Newsletter 32 – Spanish

Obstáculos y recomendaciones para una mejor vigilancia del presupuesto en países del Medio Oriente y África del Norte por Edouard S. Aldahdah

Edouard Aldahdah es un especialista en gobernabilidad libanesa que reside en Francia. En este artículo describe cinco obstáculos para fortalecer la vigilancia presupuestaria por parte de la sociedad civil, el parlamento y los medios en el Medio Oriente y África del Norte (MENA) y presenta una serie de recomendaciones.

a) No existe una base empírica para llevar a cabo debates presupuestarios

Aunque esto esencialmente se aplica a temas de desarrollo, también corresponde a los debates alrededor de la administración y el presupuesto. Esto puede parecer una paradoja ya que los presupuestos son datos y números. Sin embargo, algunos pasos del proceso presupuestario como los déficits presupuestarios son especialmente vulnerables a “secuestros” políticos a manos de los intereses de algunas facciones. Algunos políticos de la región MENA comprenden el proceso presupuestario y sólo unos cuantos reconocen el impacto del proceso presupuestario en el bienestar de los ciudadanos. Esto no les impide hacer declaraciones sobre cuestiones presupuestarias con gran potencial de movilización pública — como puede ser en relación al tamaño del déficit — lo que puede desconcertar al ciudadano promedio.

Cómo sobreponerse a este obstáculo: Mediante sesiones sobre información presupuestaria elemental dirigidas a partidos políticos de la región si es que se quiere integrar la conciencia presupuestaria a la cultura política en la región. Portavoces de partidos políticos, dentro y fuera del parlamento representan audiencias claves para la información de dichas sesiones.

b) Percepciones equivocadas sobre la capacidad presupuestaria

Los debates presupuestarios en MENA se dificultan debido a que el ciudadano promedio de un país MENA ve al presupuesto como asunto de los políticos. El político promedio en MENA ve al trabajo presupuestario como asunto de tecnócratas; como algo muy complicado para involucrarse. Estas percepciones sobre cómo legitimar el conocimiento pueden resultar en controversias entre expertos presupuestarios y políticos en la región. Los políticos con frecuencia se benefician de su acceso a los medios de comunicación y de su habilidad de movilizar y formar opinión pública.

Cómo sobreponerse a este obstáculo: Mediante lazos entre los ciudadanos y los expertos presupuestarios para darle contexto humano a las cifras duras. Estos vínculos pueden darse en la forma de (a) programas de capacitación que lleguen a la sociedad civil, así como aquellos que llevan a cabo la Administración Internacional e Instituto de Capacitación en Líbano para grupos de jóvenes, organizaciones de mujeres, asociaciones de deportistas, etc., y (b) aumentar el “tiempo aire” en los medios para expertos presupuestarios.

c) Débiles relaciones entre quienes generan la información y los políticos

El conocimiento sobre el sector público administrativo está concentrado en las universidades y centros de investigación, mientras la toma de decisiones es el ámbito de acción de los funcionarios gubernamentales. Ocasionalmente alguien de la academia toma un puesto público, o bien, un funcionario gubernamental decide dedicarse a la docencia o a la investigación. Esto representa un gran impedimento en el flujo de información entre quienes producen el conocimiento y quienes lo utilizan, tal como se puede apreciar en la creciente fractura entre las prioridades de reformas gubernamentales y las prioridades de docencia e investigación de las universidades.

Cómo sobreponerse a este obstáculo: la experiencia en MENA ha demostrado que la mezcla entre académicos y políticos como es el caso del Consejo Económico de Argelia puede servir como plataforma para traducir el conocimiento en políticas presupuestarias y transmitir este conocimiento a los ciudadanos.

Otro ejemplo positivo de colaboración entre académicos y tomadores de decisiones es el Instituto de Finanzas de Líbano que ha tenido éxito en la movilización alrededor de su equipo de docentes con afiliación gubernamental a una gran red de académicos y expertos privados para impartir capacitación presupuestaria al personal del Ministerio de Finanzas.

d) Monopolización de capacidad por parte de instituciones internacionales financiadoras

En cuanto a la administración del sector público, en general, y la reforma presupuestaria, en particular, los gobiernos de MENA dependen demasiado del apoyo técnico y consejos políticos de las instituciones internacionales como el Banco Mundial, el PNUD y el FMI. Mucho del conocimiento y capacidad derivada de esta interacción tiende a permanecer concentrada en las manos de las organizaciones multilaterales y en las contrapartes dentro de los ministerios de finanzas y otros cuerpos gubernamentales. Con frecuencia los funcionarios gubernamentales utilizan las capacidades adquiridas para sumarse a organizaciones internacionales que ofrecen mejores salarios y oportunidades profesionales. En consecuencia, la capacidad de los países MENA permanece limitada y no se filtra a la administración.

Cómo superar este obstáculo: Una coalición de donatarios (el Banco Mundial, la Comisión Europea, el Departamento del Reino Unido de Desarrollo Internacional, así como los gobiernos de Francia, Noruega y Suiza, el FMI y la Asociación Estratégica de África) creó el programa financiero de rendición de cuenta del gasto público “Public Expenditure Financial Accountability Program” (PEFA) para fortalecer a los receptores de asistencia (pero también a los donadores) y así (a) diagnosticar el gasto público del país, los sistemas de rendición de cuentas financieros y (b) desarrollar una secuencia práctica de reforma y acciones que reduzcan los costos para los países y finalmente lleven a que las reformas logren mejores impactos. Iniciativas similares de capacitación deben de ser apoyadas y promovidas en la región.

e) Falta de transparencia en el gobierno y pobre rendición de cuentas

Quizás el obstáculo más severo que enfrenta el trabajo presupuestario en la región MENA es la falta de transparencia de los presupuestos nacionales. Los ingresos de las industrias extractivas (principalmente petróleo y gas natural) así como gasto militar (MENA tiene el gasto militar más grande per cápita del mundo) no se incluyen en los presupuestos de los países MENA.

Más allá de este problema, la transparencia presupuestaria varía ampliamente a lo largo de la región: en Irán el presupuesto de 1,500 páginas está disponible al público una vez que se aprueba por la legislatura, pero Egipto sólo hace público un documento de dos hojas con datos genéricos. No obstante, lo típico es una débil rendición de cuentas gubernamental. Por ejemplo, desde 2003 el gobierno egipcio ha puesto a disposición del público la propuesta presupuestaria que revisan los miembros del parlamento unos días antes de la discusión en el parlamento, lo que no permite suficiente tiempo para estudiarla.

Cómo sobreponerse a este obstáculo: En el área de transparencia presupuestaria, MENA está comenzando desde abajo. Uno de los prerrequisitos es contar con campañas de concientización con la ayuda de los medios y ONGs de vigilancia (tales como los capítulos de Transparencia Internacional en donde Marruecos, Líbano, Palestina y Bahrain son de los más activos) lo que explica la importancia de la transparencia y la necesidad de la voluntad política para institucionalizar reformas de transparencia. En donde sí existe voluntad política, la capacidad de implementar dichas reformas (y de imprimir buenas prácticas internacionales en dichas reformas) se tendría que promover.

 


 

Debate presupuestario en Egipto por Mustapha K. Al Sayyid

A principios de abril hubo un debate público en Egipto previo a la entrega del reporte de la Agencia de Contabilidad Nacional (NAA) con un recuento del ciclo fiscal 2003-2004. Cada año la Constitución Permanente de la República Árabe de Egipto le piede a la NAA presentar un reporte sobre la cuenta del presupuesto de la Asamblea del Pueblo “People’s Assembly” (PA). El gobierno ha fallado en la entrega a tiempo de este reporte, por lo que la PA no podía exigir rendición de cuentas ya que los ministros responsables de las finanzas gubernamentales ya no estaban en funciones cuando el reporte se discutió por la PA. El reporte presentaba observaciones relacionadas con las prácticas presupuestarias del gabinete anterior encabezado por el Dr.Atef Ebeid quien había renunciado en julio 2004. El reporte criticaba al gobierno por el déficit presupuestal y por violaciones a prácticas fiscales. Miembros de la PA – la cámara baja de Egipto que cuenta con el poder constitucional de aprobar el presupuesto – comentaron el reporte del Presidente de la NAA. Quienes tomaron parte en este debate expresaron sus críticas al gobierno incluyendo miembros de la oposición y del Partido Nacional Democrático. Las principales observaciones formuladas por Dr. Gawdat Al-Malt, Presidente de la NAA son:

  • La NAA puntualizó que el gobierno pospone el pago de sus deudas por no contar con fondos suficientes. El peso de la deuda aumenta obligaciones futuras del gobierno. Esta práctica complica todavía más la tarea de la administración del presupuesto.
  • El reporte también pone atención a la gravedad de la situación de la deuda pública que ha subido de 435 billones en libras egipcias – $76 billones – o cerca de 90 por ciento del PIB.

La gravedad de la situación se puede ilustrar con lo siguiente:

  • un acelerado aumento de la deuda pública nacional de 370 billones en 2003 en libras egipcias, a 435 billones in 2004, un aumento de 14.7 por ciento en tan solo un año
  • la mayor parte del aumento en la deuda pública nacional fue utilizado en su mayor parte en el financiamiento del déficit del presupuesto y no en el financiamiento de nuevas inversiones
  • el costo del servicio de la deuda nacional ocupa una gran parte de los recursos nacionales ya que absorbe no menos del 38 por ciento de todos los ingresos del gobierno

Estas observaciones fueron notadas de inmediato por un gran número de diputados que escucharon este reporte ofrecido por el líder de la NAA en la PA. Muchos diputados aplaudieron al líder de la NAA por sus observaciones y pidieron al gobierno tomarlas en consideración durante la preparación del presupuesto del siguiente año fiscal. Estas observaciones estimularon un amplio debate en la sociedad egipcia, el cual fue reflejado en los periódicos, en donde se lamentó que el gobierno no lograra balancear el presupuesto y se advirtió de las consecuencias que esto puede tener en futuras generaciones si no se rectifican todos los defectos que se mencionan en el reporte.

Se le ha solicitado al gobierno tomar en cuenta estas observaciones en el siguiente ciclo fiscal. El último presupuesto no se ha entregado a PA para ser aprobado, aunque ya se había fijado una fecha semanas atrás. Posiblemente la demora se debe al gran peso que representan los subsidios de productos petroleros que aumentaron de LE 20 billones a más de LE 40 billones en un lapso de un año, debido al aumento en los precios del petróleo en el mercado internacional. Es cierto que Egipto es un país exportador de petróleo pero también importa un gran volumen de productos relacionados al petróleo.

Para mayor información, contactar a Mustapha K. Al Sayyid [email protected].

 


 

Retos a la transparencia presupuestaria en Marruecos por Abdellatif Ngadi

Los países del Norte de África y Medio Oriente (región MENA) han experimentado muchas dificultades a partir de su independencia. Hoy, la sociedad civil y las instituciones públicas de la región buscan combatir la corrupción y la falta de transparencia, en particular en el proceso presupuestario y en el monitoreo de las finanzas públicas.

La sociedad civil ha ganado credibilidad entre el público y varias ONGs han aumentado sus conocimientos en temas fiscales y financieros para ayudar a asegurar que los recursos públicos se gasten de manera adecuada. Algunos grupos ofrecen capacitación financiera a nivel local, tal como el Comité sobre Educación y Comunicación de la Federación Nacional de Docencia. Sin embargo, aun los grupos que trabajan en temas presupuestarios tales como “Transparency Morocco” tienen dificultad en obtener información presupuestaria de manera regular para generar análisis presupuestario oportuno. (Ver: http://www.transparencymaroc.ma/actualite.php?Language=En, en francés.)

En Bahrain, las discusiones sobre el presupuesto son modestas pero algunos legisladores ya están abogando por el derecho a discutir el presupuesto, participar en su preparación del presupuesto y en darle seguimiento a su implementación. ONGs en Argelia, Egipto y Yemen ya están avanzando en la lucha contra la corrupción vinculada a cuestiones financieras.

En Marruecos, sin embargo, el tema del análisis presupuestario aún no ha detonado la creación de una coalición de ONGs como otras cuestiones, tales como el derecho a bienes comunes o el acceso a servicios de salud pública. Esto, a pesar del hecho de que el sistema financiero nacional enfrenta serios problemas tales como la corrupción, la evasión fiscal y la falta de rendición de cuentas por parte de funcionarios públicos.

Cabe mencionar que es muy difícil para la sociedad civil y el parlamento en Marruecos contar con una visión estratégica sobre finanzas públicas. Por ejemplo, no existen canales de participación ciudadana en el proceso presupuestario y existe poca transparencia en la contabilidad del dinero que entra y sale durante la elaboración del presupuesto.

A pesar de estos retos, existen señales positivas hacia una mayor transparencia en Marruecos como:

  • En el presupuesto 2006, el gobierno presentó un plan para atender las prioridades de equidad de género a nivel local y nacional. La creación de un reporte presupuestario con enfoque de género es clave para los esfuerzos del país por conseguir equidad de género, promover los derechos de las mujeres y avanzar hacia las metas del milenio. Debido a la importancia de la iniciativa, es fundamental que los activistas de género monitoreen su progreso y luchen por que este reporte de género sea incluido en futuros presupuestos. (Ver “Moroccan National Budget Includes Gender Report.”)
  • Por primera vez, ONGs examinaron la Ley de Finanzas y abrieron un debate que antes estaba cerrado al público. Setenta y cinco ONGs como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y Transparencia Marruecos, organizaron una reunión para debatir la ley asegurándole al parlamento su intención de colaboración y no de enfrentamiento. Varios legisladores de ambas mayorías y de la oposición han respondido a las aportaciones de la sociedad civil. De hecho, un grupo parlamentario de la mayoría se ha mostrado en favor de las prácticas de presupuestos participativos, presupuestos con enfoque de género y prácticas que incluyan las perspectivas de distintos actores al proceso presupuestario.
  • El administrador general de impuestos de Marruecos anunció al mercado de acciones el año pasado que “Marruecos, el país de los privilegios ya no existe. Todos los contribuyentes deben de acatar las regulaciones fiscales.” Marruecos ha simplificado su sistema de impuestos al reducir el número de códigos fiscales en un 40 por ciento e introducir formas de impuestos en versión electrónica para aumentar la recolección y transparencia.
  • Aproximadamente 100 ONGs junto con celebridades crearon el “Entreaty on the Rights to Public Goods” una red de asociaciones cuya secretaría nacional incluye representantes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y Transparencia Marruecos. El movimiento fue una protesta simbólica en contra del gobierno y los actos de malversación de fondos y la apropiación de bienes públicos a través de 50 años de independencia del reino.

Para mayor información, contactar a Abdellatif Ngadi [email protected].

 


 

Trabajo presupuestario en Líbano, el papel del LPHU por Mohammed Ali Loutfy

 

Después de la guerra civil en 1990 la sociedad civil enfrentó serias dificultades, tales como el desequilibrio entre las políticas fiscales del gobierno y las necesidades de desarrollo social nacionales. Además, las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) en Líbano carecen de las herramientas para comprender los principales mecanismos mediante los cuales el presupuesto nacional se formula, implementa y evalúa. Entre parlamentarios y otros actores libaneses ha crecido el interés por comprender las principales cuestiones alrededor del proceso presupuestario y aprender cómo traducir las preocupaciones generales y necesidades específicas en políticas económicas concretas.

Por ello, en el 2003 el Sindicato de Discapacitados Libaneses “Lebanese Physical Handicapped Union” (LPHU) y la Asociación de Transparencia Libanesa “Lebanese Transparency Association” (LTA) en colaboración con el Instituto Democrático Nacional “National Democratic Institute” (NDI) desarrollaron un proyecto para analizar el presupuesto libanés.

La primera fase del proyecto consistió en talleres y otras actividades diseñadas para darles a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil conocimientos y metodologías técnicas para manejar asuntos presupuestarios. Los objetivos de esta fase incluyen:

  • enlistar los componentes básicos del proceso presupuestario
  • resaltar las formas en las que el proceso presupuestario se puede hacer más transparente
  • identificar los mecanismos para aumentar la participación ciudadana en la formulación, implementación y evaluación del presupuesto

Además, un experto en análisis de presupuestos preparó un reporte que ofrece guías sobre cómo incluir indicadores de derechos humanos y desarrollo en el presupuesto.

Tal como lo indican las actividades conducidas hasta el momento, existe un grupo de OSCs en Líbano interesado en hacer análisis presupuestario aplicado. Los talleres permitieron a este grupo estrechar lazos de cooperación y trabajar hacia un entendimiento común sobre la importancia de desarrollar un presupuesto nacional que equilibre las necesidades económicas y sociales de Líbano. Los talleres también abrieron la posibilidad de involucrar a la sociedad civil en debates directos y positivos con funcionarios gubernamentales.

En la presente fase del proyecto, LPHU intenta construir una coalición nacional formada por representantes de diversos sectores de la sociedad civil libanesa. Acompañados de capacitación técnica y materiales desarrollados durante la primera fase del proyecto, la coalición propuso un presupuesto alternativo a actores de finanzas públicas incluyendo el Ministro de Finanzas y el comité presupuestario del parlamento. Este presupuesto alternativo refleja el ánimo de colaboración que toma en cuenta las perspectivas y necesidades de todos los grupos sociales. Finalmente, se puede dar una asociación entre actores gubernamentales y la sociedad civil en una variedad de temas, lo que permitiría a la sociedad civil participar en el desarrollo de políticas nacionales y asegurar que dichas políticas reflejen las necesidades a nivel nacional.

El reporte de análisis presupuestario, que acabamos de describir, también enfatiza las serias deficiencias que aquejan a los servicios sociales que representan la base de la coalición y de las propuestas para superar las brechas sociales en las operaciones económicas del gobierno libanés.

En vista de que las OSCs en dicho país tienen poca experiencia de análisis presupuestario, se ofrecerán oportunidades de capacitación y otras herramientas e información necesarias. Las estrategias para aumentar la conciencia pública sobre temas importantes también formarán parte de la discusión. Es necesario consultar con distintos actores que cuentan con la capacidad de ofrecer experiencia y capacitación en temas del presupuesto, ya que su apoyo puede contribuir enormemente al éxito de la coalición.

Para mayor información, contactar a Mohammed Ali Loutfy [email protected].

 


 

Irán: Controversia en el presupuesto refleja las preocupaciones locales, nacionales e internacionales de diputados por Bill Samii

El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad está pasando por su segunda crisis en el parlamento iraní. Su presupuesto para el año 1385 de acuerdo con el calendario iraní (marzo 2006-2007) está siendo criticado por diputados de derecha e izquierda. Gran parte de las críticas giran sobre la atención que reciben las instituciones religiosas que simpatizan con las preferencias conservadoras del presidente. Otra preocupación tiene que ver con la excesiva dependencia del petróleo como el único medio de ingresos – algo que puede ocasionar un efecto inflacionario. Hay quienes argumentan que el gobierno basa su información en precios ilógicamente altos. Los debates en el parlamento sugieren que la postura de Ahmadinejad es un tanto populista.

Presentación de la propuesta presupuestaria

Cuando Ahmadinejad presentó su borrador del presupuesto a la legislatura el 15 de enero dijo que las prioridades del gobierno son la promoción de la “justicia, bondad, servicio público y desarrollo nacional.”(1) El presupuesto total es de $217 billones, con $68 billones designados al sector público y $149 billones a otras empresas, bancos y organizaciones no gubernamentales. Este total es 27 por ciento mayor que el presupuesto del año anterior e indica mayor atención a sectores considerados menos importantes por algunos diputados.

Mohammad Ali Hayati un diputado de Lamerd and Mehr, dijo que el presupuesto ha crecido pero no responde a las necesidades del sector educativo. (2) Agregó que los fondos designados para la educación han disminuido desde el 2001 y el Ministro de Educación contará con 33 trillones de riales (cerca de $3.67 billones) en déficit hacia finales del año.

La Organización de Planeación y Administración debe explicar cómo llegó a esas cifras dijo el diputado conservador de Teherán, Imad Afruq.(3) Agregó que el presupuesto no se apega al plan de desarrollo de cinco años (2005-2010) y que existen dudas sobre la compatibilidad con la perspectiva de 20 años del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. El presupuesto reportó asignaciones a instituciones religiosas haciendo que Afruq – quien encabeza el comité legislativo de cultura – preguntara porqué el presupuesto creció en algunos institutos culturales mientras permaneció igual en otras instituciones.

Otro miembro del comité de cultura, Jalal Yahyazadeh, fue más atrevido y puntualizó que (4) “Cultura no es sólo para la Organización de Publicidad Islámica o la Oficina Seminarista de Publicidad.” “Hay otros sectores importantes como el teatro y música que caben dentro de la categoría de cultura y desafortunadamente sus presupuestos no han recibido mucha atención.

Dependencia excesiva en remesas petroleras

Incluso antes de que la propuesta del presupuesto fuera entregada, los legisladores advirtieron que se depende demasiado de los ingresos petroleros. Adel Azar, quien representa a Dehloran, Abadanan y Darreh Shahr, dijo a principios de enero que 70 por ciento del presupuesto proviene del petróleo mientras que en “países avanzados” sólo el 35 por ciento del presupuesto proviene de recursos naturales. (5)

El legislador conservador Mohammad Reza Mirtajedini dijo que la dependencia de los ingresos petroleros aumenta cada año. (6) En 2002-2003 fue de $10.5 billones; tres veces más alta en 2005- 2006 con $34.9 billion; y $36.8 billones con 2006-2007. Otros legisladores y el representante del Banco Central de Irán temen que la dependencia en los ingresos petroleros contribuya a un nivel inflacionario de por lo menos 20 por ciento lo que es más factible que la estimación de 13.5 por ciento.

Una vez que el presupuesto sea entregado, surgieron quejas ya que está basado en una estimación muy elevada de $40 por barril. Hussein Kazempur-Ardabili, quien representa a Irán en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo, “el peso del petróleo en el presupuesto debe de reducirse y el petróleo debe de cotizarse a un precio más bajo.”(7) Abadan representante parlamentario Mohammad Said Ansari preguntaba cómo es que el gobierno financiaría el déficit si el precio del petróleo fuera menor de $40.

Estas preocupaciones tienen un impacto y Ahmad Tavakoli quien encabeza el centro de investigación de la legislatura anunció el 12 de febrero que el comité de economía del parlamento decidió reducir la dependencia del presupuesto en ingresos petroleros en un 25 por ciento. (8)

Petróleo en cada mesa

Se puede decir que el presupuesto de Ahmadinejad se ha apegado a algunas de las promesas de su campaña. Uno de los mensajes de campaña de Ahmadinejad más repetidos era el de traer “ingresos petroleros a las mesas de las personas,” prometiendo al electorado que se beneficiarían de los ingresos petroleros. El hecho de darle alta prioridad al petróleo en el presupuesto puede representar el cumplimiento de las promesas hechas durante la campaña. Otro eslogan de campaña fue la creación de mejores condiciones de vida para la gente a lo largo del país. Cuando presentó el presupuesto Ahmadinejad dijo que el gasto en las provincias aumentaría 180 por ciento y agregó que está intentado mover trabajos del centro a la periferia y puso énfasis en el desarrollo rural.

No obstante, cuando el presupuesto se presentó hubo reacciones de parte de varios legisladores sobre la falta de atención a las necesidades reales de las provincias, tales como proyectos centrados en la reducción de la pobreza en zonas marginadas. Más de 100 parlamentarios amenazaron con hacer un plantón durante la sesión del 17 de enero. (9) Heshmatollah Falahatpisheh de Islamabad-i Gharb dijo que se distribuiría financiamiento provincial inequitativamente lo cual puede contribuir a pérdidas. Preguntó porqué no se habían asignado fondos a proyectos de infraestructura en el oeste de Irán, agregando que el proyecto ferrocarrilero del oeste simboliza la pobreza en la provincia de Kermanshah. “Usted dijo que los pobres pueden poner sus esperanzas en su administración,” preguntó Falahatpisheh, “pero por qué es que los proyectos de las provincias más prósperas siempre reciben tres o cuatro veces más fondos que los que son asignados a este proyecto internacional.”

Otro legislador, Morteza Tamadon de Shahrekord, preguntó el 17 de enero por qué el presupuesto no dice nada sobre el establecimiento de compañías provinciales de agua, a pesar de que el parlamento pasara una ley al respecto un año antes. (10) Tamadon entonces amenazó con hacer una huelga de hambre y un plantón y los legisladores de las provincias de Gulistan, Kurdistán y Chaharmahal va Bakhtiari indicaron su participación.

Iraj Nadimi, un diputado de Lahijan, habló de las dificultades que enfrentan los campesinos en el norte de la provincia de Gilan. Dijo que pescadores y agricultores de arroz, té, aceitunas y naranjas enfrentan dificultades en la provincia de Gilan Province. (11) Dijo que los fondos asignados hasta el momento no son suficientes para construir presas y proyectos de abastecimiento de agua y que 6,000 familias no cuentan con acceso a agua corriente, electricidad, o caminos en buen estado. Dijo también que no todas las provincias son vistas del mismo modo por la administración y pone mayor atención a lugares como Qom e Isfahan.

Bojnurd representante de Musa Servati se quejó sobre las frecuentes visitas realizadas por funcionarios de las provincias que traen pocos beneficios. Dijo que cada dos semanas el gabinete se reúne en una provincia distinta y los ministros se reúnen con locales para conocer y aprender sobre sus problemas y preocupaciones. Sin embargo, de acuerdo con Servati, el presupuesto se debe de basar en indicadores de desarrollo regional y no en dichas visitas. (12) Servati dijo que Ahmadinejad ya ha gastado en exceso los 850 billones de rials ($94.44 millones) asignados a viajes provinciales en el presupuesto del año anterior y está planeando el uso de recursos provinciales para pagar los viajes.

Los residentes rurales no reciben atención suficiente, Kermanshah representante de Jahanbakhsh Khanjani comentó que el presupuesto para el seguro médico de los habitantes locales ha disminuido 600 billones de rials ($66.67 millones). (13) Hussein Islami de Saveh hizo escuchar preocupaciones similares – preguntó por qué se asigna más dinero de asistencia médica a zonas urbanas, criticó la falta de financiamiento para proyectos rurales de construcción de caminos y dijo que estos problemas promoverán la migración urbana.

Surgen nuevas preocupaciones

La posibilidad de que Irán enfrente sanciones económicas debido a una preocupación internacional sobre su programa nuclear ha contribuido a la aprehensión de legisladores sobre el presupuesto. El representante de Teherán Mohammad Khoshchehreh dijo que el gobierno debe de tener una perspectiva “pesimista” que permita eventos inesperados y un clima internacional poco amistoso. (14) Hizo un llamado a la adopción de un “presupuesto sombra” y dijo que los conservadores lo apoyarían. Khoshchehreh observó que la legislatura es más realista que el ramo ejecutivo y explicó, “es posible que los gobiernos sólo piensen en los cuatro años de su administración.”

El portavoz del gobierno Gholamhussein Elham hizo un intento por enfrentar con valor el impacto de las sanciones diciendo que Irán se encuentra en una posición fuerte y que el tema nuclear no afectará el presupuesto. (15) Dijo que el poder ejecutivo no apoya la idea de crear un “presupuesto sombra” y las sugerencias para hacerlo se traducirán en propaganda de campaña. Este argumento refleja el deseo de atraer a la comunidad de negocios e inversionistas. No obstante, lo más seguro es que el gobierno se está preparando para lo peor.

 

Notas al pie de página

(1) Islamic Republic News Agency (IRNA)

(2) “Hambastegi,” 23 enero 2005

(3) IRNA, 24 enero 2005

(4) “Aftab-i Yazd,” 22 enero 2005

(5) “Kayhan,” 3 enero 2005

(6) “Aftab-i Yazd,” 24 enero 2005

(7) “Aftab-i Yazd,” 22 enero 2005

(8) Fars News Agency, 12 febrero 2005

(9) “Sharq,” 18 enero 2005

(10) “Sharq,” 18 enero 2005

(11) “Gilan-i Imruz,” 21 enero 2005

(12) “Mardom Salari,” 22 enero 2005

(13) “Jomhuri-yi Islami,” 25 enero 2005

(14) “Aftab-i Yazd,” 6 febrero 2005

(15) IRNA, 6 febrero 2005

 

[Copyright (c) 2006 RFE/RL, Inc. Reprinted with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave., N.W. Washington D.C., 20036. www.rferl.org]

 


 

Presupuesto de Arabia Saudita 2006 por “Saudi Commerce & Economic Review”

El último ejemplar de la revista Saudi Commerce & Economic Review revisa el desempeño económico de Arabia Saudita para 2005 y ofrece proyecciones para 2006 con base en el presupuesto para el mismo año. El presupuesto anticipa $89 billones en gastos y $109 billones en recaudaciones, lo que equivale a un superávit de $20 billones.

La economía Saudita pasa por condiciones casi ideales en 2005: los ingresos petroleros fueron los más altos de la historia de este país junto con elevados índices de crecimiento (el PIB creció 6.5 por ciento con inflación de sólo 0.4 por ciento). Mientras el gasto del gobierno creció, también aumentó el superávit y el balance comercial se mantuvo fuerte.

En el presupuesto 2006, el gobierno saudita mantuvo su enfoque en el uso de ingresos petroleros para la reducción de la deuda y el gasto en educación, salud e infraestructura básica. La deuda del gobierno se redujo por más de 29 por ciento en 2005 y hoy es de más de 41 por ciento del PIB en comparación con 199 por ciento del PIB en 1999.

Al mismo tiempo, el gobierno continuará sus reformas económicas y sociales al asignar fondos para cumplir con necesidades sociales de una población en crecimiento. Para el crecimiento económico y la creación de empleos en zonas urbanas y rurales, el presupuesto financiará programas de infraestructura en los siguientes sectores:

  • Educación y desarrollo de recursos humanos: 4,673 escuelas primaria y secundaria serán construidas y rehabilitadas; 3 colegios técnicos y 15 centros vocacionales de capacitación también serán construidos.
  • Salud y asuntos sociales: 24 hospitales nuevos serán construidos y se ofrecerán más fondos para proyectos de vivienda públicos.
  • Se iniciarán nuevos proyectos de agua, drenaje, industria y agricultura.
  • Servicios municipales: se ofrecerá financiamiento a caminos urbanos, iluminación de las calles, puentes en las ciudades y servicios de limpieza.
  • Mejoramiento en el transporte y telecomunicaciones.

Las políticas del gobierno para reducir la deuda e institucionalizar reformas económicas son diseñadas para promover el crecimiento y la confianza de los consumidores sauditas.

 


 

Acuerdo entre Chad y Banco Mundial entra en crisis por Yacine Bio-Tchane

El proyecto de $3.7 billones financiado por la Corporación Internacional Financiera y el Banco Mundial para inyectar ingresos petroleros a programas de reducción de pobreza en Chad y Camerún se encuentra en crisis.

En ejemplares anteriores del boletín del IBP se reportaron algunas de las preocupaciones expresadas por grupos de la sociedad civil respecto a si los gobiernos de Chad y Camerún pueden cumplir con sus compromisos para invertir los ingresos del proyecto en programas para la reducción de la pobreza tales como salud, educación y desarrollo rural. (Ver https://archive.internationalbudget.org/newsletters/boletin20/.) Otra preocupación, se refiere al frágil proceso presupuestario en Chad que entorpece los esfuerzos por garantizar que los ingresos petroleros sean gastados de manera eficiente para el alivio de la pobreza. Los funcionarios electos cuentan con tiempo limitado para discutir la propuesta presupuestaria con sus equipos y no existe una evaluación de las necesidades o discusiones sobre planeación a niveles local y regional. Chad carece de la capacidad de gastar sus nuevos ingresos pronto ya que su economía en vías de desarrollo y procedimientos burocráticos son largos y complicados. (Ver: https://archive.internationalbudget.org/newsletters/boletin26/.)

Recientes acontecimientos amenazaron el experimento de Chad sobre la administración de recursos petroleros. El 29 de diciembre 2005, la asamblea nacional de Chad adoptó enmiendas a la Ley de Administración Petrolera (Ley 001); el presidente Deby promulgó la enmienda a la ley el 11 de enero. Las enmiendas eliminaron el Fondo para Futuras Generaciones “Future Generations Fund” (diez por ciento de los ingresos directos del petróleo se depositan en una cuenta de Citibank de Londres para futuras inversiones) y destinaron 15-30 por ciento de los ingresos petroleros al presupuesto nacional. (Ver “Deputies adopt the revised Law 001” y “Modification of the Law 001: Are the gods of international finance attacking Chad?”)

En un mensaje a la asamblea nacional, el presidente Deby dijo que el Banco Mundial está malinterpretando la decisión gubernamental de revisar la Ley de Administración Petrolera. El gobierno ha justificado las enmiendas debido a la necesidad de implementar iniciativas inmediatas de reducción de la pobreza. El gobierno también argumenta que las mejorías en la administración territorial, seguridad y justicia son necesarias para un ambiente socioeconómico más sano y así justifica el desvío de los fondos petroleros. El Ministro de Comunicaciones Doumgor afirmó que, “necesitamos estos fondos para garantizar la paz y desarrollo en el país.” (Ver el siguiente artículo, en francés: http://www.ialtchad.com/economierapatriementdesfonds.htm.)

Como respuesta a las acciones tomadas en Chad, mismas que fueron consideradas por el Banco Mundial como incumplimiento del acuerdo, el Banco suspendió la asistencia a Chad en préstamos futuros o donaciones y dividió sus salidas de dinero en ocho operaciones dirigidas por la Asociación Internacional de Desarrollo. Además, el Banco congeló los ingresos petroleros del gobierno en su cuenta de Citibank en Londres.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró su apoyo total a las decisiones del Banco dado el incumplimiento del gobierno de Chad por acomodarse a los compromisos del “Poverty Reduction Growth Facility” (PRGF) bajo los cuales el FMI brinda su apoyo a las políticas económicas de Chad. Igualmente, el Banco de Inversión Europeo anunció que puede suspender su cooperación a nuevos proyectos con el sector público en Chad. (Ver “Chad and World Bank: PWYP urges all stakeholders to resume talks to end current stalemate over oil revenue management law dispute.”)

Las acciones del Banco tienen consecuencias significativas para la economía de Chad. La suspensión de programas de desarrollo puede desincentivar el crecimiento económico. (El PIB de Chad creció 31 por ciento en 2004, de acuerdo con el Banco Mundial.) También existen consecuencias indirectas ya que el país no es candidato a mayor reducción de deuda y puede haber una pérdida de inversión directa y mayor riesgo de que otras organizaciones internacionales suspendan sus paquetes de asistencia. Este último resultado puede tener un costo muy alto ya que un tercio del presupuesto de Chad proviene de agencias financiadoras internacionales y el resto proviene principalmente de remesas petroleras, mismas que son accesibles sólo parcialmente debido al congelamiento de los ingresos petroleros de Chad en Londres. (Ver artículos relacionados en https://archive.internationalbudget.org/newsletters/boletin29/.)

De acuerdo con el grupo de la sociedad civil “Group of Alternative Research and Monitoring of the Oil Project Chad-Cameroon” (GRAMP-TC), una ONG de Chad, el resultado puede ser mucho más profundo y puede aumentar la inestabilidad social en un país en donde ya existen serios enfrentamientos entre el ejército de Chad y grupos rebeldes de Sudán en el este de Chad. Con las elecciones presidenciales programadas para el próximo 3 de mayo, los rebeldes amenazan con someter al presidente “con medios alternativos a los votos electorales.” (Ver “Capital City Deserted after Shooting near Presidential Palace Triggers Panic.”)

Grupos de la sociedad civil en Chad han expresado distintas reacciones al desacuerdo entre el gobierno y el Banco Mundial. Por un lado, grupos cercanos al gobierno organizaron rallies y comunicados en apoyo al presidente. (Ver “Chad-World Bank: Chadian women support the president.”) La Coordinación de la Sociedad Civil y Asociación de Derechos Humanos “Coordination of Civil Society and Human Rights Association” (CASCIDHO) felicitó a la asamblea nacional por revisar la Ley de Administración Petrolera. (Ver “The Civil Society Coordination asks President Deby to promulgate the revised law on oil revenue management.”)

En contraste, varios grupos de la sociedad civil se reunieron para oponerse a la decisión del gobierno de romper el acuerdo con el Banco Mundial. La Comisión por la Paz y la Justicia “Commission of Peace and Justice” (CNJP), la Asociación Colectiva en defensa de los Derechos Humanos “the Collective of Association defending Human Rights” (CADH), la Red de Vínculos e Información de Asociaciones de Mujeres “the Cell of Liaison and Information of Women Associations” (CELIAF), entre otros, fueron llamados por el gobierno para dialogar con el Banco. GRAMP-TC declaró que el gobierno ha deshonrado su relación con el Banco y debería de aceptar las consecuencias de sus actos.

En un esfuerzo conciliatorio, una delegación del Banco Mundial y una delegación del gobierno de Chad llevó a cabo tres días de discusiones en París que comenzaron el 30 de enero. El gobierno se rehusó a dar marcha atrás a las modificaciones a la Ley de Administración Petrolera, enfocándose, sobre todo, en los impactos de préstamos previos que el Banco ha ofrecido para el desarrollo del país en años recientes. De acuerdo con el Ministro de Economía, Planeación y Cooperación, Sr. Mahamat Ali Hassan, existe la necesidad de cuestionar las intenciones de las intervenciones del Banco mediante los proyectos de desarrollo para poblaciones marginadas. (Ver “The Government questions the World Bank’s motivations through its so-called development projects.”)

Además, el gobierno le pidió al Banco considerar el congelamiento de sólo 50 por ciento de las remesas petroleras en la cuenta de Londres, pero el Banco se negó. Gilbert Maoundonodji de GRAMP- TC observó que el interés ha cambiado: ya no se trata de preservar la integridad de la administración de los ingresos petroleros sino de la efectividad de los proyectos del Banco Mundial en Chad.

Una segunda ronda de discusiones entre Chad y el Banco Mundial tuvo lugar a finales de marzo y a principios de abril. Mientras el Banco busca preservar la integridad del sistema de administración de ingresos petroleros, la principal preocupación de Chad es la de obtener acceso a la cuenta londinense y no participará en futuras negociaciones hasta que consiga su objetivo. Maoundonodji cree que la situación sólo avanzará si el gobierno de Chad, el Banco y las organizaciones de la sociedad civil enfocan su diálogo en la Ley de Administración Petrolera original, lo que el gobierno se niega a aceptar.

 


 

Combate a la corrupción en Kenia – perfil del activista John Githongo

Algunos argumentan que el aumento en la asistencia financiera a países africanos puede generar ahorros masivos y con ello estimular el crecimiento económico. Otros son de la opinión de que la asistencia extranjera puede aumentar la corrupción lo que inhibe el crecimiento económico. Los vínculos entre asistencia extranjera, desarrollo y corrupción merecen especial atención dado que los índices de pobreza en África han aumentado en las últimas décadas. El PIB africano se redujo en 11 por ciento entre 1974 y 2003.

John Githongo ha sido mencionado en varios artículos recientemente y visitó la ciudad de Washington, D.C., en donde dió algunas presentaciones. John Githongo, quien fuera nombrado zar anti-corrupción 2002 por el presidente de Kenia renunciaría tres años más tarde para irse a vivir al Reino Unido. Githongo ha dado a conocer información que pone en entredicho al vicepresidente de Kenia y a tres ministros por su participación en un escándalo de corrupción que le ha costado a los contribuyentes kenianos cientos de millones de dólares.

Las elecciones de Kenia en el 2002 dieron lugar a una transición pacífica de un régimen autocrático a uno democrático con la toma de posesión de Mwai Kibaki líder de la Coalición Nacional Arco Iris “National Rainbow Coalition’s” (Narc). Los kenianos votaron por “cambio por un gobierno transparente con mayor rendición de cuentas,” de acuerdo con Githongo. “El pueblo estaba hambriento de algo nuevo, algo mejor.”

Aunque la naturaleza del nuevo gobierno autoritario se hizo evidente casi de inmediato, cuando un grupo de funcionarios (conocidos como “Mount Kenya Mafia”) dominó todas las decisiones importantes. Además, Githongo dijo, que él mismo se dio cuenta de que su nombramiento como zar anti-corrupción fue “resultado de una maniobra para proteger los actos de corrupción en lugar de un mecanismo correctivo.” (Ver “Exile Battles Kenya’s Climate of Corruption.”)

Un ejemplo de dichos actos de corrupción, fue evidente cuando en 2004 el gobierno hizo un contrato por 32 millones de euros con una compañía fantasma, sólo una fracción de lo que se ha recuperado. La comisión anti–corrupción nacional también puso al descubierto evidencia del dinero pagado “para legitimar a compañías por bienes sobrevaluados, o por contratos entre compañías con agencias financiadoras inexistentes ofreciendo préstamos ficticios… Oficiales y miembros de las élites nacionales recibieron sobornos y utilizaron dinero para sus campañas políticas,” afirmó Githongo.

En febrero 2006 Githongo dio a conocer un reporte sobre los escándalos que estaba investigando (ver: http://www.africafocus.org/docs06/git0602.php) lo que hizo que tres ministros renunciaran y se implicara en el caso a otros funcionarios gubernamentales, hombres de negocios así como a compañías en Gran Bretaña, Francia y Suiza y a un consultor norteamericano. Githongo afirmó que él continúa su campaña anti-corrupción desde el Reino Unido y declaró que la lucha anti-corrupción sólo está comenzando. Githongo estima que sólo 30 por ciento de las instancias de corrupción se han puesto al descubierto.

Otros en Kenia también se han unido a la lucha anti-corrupción, tal como la comisión anti-corrupción – que investiga casos de posible corrupción relacionados con contratos de seguridad y defensa de hasta $350 millones de dólares (ver “Githongo: It is Not Over Yet,”) – la sociedad civil, los medios y la juventud keniana. Muchos jóvenes en Kenia buscan alternativas a la ayuda extranjera y exigen rendición de cuentas sobre las decisiones del gobierno.

Además, un comité legislativo recientemente dio a conocer un reporte que hace un llamado a la investigación de altos funcionarios gubernamentales, ex-ministros y miembros del gabinete respecto al escándalo de “Anglo Leasing” en donde el gobierno de Kenia pagó fuertes sumas de dinero a una compañía fantasma. (Ver “Kenya: A Case to Answer.”)

Este caso ya ha generado bastante controversia en el gobierno de Kenia con la reciente renuncia del Ministro de Finanzas David Mwiraria. Mwiraria fue uno de los cuatro ministros mencionado en el escándalo “Anglo Leasing,” que involucrara contratos lucrativos del gobierno con compañías ficticias. Además el Banco Mundial dijo que detendrá el desembolso de $260 millones en préstamos a Kenia debido al riesgo de actos de corrupción. (Ver World Briefing | Africa: Kenya: Finance Minister Resigns In Graft Scandal.)

 


 

Presupuesto de la India 2006 por Anurag (CBGA)

El presupuesto nacional de la India presenta un aumento positivo en los ingresos del PIB, ya que en los últimos 15 años lo que se había visto era un congelamiento o caída en el PIB. El presupuesto puso en marcha medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente ingresos derivados de los impuestos) indicando que el presente gobierno no está dispuesto a movilizar recursos de individuos y negocios con altos ingresos.

En lo que se refiere al gasto, CBGA (Center for Budget and Governance Accoutability) observa que las asignaciones al sector educativo no son suficientes para cumplir con los objetivos gubernamentales de gastar 6 por ciento del PIB en dicho sector. Lo mismo ocurre con el sector salud. Más aun, los subsidios de comida han bajado de 4.6 por ciento del total del gasto presupuestario el año pasado a 4.3 por ciento este año. El gasto promedio del gobierno bajará respecto del PIB. Además, el gobierno busca inversiones del sector privado para llevar a cabo el proyecto Misión Nacional Urbana Renovable que privatizará varios servicios urbanos y aumentará cargos a los consumidores.

El gasto en desarrollo rural aumentará sólo marginalmente en el marco total del gasto — no necesariamente suficiente para atender los problemas que enfrentan los campesinos de la India y las poblaciones rurales. En relación al PIB, las asignaciones propuestas permanecen por debajo del nivel 2002-03.

Igualmente, el presupuesto no parece ofrecer un incremento a los programas de asistencia social dirigidos a los niños excepto quizás a aquellos relacionados con la educación. Las necesidades de la niñez vinculadas a la nutrición, desarrollo, salud y protección han sido rechazadas en años recientes. De hecho, la protección infantil ha recibido pocos recursos en los últimos seis años. En el nuevo presupuesto la cantidad destinada al programa de protección reproductiva e infantil “Reproductive and Child Project Program (RCH)” se ha visto reducido de Rs. 1814.27 a Rs. 1765.83 este año.

Al ver al nuevo presupuesto con un enfoque de género se observa que las mujeres no son prioridad en la asignación de recursos, como se puede ver en la falta de fondos en áreas de desarrollo rural, educación secundaria y policía, áreas que deben de aumentar significativamente. El gobierno comenzó a llevar a cabo un ejercicio de análisis presupuestario con enfoque de género, pero dicho ejercicio se basa en varias conjeturas cuestionables que detrimentan los esfuerzos del gobierno por crear un presupuesto con sensibilidad de género a menos que se hagan algunos ajustes importantes. Por ejemplo, existen programas como el de distribución de condones, nutrición y vivienda en donde las mujeres reciben el 100 por ciento de los fondos aunque estos servicios también son utilizados por hombres y niños por lo que hace poco sentido ubicar a las mujeres como los únicos usuarios de dichos servicios.

Finalmente, en lo que se refiere a los grupos indígenas Dalits y Adivasis, CBGA observa que el gobierno ha presentado información útil sobre las prioridades que reciben las comunidades desprotegidas. No obstante el gasto total para el desarrollo de grupos de bajos recursos, castas y tribus bajaría respecto al total del gasto gubernamental de 2.26 por ciento este año a 2.23 por ciento el año que entra. También es una seria preocupación ver la baja prioridad que recibe el desarrollo de los Dalits y Adivasis en áreas fundamentales como lo son el desarrollo rural, la alfabetización y educación primaria, secundaria y superior, y desarrollo de mujeres y niños. El gobierno debe de ampliar su visión en el ejercicio presupuestario de este año a otras áreas importantes tal como la salud y la asistencia familiar.

Como lectura adicional, ver Government of India y Indian Ministry of Finance.

 


 

Perspectivas anti-pobreza en el onceavo plan quinquenal de China por Zhang Lanying

La directora de ActionAid China Zhang Lanying compartió algunas observaciones sobre el desarrollo de China y comentó que mediante una serie de reformas en los últimos 30 años, China gradualmente ha transformado su economía planificada a una economía de mercado. El PIB está creciendo 10 por ciento cada año y el PIB per cápita dio un salto de $250 en 1978 a $1,700 en 2005.

Asimismo con su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, China se ha convertido en un miembro importante del sistema comercial internacional. En los últimos cinco años el comercio de China ha crecido en un 30 por ciento cada año.

La pobreza rural ha disminuido drásticamente como resultado de las reformas rurales, el rápido crecimiento del PIB y un programa de alivio a la pobreza. Entre 1978 y 2005, el número de residentes pobres en zonas rurales disminuyó de 250 millones (31 por ciento del total de la población rural) a 26.1 millones (3 por ciento del total de la población rural). Ver: http://www.china.org.cn/english/features/poverty/95871.htm.

Sin embargo, la pobreza e injusticia siguen siendo problemas muy serios. Cien millones de chinos en áreas rurales o más de 10 por ciento del total de la población rural, viven por debajo de la línea de pobreza de la ONU de un dólar diario de ingresos. La reducción de la pobreza ha disminuido: en los primeros 10 años de reforma y apertura, la población pobre disminuyó 14 millones y en los siguientes diez años disminuyó sólo 6 millones.

Además, la marginación y exclusión social de los pobres rurales sigue siendo evidente. La brecha entre los ricos y pobres es cada vez mayor, aún entre los mismos campesinos. El ingreso de los campesinos pobres comparado con el de los campesinos ricos creció en una escala de 1:2 en 1992 a 1:4 en 2004. En la provincia más pobre de China Guizhou, el PIB per cápita representa un treceavo de la provincia más rica de China, Shanghai.

En su Onceavo Plan Quinquenal (sobre desarrollo económico y social de 2006-2010) China remplaza el tema de “eficiencia primero” por “eficiencia yjusticia.”  Lo cual indica que el esfuerzo adicional está siendo orientado al desarrollo rural, servicios públicos y rehabilitación ambiental. El gobierno ha prometido destinar recursos adicionales a la educación obligatoria, la salud pública, la seguridad social, creación de empleos, reducción de la pobreza, protección de desastres y seguridad pública.

Al desarrollar el plan, el gobierno chino tomó pasos importantes hacia un proceso de toma de decisiones más democrático, como seguir procedimientos legales y llevar a cabo audiencias públicas para atraer la participación pública al proceso de planeación.

El énfasis del plan en el tema de la pobreza e injusticia puede por lo menos suavizar las brechas entre ricos y pobres en China. Aunque el gasto general del gobierno en desarrollo rural y servicios públicos sigue siendo pequeño, el aumento en el gasto para estas áreas promoverá la justicia social.

El plan no atiende directamente la importancia relacionada con la igualdad de oportunidad. China padece de grandes disparidades entre regiones y entre zonas urbana y rurales en cuanto a acceso a cuidado médico, educación, capacitación vocacional y empleo.

La población pobre en China aún cuenta con pocas oportunidades de participación en las decisiones del gobierno. No existen canales mediante los cuales las minorías, mujeres, campesinos sin tierras, desempleados y otros grupos hagan escuchar sus demandas durante la creación, implementación y revisión de políticas gubernamentales.

Finalmente, mientras el plan predice una crecimiento anual de alrededor de 7-8 por ciento en los próximos cinco años, no indica cómo es que dicho crecimiento se traducirá en ayuda para los pobres. Futuros presupuestos necesitarán dedicar más recursos a la generación de empleos, capacitación, educación y cuidado médico.

Ver: People’s Daily Online.

 


 

 Grupo nacional de presupuestos (NBG) con base en Azerbaiyán por Ingilab Ahmadov

El grupo nacional de presupuestos (NBG) fue establecido en febrero 2006 en Baku, Azerbaiyán como una coalición de grupos presupuestarios de la sociedad civil para promover el uso eficiente y transparente de recursos públicos. NBG está formado por el Centro de Monitoreo de Finanzas Públicas, el Centro de Investigación Económica, la revista económica “Ekspert,” el Centro para la Educación e Investigación de Negocios y Economía, el Centro para la Innovación Económica, Centro Independiente de Economía, la Asociación Pública “Intellect,” el Centro para el Debate de la Sociedad Civil, la Asociación Pública de Estudiantes en Sumgait y el Centro Libre de Economía “Persona Libre.”

Los objetivos del NBG son aumentar el acceso público a la información presupuestaria, promover la educación presupuestaria, fortalecer la vigilancia y participación públicas en el proceso presupuestario, mejorar la legislación para asegurar transparencia y rendición de cuentas, promover la implementación de los derechos socioeconómicos a través del presupuesto y hacerle frente a los indicadores presupuestarios insuficientes y a la falta de cooperación institucional para conseguir transparencia en la recaudación de fondos públicos y mejorar la participación ciudadana.

Los miembros de NBG ya han comenzado a realizar proyectos conjuntos en busca de consolidar los objetivos de la coalición. Por ejemplo, la Universidad de Khazar y el Centro para la Educación e Investigación de Negocios y Economía desarrollaron un manual para docentes sobre transparencia presupuestaria para instituciones de educación superior. El Centro para la Innovación Económica ha comenzado un proyecto de capacitación para ONGs a nivel local en el oeste de Azerbaiyán para trabajar con los medios y monitorear el gasto a nivel estatal. El Centro Independiente de Economía se encuentra monitoreando asignaciones presupuestarias para proyectos de caminos y el Centro para el Monitoreo de Finanzas Públicas ofrece capacitación a miembros de NBG y capacita a docentes.

Para mayor información, contactar a Ingilab Ahmadov en el “Public Finance Monitoring Center” [email protected].

 


 

Participación pública mediante el proyecto de educación presupuestaria en Indonesia por Dedi Haryadi (BIGS)

A nivel local en Indonesia, no existe participación pública en ninguna de las fases del proceso presupuestario: planeación, aprobación, implementación y auditoría. La limitada disponibilidad pública de información presupuestaria es sólo parte del problema. Indonesia también padece de corrupción en la recaudación y gasto de recursos públicos. Durante los últimos tres años, por lo menos 325 miembros de parlamentos locales han sido acusados de corrupción, dando como resultado que el gobierno tuviera pérdidas financieras de hasta $42.5 billones.

De acuerdo con el Instituto de Bandung sobre Estudios de Gobernabilidad (BIGS) el aumentar la participación ciudadana en el proceso presupuestario es un factor clave en el mejoramiento del nivel de transparencia presupuestaria en Indonesia. Por ello, BIGS ha comenzado un proyecto para mejorar la comprensión ciudadana y la concientización sobre la administración presupuestaria por parte del gobierno local; desarrollar la capacidad ciudadana de participación en el proceso presupuestario local y fomentar que los ciudadanos piensen en cómo promover un proceso presupuestario más transparente, participativo y con rendición de cuentas. El proyecto incluye una serie de talleres sobre la estructura y contenido del presupuesto, el proceso presupuestario local y las políticas que lo rodean, el análisis presupuestario con enfoque de género, los principios de incidencia presupuestaria y cómo trabajar con los medios y la asamblea nacional.

Para mayor información, contactar a Dedi Haryadi [email protected].

 


 

Nuevos materiales en la biblioteca del IBP

State Budget and Public Accountability in MENA Conference Materials

Por Partners in Development (PID)

Partners in Development (PID) junto con el IBP, el Instituto para la Democracia en Sudáfrica (Idasa), el “Open Society Institute Revenue Watch” (OSI) y la Fundación Ford organizaron un seminario para estimular la participación de la sociedad civil en los procesos presupuestarios en MENA. Esta página incluye las presentaciones y una descripción de los objetivos del seminario.

What are the Compliance Costs of Taxation in Croatia for Individuals?
Por Vjekoslav Bratie/Institute of Public Finance
Este estudio se basa en entrevistas realizadas en persona a ciudadanos croatas y concluye que el procedimiento para integrar declaraciones de impuestos puede ser más sencillo y eficiente. El estudio hace un llamado a un sistema fiscal más estable, regulaciones de impuestos más precisas y claras y mayor cooperación entre las personas físicas y las autoridades fiscales, asistencia económica con la preparación de impuestos y reducción del número y complejidad de las formas fiscales.

Assessment of the Draft 2005 State Budget in Light of the Fiscal Decentralization Reform Program
Decentralization Team of the Local Government Initiative
Este trabajo cubre diferentes aspectos de la descentralización fiscal en Bulgaria. Revisa las condiciones financieras de las municipalidades en el 2004, evalúa la propuesta del presupuesto del 2005 y ofrece una revisión del proceso presupuestario para el 2005.

National Budget 2006/07: Continuity Tinged with Change
Por Robin Sherbourne/Institute for Public Policy Research
Mientras este año el presupuesto de Namibia proyecta un pequeño superávit, una revisión más detallada del presupuesto demuestra que los ingresos del Sindicato de Aduanas de África del Sur (SACU), es lo que permitió al gobierno balancear y aumentar el gasto sin aumentar los impuestos. Por ello, se prevé un regreso a los déficits en los próximos años.

Involving Citizens in Public Budgets: Mechanisms for Transparent and Participatory Budgeting
Por Ben Reames y Melissa Lynott/The Center for Civil Society at Partners of the Americas
Esta publicación es una recopilación de estudios de caso por parte del programa Transparencia en las Américas, que colaborara con diez organizaciones de la sociedad civil en América Latina para implementar nuevos e innovadores proyectos destinados a promover procesos presupuestarios abiertos a la participación ciudadana y crear mecanismos para mayor transparencia. El libro incluye valiosas lecciones aprendidas, así como una introducción al presupuesto participativo y transparente y una herramienta utilizada para asegurar que los ciudadanos estén informados e involucrados en el gasto de sus gobiernos lo

Newsletter 32 – French

Obstacles et recommandations pour une meilleure vigilance du budget dans les pays de la région MENA, par Edouard S. Aldahdah
Edouard Aldahdah est un spécialiste libanais en gouvernance travaillant actuellement en France. Dans cet article il nomme cinq obstacles à la surveillance plus étroite du budget par la société civile, le parlement, et les médias dans les pays de la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord).

a) Absence de base empirique pour les débats budgétaires

Bien que cela s’applique essentiellement à tous les sujets liés au développement, c’est spécialement vrai des débats concernant les questions d’administration du secteur public, notamment le budget. Cela peut sembler paradoxal, puisque les budgets sont faits de chiffres. Cependant certaines étapes du processus budgétaire, telles que les déficits budgétaires, sont spécialement vulnérables aux «appropriations» politiques par certains intérêts de factions. Peu d’hommes politiques de la région MENA comprennent le processus budgétaire, et moins nombreux encore sont ceux qui ont conscience des implications du processus budgétaire pour le bien-être des citoyens. Cela ne les empêche pas de faire des déclarations imprécises sur les questions budgétaires avec un potentiel élevé de mobilisation publique – par exemple sur la taille du déficit – qui peuvent déconcerter le citoyen moyen;

Comment surmonter cet obstacle: Les sessions d’informations «Budget 101» dirigées aux partis politiques de différents niveaux de la région MENA sont nécessaires pour que la conscientisation budgétaire devienne partie intégrante culture politique dans la région MENA. Les porte-parole des partis politiques, à l’intérieur et à l’extérieur du parlement, représentent un public clé pour de telles sessions d’informations.

b) Perceptions erronées sur la capacité d’analyse budgétaire

Les débats budgétaires dans la région MENA sont également limités par le phénomène suivant: alors que la majorité des citoyens de la région MENA perçoivent le travail budgétaire comme l’affaire des hommes politiques et s’informent auprès d’eux, l’homme politique moyen conçoit le travail budgétaire comme l’affaire des technocrates, trop compliqué pour qu’il ou elle s’implique dans cette tâche. Un tel différentiel de perceptions sur les détenteurs de la connaissance légitime peut donner lieu à des controverses entre les experts budgétaires et les hommes politiques de la région MENA. Les hommes politiques ont souvent un avantage dans de telles controverses du fait de leur accès aux médias et de leur capacité à mobiliser et à forger l’opinion publique.

Comment surmonter cet obstacle: des relations plus directes entre les citoyens et les experts budgétaires sont requises pour que les personnes réellement impliquées soient en possession des données brutes. De tels liens peuvent prendre la forme de (a) programmes de formation dirigés aux organisations de la société civile, tels que ceux organisés par l’Institut de formation et d’administration internationale au Liban pour les organisations de jeunes, de femmes, les associations sportives, etc., et (b) l’augmentation du temps d’audience réservé aux experts budgétaires dans les principaux médias.

c) Faiblesse des relations entre ceux qui dispensent l’information et les décideurs 

La connaissance des questions liées à l’administration du secteur public se concentre dans les universités et les centres de recherche, alors que la définition des politiques publiques est le domaine des fonctionnaires gouvernementaux. Dans la région MENA, la relation entre ces deux groupes s’établit ad hoc dans le meilleur des cas, où est inexistante dans le pire des cas. C’est le résultat occasionnel d’un universitaire bénéficiant d’un poste au sein du gouvernement, ou d’un fonctionnaire gouvernemental actuel ou précédent tourné vers l’enseignement ou la recherche. Cela empêche grandement la circulation d’informations entre ceux qui produisent le savoir et ceux qui l’utilisent, comme cela est illustré par le fossé grandissant entre les priorités de réformes du gouvernement et les priorités de la recherche et de l’enseignement des universités. 

Comment surmonter cet obstacle: l’expérience de la région MENA a montré que des corps mixtes entre universitaires et décideurs, tels que le Conseil économique et social d’Algérie, peuvent servir comme plateforme pour traduire les connaissances par des politiques publiques sur les questions budgétaires et faire bénéficier les citoyens de ces connaissances.

L’Institut des finances du Liban est un autre exemple positif de collaboration entre des universitaires et des décideurs politiques. L’Institut des finances a réussi à mobiliser autour de son équipe de formateurs liés au gouvernement un vaste réseau national d’universitaires et d’experts privés afin de former le personnel du Ministère des finances.

d) Monopolisation de l’expertise par des institutions internationales de donations 

Pour les questions liées à l’administration du secteur public en général et à la réforme budgétaire en particulier, les gouvernements de la région MENA se reposent largement sur le soutien technique et les conseils concernant les politiques publiques dispensés par les institutions internationales telles que la Banque mondiale, le PNUD, et le FMI. La grande partie des connaissances et des capacités issues de cette interaction directe tend à rester concentrée dans les mains des organisations multilatérales et celles de leurs contreparties majeures directes au sein des ministères des finances ou autres organes gouvernementaux. Souvent ces fonctionnaires gouvernementaux utilisent alors ces capacités acquises pour rejoindre les organisations internationales, qui leur fournissent de meilleurs salaires et des possibilités de carrière. Par voie de conséquence, la formation des pays de la région MENA reste limitée et ne se répercute pas dans l’administration.

Comment surmonter cet obstacle: une coalition de donateurs (la Banque mondiale, la Commission européenne, le Département du Royaume-Uni pour le développement international, ainsi que les gouvernements français, norvégien et suisse, le FMI, et Strategic Partnership with Africa  a créé le programme de Responsabilisation financière des dépenses publiques (Public Expenditure Financial Accountability , PEFA), qui cherche à renforcer la capacité des bénéficiaires (mais aussi des donateurs) à (a) évaluer les systèmes de responsabilisation financière et de dépenses publiques du pays, et (b) développer une séquence pratique d’actions de réforme et de formation qui réduise les coûts de transaction entre les pays, et mène finalement à l’amélioration de l’impact des réformes. Des initiatives similaires accompagnées d’une solide formation à l’intérieur du pays doivent être soutenues et diffusées dans la région MENA.

e) Manque de transparence gouvernementale et faiblesse de la responsabilisation

Le manque de transparence des budgets nationaux est peut-être l’obstacle le plus important auquel est confronté le travail budgétaire dans la région MENA. Les revenus issus des industries extractives (principalement le pétrole et le gaz) et les dépenses militaires (la région MENA a les plus grandes dépenses militaires par habitant dans le monde) ne figurent pas dans la plupart des budgets des pays de la région MENA.

Au-delà de ce problème, la transparence budgétaire diffère amplement au sein de la région: en Iran ; le budget intégral de 1500 pages est mis largement à la disposition du public après son approbation par le corps législatif, alors qu’en Égypte est publié seul un document de deux pages avec les chiffres des catégories budgétaires génériques. Cependant, la situation générale correspond à celle d’une faible responsabilisation gouvernementale devant les citoyens et leurs représentants élus. Par exemple, depuis 2003 le gouvernement égyptien n’a mis à la disposition des parlementaires l’ensemble du budget provisoire que quelques jours avant la session de débat au sein du parlement, ne leur permettant donc pas de disposer de suffisamment de temps pour l’étudier.

Comment surmonter cet obstacle: dans le champ de la transparence budgétaire, la région MENA débute depuis tout en bas. Comme pré requis figure un ensemble de campagnes de conscientisation menées par les médias et les ONG de surveillance (telles que les chapitres de Transparence internationale, parmi lesquels ceux du Maroc, du Liban, de la Palestine, et du Bahreïn sont les plus actifs) expliquant l’importance de la transparence et le besoin de volonté politique pour implanter des réformes sur la transparence. Où existe une telle volonté politique, la capacité à implanter de telles réformes (ainsi qu’à adopter les bonnes pratiques internationales liées à ces réformes) doit être encouragée.

 


 

Débat budgétaire en Egypte, par Mustapha K. Al Sayyid
En avril dernier l’Égypte a connu un débat public concernant la présentation du rapport de l’Agence nationale de comptabilité (NAA) sur la clôture du budget de l’État pour l’année fiscale 2003-2004. La NAA, en vertu de la Constitution permanente de la République arabe d’Égypte, doit présenter un rapport sur la clôture du budget à l’Assemblée du peuple (PA) chaque année. Le gouvernement a échoué par le passé à soumettre ce compte clos à temps, l’assemblée ne pouvait donc pas le prendre en compte, étant donné que les ministres responsables des finances du gouvernement n’étaient plus en place lors de la discussion du rapport au sein de l’assemblée. Dans ce rapport figurent des observations liées aux pratiques budgétaires du précédent cabinet dirigé par le Dr. Atef Ebeid qui a démissionné en juillet 2004. Le rapport reproche au gouvernement l’aggravation du déficit budgétaire et d’autres violations des règles liées aux pratiques fiscales. Des membres de l’Assemblée du people – la chambre basse d’Égypte qui dispose constitutionnellement du pouvoir d’approuver le budget ainsi que sa clôture – a joué un rôle actif dans le commentaire du rapport du Président de la NAA. Ceux qui ont pris part au débat ont exprimé leurs critiques sur le gouvernement, notamment des membres de l’opposition et du Parti national démocratique. Les observations principales formulées par le Dr.Gawdat Al-Malt, président de la NAA, incluent:

  • L’aggravation du fossé entre les revenus et les dépenses, qui a atteint 55 milliards de livres égyptiennes – soit près de neuf milliards et demi de dollars – ce qui représente entre 5.9% et 7.3% du PIB, en fonction de comment est calculé le déficit.
  • La NAA a également noté que le gouvernement retarde le payement de ses dettes pour ne pas disposer de fonds suffisants. Le poids de la dette augmente les obligations futures du gouvernement. Cette pratique complique davantage la tâche de la gestion du budget.
  • Le rapport attire également l’attention sur la gravité de la situation de la dette publique interne qui a atteint les 435 milliards de livres égyptiennes – 76 milliards de dollars – soit près de 90% du PIB.

La gravité de la situation est illustrée également par:

  • L’accélération de l’augmentation de la dette publique interne, de 370 milliards de livres égyptiennes en 2003 à 435 milliards en 2004, une augmentation de 14.7% en l’espace d’une seule année.
  • La plus grande partie de l’augmentation de la dette publique interne a été utilisée afin de financer le déficit de la dette d’État et non afin de financer de nouveaux investissements.
  • Le coût du service de la dette interne absorbe une large partie des ressources nationales, pas moins de 38% de l’ensemble des revenus du gouvernement.

Ces observations ont été immédiatement prises en note par un grand nombre de députés qui ont entendu le rapport présenté par le chef de la NAA à l’Assemblée du peuple. De nombreux députés se sont levés pour applaudir le chef de la NAA pour ses observations judicieuses et ont appelé le gouvernement à les prendre en considération lors de la préparation du budget pour l’année fiscale à venir. Ces observations ont généré un large débat dans la société égyptienne répercuté dans les articles de journaux, regrettant l’échec du gouvernement à équilibrer son budget et attirant l’attention sur ses conséquences pour les générations futures si le gouvernement ne rectifie pas tous les défauts que le rapport souligne.

Il a été demandé au gouvernement de prendre ces observations en compte pour la préparation des futurs budgets. Le dernier budget n’a pas encore été soumis à l’approbation de l’Assemblée du peuple, bien qu’une date avait été fixée il y a de cela plusieurs semaines. Une cause possible de ce retard est la charge croissante des subventions gouvernementales aux produits pétroliers qui sont passées de 20 milliards à 40 milliards de livres en l’espace d’un an, du fait de l’augmentation du prix du pétrole sur le marché international. Il est vrai que l’Égypte est un pays exportateur de pétrole, mais il importe également une large partie des produits dérivés du pétrole.

Pour davantage d’informations, contacter Mustapha K. Al Sayyid à [email protected].

 


 

Défis de la transparence budgétaire au Maroc, par Abdellatif Ngadi

Les pays de la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord) ont connu un certain nombre de difficultés depuis leur indépendance. Aujourd’hui, des institutions publiques et de la société civile de la région cherchent des moyens de combattre la corruption et le manque de transparence hérités du passé, particulièrement dans le processus budgétaire et dans la surveillance des finances publiques.

La société civile a acquis une crédibilité croissante au sein du public, et plusieurs ONG se sont spécialisées sur les questions fiscales et financières afin de contribuer à faire en sorte que les ressources publiques soient dépensées de manière adéquate. Certains groupes offrent des formations sur les thèmes financiers au niveau local, tels que le Comité sur l’éducation et la communication de la Fédération nationale d’enseignement. Cependant, même les groupes qui travaillent sur les questions budgétaires, tels que Transparency Morocco, ont des difficultés pour obtenir les informations budgétaires de manière régulière et pour fournir une analyse budgétaire opportune. (Voir http://www.transparencymaroc.ma/actualite.php?Language=En.)

Au Bahreïn, les discussions sur le budget sont récentes et encore modestes, mais les législateurs font pression pour défendre le droit parlementaire à débattre le budget, à participer à sa préparation, et à suivre le processus de son implantation. En Algérie, en Égypte, et au Yémen, les ONG font des progrès dans le combat de la corruption liée aux questions financières.

Au Maroc, cependant, la question de l’analyse budgétaire n’a pas encore généré la création d’une coalition d’ONG, comme cela a été le cas pour d’autres sujets, tels que le droit aux biens publics ou l’accès aux soins de santé. Et cela malgré le fait que le système financier du pays connaît de sérieux problèmes: la corruption et l’évasion fiscale sont des phénomènes communs, et les fonctionnaires publics ne sont pas suffisamment soumis à une obligation de responsabilisation.

En outre, il est difficile pour la société civile et le parlement au Maroc d’adopter une vision stratégique des finances publiques. Par exemple, il n’existe aucun canal permettant à la société civile de participer au processus budgétaire, et lors de l’élaboration du budget il n’existe que peu de transparence concernant l’enregistrement des revenus et des dépenses.

Malgré ces défis, il y a eu quelques signes positifs révélant une plus grande transparence budgétaire au Maroc. Ces signes incluent les éléments suivants:

  • Dans son budget pour 2006, le gouvernement a présenté un plan pour répondre aux priorités liées à l’équité entre les genres aux niveaux local et national. La création d’un rapport budgétaire lié au genre est un élément essentiel des efforts du Maroc pour réaliser l’équité entre les genres, promouvoir les droits de la femme, et faire des progrès dans le sens des Objectifs de développement du millénaire. Étant donnée l’importance de cette initiative, il est crucial que les défenseurs de l’équité entre les genres surveillent son progrès et fassent pression pour l’intégration d’un rapport lié au genre dans les autres budgets. (Voir “Moroccan National Budget Includes Gender Report.”)
  • Pour la première fois, des ONG ont examine la Loi de finances et ont ouvert le débat sur un sujet qui avait été tenu à l’écart du public. Soixante-quinze ONG, dont AMDH (Association marocaine pour les droits de l’homme) et Transparency Morocco, ont organisé une rencontre pour débattre sur la loi, en expliquant au parlement que cette initiative ne signifiait pas une attaque de leur part mais au contraire l’opportunité d’une collaboration. Plusieurs députés de la majorité comme de l’opposition ont répondu à l’apport de la société civile. En fait, un groupe parlementaire de la majorité s’est exprimé en faveur d’une budgétisation participative, liée au genre, et de l’intégration des apports de différentes personnes concernées dans le processus budgétaire.
  • L’administrateur général des impôts au Maroc a formulé au sein de la bourse de Casablanca l’année dernière l’annonce suivante: «Le Maroc, comme pays de privilèges, n’existe plus. Tous les contribuables doivent se conformer aux règles fiscales.» Le Maroc a simplifié son système fiscal en réduisant le nombre d’articles du code fiscal de 40% et en introduisant des formulaires fiscaux électroniques pour améliorer la récollection et la transparence.
  • Une centaine d’ONG environ, accompagnées de plusieurs célébrités, ont créé la Revendication sur les droits aux biens publics, un réseau d’associations dont le secrétariat national inclut des représentants de l’Association marocaine des droits de l’homme et de Transparency Morocco. La revendication est née comme protestation symbolique contre l’État du Maroc pour le détournement et la malversation des biens publics tout au long des 50 années d’indépendance du royaume.

Pour davantage d’informations, contacter Abdellatif Ngadi à [email protected].

 


 

Travail budgétaire au Liban, le rôle de LPHU, par Mohammed Ali Loutfy

Après la fin de la guerre civile libanaise en 1990, la société civile a été confrontée à des difficultés majeures, telles que le déséquilibre entre les politiques fiscales du gouvernement et les besoins de développement social du pays. Par ailleurs, les organisations de la société civile libanaises ne disposaient pas des connaissances suffisantes pour comprendre les mécanismes principaux de formulation, d’implantation et d’évaluation du budget. Parmi les parlementaires et d’autres Libanais impliqués, il existait un besoin grandissant à la fois de comprendre les questions principales concernant le processus budgétaire et d’apprendre à traduire les préoccupations générales et les besoins particuliers par des politiques économiques concrètes.

Ainsi, en 2003, l’Union libanaise des handicapés physiques (LPHU) et l’Association libanaise pour la transparence (LTA), en collaboration avec l’Institut démocratique national (NDI), ont développé un projet afin d’analyser le budget libanais.

La première phase du projet consistait en la réalisation d’ateliers et d’autres activités conçus pour dispenser aux représentants des OSC la méthodologie et les connaissances techniques pour traiter les questions liées aux budgets. Les objectifs de cette phase sont les suivants:

  • Souligner les éléments essentiels du processus budgétaire
  • Mettre en lumière les voies par lesquelles le processus budgétaire peut être rendu plus transparent
  • Identifier les mécanismes permettant une plus grande participation des citoyens dans la formulation, l’implantation, et l’évaluation du budget

En outre, un expert libanais en analyse budgétaire a préparé un rapport au sein duquel est expliqué comment inclure les droits de l’homme et les indicateurs de développement dans le budget.

Comme les activités réalisées jusqu’à aujourd’hui l’ont montré, il existe un large groupe d’OSC au Liban qui sont intéressées par poursuivre le travail budgétaire appliqué. Les ateliers ont permis à ce groupe de se former et de se mettre d’accord sur ce que signifie développer un budget national qui équilibre les besoins sociaux et économiques du Liban. Les ateliers ont également fait émerger la possibilité d’impliquer la société civile dans des débats positifs et directs avec des fonctionnaires gouvernementaux.

Au cours de la phase actuelle du projet, LPHU tente de construire une coalition nationale composée de représentants de différents secteurs de la société civile libanaise. Disposant de la formation et du matériel techniques développés lors de la première phase, la coalition pourrait proposer une alternative budgétaire aux acteurs financiers publics, dont le Ministère des finances et le comité budgétaire du parlement. Cette alternative budgétaire consisterait alors en une approche inclusive qui prenne en compte les perspectives et les besoins de tous les groupes sociaux libanais. Enfin, un partenariat pourrait émerger entre les acteurs gouvernementaux et la société civile sur un ensemble de thèmes, permettant ainsi à la société civile de participer au développement des politiques nationales et de s’assurer que ces politiques reflètent les besoins de la nation dans son ensemble.

Le rapport d’analyse budgétaire décrit plus haut, qui souligne également les déficiences sérieuses dans la distribution des services sociaux au Liban, sera le fondement de cette nouvelle coalition et des propositions pour résoudre le fossé social qui se reflète dans les opérations économiques menées par le gouvernement libanais.

Étant donné que les OSC libanaises disposent de peu d’expérience dans le travail d’analyse budgétaire, seront organisées des opportunités de formation et les informations et outils nécessaires seront distribués. On discutera également des stratégies permettant de faire émerger une conscience publique sur ce thème. Il est aussi nécessaire de consulter les acteurs du budget, qui peuvent faire bénéficier la communauté de leur expérience et de leurs conseils sur les questions budgétaires. Leur soutien pourrait contribuer de manière significative au succès de la coalition.

Pour davantage d’informations, contacter Mohammed Ali Loutfy à [email protected].

 


 

Iran: la controverse budgétaire reflète les préoccupations locales, nationales, et internationales des députés, par Bill Samii
Le président iranien Mahmud Ahmadinejad fait face à la seconde crise au sein du parlement iranien. Les députés de droite comme de gauche critiquent son budget pour l’année 1385 du calendrier iranien (mars 2006-2007). La plus grande partie des critiques se concentre sur l’attention donnée aux institutions religieuses qui bénéficient des préférences conservatrices du président. Une autre préoccupation est liée à la dépendance excessive au pétrole comme source unique de revenus – ce qui, selon les critiques, pourrait avoir un effet inflationniste. Certains expliquent également que le gouvernement base ses chiffres sur un prix déraisonnablement élevé du pétrole. Les débats au sein du parlement suggèrent que l’approche d’Ahmadinejad est quelque peu populiste. 

Présentation de la proposition budgétaire 

Quand Ahmadinejad soumit sa proposition budgétaire au parlement le 15 janvier, il déclara que les priorités du gouvernement étaient la promotion de «la justice, l’amabilité, le service public, et le développement national» (1). Le budget total est de 217 milliards de dollars, dont 68 milliards alloués au secteur public et 149 milliards aux autres entreprises étatiques telles que les banques et les organisations à but non lucratif. Le total est de 27% plus important que dans le budget des années précédentes et suggère que davantage d’attention est portée aux secteurs considérés comme moins importants par certains députés.

Mohammad Ali Hayati, un député de Lamerd et Mehr, a déclaré que le budget avait augmenté mais qu’il ne répondait pas aux besoins du secteur éducationnel. Il a ajouté que les fonds alloués à l’éducation avaient chuté depuis 2001, et que le Ministère de l’éducation compterait avec un déficit de 33 milliards de rials (environ 3.67 milliards de dollars) d’ici la fin de l’année.

Pour le député conservateur Imad Afruq, l’Organisation de la planification et de la gestion doit expliquer comment elle est arrivée à ces chiffres. (2) Il a ajouté que le budget n’était pas conforme au plan de développement sur cinq ans (2005-2010) et que l’on pouvait questionner la comptabilité du budget avec la perspective sur 20 ans du chef Ayatollah Ali Khamenei. Le budget alloue davantage de fonds aux institutions religieuses, ce qui a conduit Afruq – qui dirige le comité parlementaire de la culture – à demander pourquoi le budget augmentait pour « certains instituts culturels » et demeurait le même pour d’autres institutions.

Un autre membre du comité de la culture, Jalal Yahyazadeh, fut plus téméraire. (4) « La culture ne correspond pas seulement à l’Organisation de publicité islamique ou l’Office de publicité du séminaire », déclara-t-il. (3) «Il existe d’autres secteurs importants tels que le théâtre, et la musique – qui rentrent dans la catégorie de la culture – et dont les budgets n’ont malheureusement pas bénéficié de beaucoup d’attention». 

Dépendance excessive aux revenus pétroliers

Même avant que la proposition budgétaire leur soit soumise, des députés ont prévenu qu’elle dépendait trop des revenus pétroliers. (Adel Azarm, qui représente Dehloran, Abadanan et Darreh Shahr, déclarait début janvier que 70% du budget dérivaient des ventes de pétrole, alors que dans les «pays avancés» seuls 35% du budget proviennent des ressources naturelles. (5)

Le député conservateur Mohammad Reza Mirtajedini a déclaré que la dépendance du budget aux revenus pétroliers augmentait chaque année. (6) En 2002-2003 elle était de 10.5 milliards de dollars ; trois fois plus importante en 2005-2006 avec 34.9 milliards de dollars ; et de 36.8 milliards pour 2006-2007. D’autres députés et une Banque centrale d’Iran craignent que la dépendance aux revenus pétroliers contribue à l’inflation, et un taux d’inflation d’au moins 20% est donc plus probable que le taux d’inflation prévu fixé à 13.5%.

Après que le budget ait été soumis, des plaintes ont surgi argumentant qu’il était basé sur l’estimation excessivement élevée de 40 dollars par baril. Hussein kazempur-Ardabili, qui représente l’Iran au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEC), a déclaré: «la part du pétrole dans le budget doit être réduite et le prix estimé du pétrole doit être revu à la baisse». (7) Le représentant parlementaire d’Abadan Mohammad Said Ansari a demandé comment le gouvernement allait financier un déficit si les prix du pétrole passaient sous la barre des 40 dollars par baril.

Ces manifestions de préoccupations se sont révélé avoir un impact, et Ahmad Tavakoli, qui préside le centre de recherche parlementaire, a annoncé le 12 février que le comité économique parlementaire avait décidé de réduire la dépendance budgétaire aux revenus pétroliers de 25%. (8)

Du pétrole sur toutes les tables

On peut dire du budget d’Ahmadinejad qu’il est resté fidèle à certaines des promesses formulées lors de sa campagne. Un de ses slogans principaux était d’apporter « des revenus pétroliers sur les tables du peuple », promettant ainsi aux électeurs qu’ils bénéficieraient des revenus pétroliers. Donner un tel caractère prioritaire au rôle du pétrole dans le budget pourrait être perçu comme la réalisation d’une promesse de la campagne. Un autre slogan de la campagne concernait la création de meilleures conditions de vie pour le peuple dans l’ensemble du pays. Quand il présenta le budget, Ahmadinejad déclara que les dépenses en province augmenteraient de 180%, ajoutant qu’il essayait de déplacer l’emploi du centre vers la périphérie, et qu’il mettait un accent particulier sur le développement rural.

Cependant, quand le budget a été présenté, plusieurs députés ont dénoncé le manque d’attention qui était portée aux besoins réels des provinces, tels que les projets qui se concentrent sur la réduction de la pauvreté dans les zones marginalisées. Plus de 100 députés ont menacé de tenir un sit-in lors de la session du 17 janvier. (9) Heshmatollah Falahatpisheh de Islamabad-i Gharb a déclaré que les fonds provinciaux seraient distribués de façon inégalitaire et pourraient ainsi contribuer à des pertes. Il a demandé pourquoi les fonds n’avaient pas été alloués à des projets infrastructurels dans l’Est de l’Iran, ajoutant que le projet de voies ferroviaires inachevé dans l’Est symbolise la pauvreté de la province de Kermanshah. «Vous avez dit que les pauvres pouvaient placer leurs espérances en votre gouvernement, mais pourquoi les projets des provinces aisées reçoivent-ils toujours des fonds trois à quatre fois plus importants que ceux alloués à ce projet international», demanda Falahatpisheh.

Un autre député, Morteza Tamadon de Shahrekord, a demandé le 17 janvier pourquoi le budget ne dit rien sur l’établissement de compagnies provinciales de l’eau, alors que le parlement a adopté une loi sur ce sujet l’année dernière. (10) Tamadon a alors menacé d’initier une grève de la faim et un sit-in, et des députés des provinces de Gulistan, Kurdistan et Chaharmahal va Bakhtiari ont précisé qu’ils participeraient.

Iraj Nadimi, un député de Lahijan, a parlé des difficultés auxquelles sont confrontés les pays de la province du Nord Gilan. Il a expliqué que les pêcheurs, les cultivateurs de riz, de thé, d’olives et d’oranges rencontraient des difficultés dans cette province. (11). Il a déclaré que les fonds alloués pour construire des barrages et mené des projets de distribution d’eau étaient insuffisants, et que 6 000 familles n’avaient pas accès à l’eau courante, à l’électricité ou à des routes en bon état. Toutes les provinces ne sont pas égales aux yeux du gouvernement, ce dernier consacre davantage d’attention à des endroits tels que Qom et Isfahan, déclara-t-il.

Le représentant de Bojnurd Musa Servati s’est plaint des visites fréquentes des fonctionnaires dans les provinces qui n’apportent que peu de bénéfices. Il a expliqué que toutes les deux semaines le cabinet se retrouve dans une province différente et que les ministres rencontrent les locaux, afin de comprendre leurs problèmes et leurs préoccupations. Cependant, selon Servati, le budget devrait se fonder sur les indices de développement régionaux plutôt que sur ces visites. (12). Servati a déclaré qu’Ahmadinejad avait déjà dépensé de façon excessive les 850 milliards de rials (94.44 millions de dollars) consacrés aux voyages en province l’année précédente, et qu’il utilisait les fonds alloués à d’autres provinces pour payer ces voyages.

Les habitants des zones rurales bénéficient d’une attention inadaptée, et le budget pour l’assurance médicale des ruraux a chuté de 600 milliards de rials (66.67 millions de dollars), a déclaré le représentant de Kermanshah Jahanbakhsh Khanjani. (13). Hussein Islami de Saveh a formulé des préoccupations similaires – il a demandé pourquoi davantage d’argent était alloué aux soins de santé des zones urbaines, a critiqué le manque de financement consacré aux projets de construction de routes dans les zones rurales, et a déclaré que ces problèmes allaient encourager la migration urbaine. 

De nouvelles préoccupations émergent

La possibilité que l’Iran doive faire face à des sanctions économiques du fait des préoccupations internationales quant à son programme nucléaire a alimenté les appréhensions des députés concernant le budget. Le représentant de Téhéran Mohammad Khoshchehreh a déclaré que le gouvernement devrait plutôt adopter une perspective «pessimiste» prenant en compte la possibilité d’événements inattendus et un climat international inamical. (14) Il a appelé à l’adoption d’un «budget de l’ombre» et a déclaré que les conservateurs l’appuieraient. D’après lui le pouvoir législatif est plus réaliste que la branche exécutive, et il explique: «il est possible que les gouvernements ne pensent qu’à leur mandat de quatre ans, et tous leurs efforts sont alors tournés vers leur succès durant ces quatre ans».

Le porte-parole du gouvernement Gholamhussein Elham a essayé de contredire l’impact des sanctions, considérant que l’Iran est dans une position forte et que la question nucléaire n’affectera pas le budget. (15) Il a déclaré que l’exécutif ne soutenait pas la création d’un «budget de l’ombre» et que les propositions de faire de la sorte correspondraient à une campagne de propagande. Cette déclaration reflète certainement le désir de rassurer la communauté des entrepreneurs et les investisseurs. Il est cependant plus probable que le gouvernement se prépare au pire.

 

NOTES

(1)  Islamic Republic News Agency (IRNA)
(2)  « Hambastegi », 23 janvier 2005
(3)  IRNA, 24 janvier 2005
(4)  « Aftab-i Yazd », 22 janvier 2005
(5)  « Kayhan », 3 janvier 2005
(6)  « Aftab-i Yazd », 24 janvier 2005
(7)  « Aftab-i Yazd », 22 janvier 2005
(8)  Fars News Agency, 12 février 2005
(9)  « Sharq », 18 janvier 2005
(10) « Sharq », 18 janvier 2005
(11) « Gilan-i Imruz », 21 janvier 2005
(12) « Mardom Salari », 22 janvier 2005
(13) « Jomhuri-yi Islami », 25 janvier 2005
(14) « Aftab-i Yazd », 6 février 2005
(15) IRNA, 6 février 2005

 

[Copyright (c) 2006 RFE/RL, Inc. Reprinted with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave., N.W. Washington DC 20036. www.rferl.org]

 


 

Budget 2006 de l’Arabie Saoudite, par “Saudi Commerce & Economic Review”

Le dernier numéro de Saudi Commerce & Economic Review évalue les performances économiques de l’Arabie Saoudite en 2005 et offre des prévisions pour 2006 fondées sur le budget 2006 du gouvernement. Le budget prévoit 89 milliards de dollars de dépenses et 109 milliards de revenus, soit un surplus prévu de 20 milliards de dollars. L’économique saoudite a connu des conditions presque idéales en 2005: les revenus pétroliers étaient les plus élevés de toute l’histoire du pays, et la croissance était solide (la croissance du PIB était de 6.5%, avec une inflation de seulement 0.4%). Les dépenses du gouvernement ont augmenté, tout comme le surplus budgétaire, et la balance commerciale était forte.

Dans son budget 2006, le gouvernement saoudien se concentre encore sur l’utilisation des revenus pétroliers pour la réduction de la dette, les dépenses dans les secteurs de l’éducation, des soins de santé, et des infrastructures de base. La dette du gouvernement a été réduite de plus de 29% en 2005 et représente aujourd’hui 41% du PIB, alors qu’elle représentait 199% en 1999.

Parallèlement, le gouvernement va poursuivre ses réformes sociales et économiques en consacrant davantage de fonds pour satisfaire les besoins sociaux d’une population en croissance rapide. Pour favoriser la croissance économique et la création d’emplois à la fois dans les zones urbaine et rurale, le budget financera des programmes d’infrastructure dans les secteurs suivants:

  • L’éducation et le développement des ressources humaines: 4 673 écoles primaires et secondaires vont être construites ou réhabilitées; 3 collèges techniques et 15 centres de formation professionnelle seront construits.
  • La santé et les affaires sociales: 24 nouveaux hôpitaux seront construits, et davantage de fonds seront attribués aux projets de logements publics.
  • L’eau, l’agriculture et les infrastructures: des programmes d’eau potable, d’eaux usées et de désalinisation, des projets industriels, et des projets agricoles seront initiés.
  • Les services municipaux: des fonds seront alloués pour les services de voies urbaines, d’éclairage des rues, de ponts urbains, et de nettoyage.
  • Les transports et les télécommunications seront améliorés.

Les politiques gouvernementales pour réduire la dette et mettre en place des réformes économiques sont conçues afin de favoriser la croissance du secteur privé et la confiance des consommateurs dans toute l’Arabie Saoudite.

 


 

L’accord pétrolier entre le Tchad et la Banque mondiale en crise, par Yacine Bio-Tchane

Le projet de 3.7 milliards de dollars, financé par la Corporation internationale de finances et la Banque mondiale ayant pour finalité de générer des revenus pétroliers pour les programmes de réduction de la pauvreté au Tchad et au Cameroun est en crise.

Des numéros précédents du bulletin de l’IBP ont fait part des préoccupations exprimées par la société civile concernant le respect par les gouvernements du Tchad et du Cameroun de leur engagement à investir des revenus dans des programmes de réduction de la pauvreté, dans les secteurs par exemple de la santé, de l’éducation ou du développement rural. (Voir https://archive.internationalbudget.org/newsletters/bulletin20/.) Autre source de préoccupation: les faiblesses du processus budgétaire du gouvernement du Tchad empêchent de s’assurer que les revenus pétroliers sont dépensés de manière efficace pour lutter contre la pauvreté. Les représentants élus disposent de peu de temps pour débattre sur la proposition budgétaire avec leurs partenaires, par exemple, et il n’existe pas de disposition prévoyant la tenue de discussions d’évaluation ou de planification aux niveaux local et régional. Le Tchad manque également d’une capacité à dépenser ses nouveaux revenus rapidement parce que son économie est sous-développée et que ses procédures d’obtention sont longs et compliqués. (Voir https://archive.internationalbudget.org/newsletters/bulletin26/.)

Les événements récents ont menacé l’expérience du Tchad dans la gestion des revenus pétroliers. Le 29 décembre 2005, l’assemblée nationale du Tchad a adopté des amendements sur la loi sur l’administration du pétrole (Loi 001) ; le Président Deby a promulgué la loi amendée le 11 janvier. Les amendements éliminaient le fond des générations futures (10% des revenus pétroliers directs sont mis de côté et déposés sur un compte de la Citibank de Londres pour de futurs investissements) et allouaient 15 à 30% des revenus pétroliers au budget général du gouvernement. (Voir «Les députés adoptent la loi 001 révisée» et «Modification de la loi 001: les dieux de la finance internationale attaquent-ils le Tchad?»)

Dans un message à l’assemblée nationale, le Président Deby a déclaré que la banque mondiale interprétait mal la décision du gouvernement de réviser la loi sur l’administration du pétrole. Le gouvernement a justifié les amendements par le besoin d’implanter des initiatives immédiates de réduction de la pauvreté. Le gouvernement argumente également que comme les améliorations dans les secteurs de la justice, la sécurité, et l’administration territoriale sont nécessaires pour améliorer l’environnement socio-économique, il est justifié que le Tchad utilise les revenus pétroliers pour réaliser ces objectifs. Tout comme le ministre de la communication l’a déclaré: «nous avons besoin de ces fonds maintenant afin d’assurer la paix et le développement dans le pays». (Voir un article lié au thème: http://www.ialtchad.com/economierapatriementdesfonds.htm.)

Après cette action du Tchad, que la Banque mondiale a considérée comme une violation de leur accord, celle-ci a suspendu les aides destinées au Tchad pour tout prêt ou donation future, et a différé les versements pour huit opérations en cours conduites par l’Association internationale pour le développement. En outre, la Banque a bloqué les revenus pétroliers du gouvernement placés sur le compte de la Citibank à Londres.

Le Fond monétaire international (FMI) a déclaré qu’il apportait tout son soutien aux décisions de la Banque, dans la mesure ou le gouvernement tchadien n’a pas respecté les engagements du Poverty Reduction Growth Facility  (PRGF), lesquels sont liés au soutien apporté par le FMI aux politiques économiques du Tchad. De la même façon, la Banque européenne d’investissement a annoncé qu’elle suspendrait la coopération sur tous les nouveaux projets avec le secteur public. (Voir « Chad and World Bank:  PWYP urges all stakeholders to resume talks to end current stalemate over oil revenue management law dispute ».)

Les actions de la Banque ont des conséquences significatives pour l’économie tchadienne. La suspension des programmes de développement pourrait ralentir la croissance économique par exemple. (La croissance du PIB du Tchad a été de 31% en 2004, selon la Banque Mondiale, aller ici.) Il existe des conséquences indirectes également, telles que l’inéligibilité du pays pour une éventuelle réduction de la dette, la perte d’investissements directs à l’étranger, et le risque que d’autres organisations internationales suspendent leur soutien. Cette dernière possibilité serait coûteuse, comme un tiers du budget du Tchad provient des donateurs internationaux et le reste provient principalement des revenus pétroliers, qui ne sont que partiellement accessibles du fait de la congélation de ces revenus à Londres. (Voir les articles liés à ce thème sur https://archive.internationalbudget.org/newsletters/bulletin29/.)

D’après le Groupe de recherche et de surveillance alternative du projet pétrolier Tchad-Cameroun (GRAMP-TC), une ONG tchadienne, le résultat pourrait consister en l’accentuation de la pauvreté et l’émergence du mal-être social dans un pays qui est déjà confronté à une certaine instabilité du fait des affrontements entre l’armée tchadienne et les rebelles soudanais dans l’Est du Tchad. Avec les élections présidentielles prévues pour le 3 mai 2006, les rebelles ont promis de mettre le président «à terre par d’autres moyens que par le ballottage». (Voir “Capital City Deserted after Shooting near Presidential Palace Triggers Panic.”)

Les groupes de la société civile au Tchad ont manifesté des réactions complètement différentes devant le désaccord entre leur gouvernement et la Banque mondiale. D’une part, des groupes proches du gouvernement ont organisé des réunions et publié des communiqués soutenant le président. (Voir “Chad-World Bank: Chadian women support the president”) La Coordination de la société civile et l’Association pour les droits de l’homme (CASCIDHO) ont félicité l’assemblée nationale pour la révision de la loi sur l’administration du pétrole. (Voir La coordination de la société civile demande au président Deby de promulguer la loi révisée sur l’administration des revenus pétroliers.)

En revanche, un ensemble de groupes de la société civile se sont rassemblés pour s’opposer à la violation par le gouvernement de son accord avec la Banque. La commission pour la paix et la justice (CNJP), le Collectif d’associations défendant les droits de l’homme (CADH), la Cellule de liaison et d’information des associations de femmes (CELIAF), et d’autres groupes ont appelé le gouvernement à entamer un dialogue avec la Banque. GRAMP-TC a déclaré que le gouvernement avait déshonoré sa relation avec la Banque et devrait accepter les conséquences de ses actes.

Dans une tentative pour résoudre leur désaccord, une délégation de la Banque mondiale et une délégation du gouvernement tchadien ont tenu trois jours de discussions à Paris à partir du 30 janvier. Le gouvernement a refusé d’annuler sa modification de la loi sur l’administration du pétrole, se concentrant davantage sur les impacts des prêts précédents de la Banque sur le développement du pays ces dernières années. D’après le Ministre de l’économie, la planification et la coopération, M. Mahamat Ali Hassan, il est nécessaire d’interroger les motivations se cachant derrière les interventions de la Banque à travers les dénommés projets de développement conçus pour les populations marginalisées. (Voir «Le gouvernement s’interroge sur les motivations de la Banque mondiale à travers ses projets dits de développement».)

En outre, le gouvernement a demandé à la Banque de considérer la possibilité de geler seulement 50% des revenus pétroliers dans le compte de Londres, mais la Banque a refusé. Gilbert Maoundonodj de GRAMP-TC a remarqué que le centre d’intérêt s’était déplacé: il ne s’agit plus de la préservation l’intégrité du système de gestion des revenus pétroliers sinon de l’efficacité des projets de la Banque mondiale au Tchad.

D’autres sessions de discussions entre le Tchad et la Banque mondiale ont eu lieu à la fin du mois de mars et début avril. Alors que la Banque cherche à préserver l’intégrité du système d’administration des revenus pétroliers, la principale préoccupation du Tchad concerne son accès au compte de Londres, et il est probable que le Tchad refuse de poursuivre les négociations avant d’obtenir cet accès. Maoundonodji croit que la situation n’évoluera que si le gouvernement du Tchad, la Banque et les organisations de la société civile fondent leur dialogue sur la loi sur l’administration du pétrole originale, ce que le gouvernement refuse actuellement.

 


 

Combat contre la corruption au Kenya – Portrait du militant John Githongo

Certains ont défendu l’idée selon laquelle une augmentation de l’aide étrangère destinée aux pays africains générerait des économies de capital, facilitant alors la croissance économique. D’autres s’y opposent et estiment que l’aide étrangère peut augmenter la corruption, qui est un frein à la croissance économique. Les relations entrent l’aide étrangère, le développement et la corruption méritent une attention particulière étant donné que l’Afrique s’est appauvrie ces dernières décennies. Le PIB africain par habitant a chuté de 11% entre 1974 et 2003.

John Githongo a été décrit dans différents articles récents et donnait récemment des conférences à Washington, DC. Githongo a été nommé tsar anti-corruption en 2002 par le président du Kenya mais a démissionné trois années plus tard et déménagé au Royaume-Uni. Githongo a dénoncé l’implication du vice-président kenyan ainsi que de trois ministres majeurs dans une affaire de corruption qui a coûté des centaines de millions de dollars aux contribuables kenyans.

Les élections de 2002 au Kenya ont mené à une transition pacifique d’un régime autoritaire à un régime démocratique quand le leader de la National Rainbow Coalition (Narc) est arrivé au pouvoir. Les Kenyans ont voté pour «le changement, pour un gouvernement plus responsable et transparent», d’après Githongo. «Ils avaient faim de nouveauté et d’amélioration».

Cependant la nature autoritaire du nouveau gouvernement a vite fait surface, un groupe de fonctionnaires (les dénommés Mount Kenya Mafia) venait dominer toutes les décisions essentielles. En outre, explique Githongo, il a rapidement réalisé que sa nomination comme tsar anti-corruption correspondait davantage à «une tactique ingénieuse pour protéger les corrompus que comme un mécanisme pour les expulser». (Voir “Exile Battles Kenya’s Climate of Corruption.”)

Githongo a mentionné comme exemple de corruption le fait qu’en 2004 le gouvernement concédait un contrat de 32 millions d’euros à une entité non existante, montant dont seule une partie a été remboursée. La commission anti-corruption du pays a également découvert des preuves d’argent versé «à des entreprises légitimes pour des biens aux prix surévalués, ou pour des contrats concédés à des compagnies avec des compagnies de finance non existantes offrant des prêts fictifs… Des fonctionnaires et des membres de l’élite du pays ont reçu des rétributions personnelles ainsi que de l’argent pour soutenir une campagne politique».

En février 2006 Githongo a publié un rapport sur les scandales sur lesquels il menait une enquête (disponible ici), qui a contraint trois ministres à démissionner et qui impliquait d’autres fonctionnaires gouvernementaux majeurs, des hommes d’affaire, et des entreprises en Grande-Bretagne, en France, et en Suisse, et un consultant américain. Githongo a déclaré qu’il continuait sa campagne anti-corruption depuis le Royaume-Uni et que le combat contre la corruption de fait que commencer. Seuls 30% des cas de corruption ont été mis en lumière estime-t-il.

D’autres personnes au Kenya soutiennent la lutte anti-corruption également. Elles incluent la commission anti-corruption, qui enquête sur une possible corruption liée aux contrats concernant la sécurité et la défense, d’une valeur de 350 millions de dollars (voir “Githongo: It is Not Over Yet”), la société civile, les médias et la jeunesse kenyane. De nombreux jeunes kenyans, cherchant des alternatives à l’aide internationale, ont demandé à leurs gouvernements de rendre compte de leurs décisions.

En outre, un comité législatif a publié récemment un rapport appelant à la réalisation d’une enquête sur les principaux fonctionnaires gouvernementaux et les anciens ministres du cabinet concernant le scandale Anglo Leasing, lequel révélait que le gouvernement kenyan avait payé de larges sommes d’argent à une compagnie non existante. (Voir “Kenya: A Case to Answer.”)

Ce cas à déjà généré des secousses substantielles au sein du gouvernement kenyan avec la démission du ministre de la finance David Mwiraria. Mwiraria était l’un des quatre ministres de cabinet cités dans la dénonciation du scandale, qui accusait le gouvernement de concéder des contrats fort lucratifs à des compagnies fictives. Par ailleurs la Banque mondiale a déclaré qu’elle allait suspendre 260 millions de dollars de prêts au Kenya à cause de ses préoccupations concernant la corruption. (Voir World Briefing | Africa: Kenya: Finance Minister Resigns In Graft Scandal.)

 


 

Budget de l’Inde pour 2006, par Anurag (CBGA)

Le budget national de l’Inde présente une augmentation bienvenue de la part des revenus dans le PIB, un pourcentage qui n’a fait que décliné ou se maintenir pendant presque 15 ans. Cependant, le budget continue de chercher à collecter davantage de revenus fiscaux (tout spécialement des revenus fiscaux directs), ce qui indique que le gouvernement actuel ne veut pas mobiliser dans une plus grande mesure les ressources des personnes aisées et du secteur corporatif.

Pour ce qui est des dépenses, le CBGA (Center for Budget and Governance Accountability, Centre pour la responsabilisation budgétaire et de la gouvernance) observe que les allocations au secteur de l’éducation ne permettront pas d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement de dépenser 6% du budget dans ce secteur. C’est également valable pour le secteur de la santé. Par ailleurs, les indemnisations alimentaires ont décliné de 4.6% des dépenses totales du budget à 4.3% cette année. L’ensemble des dépenses gouvernementales diminuera en proportion du PIB. En outre, le gouvernement recherche l’investissement du secteur privé pour mener à bien le projet de la Mission nationale de rénovation urbaine, qui privatisera plusieurs services urbains et augmentera les charges des consommateurs.

Les dépenses pour le développement rural augmenteront seulement de manière marginale en proportion des dépenses totales – presque pas suffisamment pour faire face aux problèmes auxquels sont confrontés les fermiers et les populations rurales de l’Inde. En proportion du PIB, les allocations proposées restent inférieures au niveau de 2002-2003.

De façon similaire, le budget ne semble pas offrir une amélioration significative des programmes sociaux dirigés aux enfants, exceptés peut-être pour les programmes liés à l’éducation des enfants. Les besoins des enfants liés à la nutrition, au développement, à la santé, et à la protection ont été négligés ces dernières années. En fait, la protection de l’enfance a reçu peu de ressources durant les six dernières années. Dans le nouveau budget, le montant consacré au programme du Projet sur l’enfance et la reproduction a été réduit de 1765.83 Rs. à 1814.27 Rs. cette année.

Si l’on observe le budget en adoptant la perspective du genre, on découvre que les femmes restent demeurent une préoccupation secondaire dans l’allocation des ressources, comme cela peut être observé dans le manque de financement pour les domaines tels que le développement rural, l’éducation secondaire et supérieure, la police, chacun d’entre eux méritant pourtant d’être soutenu de façon significative. Le gouvernement a commencé cette année à entreprendre un exercice de budgétisation en fonction du genre, mais cet exercice se fonde sur quelques idées hautement questionnables qui, si elles ne sont pas modifiées, minimisent les efforts du gouvernement pour créer un budget sensible au genre. Par exemple, il existe des programmes de distribution de préservatifs, de nutrition, et de logement où les femmes sont bénéficiaires à 100% de ces fonds mais pour lesquels les services sont partagés avec les hommes et les enfants, et cela n’a donc aucun sens de désigner les femmes comme unique population cible puisqu’elles ne sont pas les uniques utilisateurs de ces services.

Enfin, concernant les populations indigènes Dalits et Adivasis, le CBGA observe que le gouvernement a présenté des informations utiles concernant les priorités données aux communautés désavantagées. Cependant, les dépenses totales pour le développement de ces groupes aux revenus peu élevés, des castes, et des tribus, vont diminuer de 2.26% des dépenses totales du gouvernement cette année à 2.23% l’année prochaine. Il est également très préoccupant d’observer le caractère non prioritaire du développement des Dalits et des Adivasis dans des départements cruciaux, tels que le développement rural, l’éducation élémentaire et l’alphabétisation, l’éducation secondaire et supérieure, et le développement des femmes et des enfants. Le gouvernement doit étendre le champ d’action de l’exercice budgétaire de cette année à d’autres secteurs importants, tout particulièrement ceux de la santé et du bien-être de la famille.

Pour lire davantage sur le sujet, voir également: Government of India et Indian Ministry of Finance.

 


 

Perspectives anti-pauvreté du onzième plan quinquennal de la Chine, par Zhang Lanying

La directrice de ActionAid Chine Zhang Lanying a fait part de quelques-uns de ses points de vue sur le développement de la Chine et a observé qu’à travers une série de réformes ces 30 dernières années, la Chine s’est progressivement transformée d’une économie planifiée en une économie de marché. Le PIB augmente de 10% par an, et le PIB par habitant a grimpé de 250 dollars en 1978 à 1700 dollars en 2005.

En outre, avec son accession à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Chine est devenue un membre important du système d’échanges international. Lors de chacun des cinq dernières années, le commerce de la Chine a augmenté d’un incroyable 30%.

La pauvreté rurale a diminué drastiquement grâce aux réformes rurales, à la croissance rapide du PIB, et un programme inclusif de lutte contre la pauvreté. Entre 1978 et 2005, le nombre de résidents ruraux en situation de pauvreté est passé de 250 millions (31% de la population rurale totale) à 26.1 millions (3% de la population rurale totale). Voir http://www.china.org.cn/english/features/poverty/95871.htm.

Cependant, les problèmes liés à la pauvreté et à l’injustice demeurent très sérieux. Cent millions de ruraux chinois, soit plus de 10% de la population rurale totale, vivent en dessous du seuil de pauvreté fixé par les Nations unies à un dollar de revenu par jour. Par ailleurs, le rythme de réduction de la pauvreté a ralenti: lors des dix premières années d’ouverture et de réforme en Chine, la population en situation de pauvreté a diminué de 14 millions ; les dix années suivantes, elle a diminué de seulement 6 millions.

En outre, la marginalisation et l’exclusion sociale des ruraux en situation de pauvreté demeurent évidentes. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse, même parmi les paysans eux-mêmes. La ration du revenu des paysans en situation de pauvreté sur celui des paysans ordinaires a augmenté de 1: 2 en 1992 à 1: 4 en 2004. Et dans la province la plus pauvre de Chine, Guizhou, le PIB par habitant représente un tiers du pays par habitant dans la zone la plus riche de Chine, Shanghai.

Dans son onzième plan quinquennal (projet de développement social et économique qui couvre les années 2006-2010), la Chine remplace le thème de «l’efficacité d’abord» par celui de «l’efficacité et la justice». Cela montre que des efforts additionnels sont consacrés au développement rural, aux services publics, et à la réhabilitation environnementale. Le gouvernement a promis de consacrer des ressources additionnelles à l’éducation obligatoire, à la santé publique, à la sécurité sociale, à la création d’emplois, à la réduction de la pauvreté, à la protection contre les catastrophes naturelles, et à la sécurité publique.

En outre, en développant ce plan, le gouvernement chinois a franchi des étapes importantes vers un processus de politiques publiques plus démocratique, notamment en suivant les procédures légales et en tenant des audiences publiques afin d’inclure davantage de monde dans le processus de planification.

L’attention particulière portée aux questions de la pauvreté et l’injustice dans le plan peut au moins limiter la tendance du fossé entre les riches et les pauvres en Chine à s’élargir. Bien que l’ensemble des dépenses du gouvernement pour le développement rural et les services publics restent limitées, l’augmentation des dépenses dans ces secteurs participera à promouvoir la justice sociale.

Le plan, cependant, ne s’affronte pas explicitement à un important problème lié: l’égalité des chances. La Chine souffre de disparités significatives entre les régions et entre les zones rurales et urbaines en termes d’accès aux soins de santé, à l’éducation, et à la formation professionnelle et à l’emploi.

Qui plus est, la population pauvre de la Chine n’a encore que peu de possibilités pour prendre part aux décisions du gouvernement. Il n’existe pas de disposition claire exigeant que les minorités, les femmes, les paysans sans terre, les chômeurs, ou d’autres groupes soient entendus pour la création, l’implantation, ou la révision des politiques gouvernementales.

Enfin, alors que le plan prévoit une croissance économique annuelle de 7-8 % pour les cinq prochaines années, il n’indique pas comment cette croissance pourrait être mieux mise à profit pour aider les populations en situation de pauvreté. Les budgets futurs devront consacrer davantage de ressources à la formation, à l’emploi, à l’éducation, et aux soins de santé. Voir People’s Daily Online.

 


 

Le Groupe budgétaire national (NBG) établi en Azerbaïdjan, par Ingilab Ahmadov

Le Groupe budgétaire national (NBG) a été établi en février 2006 à Baku, en Azerbaïdjan ; il s’agit d’une coalition de groupes budgétaires sans buts lucratifs et a pour but de promouvoir l’utilisation efficace et transparente des ressources publiques. Le NBG est composé du Centre de surveillance des finances publiques, du Centre de recherches économiques, du journal économique Ekspert, du Centre pour la recherche et l’éducation économiques et commerciales, du Centre pour l’innovation économique, du Centre économique indépendant, de l’association publique «Intellect», du Centre pour le débat au sein de la société civile, de l’Association publique des étudiants de Sumgait, et du Centre pour l’économie libre ou l’association Free Person.

Les objectifs de NBG sont d’augmenter l’accès du public à l’information budgétaire, de promouvoir l’alphabétisation budgétaire, de renforcer l’attention du public et sa participation dans le processus budgétaire, d’améliorer la législation budgétaire afin d’assurer la transparence et la responsabilisation, de promouvoir l’implantation de droits socio-économiques à travers le budget, et de faire face à des indicateurs de performance budgétaire inadéquats et au manque de coopération institutionnelle pour réaliser la transparence des revenus budgétaires et améliorer la participation citoyenne.

Les membres du NGB ont entrepris des projets fondés sur la coopération afin de poursuivre les objectifs de la coalition. Par exemple, l’Université de Khazar et le Centre pour la recherche et l’éducation économique et commerciale sont en train de développer un manuel d’enseignement sur la transparence budgétaire pour les institutions d’éducation supérieure. Le Centre pour l’innovation économique a commencé un projet de mise en place de formations pour des ONG locales de la République autonome Nachchivan dans l’Est de l’Azerbaïdjan, pour travailler avec les médias et surveiller les dépenses au niveau étatique. Le Centre économique indépendant surveille les allocations budgétaires pour les projets liés aux routes, et le Centre de surveillance des finances publiques dispense des formations aux membres du NBG.

Pour davantage d’informations, contacter Ingilab Ahmadov au Centre de surveillance des finances publiques, [email protected].

 


 

Participation publique à travers le projet d’éducation budgétaire en Indonésie, par Dedi Haryadi (BIGS)

Au niveau local en Indonésie, il existe un manque de participation publique pour toutes les étapes du processus budgétaire: la planification, l’approbation, l’implantation, et l’audit. La limitation de la mise à disposition du public des informations liées au budget est seulement une partie du problème; l’Indonésie souffre également de corruption dans le prélèvement des revenus et les dépenses. Durant les trois dernières années, au moins 325 membres des parlements locaux ont été accusés de corruption, ce qui a eu pour conséquence des pertes financières pour le gouvernement atteignant les 42.5 milliards de dollars.

D’après l’Institut Bandung des études sur la gouvernance (Bandung Institute of Governance Studies, BIGS), l’augmentation de la participation du public dans le processus budgétaire est un facteur clé pour l’amélioration du niveau de transparence budgétaire en Indonésie. C’est pourquoi BIGS a entrepris un projet ayant pour finalité d’améliorer la compréhension et la conscientisation des citoyens sur la gestion budgétaire du gouvernement locale, de développer la capacité des citoyens à participer aux processus de budgétisation locale, et d’encourager les citoyens à penser à des moyens de promouvoir un processus budgétaire plus transparent, participatif et responsable. Le projet inclura une série d’ateliers sur la structure et le contenu du budget, sur le processus budgétaire local et les politiques qui lui sont liées, sur la promotion d’un budget en faveur des pauvres, sur l’analyse budgétaire liée au genre, sur les principes du militantisme budgétaire, et sur le travail avec les médias et l’assemblée locale.

Pour davantage d’informations, contacter Dedi Haryadi à [email protected].

 


 

Nouveautés dans la bibliothèque de l’IBP

State Budget and Public Accountability in MENA Conference Materials
Par Partners in Development (PID)

Partners in Development (PID) avec International Budget Partnership (IBP), the Institute for Democracy in South Africa (Idasa), the Open Society Institute Revenue Watch (OSI), et la Fondation Ford (FF) ont organisé un séminaire afin de stimuler un plus grand engagement des organisations de la société civile dans les processus budgétaires dans la région MENA. Ce site Internet inclut les présentations et une description des objectifs du séminaire.

What are the Compliance Costs of Taxation in Croatia for Individuals?
Par Vjekoslav Bratie/Institute of Public Finance
Cette étude, fondée sur des entretiens personnels avec des citoyens croates, conclut que les procédures pour intégrer les déclarations d’impôts pourraient être rendues plus simples et plus efficaces. L’étude appelle à un système fiscal plus stable, à des régulations fiscales claires et précises, à une plus grande coopération entre les contribuables et les fonctionnaires fiscaux, à une assistance fiscale accessible, et à la simplification et à la réduction du nombre des formulaires fiscaux.

Assessment of the Draft 2005 State Budget in Light of the Fiscal Decentralization Reform Program
Decentralization Team of the Local Government Initiative
Ce document couvre différents aspects de la décentralisation fiscale en Bulgarie. Il révise les conditions financières des municipalités en 2004, évalue le budget provisoire pour 2005, et offre une vision d’ensemble du processus budgétaire de 2005.

National Budget 2006/07: Continuity Tinged with Change
Par Robin Sherbourne/ Institute for Public Policy Research
Alors que le budget namibien de cette année prévoit un léger surplus, une attention particulière portée au budget montre que cela reflète avant tout l’intégration de revenus supplémentaire pour l’Union douanière de l’Afrique du Sud (SACU), qui a permis au gouvernement d’équilibrer le budget et d’augmenter les dépenses sans augmenter les impôts. Un retour aux déficits est à prévoir pour les années à venir.

Involving Citizens in Public Budgets: Mechanisms for Transparent and Participatory Budgeting
Par Ben Reames y Melissa Lynott/The Center for Civil Society at Partners of the Americas
Cette publication est une compilation des études de cas réalisées par le programme de soutien à la transparence en Amérique (The Transparency in the Americas Grant Program), qui a travaillé avec dix organisations de la société civile latino-américaines pour implanter des projets nouveaux et innovants visant à ouvrir les processus de budgétisation publique à la participation des citoyens et à créer des mécanismes favorisant une plus grande transparence budgétaire. L’ouvrage inclut les utiles leçons apprises, ainsi qu’une introduction substantielle à la budgétisation transparente et participative, un instrument pour s’assurer que les citoyens sont informés et impliqués dans les dépenses de leur gouvernement local.

Newsletter 32 – English

Obstacles and Suggestions for Stronger Budget Oversight in MENA countries by Edouard S. Aldahdah

Edouard Aldahdah is a Lebanese governance specialist currently working in France. In this article he lists five obstacles to stronger budget oversight by civil society, parliament, and the media in MENA (Middle East and North Africa) countries and proposes ways to overcome them.

a) Lack of empirical basis for budget debates.

While this essentially applies to all development topics, it is especially true of debates around public sector management issues, including the budget. This may seem like a paradox, as budgets are all about figures. Yet some steps of the budget process, such as budget deficits, are especially vulnerable to political “hijacking” by factional interests. Few MENA politicians understand the budget process, and even fewer are aware of the implications of the budget process for citizens’ welfare. This does not prevent them from making imprecise statements about budget issues with high potential for public mobilization — e.g., the size of the deficit — that in turn misleads the average citizen.

How to overcome this obstacle: “Budget 101” information sessions targeting MENA political parties at various levels are necessary if budget awareness is to become part of the political culture in the MENA region. Spokespersons for political parties, both inside and outside parliament, are a key audience for such information sessions.

b) Misperceptions about where budget expertise lies.

Budget debates in MENA are further skewed by the fact that while the average MENA citizen views budget work as the business of politicians and derives his or her information from them, the average politician sees budget work as the business of technocrats, too complicated for him or her to get involved in. Such differential perceptions about where legitimate knowledge lies can result in controversies between MENA budget experts and politicians. Politicians often have the upper hand in such controversies because of  their access to media outlets and their ability to mobilize and shape public opinion.

How to overcome this obstacle: More direct linkages between citizens and budget experts are warranted to bring hard facts straight to the real stakeholders. Such linkages can take the form of (a) training programs targeting civil society organizations, such as those undertaken by the International Management and Training Institute in Lebanon for youth groups, women’s groups, sports associations, and so on, and (b) increased “air time” for budget experts on mainstream media outlets.

c) Weak relationships between knowledge producers and policymakers.

Knowledge of public sector management issues is concentrated in universities and research centers, while policymaking is the domain of government officials. In MENA, the relationship between those two constituencies is ad hoc at best, non-existent at worst. It is the occasional result of an academic taking up a post in government, or a current or former government official turning to teaching or research. This greatly impedes the flow of information between knowledge producers and knowledge users, as is illustrated by the widening rift between governments’ reform priorities and universities’ research and teaching priorities.

How to overcome this obstacle: Experience in MENA has shown that mixed bodies of academics and policymakers, such as Algeria’s Economic and Social Council, can serve as a platform to translate knowledge into policy on budget issues and convey this knowledge to citizens.

Another positive example of collaboration between academics and policymakers is Lebanon’s Institute of Finance, the training arm of the Lebanese Ministry of Finance. The Institute of Finance has succeeded in mobilizing around its team of government-affiliated trainers a large national network of academics and private experts to deliver budget training to staff of the Ministry of Finance and line ministries.

d) Monopolization of expertise by international donor institutions.

In public sector management issues in general and budget reform in particular, MENA governments rely heavily on the technical support and policy advice of international institutions such as the World Bank, the UNDP, and the IMF. Much of the knowledge and skills resulting from this close interaction tends to remain concentrated in the hands of the multilateral organizations and their direct senior counterparts in the ministries of finance and other government bodies. Often, these government officials then use those acquired skills to join the international organizations, which can provide better salaries and career incentives. As a result, the MENA country’s capacity remains limited and doesn’t trickle down into the administration.

How to overcome this obstacle: A coalition of donors (the World Bank, the European Commission, the UK’s Department for International Development, as well as the French, Norwegian and Swiss governments, the IMF, and the Strategic Partnership with Africa) has created the Public Expenditure Financial Accountability (PEFA) program, which seeks to strengthen recipients’ (but also donors’) ability to (a) diagnose the country’s public expenditure, procurement, and financial accountability systems, and (b) develop a practical sequence of reform and capacity-building actions that encourages country ownership, reduces the transaction costs to countries, and ultimately leads to an improved impact of reforms. Similar initiatives with a strong in-country training and capacity building component need to be supported and mainstreamed in the MENA region.

e) Lack of government transparency and poor accountability.

Perhaps the most severe obstacle facing budget work in the MENA region is the lack of transparency of national budgets. Revenues from extractive industries (mainly oil and gas) and military expenditures (MENA has the largest military expenditures per capita in the world) are not shown in most MENA countries’ budgets.

Beyond this problem, budget transparency differs widely across the region: in Iran, the full 1,500-page budget is made widely available to the public after its approval by the legislature, but Egypt only issues a two-page document with figures for generic budget categories. Nonetheless, the typical situation is one of weak government accountability to citizens and their elected representatives. For example, since 2003 the Egyptian government has made the full draft budget available to MPs only a few days before the discussion session in parliament, thus not allowing enough them time to study it.

How to overcome this obstacle: In the area of budget transparency, MENA is starting from scratch. One prerequisite is a set of awareness-raising campaigns by the media and watchdog NGOs (such as the MENA chapters of Transparency International, of which the Morocco, Lebanon, Palestine, and Bahrain ones are the most active) explaining the importance of transparency and the need to muster the political will to institute transparency reforms. Where such political will exists, the capacity to implement such reforms (as well as the exposure to international good practice in such reforms) would then need to be fostered.

 


 

Budget Debate in Egypt by Mustapha K. Al Sayyid

Earlier in April there was a public debate in Egypt in the wake of the submission of the report of the National Accounting Agency (NAA) on the closing account of the state budget for the fiscal year 2003-2004. The NAA is required by virtue of the Permanent Constitution of the Arab Republic of Egypt to present a report on the closing account of the budget to the People’s Assembly (PA) every year. The government has failed in the past to submit this closing account on time, thus the PA could not hold it to account as the ministers who were responsible for government finances were no longer in office when the report was discussed by the PA. The report presented observations related to the budget practices of the former cabinet led by Dr.Atef Ebeid who had resigned in July 2004. The report criticized the government for the aggravation of the budget deficit and for other violations of the rules of sound fiscal practices. Members of the PA – Egypt’s lower house which is constitutionally empowered to approve the budget as well as its closing account – took an active part in commenting the report of the President of the NAA. Those who took part in this debate expressed their critical views of the government including members of the opposition and the ruling National Democratic Party. The main observations formulated by Dr. Gawdat Al-Malt, President of the NAA included:

  • Aggravation of the revenue-expenditure gap, which has reached fifty five billion pounds-close to nine and half billion dollars – accounting for 5.9-7.3 percent of the GDP depending on how this deficit is calculated.
  • The NAA has also noted that the government postpones payment of its debts because of insufficient revenue. The debt burden is thus added to future obligations of the government. This practice further complicates the task of future management of state budget.
  • The report also drew attention to the gravity of the situation of the domestic public debt which has escalated to 435 billion Egyptian pounds- $76 billion – or close to 90 percent of the GDP.

The gravity of the situation is further illustrated by:

  • The accelerated pace of the increase in the domestic public debt, from 370 billion in 2003 Egyptian pounds to 435 billion in 2004, an increase of 14.7 percent in just one year.
  • The major part of the increase in the domestic public debt was used mostly in financing the deficit of state budget and not in financing new investments.
  • The cost of the domestic debt service eats up a large portion of national resources as it absorbs no less than 38 percent of all government revenue.

These observations were immediately noted by a large number of deputies who listened to this report given by the head of the NAA at the PA. A large number of deputies took the floor to applaud the head of the NAA for his candid observations and called on the government to take them into consideration while preparing the budget of this coming fiscal year. These observations stimulated a wide debate in the Egyptian society reflected in newspaper articles, all commending the President of the NAA for his report and lamenting failure of the government to balance its budget and warning of the consequences for future generations if it does not rectify all the defects that this report has outlined.

The government has been asked to take these observations into account while preparing budgets for next fiscal year. This latter budget has not been submitted yet to the PA for approval, although a date was set weeks ago for its dispatch to the PA. A possible cause for this delay is the growing burden of government subsidies of petroleum products which increased from L E20 billion to over LE 40 billion in the span of one year, due to the increase in oil prices in the international market. It is true that Egypt is an oil exporting country, but it also imports a large volume of oil-related products.

For more information, contact Mustapha K. Al Sayyid [email protected].

 


 

Challenges to Budget Transparency in Morocco by Abdellatif Ngadi

The countries of the MENA (Middle East and North Africa) region have experienced a number of difficulties since gaining independence. Today, civil society and public institutions in the region are looking for ways to combat corruption and lack of transparency inherited from the past, particularly in the budget process and in monitoring of public finances.

Civil society has gained increasing credibility among the public, and several NGOs have obtained expertise on fiscal and financial matters to help ensure that public resources are spent properly. Some groups are offering finance trainings at the local level, such as the Committee on Education and Communication of the National Federation of Teaching. However even groups that work on budget issues, such as Transparency Morocco, have difficulty obtaining budget information on a regular basis and generating timely budget analysis. (See  http://www.transparencymaroc.ma/actualite.php?Language=En.)

In Bahrain, discussions on the budget are recent and still modest, but legislators are lobbying for parliament’s right to discuss the budget, participate in the preparation of the budget, and follow up on its implementation. In Algeria, Egypt, and Yemen, NGOs are making progress in fighting corruption linked to financial issues.

In Morocco, however, the issue of budget analysis has not yet sparked the creation of an NGO coalition as other issues have, such as the right for public goods or access to health care. This is despite the fact that the country’s financial system has serious problems: corruption and tax evasion are common, and public officials lack accountability.

Moreover, it is difficult for civil society and parliament in Morocco to have a strategic vision of public finances. For example, there are no channels for civil society to participate in the budget process, and in the elaboration of the budget there is little transparency in recording revenues and expenses.

Despite these challenges, there have been positive signs towards greater budget transparency in Morocco. These include:

  • In its 2006 budget, the government presented a plan to address gender-equity priorities at the local and national levels. The creation of a gender budget report is critical to Morocco’s efforts to achieve gender equality, promote women’s rights, and make progress towards the Millennium Development Goals. Due to the importance of this initiative, it is crucial that gender-equity advocates monitor its progress and lobby for inclusion of a gender report in subsequent budgets. (See “Moroccan National Budget Includes Gender Report”).
  • For the first time, NGOs examined the Finances Law and opened a debate on an issue that had been closed to the public. Seventy-five NGOs, including AMDH (Moroccan Association for Human Rights) and Transparency Morocco, organized a meeting to debate the law, assuring parliament that this initiative was meant not as an affront but as an opportunity for collaboration. Several deputies from both the majority and the opposition have been responsive to civil society’s input. In fact, a parliamentarian group from the majority has come out in favor of participatory budgeting, gender budgeting, and including input from different stakeholders in the budget process.
  • Morocco’s General Manager of Taxes announced to the Casablanca stock market last year that “Morocco, the country of privileges, no longer exists. All taxpayers must conform to taxation regulations.”  Morocco has simplified its tax system by reducing the number of elements of the tax code by 40 percent and introducing electronic tax forms to increase tax collection and transparency.
  • Approximately 100 NGOs, together with several celebrities, created the Entreaty on the Rights to Public Goods, a network of associations whose national secretariat includes representatives of the Moroccan Association of Human Rights  and Transparency Morocco. The entreaty was a symbolic protest against the State of Morocco for misappropriation and embezzlement of public goods throughout the 50 years of the kingdom’s independence.

For more information, contact Abdellatif Ngadi at [email protected].

 


 

Budget Work in Lebanon, the Role of LPHU by Mohammed Ali Loutfy

After the Lebanese civil war ended in 1990, civil society faced major difficulties, such as the imbalance between the government’s fiscal policies and the country’s social development needs. Moreover, Lebanese civil society organizations (CSOs) lacked the skills to understand the main mechanisms by which the national budget is formulated, implemented, and evaluated. Among parliamentarians and other Lebanese stakeholders as well, there was a growing need both to understand the major issues surrounding the budget process and to learn how to translate general concerns and specific needs into concrete economic policies.

Hence, in 2003 the Lebanese Physical Handicapped Union (LPHU) and the Lebanese Transparency Association (LTA), in collaboration with the National Democratic Institute (NDI), developed a project to analyze Lebanon’s budget.

The first phase of the project consisted of workshops and other activities designed to provide CSO representatives with the technical knowledge and methodologies to deal with budget related-issues. The goals of this phase included:

  • outlining the basic components of the budget process
  • highlighting the ways in which the budget process can be made more transparent
  • identifying the mechanisms for increasing citizens’ participation in the formulation, implementation, and evaluation of the budget

In addition, an expert on Lebanese budget analysis prepared a report that provided guidelines on how to include human rights and development indicators in the budget.

As the activities conducted so far have shown, there is a core group of CSOs in Lebanon that are interested in pursuing applied budget work. The workshops allowed this group to come together and formulate a common understanding of the significance of developing a national budget that balances Lebanon’s economic and social needs. The workshops also raised the possibility of engaging civil society in positive and direct debates with governmental officials.

During the project’s current phase, LPHU intends to build a national coalition consisting of representatives from diverse sectors of Lebanese civil society. Supplied with the technical training and materials developed in the first phase of the project, the coalition would propose an alternative budget to public financial stakeholders, including the Ministry of Finance and the parliament’s budget committee. This alternative budget would reflect an inclusive approach that takes into consideration the perspectives and needs of all Lebanese social groups. Ultimately, a partnership could emerge between government stakeholders and civil society on a variety of issues, enabling civil society to participate in the development of national policies and ensure that these policies reflect the needs of the nation as a whole.

The budget analysis report described above, which also underlines the serious deficiencies in Lebanon’s social services, will be the foundation for this new coalition as well as proposals to overcome the social gaps that are reflected within the economic operations undertaken by the Lebanese government.

Because Lebanon’s CSOs have little experience with budget analysis, training opportunities will be organized and needed tools and information will be provided. Strategies to raise public awareness on important issues will be discussed as well. It also is necessary to consult stakeholders, who have the capability to provide relevant experience and advice on budget issues. Their support could contribute significantly to the coalition’s success.

For more information, contact Mohammed Ali Loutfy at [email protected].

 


 

Iran: Budget Controversy Reflects Deputies’ Local, National, and International Concerns by Bill Samii

Iranian President Mahmud Ahmadinejad is facing his second crisis in the Iranian parliament. His budget for the Iranian calendar year 1385 (March 2006-07) is being criticized by both right- and left-wing deputies. Much of the criticism is focused on the attention given to religious institutions that fit the president’s conservative preferences. Another concern relates to excessive dependence on oil as the only source of revenue — something that they say could have an inflationary effect. Some also argue that the government is basing its figures on an unreasonably high price for oil. Debates in the parliament suggest that Ahmadinejad’s sloganeering and populist approach could meet its match in the realities of running the country.

Introducing The Draft Budget

When Ahmadinejad submitted his draft budget to the legislature on 15 January, he said his governments’ priorities are the promotion of “justice, kindness, public service, and national development.”(1) The total budget is $217 billion, with $68 billion allocated to the public

sector and $149 billion to other state enterprises such as banks and nonprofit organizations. This total is 27 percent more than in the budget for the previous year and indicates more attention to sectors considered less important by some deputies.

Mohammad Ali Hayati, a deputy from Lamerd and Mehr, said the budget has grown but it does not keep up with the needs of the education sector.(2) He added that funds allocated for education have been falling since 2001, and the Education Ministry will have a 33 trillion rial (about $3.67 billion) deficit by the end of the year.

The Management and Planning Organization should explain how it came up with its numbers, Tehran conservative deputy Imad Afruq said.(3) He added that the budget does not conform to the five- year (2005-10) development plan and that there are questions about the budget’s compatibility with Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s 20-year outlook. The budget reportedly allocates major funding for religious institutions, prompting Afruq – who heads the legislature’s culture committee – to ask why the budget grew for “certain cultural institutes” when it remained the same for other institutions.

Another member of the culture committee, Jalal Yahyazadeh, was more blunt. (4) “Culture is not just for the Islamic Publicity Organization or the Seminary Publicity Office,” he said. “There are other important sectors like theater, and music — that fit into the category of culture — and unfortunately their budgets have not been given much attention.”

Excessive Dependence On Oil Revenues

Even before the draft budget was submitted, legislators warned that it depends too much on oil revenues. Adel Azar, who represents Dehloran, Abadanan, and Darreh Shahr, said in early January that 70 percent of the budget is derived from oil sales, whereas in “advanced countries” only 35 percent of the budget comes from natural resources.(5)

Conservative legislator Mohammad Reza Mirtajedini said the budget’s dependence on oil revenues increases every year.(6) In 2002-2003 it was $10.5 billion; three times higher in 2005- 2006 at $34.9 billion; and $36.8 billion for 2006-2007. Other legislators and a Central Bank of Iran official feared that dependence on oil revenues will contribute to inflation, and an inflation rate of at least 20 percent is more likely than the projected inflation rate of 13.5 percent.

After the budget was submitted, complaints arose that it is based on an excessively high estimate of $40 per barrel. Hussein Kazempur-Ardabili, who represents Iran at the Organization for Petroleum Exporting Countries (OPEC), said, “oil’s share in the budget must be reduced and oil must be priced lower.”(7) Abadan parliamentary representative Mohammad Said Ansari asked how the government would finance a deficit if oil prices fall below the $40 rate.

These expressions of concern appeared to have an impact, and Ahmad Tavakoli, who chairs the legislature’s research center, announced on 12 February that the parliamentary Economy Committee has decided to reduce the budget’s dependency on oil revenues by 25 percent.(8)

Oil On Every Table

Ahmadinejad’s budget can be said to have remained true to some of his campaign pledges. One of Ahmadinejad’s main campaign slogans was to bring “oil revenues to the people’s tables,” promising voters that they would benefit from oil revenues. Giving such a high priority to the role of oil in the budget could be said to represent the fulfillment of a campaign promise. Another campaign slogan was the creation of better living conditions for people across the country. When he introduced the budget, Ahmadinejad said spending in the provinces would increase by 180 percent, adding that he is trying to move jobs from the center to the periphery, and he emphasized rural development.

However, when the budget was submitted there was an outcry from several deputies about a lack of attention to the real needs of the provinces, such as projects that focused on reducing poverty in deprived areas. Over 100 parliamentarians threatened to hold a sit-in during the 17 January session.(9) Heshmatollah Falahatpisheh of Islamabad-i Gharb said provincial funding will be distributed unevenly and can contribute to deprivation. He asked why no funds had been earmarked for infrastructure projects in western Iran, adding that the incomplete western railway project symbolizes poverty in Kermanshah Province. “You said the poor can place their hopes in your administration,” Falahatpisheh asked, “but why do projects of the ever- prosperous provinces always receive funds three or four times more than the funds allocated to this international project?”

Another legislator, Morteza Tamadon of Shahrekord, asked on 17 January why the budget says nothing about the establishment of provincial water companies, although the parliament passed a law on this the previous year.(10) Tamadon then threatened to stage a hunger strike and a sit-in, and legislators from the Gulistan, Kurdistan, and Chaharmahal va Bakhtiari provinces indicated that they would participate.

Iraj Nadimi, a deputy from Lahijan, spoke of the hardships faced by farmers in the northern Gilan Province. He said fishermen and rice, tea, olive, and orange farmers are facing difficulties in Gilan Province.(11) He said insufficient funds have been allocated to build dams and water-supply projects, and 6,000 families do not have access to running water, electricity, or good roads. Not all provinces are equal in the administration’s eyes, he said, and it pays more attention to places like Qom and Isfahan.

Bojnurd representative Musa Servati complained about frequent visits by officials to the provinces that bring few benefits. He said that every two weeks the cabinet meets in a different province and ministers meet with locals to learn about their problems and concerns. However, according to Servati, the budget should be based on regional development indices rather than these visits.(12) Servati said Ahmadinejad has already spent in excess of the 850 billion rials ($94.44 million) allotted for provincial trips in the previous year’s budget, and he is commingling funds allocated to different provinces to pay for the trips.

Rural residents get inadequate attention, Kermanshah representative Jahanbakhsh Khanjani said, and the budget for villagers’ medical insurance has fallen by 600 billion rials ($66.67 million).(13) Hussein Islami from Saveh voiced similar concerns — he asked why more money is allocated to city-dwellers for medical care, criticized the lack of funding for rural road-building projects, and said these problems will encourage urban migration.

New Concerns Arise

The possibility of Iran facing economic sanctions due to international concern over its nuclear program has contributed to legislators’ apprehensions about the budget. Tehran representative Mohammad Khoshchehreh said the government should have a “pessimistic” outlook that allows for unexpected events and for an unfriendly international climate. (14) He called for the adoption of a “shadow budget” and said the conservatives would support it. Khoshchehreh said the legislature is more realistic than the executive branch and explained, “It is possible that governments only think of their four-year term in office and all their efforts are geared toward flourishing in those four years.”

Government spokesman Gholamhussein Elham tried to put a brave face on the impact of sanctions, saying Iran is in a strong position and the nuclear issue will not affect the budget. (15) He said the executive branch does not endorse creating a “shadow budget” and suggestions that to do so would amount to a propaganda campaign. This statement certainly reflects a desire to reassure the business community and investors. It is, however, quite likely that the government is preparing for the worst.

END NOTES

(1) Islamic Republic News Agency (IRNA)
(2) “Hambastegi,” 23 January 2005
(3) IRNA, 24 January 2005
(4) “Aftab-i Yazd,” 22 January 2005
(5) “Kayhan,” 3 January 2005
(6) “Aftab-i Yazd,” 24 January 2005
(7) “Aftab-i Yazd,” 22 January 2005
(8) Fars News Agency, 12 February 2005
(9) “Sharq,” 18 January 2005
(10) “Sharq,” 18 January 2005
(11) “Gilan-i Imruz,” 21 January 2005
(12) “Mardom Salari,” 22 January 2005
(13) “Jomhuri-yi Islami,” 25 January 2005
(14) “Aftab-i Yazd,” 6 February 2005
(15) IRNA, 6 February 2005

Copyright (c) 2006 RFE/RL, Inc. Reprinted with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave., N.W. Washington D.C. 20036. www.rferl.org

 


 

Saudi Arabias 2006 Budget by Saudi Commerce & Economic Review

The current issue of the Saudi Commerce & Economic Review assesses Saudi Arabia’s economic performance in 2005 and provides a forecast for 2006 based on the government’s 2006 budget. The budget projects $89 billion in expenditures and $109 billion in revenues, for a projected surplus of $20 billion.

The Saudi economy experienced nearly ideal conditions in 2005: oil revenues were the highest in the country’s history, and growth was robust (GDP grew 6.5 percent, with inflation of just 0.4 percent). While government spending grew, so did the budget surplus, and the trade balance was strong.

In its 2006 budget, the Saudi government maintains its focus on the use of oil revenues for debt reduction and spending on education, health care, and basic infrastructure. Government debt was reduced by more than 29 percent in 2005 and now stands at 41 percent of GDP, compared to 199 percent of GDP in 1999.

At the same time, the government will continue its economic and social reforms by earmarking more funds to fulfill the social needs of a rapidly growing population. To spur economic growth and job creation in both rural and urban areas, the budget will fund infrastructure programs in the following sectors:

  • Education and human resource development: 4,673 primary and secondary schools will be build or rehabilitated; 3 technical colleges and 15 vocational training centers will be built.
  • Health and social affairs: 24 new hospitals will be constructed, and more funds will be provided for public housing projects.
  • Water, agriculture, and infrastructure: new water, sewage, and desalination projects, industrial projects, and agricultural projects will be initiated.
  • Municipal services: funding will be provided for urban roads, street lighting, city bridges, and cleaning services.
  • Transportation and telecommunications will be upgraded.

The governments policies to reduce debt and institute economic reforms are designed to foster private-sector growth and consumer confidence throughout Saudi Arabia.

 


 

Chad-World Bank Oil Agreement in Crisis by Yacine Bio-Tchane, IBP

The $3.7 billion project financed by the International Finance Corporation and the World Bank to generate oil revenues for poverty-reduction programs in Chad and Cameroon is in crisis.

Earlier issues of the IBP Newsletter reported on the concerns expressed by civil society regarding whether the governments of Chad and Cameroon would fulfill their commitments to invest project revenues in poverty-reduction programs such as health, education, and rural development. (See  https://archive.internationalbudget.org/newsletters/newsletter20/.)  Also of concern, weaknesses in the Chadian government’s budget processes impede efforts to ensure that oil revenues are spent efficiently to alleviate poverty. Elected officials have little time to discuss the budget proposal with their constituencies, for example, and no needs assessments or planning discussions take place at the regional or local levels. Chad also lacks the capacity to spend its new revenues promptly because its economy is underdeveloped and its procurement procedures are long and complicated. (See https://archive.internationalbudget.org/newsletters/newsletter26/.)

Recent developments have threatened Chad’s experiment in oil revenue management. On December 29, 2005, Chad’s national assembly adopted amendments to the Petroleum Management Law (Law 001); President Deby promulgated the amended law on January 11. The amendments eliminated the Future Generations Fund (ten percent of the oil’s direct revenues are set aside and invested for future use deposited in an escrow account, established at Citibank in London) and allocated 15-30 percent of oil revenues to the government’s general budget. (See “Deputies adopt the revised Law 001,” and “Modification of the Law 001: Are the gods of international finance attacking Chad?” both in French.)

In a message to the national assembly, President Deby said that the World Bank is misinterpreting the government’s decision to revise the Petroleum Management Law. The government has justified the amendments by the need to implement immediate poverty-reduction initiatives. The government also argues that because improvements in justice, security, and territorial administration are needed to improve the socioeconomic environment, Chad is justified in diverting oil revenues for these purposes. As Communication Minister Doumgor stated, “we need these funds now in order to ensure peace and development in the country.” (See a related article in French: http://www.ialtchad.com/economierapatriementdesfonds.htm.)

Following Chad’s action, which the World Bank considered a breach of the agreement, the Bank suspended grants to Chad on any future loans or donations and deferred disbursements under eight ongoing operations led by the International Association for Development. In addition, the Bank froze the government’s oil revenues in its Citibank account in London.

The International Monetary Fund (IMF) declared its full support for the Bank’s decisions, as the Chadian government failed to comply with the commitments of the Poverty Reduction Growth Facility (PRGF) under which the IMF is supporting Chad’s economic policies. Similarly, the European Investment Bank announced that it would suspend cooperation on all new projects with Chad’s public sector. (See “Chad and World Bank: PWYP urges all stakeholders to resume talks to end current stalemate over oil revenue management law dispute.”)

The Bank’s actions have significant consequences for the Chadian economy. The suspension of development programs could slow economic growth, for example. (Chad’s GDP grew 31 percent in 2004, according to the World Bank.)  There are indirect consequences as well, such as the country’s ineligibility for further debt reduction, the loss of foreign direct investment, and the risk that other international organizations will suspend assistance. This last outcome would be costly, as one-third of Chad’s budget comes from international donors and the rest comes mainly from oil revenues, which are only partially accessible because of the freeze on Chad’s oil revenues in London. (See related articles at https://archive.internationalbudget.org/newsletters/newsletter29/.)

According to the Group of Alternative Research and Monitoring of the Oil Project Chad-Cameroon (GRAMP-TC), a Chadian NGO, the result could be deeper poverty and rising social unrest in a country that already faces turmoil due to clashes between the Chadian army and alleged Sudanese rebels in eastern Chad. With presidential elections scheduled for May 3, 2006, rebels have vowed to put the president “down by means other than the ballot vote.”  (See “Capital City Deserted after Shooting near Presidential Palace Triggers Panic.”)

Civil society groups in Chad gave sharply differing reactions to the disagreement between their government and the World Bank. On one hand, groups close to the government organized rallies and issued communiqués supporting the president. (See “Chad-World Bank: Chadian women support the president.”) The Coordination of Civil Society and Human Rights Association (CASCIDHO) congratulated the national assembly for revising the Petroleum Management Law. (See “The Civil Society Coordination asks President Deby to promulgate the revised law on oil revenue management.”)

In contrast, a myriad of civil society groups came together to oppose the government’s breach of its agreement with the Bank. The Commission of Peace and Justice (CNJP), the Collective of Association defending Human Rights (CADH), the Cell of Liaison and Information of Women Associations (CELIAF), and other groups called on the government to enter into a dialogue with the Bank. GRAMP-TC declared that the government had dishonored its relationship with the Bank and should accept the consequences of its acts.

In an attempt to resolve their disagreement, a World Bank delegation and a delegation from the Chadian government held three days of discussions in Paris starting January 30. The government refused to reverse its modification of the Petroleum Management Law, focusing instead on the impacts of the Bank’s previous loans on the country’s development in the past few years. According to the Minister of Economy, Planning and Cooperation, Mr. Mahamat Ali Hassan, there is a need to question the motivations behind the Bank’s interventions through the so-called development projects meant for the destitute population. (See “The Government questions the World Bank’s motivations through its so-called development projects.”)

In addition, the government asked the Bank to consider freezing only 50 percent of the oil revenues in the London account, but the Bank refused. Gilbert Maoundonodji of GRAMP-TC noted that the focus of interest has shifted: it is no longer a matter of preserving the integrity of the oil revenue management system but about the effectiveness of the World Bank’s projects in Chad.

Subsequent rounds of discussions between Chad and the World Bank took place in late March and early April. While the Bank is seeking to preserve the integrity of the oil revenue management system, Chad’s main concern is to obtain access to its London account, and Chad may not agree to further negotiations until it obtains this access. Maoundonodji believes that the situation will move forward only if the Chadian government, the Bank, and civil society organizations base their dialogue on the original Petroleum Management Law, which the government currently refuses to accept.

 


 

Fighting Corruption in Kenya – Featured Activist John Githongo

Some have argued that an increase in foreign aid to African countries would generate capital savings, thus spurring economic growth. Others have countered that foreign aid can increase corruption, which is a disincentive for economic growth. The relationships among foreign aid, development, and corruption merit special attention given the fact that Africa has grown poorer in recent decades. Africa’s GDP per capita shrank by 11 percent between 1974 and 2003.

John Githongo has been featured in several recent articles and was recently giving presentations in Washington, D.C. Githongo was appointed anti-corruption czar in 2002 by the president of Kenya but resigned three years later and moved to the United Kingdom. Githongo has implicated Kenya’s vice president and three senior ministers in a corruption racket that has cost Kenyan taxpayers hundreds of millions of dollars.

Kenya’s 2002 elections led to a peaceful transition from an autocratic regime to a democratic one as the National Rainbow Coalition’s (Narc) leader, Mwai Kibaki, came into power. Kenyans voted for “change, for a more accountable and transparent government,” according to Githongo. “They were hungry for something new, something better.”

Yet the new government’s authoritarian nature soon became apparent, as a group of officials (the so-called “Mount Kenya Mafia”) came to dominate all key decisions. In addition, Githongo said, he quickly realized that his selection as anti-corruption czar was “designed more as an artful ploy to protect the corrupt than as a device to root them out.”  (See “Exile Battles Kenya’s Climate of Corruption.”)

Githongo stated in one example of corruption, in 2004 the government gave a 32-million-euro contract to a non-existent entity, only a fraction of which has been recovered. The country’s anti-corruption commission also uncovered evidence of money paid “to legitimate firms for goods that were overpriced, or for contracts awarded to companies with nonexistent finance companies offering fictitious loans…[O]fficials and members of the country’s elite received personal kickbacks as well as using the money for political campaigning,”

In February 2006 Githongo released a report on the scandals he was investigating (available at http://www.africafocus.org/docs06/git0602.php), which forced the resignation of three ministers and implicated other senior government officials, businessmen, companies in Britain, France, and  Switzerland, and an American consultant. Githongo stated that he is continuing his anti-corruption campaign from the United Kingdom and declared that the fight against corruption is just starting. Only 30 percent of the instances of corruption have come to light so far, he estimates.

Others within Kenya are carrying the anti-corruption fight forward as well. They include the anti-corruption commission, – which is investigating possible corruption related to security- and defense-related contracts worth up to US$350 million – civil society, the media, and Kenyan youth. Many young Kenyans, seeking alternatives to foreign aid, have demanded accountability for the government’s decisions.

Furthermore, a legislative committee recently issued a report calling for an investigation of top government officials and former cabinet ministers regarding the Anglo Leasing scandal, in which the Kenyan government paid large fees to a non-existent firm. (See “Kenya: A Case to Answer.”)

This case has already generated substantial upheaval in the Kenyan government with the resignation of the Minister of Finance David Mwiraria. Mwiraria was one of four cabinet ministers named in the so-called Anglo Leasing procurement scam, which involved the government awarding lucrative contracts to fictitious companies. In addition the World Bank said it was withholding $260 million in loans to Kenya because of corruption concerns. (See World Briefing | Africa: Kenya: Finance Minister Resigns In Graft Scandal.)

 


 

India Union Budget 2006 by Anurag, CBGA

The Indian national budget presents a welcome increase in revenues as a share of GDP, a ratio that has declined or stagnated for nearly 15 years. However, the budget forgoes opportunities to collect greater tax revenues (especially direct tax revenues), indicating that the present government is unwilling to mobilise resources from wealthy individuals and the corporate sector to any greater extent.

As for spending, CBGA (Center for Budget and Governance Accountability) observes that allocations to the education sector are not going to fulfil the government’s stated goal of spending 6 percent of GDP on this sector. The same is true of the health sector. Moreover, food subsidies have declined from 4.6 percent of total budget expenditures last year to 4.3 percent this year. Overall government spending will decline as a share of GDP as well. In addition, the government is seeking investment from the private sector for a flagship scheme called the National Urban Renewable Mission, which will privatize several urban services and increase user charges for consumers.

Expenditures for rural development will increase only marginally as a share of total expenditures — not nearly enough to address the problems faced by India’s toiling farmers and rural populations. As a proportion of GDP, proposed allocations remain below their 2002-03 level.

Similarly, the budget does not seem to provide any significant boost to welfare programs directed to children, except perhaps those pertaining to children’s education. Children’s needs relating to nutrition, development, health, and protection have been neglected in recent years. In fact, child protection has received little resources for the last six years. In the new budget, the amount for the Reproductive and Child Project (RCH) Program has been reduced to Rs. 1765.83 from Rs. 1814.27 this year.

Looking at the new budget through the lens of gender, we find that women remain a low priority in the allocation of resources, as can be seen in the lack of funding for areas like rural development, secondary and higher education, and police, all of which need to be stepped up significantly. The government started undertaking from this year onwards a gender budgeting exercise, but this exercise is based on several highly questionable assumptions that will undermine government efforts toward creating a gender-sensitive budget unless they are rectified. For instance, there are programmes like condom distribution, nutrition, and housing where women are recipients of 100 percent of the funds but these services are shared with men and children by the government department that handles them and it makes no sense to place women as the only targets because they are not the only users of these services.

Finally, regarding the indigenous Dalits and Adivasis peoples, CBGA observes that the government has presented useful information regarding the priorities given to disadvantaged communities. However, total expenditures for the development of low income groups, castes, and tribes would decline as a share of total government expenditures, from 2.26 percent this year to 2.23 percent next year. It also is of serious concern to see the low priority given to development of Dalits and Adivasis in crucial departments such as rural development, elementary education and literacy, secondary and higher education, and women and child development. The government must expand the scope of this year’s budget exercise to other important sectors, most notably the department of health and family welfare.

For further reading also see: Government of India and Indian Ministry of Finance

 

 


 

Anti-Poverty Perspectives on Chinas Eleventh Five-Year Plan by Zhang Lanying

The Director of ActionAid China Zhang Lanying shared some views on China’s development and observed that through a series of reforms over the past 30 years, China has gradually transformed itself from a planned economy into more of a market economy. GDP is growing by 10 percent per year, and per capita GDP has jumped from $250 in 1978 to $1,700 in 2005.

Also, with its accession to the World Trade Organization (WTO), China has become an important member of the international trade system. In each of the past five years, China’s trade has grown by an incredible 30 percent.

Rural poverty has been drastically decreased as a result of rural reforms, rapid GDP growth, and a comprehensive poverty alleviation program. Between 1978 and 2005, the number of poor rural residents decreased from 250 million (31 percent of the total rural population) to 26.1 million (3 percent of the total rural population). See http://www.china.org.cn/english/features/poverty/95871.htm.

However, poverty and injustice issues are still quite serious. One hundred million rural Chinese, or more than 10 percent of the total rural population, live under the UN poverty line of one dollar of income per day. Also, the pace of poverty reduction has slowed: in China’s first ten years of reform and opening, the poor population decreased by 14 million; in the second ten years, it decreased by just 6 million.

In addition, the marginalization and social exclusion of the rural poor remain obvious. The gap between the rich and the poor is widening, even among the farmers themselves. The ratio of the income of poor farmers to that of ordinary farmers grew from 1:2 in 1992 to 1:4 in 2004. And in China’s poorest province, Guizhou, the per capita GDP is one-thirteenth as large as in China’s richest place, Shanghai.

In its Eleventh Five-Year Plan (economic and social development blueprint that covers the years 2006-2010) China is replacing the theme of “efficiency first” with “efficiency and justice.” This indicates that extra effort is being put into rural development, public services, and environment rehabilitation. The government has promised to dedicate additional resources to compulsory education, public health, social security, social relief, job creation, poverty reduction, disaster protection, and public security.

In addition, in developing the plan the Chinese government took important steps toward a more democratic policymaking process, such as following legal procedures and holding public hearings to bring more people into the planning process.

The plan’s emphasis on the issue of poverty and injustice can at least mitigate the trend of widening gaps between the rich and the poor in China. Though overall government spending on rural development and public services remains small, the increase in spending for these areas will promote social justice.

The plan does not, however, explicitly address an important related issue: equal opportunity. China suffers from significant disparities among regions and between urban and rural areas in terms of access to medical care, education, and vocational training and employment.

Moreover, China’s poor population still has little opportunity to take part in the decisions of government. There is no clear requirement that minorities, women, landless farmers, unemployment workers, or other groups have a voice in the creation, implementation, or review of government policies.

Finally, while the plan predicts annual economic growth of around 7-8 percent over the next five years, it did not indicate how this growth could best be utilized to help the poor. Future budgets will need to dedicate more resources to training, employment, education, and medical care. See People’s Daily Online.

 


 

National Budget Group (NBG) Established in Azerbaijan by Ingilab Ahmadov

The National Budget Group (NBG) was established on February 2006 in Baku, Azerbaijan as a coalition of non-profit budget groups to promote the efficient and transparent use of public resources. NBG consists of the Public Finance Monitoring Center, the Economic Research Center, the “Ekspert” Economic Journal, the Center for Economic and Business Researches and Education, the Center for Economic Innovation, Independent Economic Center, the “Intellect” Public Association, the Center for Debate in Civil Society, the Public Association of Students in Sumgait, and the Free Economy Center “Free Person” Association.

The goals of NBG are to increase public access to budget information, promote budget literacy, strengthen public oversight and public participation in the budget process, improve budget legislation to ensure transparency and accountability, promote the implementation of socioeconomic rights through the budget, and address inadequate budget performance indicators and the lack of institutional cooperation to achieve budget revenue transparency and improve citizen participation.

NBG members have begun collaborative projects in pursuit of the coalition’s goals. For example, the Khazar University and the Center for Economic and Business Researches and Education are developing a teacher’s manual on budget transparency for institutions of higher education. The Center for Economic Innovation has started a capacity-building project for local NGOs in western Azerbaijan’s Nachchivan Autonomic Republic to work with the media and monitor state-level expenditures. The Independent Economic Center is monitoring budget allocations for road projects, and the Public Finance Monitoring Center is offering capacity building to NBG members and training trainers.

For more information, contact Ingilab Ahmadov at the Public Finance Monitoring Center at [email protected].

 


 

Public Participation through Budget Literacy Project in Indonesia by Dedi Haryadi, BIGS

At the local level in Indonesia, there is a lack of public participation at every stage of the budget process: planning, approval, implementation, and auditing. The limited public availability of budget-related information is only part of the problem; Indonesia also suffers from corruption in revenue collection and expenditures. During the last three years, at least 325 members of local parliaments have been accused of corruption, resulting in financial losses to the government amounting to $42.5 billion.

According to the Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) increasing public participation in the budget process is a key factor in improving Indonesia’s level of budget transparency. For this reason, BIGS has started a project to improve citizens’ understanding and awareness of local government budget management, develop citizens’ capacity to participate in local budgeting processes, and encourage citizens to think of ways to promote a more transparent, participatory, and accountable budget process. The project will include a series of workshops on the budget’s structure and content, the local budget process and the politics around it, promoting a pro-poor budget, gender budget analysis, principles of budget advocacy, and working with the media and the local assembly.

For more information, contact Dedi Haryadi at [email protected].

 


 

New in the IBP Library

State Budget and Public Accountability in MENA Conference Materials
By Partners in Development (PID)
Partners in Development (PID) with the International Budget Partnership (IBP), the Institute for Democracy in South Africa (Idasa), the Open Society Institute Revenue Watch (OSI), and the Ford Foundation (FF) organized a seminar to stimulate greater engagement of civil society organizations in budget processes in MENA. This website includes the presentations and a description of the seminar’s goals.

What are the Compliance Costs of Taxation in Croatia for Individuals?
By Vjekoslav Bratie/Institute of Public Finance
This study, based on face-to-face interviews with Croatian citizens, concludes that the procedures for submitting income-tax returns could be made simpler and more efficient. The study calls for a more stable tax system, clear and precise tax regulations, greater cooperation between taxpayers and tax officials, affordable tax assistance, and a reduction in the number and complexity of tax forms.

Assessment of the Draft 2005 State Budget in Light of the Fiscal Decentralization Reform Program
Decentralization Team of the Local Government Initiative
This paper covers different aspects of fiscal decentralization in Bulgaria. It reviews municipalities’ financial conditions in 2004, evaluates the draft budget for 2005, and gives an overview of the 2005 budget process.

National Budget 2006/07: Continuity Tinged with Change
By Robin Sherbourne/ Institute for Public Policy Research
While this year’s Namibian budget envisages a small surplus, a close look at the budget shows that this primarily reflects a windfall in Southern African Customs Union (SACU) revenues, which has allowed the government to balance the budget and increase spending without raising taxes. A return to deficits is forecast for coming years.

Involving Citizens in Public Budgets: Mechanisms for Transparent and Participatory Budgeting
By Ben Reames and Melissa Lynott/The Center for Civil Society at Partners of the Americas
The publication is a compilation of case studies from the Transparency in the Americas grant program, which worked with ten Latin American civil society organizations to implement new and innovative projects aimed at opening public budgeting processes to citizen participation and creating mechanisms for greater budget transparency. The book includes valuable lessons learned, as well as a substantial introduction to participatory and transparent budgeting, a tool used to ensure that citizens are informed and involved in their local government’s spending.