by soapbox | May 1, 2006
Cuál es el impacto del trabajo presupuestario de la sociedad civil. Un nuevo conjunto de estudios de caso ofrece evidencia al respecto en Brasil, Croacia, India, México, Sudáfrica y Uganda
Introducción
En el último año, el IBP y el Instituto para Estudios de Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex han trabajado juntos para producir estudios de caso sobre el trabajo presupuestario de seis grupos de la sociedad civil dedicados al análisis de presupuestos. El objetivo del ejercicio es aprender sobre el impacto del trabajo presupuestario en la buena gobernabilidad y la reducción de la pobreza. Mientras el trabajo presupuestario ha crecido dramáticamente en África, Asia y América Latina en los últimos diez años, no se han sistematizado las experiencias del impacto social. El conjunto de estudios de caso al que nos referimos en este boletín es el primer intento por cerrar esta brecha de conocimiento.
La investigación se basa en estudios de caso de las organizaciones presupuestarias independientes en Brasil, Croacia, India, México, Sudáfrica y Uganda que se han involucrado en el análisis de presupuestos y activismo presupuestario por un período de entre 5 y 10 años. La gama de organizaciones es, intencionalmente, amplia e incluye a ONGs de desarrollo, redes y movimientos sociales y organizaciones de investigación. A pesar de contar con diferentes perspectivas, todos los grupos comparten un compromiso hacia la justicia social y los derechos de los pobres y buscan cómo hacer más eficiente el uso de fondos públicos. El trabajo de cada grupo se funda en estos principios. Para la mayoría de las organizaciones que se estudiaron el trabajo presupuestario forma sólo una parte del conjunto de actividades y, en algunos casos, han creado unidades especializadas para este objetivo.
Ubicado en el estado hindú de Gujarat, DISHA es un movimiento social con base en sindicatos de trabajadores que desarrollaron capacidad de análisis de presupuestos como un medio de apoyo a sus demandas por el derecho a la tierra y al trabajo. En el extremo opuesto esta el Instituto de Finanzas Públicas en Croacia que es una organización de investigación financiada públicamente y analiza una variedad de políticas públicas. Idasa en Sudáfrica es una ONG que estableció en Servicio de Información Presupuestaria en 1995 a fin de coordinar su trabajo de análisis presupuestario con enfoques específicos en la mujer, los niños y el VIH/SIDA. Igualmente, Fundar en México e Ibase en Brasil son ONGs involucradas en la lucha por la democratización en sus respectivos países. La red de Uganda “Uganda Debt Network” es una ONG que surgió de una coalición que trabajaba el tema de la deuda y la reducción de la pobreza.
Las seis organizaciones trabajan diferentes aspectos del presupuesto público. Las actividades principales del proceso presupuestario incluyen trabajo para promover la disponibilidad de información presupuestaria, transparencia presupuestaria y promoción de la participación social. Todos los grupos llevan a cabo actividades de capacitación para promover la concientización y comprensión de los presupuestos públicos entre legisladores, ONGs y grupos ciudadanos. Varias organizaciones trabajan para promover asignaciones presupuestarias y resultados a través de activismo diseñando para influir las prioridades del presupuesto (asignaciones entre y dentro de las categorías principales de gasto), la calidad de la implementación (los objetivos del gasto y la porción del gasto ejecutado) y el uso del gasto (cómo se traducen las asignaciones del presupuesto en resultados concretos y la evidencia y efectividad del gasto).
La investigación empleó una combinación de métodos y datos para establecer evidencia del impacto. Para investigar el impacto de las prioridades presupuestarias la investigación utilizó información presupuestaria oficial sintetizada por grupos presupuestarios con una visión de establecer tendencias en el gasto del gobierno en bienestar social, educación y salud, como áreas de gasto que más afectan a los pobres. Datos sobre el uso del presupuesto ofrecen evidencia de la implementación, mientras la verificación física de las inversiones llevadas a cabo por los grupos presupuestarios fue la principal fuente de información para determinar los resultados del gasto. El reto más importante fue establecer las causas de los cambios observados en las asignaciones presupuestarias, la calidad de la implementación y los resultados de las actividades de los grupos presupuestarios independientemente de otros factores tales como intervenciones de otros actores y tendencias económicas.
Para la evidencia del impacto de los grupos en el proceso presupuestario, la investigación hizo uso de datos cualitativos obtenidos mediante entrevistas con políticos, funcionarios públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Las entrevistas cualitativas y discusiones de grupo fueron el principal método utilizado para determinar el impacto de la capacidad y esfuerzos para ampliar la participación, especialmente cuando la información obtenida de diferentes actores sirvió para corroborar los resultados. Evidencia adicional fue obtenida de leyes y procedimientos que rigen la transparencia presupuestaria, especialmente, en donde los cambios son fáciles de ubicar con cierta exactitud respecto a las actividades de los grupos. Documentación secundaria y reportes de los medios fueron utilizados para completar los datos de la entrevista.
Visitas de campo de 10 a 15 días de duración fueron llevadas a cabo por parejas de investigadores formadas por un miembro del equipo IBP/IDS junto con un experto presupuestario de la sociedad civil de otra organización. Los estudios de caso documentaron las actividades de los grupos de presupuesto con un enfoque en el análisis y difusión de la información, la capacitación y los esfuerzos de activismo diseñados para influir en las políticas presupuestarias y la transparencia del proceso presupuestario y el seguimiento del gasto. La intención de la investigación es establecer qué impactos se han conseguido en estas áreas de actividad y desarrollar explicaciones sobre los impactos observados para generar lecciones más amplias de grupos que operan en contextos institucionales y políticos distintos.
Los resultados de los estudios de caso arrojan conclusiones sobre el impacto del trabajo presupuestario aplicado. Los impactos siguen dos categorías: cambios en las políticas presupuestarias y cambios en el proceso del presupuesto. La investigación encuentra que los impactos más significativos conseguidos por grupos presupuestarios independientes consisten en mejorar la transparencia presupuestaria y la participación de la sociedad civil, por una parte, y en garantizar recursos presupuestarios para programas existentes y mejorías en su utilización, por la otra.
Todas las organizaciones de los estudios de caso han jugado un papel significativo en el mejoramiento de la cantidad y calidad del acceso a información pública oportuna sobre el presupuesto. Estos esfuerzos son, con frecuencia, el único medio de información confiable sobre el impacto del presupuesto en la gente pobre y, por ende, contribuyen a promover la vigilancia efectiva del proceso presupuestario. El trabajo de difusión y medios de los grupos de los estudios de caso junto con capacitación y entrenamiento, han aumentado la educación presupuestaria, considerablemente, y la participación de partes de la sociedad civil, los medios y los legisladores en el proceso presupuestario. Un mensaje importante de este trabajo es que la sociedad civil puede participar de manera efectiva en el proceso presupuestario y promover la participación en la legislatura y otros actores en el fortalecimiento de la vigilancia del presupuesto.
Los resultados también presentan evidencia de que el análisis llevado a cabo por grupos presupuestarios independientes puede traer cambios positivos en las políticas del presupuesto. Los impactos documentados toman la forma de mayores asignaciones de recursos públicos para la salud reproductiva en México, apoyo económico a los niños en Sudáfrica y desarrollo de gasto tribal en Gujarat, India. Estos ejemplos importantes demuestran que el activismo presupuestario tiene el potencial de influir en las decisiones para introducir nuevos programas y promover recursos adicionales para programas que ya han sido sancionados en la legislatura.
Los resultados serán estudiados más a fondo en tres documentos que serán publicados posteriormente en los siguientes meses: Una síntesis será escrita para aquellos que trabajan con presupuestos; se escribirá otra versión para académicos; y una breve presentación para agencias financiadoras. Por lo pronto los estudios de caso completos están disponibles en la página del IBP (www.internationalbudget.org).
El trabajo presupuestario y la construcción de la democracia: El caso de Ibase en Brasil
Ibase es una ONG brasileña que trabaja para promover los derechos humanos y la rendición de cuentas del gobierno. La misión de la organización es contribuir a una sociedad democrática en donde crezcan la libertad, la participación y la diversidad. Ibase ve en su trabajo de presupuestos un instrumento para construir la democracia y equipar a la sociedad civil con análisis e información presupuestaria que fortalezca el activismo con justicia social. Los esfuerzos de Ibase no buscan influir directamente sobre el gobierno; sino usar todas sus capacidades e información para que la sociedad civil participe en activismo presupuestario.
El análisis presupuestario sólo forma una parte del trabajo de las actividades de Ibase. Cinco personas de tiempo completo de un total de 50 miembros trabajan en cuestiones relacionadas con el presupuesto. En 2005 dos de las ocho áreas de trabajo de la organización se dedicaban al análisis presupuestario examinando la participación de la sociedad civil durante la presente administración del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva y monitoreando políticas públicas a través de la educación e información presupuestarias.
De acuerdo con su misión, el trabajo presupuestario de Ibase se enfoca en resaltar la importancia de ciertos temas en la agenda pública, promoviendo la capacidad de participación de otros actores de la sociedad civil en debates de finanzas públicas y promover el acceso público a la información. Tal como concluyen los autores del estudio de caso: “La forma en la que Ibase trabaja con el presupuesto consiste en poner en las manos de la gente la información presupuestaria básica esperando que sea seguida de poder de influencia.” Muchos afirman que el trabajo educativo y participativo de Ibase sobre presupuestos ha aumentado la concientización, catalizando esfuerzos de activismo de la sociedad civil y vinculado a diversos grupos bajo una misma red – comenzando en el estado de Río de Janeiro y luego por todo el país
La investigación y boletines de Ibase han ayudado a expandir directamente el nivel de transparencia presupuestaria en Brasil. Pero su principal impacto es el de construir la capacidad de otros actores de vigilancia para que participen. Mediante un programa que educa a periodistas, Ibase ha promovido, claramente, la forma en la que los medios cubren los temas de presupuesto y finanzas. La organización también ha aumentado la concientización y participación de los ciudadanos y los legisladores a nivel local y nacional mediante la difusión de sus boletines y otros materiales en un lenguaje simple. Los esfuerzos de capacitación incluyen asesoría sobre el monitoreo del presupuesto en general y preparar a “líderes sociales” para el trabajo de activismo. Ambos programas fueron desarrollados inicialmente en el estado de Río de Janeiro, pero su alcance ha crecido a través de una innovadora iniciativa de aprendizaje y educación a distancia vía cibernética.
Al profundizarse el trabajo presupuestario de Ibase, se enfrentan varios retos como integrar el análisis presupuestario en el proyecto y trabajo de incidencia del resto de la organización, lo qua agudiza los esfuerzos ciudadanos de capacitación hacia campañas de liderazgo en temas presupuestarios; orienta los objetivos de la organización a niveles ejecutivos del gobierno y desarrolla su trabajo de investigación para incluir impuestos, ingresos y el gasto efectivo de fondos públicos.
Croacia y el Instituto de Finanzas Públicas: trabajo presupuestario en una democracia en transición
El Instituto de Finanzas Públicas (IPF), una organización no gubernamental con base en Zagreb, Croacia, lleva a cabo investigación de finanzas públicas y análisis para mejorar las políticas nacionales y la efectividad y eficacia del presupuesto público. Fundado en la Universidad de Zagreb en 1970, el IPF es uno de los 24 institutos de investigación estatales establecidos por el estado. IPF se describe a sí mismo como una organización pública no-lucrativa. La organización del IPF se compone de un pequeño grupo de aproximadamente 16 miembros permanentes—nueve investigadores y siete administradores—que apoyan y manejan una amplia red de académicos asociados. IPF trabaja con alrededor de 50 colaboradores, la mayoría académicos, que hacen aportaciones a su trabajo analítico.
El objetivo principal de IPF es la producción y difusión de investigación de alta calidad sobre temas de finanzas públicas, que forman parte de una larga estrategia para mejorar la educación pública sobre finanzas y la calidad de las decisiones financieras en Croacia. El trabajo de investigación se difunde mediante un boletín para el público en general, una edición académica y una amplia página de Internet. Es a través de sus esfuerzos en educación que el IPF fomenta la conciencia de ciudadanos y parlamentarios mediante mesas redondas, presentaciones, una amplia red de consejeros informales y el apoyo de periodistas – estos esfuerzos son apoyados por la circulación de materiales escritos en un lenguaje accesible y por cómo el IPF ha buscado la cobertura de prensa. Además de la importante relación con los medios, IPF también juega un papel como consejero de los miembros del parlamento y miembros del ejecutivo. Respecto a temas como el impuesto parejo o “flat tax” en Croacia, promueve su punto de vista haciendo uso de la prensa, seminarios, libros y consultoría informal a políticos.
La credibilidad intelectual de IPF en Croacia como una organización de investigación independiente ha sido un elemento clave en su habilidad de llegar e informar a los políticos. El trabajo de IPF ha tenido un impacto evidente en el pensamiento de la élite intelectual que maneja cuestiones de finanzas públicas en Croacia y ven al IPF como una fuente clave de información, tanto formal como informal. Debido a la formulación del presupuesto y sistema gubernamental en Croacia, el IPF puede influir más directamente en el pensamiento de largo plazo sobre cuestiones financieras en lugar de influir de manera significativa en el presente presupuesto y agenda política pública. Por ello el IPF se enfoca en una serie de temas—como reforma fiscal, descentralización, disponibilidad y transparencia de información—que establecen el marco de largo plazo de las políticas públicas financieras a nivel nacional.
Los futuros retos estratégicos de IPF incluyen:
- Desarrollar niveles de liderazgo y sostenibilidad de su personal en el largo plazo.
- Encontrar métodos para avanzar su activismo en ciertos temas
- Crear oportunidades de incidencia ciudadana sobre cuestiones presupuestarias que aumenten la capacidad analítica de la sociedad civil.
Análisis presupuestario y activismo social: el caso de DISHA en Gujarat, India
Ubicado en el estado hindú de Gujarat, DISHA es un movimiento social con base en sindicatos tribales y de trabajadores que desarrolló su trabajo presupuestario para apoyar las demandas de derechos de propiedad de tierra y trabajo de la gente. DISHA se terminó convirtiendo en una ONG líder involucrada en el análisis del presupuesto y el trabajo de incidencia, sobre todo, en la franja tribal del este de la India. La organización emplea a 140 personas, la mayoría trabaja directamente con varios sindicatos y organizaciones populares. El medir la efectividad del trabajo de DISHA sobre el presupuesto requiere tomar en cuenta el difícil contexto político y burocrático en el que opera.
DISHA ofrece el único medio de información presupuestaria en el estado y es reconocido por asegurar la precisión y oportunidad en la preparación de análisis presupuestario para ser utilizado por legisladores y medios—en un ambiente en donde la falta de leyes permite que el acceso a la información y la renuencia del gobierno a publicar datos del presupuesto limitan la transparencia. El hecho de que DISHA facilite información del presupuesto a los medios es ampliamente reconocido como una gran contribución en este contexto. DISHA busca guiar el debate legislativo al resaltar las necesidades más apremiantes de los sectores pobres—respecto a desarrollo agrícola, sectores sociales y asuntos tribales—así como asegurar asignaciones presupuestarias para atender estos asuntos. Además de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, DISHA monitorea la eficiencia de la implementación presupuestaria en áreas prioritarias como son asuntos tribales, salud, educación, seguimiento local del gasto gubernamental y servir como puente entre autoridades locales y estatales.
Además del significativo impacto por fomentar la conciencia sobre el presupuesto y la transparencia, DISHA ha contribuido, enormemente, al seguimiento de compromisos presupuestarios de programas de inversiones locales en sectores marginados y a resaltar cuando el gobierno no cumple con sus gastos. Sus esfuerzos han aumentado el nivel de implementación de una partida del presupuesto estatal destinada al avance socioeconómico de las tribus—de un 20 por ciento de gasto no ejecutado en el presupuesto de 1993 a la sobre-ejecución de 20 por ciento en 1996, manteniendo un nivel de implementación de ahí en adelante.
Al ir avanzando, DISHA enfrenta el reto central: cómo promover el trabajo presupuestario entre un amplio grupo de participantes y cómo usar esta coalición para promover que el poder ofrezca mejor acceso a la información presupuestaria. Para hacer esto de manera efectiva, DISHA se está esforzando por emplear lo último en tecnología en su análisis y esfuerzos de difusión, así como construir relaciones directamente con funcionarios del gobierno responsables del presupuesto.
La historia de Fundar en México
Fundar—Centro de Análisis e Investigación—una ONG con base en la ciudad de México, se dedica al monitoreo de fondos públicos con un enfoque en el proceso de democratización. La organización fue fundada en 1999, un año antes de la elección de un gobierno de oposición por primera vez en 71 años. Fundar ha desarrollado un papel único en la creciente sociedad civil como una organización de investigación profesional con el mandato de participar en debates de justicia social desde la perspectiva del trabajo presupuestario aplicado que trabaja temas de transparencia, derechos humanos y gobernabilidad y capacidad ciudadana en coordinación con alianzas y otras OSCs. Fundar ha pulido su trabajo de presupuestos para centrarse en dos áreas — presupuestos y políticas publicas, por un lado, y derechos humanos y gobernabilidad, por el otro, con programas que examinan cuestiones legislativas, de transparencia y poder a nivel local. El personal de Fundar es de 31 personas relativamente jóvenes, ya que con frecuencia desarrollan la capacidad de investigación presupuestaria al desempeñarse en su trabajo; no obstante la organización también contrata a expertos en caso de ser necesario.
El aporte de Fundar al proceso del presupuesto en México incluye la simplificación y difusión de información presupuestaria, promoción de la transparencia presupuestaria y construcción de la capacidad y conciencia de temas presupuestarios entre OSCs. Las iniciativas de capacitación de la organización en México y a lo largo de América Latina, mediante talleres y entrenamiento para medios, ONGs, periodistas y legisladores, han contribuido a una mejor comprensión de temas presupuestarios a fin de promover campañas de incidencia. Los esfuerzos de Fundar por mejorar la transparencia han convencido al gobierno mexicano a publicar datos del presupuesto oficial en internet. El impacto más fuerte del monitoreo del presupuesto de Fundar consiste en mejorar la calidad del debate público y el acceso a información del presupuesto por parte de legisladores y OSCs.
El análisis y trabajo de incidencia de Fundar también ha dado lugar al aumento en asignaciones presupuestarias. A través de su análisis y esfuerzos de coalición, Fundar ha influido en los programas de gobierno para combatir la mortalidad materna y presionar para obtener fondos adicionales para la mortalidad materna y la prevención de VIH/SIDA. En 2003, el trabajo de Fundar suscitó el aumento diez veces mayor de asignaciones presupuestarias para un programa nacional diseñado a reducir la mortalidad materna mediante una provisión de emergencia para el cuidado de la salud. Esto representó un aumento adicional de 50 millones de dólares para el programa que beneficiaría, directamente a mujeres embarazadas, sobre todo aquellas originarias de comunidades indígenas más pobres.
El éxito de Fundar en ocupar un espacio respetable en el contexto político nacional y ofrecer información útil y análisis creíble y comprobado a los políticos es un ejemplo para otras organizaciones. Entre los retos clave que la organización enfrenta está si debe de aumentar su trabajo a nivel local y estatal en México. Fundar también requiere de un esfuerzo de adaptación a un entorno político cambiante; en vista de que los candidatos a la presente elección presidencial prometen hacer cambios significativos a las prioridades nacionales y la gobernabilidad.
La experiencia de Idasa con el trabajo presupuestario en Sudáfrica
El Instituto para la Democracia en Sudáfrica (Idasa) es una ONG que apoya la consolidación de la democracia en Sudáfrica mediante la construcción de la sociedad civil e instituciones de gobernabilidad. El Servicio de Información del Presupuesto “The Budget Information Service” (BIS) —uno de los programas dentro de Idasa creado para promover que los presupuestos sean para los pobres—fue fundado en 1995 para brindar información pública oportuna y accesible sobre el impacto del presupuesto en los pobres de Sudáfrica. La misión de BIS 2005-2007 está comprometida con el activismo “para la democracia sustentable, el alivio de la pobreza, la equidad y el cumplimiento de los derechos humanos mediante la investigación y actividades de capacitación…” BIS esta dividido en las siguientes unidades: la unidad de presupuestos de los niños (CBU), la unidad de presupuestos de mujeres, la unidad de presupuestos del SIDA, la unidad de presupuestos por sector (que cubre presupuestos de salud, bienestar social y educación) y la unidad presupuestaria de África. Al realizarse este estudio de caso, BIS empleaba a aproximadamente 22 personas.
Los esfuerzos de BIS por erradicar la pobreza y traer conciencia pública se han convertido en proyectos bien establecidos y modelos de activismo en Sudáfrica y alrededor del mundo. Mediante una “diplomacia suave” de construcción de conocimientos técnicos y producción de investigación confiable, BIS ha conseguido avances para que el gobierno rinda cuentas por el uso de los presupuestos públicos. Para ello, cada unidad de BIS ha formado alianzas estratégicas con movimientos sociales a fin de extender su efectividad y muchas unidades han empleado estas redes para construir la capacidad del trabajo presupuestario en otras OSCs. BIS también ha construido fuertes relaciones con funcionarios gubernamentales que dependen de la credibilidad de sus análisis independientes.
BIS ha tenido un impacto significativo en el aumento de la cantidad y calidad de la información presupuestaria disponible para todos en Sudáfrica, en particular para la sociedad civil, la legislatura y los medios. También ha ayudado a jugar un papel preponderante en aumentar la conciencia y capacidades del trabajo presupuestario en el Sub-Sahara Africano.
BIS también ha promovido cambios en las asignaciones y gasto de varios sectores y localidades. La unidad de presupuesto del SIDA ha ayudado a incentivar el gasto provincial y nacional para la compra de medicamentos anti-retrovirales y aumentar los fondos para manejar los tratamientos de la epidemia de VIH/SIDA. La unidad de presupuestos de los niños ha contribuido a la campaña para asegurar el acceso a beneficios de seguro social, encabezados por la alianza en favor del seguro social de los niños “Alliance for Children’s Entitlement to Social Security.” El esfuerzo utilizó información presupuestaria ofrecida por CBU y satisfactoriamente se dio un aumento en los recursos presupuestarios originalmente comprometidos al fondo de apoyo infantil “Child Support Grant” y a la reducción de la edad requerida de catorce años. El nivel del fondo se ha mantenido respecto a la inflación, debido en parte al trabajo de activismo y monitoreo de BIS y sus aliados.
Los retos que BIS enfrenta son similares a los de otros grupos presupuestarios establecidos. La relación entre BIS e Idasa es uno de los retos más importantes, sobre todo, respecto a la redefinición de los grupos presupuestarios a lo largo del tiempo para conservar su vigencia ante la cambiante misión de la organización y el contexto local. Un segundo reto es la relación entre proyectos individuales dentro de una organización presupuestaria. BIS se enfrenta a la necesidad de especializarse en trabajo presupuestario por sector y, simultáneamente, encontrar formas de manejar y mantener su coherencia y misión en general.
Monitoreo presupuestario como herramienta de incidencia: “Uganda Debt Network”
La red de Uganda “Uganda Debt Network” es una ONG que mezcla investigación y activismo para llevar a cabo campañas orientadas a mejorar la gobernabilidad y la reducción de la pobreza en Uganda. La misión de la organización refleja este compromiso: “Luchar activamente por la reducción y sostenibilidad de los niveles de la deuda, la rendición de cuentas y el uso efectivo de recursos nacionales en beneficio de la gente de Uganda.” UDN surgió en 1996 como una coalición de incidencia y de organizaciones de cabildeo para coordinar la campaña de Uganda para el alivio de la deuda de países extremadamente pobres. El uso de redes comunitarias y de la creciente membrecía que estableció durante la campaña de la deuda, UDN ha construido una fuerte reputación por vincular las actividades de monitoreo de presupuestos locales con los procesos presupuestarios a nivel nacional. La membrecía de UDN se compone ya de 100 organizaciones y la organización emplea a 16 investigadores.
El trabajo presupuestario de UDN se enfoca en el monitoreo de la implementación del presupuesto a nivel local (35 sub-condados y 7 distritos) y crear conciencia sobre temas presupuestarios a lo largo del país. La organización produce varias publicaciones que se distribuyen ampliamente a políticos y ciudadanos, así como un anexo periodístico que se recibe en 40,000 viviendas. UDN lucha por ofrecer visibilidad nacional a los resultados del trabajo de los comités comunitarios de monitoreo creados en 2002—grupos de ciudadanos capacitados para darle seguimiento a problemas en la implementación de proyectos de desarrollo a nivel local. La comunidad reporta casos problemáticos a las autoridades locales para asegurar acciones adecuadas y asignación de recursos de acuerdo con las provisiones presupuestarias. Al usar esta metodología, UDN ha tenido éxito al traer los resultados del monitoreo comunitario a las autoridades nacionales para ser rectificados.
El impacto de UDN surge del papel que juega al darle al gobierno el punto de vista de la sociedad civil en varias políticas públicas. La amplia red de relaciones de la organización ha permitido utilizar diferentes canales de cabildeo y ejercer presión en ciertos asuntos, sobre todo, en lo que se refiere a la corrupción y al gasto en salud y educación. Observadores han aplaudido la calidad y la oportunidad del análisis e investigación de UDN pues son el resultado de la acumulación y publicación de información sólida y confiable.
A través de los resultados, UDN ha ayudado a mejorar la calidad del gasto del gobierno y el gasto en impartición de servicios. Las campañas de UDN han eliminado la escasez de medicinas en algunos hospitales rurales; han dado lugar al mejoramiento en la calidad de los materiales de construcción de las escuelas; y han reducido el abstencionismo de los maestros. En muchos casos el monitoreo de UDN también ha identificado y reducido la corrupción.
La experiencia de UDN tiene muchas lecciones para los grupos presupuestarios. En particular, la habilidad de la organización para crear un nicho para sí misma mediante el uso de chequeos locales para ganar acceso e influir en las políticas nacionales es una lección muy valiosa para otras organizaciones que trabajan en países vulnerables a la corrupción en busca de mejorar los servicios y la descentralización simultáneamente. Los retos más importantes que enfrenta UDN hoy en día son internos y externos. Internamente, UDN capacita a su personal constantemente; mientras externamente la organización se ve amenazada por un proyecto de ley que aún no se aprueba por el parlamento, el cual restringe los derechos de ONGs en Uganda.
Novedades en África: la sociedad civil responde a la reciente presentación del presupuesto en Kenia, Malawi, Tanzania y Uganda
El presupuesto de Kenia 2006/07, Instituto de Asuntos Económicos
El 15 de junio 2006 el Ministro de Finanzas dio a conocer el presupuesto 2006-2007, “Marcos para el futuro, construyendo bloques.” Casi 46 por ciento del presupuesto, o Kshs. 253 billones es destinado a sectores claves como educación (18 por ciento), finanzas (9 por ciento), caminos y obras públicas (8 por ciento), salud (6 por ciento) y defensa (5 por ciento). Casi 19 por ciento será destinado a la deuda nacional. El resto del presupuesto es designado al pago de pensiones, cuentas pendientes, salarios y propinas.
Mientras el crecimiento del PIB el año pasado en Kenia fue de 5.8 por ciento, es importante comprender las políticas que dieron lugar a este crecimiento en vista de que los ingresos individuales sólo crecieron 2.6 por ciento. Es difícil saber si los niveles de pobreza han aumentado o caído ya que las últimas cifras disponibles se basan en una línea de pobreza establecida en 1997 y la tasa de pobreza que se percibe es de 53 por ciento (Dimensiones geográficas de bienestar, Oficina Central de Estadística, 2000). La sociedad civil ha expresado preocupaciones de que el crecimiento sólo se esté dando en áreas que no están directamente vinculadas a los pobres.
El Instituto de Asuntos Económicos (IEA), un foro cívico que cada año organiza audiencias previas al presupuesto, ofrece a los ciudadanos de Kenia un medio para entregar propuestas para el presupuesto. (Ver: http://www.ieakenya.or.ke). Este año, IEA recibió varias presentaciones y sugerencias realizadas por representantes de diversos sectores y del público en Nairobi, así como a través de socios en cinco distritos. Con base en las demandas que se mencionaron en las audiencias y en la consulta con varios participantes, IEA publicó el Presupuesto Ciudadano Alternativo “Alternative Citizen’s Budget” para 2006/07 que ofrece propuestas alternativas para muchos de los problemas que enfrenta Kenia. (Ver: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Alternative-Budget-2006-2007.pdf).
El Ministro de Kenia espera que la inflación baje a 5 por ciento al final del presente año fiscal. Hacer que la inflación baje de 13 a 5 por ciento es algo ambicioso dado lo impredecible de las condiciones del tiempo, así como las presiones inflacionarias de las recientes tarifas al combustible. Esto puede empeorar con préstamos domésticos y con el aumento de 10 por ciento de circulante que anticipa el Ministro. De acuerdo con el “Alternative Citizen’s Budget” para 2006/07, cualquier aumento en los impuestos de productos petroleros será transferido a negocios y, finalmente, a los consumidores.
Dada la alta dependencia de Kenia en ingresos derivados de los impuestos, IEA propone al gobierno llevar a cabo auditorías aleatorias a compañías e individuos para apegarse a los requisitos fiscales; desarrollar políticas fiscales más coherentes que generen más ingresos y promover evaluaciones cuidadosas de las políticas que promueven crecimiento y reconocen la relación entre medidas fiscales pronunciadas y temas como género, bienestar y desarrollo. IEA también propone desarrollar innovadores mecanismos para aumentar los ingresos mediante cuotas a usuarios.
En lo que se refiere a la reducción de gastos administrativos, la evidencia demuestra que existe mal uso de fondos que ha resultado en conflicto de intereses y duplicación de esfuerzos. Al respecto, el gobierno debe establecer una política clara sobre el nivel administrativo que será utilizado para la descentralización, reforzar políticas de descentralización de fondos para asegurar la participación ciudadana a todos los niveles y asegurar que el uso de fondos se vincule al marco de políticas macroeconómicas y prioridades locales y nacionales.
Kenia es globalmente clasificado como un país escaso en agua. Casi la mitad de la población de Kenia no cuenta con acceso a agua potable; y un cuarto de la población no cuenta con acceso adecuado a salubridad y menos de 5 por ciento de los centros urbanos cuentan con drenaje. No obstante el manejo de recursos de agua y servicios de drenaje y salubridad reciben menos de 1 por ciento del presupuesto nacional. La autoridad administrativa que maneja los recursos de agua ha recibido Kshs. 10 millones y los servicios de agua recibirán Kshs. 6 millones. La red de Kenia para el agua y a la salubridad estima que se necesitan cerca de Kshs. 24 billones para el desarrollo de la infraestructura de agua y Kshs. 20 billones para servicios y salubridad a fin de alcanzar las metas del milenio.
El gasto del gobierno central crece debido al aumento en ministerios y distritos conforme al referéndum constitucional. Además, funcionarios oficiales gozan de altos salarios y generosos beneficios que podrían reducirse y ser reasignados hacia áreas prioritarias. Además, el país ha vivido un sinnúmero de escándalos en relación a la procuración y contratos de seguridad que involucra a funcionarios públicos. IEA observa que el Tesoro necesita ejercer controles más estrictos sobre la procuración y financiamiento de contratos. El gobierno debe de reparar la ley para permitir un mayor escrutinio de dichos contratos por el Parlamento y la Oficina de Auditoría Nacional, exigir estándares mínimos sobre contratos de seguridad, aplicar el proyecto de administración fiscal 2006 y revisar la ley contractual del gobierno para definir claramente los roles de varias oficinas públicas involucradas en la formulación de contratos del gobierno.
IEA también cree que los servidores públicos necesitan jugar un papel más predominante en la agenda de desarrollo, un resultado que se alcanzaría mediante la reducción de las diferencias salariales entre varios niveles de oficinas públicas y la recompensa al buen desempeño mediante promociones y mejores beneficios. En una entrevista con el East African Standard, Albert Mwenda, director ejecutivo de IEA, comentó sobre el impacto del aumento salarial para los servidores públicos y maestros mientras las recaudaciones de la Autoridad de Ingresos de Kenia “Kenya Revenue Authority” (KRA) se encuentran casi en la miseria.
Presupuesto de Malawi 2006/07, “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” (CSCQBE) y “Malawi Economic Justice Network” (MEJN)
El presidente Mutharika abrió la sesión del presupuesto de Malawi con un discurso al parlamento el pasado 6 de junio. El gobierno asignó aproximadamente 55 por ciento de su presupuesto a infraestructura, 33 por ciento a desarrollo social, 9 por ciento a crecimiento económico sustentable, 2 por ciento a buena gobernabilidad y 2 por ciento a seguridad social.
La prioridad que se le dio a infraestructura — especialmente la construcción del canal de Shire-Zambezi— tuvo un costo para el desarrollo de los sectores social y privado lo cual decepcionó a la sociedad civil, ONGs y al sector financiero. La red “Malawi Health Equity Network” (MHEN) y “Malawi Economic Justice Network” (MEJN) (http://www.mejn.mw/) han luchado por que los sectores de salud y educación reciban sus asignaciones completas para que Malawi pueda cumplir con las metas del milenio en ambas áreas y con la declaración de Abuja sobre salud, en donde se estipula que 15 por ciento de los presupuestos nacionales sea destinado al sector salud. (Malawi invierte sólo 7 por ciento de su presupuesto en salud.) MHEN argumenta que el bajo financiamiento de los programas de salud perjudica la provisión de medicamentes y el nombramiento de médicos capacitados conforme a lo que se requiere para la administración de tratamientos anti-retrovirales contra del VIH/SIDA.
El 5 de junio la organización “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” (CSCQBE) presentó al gobierno una propuesta respecto al presupuesto para educación 2006/07. CSCQBE recomendó hacer de la educación una prioridad y “aumentar el acceso y calidad de la educación que ha ido en descenso en los últimos 11 años.” Conforme a CSCQBE 26 por ciento del presupuesto del gobierno debería de ir al sector educativo; el grupo pidió al gobierno asignar por lo menos 18 por ciento del nuevo presupuesto como primer paso hacia el objetivo del 26 por ciento. (Actualmente, Malawi asigna 11 por ciento de su presupuesto a educación.) Además, CSCQBE recomienda una serie de mejorías para los maestros, las escuelas y los materiales didácticos, así como mejorías en el proceso presupuestario.
El presupuesto de Tanzania 2006/07, HakiElimu
El jueves 15 de junio el Ministro de Finanzas de Tanzania, el Honorable Zakia Meghji, presentó su presupuesto para el siguiente año fiscal. El presupuesto aumentó las asignaciones hacia crecimiento y gobernabilidad; el crecimiento económico y reducción de la pobreza aumentó de 48 por ciento a 49 por ciento; gobernabilidad y rendición de cuentas aumentó de 8 por ciento a 20 por ciento; y las reducciones a los servicios sociales tales como mejoramiento del bienestar social se redujeron de 44 por ciento a 31 por ciento.
El desempeño general de la economía durante los primeros nueve meses (julio 2005 a marzo 2006) fue satisfactorio. La economía creció 6.8 por ciento en 2005 en comparación con 6.7 por ciento en 2004; la recaudación de ingresos tenía una meta de Tshs 2,066 millones, misma que se conseguirá con un cómodo margen gracias a la implementación de medidas orientadas a fortalecer el manejo de impuestos domésticos, la ampliación de la base fiscal y reforma de la estructura de impuestos para hacer que la recaudación de impuestos sea más sencilla y eficiente.
A pesar de estos resultados alentadores, el país sufrió una larga sequía que causó la escasez de alimentos y agua para la generación de electricidad. El constante aumento en los precios del petróleo en el mercado mundial también tuvo un impacto negativo en el costo de la producción e impartición de servicios en el país. Como resultado, las tasas inflacionarias aumentaron de 4.3 por ciento en julio 2005 a 6.9 por ciento a finales de abril 2006. Además, el gobierno se vio forzado a hacer reasignaciones internas en el presupuesto para atender la distribución de alimentos y áreas afectadas. Asimismo exentó del pago de impuestos sobre importación de alimentos en áreas severamente afectadas para asegurar la disponibilidad de alimentos a precios razonables para los consumidores. Ambas medidas redujeron la severidad de la escasez de alimentos y aliviaron la presión inflacionaria.
El gobierno espera gastar una parte significativamente menor del presupuesto en el servicio de la deuda, que ha disminuido de 13 por ciento del presupuesto en 2006 a 6 por ciento en 2007. Las asignaciones a regiones locales aumentaron de 14 por ciento en 2006 a 18 por ciento en 2007 debido a que ya se tenía previsto un aumento salarial al personal del gobierno local. La parte del presupuesto destinada a salarios aumentó de 17 a 25 por ciento. Algunos grupos de la sociedad civil reaccionaron a los aumentos en los salarios de funcionarios lo que explica el aumento en las asignaciones hacia sectores que emplean a un gran número de trabajadores locales en educación y salud; y el flujo de recursos hacia ministerios en lugar de gobiernos locales.
La participación de HakiElimu (www.hakielimu.org) en el presupuesto de este año ha sido en colaboración con el Foro de Política “Policy Forum” (PF). PF es una red de más de 50 ONGs a lo largo y ancho de Tanzania que busca influir la toma de decisiones a través del trabajo conjunto con ciudadanos a nivel local. PF cuenta con grupos de trabajo más pequeños que se enfocan en cuestiones más específicas. Por ejemplo está el equipo sobre salud “Health Equity Working Group,” el equipo de reformas locales “Local Government Reform Working Group,” el equipo de VIH/SIDA y ahora el equipo de trabajo sobre el presupuesto “Budget Working Group” (BWG). El BWG llevó a cabo su primera reunión el 23 de mayo 2006 y cuenta con doce miembros que incluyen a organizaciones nacionales e internacionales tales como HakiElimu, “Research on Poverty Allevation” (REPOA) (http://www.repoa.or.tz), “Tanzania Gender Networking Programme” (TGNP), “Youth Action Volunteers,” SNV (“Netherlands Development Organization”), Oxfam, ActionAid, WaterAid y CARE Internacional.
El logro principal de BWG hasta la fecha es la publicación de reportes sobre el presupuesto (en inglés y kiswahili), que tomaron información pública sobre el presupuesto 2005/06 y 2006/07 sobre los lineamientos del presupuesto dado a conocer en marzo a fin de hacer que esta información fuera más accesible a los medios, así como a otras organizaciones de la sociedad civil para comenzar a hacer preguntas sobre el presupuesto antes de que fuera aprobado. Los reportes se enfocaron en asignaciones a los ministerios y sectores clave y se compartieron con editores de medios. También se realizó una reunión con la ONG “Tanzania Gender Networking Programme” (TGNP) (http://www.tgnp.org) para presentar los reportes que se dieron a conocer oficialmente el 12 de junio.
Desde la presentación del presupuesto, varios miembros de BWG han ofrecido sus propias respuestas. TGNP por su parte, dio a conocer sus reacciones iniciales que fueran publicadas en el periódico The Citizen. Una preocupación para TGNP es que la presentación del presupuesto no menciona una estrategia coherente sobre empleo que garantice que cada adulto – hombre y mujer – cuente con los medios necesarios para apoyar a su familia con dignidad. En lugar de esto, encontramos estrategias sobre microcrédito y formalización, estos esfuerzos tienden a beneficiar el crecimiento de la clase media empresarial y no necesariamente a erradicar la pobreza o a reducir las inequidades causadas por diferencias género, clase o geografía. Como observa TGNP, el enfoque del presupuesto es en empresas pequeñas y medianas y no en microempresas de bajos ingresos, que son las que mantienen a la mayoría de los habitantes de Tanzania.
En general OSCs reaccionaron a la limitada capacidad financiera del gobierno y a la falta de participación pública en el proceso presupuestario. A fin de involucrar a los ciudadanos en el proceso presupuestario en favor de la reducción de la pobreza, la información presupuestaria debe de ser más accesible. Esta es una difícil tarea en un país en el que sólo unas cuantas organizaciones comprenden el presupuesto y cuentan con capacidad limitada. TGNP ha realizado análisis presupuestario con enfoque de género y REPOA y HakiElimu cuentan con amplia capacidad analítica pero ninguno de los grupos se enfoca de lleno en cuestiones presupuestarias. PF no cuenta con personal de tiempo completo para el análisis de presupuesto, aunque hay planes de contratar apoyo analítico y preparar una guía ciudadana sobre el presupuesto.
Presupuesto de Uganda 2006/07, “Uganda Debt Network” y “Center for Development Initiatives”
El presupuesto nacional de Uganda 2006/07 se leyó el 15 de junio 2006 por el Ministro de Finanzas, Planeación y Desarrollo Económico, Dr. Ezra Suruma. El ministro describió las medidas para hacerle frente a la crisis económica en Uganda, que incluyen la introducción de exenciones fiscales para incentivar al sector industrial, a la vez que aumentar impuestos a los consumidores con la esperanza de aumentar la recaudación en su totalidad. El nivel de impuestos de Uganda en relación al PIB es de 12 por ciento, considerado bajo conforme a estándares regionales.
El gasto programado para este año está orientado a atender la crisis energética. La economía ha experimentado una baja productividad y un aumento en el desempleo con la escasez de energía eléctrica que también se ha visto afectada por el aumento en los precios de combustible. El sector de energía y minerales que es en donde se ha visto la mayor parte del aumento en el gasto recibirá Ushs 70 billones (US$ 38.3 millones) para aumentar la generación de energía termal y ofrecer 100 megawatts extras de electricidad. Agencias financiadoras también han aumentado sus contribuciones a este sector por Ushs 36.63 billones (US$ 18.4 millones).
En el sector salud, el enfoque se ha puesto en educación de salud primaria que incluye mayor atención al control de la malaria. El ofrecimiento de dichos servicios puede beneficiar a los pobres una vez que la efectividad del acceso e impartición de servicios haya mejorado. No obstante, el sector salud recibirá una disminución en su presupuesto de Ushs 508.66 billones (US$ 278.34 millones) en 2005/06 a Ushs 375.38 billones (US$ 205.4 millones) en 2006/07, lo que representa US$ 72.94 millones menos. Esto se debe a que ciertos proyectos de salud clave financiados por USAID, el “Center for Disease Control” (CDC) y el Banco Mundial han concluido.
En el sector social, el presupuesto 2006/07 se enfocará en el mejoramiento del bienestar de los maestros de escuelas primarias con un aumento salarial de 33.3 por ciento a partir de julio 2006. La promesa del presidente de ofrecer educación post-primaria y capacitación universal comenzará a implementarse en 2007. Aun con estos esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de la educación primaria, “no se resuelven los problemas más críticos en el sector, como son los altos grados de deserción escolar, el número de libros respecto al número de alumnos y los bajos niveles de inscripciones a la escuela,” dice Davis Ddamulira del Centro de Iniciativas para el Desarrollo “Center for Development Initiatives” (CDI). CDI analizará más ampliamente el presupuesto para evaluar cómo el gobierno enfrenta sus obligaciones para la realización de los derechos de los niños.
De acuerdo con CDI, a pesar de que el gobierno reconoce que el norte de Uganda cuenta con los índices de pobreza más altos, el presupuesto de la región en 2006/07 es sólo de Ushs 18 billones (US$ 9.85 millones) para la reubicación de personas desplazadas internamente, la recuperación post-conflicto y el desarrollo. Lo cual no refleja positivamente el compromiso del gobierno hacia la erradicación de la pobreza.
Miembros de la agrupación de la sociedad civil para la incidencia en el presupuesto “Civil Society Budget Advocacy Group” (CSBAG) — tales como “Uganda Debt Network” (UDN), “Uganda Coalition for Sustainable Development,” “Forum for Women in Democracy” (FOWODE) y Apac Anti Corruption Coalition — han cuestionado los esfuerzos del gobierno en hacer que el presupuesto trabaje para los pobres. Las observaciones de CSBAG durante la Primera Consultaría del Presupuesto Nacional (diciembre 2005) y la Revisión de Gasto Público “Public Expenditure Review” (PER) (mayo 2006) fueron tomadas en cuenta aunque varios temas quedaron sin atenderse, como es el alto costo de la administración pública, la duplicación de esfuerzos y labores por parte de varias agencias gubernamentales, el creciente uso indebido de recursos públicos y la falta de inversión en sectores productivos como energía y agricultura.
Como parte de su trabajo de incidencia en el presupuesto, UDN comenzó una revisión del presupuesto de este año para evaluar las políticas de combate a la pobreza en Uganda, así como algunas cuestiones críticas respecto a la disciplina presupuestal. Conforme a UDN, el gasto social (para educación, salud, agua, agricultura, caminos y obras públicas) representa alrededor de 46 por ciento del presupuesto. No obstante, OSCs están preocupadas de que la parte que corresponde a gasto social en el presupuesto nacional ha disminuido en años recientes de 55 por ciento en 2000/01 a 47 por ciento en 2005/06 aproximadamente. Otras áreas de gasto (como la administración pública, pago de intereses, seguridad, etc.) han aumentado de 44 a 52 por ciento durante el mismo periodo. “Si uno revisa el presupuesto superficialmente, se puede llegar a la conclusión de que el presupuesto favorece a los pobres ya que en términos nominales, mucho dinero se gasta en sectores sociales justamente para alcanzar las metas de los PRSP. No obstante, una revisión más detallada demuestra lo contrario debido al hecho de que el gasto social en el presupuesto nacional continua disminuyendo,” dice Daniel Lukwago de UDN.
En mayo UDN, en nombre de CSBAG, se ofreció una presentación sobre la estrategia económica y presupuestaria para el año fiscal 2006/07 durante el taller: “Public Expenditure Review,” en donde UDN hizo un llamado al gobierno para:
- Revisar el impacto de cualquier propuesta de impuestos en los pobres.
- Orientar el gasto hacia los pobres, ya que más de 37 por ciento de la población en Uganda vive por debajo de la línea de pobreza mientras continua la corrupción, el mal manejo de fondos públicos y otras políticas que poco favorecen a los pobres.
- Ofrecer apoyo y planeación a sectores productivos, especialmente para la generación de energía y agricultura, que son clave para el desarrollo y crecimiento nacional.
- Asignar más fondos al sector energético para satisfacer la demanda de energía – aun cuando esto se traduzca en recortes en otras áreas, así como brindar subsidios para la compra de combustible.
- Apoyar el desarrollo agrícola, que es la espina dorsal de la economía ya que emplea a más de 68 por ciento de la población.
- Reducir asignaciones a la administración del sector público.
Otra preocupación para la sociedad civil es la incongruencia que existe entre el presupuesto aprobado y el gasto realizado por parte de algunas agencias gubernamentales. Esto se debe al gasto suplementario que puede perjudicar los objetivos originales del presupuesto al orientar el presupuesto actual a sectores que no tienen impacto directo sobre la pobreza, tal como la administración pública. La sociedad civil también ha manifestado su preocupación por la enmienda al Acto sobre Registro de ONGs “NGO Registration (Amendment) Act,” 2006 que fuera introducido al Parlamento el 7 de abril. En caso de entrar en vigor podría tener un impacto negativo en la relación entre el gobierno y las ONGs y complicar el papel de las ONGs que luchan por hacer que los presupuestos favorezcan a los pobres. (Fuente: Civil Society Statement on the Economic and Budget Strategy for FY 2006/07- por “Uganda Debt Network” durante el taller “Public Expenditure Review Workshop,” 05/09/06).
Novedades en América Latina y el Caribe: Conoce al Grupo FARO en Ecuador y aprende sobre la iniciativa de presupuestos para la niñez en Jamaica
Lupa fiscal en Ecuador: Conoce a Grupo FARO
La Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO) se creó para apoyar iniciativas de la sociedad civil como promotora de ideas y acción colectiva para el bien público. El Grupo FARO tiene cuatro áreas de trabajo: educación; reforma del Estado; finanzas públicas y desarrollo económico y competitividad en las que se busca mejorar el desempeño de las instituciones públicas.
Uno de los proyectos del área de reformas del estado busca disminuir los casos de clientelismo; es decir, del desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales hacia actividades con fines políticos. En los análisis realizados se encontraron varios casos comprometedores; por ejemplo, antes de la caída del ex-Presidente Lucio Gutiérrez, en abril del 2005 el programa Aliméntate Ecuador fue utilizado para motivar la participación en las marchas en favor del entonces gobernante. También existe evidencia de la utilización de fondos destinados a programas de la niñez para mantener lealtades políticas.
La iniciativa del Grupo FARO arrancó con el estudio de ochos programas sociales para medir sus niveles de transparencia, acceso a la información, participación de su beneficiarios/as, y la integración de actores externos como: gobiernos locales, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones multilaterales. Además, se analizaron los mecanismos para seleccionar beneficiarios/as y recibir y procesar quejas.
Se pudo constatar que muchos de los programas están orientados a reducir la corrupción; sin embargo, varias reformas no se implementan a escala local. Por ello, se elaboró una evaluación de los programas para identificar aquellos más susceptibles al clientelismo. Con la información recaudada en la fase de investigación, se capacitó a mil beneficiarios/as en temas de derechos, programas sociales y clientelismo. Finalmente, se implementó un proyecto piloto destinado a fortalecer la participación de ciudadanos y gobiernos locales en los programas Ley de Maternidad Gratuita y Aliméntate Ecuador.
Junto con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Municipio de Pelileo, el Grupo FARO facilitó a las mujeres de esa localidad, un proceso de “empoderamiento” del municipio para que exijan su derecho a recibir servicios médicos gratuitos relacionados con el embarazo. Para tal efecto, se implementaron diez estrategias de difusión sobre la Ley. Tras la selección de una representante por junta parroquial, se formó un comité de usuarias que recibieron capacitación adecuada. Este comité se responsabiliza por la correcta implementación de la Ley de Maternidad Gratuita en el Municipio de Pelileo.
Apoyado por la firma de un acuerdo, el Grupo FARO actuará como veedor en el programa Aliméntate Ecuador; además, el próximo 14 de julio serán nueve los programas sociales que firmen un convenio en contra del uso clientelar de sus fondos. Para ello, se difundirán mensajes relacionados con las consecuencias del clientelismo, a través de los medios de comunicación y se habilitará un número telefónico para la recepción de reclamos.
Otra iniciativa de Grupo FARO es la Lupa Fiscal Ecuador, que monitorea la gestión de las finanzas públicas ecuatorianas desde la sociedad civil. Este proyecto cuenta con el apoyo técnico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), socio estratégico que ejecuta el Proyecto Lupa Fiscal Argentina. En Ecuador esta iniciativa busca la institucionalización de mecanismos que fortalezcan la capacidad de la sociedad civil para monitorear el proceso presupuestario y contribuir a una mayor responsabilidad fiscal y un gasto público de mayor calidad, más eficiente y equitativo que promueva la participación de la sociedad civil en los asuntos financieros nacionales y locales.
Lupa Fiscal inició sus actividades el 23 de mayo del 2005 a partir de la firma (en español, quichua y shuar) de un acuerdo en pro de la transparencia entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y 15 organizaciones de la sociedad civil, originarias de las cuatro regiones ecuatorianas. A través de este acuerdo, el MEF, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) se comprometió con el país a difundir información presupuestaria. Hasta el momento, Lupa Fiscal Ecuador ha trabajado temas como el nivel de transparencia de los ministerios del Ecuador y el análisis presupuestario a escala local y nacional, entre otros. También ha conseguido el mejoramiento de las páginas de internet de tres carteras de estado y ha iniciado una segunda fase en la que analizará la inversión social a escala local y nacional. Finalmente, está recolectando información sobre las áreas de educación, salud, programas sociales y subsidios públicos que permitan determinar cuántos recursos están llegando realmente a la población. A través de la comparación del gasto social e indicadores con un enfoque en la niñez, se analiza su efectividad y equidad así como los montos adicionales que se requieren para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales.
Para mayor información, visitar a Grupo FARO www.grupofaro.org, o contactar a Orazio Bellettini [email protected].
Presupuestos para la niñez en Jamaica, UNICEF
Jamaica enfrenta al estancamiento de su economía en la última década reduciendo su gasto social. El gasto real para los niños ha disminuido en casi 7 por ciento entre 2003/4 y 2004/5 y otro 20 por ciento entre 2004/5 y 2005/6. El gasto en educación ha visto caídas de 14 por ciento del total del presupuesto a 9 por ciento en los últimos siete años aproximadamente.
Inversiones significativas en el sector social serán necesarias para mantener los recientes logros sociales y alcanzar las metas oficiales en relación al desarrollo social y económico y bienestar de los niños. Experiencias anteriores y lecciones de otros países sugieren que para maximizar las inversiones hacia el cumplimiento de los derechos de los niños, debe de aumentar la vigilancia y monitoreo de la inversión social para mejorar las asignaciones hacia temas sociales.
Desafortunadamente, el proceso presupuestario permite una participación muy limitada y las reglas de participación son poco claras aun para los ciudadanos más informados. En tanto que el presupuesto se debate públicamente una vez que el ministro de finanzas ofrece su presentación cada año, la sociedad civil y el sector privado no cuentan con la oportunidad de hacer contribuciones reales al proceso, incluso los miembros del parlamento juegan un papel limitado. La capacidad de participar en el proceso del presupuesto se debilita aún más por el poco conocimiento de temas presupuestarios. En general, se necesita educación sobre el proceso presupuestario y sobre la vinculación del presupuesto y los derechos, el desarrollo de prácticas participativas en el proceso y de incidencia para poder influir en las asignaciones presupuestarias.
Para mejorar las asignaciones hacia los niños, una coalición de organizaciones no-gubernamentales bien establecidas formaron la iniciativa “Social Investment for Children Initiative” (SICI) en 2005. SICI desarrolló un plan para reformar el proceso del presupuesto y usar los recursos destinados a los niños de manera más eficiente y construir inversión social para niños. Con financiamiento y asistencia técnica de UNICEF y UNDP, SICI planea llevar a cabo actividades de capacitación, participación, e iniciativas de incidencia y comunicación. SICI también llevará a cabo un monitoreo del presupuesto con el apoyo de la Universidad de West Indies para darle seguimiento a las inversiones destinadas al gasto social de los niños e identificar las áreas con mayor necesidad económica y comparar las metas establecidas en políticas nacionales.
El fortalecimiento de la sociedad y del gobierno es crítica para el éxito de SICI. Hasta la fecha, los talleres se han realizado para sensibilizar a más de cien actores sociales sobre cuestiones de inversión social, participación presupuestaria y la relación entre los presupuestos y los derechos. Además, un grupo de 18 profesionales han completado la primera fase de capacitación para preparar a otros en actividades relacionadas con la participación en el proceso de presupuesto.
Los niños serán involucrados en todos los aspectos de SICI. Un grupo de 30 niños fue seleccionado para participar en discusiones sobre el presupuesto, ayudar a desarrollar la capacidad de sus compañeros y en la investigación sobre los temas que afectan a los niños.
La simplificación del proceso presupuestario es más fácil de conseguirse si los ciudadanos participan y pueden influir en las decisiones del presupuesto. SICI reconoce esto y ha establecido como principal prioridad el influir en las inversiones sociales para los niños. El gobierno ha expuesto públicamente su intención de facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario y otras agencias del gobierno comparten esta idea. Actualmente, se está elaborando un marco de participación presupuestaria para Jamaica, que la Agencia de Desarrollo Infantil “Child Development Agency” (una agencia gubernamental semi-autónoma responsable de la promoción de los derechos de los niños) implementará con el presupuesto 2007/08.
Para mayor información, contactar a Kenneth Russell [email protected].
Novedades en el sur de Asia: la sociedad civil responde a los presupuestos de Bangladesh y Rajastán
Presupuesto de Bangladesh 2006/07, Unnayan Onneshan
El presupuesto nacional 2006/2007 de Bangladesh fue presentado por el Ministro de Finanzas y Planeación M Saifur Rahman el 8 de junio 2006. El presupuesto muestra un déficit que el gobierno tratará de financiar mediante metas fiscales un tanto ambiciosas y mediante préstamos de fuentes locales.
En respuesta al presupuesto la organización Unnayan Onneshan (http://www.unnayan.org/) que trabaja hacia la reducción de la pobreza, la equidad de género y la justicia social examina las medidas fiscales y asignaciones presupuestarias y cómo caben dentro de la estrategia nacional para el desarrollo. En particular Unnayan Onneshan examina si el presupuesto está encaminado a cumplir con las metas del milenio “Millennium Development Goals” (MDGs).
La organización observa que el presupuesto asume un crecimiento de 17.1 por ciento en sus recaudaciones en comparación con 2005/2006. Se espera que las recaudaciones se monitoreen más eficientemente y con mayor transparencia con el nombramiento del ombudsman de impuestos.
La propuesta de presupuesto aumenta el gasto en educación en un 2 por ciento y el gasto en salud casi 6 por ciento en un lapso de un año. Como resultado, el gasto en educación aumentará de 8.8 por ciento del presupuesto a 8.9 por ciento mientras el gasto en salud aumentará de 6.6 por ciento a 6.9 por ciento. El gasto de la red de seguridad o “safety net,” por el contrario, disminuye 16 por ciento bajo el nuevo presupuesto y bajará de 0.5 por ciento a 0.4 por ciento.
La porción del presupuesto que irá a agricultura disminuirá significativamente de 22.3 a 21.8 por ciento. Esta caída amenaza con empeorar las condiciones de pobreza, en vista de que 70 por ciento de la población depende directa o indirectamente de la agricultura. A pesar de la fuerte demanda de hogares y negocios por tener acceso a energía eléctrica, esta área recibe un recorte de más 7 por ciento, más que ninguna otra área.
Mientras un reporte del 2002 sobre el progreso de las metas del milenio encontró que 82 por ciento de zonas urbanas y 72 por ciento de zonas rurales tenían acceso a agua potable, el presupuesto dice que Bangladesh ya alcanzó las metas del milenio en este rubro al garantizar que 100 por ciento de la población urbana y 96.5 por ciento de la población rural tengan acceso. No obstante, el número total de personas sin agua y salubridad a lo largo del país ha aumentado a pesar de las mejorías relativas. Casi 40 por ciento de poblaciones de bajos recursos en cuatro ciudades se encuentra sin acceso a agua potable. Poblaciones en ciudades perdidas tienen acceso limitado a la distribución de agua y las personas en zonas urbanas pagan altos costos por tener acceso limitado a agua de dudosa calidad.
El gobierno también afirma haber logrado reducir satisfactoriamente el nivel de mortalidad infantil y mortalidad materna. Se dice que la tasa de mortalidad materna ha bajado de 320 a 310 por cada 100,000 nacimientos de 2000 a 2002; sin embargo otros documentos oficiales demuestran que el nivel es de 391 por cada 100,000 nacimientos en 2002. Es imposible medir el éxito de estos compromisos cuando distintas fuentes oficiales reportan información diferente para la misma variable.
Presupuesto local de Rajastán 2006/07, “Budget Analysis Rajasthan Centre” (BARC)
Ubicado en el noroeste de la India, Rajastán se encuentra por debajo de los promedios nacionales urbanos y rurales de gasto per cápita mensual. Se espera que la economía rural se vea afectada aún más ya que el gasto hacia agricultura ha caído de Rs. 100 crore de 2005/06 a 2006/07. A fin de mejorar la baja productividad como resultado de las pobres condiciones del sector salud y los bajos niveles de educación, el gobierno también debe de aumentar el gasto social, pero Rajastán gasta menos del 4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en educación y menos de 1 por ciento en salud, observa el centro de análisis presupuestario “Budget Analysis Rajasthan Centre” (BARC) que analiza el presupuesto de Rajastán y evalúa el impacto del gasto en desarrollo socioeconómico de los pobres y grupos marginados.
BARC indica que a fin de aumentar el poder adquisitivo de los pobres, la inversión pública también debe de aumentar, pero el gobierno está reduciendo sus asignaciones al sector económico. Las dramáticas reducciones en las asignaciones han tenido lugar desde el año pasado debido a duras medidas de responsabilidad fiscal y administración presupuestaria “Fiscal Responsibility and Budget Management” (FRBM) desde 2005. Bajo FRBM el gobierno se ve forzado a reducir su déficit de recaudación a cero para 2008/09. Además, el déficit fiscal necesita ser reducido o mantenerse constante. Estos objetivos pueden conseguirse al generar ingresos y mantener el gasto a un nivel constante. No obstante, el gobierno ha tratado de mantener una responsabilidad fiscal sana mediante recortes.
El presente gobierno ha aumentado el gasto capital que es de gran importancia para el desarrollo de infraestructura. En vista de que hasta el momento no hay un superávit en la cuenta de ingresos, todo el gasto capital se debe de obtener vía préstamos, que a su vez se deben de pagar con intereses por parte de la población del estado. El gobierno debe de ser cauteloso y no imponer el peso de la deuda en la gente mediante el incremento de asignaciones en la cuenta de capital y elaborar un plan para pagar el dinero obtenido. Cabe mencionar que debe de existir un equilibrio entre el peso de la deuda y el gasto capital, de lo contrario FRBM puede violarse después de cierto tiempo.
Para mayor información, contactar a [email protected] en el centro “Budget Analysis Rajasthan Centre” (BARC).
Más allá del presupuesto – la necesidad de darle seguimiento fiscal a las políticas monetarias, ActionAid
Grupos que hacen seguimiento al flujo de presupuestos tales como Idasa en Sudáfrica están poniendo cada vez más atención en las políticas macroeconómicas que le dan forma a los presupuestos nacionales y por sector. El reciente trabajo de ActionAid Internacional EUA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros grupos sugieren que los activistas de las metas del milenio y de la lucha contra el VIH/SIDA consideren formas en las que ciertas políticas macroeconómicas restringen innecesariamente el gasto gubernamental en ciertas áreas.
Mientras muchos grupos dedicados al seguimiento de los presupuestos realizan un excelente papel monitoreando el gasto por sectores (las “rebanadas” del pastel del presupuesto), pocos han examinado las políticas macroeconómicas que con frecuencia influyen en el tamaño del pastel. ActionAid sugiere que los activistas de las metas del milenio y aquellos que hacen seguimiento de presupuestos se capaciten en conceptos básicos de economía para comprender de mejor manera cómo funcionan estas políticas macroeconómicas. La capacitación también ayudaría a los grupos a conocer políticas alternativas que permitirían a los países de bajos ingresos a gastar los recursos provenientes de asistencia exterior que, a su vez, generan recursos en el largo plazo.
Con frecuencia las políticas macroeconómicas que adoptan los países de bajos ingresos, incluyen políticas fiscales y monetarias que se basan en discusiones entre los ministros de finanzas y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En vista de que muchos países no pueden gastar las cantidades cada vez más grandes de recursos derivados de la asistencia internacional — o contratar a muchos doctores, enfermeras y maestros para alcanzar las metas del milenio y combatir el VIH/SIDA — los activistas se han alarmado por las restricciones al gasto público provenientes de rígidas políticas fiscales y monetarias que condicionan los préstamos del FMI.
El FMI trabaja con países pobres para establecer las metas como parte del marco macroeconómico que incluye metas para la reducción del déficit del presupuesto y la tasa de inflación. Estas metas imponen de facto límites explícitos sobre el presupuesto nacional en su totalidad, así como sobre los recursos disponibles para salud, educación, agua, salubridad, infraestructura agrícola y otras necesidades básicas. Con frecuencia estas metas restringen innecesariamente el gasto disponible para iniciativas que ayuden a alcanzar las metas del milenio o combatir el VIH/SIDA.
Un reporte publicado en 2001 por la oficina general de contaduría de EUA “U.S. General Accounting Office” sobre los préstamos del FMI explica que existe una margen poco claro entre las políticas que pueden clasificarse como “relajadas” (que conllevan a inestabilidad macroeconómica) y políticas que pueden clasificarse como “rígidas.” “Las políticas que se preocupan demasiado por la estabilidad macroeconómica pueden resultar austeras, disminuir el crecimiento económico de su nivel óptimo e impedir el progreso de la reducción de la pobreza,” advirtió el reporte.
Por ejemplo, muchos programas del FMI han hecho un llamado a países pobres para reducir sus déficits fiscales de manera significativa y, en algunos casos, crear superávits. Cuando esto sucede, el dinero que puede usarse para contratar más doctores y maestros se usa para bajar el déficit a niveles que suelen ser innecesarios, según reportan estudios académicos.
El FMI afirma que ha aumentado la flexibilidad en sus metas de reducción deficitario cuando reemplazó su programa de préstamos “Enhanced Structural Adjustment Facility” por el programa “Poverty Reduction and Growth Facility” (PRGF) en 1999. Aunque esto es cierto hasta cierto punto, la nueva flexibilidad es limitada y la reducción en las metas deficitarias en muchos programas de préstamos del FMI siguen siendo injustificadamente rígidos. Mientras la mayoría de los países han manejado déficits fiscales moderados, el FMI sigue estando en contra de los déficits, sobre todo, por los altos intereses que representan.
Además, FMI con frecuencia ignora el hecho de que el déficit del gasto puede usarse para fortalecer al país. El PNUD y otros investigadores concluyeron que mientras el gasto del déficit en consumo de corto plazo puede causar más mal que bien, el gasto del déficit en inversiones públicas clave puede redituar ya que se puede mejorar la productividad y crecimiento económico.
En lo que se refiere a las metas para la reducción de la inflación, muchos programas de préstamos del FMI les han pedido a países pobres reducir la inflación a niveles muy bajos — 5 por ciento o menos. Entre 45 y 63 acuerdos recientes del PRGF examinados por ActionAid incluyeron metas inflacionarias de 5 por ciento o menos.
Todos están de acuerdo en que una inflación muy alta puede debilitar el crecimiento económico de largo plazo y dificultar la planeación del sector privado y aumentar los precios fuera del alcance de los pobres. Sin embargo, mientras la literatura en economía ha demostrado consistentemente que los niveles de inflación por encima de 20-40 por ciento son negativos, existe un desacuerdo considerable entre los economistas sobre las tasas de inflación en un rango más moderado de 5-20 por ciento. El FMI insiste en que la inflación en este rango representa “inestabilidad macroeconómica,” pero no hay evidencia académica que justifique esta afirmación. Algunos economistas del FMI estuvieron de acuerdo en que si se espera que los países absorban y gasten flujos más altos de asistencia financiera, la inflación puede aumentar en consecuencia. Sin embargo, esta consideración no se ha traducido en cambios en las políticas de muchos de los programas de préstamo del FMI.
Esto es importante para los activistas de las metas del milenio ya que cuando un préstamo requiere una reducción en la inflación del rango moderado de 5-20 por ciento a menos de 5 por ciento, esto puede debilitar el crecimiento económico de un país y usar recursos que, de otro modo, podrían haberse destinado a la contratación de doctores y enfermeras en la lucha contra el VIH/SIDA. (Los economistas se refieren a esto como el margen de sacrificio o “sacrifice ratio,” lo que quiere decir que por cada punto que se reduce la inflación en este rango moderado, baja el nivel del PIB.) Muchos economistas creen que las metas del FMI sobre reducción inflacionaria son excesivamente rígidas y son en parte responsables por la caída en el crecimiento económico de países de bajos ingresos entre 1960-1980 y 1980-2005. A pesar de que el FMI ha afirmado que sus políticas son pro-crecimiento, dichas políticas suelen conseguir estabilidad macroeconómica (como lo define el FMI) sobre otros objetivos como pueden ser el gasto público mejorado y tasas de crecimiento más altas.
El PNUD y otros economistas indican que se necesitarán altas tasas de crecimiento para hacer que los países generen más de sus propios recursos para alcanzar las metas del milenio — y que generar altas tasas de crecimiento requiere de políticas fiscales y monetarias más expansivas. No obstante, el FMI permanece en oposición a este esquema.
Al respecto de la volatilidad de la asistencia financiera “donor aid volatility” muchos donadores no le dan apoyo a un determinado proyecto consistentemente año tras año y muchos donatarios no cumplen con la cantidad prometida de asistencia. En tanto que un país adopta las medidas preferidas del FMI – políticas fiscales y monetarias rígidas – la volatilidad de la asistencia financiera seguirá siendo un grave problema para ministros de planeación y finanzas, haciendo imposible predecir cuánta ayuda estará disponible en un año en particular.
El FMI afirma que dicha volatilidad es una razón por la cual duda en promover que países de bajos ingresos contraten más personal en salud y educación. De acuerdo con este argumento, si los ministros de finanzas usan asistencia financiera para contratar enfermeras pero los donadores no mandan la cantidad acordada al año siguientes el país probablemente acabaría por despedir a las enfermeras a la vez que continuaría pagándoles incurriendo en un déficit fiscal. ActionAid argumenta que los activistas de las metas del milenio deberían de unirse al FMI en un llamado a los países donatarios para desarrollar mecanismos de gasto que permitan un mayor nivel de certidumbre del flujo de recursos en períodos mayores de diez años. Reducir la volatilidad de los donatarios permitiría a los países de bajos ingresos planear proyectos de largo plazo. También suavizaría las preocupaciones sobre la inestabilidad macroeconómica asociada con el “hoy sí, mañana no” gasto en recursos humanos.
En 2006-2007 ActionAid Internacional EUA desarrollará una capacitación sobre alfabetización económica y un proyecto de activismo para atender muchas de estas cuestiones. El proyecto promoverá que los que hacen seguimiento de presupuestos y los activistas de las sociedad civil desarrollen mejores relaciones de trabajo con economistas y aumenten sus conocimientos en economía a fin de estar mejor preparados para discutir con legisladores y ministros de finanzas.
Para mayor información sobre este proyecto en Estados Unidos y sobre los programas nacionales de ActionAid, contactar a Rick Rowden [email protected] (después del 7 de agosto) y a Nisha Thapliyal [email protected].
Para una breve revisión sobre este problema, ver el ejemplar de Primavera 2006 “Policies and Priorities” por ActionAid Internacional EUA.
Reporte del taller: análisis presupuestario y derechos económicos, sociales y culturales en Tailandia
Del 13 -20 de mayo se llevó a cabo en Chiang Mai, Tailandia un taller organizado por “Beyond the Circle Network” (India) y el Instituto Asiático de Derechos Humanos “Asian Institute for Human Rights” sobre derechos económicos sociales y culturales (DESC) para activistas en derechos humanos y desarrollo. El taller buscaba ayudar a los participantes a comprender y aplicar el marco de DESC en sus programas, identificar el marco conceptual y normativo para la implementación de los DESC y discutir algunos derechos específicos, tales como el derecho a la comida y a la vivienda. El taller también examinó el uso del análisis presupuestario como una herramienta de implementación de los DESC.
Entre los participantes se encontraron personas provenientes de 15 países: Afganistán, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Palestina, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Timor Leste y Vietnam.
Las sesiones de análisis presupuestario ofrecieron una introducción al presupuesto y sus componentes, las distintas fases del proceso presupuestario y oportunidades de incidencia en cada etapa. Los participantes también aprendieron y utilizaron herramientas cuantitativas para en análisis presupuestario aplicado.
Muchos participantes eran nuevos al análisis presupuestario. Varios comentaron que ahora se dan cuenta de cómo el análisis presupuestario puede fortalecer su activismo. Varios también comentaron que mientras los activistas de derechos humanos piensan que los presupuestos sólo son comprensibles para los expertos, el taller ayudó a corregir esa percepción.
El taller también ofreció una oportunidad para compartir la experiencia de la India y discutir los retos del activismo de los DESC a nivel regional y aprender sobre las experiencias de otros países para construir una red más amplia que apoye a los grupos que realizan este trabajo.
Para mayor información, contactar al Instituto Asiático de Derechos Humanos “Asian Institute for Human Rights” [email protected].
Nueva publicación: “El Caso Provida” – Cuentas pendientes en la transparencia y la justicia, narra el fraude realizado con fondos asignados para tratamientos de VIH/SIDA
Seis organizaciones de la sociedad civil mexicana: Fundar, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Letra S: Salud, Sexualidad, Sida y Salud Integral para la Mujer (Sipam) lanzaron la publicación “El Caso Provida” – Cuentas pendientes en la transparencia y la justicia” (disponible en español), en donde se narra la extraordinaria investigación y esfuerzos de incidencia por poner al descubierto el escándalo que involucró a la organización conservadora Provida y al gobierno mexicano
Provida ocupó los encabezados tras recibir 30 millones de pesos del gobierno sin haber concursado entre otras organizaciones de la sociedad. Este dinero se había etiquetado originalmente para ayudar a mujeres infectadas con VIH/SIDA y a la compra de tratamientos anti-retrovirales. No obstante, el presidente de la comisión del presupuesto en el Congreso unilateralmente asignó fondos a Provida, organización que aceptara el dinero para gastarlo en publicidad y otros artículos de lujo que nada tienen que ver con salud. Además, las posturas ultra-conservadoras de Provida contradicen la legislación y esfuerzos del gobierno por promover la educación sexual y sobre el aborto.
La publicación sintetiza la investigación de tres años para comprender los límites de la rendición de cuentas en México, os vacíos legales que deben de corregirse para prevenir el uso discrecional de fondos públicos y la versátil campaña de incidencia y uso de los medios para hacer que el gobierno se responsabilizara de sus actos. Esta publicación busca ayudar a otras organizaciones, en particular a organizaciones de la sociedad civil a ver el impacto e importancia de combinar la investigación con la incidencia social.
Nuevos materiales en la biblioteca del IBP
“Analyzing the UN Tsunami Relief Fund Expenditure Tracking Database: Can the UN be more transparent?”
Por Vivek Ramkumar/International Budget Partnership
Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio respuesta al tsunami del 2004 del sur y sureste de Asia, por primera vez se creó una base de datos para darle seguimiento al gasto entre países, sectores y agencias de asistencia. La base de datos busca que aquellos interesados puedan aprender como están siendo dirigidos los esfuerzos de asistencia de la ONU y la rapidez con la que son gastados. El IBP ha estudiado esta base de datos y encuentra que contiene información muy útil que provoca una serie de cuestionamientos importantes sobre el gasto de asistencia de la ONU, pero la forma y contenido de la base de datos no permiten un análisis detallado de estas cuestiones.
“Parliament Digest – Bridging the Gap between Parliament and People, Budget Session 2005“
Por Amitabh Behar, Sunila Sihng, and Prakash Gardia (Editors)/The National Center for Advocacy Studies (NCAS)
Este análisis detallado de la sesión del presupuesto de la India 2005 argumenta que el boicot de la oposición a la sesión perjudicó la habilidad del Parlamento para representar los intereses de la género en los debates presupuestarios. Como resultado, el presupuesto 2005 fue aprobado sin una discusión apropiada. El reporte examina cuestiones de género, castas, minorías, gobernabilidad, comida y seguridad, indicadores de desarrollo social, agricultura, trabajo y recursos naturales. El reporte busca reducir la brecha de información entre el Parlamento y la gente que ofrece recursos que ayudarán a la gente a participar en las decisiones del gobierno.
“Regional-Local Dimension of Russia’s Fiscal Equalization”
Por Jorge Martínez-Vázquez and Andrey Timofeev/Andrew Young School of Policy Studies, George State University
En vista de que el gobierno ruso se comprometió a ofrecer a todos los ciudadanos el mismo acceso a servicios públicos sin importar en dónde viven, este trabajo examina alrededor de 2,000 gobiernos locales para evaluar y explicar las diferencias en los recursos públicos disponibles entre y dentro de las regiones. Se busca evaluar la calidad y accesibilidad de servicios locales y explicar si las políticas adoptadas por los gobiernos regionales refuerzan o no los esfuerzos del gobierno central respecto a la equidad fiscal. Los autores concluyen que las amplias variaciones en el ingreso per cápita entre los gobiernos locales de Rusia reflejan disparidades dentro de las regiones más que entre ellas.
“Is VAT the Best Way t Impose a General Consumption Tax in Developing Countries?”
Por Richard M. Bird and Pierre-Pascal Gordon/Andrew Young School of Policy Studies, George State University
Este trabajo examina el sistema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ucrania y Jamaica en términos de la productividad, la equidad y el desarrollo económico del ingreso. Los autores examinan cuestiones tales como si el IVA en la mayoría de los países en vías de desarrollo está diseñado e implementado lo mejor posible; si todos los “buenos” impuestos siguen el mismo esquema; si cada país puede administrar el IVA suficientemente bien para hacer que el impuesto valga la pena; si el IVA es siempre la mejor respuesta a los problemas de recaudación causados por la liberalización comercial en muchos países en vías de desarrollo. Los autores concluyen que el IVA es una opción recomendable en la mayoría de los países en vías de desarrollo, aunque esto no quiere decir que impuestos existentes sean necesariamente los mejores dadas las particularidades nacionales.
by soapbox | May 1, 2006
by soapbox | May 1, 2006
Quel est l’impact du travail budgétaire de la société civile? Un nouvel ensemble d’études de cas fournit des preuves de l’impact au Brésil, en Croatie, en Inde, au Mexique, en Afrique du Sud, et en Ouganda
Introduction
Au cours de l’année dernière, l’IBP et l’Institut Études sur le Développement (IDS) à l’Université de Sussex ont travaillé conjointement pour produire des études de cas en profondeur sur six groupes budgétaires établis. L’objectif de l’exercice était de connaître spécifiquement l’impact du travail budgétaire soutenu sur la bonne gouvernance et la réduction de la pauvreté. Alors que le travail budgétaire s’est étendu de façon importante en Afrique; en Asie et en Amérique latine sur les dix dernières années, aucun matériel sur l’impact social de ce travail n’a été systématiquement rassemblé. L’ensemble d’études de cas auquel nous nous référons dans ce bulletin est la première initiative visant à combler ce manque dans nos connaissances.
La recherche se fonde sur des études de cas d’organisations budgétaires indépendantes au Brésil, en Croatie, en Inde, au Mexique, en Afrique du Sud et en Ouganda, qui se sont engagées dans l’analyse et le militantisme budgétaires pour une période de cinq à dix ans. L’ensemble d’organisations est volontairement large et inclut des ONG de développement, des réseaux et des mouvements sociaux, et des centres de recherche. Malgré les différences de perspectives et organisationnelles, toutes les organisations ont en commun leur compromis pour la justice sociale et les droits des pauvres, et pour l’utilisation la plus efficace possible des ressources publiques. L’approche du travail budgétaire de chacune de ces organisations est conçue par ces principes normatifs. Pour la plupart de ces organisations, le travail budgétaire représente seulement une partie de l’ensemble de leurs activités, et dans certains cas elles ont créé des unités spéciales afin de remplir cette tâche.
Situé dans l’État indien de Gujarat; DISHA est un mouvement social fondé sur les unions de tribus, et sur les travailleurs qui ont développé le travail budgétaire comme un moyen d’appuyer leurs requêtes pour leurs droits au travail et à la terre. A l’opposé, l’Institut sur les finances publiques en Croatie est un centre de recherche financé par l’État qui analyse tout une série de questions liées aux politiques publiques. IDASA en Afrique du Sud est une ONG leader qui a établi un Service d’informations budgétaires en 1995 afin de coordonner son travail d’analyse budgétaire avec un accent sur les femmes, les enfants et le VIH/SIDA. De façon similaire, Fundar au Mexique et IBASE au Brésil sont des ONG engagées dans le projet plus vaste de la démocratisation de leurs pays respectifs. The Uganda Debt Network est une ONG qui a émergé d’une coalition travaillant sur la dette et la réduction de la pauvreté.
Les six organisations travaillent toutes sur des aspects différents de la budgétisation publique. Les principales activités sur le processus budgétaire incluent le travail pour promouvoir la mise à disposition des informations budgétaires, la transparence budgétaire, et l’élargissement de la participation sociétale. Toutes organisent des formations pour promouvoir la prise de conscience et la compréhension des budgets publics au sein des législateurs, des ONG et des groupes de citoyens. Plusieurs organisations travaillent afin d’améliorer les allocations budgétaires et les résultats à travers un militantisme destiné à influencer les priorités budgétaires (les allocations entre et à l’intérieur des principales catégories de dépenses), la qualité de l’implantation (l’objectif des dépenses et la proportion de l’allocation effectivement dépensée), et l’utilisation des dépenses (dans quelle mesure les allocations budgétaires se traduisent par des résultats physiques, et la réalisation et l’efficacité des dépenses).
La recherche s’est basée sur une combinaison de méthodes et de sources de données pour établir la preuve de l’impact. Pour la recherche de l’impact sur les priorités budgétaires la recherche a utilisé des données budgétaires officielles rassemblées et synthétisées par des groupes budgétaires de façon à établir les tendances dans les dépenses du gouvernement pour le bien-être social, l’éducation et la santé, en tant que catégories de dépenses les plus importantes pour les plus démunis. Les données sur l’utilisation du budget fournissent des preuves sur l’implantation, tandis que la vérification physique des investissements effectuée par les groupes budgétaires fut la principale source d’information pour mesurer les résultats des dépenses. Le plus grand défi a été d’établir les causes de tous les changements observés dans les allocations budgétaires, la qualité de l’implantation et des résultats et de les relier aux activités des groupes budgétaires indépendamment d’autres facteurs tels que les interventions d’autres acteurs ou de tendances économiques plus larges.
Pour prouver l’impact des groupes sur le processus budgétaire la recherche s’est fondée d’abord sur des données qualitatives rassemblées à partir d’entretiens très informatifs avec des hommes politiques, des fonctionnaires gouvernementaux et des représentants des organisations de la société civile. Des entretiens qualitatifs et des discussions avec des groupes ciblés ont été la principale méthode utilisée pour déterminer l’impact des formations et des efforts afin d’élargir la participation, tout spécialement quand les informations obtenues à partir de différents acteurs ont permis de corroborer les résultats. D’autres preuves ont été fournies par les lois et les procédures concernant la transparence budgétaire, en particulier quand les changements peuvent être reliés avec une certaine certitude aux activités de ces groupes. Une documentation secondaire et des rapports publiés par les médias ont été utilisés pour compléter les données des entretiens.
Des visites de terrain d’une durée de 10 à 15 jours ont été entreprises par des pairs de chercheurs, dans chaque cas un membre de l’équipe de l’IBP/IDS, avec un expert budgétaire de la société civile d’un autre groupe budgétaire. Les études de cas ont permis de se documenter sur la grande diversité d’activités entreprises par les groupes budgétaires, avec une attention particulière portée aux interventions centrées sur l’analyse et la diffusion de données, la formation, les efforts de pression pour influencer les politiques budgétaires et la transparence du processus budgétaire, et le suivi des dépenses. L’intention de la recherche était d’établir quels ont été les impacts pour ces champs d’activité et de développer des explications sur ces impacts observés, afin de produire des leçons plus larges à partir de groupes opérant dans différents contextes institutionnels et politiques.
Les résultats issus de ces études de cas ont mené à une série de conclusions sur l’impact du travail budgétaire appliqué. Les impacts ont été généralement de deux types: les changements dans la politique budgétaire, et les changements au sein du processus budgétaire. La recherche a dévoilé que les impacts les plus significatifs réalisés par des groupes budgétaires indépendants ont été d’améliorer la transparence budgétaire, la prise de conscience et l’engagement de la société civile d’une part, et de garantir des ressources budgétaires pour des programmes déjà existants et d’améliorer leur utilisation d’autre part.
Toutes les organisations de l’étude de cas ont joué un rôle significatif dans l’amélioration de la quantité et de la qualité des informations budgétaires opportunes mises à la disposition du public. Ces efforts sont souvent l’unique source fiable d’informations sur l’impact du budget sur les plus démunis et contribuent par conséquent à garantir une surveillance effective au cours du processus budgétaire. Le travail de diffusion des groupes de l’étude de cas, conjointement aux formations, a considérablement étendu les connaissances budgétaires et l’engagement d’une partie de la société civile, des médias et des députés au sein du processus budgétaire. Un message important est issu de ce travail: la société civile peut participer de manière efficace au processus budgétaire, et garantir la participation des députés et d’autres acteurs dans la consolidation de la surveillance budgétaire.
Les résultats de l’étude de cas fournissent également des preuves que les analyses effectuées par les groupes budgétaires indépendants peuvent directement conduire à des améliorations positives dans les politiques budgétaires. Les impacts rapportés prennent la forme d’une augmentation des ressources budgétaires destinées à la santé reproductive au Mexique, de fonds de soutien à l’enfance en Afrique du Sud, et de dépenses pour le développement des communautés au Gujarat, en Inde. Ces précédents importants montrent combien le militantisme budgétaire a le pouvoir d’influencer les décisions pour introduire de nouveaux programmes et consacrer des ressources financières additionnelles pour les programmes qui ont déjà reçu une sanction législative.
Les résultats de l’étude de cas seront explorés plus en profondeur dans trois prochains documents publiés au cours des prochains mois: une synthèse sera rédigée pour les personnes concernées par le travail budgétaire; un autre document sera élaboré pour un public universitaire; et une courte présentation sera écrite pour les donateurs. Chacun de ces documents sera publié dans ce bulletin et sur le site Internet de l’IBP (www.internationalbudget.org) où les études de cas seront disponibles dans leur intégralité.
Le travail budgétaire et la construction de la démocratie: le cas de IBASE au Brésil
IBASE est une ONG brésilienne dont le travail consiste à promouvoir les droits de l’homme et la responsabilisation gouvernementale. La mission de l’organisation est de contribuer à une société démocratique où la liberté, la participation, et la diversité s’épanouissent. IBASE considère donc son travail sur des questions budgétaires comme un instrument de la construction démocratique, en s’efforçant notamment de mettre à la disposition de la société civile dans son ensemble des informations budgétaires et des analyses pour renforcer la défense de la justice sociale. IBASE ne développe pas d’efforts analytiques particuliers pour influencer elle-même la politique gouvernementale; ses efforts sont entièrement consacrés à fournir les compétences et les informations nécessaires pour permettre un militantisme budgétaire de la société civile.
Le travail budgétaire représente une partie relativement limitée des activités d’IBASE. Sur les 50 membres de l’équipe d’IBASE, cinq travaillent sur les questions budgétaires. Des huit champs d’activités définis en 2005, deux sont directement liés au travail budgétaire: l’observation de la participation de la société civile durant le gouvernement actuel du Président Luiz Ignacio Lula da Silva et la surveillance des politiques publiques à travers l’éducation et l’information budgétaires.
En accord avec sa mission, le travail budgétaire de IBASE a pour but de faire croître l’importance de certaines questions sur l’agenda public, de garantir la capacité d’autres acteurs de la société civile pour participer aux débats de finance publique, et de promouvoir l’accès du public à l’information. Comme les auteurs de l’étude de cas le concluent: «l’approche du travail budgétaire de IBASE consiste à mettre dans les mains des citoyens des informations budgétaires basiques, en partant de l’idée qu’en naîtra un pouvoir d’influence de la société civile». Beaucoup témoignent que le travail participatif et éducationnel de long terme sur les budgets effectué par IBASE a permis de développer la prise de conscience, de catalyser les efforts militants de la société civile, et de relier les groupes en un seul réseau – en commençant par l’État de Rio de Janeiro puis en s’étendant à travers le Brésil.
La recherche et les bulletins d’IBASE ont aidé à augmenter directement le niveau de transparence budgétaire au Brésil. Mais leur impact premier est de permettre à d’autres acteurs de se former pour intervenir. A travers un programme d’éducation des journalistes, IBASE a directement favorisé le traitement des questions financières et budgétaires par les médias. L’organisation a également développé la prise de conscience et la participation des citoyens et des législateurs aux niveaux local et national à travers la diffusion de ses bulletins et d’autres ressources en langues populaires. Ses efforts d’enseignement incluent une formation sur la surveillance budgétaire destinée aux citoyens en général, et la préparation de «leaders sociaux» pour le travail de militantisme. Les deux programmes ont été développés au début dans l’État de Rio de Janeiro, mais ont été ensuite étendus substantiellement à travers un programme innovant d’apprentissage à distance via Internet.
Comme l’engagement de IBASE dans le travail budgétaire s’approfondit, ils seront confrontés à différents défis, dont celui de trouver les moyens d’intégrer l’analyse budgétaire dans le projet et le travail militant du reste de l’organisation, celui de traduire les larges efforts de formation des citoyens par la direction de campagnes efficaces sur des questions budgétaires, celui d’orienter les objectifs de l’organisation vers les niveaux exécutifs du gouvernement, et celui de développer son travail de recherche pour inclure les impôts, les revenus, et l’efficacité des dépenses publiques.
La Croatie et l’Institut sur les finances publiques: le travail budgétaire dans une démocratie en transition
L’Institut sur les finances publiques, une ONG basée à Zagreb, en Croatie, entreprend des recherches et analyses sur les finances publiques afin d’améliorer les politiques publiques nationales et l’efficacité et effectivité du processus budgétaire. Fondé à l’Université de Zagreb en 1970, l’IPF fait partie d’un groupe de 24 instituts de recherche financés et établis par l’État. L’IPF se décrit comme une institution «publique sans but lucratif». L’organisation de l’IPF se fonde sur une petite équipe d’environ 16 membres permanents – neuf chercheurs et sept administrateurs – qui soutient et gère un large réseau d’universitaires associés. L’IPF travaille avec environ 50 collaborateurs, la plupart du milieu universitaire, qui contribuent à son travail analytique.
L’objectif principal de l’IPF est de produire et diffuser une recherche de haute qualité sur des questions de finance publique, ce qui fait partie d’une stratégie de long terme pour améliorer l’éducation publique sur les finances publiques et la qualité de la prise de décision en matière de finances publiques en Croatie. Un certain nombre d’outils de diffusion sont utilisés pour la distribution de sa recherche, dont un bulletin pour le public en général, un journal universitaire, et une page Internet. L’IPF développe la conscientisation de la société civile et des législateurs à travers des tables rondes, des lectures, un vaste réseau de conseils informels, et le soutien des journalistes – efforts soutenus par des matériaux écrits dans un langage accessible et les efforts maintenus de l’IPF pour s’assurer du traitement de ces questions par la presse. En plus de sa relation importante avec les médias, l’IPF joue également un rôle de conseiller auprès des membres du parlement et du gouvernement. Sur des questions telles que la «flat tax» proposée en Croatie, l’Institut développe et défend une position, à travers la presse, des séminaires, des livres, et des conseils formels et informels à un certain nombre de décideurs politiques.
Le haut niveau intellectuel de l’IPF, centre de recherche indépendant en Croatie, a joué un rôle essentiel dans le développement de sa capacité à atteindre et informer les décideurs et les hommes politiques. Le travail de l’IPF a eu un impact démonstratif sur la manière de penser de l’élite intellectuelle qui traite les questions de finance publique en Croatie, elle a perçu l’IPF comme une source clé d’information, à la fois de façons formelle et informelle. Du fait de la formulation budgétaire et du système gouvernemental en Croatie, il est possible que l’IPF influence davantage sur le long terme la manière de penser les questions financières importantes, plus qu’il n’influence le budget actuel et l’agenda politique. L’IPF concentre par conséquent sa recherche sur une série de thèmes – par exemple, la réforme fiscale, la décentralisation, la disponibilité et la transparence des données – qui établissent le cadre à long terme pour la politique publique nationale de finances publiques.
Les défis stratégiques à venir de l’IPF incluent le développement de secondes couches de direction et la durabilité de l’équipe sur le long terme; la recherche de méthodes pour approfondir ses efforts militants sur certaines questions; et la création d’opportunités pour le militantisme citoyen concernant les questions budgétaires qui permettent d’augmenter le niveau de capacité analytique de la société civile.
Analyse budgétaire et activisme social: le cas de DISHA au Gujarat, Inde
Situé dans l’État indien de l’Est du Gujarat, DISHA est un mouvement social fondé sur des syndicats de tribus et de travailleurs qui ont développé le travail budgétaire comme un moyen de soutenir leurs requêtes pour des droits à la terre et au travail. Ayant évolué en une ONG importante, DISHA s’est engagé dans l’analyse budgétaire et le travail militant tout d’abord dans la ceinture tribale de l’Est de l’Inde. L’organisation emploie une équipe de 140 membres, la plupart d’entre eux se trouvant sur le terrain travaillant directement avec différentes tribus et organisations. Mesurer l’efficacité du travail de DISHA sur les budgets requière de prendre en compte le contexte politique et bureaucratique très difficile dans lequel il opère.
DISHA fournit la seule source d’informations budgétaires dans l’État, et est reconnu pour préparer en temps voulu et avec pertinence les données budgétaires destinées à l’utilisation par les législateurs et les médias – dans un environnement où le manque de législation permettant l’accès à l’information et le refus du gouvernement de publier les données budgétaires limitent la transparence. Les chiffres budgétaires donnés par DISHA aux médias sont largement reconnus comme une contribution essentielle dans ce contexte. DISHA cherche à guider le débat budgétaire en mettant en lumière les besoins des catégories prioritaires – particulièrement le développement agricole, les secteurs sociaux et les affaires tribales – et à assurer les allocations budgétaires pour ces domaines source de préoccupations. En plus d’améliorer la transparence et la responsabilisation, DISHA surveille l’efficacité de l’implantation budgétaire dans les champs prioritaires des questions tribales, de la santé, et de l’éducation, en suivant les dépenses des gouvernements locaux et en jouant le rôle de pont entre les autorités locales et étatiques.
Parallèlement à cet impact significatif sur la prise de conscience de l’importance des questions budgétaires et sur la transparence, le principal impact de DISHA est lié à son rôle dans la surveillance des engagements budgétaires pour les programmes destinés aux pauvres et aux investissements au niveau local, et le signalement des réductions dans les dépenses gouvernementales. Ses efforts ont contribué à l’élévation du niveau d’implantation d’une ligne budgétaire étatique conçue pour le développement socioéconomique des tribus – de 20% de dépenses non effectués sur le budget 1993 à la dépense extra de 20% en 1996, maintenant un niveau d’implantation par la suite.
Alors qu’il progresse, DISHA est confronté à un défi central: comment promouvoir le travail budgétaire au sein d’un plus large groupe de partenaires et comment utiliser cette coalition pour encourager le pouvoir exécutif à fournir un bien meilleur accès à l’information budgétaire. Pour faire cela de façon efficace, DISHA essaie d’employer les dernières technologies dans ses efforts d’analyse et de diffusion, et de construire des relations directement avec les responsables gouvernementaux du budget.
L’histoire de Fundar au Mexique
Fundar – Centre de recherche et d’analyse – une ONG basée à Mexico, se consacre à la surveillance des fonds publics, en adoptant l’optique de la démocratisation. L’organisation a été fondée en 1999, un an avant l’élection d’un gouvernement d’opposition aux présidentielles mexicaines pour la première fois en 71 ans. Fundar a acquis un rôle unique dans une société civile émergeante, en tant qu’organisation professionnelle, fondée sur la recherche, avec un mandat pour participer aux débats sur la justice sociale depuis la perspective du travail budgétaire appliqué. L’organisation travaille sur la transparence, les droits de l’homme et la gouvernance, et la capacitation des citoyens en coordination avec des alliances d’autres organisations de la société civile. Fundar a précisé son travail budgétaire pour se concentre autour de deux grands domaines – les budgets et les politiques publiques, et les droits de l’homme et la gouvernance, avec des programmes transversaux portant sur des questions législatives, la transparence, et le pouvoir local. Les 31 membres de l’équipe de Fundar sont relativement jeunes, et développent souvent leur capacité pour la recherche budgétaire sur le tas; bien que l’organisation travaille également avec des experts quand cela est nécessaire.
L’importante contribution de Fundar au processus budgétaire au Mexique inclut la simplification et la diffusion des informations budgétaires, la promotion de la transparence budgétaire, et la formation et la conscientisation concernant les questions budgétaires parmi d’autres organisations de la société civile. Les initiatives de capacitation de Fundar au Mexique et à travers l’Amérique latine, sous la forme d’ateliers et de formations pour les médias, les ONG, les journalistes, et les législateurs, ont contribué à élargir la compréhension des questions budgétaires dans le but de fomenter des campagnes militantes. Les efforts de Fundar pour que progresse la transparence ont convaincu le gouvernement mexicain de publier des données budgétaires officielles sur Internet. L’impact le plus important du travail de surveillance budgétaire mené par Fundar consiste en l’amélioration de la qualité du débat public et de l’accès des législateurs et des organisations de la société civile à l’information budgétaire.
Le travail de Fundar a également directement conduit à des augmentations dans l’allocation budgétaire, grâce à son travail d’analyse et militante. A travers ses efforts d’analyse et de construction d’une coalition, Fundar a influencé les programmes du gouvernement pour combattre la mortalité maternelle et a fait pression pour que soient délivrés des fonds additionnels consacrés à la prévention de la mortalité maternelle et du VIH/SIDA. En 2003, le travail de Fundar a mené à la multiplication par dix de l’allocation budgétaire destinée à un programme visant à réduire la mortalité maternelle par la distribution de soins de santé d’urgence. Cela représentait une augmentation supplémentaire de l’ordre de 50 millions de dollars pour un programme qui bénéficierait directement aux femmes enceintes, et spécialement celles issues des communautés indigènes et plus pauvres.
Les succès de Fundar, qui occupe désormais un espace respecté dans le contexte politique national et qui fournit des informations utiles et des analyses vérifiées aux décideurs politiques, servent d’exemples aux autres organisations. Les principaux défis auxquels l’organisation sera confrontée ces prochaines années incluent le fait de décider si elle doit augmenter son travail aux niveaux gouvernementaux local et étatique au Mexique. Fundar aura également besoin d’une approche adaptée à un environnement politique changeant, les deux candidats de l’élection actuelle promettant des changements significatifs dans les priorités et la gouvernance.
L’expérience de l’IDASA avec le travail budgétaire appliqué en Afrique du Sud
L’Institut pour la démocratie en Afrique du Sud (IDASA) est une ONG soutenant la consolidation de la démocratie en Afrique du Sud, en participant à la construction de la société civile et des institutions de gouvernance. Le Service des informations budgétaires (BIS) – un programme essentiel au sein de l’IDASA fondé sur l’idée d’assurer «des budgets pour les pauvres» – a été fondé en 1995 à fin de fournir des informations opportunes et accessibles sur l’impact du budget sur les pauvres en Afrique du Sud. La mission du BIS pour 2005-2007 est de défendre « la démocratie durable, la réduction de la pauvreté, l’équité et la réalisation des droits de l’homme à travers ses activités de recherche et de formation… » Le BIS est divisé en différentes unités: l’unité du budget pour l’enfance, l’unité du budget pour les femmes, l’unité du budget pour le SIDA, l’unité du budget sectoriel (qui couvre les budgets de la santé, du bien-être, et de l’éducation), et l’unité du budget africain. Au moment de l’étude de cas, le BIS comptait environ 22 membres.
Les efforts du BIS pour lutter contre la pauvreté et faire prendre conscience au public de l’importance du budget ont pris la forme de budgets bien établis et de modèles d’activisme en Afrique du Sud et dans le monde. Par la voie de la «diplomatie tranquille» consistant en la construction d’un savoir technique et en la production d’une recherche fiable, le BIS a permis de faire progresser la responsabilisation du gouvernement pour l’utilisation des budgets publics. Pour parvenir à ce résultat, chaque unité du BIS a formé des partenariats stratégiques avec des mouvements sociaux, dans le but d’augmenter son efficacité, et un certain nombre d’unités ont utilisé ces réseaux pour former au travail budgétaire dans d’autres organisations de la société civile. Le BIS a également construit des relations solides avec des fonctionnaires gouvernementaux qui dépendent désormais de son analyse fiable et indépendante.
Le BIS a eu un impact significatif sur l’augmentation de la quantité et de la qualité des informations budgétaires mises à la disposition de toutes les personnes concernées en Afrique du Sud, mais particulièrement de la société civile, des législateurs et des médias. Il a également joué un rôle majeur dans la conscientisation et l’augmentation du nombre de personnes formées pour le travail budgétaire en Afrique subsaharienne.
L’impact du BIS s’étend également à sa capacité à contribuer aux changements des effets des allocations budgétaires et des dépenses dans différents secteurs et différentes localités. L’unité du budget pour le SIDA a contribué à l’augmentation des dépenses aux niveaux national et provincial pour les médicaments antirétroviraux, et à celle des fonds destinés au traitement contre l’épidémie du VIH/SIDA. L’unité du budget pour l’enfance a participé à la campagne pour assurer l’accès des enfants aux bénéfices de la sécurité sociale, patronnée par l’Alliance pour le droit des enfants à la sécurité sociale. Cet effort s’est basé sur les informations budgétaires fournies par l’Unité du budget pour l’enfance et a conduit avec succès à une augmentation des ressources budgétaires originellement destinées au Fond de soutien à l’enfance et à une baisse de l’âge requis à 14 ans. Le niveau de ce fond a depuis suivi l’évolution de l’inflation, en partie grâce au travail de surveillance et de défense en cours entrepris par le BIS et ses alliés.
Les défis auxquels est actuellement confronté le BIS auront une résonance pour beaucoup de groupes budgétaires établis. La relation entre le BIS et le plus large IDASA est un des principaux défis, particulièrement pour ce qui concerne la question de la redéfinition des groupes budgétaires au fil du temps afin qu’ils demeurent pertinents pour remplir la mission changeante de l’organisation parente et du contexte local. Un second défi concerne la relation entre les unités de projet individuel au sein d’une organisation budgétaire. Le BIS a été confronté au problème commun de gérer à la fois le besoin de se spécialiser dans un secteur du travail budgétaire, et simultanément celui de trouver le moyen d’administrer et de maintenir sa cohérence et sa mission d’ensemble.
La surveillance budgétaire comme un instrument pour l’activisme: l’étude de cas du Uganda Debt Network
The «Uganda Debt Network» est une ONG qui utilise la combinaison entre la recherche et l’activisme pour entreprendre des campagnes visant à améliorer la gouvernance et à réduire la pauvreté en Ouganda. La mission de l’organisation reflète son engagement: «Lutter pour des niveaux réduits et soutenables de la dette, pour la responsabilisation, et l’utilisation efficace des ressources nationales pour le bénéfice de l’ensemble du peuple d’Ouganda». UDN est né en 1996 comme une coalition d’organisations de militantisme et de pression pour coordonner la campagne ougandaise pour la réduction de la dette des pays en situation d’extrême pauvreté. En utilisant les réseaux de communauté et l’adhésion croissante qu’il a générée lors de la campagne sur la dette, UDN s’est construit une réputation solide pour relier les activités de surveillance du budget local avec les processus de politique publique au niveau national. UDN inclut désormais 100 organisations et emploie environ 16 chercheurs.
Le travail budgétaire d’UDN se concentre sur la surveillance de l’implantation de la surveillance budgétaire aux niveaux locaux du gouvernement (35 contés dans 7 districts) en Ouganda et sur le développement d’une prise de conscience de l’importance des questions budgétaires à travers le pays. L’organisation produit un certain nombre de publications qui sont largement distribuées aux décideurs politiques et aux citoyens, et dispose également d’un espace au sein d’un journal national envoyé à 40 000 foyers. UDN s’efforce de trouver un écho au niveau national pour les résultats du travail des comités de surveillance communautaire qu’il a initié en 2002 – des groupes de citoyens ont été formés pour vigiler les problèmes dans l’implantation des projets de développement aux niveaux locaux. La surveillance communautaire rapporte les cas problématiques aux autorités locales pour assurer le choix d’une action appropriée et d’allocations de ressources en accord avec les provisions budgétaires. En utilisant cette méthodologie, UDN a réussi à transmettre les résultats de la surveillance aux autorités nationales pour qu’ils soient rectifiés.
L’impact d’UDN émerge dans le rôle de coordination qu’il joue en fournissant au gouvernement les apports de la société civile dans un certain nombre de domaines politiques. Le vaste réseau de relations de l’organisation parmi les partenaires lui a permis d’utiliser différents canaux pour faire pression sur certaines questions, particulièrement la corruption et les dépenses de santé et d’éducation. Des observateurs ont commenté la qualité et le caractère opportun de la recherche socioéconomique et de l’analyse en matière de politique publique d’UDN; et la nature sérieuse des déclarations d’UDN en matière de politique publique du fait de la récollection et publication de preuves et informations tangibles, dignes de confiance.
Grâce aux résultats de la surveillance, UDN a contribué à améliorer la qualité des dépenses du gouvernement et de la dépense consacrée à la distribution de services. Les campagnes d’UDN ont, par exemple, éliminé les restrictions en médicaments de certains hôpitaux ruraux, mené à des améliorations de la qualité des matériaux de construction scolaire, et diminué l’absentéisme des enseignants. Dans un grand nombre de cas, la surveillance d’UDN a également permis d’identifier et de diminuer la corruption.
Les expériences d’UDN sont autant de leçons pour les groupes budgétaires. En particulier la capacité de l’organisation à créer une niche pour influencer elle-même la politique nationale, en utilisant des surveillances locales, sert de leçon pour les autres organisations travaillant dans des pays victimes de la corruption et essayant d’améliorer simultanément la distribution de services et la décentralisation. Les plus grands défis auxquels est confronté UDN sont à la fois internes et externes. Sur le plan interne, UDN cherche des options pour former et remplacer la direction pionnière qui a fondé l’organisation alors que sur un plan externe l’organisation est menacée par un règlement actuellement présenté au parlement restreignant les droits des ONG en Ouganda.
Nouvelle d’Afrique: la société civile répond aux budgets récents au Kenya, au Malawi, en Tanzanie, et en Ouganda
Le budget 2006/2007 du Kenya, Institut des affaires économiques
Le 15 juin 2006, le ministre des finances à publié le budget kenyan 2006-2007, « Cadres pour le futur, la construction de blocs ». Presque 46% du budget, ou 253 milliards de Kshs., sont destinés aux secteurs clés tels que l’éducation (18%), les finances (9%), les routes et les travaux publics (8%), la santé (6%) et la défense (5%). Presque 19% iront à la dette nationale. Le reste du budget est alloué au paiement des pensions, des factures restantes et des salaires.
Alors que la croissance du PIB a atteint l’année dernière au Kenya 5.8%, il est important de comprendre les politiques publiques qui ont conduit à cette croissance, étant donné que les revenus personnels ou individuels ont seulement augmenté de 2.6%. Il est difficile de savoir si les niveaux de pauvreté ont augmenté ou diminué puisque les derniers chiffres disponibles se fondent sur un seuil de pauvreté établi en 1997, et évalue le taux de pauvreté à 53% (Geographic Dimensions of Well-Being, Central Bureau of Statistics, 2000). La société civile a fait part de ses préoccupations concernant le fait que la croissance puisse s’établir seulement dans des secteurs qui ne sont pas liés directement aux pauvres.
L’Institut des affaires économiques (IEA), un forum civique qui organise des audiences pré-budgétaires chaque année, fournit aux citoyens kenyans un moyen de soumettre leurs propositions pour le budget. (Voir: http://www.ieakenya.or.ke.) Cette année, l’IEA a reçu plusieurs présentations et propositions élaborées par des représentants sectoriels et par le public en général à Nairobi, et à travers des partenaires de cinq districts différents. En s’appuyant sur les questions émergeant lors des audiences et sur la consultation avec des partenaires du secteur, l’IEA a fait de cette compilation un Budget citoyen alternatif pour 2006-2007 qui offre des propositions alternatives pour un grand nombre de problèmes auxquels le Kenya est confronté. Voir: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Alternative-Budget-2006-2007.pdf.
Le ministre du Kenya a déclaré qu’il prévoyait une diminution à 5% de l’inflation d’ici la fin de l’année fiscale en cours. Porter l’inflation de 13% à 5% est probablement ambitieux étant donné le caractère imprévisible des conditions météorologiques et des pressions inflationnistes du nouvel impôt sur les carburants. Il se peut que cela soit exacerbé par l’emprunt interne et l’augmentation de 10% de la circulation monétaire prévue par le ministre. D’après le Budget citoyen alternatif pour 2006-2007, toute augmentation fiscale sur les produits pétroliers sera transférée sur les commerces, et enfin, sur les consommateurs.
Étant donné la dépendance du Kenya aux revenus fiscaux, l’IEA a proposé que le gouvernement effectue des audits fiscaux aléatoires sur les entreprises et les personnes pour favoriser l’obéissance fiscale, développer des politiques fiscales plus cohérentes qui génèrent des revenus, et permettre la formulation de conseils adaptés pour des politiques publiques qui promeuvent la croissance, et reconnaissent la relation entre les mesures fiscales et l’égalité des sexes, le bien-être, et le développement. L’IEA a également proposé de développer des mécanismes innovateurs pour augmenter les revenus grâce aux taxes des utilisateurs.
Comme pour les dépenses des administrations des niveaux inférieurs, des preuves montrent qu’il existe un délai dans l’utilisation de différents fonds, résultant d’un conflit d’intérêt, de la duplication des efforts, et de la mauvaise utilisation des ressources. Sur ce point, le gouvernement devrait établir une politique claire définissant quel niveau administratif sera concerné par la décentralisation, favoriser les politiques de fonds décentralisés pour assurer la participation citoyenne à tous les niveaux, et s’assurer que l’utilisation des fonds est liée au cadre de politique macroéconomique et aux priorités locales et nationales.
Kenya est généralement classé comme un pays pauvre en eau. Environ la moitié de la population du Kenya n’a pas accès à une eau saine; environ un quart de la population n’a pas accès à un service sanitaire adéquat et moins de 5% de tous les centres urbains disposent d’un système de drainage. Cependant la gestion des ressources en eau et la distribution d’eau, les services, et les services sanitaires reçoivent moins d’1% du budget national. L’autorité responsable de la gestion des ressources en eau a reçu dix millions de Kshs. et l’ensemble des services d’eau recevront 6 millions de Kshs. Le réseau kenyan pour l’eau et l’hygiène estime cependant qu’environ 24 milliards de Kshs. sont nécessaires pour le développement des infrastructures pour l’eau et 20 milliards pour la distribution de l’eau, les services et l’hygiène, afin de remplir les Objectifs de développement du millénaire.
Les dépenses du gouvernement central se sont étendues du fait de l’augmentation des ministères et des districts faisant suite au référendum constitutionnel. Par ailleurs, les anciens fonctionnaires bénéficient de salaires élevés et d’avantages généreux qui pourraient être réduits et redistribués à des domaines prioritaires. En outre, le pays a connu une multitude de scandales liés à la corruption concernant l’obtention des contrats de sécurité et impliquant des fonctionnaires gouvernementaux déjà anciens. L’IEA commente que le Trésor a besoin par conséquent de renforcer le contrôle sur l’obtention et le financement des contrats de sécurité. Le gouvernement devrait amender la loi pour permettre une plus grande surveillance de ces contrats par le parlement et l’Office national d’audit, contraindre à l’application de standards minimums de compte-rendu sur les contrats de sécurité, adopter le règlement sur la gestion fiscale proposé, et réviser la loi sur les contrats gouvernementaux pour définir clairement les rôles de différents organes publics impliqués dans la formulation des contrats gouvernementaux.
L’IEA croit également que les serviteurs publics doivent jouer un plus grand rôle dans l’agenda du développement, ce qui peut être encouragé en réduisant les différences de salaires entre les différents niveaux des organes publics, et en récompensant la performance par des promotions et de meilleurs avantages. Dans un entretien avec East African Standard, Albert Mwenda, directeur exécutif de l’IEA, a commenté l’impact de l’augmentation des salaires pour les serviteurs publics et les enseignants alors que les revenus collectés par l’Autorité kenyane des revenus (KRA) sont presque en stagnation.
Budget 2006/2007 du Malawi, la Coalition de la société civile pour une éducation basique de qualité (CSCQBE) et le Réseau du Malawi pour la justice économique (MEJN)
Le président Mutharika a ouvert la session budgétaire du Malawi avec un discours au parlement le 6 juin dernier. Le gouvernement a consacré presque 55% de son budget aux infrastructures, 33% au développement social, 9% à la croissance économique durable, 2% à la bonne gouvernance, et 2% à la sécurité sociale.
La priorité donnée aux infrastructures – tout spécialement à la construction du canal Shire-Zambezi– aux dépens des secteurs sociaux et du développement du secteur privé à déçu la société civile, les ONG, et le secteur financier. Le réseau du Malawi pour l’équité dans la santé (MHEN) et le réseau du Malawi pour la justice économique (http://www.mejn.mw/) se sont prononcés pour que les secteurs de la santé et de l’éducation reçoivent leurs allocations complètes, pour que le Malawi puisse atteindre les objectifs de développement du millénaire dans les deux secteurs et respecte également la Déclaration d’Abuja sur les soins de santé, qui stipule que 15% des budgets nationaux doivent être consacrés à la santé. (Le Malawi investit seulement 7% de son budget dans la santé). Le MHEN explique que le sous financement des programmes de santé nuit à la distribution de médicaments et à la nomination de médecins, tout spécialement comme cela est requis pour administrer le traitement antirétroviral dans la lutte contre le VIH/SIDA.
Le 5 juin, la Coalition de la société civile pour une éducation basique de qualité (CSCQBE) a soumis une proposition au gouvernement concernant le budget 2006/07 pour l’éducation. La CSCQBE a recommandé de faire de l’éducation une priorité et «d’augmenter l’accès et améliorer la qualité de l’éducation, qui a diminué au cours des 11 années passées». D’après la CSCQBE, 26% du budget gouvernemental devraient dernièrement aller à l’éducation; le groupe a appelé le gouvernement à distribuer au moins 18% de son nouveau budget à l’éducation, ce qui représentera une étape vers l’objectif des 26%. (Actuellement, le Malawi distribue 11% de son budget à l’éducation). En outre, la CSCQBE a recommandé une série d’améliorations concernant les enseignants, les écoles, et les matériaux éducatifs, ainsi que des améliorations dans le processus budgétaire.
Le budget 2006/2007 de la Tanzanie, HakiELimu
Jeudi 15 juin 2006, la ministre tanzanienne des finances, l’honorable Zakia Meghji, a présenté son budget pour l’année fiscale à venir. Le budget présente des allocations plus importantes pour la croissance et la gouvernance, telles que «croissance économique et réduction de la pauvreté» augmentées de 48% à 49%; et «gouvernance et responsabilisation» augmentées de 8% à 20%; et des réductions pour les catégories des services sociaux telles que «amélioration de la vie et du bien-être social» diminuée de 44% à 31%.
La performance d’ensemble de l’économie lors des neuf premiers mois (juillet 2005 à mars 2006) fut satisfaisante: l’économie a progressé de 6.8% en 2005 contre 6.7% en 2004; l’objectif de la récollection des revenus a été fixé à 2066 millions de Tshs et l’objectif sera atteint avec une marge confortable grâce à l’implantation de mesures visant à favoriser la gestion des impôts domestiques, à élargir la base fiscale et à réformer la structure fiscale elle-même pour que cela soit plus facile de prélever les impôts.
Malgré ces résultats satisfaisants, le pays a souffert d’une sécheresse prolongée, ce qui a provoqué des réductions de nourriture ainsi que le manque d’eau pour la production d’électricité. L’augmentation continuelle des prix du pétrole sur le marché mondial a également continué a avoir un impact négatif sur le coût de production et la distribution des services dans le pays. Par voie de conséquence, les taux d’inflation ont augmenté de manière significative de 4.3% en juillet 2005 à 6.9% à la fin d’avril 2006. En outre, le gouvernement a été contraint de faire des réallocations budgétaires internes pour faire face à la distribution d’aliments dans plusieurs zones affectées. Il a également exempté les importations de nourriture de taxes pour assurer la disponibilité de nourriture à des prix raisonnables pour les consommateurs. Ces deux mesures ont permis de limiter la gravité des ruptures de nourriture et ont soulagé quelque peu la pression inflationniste.
Le gouvernement prévoit de dépenser une part significativement moins importante du budget pour le service de la dette, qui est déjà passé de 13% du budget en 2006 à 6% en 2007. Les allocations aux régions locales augmentent de 14% en 2006 à 18% en 2007 du fait d’une augmentation planifiée des salaires des travailleurs du gouvernement local. La part du budget qui va aux salaires doit augmenter de 17% à 25%. Certains membres du Groupe dédié au travail budgétaire du Forum sur les politiques publiques ont réagi devant les augmentations significatives des salaires sur service civil et ont remarqué que cela explique l’augmentation prévue des allocations pour certains secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs du gouvernement local, tels que l’éducation et la santé; et le flux de fonds aux ministères plutôt qu’aux gouvernements locaux.
Le travail budgétaire de HakiElimu (www.hakielimu.org) cette année a été engagé tout d’abord en collaboration avec PF. PF est un réseau de plus de 50 organisations non gouvernementales de Tanzanie qui cherche à influencer la prise de décision en matière de politique publique en donnant plus de pouvoir aux citoyens particulièrement au niveau local. PF dispose de plus petits groupes de travail qui se concentrent sur des questions plus spécifiques. Par exemple, il existe un groupe de travail sur l’équité dans la santé, un groupe de travail sur la réforme du gouvernement local, un groupe de travail sur le VIH/SIDA, et maintenant un groupe de travail sur le budget (GTB). Le GTB a tenu sa première réunion le 23 mai 2006 et inclut actuellement 12 membres dont des ONG tanzaniennes et internationales telles que HakiElimu, Research on Poverty Alleviation (REPOA) (http://www.repoa.or.tz/), Tanzania Gender Networking Programme (TGNP), Youth Action Volunteers, SNV (Organisation de développement des Pays-Bas), Oxfam, ActionAid, WaterAid, et CARE International.
Le premier apport important du GTB a été de publier trois rapports pré budgétaires (en anglais et en Kiswahili), rassemblant des informations publiques concernant les budgets 2005/2006 et 2006/2007 issues des lignes directrices budgétaires (publiées en mars) pour les rendre plus accessibles aux médias, au parlement, et aux autres OSC et afin de formuler des questions sur le budget de cette année. Les rapports se sont concentrés sur les chiffres des revenus et des dépenses, sur les allocations aux ministères du gouvernement central, et sur les allocations sectorielles clés. Les rapports ont été partagés lors d’une réunion avec des éditeurs de médias de haut niveau et lors d’un débat pré budgétaire tenu au sein du TGNP et ont été officiellement publiés le 12 juin.
Depuis la présentation du budget, plusieurs membres du GTB ont publié leur réaction personnelle. Le TGNP par exemple a publié une courte réponse au budget, qui est parue dans un journal local, The Citizen. Une des préoccupations du TGNP concerne le fait que le discours budgétaire ne mentionne pas de stratégie cohérente pour le bien-être et l’emploi faisant en sorte que chaque adulte homme ou femme dispose des moyens lui permettant à lui et à sa famille de vivre dignement. Au lieu de cela, sont distinguées plusieurs stratégies telles que le micro crédit et la formalisation. Bien qu’il existe un effort pour établir un comité composé de professionnels du milieu bancaire pour étudier comment promouvoir davantage de crédit et d’autres services au public, et pour faire face à l’évolution vers «des consommateurs expatriés à grande échelle» – cet effort va probablement bénéficier aux entrepreneurs de la classe moyenne, et ne viendra pas à bout de la pauvreté et ni même ne réduira les inégalités de genre, de classe, et géographiques. Comme cela a été observé par le TGNP, l’accent a été porté dans le discours budgétaire sur les petites et moyennes entreprises et non sur les faibles revenus des micros entreprises desquelles la majorité des Tanzaniens tirent leur salaire.
En règle générale, les OSC ont réagi devant la limitation de la capacité financière du gouvernement et le manque de participation publique dans le processus budgétaire. Pour impliquer les citoyens dans le processus budgétaire et encourager leur participation dans la lutte contre la pauvreté, les informations budgétaires doivent être plus accessibles. C’est une tâche difficile pour un pays dans lequel seules quelques organisations comprennent le budget et où ces dernières n’ont qu’une capacité limitée. Le TGNP a effectué un travail significatif sur le budget et le genre et REPOA et HakiElimu ont une grande capacité analytique, mais aucun de ces groupes ne se consacre qu’exclusivement aux questions budgétaires. PF ne dispose pas actuellement d’une équipe lui permettant de faire de la recherche budgétaire «maison», bien qu’il est envisagé d’avoir recours à un soutien analytique additionnel et d’explorer l’idée de publier un guide du citoyen sur le budget.
Le budget 2006/2007 de l’Ouganda, Uganda Debt Network et le Centre pour les initiatives de développement
Le budget national de l’Ouganda pour 2006/07 a été lu le 15 juin 2006 par le ministre des finances, de la planification et du développement économique, Dr. Ezra Suruma. Le ministre a décrit les mesures envisagées afin d’inverser le ralentissement économique en Ouganda, notamment l’introduction d’exemptions de taxes pour motiver les industries d’exportation, parallèlement à l’augmentation des taxes sur la consommation dans l’espoir d’augmenter les revenus dans l’ensemble. La part fiscale du PIB ougandais atteint actuellement 12%, un niveau considéré comme bas pour les standards régionaux.
Les dépenses budgétaires de cette année sont destinées à la lutte contre la crise énergétique actuelle. L’économie a connu une faible productivité et l’augmentation du chômage, avec des réductions de la distribution d’énergie accentuées par la hausse des prix du carburant. Le secteur de l’énergie et des minéraux, vers lequel la majorité de l’augmentation des dépenses est dirigée, recevra 70 milliards d’Ushs (38.3 millions de dollars) pour augmenter la capacité de génération d’énergie thermique, afin de fournir 100 mégawatts additionnels d’électricité. Des donateurs ont également augmenté leur contribution à ce secteur de 36.63 milliards d’Ushs (18.4 millions de dollars) sous couvert du projet de financement des donateurs.
Dans le secteur de la santé, l’accent à été porté sur l’éducation à la santé pour les premiers soins de santé, ce qui inclut un effort plus important pour contrôler la malaria. La distribution de tels services va probablement bénéficier aux pauvres une fois que l’efficacité de la distribution est améliorée. Cependant, le secteur de la santé recevra dans l’ensemble moins de fonds que l’année précédente: 375.38 milliards d’Ushs (205.4 millions de dollars) en 2006/07 contre 508.66 milliards d’Ushs (278.34 millions de dollars) en 2005/06, ce qui représente une diminution de 72.94 millions de dollars. Cela s’explique par le fait que certains projets de santé clés financés par des donateurs tels que USAID, les Centres pour le contrôle des maladies (CDC) et la banque mondiale sont arrivés à terme.
Dans le secteur social, le budget 2006/07 se concentrera sur l’amélioration du bien-être des enseignants d’écoles primaires avec une hausse de 33.3% du salaire mensuel à partir de juillet 2006. La promesse du président d’offrir une éducation et une formation post-primaires universelles commencera à être implantée en 2007. Même avec ces efforts visant à améliorer la qualité de l’éducation primaire, ‘ils ne résolvent pas les problèmes les plus importants de ce secteur tels que les taux de renvoi, le ratio livre/étudiant, et la chute des taux d’inscription’, déclare Davis Ddamulira du Centre pour les initiatives de développement. Le CDI approfondira davantage le budget pour évaluer dans quelle mesure il remplis les obligations gouvernementales concernant les droits de l’enfant.
D’après le CDI, bien que le gouvernement reconnaît que l’Ouganda du nord est encore la région qui souffre le plus de la pauvreté, seuls 18 milliards de Ushs (9.85 millions de dollars) lui seront consacrés en 2006/07, pour le relogement des personnes déplacées, la reconstruction post conflit, et le développement. Ce fait en soi ne témoigne pas du désir du gouvernement de lutter contre la pauvreté.
Des membres du Groupe de défense budgétaire de la société civile, the Civil Society Budget Advocacy Group (CSBAG) – tels que the Uganda Debt Network (UDN), La Coalition d’Ouganda pour le développement durable, le Forum pour les femmes dans la démocratie (FOWODE) et Apac Anti Corruption Coalition – ont fait remarquer au gouvernement différentes imperfections dans ses efforts pour l’établissement d’un budget favorable aux pauvres. Les commentaires du CSBAG lors de la Première consultation budgétaire nationale (décembre 2005) et lors de la rencontre de la revue Public Expenditure Review (PER) (mai 2006) ont été pris en considération, mais un certain nombre de préoccupations doivent encore être prises en compte, notamment: l’augmentation du coût de l’administration publique; la duplication de fonctions par plusieurs agences gouvernementales; l’augmentation de la mauvaise utilisation des ressources publiques; et l’échec à investir de façon adéquate dans les secteurs productifs tels que l’énergie et l’agriculture.
Afin de favoriser leur campagne et leur travail de défense budgétaire, l’UDN a commencé une révision du budget de cette année pour évaluer dans quelle mesure il s’affronte à la pauvreté en Ouganda, ainsi que de quelques questions problématiques concernant la discipline budgétaire. Selon l’UDN, les dépenses sociales de cette année (pour l’éducation, la santé, l’eau, l’agriculture, les routes et les travaux publics) atteignent environ 46% du budget. Cependant, les OSC s’inquiètent du fait que la part des dépenses sociales dans le budget national a décliné ces dernières années, passant de 55% en 2000/01 à environ 47% en 2005/06. Les autres secteurs de dépenses (tels que l’administration publique, les paiements d’intérêt, la sécurité, etc.) ont augmenté de 44% à 52% durant la même période. «Après avoir porté un bref coup d’œil sur le budget, n’importe qui pourrait dire que le budget est favorable aux pauvres puisque, en termes nominaux, une grande quantité d’argent est dépensée pour les secteurs sociaux, tout spécialement pour atteindre les objectifs des PRSP. Cependant, une révision plus détaillée révèlerait le contraire étant donné que la part des dépenses sociales dans le budget national continue de décliner», a déclaré Daniel Lukwago de l’UDN.
L’UDN, au nom du CSBAG, a produit un rapport sur la stratégie économique et budgétaire pour l’année fiscale 2006/07 pour l’atelier de the Public Expenditure Review en mai 2006. L’UDN a appelé le gouvernement à:
- Réviser l’impact de toutes les nouvelles propositions fiscales sur les pauvres.
- Se concentrer sur les dépenses pour les pauvres, parce que plus de 37% vivent en dessous du seuil de pauvreté alors que la corruption, la mauvaise gestion des fonds et les politiques publiques anti-pauvres règnent.
- Offrir davantage de planification et de soutien aux secteurs productifs, tout spécialement la production d’énergie et l’agriculture, qui sont essentiels pour la croissance et le développement nationaux.
- Allouer davantage de fonds au secteur énergétique pour satisfaire la demande actuelle en énergie – même si cela signifie réduire le financement d’autres secteurs; et distribuer des subventions pour la production de carburants aux producteurs à grande échelle et aux fabricants à petite échelle.
- Soutenir le développement agricole, qui est l’épine dorsale de l’économie et qui emploie plus de 68% de la population, en distribuant davantage de fonds à ce secteur.
- Réduire les allocations à la gestion du secteur public.
Les autres préoccupations exprimées par la société civile incluent le décalage entre les chiffres budgétaires approuvés et les dépenses réelles dans certaines agences gouvernementales. Cela est du aux dépenses supplémentaires qui peuvent contrecarrer les objectifs originaux du budget en modifiant les dépenses de secteurs qui n’ont peut-être pas d’impact direct sur la pauvreté, tels que l’administration publique. La société civile s’inquiète également de la loi sur l’enregistrement des ONG (amendement) qui a été adoptée par le parlement le 7 avril 2006. Elle a été renforcée, ce qui peut nuire au partenariat positif actuel entre le gouvernement et les ONG et peut rendre plus difficile pour les ONG d’avoir de la résonnance dans leur défense d’un budget favorable aux pauvres. (Source: Civil Society Statement on the Economic and Budget Strategy for FY 2006/07– Publié par l’Uganda Debt Network lors de l’atelier de the Public Expenditure Review, 05/09/06).
Nouvelle d’Amérique Latine et des Caraïbes: Rencontrez le groupe FARO d’Équateur, et apprenez-en plus sur les budgets pour l’enfance en Jamaïque
Surveillance budgétaire en Equateur: Rencontrez le Groupe FARO
La Fondation pour l’avancée des réformes et des opportunités (le groupe FARO) a été créé en 2004 pour soutenir les initiatives de la société civile et promouvoir les idées et actions liées au bien commun. Elle mène des travaux dans quatre champs distincts: l’éducation, la réforme gouvernementale, les finances publiques, et le développement économique.
Un des projets du champ de la réforme du gouvernement s’oppose aux pratiques de corruption par lesquelles des fonds qui sont généralement destinés à des programmes sociaux sont utilisés finalement à des fins politiques. Pour mentionner un exemple de ces pratiques, avant la chute du président Lucio Gutiérrez en 2005, le programme Aliméntate Ecuador a été utilisé pour promouvoir les manifestations publiques en sa faveur. Il existe également des preuves selon lesquelles les fonds publics destinés aux programmes pour l’enfance ont été utilisés pour acheter un soutien politique.
Alors que de nombreux programmes gouvernementaux intègrent des protections visant à prévenir la corruption, certaines de ces protections n’ont pas été implantées au niveau local. Par conséquent, le Groupe FARO a identifié les programmes les plus vulnérables à la corruption et a formé les bénéficiaires sur des sujets liés aux droits, aux programmes sociaux, et à la corruption.
Le Groupe FARO a aussi conduit un projet pilote pour renforcer la participation des citoyens et des gouvernements locaux au sein des programmes Free Maternity Law («Loi sur la maternité libre») et Feed Ecuador («Nourrir l’Equateur»). Conjointement à l’Association des municipalités d’Equateur et à la Municipalité de Pelileo, le Groupe FARO a aidé les femmes de Pelileo à se mobiliser et à revendiquer le droit à recevoir des services médicaux gratuits concernant la grossesse. En outre, des fonctionnaires de neuf programmes sociaux signeront un accord en juillet contre l’utilisation corrompue de fonds. Pour soutenir cette initiative, les médias de masse diffuseront des messages liés à la corruption et une ligne téléphonique sera installée pour recevoir les plaintes.
Le Groupe FARO dirige également un effort de la société civile pour surveiller les finances publiques de l’Équateur, avec le soutien technique du Centre pour l’implantation des politiques publiques pour l’équité et la croissance (CIPPEC). L’initiative veut renforcer la capacité de la société civile à surveiller le processus budgétaire et promouvoir la responsabilisation fiscale en améliorant la qualité, l’efficacité, et l’équité des dépenses publiques, ainsi qu’en renforçant la participation de la société civile sur les questions financières locales et nationales.
Cette initiative de surveillance budgétaire a été lancée après la signature en mai 2005 d’un accord entre le ministre de l’économie et des finances et 15 organisations de la société civile, au sein duquel le ministère acceptait de diffuser les informations budgétaires. Elle a commencé récemment une seconde phase de travail, consistant en l’analyse d’investissements sociaux aux niveaux local et national. Par voie de conséquence, de nombreuses informations sont rassemblées sur l’éducation, la santé, et les programmes sociaux qui permettront aux chercheurs de déterminer le montant des ressources atteignant réellement la population et le montant des fonds additionnels nécessaires pour assurer le respect des droits économiques, sociaux et culturels (ESC).
Pour davantage d’informations, visiter la page Internet du Groupe FARO sur www.grupofaro.org, ou contacter Orazio Bellettini à [email protected].
L’Initiative des enfants en Jamaïque, UNICEF
La Jamaïque, confrontée à la stagnation économique durant une grande partie de la dernière décennie, a réduit ses dépenses budgétaires pour la plupart des secteurs sociaux. Les dépenses réelles pour les enfants ont baissé de presque 7% entre 2003/04 et 2004/05, et les dépenses d’éducation sont passées de 14% du budget à environ 9% en l’espace des sept dernières années.
Des investissements substantiels dans le secteur social seront nécessaires pour maintenir les gains sociaux récents et accomplir les objectifs du gouvernement liés au développement social et économique et au bien-être des enfants. Les expériences du passé et les leçons issues des autres pays suggèrent que pour maximiser les investissements visant le respect des droits de l’enfant, les participants doivent être plus vigilants dans la surveillance des investissements sociaux et la défense de l’amélioration des allocations au secteur social.
Malheureusement, le processus budgétaire jamaïcain ne permet aux personnes concernées qu’une participation très limitée, et ses règles de fonctionnement sont obscures même pour les citoyens les plus informés. Alors que le budget est débattu publiquement après la présentation du ministre des finances chaque année, la société civile et le secteur privé n’ont pas l’opportunité de contribuer réellement au processus, et même les membres du parlement jouent un rôle limité. La capacité des citoyens à participer au processus budgétaire est contrainte davantage encore par leur connaissance limitée des questions budgétaires. Une formation publique continue est nécessaire, sur le processus budgétaire en général et sur des questions telles que le lien entre les droits et les budgets, le développement des processus participatifs de budgétisation, et les efforts pour influencer les allocations budgétaires.
Pour améliorer les allocations budgétaires à l’enfance – ainsi que la transparence du budget jamaïcain – une coalition d’organisations gouvernementales et non gouvernementales ont établi l’Initiative pour l’investissement social pour l’enfance (Social Investment for Children Initiative) (SICI) en 2005. La SICI a développé un plan pour réformer le processus budgétaire, utiliser les ressources allouées aux enfants de manière plus efficace, et promouvoir des investissements sociaux pour les enfants. Avec le financement et le soutien technique de l’UNICEF et du PNUD, la SICI veut conduire des activités telles que la formation, la budgétisation participative, et des initiatives d’activisme et de communication. La SICI se chargera aussi de la surveillance budgétaire réalisée à travers l’Université des Indes occidentales afin de suivre les tendances des investissements pour l’enfance et d’autres dépenses sociales, d’identifier les secteurs dans le besoin, et de comparer les dépenses dont les objectifs sont fixés par les politiques publiques nationales.
Le renforcement des capacités des partenaires (les ONG, le gouvernement, et les universitaires) est essentiel pour le succès de la SICI. Jusqu’à ce jour, des ateliers ont été tenus pour sensibiliser plus de 100 partenaires sur les questions d’investissement social, la budgétisation participative, et les liens entre les droits et les budgets. En outre, un groupe de 18 professionnels ont commencé la première phase de formation nécessaire pour à leur tour former d’autres professionnels aux activités liées à la budgétisation participative.
Les enfants seront impliqués dans tous les aspects de la SICI. Un groupe de 30 enfants ont été sélectionnés pour participer aux discussions sur les allocations budgétaires, aider à la formation de leurs compagnons, et participer à la recherche des questions affectant les enfants.
La démystification du processus budgétaire est plus facile à réaliser sur les citoyens sont impliqués et peuvent influencer les décisions budgétaires. Partant de ce fait, la SICI a fait du devoir d’influencer les investissements sociaux pour les enfants une priorité. Le gouvernement a publiquement déclaré son intention de faciliter la participation de la société civile dans le processus budgétaire, et les agences gouvernementales sont généralement ouvertes à cette idée. Est actuellement en cours d’exécution le développement d’un cadre de budgétisation participative pour la Jamaïque, qui sera piloté par l’Agence pour le développement de l’enfance (une agence gouvernementale semi autonome responsable de la promotion des droits de l’enfant) à partir du budget 2007-2008. Ce sera la base d’une approche dont l’utilisation sera recommandée à toutes les agences gouvernementales.
Pour davantage d’informations, contacter Kenneth Russell à [email protected].
Nouvelle du Sud de l’Asie: la société civile réagit devant les budgets du Bangladesh et du Rajasthan
Le budget 2006/2007 du Bangladesh, Unnayan Onneshan
Le budget national 2006/07 du Bangladesh a été présenté par le ministre des finances et de la planification M. Saifur Rahman le 8 juin 2006. Le budget montre un déficit que le gouvernement cherche à financer en fixant un objectif ambitieux pour le prélèvement des impôts et en empruntant aux sources de fonds domestiques.
En réponse au budget, le groupe de réflexion Unnayan Onneshan (http://www.unnayan.org/) dont le travail est tourné vers la lutte contre la pauvreté, l’équité de genre, et la justice sociale, étudie les mesures fiscales et les allocations budgétaires, et de quelle façon celles-ci prennent place au sein de la stratégie nationale pour le développement. Unnayan Onneshan examine en particulier si le budget est sur la bonne voie pour remplir les Objectifs de développement du millénaire (ODM).
L’organisation observe que le budget bénéficie d’une croissance des revenus de 17.1% par rapport à 2005/06. Il est prévu que la récollection des revenus soit surveillée de manière plus efficace et transparente avec la nomination d’un ombudsman fiscal.
Le budget proposé augmente les dépenses d’éducation de 2% et les dépenses de santé de presque 6%. Ainsi, les dépenses d’éducation passeront de 8.8% à 8.9% du budget, et celles de santé de 6.6% à 6.9%. En revanche, les dépenses consacrées au réseau de sécurité (safety net) diminueront de 16% dans le nouveau budget, et passeront donc de 05% du budget à 0.4%.
La part du budget consacrée à l’agriculture déclinera significativement dans ce budget, passant de 22.3% à 21.8%. Ce déclin menace de renforcer la pauvreté, puisque environ 70% de la population sont directement ou indirectement dépendants de l’agriculture. En outre, malgré la forte demande d’énergie formulée par les ménages et les entreprises, le budget réduit les dépenses en énergie de 7%, soit plus que pour tout autre secteur.
Alors qu’un rapport publié en 2002 sur les progrès concernant les ODM dévoilait que 82% des zones urbaines et 72% des zones rurales avaient accès à une eau potable saine, le budget déclare que le Bangladesh a déjà atteint la cible fixée dans les ODM dans ce secteur en s’assurant que 100% de la population urbaine et 96.5% de la population rurale aient désormais accès à l’eau potable. Cependant, le nombre absolu de personnes sans eau et service d’hygiène dans le pays a augmenté malgré les améliorations relatives de la couverture. Presque 40% de la population bénéficiant d’un faible revenu dans quatre grandes villes ne reçoit qu’un service limité en termes d’accès à l’eau potable. Les squatteurs et les habitants de bidonvilles ont un accès limité à la distribution d’eau puisée. Et les personnes des zones urbaines paient des prix élevés pour une eau en quantités minimales et aussi de qualité douteuse.
Le gouvernement se vante également d’un succès remarquable concernant la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Il évalue le taux de mortalité infantile actuel à 65‰, alors qu’il était de 66.3‰ en 2000. Le taux de la baisse a cependant considérablement ralenti. Il est dit du taux de mortalité maternelle qu’il est passé de 320 à 310 pour 100,000 naissances de 2000 à 2002, alors que d’autres documents officiels montrent que le taux était de 391 pour 100,000 naissances en 2002. Le succès ne peut pas être vérifié efficacement dans la mesure où différentes sources officielles rapportent différentes données pour la même variable.
Le budget local 2006/2007 du Rajasthan, le Centre d’analyse budgétaire du Rajasthan (BARC)
Situé dans le nord-ouest de l’Inde, le Rajasthan fait partie des moyennes nationales rurales et urbaines pour les Dépenses de consommation mensuelles par personne. Il est attendu que l’économie rurale soit affectée puisque l’allocation à l’agriculture a diminué d’environ Rs. 100 crore de 2005/06 (estimations révisées) à 2006/07 (estimations budgétaires). Afin d’améliorer la faible productivité liée aux niveaux peu élevés d’éducation et à la pauvreté de la santé, le gouvernement devrait augmenter les dépenses pour le secteur social aussi, mais le Rajasthan dépense moins de 4% de son PIB en éducation et moins de 1% en services de santé, observe le Centre d’analyse budgétaire du Rajasthan (BARC) qui analyse le budget du Rajasthan et évalue l’impact des dépenses sur le développement socio-économique des pauvres et des personnes marginalisées.
Le BARC indique qu’afin d’élever le pouvoir d’achat des pauvres, l’investissement public doit augmenter, mais le gouvernement est actuellement en train de réduire les allocations dans le secteur économique. Les réductions drastiques des allocations ont pris place depuis l’année dernière, du fait des mesures rigides pour la gestion budgétaire et la responsabilisation fiscale prises en 2005. D’après le règlement concernant ces mesures, le gouvernement doit réduire son déficit de revenus à zéro d’ici 2008/09. En outre, le déficit fiscal doit soit être réduit soit demeuré constant. Ces objectifs peuvent être atteints en générant des revenus et en conservant les dépenses à un niveau constant. Cependant, le gouvernement a essayé de maintenir une responsabilisation fiscale saine en recourant à des réductions d’allocations.
Le gouvernement actuel a augmenté significativement les dépenses de capital, ce qui est d’une grande importance pour le développement des infrastructures. Etant donné qu’il n’existe aucun surplus jusqu’à maintenant sur le compte des revenus, toutes les dépenses de capital doivent être empruntées, ce qui doit alors être remboursé avec des intérêts par les citoyens. Le gouvernement devrait prendre des précautions pour ne pas imposer la charge de la dette sur ses administrés en augmentant les allocations sur le compte de capital, et devrait concevoir un plan pour rembourser le montant emprunté. Qui plus est, il devrait exister un équilibre entre la charge de la dette imposée et les dépenses de capital. Sans cela, le règlement concernant les mesures pour la gestion budgétaire et la responsabilisation fiscale sera probablement violé après une certaine période de temps, ou il se pourrait que le gouvernement doive faire marche arrière avec l’augmentation des dépenses de capital.
Pour davantage d’informations contacter [email protected] au Centre d’analyse budgétaire du Rajasthan (BARC).
Au-delà du suivi budgétaire: le besoin de surveiller les politiques fiscale et monétaire, ActionAid
Les groupes de suivi budgétaire tels que IDASA basé en Afrique du Sud accordent une attention grandissante aux politiques macroéconomiques qui conditionnent les budgets à la fois national et sectoriels. Le travail récent effectué par ActionAid International USA, le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), et d’autres groupes suggère que les défenseurs des Objectifs de développement du millénaire et des efforts pour combattre le VIH/SIDA devraient prendre en considération comment certaines politiques macroéconomiques contraignent inutilement les dépenses gouvernementales dans ces secteurs.
Alors que de nombreux groupes de suivi budgétaire font un excellent travail en observant les déboursements des budgets sectoriels (les «tranches» du gâteau budgétaire), peu d’entre eux ont examiné les plus larges politiques macroéconomiques qui souvent influencent la taille globale du gâteau. ActionAid suggère que les défenseurs des ODM et les personnes chargées du suivi budgétaire suivent une formation basique d’enseignement économique pour mieux comprendre comment ces politiques macroéconomiques fonctionnent. Une telle formation permettrait également à ces groupes d’en apprendre davantage sur les politiques publiques alternatives viables permettant aux pays aux faibles revenus de dépenser les fonds croissants issus de l’aide des donateurs tout en générant davantage de ressources propres sur le long terme.
Souvent, les politiques macroéconomiques adoptées par les pays aux faibles revenus, notamment les politiques fiscales et monétaires, sont conçues lors de discussions entre leur ministère des finances et le Fond monétaire international (FMI). Comme de nombreux pays sont incapables de dépenser le montant en hausse de l’aide des donateurs – ou de faire appel aux nombreux médecins, infirmiers, et enseignants probablement nécessaires pour remplir les ODM et lutter contre le VIH/SIDA – les militants se sont alarmés devant les restrictions sur les dépenses publiques provenant des rigides politiques fiscales et monétaires qui conditionnent les programmes de prêts du FMI.
Le FMI travaille très souvent avec des pays appauvris pour établir des objectifs spécifiques dans un cadre macroéconomique issu d’un accord, notamment des objectifs de réduction du déficit budgétaire et du taux d’inflation.
Ces objectifs ensuite s’imposent de fait ou impliquent des limites sur le budget national dans l’ensemble, ainsi que sur le financement disponible pour la santé, l’éducation, l’eau, l’hygiène, les infrastructures agricoles, et d’autres besoins de base. Souvent, ces objectifs contraignent inutilement le montant des dépenses publiques disponibles pour des initiatives visant à aider l’accomplissement des ODM ou à combattre le VIH/SIDA.
Un rapport de 2001 établi par l’Office générale de comptabilité des États-Unis sur les prêts du FMI expliquait qu’il existe une «zone grise importante» entre les politiques publiques qui peuvent être considérées comme trop «lâches» (et qui conduisent alors à l’instabilité macroéconomique) et les politiques publiques qui peuvent être trop «rigides». «Les politiques publiques trop préoccupées par la stabilité macroéconomique peuvent s’avérer austères, ralentissant la croissance économique et empêchant le progrès vers la réduction de la pauvreté», argumentait le rapport.
Par exemple, de nombreux programmes de prêt du FMI ont appelé les pays pauvres à réduire leur déficit fiscal de manière significative, et dans certains cas à générer des surplus. Quand cela arrive, l’argent qui pourrait être utilisé pour faire appel à plus de médecins et d’enseignants est en fait utilisé pour rembourser le déficit à des niveaux souvent inutiles, selon certaines études universitaires.
Le FMI déclare qu’il est devenu plus flexible dans ses objectifs de réduction du déficit depuis qu’il a remplacé son programme de prêt Enhanced Structural Adjustment Facility par le programme Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) en 1999. Si cela est vrai dans une certaine mesure, la nouvelle flexibilité demeure limitée, et les objectifs de réduction du déficit dans de nombreux programmes de prêts du FMI sont encore rigides sans raison. Alors que la plupart des pays ont historiquement été capables de parvenir à des niveaux modérés de déficit fiscal, le FMI demeure opposé aux déficits, particulièrement à cause des payements d’intérêts élevés qui leur sont liés.
Par ailleurs, le FMI ignore souvent le fait selon lequel la dépense du déficit peut être utilisée pour renforcer un pays. Le PNUD et d’autres chercheurs sont arrivés à la conclusion suivante: alors que la dépense du déficit en consommation à court terme peut causer plus de mal que de bien, la dépense du déficit en investissements publics clés peut avoir un effet multiplicateur positif en améliorant la productivité et la croissance économique.
Concernant les objectifs de réduction de l’inflation, de nombreux programmes de prêt du FMI ont appelé les pays pauvres à réduire l’inflation à des niveaux très bas – 5% ou moins. Quelques 45 des 63 récents arrangements PRGF examinés par ActionAid incluaient des objetifs d’inflation de 5% ou moins.
Chacun reconnaît qu’une inflation très élevée peut affaiblir la croissance économique à long terme, rendre la planification difficile pour les entreprises privées, et trop faire grimper les prix pour les pauvres. Cependant, si la littérature économique sérieuse a montré de manière constante que les taux d’inflation autour de 20-40% sont néfastes, il existe un grand désaccord parmi les économistes sur les taux d’inflation d’un ordre plus modéré de 5-20%. Le FMI insiste sur le fait que l’inflation de cet ordre engendre une «instabilité macroéconomique», mais aucune recherche universitaire ne justifie cette déclaration. Certains économistes du FMI ont récemment reconnu que si l’on attend des pays qu’ils absorbent et dépenses de plus hauts apports de l’aide des donateurs, l’inflation augmentera probablement quelque peu, cependant cette reconsidération importante n’a pas encore été traduite par des changements politiques dans beaucoup de programmes de prêt du FMI.
Cette question est importante pour les défenseurs des ODM parce que quand un programme de prêt du FMI nécessite une réduction d’une inflation comprise entre 5 et 20% pour qu’elle descende au dessous des 5%, cela peut affaiblir la croissance économique du pays et lui coûter des revenus qui auraient pu être utilisés pour faire appel à davantage de médecins et d’infirmiers dans le combat contre le VIH/SIDA. (Les économistes appellent cela le «ratio de sacrifice», ce qui signifie que pour tout point de réduction de l’inflation, un certain niveau de croissance économique est perdu). De nombreux économistes croient que les objectifs excessivement rigides de réduction de l’inflation du FMI sont en partie responsables de la chute de la croissance économique des pays aux faibles revenus entre 1960-1980 et 1980-2005. Bien que le FMI a longtemps déclaré que ses politiques étaient favorables à la croissance, ces politiques poursuivent souvent la stabilité macroéconomique (telle qu’elle est définie par le FMI) plus que d’autres objectifs tels que des taux plus élevés de croissance ou l’amélioration des dépenses publiques.
Le PNUD et beaucoup d’autres économistes prévoient que des taux beaucoup plus élevés de croissance seront nécessaires pour permettre aux pays de générer davantage de ressources propres de manière interne pour accomplir les ODM – et pour produire ces taux plus élevés de croissance seront nécessaires des politiques fiscales et monétaires plus expansionnistes. Cependant le FMI reste opposé à cette approche.
La question de la «volatilité de l’aide des donateurs» est liée. Beaucoup de donateurs ne soutiennent pas de manière consistante d’une année sur l’autre le même projet; beaucoup de donateurs également ne déboursent finalement pas le montant de l’aide qu’ils avaient promis. Qu’un pays adopte les politiques monétaire et fiscale rigides préférées par le FMI ou qu’il choisisse des politiques plus expansionnistes, la volatilité de l’aide des donateurs reste un problème majeur pour les ministères des finances et de la planification, qui ne peuvent pas prédire le montant de l’aide pour telle ou telle année.
Le FMI déclare que la volatilité de l’aide des donateurs est une des raisons pour lesquelles il hésite à encourager les pays aux faibles revenus à faire appel à plus de personnel médical ou du milieu éducatif. D’après cet argument, si les ministères des finances utilisent l’aide pour employer des infirmiers mais que les donateurs n’envoient pas le montant d’aide promis l’année suivante, le pays pourrait préférer ne pas renvoyer les infirmiers et continuer à les payer en contribuant ainsi à son déficit fiscal. ActionAid argumente que les défenseurs des ODM devraient se joindre au FMI pour appeler les pays donateurs à développer de clairs mécanismes de déboursement qui permettront de connaître avec plus de certitude les flux des aides sur de beaucoup plus longues périodes, comme une dizaine d’années. La réduction de la volatilité des donations permettra aux pays aux faibles revenus de faire davantage de planification à long terme. Cela réduira également les préoccupations concernant l’instabilité macroéconomique liée aux dépenses entrées/sorties en ressources humaines.
En 2006-2007, ActionAid International USA développera une formation d’instruction économique et un projet d’activisme pour faire face à un certain nombre de ces questions. Le projet encouragera les personnes chargées du suivi budgétaire et la société civile à développer des meilleures relations de travail avec les économistes et à mettre à niveau leur instruction économique pour qu’ils soient mieux préparés pour discuter de ces questions avec les ministères des finances et les législateurs.
Pour davantage d’informations sur ce projet aux États-Unis et sur les programmes nationaux d’ActionAid, contacter Rick Rowden à [email protected] (après le 7 août) et Nisha Thapliyal à [email protected].
Pour une brève vue d’ensemble de ce problème, voir le numéro Printemps 2006 de Policies and Priorities d’ActionAid International USA.
Rapport de formation: formation sur l’analyse budgétaire et les droits sociaux, économiques et culturels en Thaïlande
Du 13 au 20 mai à Chiang Mai, en Thaïlande, le Beyond the Circle Network (Inde) et l’Institut asiatique des droits de l’homme ont organisé un atelier sur les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) pour les professionnels du développement et les défenseurs des droits de l’homme. Ses objectifs étaient d’aider les participants à comprendre et à appliquer le cadre des DESC dans leurs programmes, d’identifier le cadre conceptuel et normatif pour l’implantation des DESC, et de discuter de certains droits spécifiques, tels que les droits à l’alimentation et au logement. L’analyse budgétaire a également été étudiée durant cette formation comme un instrument pour surveiller l’implantation des DESC.
Les participants sont venus de 15 pays: l’Afghanistan, le Bangladesh, le Cambodge, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, la Palestine, les Philippines, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Timor oriental, et le Vietnam.
Les sessions sur l’analyse budgétaire ont présenté une introduction au budget et à ses composants, les différentes étapes du processus budgétaire, et les opportunités d’activisme à chaque étape. Les participants ont également acquis des connaissances sur quelques outils quantitatifs pour l’analyse budgétaire appliquée (en s’entraînant à les utiliser).
La plupart des participants étaient novices quant à l’analyse budgétaire. Plusieurs ont remarqué après qu’ils réalisaient désormais comment l’analyse budgétaire peut renforcer leur travail militant. Plusieurs ont également commenté qu’alors que beaucoup de défenseurs des droits de l’homme pensent que les budgets peuvent seulement être compris par les experts, la formation a contribué à démonter cette idée fausse.
La formation a également offert l’opportunité de partager l’expérience de l’Inde, de discuter des défis que doit relever la défense des DESC au niveau local, et de connaître les expériences d’autres pays afin de contribuer à former un réseau plus large pouvant mener à soutenir des groupes qui effectuent ce travail.
Pour davantage d’informations, contacter l’Institut asiatique des droits de l’homme à [email protected].
Nouvelle publication: «Le cas Provida»– Comptes en suspens dans la transparence et la justice, relate la fraude réalisée avec des fonds alloués aux traitements du VIH/SIDA
Six organisations de la société civile mexicaine: Fundar, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Letra S: Salud, Sexualidad, Sida and Salud Integral para la Mujer (Sipam) ont publié «Le cas Provida: Comptes en suspens dans la transparence et la justice (disponible en anglais), qui relate en détails leur recherche exceptionnelle et leurs efforts militants pour découvrir le scandale impliquant une organisation conservatrice nommée Provida et le gouvernement mexicain.
Provida a été mise sous le feu des projecteurs après avoir reçu une aide financière du gouvernement de 30 millions de pesos sans avoir effectué une requête lors du processus d’appels à propositions. Cet argent avait été originellement alloué pour soutenir les femmes infectées par le VIH/SIDA et acheter des traitements antirétroviraux. Cependant, le président de la commission budgétaire du congrès a alloué les fonds de façon unilatérale à Provida, organisation qui a accepté l’argent et en a dépensé une grande partie en publicité et même en articles de luxe qui n’avaient rien à voir avec la santé. En outre, les positions conservatrices de Provida contredisent les efforts gouvernementaux existants et la législation sur l’éducation sexuelle et l’avortement.
La publication synthétise la recherche menée sur trois ans; elle permet de comprendre les limites de la responsabilisation au Mexique, les échappatoires légaux auxquels il faut trouver une solution afin de prévenir l’utilisation discrétionnaire des fonds publics, et de s’informer sur la campagne militante riche en enseignements et l’utilisation des médias pour contraindre le gouvernement à prendre la responsabilité de ses actions. Cette publication complète vise à aider les autres organisations, en particulier les groupes budgétaires, à réaliser l’impact et l’importance de la combinaison de la recherche et du militantisme.
Nouveaux matériaux dans la bibliothèque de l’IB
“Analyzing the UN Tsunami Relief Fund Expenditure Tracking Database: Can the UN be more transparent?”
Par Vivek Ramkumar/International Budget Partnership
Quand elle a entrepris son effort d’assistance pour répondre au tsunami de 2004 en Asie du Sud et du Sud-est, l’ONU a créé pour la première fois une base de donnée en temps réel pour suivre les dépenses entre pays, secteur et agences d’assistance. La base de donnée a pour but de permettre aux groupes et personnes intéressés de savoir où les donations faîtes à l’ONU et aux autres agences pour leur effort d’assistance sont dirigées, et de connaître leur taux de dépense. En utilisant les informations de la base de données, l’International Budget Partnership (IBP) a réalisé cette analyse des dépenses d’assistance des nations unies. Elle révèle que la base de données contient beaucoup d’informations utiles faisant surgir des questions importantes concernant les dépenses d’assistance des nations unies, mais la forme et le contenu de la base de données ne permettent pas une analyse complète de ces questions.
“Parliament Digest – Bridging the Gap between Parliament and People, Budget Session 2005”
Par Amitabh Behar, Sunila Sihng, et Prakash Gardia (Editors)/The National Center for Advocacy Studies (NCAS)
Cette analyse en profondeur de la session budgétaire 2005 de l’Inde rapporte que le boycott par les partis de l’opposition d’une grande partie de la session a compromis la capacité du parlement à représenter les intérêts du peuple dans les débats budgétaires. Par conséquent, le budget 2005 a été approuvé sans un débat adapté. Le rapport examine un certain nombre de questions qui ont surgi concernant les thèmes du genre, des minorités et tribus/castes, de la gouvernance, de l’alimentation et de la sécurité, des indicateurs du développement social, de l’agriculture, du travail, et des ressources naturelles. Le rapport à pour but de réduire la brèche d’information entre le parlement et le peuple en proposant des ressources qui permettront aux gens de participer aux décisions gouvernementales.
“Regional-Local Dimension of Russia’s Fiscal Equalization”
Par Jorge Martínez-Vázquez et Andrey Timofeev/Andrew Young School of Policy Studies, George State University
Considérant l’engagement du gouvernement russe à dispenser aux citoyens un accès égalitaire aux services publics indépendamment d’où ils vivent, ce document examine environ 2,000 gouvernements locaux pour évaluer et expliquer les différentes dans les ressources gouvernementales disponibles entre et à l’intérieur des régions. Son but est d’évaluer la qualité et l’accessibilité des services locaux et d’expliquer si les politiques adoptées par les gouvernements régionaux éloignent ou renforcent les efforts d’égalisation fiscale du gouvernement central. Les auteurs en arrivent à la conclusion suivante: les grandes variations de revenu par individu parmi les gouvernements locaux russes reflètent les disparités à l’intérieur des régions plutôt qu’entre les régions.
“Is VAT the Best Way to Impose a General Consumption Tax in Developing Countries?”
Par Richard M. Bird et Pierre-Pascal Gordon/Andrew Young School of Policy Studies, George State University
Ce document étudie le système de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Ukraine et en Jamaïque en termes de productivité de revenus, d’équité, et de développement économique. Les auteurs examines des questions telles que: La TVA de la plupart des pays en voie de développement est-elle conçue et implantée le mieux que cela puisse se faire? Est-ce que toutes les «bonnes» TVA suivent la même approche? Chaque pays peut-il administrer une TVA assez élevée pour que sa création en vaille la peine? La TVA est-elle toujours la meilleure réponse aux problèmes de revenus causés par la libéralisation du commerce dans beaucoup de pays en voie de développement? Les auteurs concluent que la TVA est un choix sage pour presque tous les pays en voie de développement, mais cela ne signifie pas que les TVA existantes sont nécessairement les meilleures étant données les circonstances particulières des différents pays.
by soapbox | May 1, 2006
What is the Impact of Civil Society Budget Work? A New Set of Case Studies Provides Hard Evidence on Impact from Brazil, Croatia, India, Mexico, South Africa, and Uganda
Introduction
Over the past year, the IBP and the Institute for Development Studies (IDS) at the University of Sussex have been working together to produce in-depth case studies of six established budget groups. The objective of the exercise was to learn specifically about the impact of sustained budget work on good governance and poverty reduction. While budget work has expanded dramatically in Africa, Asia and Latin America over the past ten years, no material has been systematically gathered on the social impact of the work. The set of case studies we refer to in this newsletter is the first attempt to close this gap in our knowledge.
The research draws on case studies of independent budget organizations in Brazil, Croatia, India, Mexico, South Africa and Uganda who have been engaged in budget analysis and budget advocacy for a period of 5-10 years. The range of organizations is purposefully broad and includes development NGOs, networks and social movements, and research organizations. Despite differences in perspective and organizational type, all the organizations share a commitment to social justice and the rights of the poor, and the most effective and efficient use of public resources. Each organization’s approach to budget work is shaped by these normative principles. For most of the organizations under review, budget work forms only a part of their overall set of activities, and in some cases they have created special units for this purpose.
Located in the Indian state of Gujarat, DISHA is a social movement based on unions of tribals and laborers which developed budget work as a means of supporting claims for land and labor entitlements. At the other end of the spectrum, the Institute of Public Finance in Croatia is a publicly-funded research organization that analyses a range of public policy issues. IDASA in South Africa is a leading NGO that established a Budget Information Service in 1995 to coordinate its work on budget analysis with a focus on women, children and HIV/AIDS. Similarly, Fundar in Mexico and IBASE in Brazil are NGOs engaged in the broader project of democratization in their respective countries. The Uganda Debt Network is an NGO that emerged out of a coalition working on debt and poverty reduction.
The six organizations all work on different aspects of public budgeting. The principal activities on the budget process include work to promote the availability of budget information, budget transparency, and broadening societal participation. All undertake capacity-building to promote awareness and understanding of public budgets among legislators, NGOs and citizen groups. Several organizations work to improve budget allocations and outcomes through advocacy work designed to influence budget priorities (allocations between and within major items of expenditure), the quality of implementation (the targeting of expenditures and the proportion of the allocation actually expended) and the utilization of expenditures (how far budget allocations translate into physical outcomes, and the efficiency and effectiveness of expenditures).
The research drew on a combination of methods and data sources to establish evidence of impact. For investigating impact on budget priorities the research drew on official budget data assembled and synthesized by budget groups with a view to establishing trends in government spending on social welfare, education and health as areas of expenditure that matter most to the poor. Data on budget outturns provide evidence of implementation, while physical verification of investments carried out by budget groups was the main source of information to ascertain expenditure outcomes. The main challenge was to establish attribution of any observed changes in budget allocations, quality of implementation and outcomes to the activities of the budget groups independent of other factors such as interventions of other actors and broader economic trends.
For evidence on the impact of the groups on the budget process the research drew primarily on qualitative data gathered from key informant interviews with politicians, government officials and representatives of civil society organizations. Qualitative interviews and focus group discussions were the principal method used to determine the impact of capacity-building and efforts to broaden participation, especially where insights gathered from different actors served to corroborate the findings. Further evidence was available from laws and procedures governing budget transparency, especially where changes could be traced with some with some certainty to the activities of these groups. Secondary documentation and media reports were used to supplement interview data.
Field visits of 10-15 days duration were undertaken by pairs of researchers, in each case one member of IBP/IDS team, together with a civil society budget practitioner from another budget group. The case studies set out to document the full range of activities undertaken by budget groups, with a focus on interventions centered on data analysis and dissemination, capacity-building, advocacy efforts designed to influence budget policies and the transparency of the budget process, and expenditure tracking. The intention of the research was to establish what impacts had been achieved in these areas of activity and to develop explanations for the observed impacts, as a means of generating broader lessons from groups operating in different institutional and political contexts.
The emerging findings from the case study research lead to a number of conclusions on the impact of applied budget work. The impacts fall into two principal categories: changes in budget policy and changes in the budget process. The research finds that the most significant impacts achieved by independent budget groups lie in improving budget transparency, awareness and civil society engagement on the one hand, and enhancing budgetary resources for existing programs and improvements in their utilization on the other.
All of the case study organizations have played a significant role in improving the quantity and quality of timely and accessible public information available on the budget. These efforts are often the only dependable source of information on the impact of the budget on poor people and therefore contribute to enhancing government and effective oversight in the budget process. The case study groups’ media and dissemination work, together with training and capacity building, have considerably expanded budget literacy and the engagement of parts of civil society, the media and the legislature in the budget process. An important message from this work is that civil society can participate effectively in the budget process, and enhance the participation of the legislature and other actors in strengthening budget oversight.
The case study findings also provide evidence that the analysis carried out by independent budget groups can directly lead to positive improvements in budget policies. The documented impacts take the form of increased allocations of budget resources for reproductive health in Mexico, child support grants in South Africa, and tribal development expenditure in Gujarat, India. These important precedents demonstrate that budget advocacy has the potential to influence decisions to introduce new programs and to leverage additional financial resources for programs that have already received legislative sanction.
The case study findings will be further explored in three further documents to be published over the next few months: A synthesis paper will be written for budget work practitioners; a separate paper will be written for an academic audience; and a short briefing paper will be prepared for donors. Each of these papers will be published in this newsletter and on the IBP website (www.internationalbudget.org) where full cases studies are already available.
Budget Work and Democracy Building: The Case of IBASE in Brazil
IBASE is a Brazilian NGO that works to promote human rights and government accountability. The mission of the organization is to contribute to a democratic society where freedom, participation, and diversity flourish. IBASE therefore views its work on budget issues as an instrument of democracy building, working to equip broader civil society with budget information and analysis to strengthen social justice advocacy. IBASE does not include specific analytic efforts or targeted attempts to itself influence government policy, IBASE’s efforts are entirely focused on providing skills and information to enable broader civil society budget advocacy.
Budget work is a relatively small component of IBASE’s activities. Five full-time members of IBASE’s total staff of 50 people work on budget issues. Of the organization’s eight areas of focus in 2005, two were directly linked to its budget work: examining civil society participation during the current administration of President Luiz Inacio Lula da Silva and monitoring public policies through budget education and information.
Congruent with its mission, IBASE’s budget work focuses on raising the importance of certain issues on the public agenda, enhancing the capacity of other civil society actors to participate in public finance debates, and promoting public access to information. As the authors of the case study conclude: “IBASE’s approach to budget work is about putting basic budget information into citizen’s hands on the assumption that eventually power will follow.” Many testify that IBASE’s long-term educational and participatory work on budgets has expanded awareness, catalyzed civil society advocacy efforts, and linked groups into a single network—beginning in Rio de Janeiro state and later throughout Brazil.
IBASE’s research and bulletins have helped to directly expand the level of budget transparency in Brazil. But, their primary impact is on building the capacity of other oversight actors to intervene. Through a program that educates journalists, IBASE has clearly enhanced and boosted media coverage of budget and finance issues. The organization has also increased awareness and participation of citizen’s and legislators at the local and national level through dissemination of its bulletins, newsletters, and resources in popular languages. Its capacity-building efforts include training on budget monitoring geared toward the general public and preparing “social leaders” for advocacy work. Both programs were developed initially in the state of Rio de Janeiro, but have later substantially expanded their reach through an innovative internet-based distance-learning program.
As IBASE’s commitment to budget work further deepens, they will confront several challenges including finding ways to integrate budget analysis into the project and advocacy work of the rest of the organization, sharpening its expanding citizen capacity-building efforts into effective campaign leadership on budget issues; orienting the organization’s targets to executive levels of government; and developing its investigative work to include taxes, revenues, and the effectiveness of public spending.
Croatia and the Institute for Public Finance: Budget Work in a Transitional Democracy
The Institute for Public Finance, a non-governmental organization based in Zagreb, Croatia, undertakes public finance research and analysis to improve national policymaking and the effectiveness and efficiency of public budgeting. Founded at the University of Zagreb in 1970, the IPF is one of a group of 24 state-funded research institutes established by the state. The IPF describes itself as a “public non-profit” institution. The organization of the IPF is based on a small core of about 16 permanent staff members—nine researchers and seven administrators—who support and manage a large network of associated academics. IPF works with around 50 collaborators, mostly from academia, who contribute to its analytical work.
The IPF’s main purpose is the production and dissemination of high- quality research on public finance issues, which forms part of a long-term strategy to improve public education on public finance and the quality of public finance decision-making in Croatia. A number of dissemination outlets help to distribute its research, including a newsletter for the general public, an academic journal, and an extensive Web site. Through its education efforts, the IPF raises awareness of citizen’s, civil society and parliamentarians through roundtables, lectures, a large network of informal advice, and the support of journalists—efforts which are enhanced by materials written in an accessible language and the IPF’s assertive efforts to secure press coverage. In addition to its important relationship with the media, the IPF also plays an advisory role to MPs and members of the executive. On issues such as the proposed “flat tax” in Croatia, it develops and advocates a position through the press, seminars, books, and formal and informal “advice” to a number of policy-makers.
The high intellectual standing of the IPF in Croatia as an independent research organization has been a critical element in its ability to reach and inform policy-makers and politicians. The IPF’s work has had a demonstrative impact on the thinking of the intellectual elite that handles public finance issues in Croatia, and they view the IPF as a key information source, both formally and informally. Due to the budget formulation and governmental system in Croatia, the IPF may more directly shape long-term thinking about critical finance issues rather than significantly influence the current budget and public policy agenda. The IPF therefore focuses its research on a series of themes—for example, tax reform, decentralization, availability and transparency of data—that set the longer-term framework for national public finance policy.
IPF’s strategic challenges in the future include developing second layers of leadership and staff sustainability over the long term; finding methods of furthering its advocacy efforts on certain issues; and creating openings for citizen advocacy on budget issues that rise to the level of civil society’s analytic capacity.
Budget Analysis and Social Activism: The Case of DISHA in Gujarat, India
Located in the western Indian state of Gujarat, DISHA is a social movement based on unions of tribals and laborers which developed budget work as a means of supporting claims for land and labor entitlements. Having evolved into a leading NGO, DISHA is engaged in budget analysis and advocacy work primarily in the eastern tribal belt of India. The organization employs 140 staff members, most of whom are based in the field working directly with various unions and people’s organizations. Measuring the effectiveness of DISHA’s work on budgets requires taking into account the very difficult political and bureaucratic context in which it operates.
DISHA provides the only source of budget information in the state, and it is recognized for ensuring accuracy and timeliness in preparing budget data for use by legislators and the media—in an environment where a lack of legislation permitting access to information and the government’s refusal to publicize budget data limit transparency. DISHA’s provision of budget figures to the media is widely recognized as a key contribution in this context. DISHA seeks to guide legislative debate by highlighting the needs of priority, pro-poor areas—particularly agricultural development, social sectors, and tribal affairs—and to secure budget allocations for these concerns. In addition to improving transparency and accountability, DISHA works to monitor the efficiency of budget implementation in priority areas of tribal issues, health, and education, tracking local government expenditures and acting as a bridge between local and state authorities.
Aside from its significant impact on building budget awareness and budget transparency, DISHA’s main impact is its role in tracking budget commitments for programs geared toward the poor and local-level investments, and underscoring shortfalls in government expenditures. Its efforts helped contribute to a steep increase in the level of implementation of a state budget line designated for the socioeconomic advancement of the tribals—from a 20 percent under-spend of the 1993 budget to an over-spend of 20 percent in 1996, settling down to level implementation thereafter.
As it moves forward, DISHA faces a central challenge: how to promote budget work among a far broader group of stakeholders and how to use this coalition to encourage the executive to provide far better access to budget information. To do this effectively, DISHA is working to employ the latest technology in its analysis and dissemination efforts, and to build relationships directly with government bureaucrats responsible for the budget.
The Fundar Story in Mexico
Fundar—Center for Research and Analysis—an NGO based in Mexico City, focuses on monitoring public funds through the lens of democratization. The organization was founded in 1999, one year before the election of an opposition government to the Mexican presidency for the first time in 71 years. Fundar has developed a unique role in a burgeoning civil society as a professional, research-based organization with a mandate to participate in social justice debates from the perspective of applied budget work. It works on transparency, human rights and governance, and citizen capacity building in coordination with alliances of other CSOs. Fundar has refined its budget work to center around two broad areas—budgets and public policy and human rights and governance, with cross-cutting programs examining legislative issues, transparency, and local-level power. Fundar’s 31 staff members are relatively young, and they often develop the capacity for budget research on the job; although the organization also hires specialist skills when necessary.
Fundar’s significant contribution to the budget process in Mexico includes simplifying and disseminating budget information, fostering budget transparency, and building the capacity and awareness of budget issues among other civil society organizations. The organization’s capacity-building initiatives in Mexico and throughout Latin America, in the form of workshops and training for the media, NGOs, journalists, and legislators, have contributed to wider understanding of budget issues in order to enhance advocacy campaigns. Fundar’s efforts to improve transparency have persuaded the Mexican government to publish official budget data on the Internet. The strongest impact of Fundar’s budget monitoring work lies in improving the quality of the public debate and access of legislators and CSOs to budget information.
Fundar’s work has also directly led to increases in budgetary allocations through its analysis and advocacy work. Through its analysis and coalition-building efforts, Fundar has influenced government programs to combat maternal mortality and pressured for additional funds for maternal mortality and HIV/AIDS prevention. In 2003, Fundar’s work led to a ten-fold increase in the budgetary allocation for a national program designed to reduce maternal mortality through emergency health care provision. This represented an additional increase in the order of US$50 million for a program that would directly benefit pregnant women, especially those from poorer, indigenous communities.
Fundar’s successes in occupying a respected space in the national political context and providing useful information and tested analysis to policymakers serve as examples to other organizations. The key challenges the organization faces over the next few years include whether to increase its work at state and local government levels in Mexico. Fundar will also require an adaptive approach to a changing political environment; with both candidates in the current election promising significant changes in priorities and governance.
Sustained Work and Dedicated Capacity: IDASA’s Experience with Applied Budget Work in South Africa
The Institute for Democracy in South Africa (IDASA) is an NGO working to support the consolidation of democracy in South Africa by building civil society and governance institutions. The Budget Information Service (BIS)—a major program within IDASA founded on the basis of ensuring “budgets for the poor”—was founded in 1995 in order to provide timely and accessible public policy information on the impact of the budget on poor South Africans. BIS’ 2005-07 mission commits it to advocate “for sustainable democracy, poverty alleviation, equity and human rights realization through its research and capacity building activities…” BIS is divided into the following units: the Children’s Budget Unit, the Women’s Budget Unit, the AIDS Budget Unit, the Sector Budget Unit (covering health, welfare, and education budgets), and the Africa Budget Unit. At the time of the case study, BIS employed approximately 22 staff members.
BIS’ efforts to eradicate poverty and bring public awareness to the budget have become well-established projects and advocacy templates in South Africa and around the world. Through the “quiet diplomacy” of building technical knowledge and producing reliable research, BIS has made advances in holding the government accountable for the use of public budgets. To do so, each unit of BIS has formed strategic partnerships with social movements in order to expand its effectiveness, and many units have used these networks to build the capacity for budget work in other CSOs. BIS has also built strong relationships with government officials who depend on its reliable, independent analysis.
BIS has had a significant impact on increasing the quantity and quality of budget information available to all stakeholders in South Africa, but particularly to civil society, the legislature and the media. It has also played a major role in raising awareness and skills for budget work in Sub-Saharan Africa.
BIS’ impact also extends to its ability to help effect changes to budget allocations and expenditures in various sectors and localities. The AIDS Budget Unit has helped to boost national and provincial-level spending on antiretroviral drugs and increase grants to handle treatment of the HIV/AIDS epidemic. The Children’s Budget Unit has contributed to the campaign to ensure children’s access to social security benefits, spearheaded by the Alliance for Children’s Entitlement to Social Security. The effort drew on budget information provided by the CBU and successfully led to an increase in the budgetary resources originally committed for the Child Support Grant when it was first introduced and to a lowered eligibility age of fourteen years. The level of the grant has since kept pace with inflation, partly as a result of ongoing monitoring and advocacy work by BIS and its allies.
The challenges that BIS currently faces will resonate in many established budget groups. The relationship between BIS and the broader IDASA is one of the most important of these challenges, particularly the issue of redefining budget groups over time so that they remain relevant to the changing mission of the parent organization and the local context. A second challenge relates to the relationship between individual project units within a budget organization. BIS has faced the common challenge between the need to specialize increasingly in particular sector budget work, and simultaneously finding ways to manage and maintain its coherence and overall mission.
Budget Monitoring as an Advocacy Tool: Uganda Debt Network Case Study
The Uganda Debt Network is an NGO that uses a combination of research and advocacy to undertake campaigns aimed at improving governance and reducing poverty in Uganda. The organization’s mission reflects this commitment: “To advocate for reduced and sustainable debt levels, accountability, and effective use of national resources for the benefit of all the people of Uganda.” UDN originated in 1996 as a coalition of advocacy and lobbying organizations to coordinate the Uganda campaign for debt relief of extremely poor countries. Using the community networks and growing membership it established during the debt campaign, UDN has subsequently built a strong reputation for linking local budget monitoring activities with national-level policy processes. UDN membership now tops 100 organizations and the organization employs approximately 16 research staffers.
UDN’s budget work is focused on monitoring budget implementation at local levels of government (35 sub-counties in 7 districts) sub-district levels in Uganda and building general awareness of budget issues throughout the country. The organization produces a number of publications that are widely disseminated to policy-makers and citizens, such as an accessible insert in a national newspaper that goes to 40,000 households. UDN strives to provide national-level visibility to the results of the work of the community monitoring committees it initiated in 2002—groups of citizens trained to track problems in the implementation of development projects at local levels. The community monitors report problematic cases to the local authorities to ensure appropriate action and resource allocations in line with budget provisions. Using this methodology, UDN has successfully brought the monitors’ findings to national authorities for redress.
UDN’s impact emerges in the coordinating role it plays in providing civil society inputs to the government in a number of policy areas. The organization’s wide web of relationships across all stakeholders has allowed it to utilize different channels to lobby and exercise pressure on certain issues, particularly corruption and health and education spending. Observers have commended the quality and timeliness of UDN’s policy analysis and socioeconomic research; and the credible nature of UDN’s policy claims stemming from its collection and publication of solid, reliable evidence and information.
Through the monitors’ findings, UDN has helped to improve the quality of government expenditure and service delivery spending. UDN’s campaigns have, for example, eliminated shortages in medicines from some rural hospitals, led to improvements in the quality of school building materials, and lowered teacher absenteeism. In many cases, UDN’s monitoring has also identified and reduced corruption.
UDN’s experiences have many lessons for budget groups. In particular, the organization’s ability to create a niche for itself using local-level checks to gain access to influence national policy is an important lesson for other organizations working in corruption-prone countries attempting to improve service delivery and decentralization simultaneously. The major challenges facing UDN currently are both internal and external. Internally, UDN is working through options for training and replacing the pioneering leadership that founded the organization; while externally the organization is threatened by a bill currently before parliament to restrict the rights of NGOs in Uganda.
Africa Update: Civil Society Responds to Recent Budgets in Kenya, Malawi, Tanzania, and Uganda
Kenya’s 2006/07 Budget, Institute of Economic Affairs
On June 15, 2006 the Minister of Finance released the 2006-07 Kenyan budget “Frameworks for the Future, Laying the Building Blocks.” Almost 46 percent of the budget, or Kshs. 253 billion, is allocated to key sectors such as education (18 percent), finance (9 percent), roads and public works (8 percent), health (6 percent) and defense (5 percent). Nearly 19 percent will go to the national debt. The rest of the budget is allocated to paying pensions and gratuities, and pending bills and salaries.
While GDP growth last year in Kenya was high at 5.8 percent, it is important to understand the policies that led to this growth, given the fact that personal or individual incomes only grew by 2.6 percent. It is difficult to know if poverty levels have risen or fallen since the latest figures available are based on a poverty line established in 1997, and marks the poverty rate as 53 percent (Geographic Dimensions of Well-Being, Central Bureau of Statistics, 2000). Civil society has expressed concerns that growth might only be taking place in sectors and areas that are not directly linked to the poor.
The Institute of Economic Affairs (IEA), a civic forum that conducts pre-budget hearings each year, provides Kenyan citizens with a medium to submit their proposals for the budget. (See: http://www.ieakenya.or.ke) This year, IEA received several presentations and submissions made by sector representatives and the public in Nairobi, and through partners in five districts. Based on the issues raised at the hearings and consultation with sector stakeholders, IEA compiled an Alternative Citizen’s Budget for 2006/07 that offers alternative proposals for many of the problems that Kenya faces. (See: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Alternative-Budget-2006-2007.pdf.)
Kenya’s Minister said he expects inflation to decline to 5 percent by the end of the current fiscal year. Bringing inflation down from 13 percent to 5 percent is probably ambitious given the unpredictability of weather conditions and likely inflationary pressures from the new levy on fuels. This might be exacerbated by domestic borrowing and the 10 percent increase in money supply anticipated by the Minister. According to the Alternative Citizen’s Budget for 2006/07, any tax increase on petroleum products will be passed on to businesses and, ultimately, consumers.
Given Kenya’s heavy reliance on tax revenues, IEA proposed that the government carry out random tax audits on companies and individuals to enhance tax compliance, develop more coherent tax policies that will generate revenue, and enable careful assessments of policies to promote growth, and recognize the relationship between pronounced tax measures and gender, welfare, and development. IEA also proposed developing innovative ways to raise monies through user fees.
As for lower level administration expenditures, evidence shows that there is an overlap in the use of various funds that has resulted in conflict of interest, duplication of efforts, and misuse of resources. In this regard, the government should establish a clear policy on which administrative level it will officially use for decentralization, enforce decentralized fund policies to ensure citizen participation at all levels, and ensure that the use of funds is linked to the macroeconomic policy framework and local and national priorities.
Kenya is globally classified as a water scarce country. About half of Kenya’s population does not have access to safe water; about one-quarter of the population does not have access to adequate sanitation and less than 5 percent of all urban centers have a sewer. Yet water resource management and water supply, services, and sanitation receive less than 1 percent of the national budget. The water resources management authority has been allocated Kshs. 10 million and the water services trust will receive Kshs. 6 million The Kenyan network for water and sanitation estimates, however, that about Kshs. 24 billion is needed for the development of water infrastructure and Kshs. 20 billion for water supply, services, and sanitation in order to meet the Millennium Development Goals.
Central government spending expanded due to the increase in ministries and districts following the constitutional referendum. Furthermore, senior officials enjoy high salaries and generous benefits that could be reduced and reallocated to priority areas. Moreover, the country has experienced a multitude of corruption scandals regarding procurement and security contracts and involving senior government officials. IEA observes that the Treasury therefore needs to tighten control over procurement and financing of security contracts. The government should amend the law to allow greater scrutiny of such contracts by Parliament and the National Audit Office, compel minimum reporting standards on security contracts, enact the proposed fiscal management bill 2006, and review government contract law to clearly define the roles of various public offices involved in the formulation of government contracts.
IEA also believes that public servants need to play a greater role in the development agenda, a result that would be encouraged by reducing the wage differences between the various levels of public offices, and rewarding good performance through promotions and better benefits. In an interview with the East African Standard, Albert Mwenda, executive director of IEA, commented on the impact of rising wages for civil servants and teachers while the revenues collected by the Kenya Revenue Authority (KRA) are near-stagnation.
Malawi’s 2006/07 Budget, Civil Society Coalition for Quality Basic Education (CSCQBE) and Malawi Economic Justice Network (MEJN)
President Mutharika opened Malawi’s budget session with a speech to Parliament on June 6. The government has earmarked roughly 55 percent of its budget to infrastructure, 33 percent to social development, 9 percent to sustainable economic growth, 2 percent to good governance, and 2 percent to social security.
The priority given to infrastructure — especially the construction of the Shire-Zambezi Waterway— at the expense of social sectors and private sector development has disappointed civil society, NGOs, and the financial sector. The Malawi Health Equity Network (MHEN) and Malawi Economic Justice Network have advocated that the health and education sectors receive their full allocations so that Malawi can achieve its Millennium Development Goals in both areas and also fulfill the Abuja Declaration on Health Care, which stipulates that 15 percent of national budgets be earmarked to health. (Malawi invests only 7 percent of its budget in health.) MHEN argues that underfunding health programs undermines the provision of drugs and the appointment of doctors, especially as needed to administer anti-retroviral treatment in the fight against HIV/AIDS.
On June 5, the Civil Society Coalition for Quality Basic Education (CSCQBE) submitted a proposal to the government concerning the 2006/07 education budget. CSCQBE recommended making education a priority and “increasing access and improving the quality of education, which has gone down over the past 11 years.” According to CSCQBE, ultimately 26 percent of the government budget should go to education; the group called on the government to allocate at least 18 percent of its new budget to education as a step toward the 26 percent goal. (Currently, Malawi allocates 11 percent of its budget to education.) In addition, CSCQBE recommended a series of improvements concerning teachers, schools, and educational materials, as well as improvements in the budget process.
Tanzania’s 2006/07 Budget, HakiELimu
On Thursday June 15th, 2006, the Tanzanian Minister for Finance, The Honourable Zakia Meghji, presented her budget for the forthcoming fiscal year. The budget shows increased allocations toward growth and governance, such as “Economic Growth and Income Poverty Reduction” increased from 48 percent to 49 percent; and “Governance and Accountability” increased from 8 percent to 20 percent; and reductions to social services categories such as “Improvement of Life and Social Well Being” reduced from 44 percent to 31 percent.
The overall performance of the economy during the first nine months (July 2005 to March 2006) of 2006 was satisfactory: The economy grew at 6.8 percent in 2005 compared to 6.7 percent in 2004; revenue collection was targeted at Tshs 2,066 million and the target will be attained with a comfortable margin thanks to the implementation of measures aimed at enhancing the management of domestic taxes, widening the tax base and reforming the tax structure itself to make it more easy and efficient to collect taxes.
Despite these satisfactory results, the country suffered from prolonged drought, which caused food shortages as well as scarcity of water for electricity generation. The steady increase in oil prices on the world market has also continued to have an adverse impact on the cost of production and service delivery in the country. As a result, inflation rates significantly increased from 4.3 percent in July 2005 to 6.9 percent at the end of April 2006. In addition, the government was forced to make internal budget reallocations to cater to the distribution of food in severely affected areas. It also waived taxes on food imports to insure the availability of food at reasonable prices to consumers. Both measures reduced the severity of food shortage and dampened inflationary pressure.
The government expects to spend a significantly lower portion of the budget on debt servicing, which has decreased from 13 percent of the budget in 2006 to 6 percent in 2007. Allocations to local regions increase from 14 percent in 2006 to 18 percent in 2007 due to a planned increase in salaries to local government staff. The portion of the budget that goes to salaries is set to increase from 17 percent to 25 percent. Some members of the Budget Working Group of the Policy Forum (PF) reacted to the significant increases in civil service salaries and commented that this explains the increased allocations projected for some sectors that employ a large number of local government workers, such as education and health; and the flow of funds to ministries instead of local governments.
HakiElimu’s (www.hakielimu.org) engagement with the budget this year has been primarily in collaboration with PF. PF is a network of over 50 non-governmental organizations throughout Tanzania that seek to influence policy decision-making by empowering citizens particularly at the local level. PF has smaller working groups that focus on more specific issues. For instance, there is a Health Equity Working Group, a Local Government Reform Working Group, an HIV/AIDS Working Group, and now a Budget Working Group (BWG). The BWG held its first meeting on May 23, 2006 and has 12 members at present including Tanzanian and international NGOs such as HakiElimu, Research on Poverty Alleviation (REPOA) (http://www.repoa.or.tz/), Tanzania Gender Networking Programme (TGNP), Youth Action Volunteers, SNV (Netherlands Development Organization), Oxfam, ActionAid, WaterAid, and CARE International.
The BWG’s primary output to date has been issuing three pre-budget briefs (in English and Kiswahili), which took publicly available information about the 2005/06 budget and the 2006/07 budget from the budget guidelines (issued in March) to make it more accessible to the media, Parliament, and other CSOs and ask questions about this year’s budget. The briefs focused on revenue and expenditure aggregates, allocations to central government ministries, and key sector allocations. The briefs were shared at a meeting with high-level media editors and at a pre-budget discussion held at TGNP and were officially launched on June 12th.
Since the presentation of the budget, several BWG members have released their individual responses. TGNP for instance, issued a rapid response to the budget, which was published in the local newspaper, The Citizen. One concern for (TGNP) (http://www.tgnp.org/) is that the budget speech does not mention a coherent livelihood and employment strategy to ensure that every adult woman and man has the means to support themselves and their families in a dignified way. Instead, there are separate strategies such as micro-credit and formalization. Although there is an effort to set up a committee with bank executives to examine how to promote more credit and other services to the people, and to address the bias towards “large-scale expatriate customers” – this effort is likely to benefit the growth of middle-class entrepreneurship, and not eradicate poverty nor reduce gender, class and geographical inequality. As observed by TGNP, the focus throughout the budget speech is on small and medium enterprises and not on low income ‘micro’ enterprises on which the majority of Tanzanians rely for their income.
In general CSOs reacted to the government’s limited financial capacity and the lack of public participation in the budget process. In order to involve citizens in the budget process and encourage their participation to address poverty reduction, budget information needs to become more accessible. This is a difficult task in a country where only a few organizations understand the budget and these organizations have limited capacity. TGNP has done significant gender budget work and REPOA and HakiElimu have great analytical capacity, but neither group focuses solely on budget issues. PF does not currently have the staff to do budget research in-house, although there are plans to hire some additional analytical support and explore the idea of publishing a citizen’s guide to the budget.
Uganda’s 2006/07 Budget, Uganda Debt Network and Center for Development Initiatives
The 2006/07 Ugandan national budget was read on June 15, 2006 by the Minister of Finance, Planning & Economic Development, Dr. Ezra Suruma. The minister described measures to curb Uganda’s economic slowdown, including the introduction of tax waivers to boost export industries, while raising consumption taxes in the hope of increasing revenues overall. Uganda’s current ratio of tax to GDP is at 12 percent, a level considered low by regional standards.
This year’s budget expenditure is geared toward addressing the current energy crisis. The economy has experienced low productivity and an increase in unemployment, with power supply shortages worsened by rising fuel prices. The energy and minerals sector, where most of the increase in expenditure is directed, will receive Ushs 70 billion (US$ 38.3 million) to increase thermal power generation capacity to provide an additional 100 megawatts of electricity. Donors have also increased their contribution to this sector by Ushs 36.63 billion (US$ 18.4 million) under the donor financing project.
In the health sector, the focus has been placed on health education for primary health care, including increased attention to malaria control. Provision of such services is likely to benefit the poor once the effectiveness of service delivery is improved. However, the health sector overall will receive a decrease in funding from Ushs 508.66 billion (US$ 278.34 million) in 2005/06 to Ushs 375.38 billion (US$ 205.4 million) in 2006/07, representing a decline of US$ 72.94 million. This is because some key health projects financed by donors like USAID, the Centers for Disease Control (CDC) and World Bank have come to an end.
In the social sector, the 2006/07 budget will focus on improving the welfare of primary school teachers with a monthly salary increase of 33.3 percent beginning in July 2006. The President’s promise to provide universal post-primary education and training will begin implementation in 2007. Even with these efforts aimed at improving the quality of primary education, “they do not solve the most important problems in the sector like drop-out rates, book/pupil ratio, and the declining enrollment rates,” says Davis Ddamulira of the Center for Development Initiatives. CDI will further analyze the budget to evaluate how it meets government’s obligations to realize children’s rights.
According to CDI, although government recognizes that northern Uganda continues to have the highest incidence of poverty, the specific budget focus for that region in 2006/07 is only Ushs 18 billion (US$ 9.85 million), for resettlement of internally displaced people, post conflict recovery, and development. This in itself does not positively reflect on government’s commitment to poverty eradication.
Members of the Civil Society Budget Advocacy Group (CSBAG) — such as the Uganda Debt Network (UDN), Uganda Coalition for Sustainable Development, Forum for Women in Democracy (FOWODE) and Apac Anti-Corruption Coalition — have challenged the government on several shortcomings in its efforts towards a pro-poor budget. CSBAG comments at both the 1st National Budget Consultative (December 2005) and at the Public Expenditure Review (PER) meeting (May 2006) were taken into consideration, but a number of concerns remain to be addressed, including: the increasing cost of public administration; the duplication of duties by various government agencies; the increasing misuse of public resources; and the failure to adequately invest in productive sectors such as energy and agriculture.
In order to enhance their campaign and budget advocacy work, UDN began a review of this year’s budget to evaluate how it addresses poverty in Uganda, as well as some critical issues regarding budget discipline. According to UDN, social spending this year (for education, health, water, agriculture, roads and public works) is around 46 percent of the budget. However, CSOs are worried that the share of social spending in the national budget has been declining in recent years from around 55 percent in 2000/01 to around 47 percent in 2005/06. Other spending areas (such as public administration, interest payments, security, etc.) have increased from 44 percent to 52 percent during the same period. “After a quick glance at the budget, one can say the budget is pro-poor since, in nominal terms, a lot of money is spent on social sectors especially to meet the PRSP targets. However, a more detailed review would show the opposite given the fact that the share of social spending in the national budget continues to decline,” said Daniel Lukwago from UDN.
UDN, on behalf of CSBAG, delivered a statement on the economic and budget strategy for fiscal year 2006/07 at the Public Expenditure Review Workshop in May, 2006. UDN called upon the government to:
- Review the impact of any new tax proposals on the poor.
- Focus on pro-poor spending, because over 37 percent live below the poverty line while corruption, mismanagement of funds and anti-poor policies are prevalent.
- Provide more planning and support for productive sectors, especially power generation and agriculture, which are key to national growth and development.
- Allocate more funds to the energy sector to meet the current demand for energy – even if it means cutting funding in other areas; and provide subsidies for generator fuel to large scale producers and small scale manufacturers.
- Support agricultural development, which is the backbone of the economy and employs over 68 percent of the population, by earmarking more funds to the sector.
- Reduce allocations to public sector management.
Other concerns raised by civil society include the deviations between approved budget figures and actual expenditure in some government agencies. This is due to supplementary expenditures which can counteract the original objectives of the budget by skewing actual spending to sectors that may not have much direct impact on poverty, such as public administration. Another concern for civil society is the NGO Registration (Amendment) Act, 2006 which was passed by Parliament on April 7. If enforced, it may undermine the positive partnership currently enjoyed between government and NGOs and make it harder for NGOs to continue having an active voice as advocates for a pro-poor budget. (Source: Civil Society Statement on the Economic and Budget Strategy for FY 2006/07- Delivered by Uganda Debt Network at the Public Expenditure Review Workshop, 05/09/06).
Latin America and Caribbean Update: Meet Grupo FARO in Ecuador and Learn About Children’s Budgets in Jamaica
Budget Watchdog in Ecuador: Meet Grupo FARO
The Foundation for the Advancement of Reforms and Opportunities (Grupo FARO) was created in 2004 to support civil society initiatives and promote ideas and actions for the common good. It conducts work in four areas: education, government reform, public finances, and economic development.
One project in the area of government reform works to oppose corrupt practices by which public funds originally intended for social programs are used instead for political goals. As one example of such practices, before the fall of President Lucio Gutiérrez in 2005, the program Aliméntate Ecuador was used to promote public demonstrations in his favor. There is also evidence that public funds intended for children’s programs were used to buy political support.
While many government programs include protections designed to prevent corruption, a number of these protections have not been implemented at the local level. Hence, Grupo FARO has identified the programs that are most vulnerable to corruption and trained beneficiaries in topics related to rights, social programs, and corruption.
Grupo FARO also conducted a pilot project to strengthen the participation of citizens and local governments in the programs Free Maternity Law and Feed Ecuador. Together with the Association of Municipalities of Ecuador and the Municipality of Pelileo, Grupo FARO helped the women of Pelileo mobilize and demand the right to receive free medical services related to pregnancy. In addition, officials from nine social programs will sign an agreement in July against the corrupt use of funds. To support this initiative, the mass media will disseminate messages related to corruption and a telephone line will be set up to process complaints.
Grupo FARO also leads a civil society effort to monitor Ecuadorian public finances, with technical support from the Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth (CIPPEC). The initiative works to strengthen civil society’s capacity to monitor the budget process and promote fiscal responsibility by improving the quality, efficiency, and equity of public spending, as well as strengthening civil society participation in national and local financial issues.
This “budget watchdog” initiative was launched after the May 2005 signing of an agreement between the Ministry of Economy and Finances and 15 civil society organizations in which the ministry agreed to disseminate budget information. It recently started a second phase of work, consisting of analysis of social investments at local and national levels. As a result, extensive information is being compiled on education, health, and social programs that will enable researchers to determine how many resources actually reach the population and what additional funds are needed to ensure the fulfillment of economic, social, and cultural (ESC) rights.
For more information, visit Grupo FARO at www.grupofaro.org, or contact Orazio Bellettini at [email protected].
Children’s Initiative in Jamaica, UNICEF
Jamaica, faced with economic stagnation for much of the last decade, has reduced budget expenditures to most social sectors. Real expenditures on children declined by almost 7 percent between 2003/4 and 2004/5 and another 20 percent between 2004/5 and 2005/6, and education expenditures have declined from 14 percent of the budget to approximately 9 percent over the past seven years.
Substantial investments in the social sector will be needed to maintain recent social gains and meet government goals relating to social and economic development and children’s welfare. Past experiences and lessons from other countries suggest that in order to maximize investments towards fulfillment of children’s rights; stakeholders must be more vigilant in monitoring social investments and advocating for improved allocations to the social sector.
Unfortunately, Jamaica’s budget process allows very limited participation for stakeholders, and its rules remain obscure even to the most informed citizens. While the budget is publicly debated after the minister of finance’s presentation each year, civil society and the private sector have no opportunity to make a real contribution to the process, and even members of parliament play only a limited role. Stakeholders’ capacity to participate in the budget process is further weakened by their poor knowledge of budget issues. Ongoing public education is needed, on the budget process in general and on issues such as linking budgets and rights, developing participatory budgeting processes, and advocacy to influence budget allocations.
To improve budget allocations for children — as well as transparency in the Jamaican budget — a coalition of government and non-governmental organizations established the Social Investment for Children Initiative (SICI) in 2005. SICI developed a plan to reform the budget process; use resources allocated to children more efficiently, and build social investments for children. With funding and technical support from UNICEF and UNDP, SICI aims to conduct activities such as capacity building, participatory budgeting, and advocacy and communication initiatives. SICI also will conduct budget monitoring through the University of the West Indies in order to track trends in investments for children and other social expenditures, identify areas in need, and compare expenditures with targets set in national policies.
Strengthening the capacities of stakeholders (NGO, government, and academia) is critical to SICI’s success. To date, workshops have been held to sensitize over 100 stakeholders on social investment issues, participatory budgeting, and the links between budgets and rights. In addition, a cadre of 18 professionals has received the first phase of the training needed to train others in activities related to participatory budgeting.
Children will be involved in all aspects of SICI. A group of 30 children have been selected to participate in discussions on budget allocation, help build the capacity of their peers, and assist in researching issues affecting children.
Demystifying the budget process is easier to achieve if citizens are engaged and can influence budget decisions. Recognizing this fact, SICI has made it a priority to influence social investments for children. The government has publicly stated its intention to facilitate civil society participation in the budget process, and government agencies are generally open to the idea. Work is currently underway to develop a framework for participatory budgeting for Jamaica, which the Child Development Agency (a semi-autonomous government agency responsible for promoting children’s rights) will pilot beginning with the 2007/08 budget. This will form the basis of an approach that will be recommended for use by all government agencies.
For more information, contact Kenneth Russell at [email protected].
South Asia Update: Civil Society Responds to the Bangladesh and Rajasthan Budgets
Bangladesh’s 2006/07 Budget, Unnayan Onneshan
The national budget 2006/2007 for Bangladesh was presented by the Finance and Planning Minister M Saifur Rahman on June 8, 2006. The budget is showing a deficit that the government intends to finance by setting an ambitious target for tax revenue collections and by borrowing from domestic sources.
In response to the budget the think tank Unnayan Onneshan (http://www.unnayan.org/) that works towards poverty alleviation, gender equality, and social justice examines the fiscal measures and budget allocations and how they fit the national strategy for development. In particular Unnayan Onneshan examines whether the budget is on the right track to meet the Millennium Development Goals (MDGs).
The organization observes that the budget assumes a 17.1 percent growth in revenues compared to 2005/2006. Revenue collections are expected to be monitored more efficiently and transparently with the appointment of a tax ombudsman.
The proposed budget increases education spending by 2 percent and health spending by almost 6 percent over the prior year. As a result, education spending will rise from 8.8 percent of the budget to 8.9 percent, while health spending will rise from 6.6 percent of the budget to 6.9 percent. Safety net spending, in contrast, declines by 16 percent under the new budget, and will shrink from 0.5 percent of the budget to 0.4 percent.
The share of the budget going to agriculture will decline significantly under the budget, from 22.3 percent to 21.8 percent. This decline threatens to worsen poverty, since about 70 percent of the population is directly or indirectly dependent on agriculture. In addition, despite the strong demand by households and businesses for power, the budget cuts energy spending by 7 percent, more than any other area.
While a 2002 MDG progress report found that 82 percent of urban areas and 72 percent of rural areas had access to safe drinking water, the budget claims that Bangladesh has already achieved the MDG target in this area by ensuring that 100 percent of the urban population and 96.5 percent of the rural population have such access. However, the absolute number of people without water and sanitation coverage across the country has increased despite relative improvements in coverage. Almost 40 percent of low income populations in four large cities is largely unserved in terms of access to drinking water. Squatters and people in slums have limited access to piped water supply. And the urban unserved pay high prices for water of minimal amounts and also dubious quality.
The government also claims remarkable success in reducing child mortality and maternal mortality. It assesses current child mortality rate at 65 per thousand, down from 66.3 per thousand in 2000. The rate of decline has however slowed considerably. Maternal mortality is said to have declined from 320 to 310 per 100,000 live births from 2000 to 2002, though other official documents show the rate was 391 per 100,000 live births in 2002. Success cannot be effectively measured as various official sources report different data for the same variable.
Rajasthan’s Local Budget 2006/07, Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC)
Located in Northwestern India, Rajasthan is below India’s urban and rural national averages for Monthly Per Capita Consumer Expenditure. The rural economy is expected to experience further adverse effect since the allocation to agriculture has declined by about Rs. 100 crore from 2005/06 (revised estimate) to 2006/07 (budget estimate). In order to improve the low productivity as a result of poor health and low levels of education, the government should increase the social sector spending too, but Rajasthan spends less than four per cent of its Gross Domestic Product (GDP) on education and less than one per cent on health, observes the Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC) that analyzes the Rajasthan budget and assesses the impacts of the expenditures on the socioeconomic development of the poor and marginalized people
BARC indicates that in order to raise the purchasing power of the poor, public investment needs to increase, but the government is currently reducing allocations in the economic sector. The drastic reductions in allocations have been taking place since last year due to the tight Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) measures enacted in 2005. Under the FRBM Act the government is bound to reduce its revenue deficit to zero by 2008/09. In addition, fiscal deficit either needs to be reduced or remain constant. These goals can be met by generating revenues and keeping expenditures at a constant level. However, the government has been trying to maintain good fiscal responsibility by curtailing allocations.
The present government has significantly increased the capital outlay, which is of great importance for the development of infrastructure. Given that so far there is no surplus on the revenue account all the capital outlay needs to be borrowed, which in turn needs to be repaid with interest by the people of the state. The government should be cautious and not impose the debt burden on its people through increasing allocations in the capital account and work on a plan to repay the borrowed amount. Moreover, there should be a balance between imposed debt burden and increased capital outlay. Otherwise, the FRBM Act may be violated after a certain period of time, or the government might have to roll back its increased capital outlay.
For more information, contact [email protected] at the Budget Analysis Rajasthan Centre (BARC).
Beyond Budget Tracking: The Need to Track Fiscal and Monetary Policies, ActionAid
Budget-tracking groups such as South Africa-based IDASA are paying increasing attention to the macroeconomic policies that shape both national and sector budgets. Recent work by ActionAid International USA, the United Nations Development Program (UNDP), and other groups suggests that advocates of the Millennium Development Goals (MDGs) and of efforts to fight HIV/AIDS should consider the ways in which certain macroeconomic policies unnecessarily constrain government spending in these areas.
While many budget-tracking groups do excellent work tracking the disbursements of sector budgets (the “slices” of the budget pie), few have examined the broader macroeconomic policies that often influence the overall size of the pie. ActionAid suggests that MDG advocates and budget-trackers undertake basic economic literacy training to better understand how these macroeconomic policies work. Such training would also help these groups learn more about viable alternative policies that would enable low-income countries to spend the increasing amount of donor aid that is becoming available while also generating more of their own resources over the long run.
Often the macroeconomic policies that low-income countries adopt, including fiscal and monetary policies, are forged in discussions between their finance ministries and the International Monetary Fund (IMF). Since many countries are unable to spend the increasing amounts of donor aid — or to hire the many doctors, nurses, and teachers projected to be needed to achieve the MDGs and fight HIV/AIDS — advocates have grown increasingly alarmed by the restrictions on public spending that flow from the tight fiscal and monetary policies upon which IMF loan programs are conditioned.
The IMF routinely works with impoverished countries to set specific targets as part of the agreed macroeconomic framework, including targets for reducing the budget deficit and the inflation rate.
These targets, in turn, impose de facto or explicit limits on the national budget as a whole, as well as on the funding available for health, education, water, sanitation, agricultural infrastructure, and other basic needs. Often, these targets unnecessarily constrain the amount of public expenditures available for initiatives to help meet the MDGs or fight HIV/AIDS.
A 2001 report by the U.S. General Accounting Office on IMF loans explained that there is a “substantial gray area” between policies that may be considered too “loose” (and thus lead to macroeconomic instability) and policies that may be too “tight.” “Policies that are overly concerned with macroeconomic stability may turn out to be too austere, lowering economic growth from its optimal level and impeding progress on poverty reduction,” the report cautioned.
For example, many IMF loan programs have called on poor countries to reduce their fiscal deficits significantly, and in some cases to build surpluses. When this happens, money that could be used to hire more doctors and teachers is instead used to pay down the deficit to levels that are often unnecessary, according to peer-reviewed academic studies.
The IMF claims that it has become more flexible in its deficit-reduction targets since replacing its Enhanced Structural Adjustment Facility loan program with the Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) program in 1999. While this is true to some degree, the new flexibility remains limited, and the deficit-reduction targets in many IMF loan programs are still unjustifiably tight. Whereas most countries have historically been able to manage moderate levels of fiscal deficits, the IMF remains opposed to deficits, particularly because of the high interest payments associated with them.
Moreover, the IMF often ignores the fact that deficit spending can be used to strengthen a country. The UNDP and other researchers have concluded that while deficit spending on short-term consumption can cause more harm than good, deficit spending on key public investments can more than pay for itself over time by improving productivity and economic growth.
Regarding inflation-reduction targets, many IMF loan programs have called on poor countries to reduce inflation to very low levels — 5 percent or lower. Some 45 of 63 recent PRGF arrangements examined by ActionAid included inflation targets of 5 percent or less.
Everyone agrees that very high inflation can weaken long-term economic growth, make planning difficult for private businesses, and raise prices out of reach of the poor. However, while the peer-reviewed economics literature has consistently shown that inflation rates above 20-40 percent are harmful, there is considerable disagreement among economists about inflation rates in the more moderate range of 5-20 percent. The IMF insists that inflation in this range constitutes “macroeconomic instability,” but no academic research justifies this claim. Some IMF economists recently conceded that if countries are expected to absorb and spend higher inflows of donor aid, inflation may increase somewhat as a consequence, yet this important reconsideration has not been translated into policy changes in many IMF loan programs.
This issue is important for MDG advocates because when an IMF loan program requires a reduction in inflation from this moderate range of 5-20 percent to below 5 percent, it can weaken a country’s economic growth and cost it revenues that could have been used to hire more doctors and nurses in the fight against HIV/AIDS. (Economists refer to this as the “sacrifice ratio,” meaning that for every point by which inflation is reduced in this moderate range, a certain level of GDP growth is lost.) Many economists believe that the IMF’s excessively tight inflation-reduction targets are partly responsible for the significant drop in low-income countries’ economic growth between 1960-1980 and 1980-2005. Although the IMF has long claimed its policies are “pro-growth,” those policies often pursue macroeconomic stability (as defined by the IMF) over other goals such as higher growth rates and improved public spending.
The UNDP and many other economists project that much higher growth rates will be needed to enable countries to generate more of their own resources domestically for achieving the MDGs — and that generating these higher growth rates will require more expansionary fiscal and monetary policies. Yet the IMF remains opposed to this approach.
A related issue is “donor aid volatility.” Many donors do not support a given project consistently from year to year; many donors also fail to disburse the amount of aid they promised. Whether a country adopts the IMF’s preferred tight fiscal and monetary policies or more expansionary ones, donor aid volatility will remain a major problem for finance and planning ministries, making it impossible for them to predict how much aid will be available in any given year.
The IMF claims that donor aid volatility is one reason it hesitates to encourage low-income countries to hire more health- or education-related personnel. According to this argument, if finance ministries use donor aid to hire more nurses but donors do not send the pledged amount of aid the following year; the country would likely opt not to fire the nurses but instead to continue paying them by running up its fiscal deficit. ActionAid argues that MDG advocates should join the IMF in calling on donor countries to develop clear disbursement mechanisms that will allow for much greater certainty of aid flows over much longer periods, such as ten years. Reducing donor volatility will enable low-income countries to do more long-term planning. It also will ease concerns over macroeconomic instability associated with the on-again/off-again spending on human resources.
In 2006-2007, ActionAid International USA will develop an economic literacy training and advocacy project to address many of these issues. The project will encourage budget-trackers and civil society advocates to develop better working relationships with economists and to greatly upgrade their economic literacy so they are better prepared to discuss these issues with lawmakers and finance ministries.
For more information about this project in the United States and in ActionAid’s country programs, contact Rick Rowden at mailto:[email protected] (after August 7) and Nisha Thapliyal at [email protected].
For a brief overview of this problem, see the Spring 2006 issue of “Policies and Priorities” by ActionAid International USA.
Budget Analysis and Economic, Social, and Cultural Rights Training, Thailand
On 13–20 May in Chiang Mai, Thailand, the Beyond the Circle Network (India) and the Asian Institute for Human Rights offered a training course on economic, social, and cultural rights (ESCR) for development practitioners and human rights activists. Its objectives were to help participants understand and apply the ESCR framework in their programs, identify the conceptual and normative framework for implementing ESCR, and discuss some specific rights, such as the rights to food and housing. The training also examined budget analysis as a tool to monitor the implementation of ESC rights.
Participants came from 15 countries: Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Palestine, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, and Vietnam.
The budget analysis sessions provided an introduction to the budget and its components, the different stages of the budget process, and advocacy opportunities in each stage. Participants also learned about (and practiced using) some quantitative tools for applied budget analysis.
Most participants were new to budget analysis. Several noted afterwards that they now realize how budget analysis can strengthen their advocacy work. Several also commented that while many human rights activists think budgets can be understood only by experts, the training helped to debunk this notion.
This training also provided an opportunity to share India’s experience, discuss the challenges of ESCR activism at a regional level, and learn about experiences from other countries in order to help form a broader network that can lend support to groups undertaking this work.
For more information, contact the Asian Institute for Human Rights at [email protected].
New Publication: “The Provida Case” – Pending Accounts in Transparency and Justice, Mexico
Six Mexican civil society organizations: Fundar, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Letra S: Salud, Sexualidad, Sida and Salud Integral para la Mujer (Sipam) released the publication “The Provida Case: Pending Accounts in Transparency and Justice” (available in Spanish), which details their outstanding research and advocacy efforts to uncover the scandal involving a pro-life organization called Provida and the Mexican government
Provida came into the spotlight after receiving a government grant of 30 million pesos without following a request for proposals process. This money was originally allocated to assist women infected with HIV/AIDS and purchase anti-retroviral treatments. However, the president of the budget commission in Congress unilaterally assigned the funds to Provida, organization that accepted the money and spent a large amount of it on publicity and even on luxury items that had nothing to do with health. Furthermore Provida’s conservative views contradict existing government efforts and legislation on sexual education and abortion.
The publication synthesizes the three year research to understand the limits of accountability in Mexico, the legal loopholes that need to be addressed to prevent discretional use of public funds, and the inspiring advocacy campaign and use of the media to make the government take responsibility for its actions. This thorough publication aims to help other organizations, in particular budget groups, to see the impact and importance of combined research and advocacy.
New Materials in the IBP Library
Analyzing the UN Tsunami Relief Fund Expenditure Tracking Database: Can the UN be more Transparent?
By Vivek Ramkumar/ International Budget Partnership
When it began its relief effort in response to the 2004 tsunami in South/Southeast Asia, the UN for the first time created a real-time database to track expenditures across countries, program sectors, and relief agencies. The database is intended to allow interested parties to learn where the donations to relief efforts by the UN and other agencies are being directed and the rate at which they are being spent. Using the information in the database, the International Budget Partnership (IBP) has conducted this analysis of the UN’s relief expenditures. It finds that the database contains much useful information that raises important questions about UN relief expenditures, but that the database’s form and content do not allow a thorough analysis of these issues.
Parliament Digest – Bridging the Gap between Parliament and People, Budget Session 2005
By Amitabh Behar, Sunila Sihng, and Prakash Gardia (Editors)/The National Center for Advocacy Studies (NCAS)
This in-depth analysis of India’s 2005 budget session argues that the opposition parties’ boycott of much of the session jeopardized Parliament’s ability to represent the interests of the people in budget debates. As a result, the 2005 budget was approved without adequate discussion. The report examines a number of questions that have been raised about the budget concerning issues of gender, scheduled castes/tribes and minorities, governance, food and security, social development indicators, agriculture, labor, and natural resources. The report aims to bridge the information gap between Parliament and the people by providing resources that will help people participate in government decisions.
Regional-Local Dimension of Russia’s Fiscal Equalization
By Jorge Martinez-Vazquez and Andrey Timofeev/Andrew Young School of Policy Studies, George State University
In light of the Russian government’s stated commitment to provide citizens with equal access to public services regardless of where they live, this paper examines about 2,000 local governments to assess and explain the differences in government resources available between and within regions. Its aim is to evaluate the quality and accessibility of local services and explain whether policies adopted by regional governments offset or reinforce the central government’s fiscal equalization efforts. The authors conclude that the wide variations in per capita revenue among Russia’s local governments reflect disparities within regions rather than between them.
Is VAT the Best Way to Impose a General Consumption Tax in Developing Countries?
By Richard M. Bird and Pierre-Pascal Gordon/Andrew Young School of Policy Studies, George State University
This paper examines the Value Added Tax (VAT) system in Ukraine and Jamaica in terms of revenue productivity, equity, and economic development. The authors examine such questions as: Is the VAT in most developing countries as well designed and implemented as possible? Do all “good” VATs follow the same approach? Can every country administer a VAT sufficiently well to make the tax worthwhile? Is a VAT always the best response to the revenue problems caused by trade liberalization in many developing countries? The authors conclude that a VAT is a wise choice for almost all developing countries, although this does not mean that existing VATs are necessarily the best ones given countries’ particular circumstances.
