, le parlement a dû faire un compromis entre les niveaux de salaire proposés de 50 et de 66 Rs., en le fixant à 60 Rs. ou au taux fixé par l’Etat si celui-ci est plus haut.

Plus récemment, le Ministre des finances a fait une tentative concertée pour fixer le taux de salaire à 60 Rs. dans l’ensemble du pays. Cette initiative a été confrontée à la résistance du ministère du développement rural, qui est responsable de l’administration de l’accord.

Les partisans de salaires plus élevés soutiennent que les salaires payés sous la NREGA devraient être liés au salaire minimum étatique, qui reflète le coût local de la vie. Leurs opposants déclarent que la NREGA a pour but de venir en complément au revenu des ménages ruraux et n’est donc pas censé être compétitif avec les salaires existants du secteur privé.

Le gouvernement indien prévoit de dépenser 143 milliards de Rs. pour l’emploi rural durant l’année fiscale en cours (2006-07), sur lesquels 113 milliards seront dépensés sous la NREGA et 30 autres milliards sous un programme d’emploi rural distinct établie avant la NREGA, dénommé Sampoorna Grameen Rojgar Yojana (SGRY). Ces 143 milliards représentent 23% de plus que ce que le gouvernement avait prévu pour l’emploi rural l’année dernière. En outre, comme la NREGA n’est implantée que dans un tiers du pays cette année, le budget pour l’emploi rural devra être augmenté de manière significative dans les années futures, quand la NREGA sera appliquée dans l’ensemble du pays.

Les défenseurs de la NREGA soutiennent qu’un financement bien plus important est nécessaire pour implanter le plan dans les 200 districts sélectionnés. Ils remarquent également que le gouvernement réduit en fait les opportunités d’emploi dans les 402 districts qui ne sont pas couverts actuellement par la NREGA, puisqu’en adoptant la NREGA le gouvernement a éliminé un des deux programmes existants pour l’emploi rural (the National Food for Work Program, NWFP) et a réduit l’échelle du second (SGRY).

Il faut observer que d’après le statut de la NREGA, le gouvernement n’a pas le pouvoir de mettre fin au plan quand il le veut, mais est obligé de dispenser un financement approprié pour couvrir les coûts de tous les demandeurs remplissant les conditions pour recevoir l’assistance du plan.

Résultats à ce jour

La NREGA a été implantée dans 200 districts le 2 février 2006. Le 9 juin, environ 26.9 millions des 57.5 millions de ménages ruraux avaient fait la demande de cartes d’identité (appelées cartes de travail), et environ 18 millions de ces ménages avaient reçu des cartes de travail, d’après les données publiées par le Ministère du développement rural. En outre, 8.1 millions de personnes disposant de cette carte avaient demandé un emploi, et seules 6.5 millions avaient été employées.

Les données du Ministre du développement rural n’incluent pas le nombre significatif de jours de travail fournis aux bénéficiaires actuels ou les salaires moyens payés sous le régime de la NREGA dans chaque Etat, ou la décomposition des dépenses en termes de coûts salariaux et de matériel. Cela nous empêche de calculer les coûts futurs impliqués par la promesse de fournir 100 jours de travail à tous les ménages qui en ont fait la demande. Cependant, l’information dispensée par le ministère montre que si tous les demandeurs de cartes d’emploi avaient reçu un travail, le coût total aurait excédé les 290 milliards de Rs., soit plus du double de l’allocation actuelle pour ce plan.

Le montant d’argent requis a déstabilisé le Ministère des finances, qui n’a alloué que 113 milliards de Rs. au programme cette année. La perspective d’un tel déficit était une des raisons expliquant la tentative avortée du ministère, expliquée plus haut, de réduire le salaire minimum sous le régime de la NREGA à 60 Rs. dans l’ensemble du pays.

Heureusement pour le Ministère des finances, les tendances récentes de la demande d’emploi ont retrouvé des niveaux beaucoup plus modestes. Ceci s’explique notamment par le paiement de salaires modestes – des échappatoires dans les provisions concernant les salaires minimums sous la NREGA permettent au gouvernement de calculer les salaires à un taux par pièce, ce qui dans la plupart des cas débouche sur des salaires payés à un taux inférieur au taux de salaire minimum prescrit – et un manque général de connaissance parmi les communautés pauvres de leur droit à l’emploi sous la NREGA.

Le ministère espère désormais que le nombre de personnes cherchant un emploi sous cet arrangement n’excède pas les 15 millions de ménages. Mais même à ce niveau de participation, seraient nécessaires environ 150 milliards de Rs. pour financer ces demandes, ce qui représente environ 40 milliards de Rs. de plus de ce que le gouvernement a prévu.

Comme la NREGA est un arrangement conduit par la demande, il est très différent des anciens arrangements pour la réduction de la pauvreté et la génération d’emplois, qui n’étaient pas mandataires et qui pouvaient se fonder sur la disponibilité du financement. Le gouvernement national et les gouvernements étatiques doivent allouer des ressources appropriées pour couvrir les coûts de cet arrangement. Pour obtenir ces fonds additionnels, le gouvernement devra sûrement considérer la possibilité d’augmenter les taux fiscaux ou d’introduire de nouveaux revenus à travers l’imposition d’un impôt, tel que l’impôt actuel pour l’éducation.

Dispositions principales de la NREGA

  1. Chaque gouvernement étatique a la responsabilité de fournir à un membre ou plus d’un foyer rural un emploi manuel non qualifié pour une période combinée d’au minimum 100 jours (par ménage) au cours d’une année fiscale.
  2. Si un demandeur cherche un emploi sous le régime de cette loi et n’en reçoit pas dans les 15 jours suivant la réception de sa demande (ou suivant la date de recherche effective d’un emploi s’il s’agit d’une demande en avance), il aura droit à une allocation journalière de chômage.
  3. Dans la mesure du possible, l’emploi est distribué dans un rayon de cinq kilomètres du village de résidence du demandeur. En cas d’emploi fourni à l’extérieur de ce rayon, les travailleurs devront recevoir des salaires extra pour compenser les dépenses additionnelles de transport.
  4. Des audits sociaux — audits conduits dans une assemblée publique composée des habitants du village impliqués par la NREGA – devront être utilisés comme un instrument pour renforcer la responsabilisation et permettre la surveillance publique des fonds de la NREGA.
  5. La moitié des fonds de la NREGA devront être utilisés pour des projets de développement identifiés par les Panchayats (un ensemble de villages, la plus petite unité administrative en Inde rurale). Cette disposition donne une signification énorme à la concession de pouvoirs financiers Panchayat, qui n’en bénéficiait que de peu jusqu’à récemment.
  6. Les projets entrepris sous la NREGA doivent respecter un ratio salaire/matériel de 60: 40. Par exemple, un projet de 100,000 Rs. doit consacrer au moins 60,000 Rs. aux salaires et le reste au matériel, en se consacrant donc surtout à la création d’emplois.

Audit social de la NREGA 

Deepak Xavier du Centre sur la responsabilité budgétaire et de gouvernance a participé à un audit social sur la NREGA et écrit sur son expérience au sein de cet audit:

Est-il possible que la NREGA bénéficie réellement aux pauvres du milieu rural indien? Telle était la plus grande question que je me posais avant de partir pour Dungarpur — un district tribal situé dans la partie Sud de l’Etat du Rajasthan— pour participer à un large exercice d’audit social sur la NREGA. Mais à la surprise de beaucoup, les habitants de Dungarpur ont démontré le grand potentiel de cette loi.

En Inde, les mouvements sociaux menés par le Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) ont été pionniers dans l’utilisation de l’audit social comme instrument pour mobiliser les habitants ruraux, pour que ceux-ci surveillent activement l’utilisation des fonds de développement du village et par là même tiennent les fonctionnaires publics responsables de l’utilisation de ces fonds. A un niveau élémentaire, les audits sociaux peuvent aussi être compris dans un sens plus large, comme un processus continu de vigilance publique à travers lequel les bénéficiaires potentiels et les autres acteurs d’une activité ou d’un projet sont impliqués dans chaque étape: de la planification à l’implantation, la surveillance et l’évaluation. Ce processus contribue à assurer que l’activité ou le projet soit conçu et implanté de la manière la plus adaptée aux conditions existantes, reflète de façon adaptée les priorités et les préférences des personnes concernées, et serve de la façon la plus efficace possible l’intérêt du public. (Voir: http://nrega.nic.in/Nrega_guidelines.pdf, page 46.)

A Dungarpur, autour de 900 volontaires de 13 Etats indiens ont traversé le district pour diffuser l’information sur la NREGA et surveiller son implantation, ce qui fait partie de l’exercice d’audit social. Les volontaires provenaient de différents horizons et incluaient des fermiers, des travailleurs, des universitaires, des professionnels, et des militants.

La NREGA, un des instruments politiques les plus progressistes de ces dernières années en Inde, a été amplement critiqué par de nombreux économistes et spécialistes de politiques publiques. Ils expliquent que des projets fondés sur des dépenses élevés consacrés aux pauvres n’auront que peu de résultats à cause de la corruption et de la faiblesse des mécanismes de distribution des services publics. Les participants au processus d’audit social à Dungarpur ont rejeté cet argument. Les gens sont de plus en plus conscients de leurs droits, grâce au mouvement pour le droit à l’information au Rajasthan.

Les gens commencent à demander du travail au nom de la NREGA avant même que soit lancée la campagne d’information. Autour de 150,000 ménages sur un total de 237,000 dans ce district ont été employés sous la régime de la NREGA à Dungarpur, au moment de la campagne d’information.

Lors de la campagne d’information, il est devenu évident que quand il existe une surveillance publique ou sociale des travaux publics la corruption peut virtuellement disparaître. Sur l’ensemble de l’audit social, qui couvrait quelques 1500 lieux de travail dans 800 villages ou plus, nous n’avons eu à faire qu’à seulement 15 plaintes de corruption (concernant par exemple de faux noms dans les registres, des anomalies dans le paiement des salaires, ou des travailleurs absents étant inscrits présents sur les registres). L’explication principale réside dans le fait que les registres étaient mis à la disposition de presque tous sur les lieux de travail. Ceci réduit la portée de la corruption, puisque les travailleurs ont facilement accès aux registres pour trouver des informations telles que le montant des salaires déclarés. Dans les précédents projets de travaux publics, les registres n’étaient en revanche pas disponibles.

Un autre résultat significatif de l’audit social dévoilait que la grande part – quelques 70-80% – des employés travaillant sous le régime de la NREGA était des femmes. Dans certains endroits, tous les employés étaient des femmes. Il est impressionnant de voir que les femmes participent en grand nombre dans un Etat tel que le Rajasthan, où d’après la dernière enquête nationale, seules 25% des femmes rurales ont un emploi.

Cependant, même si les femmes participent en grand nombre aux programmes mis en œuvre sous la NREGA, nous n’avons pas trouvé un seul lieu de travail avec une structure de garderie, comme cela est requis par la loi. Cette violation de la loi affecte la participation des femmes aux programmes de la NREGA, particulièrement si elles ont de jeunes enfants. Cette forme de discrimination doit être immédiatement prise en compte.

L’audit social a dévoilé d’autres déficits dans l’implantation de la NREGA. La loi a mis une énorme pression sur le gouvernement pour assurer que suffisamment d’emplois soient créés. Ceci a provoqué un sérieux manque de personnel pour répondre aux exigences créées par la loi. A moins que des effectifs additionnels ne soient nommés et que les fonds nécessaires ne soient alloués, le gouvernement sera dans l’incapacité de rendre les résultats attendus.

Le modèle des paiements de salaire à Dungarpur a également posé des problèmes sérieux. Sur la plupart des lieux de travail, les travailleurs ont été payés beaucoup moins que ne le dispose le salaire minimum statutaire d’Etat, 73 Rs. (environ 1.5 dollars) par jour, comme les salaires ont été calculés sur la base des tâches. Ceci représente une violation des lignes directrices de la NREGA publiées par le gouvernement central, qui déclarent explicitement que sous aucune circonstance les travailleurs ne peuvent être payés à un salaire inférieur au taux minimum fixé par le gouvernement de l’Etat pour les travailleurs agricoles.

En outre, le Ministère des finances a essayé de fixer le salaire minimum à 60 Rs. par jour dans l’ensemble du pays, ce qui violerait l’esprit de la NREGA. Si cet effort atteint son but, les travailleurs de plus de la moitié des Etats indiens seront moins payés — dans beaucoup de cas beaucoup moins— qu’ils ne le sont actuellement. Ceci pourrait décourager les individus d’opter pour le travail sous l’accord de garantie de l’emploi.

Malgré ces problèmes, Dungarpur est un exemple classique de comment la surveillance et la participation publiques, combinées à une administration proactive (le gouvernement du district a offert une totale coopération durant le projet), peuvent assurer le succès de l’implantation de la NREGA. Avec la surveillance du public, une administration transparente et responsable, et une population compétente, la corruption n’est pas seulement minimisée: les vies des pauvres sont transformées.

L’exemple de Dungarpur montre que le plan pour la garantie de l’emploi peut progresser vers l’éradication de la pauvreté et d’autres formes d’exclusion sociale. Il montre également que la participation du publique et la surveillance sociale peuvent effectivement permettre d’affronter le problème de gaspillage dans les projets publics de grande échelle. Bien que Dungarpur n’est qu’une goutte dans l’océan, son expérience peut être reproduite dans l’ensemble du pays. Il est temps pour le gouvernement central d’arrêter de dénigrer la vision de la NREGA, qui a le potentiel pour transformer la société indienne.

Pour davantage d’information sur  la NREGA contacter Nandan Jha du CBGA à [email protected] ou Vivek Ramkumar de l’IBP à [email protected].

 


 

Trois initiatives budgétaires émouvantes au Ghana, par T.J. Conway

La société civile du Ghana a entrepris diverses initiatives liées au travail budgétaire récemment. Cet article met en lumière certains des derniers efforts de ces trois organisations: le Centre pour la défense budgétaire (Centre for Budget Advocacy) vient juste de publier un communiqué de presse sur le budget supplémentaire approuvé en juillet; l’Institut pour des alternatives politiques a entrepris des audits sociaux des politiques et programmes gouvernementaux; et la Fondation SEND a surveillé l’utilisation des fonds HIPC consacrés au soulagement de la dette. Chaque cas offre un exemple des stratégies et des impacts du travail budgétaire de la société civile.

Centre for Budget Advocacy (CBA): communiqué de presse sur le budget supplémentaire

En juillet dernier, le ministre des finances a présenté au parlement un budget supplémentaire de 4,3 milliards de cedis (plus de 450 millions de dollars). Le CBA (www.isodec.org.gh) du Centre pour le développement social intégré (ISODEC) a diffusé un communiqué de presse sur le budget supplémentaire au début du mois d’août, qui a obtenu l’attention significative des médias. Ci-dessous certaines des critiques centrales formulées par le CBA.

Inconsistances dans l’argumentation du gouvernement pour le budget supplémentaire. Le ministre des finances a justifié le besoin d’un budget supplémentaire sur le prétexte que l’argent des sources de donations avait été débloqué récemment et qu’il devait être dépensé. Cette justification semble peu probante au CBA. Le système de soutien budgétaire multi-donateurs est conçu spécifiquement pour éviter une telle imprévisibilité des flux de ressources. En outre, le parlement a approuvé un prêt interne pour financer plus de 30% du budget supplémentaire.

Faible vision macroéconomique. Le gouvernement prévoit des résultats limités dans le secteur de l’agriculture et une réduction du rapport dette interne/PIB. Le CBA attribue les troubles dans le secteur agricole à l’échec du gouvernement à prendre en compte les avertissements concernant la dépendance excessive à la production de cacao (aux dépens des cultures alimentaires), de laquelle la plupart des paysans pauvres du Ghana dépendent pour vivre. En outre, alors le ministre a mentionné «la prudence fiscale» comme explication de la réduction prévue du rapport dette/PIB, le CBA remarque que le «refus délibéré du gouvernement à dépenser» pour des interventions liées à la réduction de la pauvreté est une explication plus juste, le gouvernement n’ayant pas rempli ses promesses concernant l’amélioration des écoles publiques.

Mesure de l’emploi inappropriée. Le ministre a mesuré les niveaux d’emploi au Ghana en se fondant sur le nombre d’annonces d’emploi dans le journal national, The Daily Graphic. Le CBA considère que c’est un indicateur inapproprié de l’emploi et appelle le gouvernement à développer des indicateurs plus complets.

Revenus issus des sources domestiques inappropriés; trop d’impôts indirects. Les revenus mobilisés par voie domestique sont insuffisants, selon le CBA. Le CBA déclare également que le gouvernement se repose trop sur les impôts indirects, qui sont plus contraignants pour les pauvres que les impôts directs. Actuellement, les impôts indirects représentent 67% des revenus fiscaux. Le gouvernement a réduit de façon continuelle les taux fiscaux corporatifs – représentant désormais 25% – sur les cinq dernières années.

Direction de l’investissement national. Le CBA a exprimé ses préoccupations concernant la limitation des dépenses nationales pour l’investissement. L’investissement national pour la première période de 2006 était de 21% inférieur l’investissement de la même période en 2005. De ces dépenses, le CBA observe que seuls 22% proviennent de sources internes.

Préoccupations concernant les dépenses prévues. Le CBA observe que certaines des dépenses prévues sont douteuses. Plusieurs projets en cours ont exigé des fonds supplémentaires sans justification. En outre, le budget a annoncé le lancement d’un nouveau programme de microfinance à travers l’office gouvernemental Office of Government Machinery, un office atypique pour une telle initiative, ce qui alimente les soupçons sur le fait que le gouvernement est en train de mettre de côté des fonds pour les sympathisants du parti pour les élections de 2008. Enfin, le CBA trouve le montant défini pour la célébration du 50ème anniversaire du Ghana excessif: plus de 200 millions de dollars.

Initiative pour la responsabilisation sociale de l’Institut pour des alternatives politiques (IPA)

L’Institut pour les alternatives politiques, un groupe de réflexion sur les politiques publiques et centre de formation localisé à Tamale, a mis en place l’Initiative pour la responsabilisation sociale pour renforcer les activités de responsabilisation sociale parmi la société civile, le parlement, et les institutions publiques. L’Initiative a récemment publié Community Voices: a civil society assessment of the pro-poor policies and programs of Ghana’s Poverty Reduction Strategy (GPRS) from 2004-2005 («Les voix de la communauté: une évaluation par la société civile des politiques et programme en faveur des pauvres de la Stratégie pour la réduction de la pauvreté du Ghana 2004-2005»), qui démontre comment l’engagement civique peut améliorer les allocations de ressources et la distribution de services publics. 

Système communautaire d’évaluation. Avec l’accompagnement de l’IPA, des communautés de 14 districts de 8 des 10 régions au Ghana ont mené un audit social sur trois aspects de la GPRS: les politiques d’éducation, les politiques de santé, et les allocations de ressources aux gouvernements locaux. L’évaluation impliquait 11 organisations de la société civile du Ghana, que l’IPA a formées pour aider à développer les Community Scorecards (CSC) dans chaque communauté.

Le CSC est un outil qualitatif de responsabilisation sociale utilisé pour mesurer la qualité des politiques de réduction de la pauvreté. Il y a deux étapes dans le processus du CSC. Tout d’abord, la communauté définit un indice de performance et note collectivement les services avec pour base des critères auto-générés tels que l’accès, la transparence, et la satisfaction. Ceci prend place dans un forum public, où les citoyens discutent également de réformes possibles aux politiques et programmes. La deuxième étape correspond à “l’interface”, qui rassemble les fournisseurs de services (souvent des fonctionnaires gouvernementaux) et des membres de la communauté afin discuter des résultats de la CSC, avoir un retour, et produire un consensus sur l’agenda des réformes.

Les cartes d’évaluation révèlent de plus grandes réductions. Les résultats des CSC dans chacun des trois champs considérés révèlent qu’il y a beaucoup d’améliorations à faire. Pour évaluer l’accomplissement des deux objectifs de la GPRS dans le champ de l’éducation – favoriser l’accès et améliorer la qualité de l’éducation de base – les communautés ont mis en place deux principaux indicateurs: la présence d’enseignants de haute qualité et la distribution de livres de textes. La grande majorité des interrogés ont donné des qualifications négatives à ces deux indicateurs.

L’objectif principal de la politique de santé de la GPRS est d’augmenter l’accès aux soins. Le Ghana a mis en place deux politiques – un système d’exemption à travers lequel certains groupes, dont les pauvres, reçoivent gratuitement des services de santé et une politique publique d’assurance de santé nationale – pour atteindre cet objectif. Les deux indicateurs choisis pour évaluer les accomplissements de la politique gouvernementale sont la disponibilité et l’accessibilité financière des traitements, et la qualité des soins reçus par les pauvres. Les communautés ont attribué respectivement à ces indicateurs des qualifications faible et moyenne.

Le troisième champ observé concernait les allocations de ressources aux gouvernements locaux. Les transferts aux gouvernements locaux à travers le Fond commun de l’assemblée des districts et le Fond HIPC (Pays pauvres hautement endettés) ont atteint plus de 100 millions de dollars en 2004. Dans le cadre du CSC, les communautés ont choisi deux indicateurs pour évaluer la justice et l’efficacité avec lesquelles ont été alloués ces fonds: l’implication des résidents dans la planification de l’utilisation de ces ressources, et l’information fournie au public par le gouvernement sur ces allocations de ressources. Les citoyens ont attribué des qualifications négatives sur ces deux indicateurs.

Impact. L’initiative a influencé avec succès les politiques aux niveaux à la fois local et national. Lors de l’interface à Gbulung dans la région du Nord, par exemple, les citoyens se sont plaint auprès du superviseur scolaire du fait que l’école ne dispose pas des meubles nécessaires et que le principal soit un alcoolique qui permet à son fils non qualifié d’assumer des responsabilités en son absence. Suite à cette interface, le superviseur a immédiatement envoyé des meubles à l’école, transféré le principal, et destitué son fils de sa position injustifiée.

Dans un autre exemple, lors d’une interface à Afram Plains dans la région de l’Est, des citoyens ont déclaré aux fonctionnaires gouvernementaux que les structures de santé publique ne délivraient pas les services requis et que les politiques d’exemption n’étaient pas transparentes. Le représentant médical du district, présent lors de l’interface, a montré aux participants le budget des structures de santé pour qu’ils sachent les contraintes auxquelles celles-ci doivent faire face. Depuis l’interface, le représentant s’est profondément impliqué avec la communauté pour entreprendre des réformes.

Au niveau national, le ministre de la réforme du secteur public a prononcé un discours lors du pot pour Community Voices à Tamale et a accompagné les participants à la communauté de Nanton, où ils ont déjeuné avec les membres de la communauté. Les fonctionnaires gouvernementaux présents incluaient deux chefs exécutifs de district, trois membres du parlement, et un fonctionnaire du département de l’auditeur général. En outre, l’office de l’auditeur général continue de chercher la formation et le soutien de l’IPA dans la réalisation de ses propres audits sociaux. 

Travail futur. L’IPA est actuellement en train de compléter le rapport pour Community Voices 2, qui évalue les résultats de l’accord sur l’assurance nationale de la santé en utilisant une approche similaire à celle de Community Voices. Cette seconde étude, cependant, utilise à la fois une Carte de rapport des citoyens et un indice d’évaluation de la communauté afin de collecter à la fois des données quantitatives et qualitatives (respectivement), et de favoriser la solidité de l’étude sans compromettre la participation de la communauté. L’IPA a également étendu la portée du projet, en administrant 4500 questionnaires dans les communautés des 10 régions du Ghana en partenariat avec 15 ONG locales.

Pour Community Voices 3, l’IPA envisage un audit social de Capitation Grant (un fond visant à absorber les droits scolaires pour l’éducation élémentaire) qui se fonde sur la méthodologie de Community Voices 2 en incorporant un élément de surveillance des dépenses.

Surveillance des dépenses HIPC par le Fondation pour le développement de l’entreprise sociale (SEND)

La fondation SEND (http://www.sendwestafrica.org/) est une ONG qui fait la promotion de la sécurité des modes de vie et de l’égalité des hommes et des femmes à travers le développement participatif et l’engagement dans les politiques publiques en Afrique de l’Ouest. En 2001, malgré les importants débats au Ghana pour décider si le pays devait ou non «suivre le fond HIPC», SEND s’est réuni avec plusieurs autres groupes de la société civile pour commencer une surveillance HIPC au Ghana (Ghana HIPC Watch, GHW) afin de tirer avantage de l’opportunité pour la société civile de participer au processus d’implantation du HIPC. Le but de la GHW est de maximiser l’impact de l’initiative HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) – une initiative visant à libérer des fonds pour la réduction de la pauvreté à travers l’allègement de la dette – en entreprenant une surveillance et une évaluation participatives des projets et programmes du fond HIPC.

En juillet 2006, la GHW a publié “Where did Ghana’s HIPC Funds Go?” («Où sont allés les fonds HIPC du Ghana?»), document qui analyse plus de 1500 projets HIPC de 2002 à 2004 pour évaluer comment le gouvernement du Ghana a alloué ces ressources, et dans quelle mesure les projets étaient destinés aux secteurs les plus pauvres. 

Méthodologie. La GHW a commencé par faire prendre conscience de l’importance de la Stratégie pour la réduction de la pauvreté au Ghana aux organisations de la société civile du pays. SEND a ensuite formé 24 comités de district de surveillance HIPC dans les trois régions du Nord (les plus pauvres) sur la surveillance et l’évaluation participatives afin qu’ils puissent collaborer avec l’initiative. Les comités de surveillance ont collecté des données et rapporté l’information à 24 ONG au niveau du district sur une base trimestrielle débutant en juillet 2003.

SEND et ses partenaires ont choisi des indicateurs fondés sur les trois principaux objectifs de la Stratégie pour la réduction de la pauvreté: 1) la bonne gouvernance 2) l’équité, et 3) la responsabilisation. Siapha Kamara, directrice de SEND, explique: «Nous voulons savoir si les valeurs qualitatives de bonne gouvernance, d’égalité, et de responsabilisation sont adoptées. Nous n’avons pas commencé à surveiller les fonds avant d’avoir mis en place nos indicateurs pour évaluer ces trois valeurs». 

Résultats. La surveillance HIPC du Ghana, GHW, a noté trois tendances importantes dans l’implantation de HIPC:

  • La communication est faible. La communication entre le gouvernement local et national sur les questions budgétaires et financières est insuffisante. Dans un certain cas, le gouvernement central a créé des comptes bancaires HIPC pour les districts sans informer ces derniers de leur existence. Naturellement, l’argent n’a pas été dépensé.
  • La pauvreté n’est plus une priorité dans la distribution des fonds. Les pauvres sont censés être les seuls bénéficiaires de l’allègement de la dette HIPC. Cependant, la GHW a découvert que l’allègement de la dette sert de plus en plus d’oreiller pour l’ensemble de la nation, alors que les fonds HIPC destinés aux pauvres sont secondaires.
  • Les ministères centraux prennent le contrôle de la plus grande partie de l’argent, même si les fonds HIPC sont censés aller directement aux gouvernements des districts. M. Kamara explique: «Les ministères développent désormais les priorités et les projets pour les gouvernements locaux, ce qui fait surgir une question importante: qui détermine la politique de réduction de la pauvreté ?» Cette évolution vers une approche plus «de haut en bas» a de sérieuses implications. «Il est plus difficile de rendre responsables les ministères, les départements et agences gouvernementaux que les assemblées de district», explique Kamara. Un tel changement de compétence menace les principales valeurs de la GRPS, de la bonne gouvernance, de l’égalité, et de la responsabilisation.

Impact. Avec ces résultats, SEND et ses partenaires ont obtenu un impact local et national significatif. L’efficacité de SEND reflète en partie sa stratégie de promotion de dialogue entre les parties afin qu’elles puissent trouver des bases communes.

Par exemple, la GHW a surveillé le Programme d’alimentation des écoles, à travers lequel les districts reçoivent l’argent HIPC pour payer les repas des enfants pendant les horaires scolaires. Plusieurs écoles et districts ont nié avoir reçu de tels fonds, et cependant le gouvernement central confirmait qu’il avait bien distribué l’argent. SEND et ses partenaires ont encouragé le dialogue entre les parties et se sont rendu comptes qu’à cause d’une erreur cléricale, l’argent HIPC avait été placé sur le mauvais compte gouvernemental. Alors que l’argent avait effectivement été déversé aux districts, les districts ne savaient pas que ces fonds correspondaient à des fonds HIPC. SEND a informé le gouvernement central, qui a effectué les modifications nécessaires. «C’est l’impact du dialogue sur la bonne gouvernance», déclare Kamara.

Comme autre impact du travail de SEND, nous pouvons mentionner que beaucoup d’organes gouvernementaux ont requis l’assistance de SEND dans la réalisation d’autres activités de surveillance et d’évaluation:

  • Plusieurs assemblées de district ont demandé à SEND et ses partenaires de mener une évaluation d’impact des projets HIPC.
  • Des institutions gouvernantes traditionnelles aimeraient que SEND contribue à établir des programmes d’évaluation et de surveillance participatifs dans leurs régions.
  • Des ministres des régions du nord sont rentrés formellement en contact avec SEND pour développer leurs programmes de surveillance et d’évaluation.

En dépit de ces résultats prometteurs, SEND et ses partenaires sont confrontés à des défis. Les délais nécessaires pour l’accès à l’information restent un obstacle. Par ailleurs, certains membres du gouvernement et de la société civile ont encore des doutes quant à la possibilité de collaboration entre les deux groupes. Kamara explique que beaucoup de ces défis ont pour origine les valeurs trouvées dans les pratiques institutionnelles: «Il y a beaucoup d’espace pour le dialogue, mais les gens n’ont pas la capacité institutionnelle – ils ne disposent pas des valeurs pour travaillant ensemble».

Pour obtenir le maximum d’impact, la GHW a travaillé dur pour promouvoir le dialogue autour de sa dernière publication. Elle a diffusé 3000 copies du rapport, en envoyant par mail le rapport aux trois ministres des régions du nord et à plusieurs ONG, et en a copié l’accès sur son site Internet. Le ministère des finances a reçu la publication ainsi qu’une requête de la GHW pour qu’ils puissent en discuter, mais n’a pas répondu. Enfin, la Banque mondiale organisera un dialogue de développement sur les résultats du rapport.

 


 

Surveillance budgétaire des droits de l’enfant et des infrastructures scolaires en Argentine, par Laura Malajovich y Nuria Becu

Participation citoyenne et budgets liés aux enfants, CIPPEC et UNICEF

L’ONG argentine CIPPEC (Centre pour l’implantation des politiques publiques pour l’équité et la croissance) travaille actuellement avec UNICEF Argentine pour diffuser l’idée selon laquelle les droits des enfants et adolescents ne peuvent pas être garantis si le gouvernement n’institue pas des politiques concrètes et des programmes de développement soutenus par des fonds appropriés.

Un des messages principaux de CIPPEC concerne le besoin de relier des cas spécifiques de droits des enfants à des indicateurs démontrant le respect par le gouvernement d’un droit spécifique – comme par exemple quand un enfant ne reçoit pas de vaccins à cause de leur coût élevé, ce qui viole le droit de l’enfant à des services de santé élémentaires. Un objectif important du projet est de trouver un moyen simple de montrer aux citoyens la connexion entre le budget gouvernemental et des cas comme celui-ci, ce qui aidera les citoyens à participer au processus budgétaire.

Le CIPPEC a organisé des ateliers pour former des fonctionnaires publics travaillant sur des questions sociales et impliquer les experts techniques qui travaillent dans ces secteurs. Les ateliers ont été conçus pour:

  • Promouvoir, en utilisant des cas concrets, des instruments pour analyser les moyens d’améliorer les décisions budgétaires qui affectent les enfants et les adolescents.
  • Renforcer l’implication des citoyens dans les efforts visant à garantir les droits des enfants et des adolescents.
  • Promouvoir la participation des citoyens dans le processus budgétaire en ouvrant un dialogue sur des propositions concrètes liées aux dépenses sociales.

Le projet se concentre sur le niveau local. Le CIPPEC a sélectionné un partenaire stratégique pour réaliser l’analyse budgétaire dans chaque site et fournir un soutien aux organisations locales durant le processus. Ceci a permis aux différentes organisations travaillant dans chaque région sur les problèmes auxquels sont confrontés les enfants et adolescents de mobiliser et d’unifier leurs efforts. Le projet a également créé les outils pour fournir une information claire et simple sur le budget et faciliter l’accès du public à l’information sur les dépenses publiques.

Enfin, le projet a essayé de renforcer le lien entre la communauté et le gouvernement à travers la présentation et la discussion de propositions concrètes. Les groupes participants ont élaboré des propositions telles que la réallocation de fonds pour inclure dans les programmes de formation à l’enseignement les capacités pour travailler avec des filles et des garçons avec différentes aptitudes, ou évaluer les ressources allouées aux bourses pour les adolescents afin de maintenir les enfants à l’école. Ces propositions ont été discutées avec des ministres et d’autres autorités pour établir des engagements mutuels et évaluer comment les organisations de la société civile surveilleraient l’accord adopté à ce sujet.

Un élément important du projet a été l’identification des partenaires locaux désirant développer des outils techniques et collaborer dans la planification d’ateliers pour poursuivre les activités d’analyse budgétaire. Si le projet était un effort isolé dans lequel une seule organisation ferait de brèves étapes dans plusieurs lieux différents, les groupes locaux ne pourraient pas travailler entre les ateliers pour développer leurs propres propositions.

En outre, il était important d’avoir la participation active du gouvernement pour commencer un dialogue avec les autorités ayant un pouvoir de décision. Sans la participation du gouvernement, il est décourageant pour les organisations de continuer à développer des propositions concernant l’allocation des ressources. L’implication du gouvernement a rendu possible le fait d’identifier des zones de problèmes et de promouvoir une relation de collaboration plutôt que de confrontation entre les organisations de la société civile et le gouvernement.

Pour davantage d’information, contacter Laura Malajovich à [email protected].

Analyse budgétaire pour promouvoir l’éducation avec l’équité à Buenos Aires, ACIJ

Durant l’année 2005, l’ACIJ (Association civile pour l’équité et la justice) a commencé à étudier comment le gouvernement de la ville de Buenos Aires distribue les fonds pour l’éducation publique. Il existait un soupçon généralisé selon lequel le gouvernement, ayant discriminé les parties pauvres de la ville dans la distribution des services publics, discriminaient également les écoles situées dans les quartiers les plus pauvres où les salles de classe sont faites de conteneurs d’expéditions. Cette théorie peut être vérifiée, étant donné que les pauvres se concentrent généralement dans la partie Sud de la ville.

Pour évaluer la distribution des fonds pour l’éducation publique et dévoiler toute iniquité dans les dépenses publiques dans les zones les pauvres de la ville, l’ACIJ a commencé à surveiller les fonds alloués aux infrastructures scolaires (construction, réparation, et maintenance). Le but était de déterminer les critères utilisés pour la distribution de fonds et s’ils reflétaient les différents besoins de la ville.

L’ACIJ a examiné les comptes d’investissement pour les années fiscales 2001-2004 et l’exécution du budget tout au long de 2005. Le compte d’investissement détaille toute l’information concernant l’exécution du budget, telle que le montant alloué à la maintenance des infrastructures scolaires aux différentes étapes du processus budgétaire et la situation (district de l’école) des écoles qui effectuent à ce moment des réparations.

Le premier obstacle fut le niveau élevé de cumul des données budgétaires, ce qui rendait très difficile de déterminer quelles écoles spécifiques étaient censées recevoir des allocations budgétaires. En outre, une part significative du budget consacré aux infrastructures était appliquée par le biais d’un fond discrétionnaire non comptabilisé, il est donc impossible de savoir réellement quelle somme d’argent était dépensée.

L’ACIJ a demandé formellement à plusieurs entités publiques des informations additionnelles, mais aucune n’a répondu. L’ACIJ a alors poursuivi le gouvernement de la ville pour ne pas remplir son obligation de fournir des informations. Avec l’aide des autorités locales de justice, l’ACIJ a obtenu l’information requise et a établi que le gouvernement dépense trop peu en infrastructures scolaires dans tous les districts, mais que la situation est pire dans les quartiers pauvres. L’ACIJ a également dévoilé que ces économies empiraient durant les années de crise économique.

Les efforts de l’ACIJ ont atteint leur but et le gouvernement de la ville a reçu l’ordre d’enlever les salles de classe faîtes de conteneurs, étant un danger pour la sécurité des enfants et un acte allant à l’encontre du droit des enfants à la santé et à l’éducation. C’est la première fois qu’une condamnation pour discrimination est proclamée contre une discrimination socio-économique à Buenos Aires. C’est un résultat direct du travail de l’ACIJ qui a examiné l’impact, l’efficacité et les priorités des dépenses du gouvernement de la ville pour les programmes d’infrastructure à Buenos Aires.

Pour davantage d’information, contacter Nuria Becu à [email protected].

 


 

Retour du débat budgétaire au parlement au Népal, par Pramod

Le ministre des finances du Népal a présenté au parlement un budget de 2 milliards de dollars le 12 juillet dernier. C’est la première fois en quatre ans que le parlement reçoit un budget. (Le Roi Gyanendra a dissolu le parlement en 2002, mais il a été installé de nouveau suite à l’accord de 12 points réalisé au mois de novembre dernier entre les sept partis politiques et les rebelles maoïstes). Durant 4 années sans parlement, le Népal n’avait aucune chance de s’améliorer sur le plan de la responsabilisation devant les dépenses publiques ou de l’ouverture des discussions sur les dépenses des fonds publics.

Le nouveau budget promet d’assurer la transparence et la participation populaire dans toutes les phases de la formulation de politiques publiques et la prise de décisions; les communautés locales seront responsables de la sélection et de l’implantation de projets au niveau local. Cependant, aucune organisation de la société civile n’est activement impliquée dans l’incidence budgétaire et il n’y a pas eu de consultations publiques préliminaires au budget, bien que la Fédération des Chambres de commerce et d’industrie du Népal a organisé un débat postérieur au budget, auquel participait l’organisation de la société civile Strategic Group P Ltd.

D’après Strategic Group P Ltd., le plus grand défi du budget réside dans son implantation, à la fois pour les revenus et les dépenses. Les problèmes bureaucratiques et la faiblesse des mécanismes institutionnels mènent à une pauvre implantation des programmes budgétaires. En outre, en essayant de plaire à toutes les parties, le budget répartit ses ressources limitées, ce qui réduit son efficacité.

Le nouveau budget augmente les fonds destinés aux Comités de développement des villages, et aux Comités de développement des districts, ainsi que le financement consacré aux routes rurales et stratégiques pour connecter entre eux les centres des districts (qui ne sont pas encore reliés par des routes). Le budget s’engage également à compléter de nombreux projets en cours d’eau potable durant l’année fiscale à venir, et à étendre d’autres infrastructures liées à la santé ou à l’éducation qui favoriseraient la réalisation d’activités liées au développement, en améliorant le niveau de vie des pauvres.

Le budget augmente les dépenses sociales par rapport aux années précédentes – particulièrement pour la santé, l’éducation, et les structures d’eau potable, ce qui représente 26% du budget. Le budget pour le secteur de la santé a augmenté de 61% cette année et sera utilisé, en partie, pour fournir des vaccins pour différentes maladies à 0.7 million d’enfants âgés d’un an ou moins dans un effort pour réduire la mortalité infantile.

L’éducation reçoit 16% du nouveau budget, ce qui représente une augmentation nominale de 8.4% par rapport au budget de l’année dernière. C’est un niveau solide d’investissement, étant données les ressources limitées du Népal. Pour améliorer les écoles de communauté, le budget finance l’emploi d’environ 3000 nouvelles enseignantes et la construction de salles de classe additionnelles pour répondre au nombre croissant d’inscriptions, tout spécialement dans les écoles primaires. Le budget appelle également à la construction de 190 écoles et 4200 salles de classe additionnelles. La qualité de l’éducation dans les écoles publiques reste un problème sérieux, et le gouvernement a besoin de trouver un moyen d’améliorer la qualité des enseignants des écoles publiques. Le budget fournit une formation interne pour 19,000 enseignants du primaire et 16,000 du secondaire pour développer leurs capacités, mais le gouvernement devrai surveiller l’efficacité de telles formations.

Le budget augmente les allocations pour la construction de routes et de ponts de 38% (augmentation réelle) par rapport à l’année passée. La part de la construction de routes et de ponts est cette année de 5.4% du budget total, alors qu’elle n’était que de 4.4% l’année dernière. Le budget est alloué pour 1500 routes rurales en cours. Cela signifie qu’assez d’argent est alloué pour compléter 1500 routes rurales qui sont actuellement en cours de construction. Dans le passé, la construction de routes rurales a été ralentie par le conflit avec les rebelles maoïstes, mais le nouveau budget inclut une provision spéciale spécifiant que suffisamment de fonds seront alloués pour que les routes soient achevées avant une certaine date. Le travail de construction cependant ne sera pas terminé pendant un certain temps, même si le niveau antérieur d’allocations reste le même. Le ministère du développement local préparera un plan d’action d’ici mi-octobre 2006 pour assurer l’achèvement des routes rurales dans une période de temps et à un coût donnés.

Le budget alloue 17 millions de dollars au Fond de lutte contre la pauvreté, qui va implanter 667 programmes de production de revenus, 379 programmes de développement d’infrastructures communautaires, et 1714 programmes créatifs dans 1200 villages de 25 districts, dont 7 districts dans l’ouest profond et 10 districts dans l’ouest moyen. Environ 50,000 ménages aux faibles revenus doivent normalement bénéficier des programmes. Le gouvernement cette année a introduit le programme «Un village Un produit» sous un partenariat public-privé pour augmenter la production d’articles, qui disposent de potentiels d’exportation appropriés à l’étranger. Le gouvernement a également annoncé à travers le budget que le commerce de moutons dans la région des montagnes serait initié sous un partenariat public-privé pour répondre à la demande de laine brute pour les industries de tapis en produisant de la laine dans le pays à une échelle limitée. Il y aura des activités productrices de revenus pour soutenir les 18,700 familles de paysans à travers les Programmes Community Livestock dirigés aux dalits (terme utilisé pour une caste) et des emplois libérés d’obligations dans 22 districts avec une grande densité de cette communauté.

D’après le budget, le gouvernement cette année fournira des formations d’orientation à 9,066 personnes et des formations spécialisées dans différentes disciplines à 44,743 individus. La priorité sera donnée aux personnes blessées durant le mouvement du peuple, aux femmes et aux dalits. Le gouvernement a défini des allocations pour l’expansion des Centres de formation spécialisée dans trois districts à travers la Fédération des chambres de commerce et industries, en adoptant le concept du partenariat public-privé.

A cause du cessez-le-feu et du processus de paix en cours, le nouveau budget coupe avec la tendance à augmenter les dépenses de sécurité pour la première fois en dix ans. La part des dépenses de sécurité dans l’économie a presque doublé depuis 2000, passant de 1.7% du PIB à 3.2%. Le financement pour les agences de sécurité (armée, police, et force de la police armée) recule en fait quelque peu dans le nouveau budget. Ce déclin signifie que la taille de l’armée, qui a augmenté au cours des 4 années précédentes, devra être réduite. Ainsi, le budget appelle à l’élimination en permanence des postes dans l’armée qui se libèrent pendant l’année, ce qui réduira les dépenses de défense sur le long terme.

Le budget inclut également une nouvelle politique du travail tournée vers l’emploi, qui sera adoptée en consultation avec les leaders du monde des affaires et les syndicats. Le gouvernement prévoit que 50,000 emplois additionnels seront générés dans les trois prochaines années sous la nouvelle politique, qui s’appliquera aux nouvelles industries, aux zones économiques spéciales, et aux zones de traitement d’exportations. La formulation de la politique sera cependant difficile, dans la mesure où beaucoup d’industries restent fermées à cause des demandes formulées par les syndicats liés aux Maoïstes.

Du côté des revenus, le budget a pour but de collecter des sources internes 16% de revenus en plus que l’année dernière et presque 75% en plus que l’année dernière en prêts et fonds étrangers. (Le budget prévoit également d’augmenter le montant des prêts internes). Atteindre l’objectif pour les revenus internes ne devrait pas être un problème s’il y a un accord politique avec les Maoïstes. L’objectif concernant l’aide étrangère est plus ambitieux cependant, et les chances de l’atteindre dépendent de comment la situation politique évolue.

Comme dans les années passées, le budget ne fournit aucun mécanisme significatif pour renforcer la surveillance de ses programmes, de ses projets, et de ses politiques. Alors que la société civile au Népal est concernée par le succès de l’implantation du budget – tout comme par la stabilité politique du pays – elle doit encore explorer le potentiel fabuleux du militantisme budgétaire.

Pour davantage d’information, contacter The Strategic Group à [email protected].

 


 

Coalition budgétaire de la société civile au Liberia, par Alfred Lahai Brownell

Promotion de la participation du public et de la transparence dans le processus budgétaire libérien

La lutte pour les droits politiques. Le Liberia a enduré des décennies de guerre et de mauvaise gouvernance. Les esclaves libérés qui sont arrivés d’Amérique au début et au milieu du 19ème siècle pour établir le Liberia sont devenus les maîtres des aborigènes. Pendant un siècle de non loi, les Libériens furent arbitrairement arrêtés, détenus, torturés, et parfois exécutés. Les disparitions inexpliquées sont rentrées dans le mode de vie. Par voie de conséquence, la lutte du Liberia pour les droits économiques, sociaux, et culturels, était considérée comme secondaire par rapport à la lutte pour les droits politiques fondamentaux – le droit à la vie et à la liberté, la liberté d’expression et de la presse, la liberté d’opinion, et le droit à ne pas être recherché et détenu arbitrairement.

La détermination des Libériens à garantir le respect de ces droits s’est converti peu à peu en une des pires guerres civiles africaines pendant les années 1990. Les organisations de la société civile, en partenariat avec leurs collègues internationaux, ont travaillé avec force pour empêcher la chute proche de l’Etat. Dernièrement, ces efforts ont contribué à créer un espace démocratique au sein duquel la société civile pouvait opérer.

Les bases constitutionnelles pour la participation des citoyens dans la prise de décision budgétaire. Les auteurs de la Constitution du Liberia, qui a été adoptée en 1986, ont favorisé un processus budgétaire participatif, transparent, et fondé sur la responsabilisation, et le droit de tous les Libériens à participer. Ils pensaient également que tous les Libériens avaient le droit à participer pleinement à l’économie de la nation et à l’utilisation des ressources naturelles. Cette doctrine, connue comme la Doctrine de la participation la plus importante réalisable, a été incluse dans le chapitre 2, article 7 de la Consultation.

La Constitution inclut également un mécanisme de contrepoids (chapitre 5, article 34) et de responsabilisation dans la gestion des ressources publiques: «nul argent ne sera tiré de la trésorerie s’il ne s’agit pas d’appropriations réalisées par voie législative et sous l’ordre du Président; et une déclaration et un compte des recettes et dépenses annuels seront soumis au parlement par le bureau du Président et publiés une fois par an».

L’élargissement du militantisme de la société civile. Ayant accompli certains progrès dans la réalisation des droits politiques, la société civile au Liberia s’est progressivement tournée vers la défense des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens. En s’appuyant sur la Constitution et en utilisant une combinaison d’activisme et de juridisme stratégique d’intérêt public, une OSC dénommée Green Advocates est devenue leader dans ce champ. Green Advocates a travaillé pour:

  • amplifier la voix des pauvres ruraux et urbains dans les décisions sur l’utilisation des ressources naturelles
  • rendre les entreprises multinationales et le gouvernement responsables de leurs actions
  • empêcher les déplacements forcés des communautés locales de leurs terres ancestrales
  • promouvoir la transparence dans le budget et l’utilisation des ressources naturelles;
  • s’associer à d’autres OSC pour exiger un audit international des transactions financières et de la gestion gouvernementales
  • utiliser le litige d’intérêt public pour défendre les droits économiques, sociaux et culturels des communautés locales, ainsi que des Libériens en général

Le gouvernement transitoire qui a pris place après que le Président Charles Taylor a été destitué en 2003 s’est compromis dans une profonde corruption, ce qui a été confirmé par des rapports commissionnés par des OSC et le Panel d’experts au Liberia des Nations unies. Les OSC libériennes et les experts internationaux ont commencé à appeler à un audit international de la gestion financière du pays. Après que le gouvernement transitoire a essayé d’éviter un audit mené par l’Afrique de l’Ouest, les OSC menées par Green Advocates ont participé à convaincre la Cour suprême de lever un ordre d’audit. Quand le gouvernement a désobéi à l’ordre de la Cour, les OSC ont organisé une série d’actions civiques et de manifestations demandant au gouvernement de se soumettre à l’audit, ce qu’il a finalement fait.

En dehors de cette campagne a surgi un plus grand désir de la part de la société civile de promouvoir la prudence dans la gestion des revenus du Liberia. En 2005, une campagne menée par la société civile a contribué à conduire à la signature du Programme d’assistance en gestion économique et gouvernance (GEMAP) par le gouvernement libérien et ses principaux partenaires internationaux de développement. Sous le GEMAP, ces partenaires internationaux fourniront une vue d’ensemble de la gestion financière du pays et aideront le gouvernement à gérer ses ressources économiques avec maturité.

Guide budgétaire du Liberia: le début du travail budgétaire formel de la société civile. Alors que le GEMAP était en cours de négociation, Green Advocates a entrepris une autre initiative conçue pour combattre la corruption et promouvoir une meilleure gouvernance fiscale. En mars 2005, Green Advocates et plusieurs autres OSC libériennes ont organisé un atelier pour identifier les champs clés requérant une action urgente dans le cadre du combat contre la corruption. Ces groupes ont mis en lumière la transparence budgétaire comme une arme essentielle dans cette bataille.

Pour promouvoir l’alphabétisation budgétaire et la participation citoyenne dans le processus budgétaire, Green Advocates et le Revenue Watch Program ont contribué à préparer un «Guide budgétaire du Liberia» facile à lire. Ce guide est le premier d’une série d’instruments de militantisme qui doivent être produits par Green Advocates et fait partie d’une plus grande campagne menée par quelques 15 OSC pour élargir la participation des citoyens dans le processus budgétaire et assurer la transparence et la responsabilisation budgétaires, au Liberia et dans le reste de l’Afrique de l’Ouest.

Le guide budgétaire s’est fondé sur l’information que Green Advocates a obtenue à travers une série de rencontres avec les principaux acteurs budgétaires à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement libérien, ainsi que des consultations avec des acteurs internationaux qui travaillent sur la transparence budgétaire. Six autres OSC ont aidé Green Advocates à préparer le guide budgétaire, qui a été présenté sous une forme provisoire aux leaders de la société civile et aux institutions publiques lors d’un atelier technique de deux jours. Green Advocates a utilisé les remarques formulées lors de l’atelier pour préparer une seconde version, qui a été soumise pour révision aux acteurs libériens et internationaux; les recommandations issues de cette révision se reflètent dans la version finale du guide.

En outre, un certain nombre d’OSC impliquées dans la préparation du guide budgétaire se sont mises d’accord pour former le Réseau budgétaire de la société civile libérienne, Green Advocates servant d’institution leader de ressource technique. Les participants incluent la Commission catholique pour la paix et la justice, l’Union de la presse du Liberia, l’Association des femmes avocats au Liberia, l’Institut pour la démocratie, le Réseau des femmes pour la construction de la paix, l’Institut pour le développement durable, le Centre pour la promotion de la démocratie, l’Institut de l’opinion publique, et les Libériens unis pour dévoiler les armes cachées.

Autres initiatives. En plus de soutenir le travail budgétaire de la société civile, Green Advocates a coopéré avec plusieurs institutions gouvernementales sur les questions budgétaires et de revenus, dont le parlement national et les départements exécutifs. Par exemple, le directeur du Bureau sur le budget a accepté de collaborer avec Green Advocates sur une initiative pour impliquer le peuple libérien dans le processus budgétaire 2006-2007, afin qu’il aide le Bureau à identifier les priorités nationales. Green Advocates a commencé par sélectionner plusieurs communautés dans lesquelles organiser les discussions avec les citoyens, des OSC, des groupes d’étudiants, et des analystes budgétaires sur la structure et le contenu du budget.

En outre, Green Advocates et ses partenaires au sein des OSC ont lancé une série de campagne de conscientisation, de consultations, et de forums interactifs sur le processus budgétaire avec des groupes de jeunes, de femmes, des législateurs, des représentants de partis politiques ainsi qu’avec des militants de la société civile. Green Advocates a également mené des talk shows et organisé des groupes de discussion spécialisés avec différents publics pour préparer la population du Libéria au budget de l’année fiscale 2006-2007. Pour faire démarrer rapidement ce processus, Green Advocates a organisé un atelier de formation et de qualification pour les OSC en préparation pour le budget 2006-2007 de juillet. Cet atelier de deux jours, qui incluait des discussions sur la transparence budgétaire et la participation du public au processus budgétaire, a donné aux OSC la capacité de surveiller et d’évaluer le budget.

Révision du budget 2006-2007. Immédiatement après que l’exécutif a soumis le budget 2006-2007 au parlement, le budget était soumis à l’examen public le plus méticuleux de l’histoire du Liberia. Les leaders politiques, les législateurs, les corps professionnels, les journalistes, les militants étudiants, les chefs de communauté, et même des membres de la communauté internationale des donateurs ont participé au débat.

Green Advocates a travaillé avec la direction des étudiants de l’Université du Liberia pour organiser un symposium de deux jours pour analyser et débattre autour du budget. Le débat a réuni des législateurs (dont le porte-parole de la Chambre des représentants), des leaders de l’opposition, les médias, des leaders de jeunes, le secteur privé, des militants de la société civile, et des ministres de l’éducation, de la santé, de la finance, du travail, et de l’agriculture, ainsi que le directeur du bugdet.

Comme le débat budgétaire s’est intensifié, l’exécutif a engagé des dépenses extrabudgétaires. Green Advocates et le Réseau budgétaire libérien ont rapidement appelé l’attention des législateurs sur ce fait, et Green Advocates a lancé une campagne pour demander des informations sur la légalité de ces dépenses. La Chambre des représentants à repris cette demande, invitant les principaux fonctionnaires gouvernementaux à fournir ces informations.

La Chambre des représentants a également désapprouvé les propositions budgétaires du président sur des questions telles que le salaire minimum, le montant devant être alloué au service de la dette, la prise en compte ou non des entreprises de l’Etat dans le budget, et la taille d’ensemble du budget. Le Sénat aussi a approuvé sa propre version du budget. Une conférence mêlant les membres de la Chambre des représentants au Sénat a eu lieu pour trouver des bases communes, et après presque trois jours de négociations, les deux parties sont parvenues à un accord. Après 50 jours de débat, le budget 2006-2007 a été approuvé.

Défis et opportunités. Bien que l’organisation soit le leader du travail budgétaire dans la société civile au Libéria, Green Advocates est confronté à de sérieuses limitations financières et du personnel dans son travail de promotion de la transparence budgétaire. Les membres de l’équipe de Green Advocates sont auto-formés et s’appuient beaucoup sur les matériaux issus de l’Internet, ce qui est encore un produit onéreux au Libéria. Green Advocates recherche un soutien financier pour créer un Centre de ressources budgétaires, au service du Réseau budgétaire de la société civile du Libéria, et qui serait accessible à d’autres groupes et individus intéressés par le travail budgétaire.

Malgré les limitations financières du Libéria, ce dernier offre d’importantes opportunités pour le travail budgétaire de la société civile, comme pays émergeant après presque 15 années de guerre civile. Le gouvernement a déclaré que la corruption était l’ennemi numéro un et s’est orienté pour le maintien de la prudence fiscale. Il s’agit de déclarations politiques sérieuses qui doivent être suivies. Le travail budgétaire de la société civile est un mécanisme puissant pour tenir le gouvernement responsable de ses engagements et pour combattre contre la pauvreté au Libéria.

Pour davantage d’information, contacter Alfred Brownell à [email protected].

 


 

 Nouvelle publication: Surveiller les dépenses sociales au Guatemala

Le Centre international pour la recherche sur les droits de l’homme (Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH) au Guatemala publie un rapport trimestriel intitulé «Observatoire des dépenses sociales», avec des informations sur la qualité, la quantité, et la transparence des dépenses du budget fédéral avec un accent particulier porté sur les revenus fiscaux, les dépenses sociales, et sur le Ministère de l’éducation publique, la santé et l’assistance sociale. Le rapport a pour but de renforcer les revenus fiscaux, d’améliorer le niveau de transparence et l’efficacité dans les dépenses publiques afin de réduire la pauvreté et l’inégalité et d’assurer le respect des droits économiques, sociaux, et culturels.

Afin d’élaborer l’Observatoire des dépenses sociales, le CIIDH a créé une coalition d’organisations sociales dans laquelle figurent des groupes de femmes, des organisations de fermiers, des ONG de développement, des groupes religieux, et des groupes de défense des droits de l’homme. Lors de l’élaboration du rapport trimestriel, le CIIDH utilise le Système de comptabilité intégrée du gouvernement guatémaltèque pour surveiller l’information sur l’exécution du budget fédéral. Cette information est complétée par des entretiens sérieux avec des fonctionnaires publics travaillant dans différents secteurs du gouvernement, particulièrement au sein du Ministère des finances publiques, dans l’éducation, la santé et dans les institutions qui luttent pour l’accès aux terres.

Les informations contenues dans le rapport sont présentées trimestriellement lors d’une conférence de presse avec la participation d’éditorialistes et de journalises dans les 8 jours suivants la réalisation du rapport. Il est alors distribué aux fonctionnaires publics, aux membres du congrès, aux organisations de la société civile, et au secteur public, ainsi qu’aux institutions internationales.

 


 

Où est l’argent pour protéger les droits des femmes?

Dans le cadre d’une initiative de recherche en cours, Just Associates (JASS) et l’Association pour les droits des femmes dans le développement (AWID) ont publié un rapport intitulé «Où se trouve l’argent pour les droits des femmes? Evaluation des ressources et du rôle des donateurs dans la promotion des droits des femmes et le soutien des organisations de femmes».

Étant donné le manque persistant de ressources pour les droits des femmes 10 ans après la Quatrième conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995, le rapport étudie trois questions primordiales:

  • Les groupes de défense des droits de la femme ne sont-ils pas assez percutants dans leurs stratégies de recherche de financements?
  • Les donateurs ne comprennent-ils simplement pas l’urgence et l’importance de ce travail?
  • Qu’est-ce qui s’est réellement passé en termes de financement pour les organisations de droits des femmes lors des 10 dernières années, et quelles ont été les forces conductrices derrière ces tendances?

Les objectifs de cette recherche sont triples: (1) augmenter le montant du financement pour les droits des femmes, (2) démocratiser l’accès à ce financement, et (3) affirmer la légitimité du soutien des organisations et des mouvements mondiaux de défense des droits des femmes.

Les chercheurs ont révisé la recherche existante, ils ont mené un sondage en ligne sur plus de 400 organisations liées aux droits des femmes, conduit 82 entretiens avec différents donateurs et organisations liées aux droits des femmes, et sponsorisé trois rencontres internationales de donateurs et d’organisations liées aux droits des femmes.

Ils ont découvert que le manque de financement avait des effets similaires sur les organisations de droits des femmes quelle que soit la région, les contraignant à se concentrer sur «la résistance et la survie» et limitant sévèrement leur capacité à maintenir un agenda proactif et obtenir un rôle de leader.

Les chercheurs ont également trouvé un nombre de problèmes communs parmi les organisations qui aident à financer les organisations de femmes (telles que les agences de développement bilatérales et multilatérales, les grandes fondations indépendantes, les ONG internationales, la philanthropie privée, et les entreprises). Ces problèmes incluent la pauvreté des systèmes de responsabilisation et de survie, la non application de l’équité entre les genres à travers l’organisation, et l’attrait de l’organisation pour d’autres questions. Par exemple, sur les 69 milliards de dollars d’assistance pour le développement bilatéral outre-mer délivrés en 2003, seuls 4 milliards (6%) ont été suivis à travers des indicateurs de genre, 2 milliards de dollars (3%) avaient l’équité entre les genres comme objectif significatif, et 400 millions de dollars (0.6%) avait l’équité entre les genres comme objectif principal. En outre, les plus grandes ONG internationales ont réduit le financement destiné «aux femmes et aux filles» depuis 1996.

Les résultats spécifiques des chercheurs incluent les faits suivants:

  • 37% des organisations qui ont répondu avaient des budgets 2004 inférieurs à 20,000$, 68% avaient des budgets inférieurs à 100,000$, et 24% avaient des budgets compris entre 100,000 et 500,000$.
  • 51% des organisations de femmes ont reçu en 2004 moins de financement qu’en 2000, alors que 24% ont reçu plus de financement et 23% ont reçu environ le même financement.

Des résultats concernant les données non financières incluent les faits suivants:

  • Les questions pour lesquelles il est plus facile d’obtenir un financement sont le VIH/SIDA, la violence fondée sur le genre, et les droits et la participation civils/politiques. L’obtention de financement est plus difficile pour les questions liées à la philanthropie, les droits individuels dans le cadre d’une religion particulière ou de traditions culturelles, et les droits sexuels.
  • Les types de priorités organisationnelles pour lesquelles l’obtention de financement est plus facile sont les médias, la technologie, les moyens de communications, le développement de leadership, et la construction de réseaux. Il est plus difficile d’obtenir un financement pour des priorités telles que les salaires, l’administration, et la distribution de services.
  • Plus de la moitié des organisations enquêtées déclarent qu’il est généralement plus difficile d’obtenir des fonds aujourd’hui que dix ans en arrière et qu’elles passent désormais plus de temps à démarcher des financements.

Alors que ce rapport complet apporte des informations sur les niveaux décroissants des fonds consacrés aux droits de la femme et sur les défis auxquels sont confrontées les organisations de défense des droits des femmes, il décrit également de nouvelles opportunités. Par exemple, les fondations familiales, les donations individuelles, la philanthropie d’entreprise, et les fonds de femmes sont en train d’émerger, étant des sources de financement significatives pour les organisations de femmes.

 


 

Formation budgétaire en Mongolie

The International Budget Partnership (IBP) a organisé un atelier de formation sur le budget du 26 au 30 juin 2006, à Ulaanbaatar en Mongolie. Ont participé 21 personnes de Mongolie, du Pakistan, d’Azerbaïdjan, du Kirghizstan, d’Arménie, et du Kazakhstan. Les participants provenaient de groupes qui ont montré un certain engagement envers le travail budgétaire appliqué (en conduisant une recherche budgétaire avec l’intention d’influencer la politique budgétaire), composant à part entière de leur stratégie organisationnelle. Les participants ont été sélectionnés à partir de leur expérience et de leur engagement dans le travail budgétaire au sein de leur organisation.

Durant les cinq jours de la formation, les participants ont étudié des thèmes telles que le processus budgétaire, la terminologie budgétaire, des études de cas de groupes budgétaires du monde entier, des analyses quantitatives, et des méthodologies de diffusion. L’atelier avait une forme très participative – bien que certaines questions ont été traitées sous la forme de présentations réalisées par les formateurs – et les participants ont résolu des problèmes, fait surgir certaines questions, entrepris des travaux de groupe, et réalisé des présentations lors des différentes sessions de la formation. La formation se fondait sur un ensemble complet de matériaux didactiques, tels qu’une simulation du budget d’un pays fictif ou l’analyse d’une étude de cas.

Pour davantage d’information, contacter Vivek Ramkumar à [email protected].

 


 

Nouveautés dans la bibliothèque de l’IBP

Achieving Results: Performance Budgeting in the Least Developed Countries
Fond de développement du capital des Nations unies (UNCDF)

Cette publication de l’UNCDF étudie les défis de la budgétisation de l’exécution pour soutenir les Objectifs de développement du millénaire et comment celle-ci s’applique aux questions de développement dans les pays en voie de développement. Le livre revoit les concepts et le contexte de la budgétisation de l’exécution dans le gouvernement local et s’intéresse aux expériences du Mozambique, de la Tanzanie, et du Yémen. Il introduit la budgétisation sensible au genre et établit des méthodes destinées aux praticiens gouvernementaux pour implanter la budgétisation de l’exécution dans les pays en voie de développement.

Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW
Par Diane Elson/Fond de développement pour les femmes des Nations Unies

Cette publication étudie le lien entre les standards des droits de l’homme et les budgets gouvernementaux. Elle a pour finalité d’observer comment les budgets et les processus de construction des politiques budgétaires peuvent être surveillés sous l’angle du respect des standards en matière de droits de l’homme, en particulier avec la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Making Public Finance Public
Par Katarina Ott/Local Government and Public Service Reform Initiative

Les trois études de cas présentées dans cette publication étudient la budgétisation infranationale en Croatie, en Macédoine, et en Ukraine. La publication inclut également une synthèse multi-pays particulièrement utile pour ceux qui, dans les universités, les organisations de la société civile, les parlements, et les médias, se sentent concernés par l’amélioration de la transparence et de la responsabilisation dans la gestion publique des finances.

 

Newsletter 34 – English

National Rural Employment Guarantee Act in India by Nandan Jha, Deepak Xavier, and Vivek Ramkumar

The Indian parliament recently passed a ground breaking law called the National Rural Employment Guarantee Act. Under the law, all rural households will be entitled to 100 days of minimum wage employment from the government. The law has been passed as a result of enormous pressure brought about by civil society activists and social movements in India who have long demanded the passage of such legislation providing the poor in the country with the ‘right to work.’

In a series of articles written for the International Budget Partnership’s (IBP) newsletter, the Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA) — a budget group based in New Delhi, India — has documented the rationale for the law, its financial implications, and the unique social auditing process through which citizens are monitoring the use of the funds allocated for programs under this law. For more information on the NREGA, contact Nadan Jha of the CBGA at [email protected] or Vivek Ramkumar of the IBP at [email protected].

An Overview of NREGA 

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) was passed by the Indian Parliament in August 2005. At the national level, the law is the first of its kind, providing the right to work for around 700 million rural Indians.

While India has a rich history of public programs designed to create employment during times of food scarcity, those earlier programs were not codified into permanent laws. Further, those programs were fraught with corruption (with funds being siphoned off by public officials) and inefficiency (with funds not being used in the areas where they were most required).

NREGA guarantees each rural household 100 days of minimum-wage employment per year at a minimum wage of Rs. 60 per day (one dollar is approximately Rs. 45) or the state’s statutory minimum wage for agricultural labourers, whichever is higher. Those who do not receive employment within 15 days of applying for it are entitled to a daily unemployment allowance at the rate of one-fourth of the minimum wage for the first 30 days and half of the minimum wage for the rest of the year.

The passage of the NREGA faced severe opposition from some powerful government officials, particularly officials within the finance ministry and the national planning commission, and sections of the conservative media. Their opposition was founded on the basis that the Indian economy would lose its competitive edge in the global economy if it were to invest its resources in public programs instead of investing in infrastructure. Further, they contended that large public welfare programs like the NREGA are breeding grounds for corruption, inefficiency, and mismanagement of public funds. They also raised doubts on the NREGA achieving its objectives of eradicating rural poverty and specifically preventing starvation deaths in rural areas by citing the failure of the Maharashtra Employment Guarantee Scheme — a law passed by the Indian state of Maharashtra in the 1970s, which like the NREGA guaranteed employment to rural households – in achieving similar objectives.

NREGA’s proponents include community-based organizations, mass movements, social activists, and academics, believe it will assist millions of rural Indians by providing them with supplemental income during periods of drought or during lean phases in the agrarian work cycle. In fact, many proponents have campaigned for NREGA as a food-security measure. For these activists, NREGA’s enactment is an implicit acknowledgement by the government that the economic liberalization policies India has pursued for the last 15 years — which assume that rapid economic growth will “trickle down” through the population, creating employment and reducing poverty — have failed.

India can be cited as a classic example of the failure of this “trickle-down” theory. Before the adoption of liberalization policies, India’s economy grew by 3.5 to 4 percent per year and employment grew by 2 to 2.2 percent. Now, India’s economy is growing by 5 to 7 percent per year, but employment is growing by just 1.1 percent, which is less than half of the new additions to the workforce every year.

Unemployment has been particularly acute in rural areas, which largely depend on agriculture. The annual employment growth rate in rural areas fell from 2 percent during 1987-1994 to 0.6 percent during 1993-2004, the period when liberal economic policies were introduced.

NREGA, which is based on the assumption that every adult has a right to basic employment opportunities at the statutory minimum wage, is expected to significantly increase employment in the 200 districts (out of a total of 602 districts in the country) that have been selected for the initiative. The government has promised to extend the initiative to the entire country within five years.

NREGA proponents state that economic globalisation and privatization policies have created a system of unequal competition between large multinationals and local businesses, destroying traditional crafts and occupations. Mechanisation of agriculture and the growth of agro-businesses have further weakened rural employment opportunities and helped cause large-scale migration to urban centers. In sum, NREGA’s goals are to:

  • provide supplemental income to poor rural households during lean periods in the agrarian cycle
  •  reduce the migration of agricultural labourers by offering opportunities for local employment
  • generate employment in the most deprived areas through productive works that create durable assets and rejuvenate the natural resource base of poor communities
  • provide the rural poor with access to food during times of drought and famines

Financial Issues 

The cost of NREGA largely depends on two factors: the number of applicants for employment and the number of days of employment they seek. Additional costs include administrative costs and unemployment allowances for families who have applied for employment but are not provided with it.

NREGA’s costs are divided between the central and state governments. The central government pays all of the wages of unskilled manual workers and 75 percent of the wages of skilled and semi-skilled workers; the state government pays the remaining 25 percent of the wages of skilled and semi-skilled workers and the unemployment allowance for applicants who are not provided with jobs. The two levels of government split administrative expenses.

In addition, NREGA provides medical coverage to workers in case of work-related injuries. Workers are also entitled to safe drinking-water facilities and adequate rest periods. Further, the act requires that day-care facilities be provided at work sites where there are more than five children below the age of 6 accompanying female workers.

The issue of what wage level to offer under NREGA has been contentious. In India, minimum wages are prescribed by individual states and vary vastly from state to state — from Rs. 40 to Rs. 134 per day. In establishing the program, parliament compromised between proposed wage levels of Rs. 50 and Rs. 66 by settling at Rs. 60 or the state minimum wage rate, whichever is higher.

More recently, the Ministry of Finance has made a concerted attempt to fix the wage rate at Rs. 60 all across the country. This has been resisted by the Ministry of Rural Development, which is responsible for administering the scheme.

Advocates for higher minimum wages contend that the wages paid under NREGA should be linked to the state minimum wage, which reflects the local cost of living. Their opponents state that NREGA is intended to supplement rural households’ income and thus is not meant to compete with existing private-sector wages.

The Indian government expects to spend Rs. 143 billion on rural employment in the current fiscal year (2006-07), Rs.113 billion of which will be spent under NREGA and Rs. 30 billion of which will be spent under a separate rural employment program established before NREGA, called Sampoorna Grameen Rojgar Yojana (SGRY). This Rs. 143 billion is approximately 23 percent more than the government budgeted (as per the revised budget estimates) for rural employment last year. Moreover, because NREGA is being implemented in only one-third of the country this year, the budget for rural employment will have to be increased significantly in future years, when NREGA is extended to the entire country.

NREGA advocates contend that much more funding is required to implement the plan in the selected 200 districts. They also note that the government is actually reducing employment opportunities in the 402 districts not currently covered by NREGA, since in establishing NREGA the government eliminated one of the two existing rural employment programs (the National Food for Work Program, or NWFP) and scaled back the other (SGRY).

It should be noted that under the NREGA statute, the government does not have the power to end the scheme at any point in time, but instead is obligated to provide adequate funding to cover the costs of all applicants who are eligible to receive assistance under the scheme. 

Results to Date 

NREGA was implemented in 200 districts on February 2, 2006. As of June 9, approximately 26.9 million of the total of 57.5 million rural households in these districts had applied for identity cards (called job cards) under the plan, and approximately 18 million of these households had been issued job cards, according to data issued by the Ministry of Rural Development. Further, 8.1 million job-card holders had demanded employment by that date, only 6.5 million of whom were employed.

The Ministry of Rural Development data does not include the mean number of days of employment provided to current beneficiaries or the average wages paid under the NREGA in each state or the break down of expenses in terms of wage costs and material costs. This prevents us from calculating the future costs involved in providing the promised 100 days of employment to all households that have applied for work. However, the information provided by the ministry shows that had all applicants for job cards been provided employment, the total cost would have exceeded Rs. 290 billion, or more than twice the current allocation for this scheme.

The amount of money required has unsettled the Ministry of Finance, which allocated only Rs. 113 billion for the program for the year. The prospect of such a shortfall was one reason for the ministry’s unsuccessful attempt, noted above, to reduce the minimum wage under NREGA to Rs. 60 all across the country.

Fortunately for the Finance Ministry, recent trends in the demand for employment have come down to much more modest levels. The reasons for this include low wage payments – loopholes in the provisions governing minimum wages under the NREGA allows the government to calculate wages at a piece rate, which in most cases results in wages being paid at a rate below the prescribed minimum wage rate – and a general lack of awareness among poor communities of their right to employment under the NREGA.

The ministry now expects that the number of persons seeking work under this scheme will not exceed the target of 15 million households. But even at this level of participation, it would still require approximately Rs. 150 billion to fund these applicants, which is approximately Rs. 40 billion more than the government has budgeted.

Because NREGA is a demand-driven scheme, it is vastly different from the earlier employment generation/poverty reduction schemes, which were not mandatory and could be capped based on the availability of funding. The national government and the state governments must allocate adequate resources to cover the costs of this scheme. To raise these additional funds, the government might look to increasing tax rates or introducing new earmarked revenues through imposition of a tax like the current education tax.

Key Provisions of the NREGA 

  1. Each state government is responsible for providing one or more members of a rural household with unskilled manual employment for a combined period of not less than 100 days (per household) in a financial year.
  2. If an applicant seeks employment under the Act and is not provided with such employment within 15 days of receipt of his application (or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later), he shall be entitled to a daily unemployment allowance.
  3. As far as possible, employment is provided within a radius of five kilometres of the village where the applicant resides. In case of employment provided beyond this radius, labourers shall be paid extra wages to meet additional transport and living expenses.
  4. Social audits — audits conducted in a public assembly composed of village residents targeted under NREGA — shall be used as a tool to enforce accountability and enable public monitoring of NREGA funds.
  5. Half of the funds under NREGA shall be used for development projects identified by the Panchayats (a cluster of villages, the smallest unit of administration in rural India). This provision holds enormous significance for providing financial powers to the Panchayat, which have until recently been lacking.
  6. Projects taken up under NREGA shall follow a wage-material ratio of 60:40. For example, a Rs. 100,000 project would spend at least Rs. 60,000 on wages and the balance on materials, thereby focusing heavily on employment creation.

Social Auditing the NREGA 

Deepak Xavier of the Centre on Budget and Governance Accountability participated in a social audit on the NREGA and wrote about his experience at the social audit.

Can the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) truly benefit India’s rural poor?  That was the biggest question in my mind before leaving for Dungarpur — a remote tribal district located in the southern part of the state of Rajasthan — to participate in a mass social audit exercise on NREGA. But to many people’s surprise, the residents of Dungarpur have demonstrated the NREGA’s great potential.

In India, social movements led by the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) had pioneered the use of social auditing as a tool to mobilize rural residents to actively monitor the use of village development funds and thereby hold public officials accountable for the use of these funds. At a basic level, social audits are undertaken in a public assembly where all details of a project are scrutinized. However, social audit can also be understood in a broader sense, as a continuous process of public vigilance through which potential beneficiaries and other stakeholders of an activity or project are involved at every stage: from planning to the implementation, monitoring and evaluation. This process helps in ensuring that the activity or project is designed and implemented in a manner that is most suited to prevailing conditions, appropriately reflects the priorities and preferences of those affected by it, and most effectively serves public interest. (See: http://nrega.nic.in/Nrega_guidelines.pdf, page 46.)

In Dungarpur, roughly 900 volunteers from 13 Indian states walked across the district to spread awareness about the NREGA and to monitor its implementation as part of the social audit exercise. Volunteers came from various walks of life and included farmers, labourers, academics, professionals, and activists.

The NREGA, one of the most progressive policy tools in recent times in India, has been widely criticised by many economists and policymakers. They argue that large spending projects for the poor will accomplish little because of corruption and poor mechanisms for delivering public services. Participants in the Dungarpur social audit process rejected this argument. People are becoming more aware of their rights and entitlements, thanks to the right-to-information movement in Rajasthan.

People began demanding work under the NREGA even before the awareness campaign was launched. Around 150,000 households of a total of 237,000 households in this district were employed under NREGA in Dungarpur at the time of the awareness campaign.

During the awareness campaign it became evident that when there is social or public monitoring of public works, corruption can virtually disappear. In the entire social audit, which covered some 1,500 worksites in 800 or more villages, we came across only 15 complaints of corruption (such as false names in the muster rolls, discrepancies in payment of wages, and absent labourers being marked present in the muster rolls). The major reason is that the muster rolls were available at almost all of the worksites. This reduces the scope of corruption, as labourers can easily access the muster rolls to find information such as the amount of wages they are reported to have been paid. In previous public works projects, in contrast, muster rolls were not available.

Another significant finding of the social audit was that a large share — some 70-80 percent — of the labourers working at NREGA worksites were women. In some places, all of the labourers were women. It is startling to see that women are participating in large numbers in a state like Rajasthan, where according to the latest National Sample Survey, only 25 percent of rural women are employed.

Yet even though women are participating in programs executed under the NREGA in large numbers, we did not find a single worksite with child-care facility as required by the law. This violation of the law hampers women from participating in NREGA programs, especially if they have young children. This form of discrimination needs to be addressed immediately.

The social audit exposed other shortcomings in the NREGA’s implementation as well. The act placed enormous pressure on all levels of government to ensure that sufficient jobs were created. There has been a severe shortage of staff to meet the requirements created by the act. Unless additional staff is appointed and the necessary funds allocated, the government will be unable to deliver the expected outcomes.

The pattern of wage payments in Dungarpur also raised serious issues. In most of the worksites, labourers were paid much less than the statutory state minimum wage of Rs. 73 (approximately 1.5 US dollars) per day, as wages were calculated on the basis of tasks. This violates the NREGA guidelines issued by the central government, which explicitly state that under no circumstances may labourers be paid less than the minimum wage rate fixed by the state government for agricultural labourers (which is Rs. 73 in Rajasthan).

In addition, the Finance Ministry has been trying to fix the minimum wage at Rs. 60 per day across the country, which would violate the spirit of the NREGA. If this effort succeeds, labourers in more than half of the Indian states would be paid less — in many cases much less — than they are now. This could discourage people from opting for work under the employment guarantee scheme.

Despite these problems, Dungarpur is a classic example of how public vigilance and participation, combined with proactive administration (the district government has provided complete cooperation during the project), can ensure NREGA’s successful implementation. With proper public monitoring, transparent and accountable administration, and an empowered population, not only is corruption minimised but the lives of the poor can be transformed.

The example of Dungarpur shows that the employment guarantee scheme can make progress towards eradicating poverty and other forms of social exclusion. It also shows that public participation and social monitoring can effectively deal with the problem of waste in large public spending projects. Though Dungarpur is only a drop in the ocean, its experience can be replicated across the country. It is time for the central government to stop hampering the vision of the NREGA, which holds the potential to transform Indian society.

 


 

Three Exciting Budget Initiatives in Ghana by T.J. Conway

Ghanaian civil society has undertaken several initiatives related to budget work recently. This article highlights some of the latest efforts of three organizations: the Centre for Budget Advocacy has just issued a press statement on the supplementary budget approved in July; the Institute for Policy Alternatives has been undertaking social audits of government policies and programs; and the SEND Foundation has been monitoring the use of funds released through HIPC debt relief. Each case offers insights into the strategies and impacts of civil society budget work.

Centre for Budget Advocacy (CBA): Supplementary Budget Press Release

In July the Minister of Finance presented a supplementary budget of 4.3 trillion cedis (over $450,000,000) to Parliament. The Centre for Budget Advocacy (www.isodec.org.gh) of the Integrated Social Development Centre (ISODEC) disseminated a press release on the supplementary budget in early August, which has gained significant media attention. Some of the CBA’s central criticisms are as follows.

Inconsistencies in the government’s case for the supplementary budget. The Minister of Finance justified the need for the supplementary budget on the pretext that money from donor sources had recently been made available and needed to be expended. This justification seems misleading to the CBA. The Multi-Donor Budget Support system is designed specifically to avoid such unpredictability of resource flows. Furthermore, Parliament approved a domestic loan to finance over 30 percent of the supplementary budget.

Poor macroeconomic outlook. The government forecasts poor performance in the agriculture sector and a reduction in the domestic debt-to-GDP ratio. The CBA attributes the troubles in the agriculture sector to the government’s failure to heed warnings about excessive reliance on cocoa production at the expense of food crop farming, which most poor Ghanaian farmers depend on for their livelihoods. In addition, while the Minister cited “fiscal prudence” as the reason for the expected reduction in the domestic debt-to-GDP ratio, the CBA remarks that the government’s “deliberate refusal to spend” on poverty-reduction interventions is a more correct explanation, as the government has not fulfilled its promises to upgrade public schools.

Inadequate employment measurement. The Minister measured Ghana’s employment levels on the basis of the number of job advertisements in the national newspaper, The Daily Graphic. The CBA regards this as an inadequate indicator of employment and calls upon the government to develop more comprehensive indicators.

Inadequate revenues from domestic sources; too much indirect taxation. Domestically mobilized revenues are insufficient, according to the CBA. The CBA also states that the government relies too heavily on indirect taxes, which are more burdensome for the poor than direct taxes. Currently, indirect taxes account for 67 percent of tax revenues. The government has continually reduced corporate tax rates — now standing at 25 percent — over the past five years.

Whither national investment? The CBA expressed concern about the low national expenditure on investment. National investment in the first period of 2006 was 21 percent less than in the corresponding period of 2005. Of this expenditure, the CBA notes that only 22 percent came from domestic sources.

Concerns over planned expenditures. The CBA notes that some planned expenditures are either suspicious or profligate. Several ongoing projects have requested additional funds without justification. Also, the budget announced the launching of a new microfinance program through the Office of Government Machinery, an atypical office for such an initiative, which fuels suspicions that the government is setting aside funds for party supporters for the 2008 elections. Finally, the CBA considers the amount designated for Ghana’s 50th anniversary celebration — over $200 million — to be ostentatious.

Social Accountability Initiative of the Institute for Policy Alternatives (IPA)

The Institute for Policy Alternatives, a public policy think tank and training center based in Tamale, has established the Social Accountability Initiative to strengthen social accountability activities among civil society, Parliament, and public institutions. The Initiative recently released Community Voices: a civil society assessment of the pro-poor policies and programs of Ghana’s Poverty Reduction Strategy (GPRS) from 2004-2005, which demonstrates how civic engagement can improve resource allocation and public service delivery.

Community scorecard system. With the guidance of the IPA, communities in 14 districts from 8 of Ghana’s 10 regions carried out a social audit of three aspects of the GPRS: education policies, health policies, and resource allocations to local governments. The assessment involved 11 Ghanaian civil society organizations, which the IPA trained to help develop Community Scorecards (CSC) in each community.

The CSC is a qualitative social accountability tool that communities used to rate the quality of poverty-reduction policies. There are two steps to the CSC process. First, the community produces a performance scorecard and collectively scores services based on self-generated criteria such as access, transparency, and satisfaction. This takes place in a public forum, where citizens also discuss possible reforms to policies and programs. The second step is the “interface,” which brings together service providers (often government officials) and community members to discuss the results of the CSC, offer feedback, and generate consensus on a reform agenda. 

Scorecards reveal major shortcomings. The CSC findings in each of the three focal areas show significant room for improvement. To assess the fulfillment of the two GPRS objectives in the area of education — enhancing access to and improving the quality of basic education — communities established two main indicators: the presence of high-quality teachers and the provision of textbooks. The vast majority of respondents gave failing grades on both of these indicators.

The main health policy objective of the GPRS is increased access to health care. Ghana has implemented two policies — an exemption system through which certain groups, including the poor, receive free health services and a national health insurance policy — to achieve this objective. The two indicators chosen to assess the government’s policy commitments were the availability and affordability of drugs, and the quality of care received by the poor. Communities awarded these indicators a failing grade and an average grade, respectively.

The third focal area was resource allocations to local governments. Transfers to local governments through Ghana’s District Assembly Common Fund and the HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) Fund totaled more than $100 million in 2004. As part of the CSC, communities chose two indicators to assess the fair and efficient allocation of these funds: whether residents were involved in the planning for use of these resources, and the degree to which the government provided the public with information on these resource allocations. Citizens gave failing grades on both indicators.

Impact. The initiative has successfully influenced policies at both the local and national levels. In the interface at Gbulung in the Northern Region, for example, citizens complained to the school supervisor that the school lacked necessary furniture and that the head teacher was an alcoholic who allowed his unqualified son to assume responsibilities in his absence. Following the interface, the supervisor immediately sent furniture to the school, had the head teacher transferred, and removed the head teacher’s son from his undeserved position.

In another example, during an interface at Afram Plains in the Eastern Region, citizens told government officials that public health facilities did not deliver the requisite services and that the exemption policies were not transparent. The district medical officer, present at this interface, showed participants the health facilities’ budget to apprise them of the constraints these facilities faced. Since the interface, the officer has become deeply involved with the community to carry out reforms.

At the national level, the Minister of Public Sector Reform spoke at the launch of Community Voices in Tamale and accompanied attendees to the community of Nanton, where they had lunch with community members. Government officials present at the luncheon included two district chief executives, three members of Parliament, and one functionary from the auditor general’s department. In addition, the auditor general’s office continues to seek the training and support of the IPA in undertaking its own social audits.

Future work. The IPA is currently completing the report for Community Voices 2, which assesses the performance of the National Health Insurance Scheme using an approach similar to Community Voices. This second study, however, uses both a Citizens’ Report Card and a Community Scorecard in order to collect both quantitative and qualitative data, respectively, and to enhance the study’s robustness without compromising community participation. The IPA has also expanded the scope of the project, administering 4,500 questionnaires in communities from all 10 of Ghana’s regions in partnership with 15 local NGOs.

For Community Voices 3, the IPA is considering a social audit of the Capitation Grant (a grant aimed to waive school fees for basic education) that builds on the methodology of Community Voices 2 by incorporating an expenditure-tracking element.

HIPC Expenditure Tracking by the Social Enterprise Development Foundation (SEND)

The SEND Foundation (http://www.sendwestafrica.org/) is an NGO that promotes livelihood security and equality of men and women through participatory development and public policy advocacy in West Africa. In 2001, amidst fierce debates in Ghana about whether the country should “go HIPC,” SEND partnered with several other civil society groups to begin Ghana HIPC Watch (GHW) in order to take advantage of the opportunity for civil society to participate in the HIPC implementation process. GHW’s goal is to maximize the impact of the HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) initiative — an initiative intended to free up funds for poverty reduction through debt relief — by undertaking participatory monitoring and evaluation of HIPC-funded programs and projects.

In July 2006, GHW released Where did Ghana’s HIPC Funds Go?, which analyzes more than 1,500 HIPC projects from 2002 to 2004 to assess how the Ghanaian government allocated these resources and the extent to which projects were aimed at the areas with greatest poverty.

Methodology. The GHW began by raising awareness of Ghana’s Poverty Reduction Strategy among the country’s civil society organizations. SEND then trained 24 district HIPC monitoring committees in the three northern (and poorest) regions on participatory monitoring and evaluation so they could collaborate with the initiative. The monitoring committees collected data and reported the information to 24 NGOs at the district level on a quarterly basis beginning in July 2003.

SEND and its partners chose indicators based on the Poverty Reduction Strategy’s three main goals: 1) good governance, 2) equity, and 3) accountability. Siapha Kamara, CEO of SEND, explains, “We’re interested in whether the qualitative values of good governance, equality, and accountability are being adhered to. We didn’t begin monitoring funds until after we had set up our indicators for assessing these three values.”

Findings. Ghana HIPC Watch noted three important trends in HIPC implementation:

  • Communication is weak. Communication between national and local governments about budget and financial issues is lacking. In one case, the central government created HIPC bank accounts for districts without informing the districts of their existence. Naturally, the money was not expended.
  • Poverty has been deemphasized as a criterion for distributing funds. The sole beneficiaries of HIPC debt relief are supposed to be the poor. However, GHW has found that debt relief is increasingly serving as a cushion for the whole nation, while HIPC funds targeting the poor are being sidelined.
  • Central ministries are taking control of the bulk of the money, even though HIPC funds are supposed to go directly to district governments. Mr. Kamara explains, “Ministries are now developing the priorities and projects for the local governments, which raises the important question: who is becoming the driver for poverty reduction?”  This change toward a more top-down approach has serious implications. “Holding MDAs [Ministries, Departments and Agencies] to account is more difficult compared to District Assemblies,” says Kamara. Such a power shift threatens the core GPRS values of good governance, equality, and accountability.

Impact. Through these findings, SEND and its partners have had a significant national and local impact. SEND’s effectiveness reflects in part its strategy of promoting dialogue between stakeholders so they can find common ground and effect change.

For example, GHW monitored the School Feeding Programme, through which districts receive HIPC money to pay for children’s meals during school. Several districts and schools denied ever receiving such funds, yet the central government insisted it had disbursed the money. SEND and its partners encouraged dialogue between the parties and found that because of a clerical error, the HIPC money had been placed in the wrong government account, so while the money had indeed been disbursed to districts, districts were not aware that these funds were HIPC funds. SEND informed the central government, which made the necessary change. “That is the impact of dialogue on good governance,” says Kamara.

Another impact of SEND’s work is that many governing bodies have requested SEND’s assistance in undertaking further monitoring and evaluation activities:

  •  Several district assemblies have asked SEND and its partners to carry out an impact assessment of HIPC projects.
  • Traditional governing institutions would like SEND to help establish participatory monitoring and evaluation programs in their traditional governing regions.
  • Ministers from the northern regions have approached SEND formally to develop their monitoring and evaluation programs.

Despite these promising results, SEND and its partners face challenges. Lack of timely access to information remains an obstacle. Also, some members of the government and civil society remain doubtful about the possibility for collaboration between the two groups. Kamara says that many of these challenges originate from values found in institutional practices: “There is a lot of space for dialogue, but people don’t have the institutional capacity — they don’t have the values for working with one another.”

To have maximum impact, the GHW has worked hard to promote dialogue around its most recent publication. It disseminated 3,000 copies of the report, including mailing the report to the three ministers from the northern regions and several NGOs, and posted the report on its website. The Ministry of Finance has received the publication and a request by the GHW to discuss it, but has not responded. Finally, the World Bank will hold a development dialogue on the report results.

 


  

Budget Monitoring of Children’s Rights and Schools Infrastructure in Argentina by Laura Malajovich and Nuria Becu

Citizen Participation and Children’s Budgets, CIPPEC and UNICEF

The Argentine NGO CIPPEC (Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth) is working with UNICEF Argentina (United National International Children’s Emergency Fund) to promote the notion that children’s and teenagers’ rights cannot be fulfilled if the government does not institute concrete policies and development programs supported by adequate funds.

One of CIPPEC’s main messages is the need to link specific children’s rights cases with indicators of government compliance with a specific right — such as when a child does not receive vaccines due to their high cost, which violates the child’s right to basic health services. An important goal of the project is to find a simple way to show citizens the connection between the government budget and cases like this, which will help citizens to participate in the budget process.

CIPPEC organized workshops to train public officials linked to social issues and involve technical experts that work in these areas. The workshops were designed to:

  • Promote, using concrete cases, tools to analyze ways to improve budget decisions that affect children and teenagers.
  • Strengthen citizen involvement in efforts to fulfill children’s and teenagers’ rights.
  • Promote citizen participation in the budget process by opening a dialogue on concrete proposals related to social spending.

The project has a local focus. CIPPEC selected one strategic partner to do budget analysis in each location and provide support to the local organizations throughout the process. This has allowed the different organizations working in each region on problems faced by local children and teenagers to mobilize and unify their efforts. The project also has created tools to provide clear and simple information on the budget and facilitate public access to information on public spending.

Finally, the project has tried to strengthen the link between the community and the government through the presentation and discussion of concrete proposals. Participating groups have elaborated proposals such as a reallocation of funds to include in the teaching curricula the skills to work with boys and girls with different capacities or evaluate the amount of resources assigned to scholarships for teenagers in order to keep kids in school. These proposals were discussed with ministers and other authorities to establish mutual commitments and evaluate how civil society organizations would monitor the implementation of the agreement that would adopt them.

An important element of the project has been identifying local partners willing to develop technical tools and collaborate in the planning of workshops to continue budget analysis activities. If the project were an isolated effort in which a single organization made brief stops in several different locations, local groups would not be able to work between workshops to develop their own proposals.

In addition, it has been important to have the active participation of the government in order to start a dialogue with decision-making authorities. Without government participation, it becomes quite discouraging for organizations to continue developing proposals concerning the allocation of resources. The government’s involvement has made it possible to identify problem areas and promote a collaborative rather than confrontational relationship between civil society organizations and the government.

For more information, contact Laura Malajovich at [email protected].

Budget Analysis to Promote Education with Equity in Buenos Aires, ACIJ

During 2005, ACIJ (Civil Association for Equity and Justice) started to investigate how the government of the city of Buenos Aires distributes public education funds. There was a general sense that the government, which has discriminated against the poorer parts of the city in the delivery of public services, has also been discriminating against schools located in poorer neighborhoods where classrooms are made out of shipping containers. This theory can be tested, given that the poor are generally concentrated in the southern part of the city.

To evaluate the distribution of public education funds and uncover any inequality in public spending in the poorest areas in the city, ACIJ started tracking funds allocated to school infrastructure (construction, repair, and maintenance). The goal was to determine the criteria used to distribute funds and whether they reflect the city’s various needs.

ACIJ examined investment accounts for fiscal years 2001-04 and the accumulated execution of the budget up through fiscal year 2005. The investment account details all the information about the budget execution, such as how much money is allocated to school infrastructure maintenance in the different stages of the budget process and the location (school district) of schools that undergo repairs.

An early obstacle was the high level of aggregation of budget data, which made it very difficult to determine which specific schools were supposed to receive budget allocations. Moreover, a significant part of the infrastructure budget was executed through a discretionary fund that was not accounted for, so it is impossible to know how much money was actually spent.

ACIJ formally asked several public entities for additional information, but none responded. ACIJ then sued the city government for not fulfilling its obligation to provide information. With the help of local justice authorities ACIJ obtained the information requested and determined that the government spends too little on school infrastructure in all school districts, but that this underspending is worse in poor neighborhoods than in non poor neighborhoods. ACIJ also found that underspending worsened during years of economic crisis.

ACIJ’s efforts succeeded and the city government was ordered to remove the container classrooms for being a hazard to children’s safety and ultimately an act against children’s right to health and education. This is the first time that a discrimination sentence has been proclaimed against socio discrimination in Buenos Aires and is a direct result of ACIJ’s work examining the impact of the city government’s spending and questioning the efficiency and priorities of government’s spending towards infrastructure programs in Buenos Aires.

For more information, contact Nuria Becu at [email protected].

 


 

Budget Debate Returns to Nepalese Parliament by Pramod

Nepal’s finance minister presented the government’s $2 billion budget to Parliament on July 12.  This marked the first time in four years that the budget was presented to Parliament. (King Gyanendra dismissed Parliament in 2002, but it was reinstated as part of a 12-point understanding reached last November between the seven political parties and Maoist rebels.)  During Nepal’s four years without a Parliament there were no opportunities for improving accountability in public spending or for open discussion of how to spend public resources.

The new budget promises to ensure transparency and popular participation in all stages of public policy formulation and decision-making; local communities will be responsible for selecting and implementing projects at the local level. However, no civil society organizations are actively engaged in budget advocacy and no pre budget public consultations took place, though the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry organized a post-budget discussion attended by the civil society organization Strategic Group P Ltd.

According to Strategic Group P Ltd., the budget’s major challenge is its implementation, both on the expenditure and revenue sides. Bureaucratic problems and weak institutional mechanisms lead to poor implementation of budget programs. In addition, by trying to please all parties, the budget scatters its limited resources, reducing the budget’s efficiency.

The new budget increases grants to the Village Development Committees and District Development Committees, as well as funding for rural and strategic roads to connect district headquarters (which are not yet linked by roads). The budget also makes a commitment to complete numerous ongoing drinking-water projects during the coming fiscal year and to expand other health- and education-related infrastructure that would enhance development-related activities, thus improving the living standards of the poor.

The budget increases social spending from previous years — particularly in health, education, and drinking-water facilities, which together represent 26 percent of the budget. The budget for the health sector has increased by 61 percent this year and will be used, in part, to provide vaccines for various diseases to 0.7 million children aged 1 year or less in an effort to reduce child mortality.

Education receives 16 percent of the new budget, a nominal increase of 8.4 percent over last year’s budget. This is a solid level of investment, given Nepal’s limited resources. To improve Nepal’s community-run-schools, the budget funds the hiring of roughly 3,000 new women teachers and the construction of additional classrooms to accommodate rising enrollment, especially in primary schools. The budget also calls for construction of an additional 190 schools and 4,200 classrooms. The quality of education in the public schools remains a serious issue, and the government needs to find a way to improve the quality of public-school teachers. The budget provides in-service training for 19,000 primary-level teachers and 16,000 secondary-level teachers to enhance their skills, but the government will have to monitor the effectiveness of such trainings.

The budget increases allocations for road and bridge construction by 38 percent (real increase) over last year. The share for road and bridge construction this year is 5.4 percent of the total budget while it was only 4.4 percent last year. Budget is allocated for ongoing 1,500 rural roads. This means enough money is allocated to complete 1,500 rural roads that are now under construction. In the past, construction of rural roads has been slowed by conflict with the Maoist rebels, but the new budget includes a special provision that sufficient funds will be provided to allow roads to be completed within a fixed time frame. The construction work, however, will not be completed for a while even if the earlier allocation level continues. The Ministry of Local Development will prepare an action plan by mid-October 2006 to ensure the completion of rural roads within a fixed timeframe and cost.

The budget allocates $17 million to the Poverty Alleviation Fund, which will implement 667 income-generating programs, 379 community infrastructure development programs, and 1,714 creative programs in 1,200 villages in 25 districts, including 7 districts in the far west and 10 districts in the mid west. About 50,000 low-income households are expected to benefit from the programs. The government this year introduced the program “One-Village-One-Product” under public-private partnership to increase production of commodities, which have adequate export potentials in foreign countries. The government through the budget also announced that commercial sheep farming business in the mountain region will be initiated under the public-private partnership to meet the demand of necessary raw wool for carpet industries by producing wool in the country in a limited scale. There will be income-generating activities to support 18,700 farmer families through Community Livestock Programs targeted to dalits (term used for caste) and freed bonded labors in 22 districts which have high density of such community.

According to the budget, the government this year will provide vocational trainings to 9,066 people and skills-oriented trainings to 44,743 individuals in different disciplines. Priority will be given to individuals injured during people’s movement, women and dalits. The government has made allocations for the expansion of Skills Training Centers in three districts through the Federation of Nepal Chamber of Commerce and Industries in line with the Public-Private Partnership concept.

Because of the ceasefire and the ongoing peace process, the new budget stops the trend of rising security expenditures for the first time in a decade. Security expenditures have nearly doubled as a share of the economy since 2000, from 1.7 percent of GDP to more than 3.2 percent. Funding for the security agencies (army, police, and armed police force) actually declines somewhat in the new budget. This decline means that the size of the army, which has been increasing for the last four years, will need to be reduced. Accordingly, the budget calls for permanently eliminating the positions in the army that become vacant during the year, which will reduce defense expenditures over the long run.

The budget also includes a new employment-oriented labor policy, which will be enacted in consultation with business leaders and trade unions. The government estimates that 50,000 additional jobs will be generated within the next three years under the new policy, which will apply to new industries, special economic zones, and export-processing zones. Formulating the policy will be challenging, however, as many industries remain closed because of demands put forward by Maoist-affiliated trade unions.

On the revenue front, the budget aims to collect 16 percent more revenue from internal sources than last year and almost 75 percent more than last year in foreign loans and grants. (The budget also plans to increase the amount of internal loans.) Meeting the target for internal revenue should not be a problem if there is a political settlement with the Maoists. The foreign aid target is more ambitious, though, and the chances of meeting it depend on how things move ahead politically.

As in past years, the budget does not provide any meaningful mechanisms to strengthen the monitoring of its programs, projects, and policies. While civil society in Nepal is concerned with the budget’s successful implementation — as well as the country’s political stability — it has yet to explore the tremendous potential of budget advocacy.

For more information, contact The Strategic Group at [email protected].


 

Liberian Civil Society Budget Coalition by Alfred Lahai Brownell

Promoting Public Participation and Transparency in the Liberian Budget Process

The Struggle for Political Rights. Liberia has endured decades of war and bad governance. The freed slaves who came from America in the early and mid-1800s to establish Liberia became masters over the aborigines. Over a century of misrule, Liberians were arbitrarily arrested, detained, tortured, and sometimes executed. Unexplained disappearances became a way of life. As a result, Liberia’s struggle for social, economic, and cultural rights was secondary to its struggle for fundamental political rights — the right to life and liberty, freedom of speech and of the press, the right to one’s opinion, and the right not to be subject to search and seizures without a warrant.

Liberians’ determination to secure these rights became a bitter conflict that degenerated into one of Africa’s worst civil wars during the 1990s. Local civil society organizations (CSOs), in partnership with their international colleagues, worked aggressively to reverse the near collapse of the state. Ultimately, these efforts helped create a democratic space in which civil society could operate.

The Constitutional Basis for Citizens’ Participation in Budget Decision Making. The framers of Liberia’s Constitution, which was adopted in 1986, favored a participatory, transparent, and accountable budget process founded on the right of all Liberians to participate. They also believed that all Liberians had a right to participate fully in the nation’s economy and the use of natural resources. This doctrine, known as the Doctrine of Maximum Feasible Participation, was included in Chapter 2, Article 7 of the Constitution.

The Constitution also includes language (Chapter 5, Article 34) to create checks and balances as well as accountability in the management of public resources: “no monies shall be drawn from the treasury except in consequence of appropriations made by legislative enactment and upon warrant of the President; and an annual statement and account of the receipt and expenditure of all public monies shall be submitted by the office of the President to the Legislature and published once a year.”

The Expansion of Civil Society Advocacy. Having made some progress in fulfilling political rights, civil society in Liberia slowly moved toward securing citizens’ economic, social, and cultural rights. Relying on the Constitution and using a combination of advocacy and strategic public interest litigation, a CSO called Green Advocates became a leader in this area. Green Advocates worked to:

  • amplify the voices of the rural and urban poor in decisions over the use of natural resources
  • hold multinational corporations and the government accountable for their actions
  • prevent forceful evictions of local communities from their ancestral lands
  • promote transparency in the budget and the use of natural resources
  • partner with other CSOs to demand an international audit of government financial transactions and management
  • utilize public interest litigation to defend the economic, social, environmental, and cultural rights of local communities, as well as Liberians in general

The transitional government that took power after President Charles Taylor was forced out of office in 2003 engaged in widespread corruption, as confirmed by reports commissioned by CSOs and the United Nations Panel of Experts on Liberia. Liberian CSOs and international experts began calling for an internationally verifiable audit of the country’s financial management. After the transitional government tried to prevent a West African-led audit, CSOs led by Green Advocates helped convince the Supreme Court to lift a stay order on the audit. When the government disobeyed the court order, CSOs organized series of civic actions and demonstrations demanding that the government submit to the audit, which it ultimately did.

Out of this campaign grew a greater desire on the part of civil society to promote prudence in the management of Liberia’s revenues. In 2005 a civil society-led campaign helped lead to the signing of the Governance and Economic Management Assistance Program (GEMAP) between the Liberian government and its major international development partners. Under GEMAP, those international partners will provide oversight of Liberia’s financial management and help the government manage its economic resources wisely.

Liberia Budget Guide: The Beginning of Formal Civil Society Budget Work. While GEMAP was being negotiated, Green Advocates undertook another initiative designed to fight corruption and promote better fiscal governance. In March 2005, Green Advocates and several other Liberian CSOs organized a workshop to identify key areas requiring urgent action in the fight against corruption. These groups highlighted budget transparency as a key weapon in this battle.

To promote budget literacy and citizen participation in the budget process, Green Advocates and the Revenue Watch Program helped prepare an easy-to-read “Liberia Budget Guide.”  This is the first in a series of advocacy tools to be produced by Green Advocates and is part of a larger campaign by some 15 CSOs to expand citizen participation in the budget process and ensure budget transparency and accountability, in Liberia and elsewhere in West Africa.

The budget guide was based on information Green Advocates obtained through a series of meetings with major budget stakeholders inside and outside the Liberian government, as well as consultations with international stakeholders that focus on budget transparency. Six other CSOs helped Green Advocates prepare the budget guide, which was presented in draft form to leaders of civil society and public institutions at a two-day technical workshop. Green Advocates used the discussions that came out of the workshop to prepare a second draft, which was submitted to Liberian and international stakeholders for review; recommendations from this review were reflected in the final draft of the budget guide.

In addition, a number of the CSOs involved in preparing the budget guide agreed to form the Liberian Civil Society Budget Network, with Green Advocates serving as the lead technical resource institution. Participants include Catholic Justice and Peace Commission, Press Union of Liberia, Association of Female Lawyers of Liberia, Liberia Democracy Institute, Women in Peace Building Network, Sustainable Development Institute, Center for the Promotion of Democracy, Liberia Institute of Public Opinion, and Liberians United to Expose Hidden Weapons.

Other Initiatives. In addition to supporting civil society budget work, Green Advocates has partnered with several government institutions on budget and revenue issues, including the national legislature and executive departments. For example, the director of the Budget Bureau agreed to collaborate with Green Advocates on an initiative to involve the Liberian people in the 2006-07 budget process in order to help the bureau identify national priorities. Green Advocates began by selecting several communities in which to organize discussions with citizens, CSOs, student groups, and budget analysts on the budget’s structure and content.

In addition, Green Advocates and its CSO partners launched a series of awareness campaigns, consultations, and interactive forums on the budget process with youth groups, women’s groups, lawmakers, and representative of political parties as well as civil society activists. Green Advocates also conducted talk shows and held focus group discussions with diverse audiences to prepare the Liberian population for the fiscal 2006-07 budget year. To jump-start this process, Green Advocates organized a training and capacity-building workshop for CSOs in preparation for the budget 2006-07 in July. The two-day workshop, which included discussions of budget transparency and public participation in the budget process, empowered CSOs to monitor and evaluate the budget.

Scrutinizing the 2006-2007 Budget. Immediately after the executive submitted the budget 2006-07 to the legislature, the budget was subject to a degree of public scrutiny unheard of Liberian history. Political leaders, lawmakers, professional bodies, journalists, student activists, community leaders, and even members of the international donor community participated in the debate.

Green Advocates worked with the University of Liberia student leadership to organize a two-day symposium to analyze and debate the budget. The debate brought together lawmakers (including the speaker of the House of Representatives), opposition leaders, the media, youth leaders, the private sector, civil society activists, and the ministers of education, health, finance, labor, public works, and agriculture, as well as the director of the budget.

As the budget debate intensified, the executive engaged in extra-budget expenditures. Green Advocates and the Liberian Budget Network quickly brought this fact to lawmakers’ attention, and Green Advocates launched a campaign to demand information on the legality of these expenditures. The House of Representatives picked up on this demand, inviting key government officials to provide this information.

The House of Representatives also disagreed with the president’s budget proposals on issues such as the minimum wage, the amount to be allocated for debt servicing, whether state-owned enterprises should be counted in the budget, and the budget’s overall size. The Senate too approved its own version of the budget. A conference comprising members of the House of Representatives and the Senate was set up to seek common ground, and after almost three days of negotiations, both sides reached agreement. After 50 days of debate, the budget 2006-07 was approved.

Challenges and Opportunities. Though it is the leader in civil society budget work in Liberia, Green Advocates faces serious financial and staff limitations in its work to promote budget transparency. Green Advocates staff members are self-trained and rely heavily on the materials from the Internet, which is still an expensive commodity in Liberia. Green Advocates is looking for financial support to create a Budget Resource Center, which would serve as the hub of the Liberian Civil Society Budget Network and would be accessible to other groups and individuals interested in civil society budget work.

Despite Liberia’s financial limitations, it offers important opportunities for civil society budget work as a country emerging from almost 15 years of civil war. The government has declared corruption Liberia’s number one enemy and has vowed to maintain fiscal prudence. These are serious policy pronouncements and must be followed through. Civil society budget work is a powerful mechanism to hold the government accountable to those commitments and to fight poverty in Liberia.

For more information, contact Alfred Brownell at [email protected].

 


 

New Publication: Social Spending Watchdog in Guatemala

The International Center for Human Rights Research (Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, CIIDH) in Guatemala releases a quarterly report called Social Spending Watchdog (“Observatorio del Gasto Social” with information on the quality, quantity, and transparency of the federal budget spending with a particular focus on fiscal revenues, social spending, and on the Ministry for Public Education, Health and Social Assistance. The report intends to strengthen fiscal revenue, improve the level of transparency and efficiency in public spending in order to reduce poverty and inequality and achieve the fulfillment of economic, social and cultural rights.

In order to elaborate the Social Spending Watchdog CIIDH created a coalition of social organizations where several organizations formed by women groups, farmers’ organizations, development NGOs, religious groups and human rights groups. During the elaboration of the quarterly report CIIDH uses the Integrated Accounting System of the Guatemalan government to monitor information on the execution of the federal budget. This information is completed with in-depth interviews to public officials working in different areas of government, particularly within the Ministry of public finance, education, health and institutions that fight for the access to land.

The information of the report is presented quarterly during a press conference with the participation of columnists and journalists within the first 8 days after the report is finalized. It is then distributed to public officials, members of congress, civil society organizations, and the private sector, as well as international institutions.

 


 

Where is the Money for Women’s Rights?

As part of an ongoing research initiative, Just Associates (JASS) and the Association for Women’s Rights in Development (AWID) have issued a report entitled “Where is the Money for Women’s Rights?  Assessing Resources and the Role of Donors in the Promotion of Women’s Rights and the Support of Women’s Organizations.”

Given the continuing lack of resources for women’s rights a decade after 1995’s Fourth World Conference on Women in Beijing, the report examines three critical questions:

  • Are women’s rights groups not bold enough in their fundraising strategies?
  • Do donors simply not understand the urgency and importance of this work?
  • What has really been happening in terms of funding for women’s rights organizations in the last ten years, and what have been the driving forces behind those trends?

The goals of this research are threefold: (1) to increase the amount of funding for women’s rights, (2) to democratize access to this funding, and (3) to affirm the legitimacy of supporting women’s rights organizations and worldwide movements.

Researchers reviewed existing research, conducted an online survey of more than 400 women’s rights organizations, conducted 82 interviews with a wide range of funders and women’s rights organizations, and sponsored three international meetings with donors and women’s rights organizations.

They found that lack of funding has strikingly similar effects on women’s organizations across regions, forcing them to focus on “resisting and surviving” and severely limiting their ability to maintain a proactive agenda and build leadership.

Researchers also found a number of common problems among the organizations that help fund women’s organizations (such as bilateral and multilateral development agencies, large independent foundations, international NGOs, private philanthropy, and corporations). These problems include poor tracking and accountability systems, the failure to integrate gender equity throughout the organization, and a shifting of the organization’s interest to other issues. For example, out of the $69 billion in total bilateral overseas development assistance provided in 2003, just $4 billion (6 percent) was tracked through gender markers, $2 billion (3 percent) had gender equality as a significant objective, and $400 million (0.6 percent) had gender equality as its main objective. Additionally, the top international NGOs have reduced funding to ‘women and girls’ since 1996.

Researchers’ specific findings included:

  • 37 percent of respondent organizations had 2004 budgets under $20,000, 68 percent had budgets under $100,000, and 24 percent had budgets between $100,000 and $500,000.
  • 51 percent of women’s organizations actually received less funding in 2004 than in 2000, while 24 percent received more funding and 23 percent received about the same funding.

Findings regarding non-financial data include:

  • The issue areas—for which fundraising is easiest—are: HIV/AIDS, gender-based violence, and civic/political rights and participation. Fundraising is most difficult for issues related to philanthropy, individual rights within specific religious and cultural traditions, and sexual rights.
  • The organizational priorities— for which fundraising is easiest—are: media, technology, communications, leadership development, and networking. Fundraising is most difficult for priorities such as salaries, administration, and providing services.
  • More than half of the organizations surveyed say that it is generally harder to raise funds now than it was ten years ago and that they are now spending more time fundraising.

While this comprehensive report documents the decreasing levels of funds for women’s rights and the challenges faced by women’s organizations, it also describes new opportunities. For example, family foundations, individual donations, corporate philanthropy, and women’s funds are emerging as significant funding sources for women’s organizations.

 


 

Mongolia Budget Training

The International Budget Partnership (IBP) conducted a budget training workshop from26-30 June 2006 in Ulaanbaatar, Mongolia. The workshop was attended by 21 participants from Mongolia, Pakistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Armenia, and Kazakhstan. Participants were drawn from groups that have demonstrated a commitment to applied budget work (conducting budget research with the intention of influencing budget policy) as an integral component of their organizational strategy. Participants were selected based on their experience and engagement with budget work within their organization.

During the five day budget training course, participants were provided with an understanding of issues such as the budget process, budget terminology, and case studies of budget groups from around the world, quantitative analysis, and dissemination methodologies. The workshop was highly participatory – though some issues in the training was covered through presentations made by the trainers – and participants responded to issues, raised questions and discussed the course material, undertook group work, and made presentations during the different training sessions. The training was based on a comprehensive package of course material that includes a simulation of the budget of a fictitious country along with case study problems that participants analyzed.

For more information, contact Vivek Ramkumar at [email protected].

 


 

New Materials in the IBP Website

Achieving Results: Performance Budgeting in the Least Developed Countries

United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
This UNCDF publication explores the challenges of performance budgeting in support of the Millennium Development Goals and how it applies to development issues in developing countries. The book reviews the concepts and context for performance budgeting in local government and looks at the experience of Mozambique, Tanzania, and Yemen. It introduces gender responsive budgeting and sets out methods for local government practitioners to implement performance budget in developing countries.

Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW

By Diane Elson/United Nations Development Fund for Women
This publication studies the link between human rights standards and government budgets. It elaborates on how budgets and budget policy making processes can be monitored for compliance with human rights standards, in particular with the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Making Public Finance Public
By Katarina Ott/Local Government and Public Service Reform Initiative
The three case studies presented in this publication explore subnational budgeting in Croatia, Macedonia, and Ukraine. The publication also includes a cross-country synthesis particularly useful to those in universities, civil society organizations, parliaments, and the media who are concerned with improving transparency and accountability in public financial management.