by soapbox | May 1, 2005
Campaña en favor de un ingreso básico universal en Brasil y Sudáfrica
La idea de un “ingreso ciudadano” o ingreso básico garantizado para todos los ciudadanos (sin condiciones, ni necesidad de tener empleo) ha ganado terreno en años recientes en países de medianos ingresos tales como Argentina, Brasil, Filipinas y Sudáfrica. Propuestas anteriores para un ingreso básico común habían sido prerrogativas de países desarrollados tales como Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Escocia, España, los Países Bajos y el Reino Unido. Como parte de los esfuerzos de países desarrollados se fundó en 1986 la Red Europea para el Ingreso Básico “Basic Income European Network” (BIEN) para vincular a individuos con grupos interesados en promover el ingreso básico. Sus miembros incluyen académicos, estudiantes y activistas sociales así como organizaciones políticas, sociales y religiosas. Dado el creciente interés en este tema durante el décimo congreso de BIEN el pasado mes de septiembre en Barcelona, se decidió unánimemente transformar a BIEN en una red mundial y, por ende, cambiaría de nombre a Red Mundial para el Ingreso Básico “Basic Income Earth Network.” (Ver: http://www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Index.html.)
INGRESO BÁSICO EN BRASIL
En Brasil casi 50 millones de personas de 181 habitantes viven por debajo de los límites de pobreza. La idea de un ingreso básico formó parte de la agenda política en 1991 cuando la propuesta del senador Eduardo Suplicy del Partido de los Trabajadores sobre crear un “ingreso ciudadano básico” con el mismo valor para todos los ciudadanos fuera apoyada por el senado.
No obstante, dada la falta de iniciativa presidencial por aprobar la propuesta, ésta permaneció en limbo durante 10 daños en el Congreso. Mientras tanto, la discusión sobre la introducción de un ingreso mínimo garantizado, estimuló una variedad de programas municipales, estatales y federales que fueron introducidos a mediados de los noventas, tales como el Programa Cero Hambre que se describe más adelante. (Ver también: “Legitimizing Basic Income in Developing Countries: Brazil or the Answer is Blowin’ in the Mind” por Eduardo Suplicy, trabajo presentado en el Foro Global de ONGs organizado por la coalición BIG “Basic Income Grant” el 28 de agosto en: http://www.sacc-ct.org.za/suplicy.html.)
Sorprendentemente en enero 2004 la ley Suplicy fue, finalmente, aprobada por el Congreso federal y firmada por el presidente Lula. La nueva ley establece “el derecho de todos los brasileños que residen en Brasil y extranjeros que tengan residencia en Brasil de por lo menos cinco años sin importar su condición socioeconómica de recibir un beneficio monetario anual.” El beneficio se implementará, gradualmente, a partir del 2005.
El ejecutivo establece el valor del beneficio conforme al mínimo necesario que una persona necesita para comida, educación y salud, tomando en cuenta el nivel de desarrollo del país y la disponibilidad de recursos presupuestarios. En el supuesto de que comenzara con R$40.00 al mes ó 16 dólares por persona, una familia de seis personas recibiría R$240.00 ó 97 dólares mensuales. Si el jefe(a) de familia recibe el salario mínimo que en Brasil es de R$260.00 ó 105 dólares mensuales y la familia no tiene otro ingreso, entonces el ingreso mensual de dicha familia aumentaría a R$500.00 ó 202 dólares.
Durante la ceremonia de aprobación de la ley, el presidente Lula dijo: “Es nuestro papel transformar esta ley en una que funcione ya que en Brasil hay leyes que funcionan y leyes que no funcionan.” Desafortunadamente aun no existe información para evaluar la implementación de la ley. Iniciativas anteriores en Brasil sólo han tenido éxito limitado.
En 1995, Campinas y Brasília fueron las primeras ciudades en adoptar programas de ingreso básico, sin embargo ambos programas tienen sus limitantes. En 1997, el gobierno federal comenzó a implementar un conjunto de programas de transferencias de recursos tales como “Bolsa-Renda” (asistencia financiera mínima de porvida) y “Renda Mínima Vitalícia” (pensiones y beneficios de desempleo).
Durante la administración de Lula la mayoría de estos programas fueron integrados al programa de Hambre Cero, un esfuerzo por combinar los beneficios monetarios con políticas más amplias para el desarrollo de capital social. Desafortunadamente, el gobierno no ha sido capaz de implementar este plan por completo y Hambre Cero se ha reducido gradualmente a su componente inicial “Bolsa-família” o asistencia familiar. El impacto económico de “Bolsa-família” es innegable; sin embargo hasta el momento sólo le brinda ayuda a 6.5 millones de familias con niños en edad escolar, es decir, la mitad de las familias en el país que viven por debajo del límite de pobreza con un ingreso promedio de 26 dólares al mes. El gobierno busca alcanzar 11.6 millones de familias a finales del 2006.
De acuerdo con Sergio Baierle del Centro de Asesoría y Estudios Urbanos (CIDADE), una ONG brasileña con base en Porto Alegre, la aprobación tardía de la ley propuesta por Suplicy no trae consigo nueva luz al debate ya que en realidad no cuestiona el programa Hambre Cero. Baierle comenta que “a pesar de que no debemos abandonar la idea de los derechos universales, sería muy cuestionable que un campeón en desigualdad social como lo es Brasil pague un ingreso básico a la gente rica. Tal vez pueda dirigirse a gente que gana por debajo del promedio nacional de ingreso. De cualquier modo, lo más importante aún queda por resolverse: la gente no quiere sólo comida o un mínimo de sobrevivencia, sino oportunidades de vida.” (Para mayor información, contactar a Sergio Baierle [email protected].)
No obstante, el logro de Suplicy ofrece esperanza e inspiración a otros países de medianos y bajos ingresos que han pasado años tratando de promover propuestas similares. En Argentina, por ejemplo, se presentó una propuesta al Congreso en 1997 para crear un Fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez, (FINCINI). Una versión revisada de esta propuesta fue entregada el año pasado y hoy forma parte del debate presupuestario.
Para mayor información sobre el debate en Argentina y para recursos en español, ir a: http://www.ingresociudadano.org/novedades.htm.
INGRESO BÁSICO EN SUDÁFRICA
Sudáfrica es un país de medianos-altos ingresos, no obstante casi la mitad de su población vive en pobreza, un legado de las divisiones socioeconómicas creadas durante el colonialismo y el apartheid.
En 2001, la coalición para el ingreso básico (BIG) fue formada para promover el ingreso básico para cubrir a todos los sudafricanos desde la cuna hasta la tumba. La coalición incluye organizaciones de la sociedad civil, movimientos de trabajadores, iglesias, grupos de derechos humanos, grupos que trabajan con sectores demográficos específicos tales como VIH/SIDA, la vejez y otras poblaciones marginadas.
Isobel Frye del Instituto de Desarrollo Económico y del Trabajo (NALEDI) observa que mientras Sudáfrica es reconocida internacionalmente por sus programas de asistencia social que ofrecen pensiones a gente de edad avanzada y programas de ayuda a niños, no existe asistencia social permanente para personas entre 14 y 60 años de edad (65 en el caso de hombres). Es más las medidas del programa de seguridad social de corto plazo del gobierno están dirigidas a crisis externas y no a cubrir las necesidades de la gente que vive en condiciones de pobreza crónica.
La coalición BIG cree que un ingreso básico universal les permitiría a los sudafricanos comenzar a enfrentar sus necesidades básicas, ayudar a desarrollar vidas sustentables y estimular desarrollo económico en comunidades pobres al inyectar un ingreso constante en efectivo. Además, el atender los altos niveles de desigualdad en el país reduciría la marginación social y mejoraría la cohesión social en un país polarizado por la segregación. La investigación comisionada por la coalición sugiere que un ingreso universal es posible y está al alcance de las posibilidades nacionales, a pesar de las objeciones oficiales que insisten en presentar al ingreso básico como imposible de implementar y mantener. En palabras del Ministro de Finanzas Trevor Manuel el ingreso básico es “populismo económico insostenible.” (Ver Business Day Vol.2 No.21, 20 agosto 2002 http://www.sane.org.za/docs/views/showviews.asp?ID=55.)
La coalición ha llevado a cabo numerosos esfuerzos para promover el ingreso básico. Ha hecho presentaciones a ambas cámaras del parlamento nacional, así como a legislaturas provinciales. Asimismo, ha conducido talleres y sesiones de capacitación a comunidades al lo largo y ancho del país y lazó también una campaña de medios. Muchos economistas y representantes sindicales que apoyan la idea de un ingreso básico han unido sus voces a la campaña.
Durante 2000 el Ministro de Bienestar (hoy Desarrollo Social) nombró a un comité encabezado por la profesora Viviene Taylor para hacer recomendaciones sobre las mejores opciones con las que cuenta el gobierno para enfrentar sus obligaciones constitucionales e implementar un sistema comprensivo de seguridad social. Uno de los mecanismos clave a tomar en cuenta es, precisamente, el del ingreso básico común o apoyo de solidaridad. El Comité Taylor ha organizado audiencias públicas, realizado y comisionado investigación y consultado con una amplia variedad de expertos nacionales e internacionales demostrando que el 10 por ciento de la población más pobre, está completamente excluida de los programas de apoyo vigentes debido a las barreras que imponen las condiciones para recibir el apoyo, los complicados procesos para solicitarlo, la incertidumbre sobre la elegibilidad y falta de fondos para transportarse a las oficinas de servicios públicos. Por ello, el Comité Taylor hizo un llamado a que el ingreso básico se otorgue sin condiciones por una cantidad no menor de R100 o 15 dólares al mes para todos los sudafricanos.
El llamado del Comité Taylor ha sido apoyado por la coalición BIG y ha formado parte de la agenda nacional de Sudáfrica: muchos académicos, analistas políticos y comentaristas han expresado su apoyo a esta propuesta. La Campaña Presupuestaria para la Gente “People’s Budget Campaign” (una coalición de ONGs sudafricanas) hizo un llamado al ingreso básico común como parte de sus recomendaciones anuales al presupuesto. (Ver también: Basic Income Grant Coalition Reacts to Manuel’s Budget http://www.big.org.za/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=68.)
Para leer las publicaciones de BIG, ir a: www.big.org.za.
Para mayor información sobre el trabajo de investigación de BIG, contactar a Isobel Frye [email protected].
El uso de asistencia básica universal para cubrir las necesidades de poblaciones específicas, tales como personas infectadas con VIH/SIDA en Sudáfrica o niños en Argentina, sugiere una oportunidad alternativa de incidencia para OSCs interesadas en promover el ingreso básico común a la vez que los gobiernos de países de bajos y medianos ingresos hacen frente a la presión de cumplir con las metas de desarrollo del milenio “Millennium Development Goals” (MDGs) para 2015. Insertar el debate sobre el ingreso básico común en el marco de discusión de los MDG – para combatir VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades (MDG6) o reducir la mortalidad infantil (MDG4) – implica que las campañas en favor de un ingreso básico común deben de estar más conscientes de las metas de los MDG y de cómo es que los gobiernos planean cumplir con dichas metas.
Proceso presupuestario y sociedad civil en Kazajstán
Después de lograr su independencia hace trece años Kazajstán se ha transformado de una región agrícola de la ex-Unión Soviética a una economía de rápido crecimiento. Recientemente también ha visto mejorías en su proceso presupuestario y en la participación de la sociedad civil en el presupuesto, aunque todavía queda mucho por hacer.
En abril 2004, el programa “Kazakhstan Revenue Watch” de la Fundación Soros-Kazajstán llevó a cabo una mesa redonda en donde grupos de la sociedad civil discutieron la necesidad de fortalecer el papel del parlamento en el proceso del presupuesto. Los problemas citados por miembros del parlamento durante el foro incluyen falta de conocimientos presupuestarios para analizar la propuesta presidencial, falta de posibilidades para contratar consultores expertos que les ayuden a realizar este trabajo y poco tiempo (usualmente sólo tres meses) para revisar la propuesta presupuestaria, negociar enmiendas con el gobierno y aprobar el presupuesto.
De acuerdo con Anton Artemyev coordinador del programa “Kazakhstan Revenue Watch” fue evidente el débil papel del parlamento durante el proceso presupuestario el pasado mes de noviembre cuando la cámara baja del parlamento se disolviera antes de lo esperado después de las elecciones parlamentarias. Esto quiere decir que el presupuesto 2005 fue aprobado por miembros del parlamento electos en septiembre que no contaban más que con un conocimiento superficial de la propuesta presupuestaria. No hubo obstáculos legales que impidieran quitar a los miembros del parlamento antes de que terminaran su trabajo con el presupuesto.
También son motivo de preocupación los procesos de rendición de cuentas y toma de decisiones del Fondo Nacional de Petróleo de Kazajstán creado para estabilizar el desarrollo socioeconómico y acumular ahorro para futuras generaciones. A pesar de que la transparencia del fondo ha mejorado, significativamente, con la publicación de reportes mensuales en los últimos dos años, los escasos canales de rendición de cuentas existentes sólo conducen al ejecutivo sin haber una estrategia de largo plazo que demuestre cómo y cuándo el dinero del fondo será gastado. En resumen, aún queda mucho por hacer para alcanzar fondos de estabilización similares a los de Alberta, Alaska y Noruega.
La legislación de Kazajstán claramente explica qué información presupuestaria debe de hacerse pública y ofrece multas por violar el derecho a la información. El año pasado una organización de la sociedad civil, (OSC) “Tax Standards Formation” recopiló una lista de estos requisitos legales en el reporte “Analysis of Expenditures on Healthcare, Education and Social Protection in the Budget of Almaty City” disponible en http://www.taxpayers-kz.freenet.kz.
No obstante, esta legislación con frecuencia falla en la práctica. Funcionarios públicos a veces esconden casos de malversación de fondos o se resisten a cooperar con la sociedad civil. Asimismo, un número limitado de OSC en Kazajstán están involucradas en el proceso presupuestario debido a la falta de conocimiento sobre el presupuesto, la falta de experiencia para tratar con funcionarios públicos y las dificultades en obtener asistencia legal profesional cuando las autoridades se niegan a brindar la información solicitada.
A pesar de esto algunas OSCs han comenzado a jugar un papel más eficiente en el proceso presupuestario. “Kazakhstan Revenue Watch” y la Fundación Eurasia el Programa de Presupuestos Abiertos “Open Budget Program” han trabajado para establecer una red de grupos presupuestarios a lo largo del país que puedan convertirse en bases alrededor de las cuales puedan surgir nuevas organizaciones. Estos grupos incluyen “Tax Standards Formation” en Almaty y Justicia (Spravedlivost) en Taraz. Otras organizaciones tales como “Sana-Consulting” hacen análisis presupuestario y ofrecen recomendaciones políticas a nivel local para regiones en la ciudad de Astana, Akmola y Kostanai.
“Kazakhstan Revenue Watch” y “Tax Standards Formation” hicieron un análisis comparativo de los presupuestos 2004 y 2005 para ayudar a los miembros del parlamento a informar al público sobre los aspectos más relevantes del nuevo presupuesto. Además, a principios de este año la Fundación Soros–Kazajstán y “Tax Standards Formation” lanzaron un proyecto para aumentar la conciencia e interés en el presupuesto, construir capacidad de análisis y monitoreo de presupuestos por parte de los miembros del parlamento y OSCs interesadas, conducir análisis presupuestario en donde las industrias operan las industrias extractivas, cooperar con autoridades locales sobre asuntos presupuestarios, defender el derecho a la información de las OSCs en las cortes y conducir análisis comparativo de presupuestos entre 2005 y 2006. Como parte de este trabajo, el proyecto está desarrollando un manual para ayudar a los ciudadanos y OSC interesadas a entender el presupuesto.
De acuerdo con Sholpan Aitenova quien encabeza la organización de la sociedad civil “Justicia”, la participación ciudadana ya ha demostrado su eficiencia al promover cambios en políticas públicas. Por ejemplo, organizaciones de la juventud tuvieron un impacto en el programa gubernamental para la juventud mediante la organización de audiencias públicas y reuniones con funcionarios públicos para discutir versiones preliminares del presupuesto. OSCs también comenzaron a monitorear la eficiencia de programas de salud y educación dirigidos a poblaciones específicas, tales como mujeres embarazadas y personas con discapacidades. Sin embargo, comenta que para que la que participación pública en el presupuesto sea más efectiva el gobierno necesita reconocer los beneficios de colaboración constante.
Para mayor información, contactar a Anton Artemyev [email protected].
Taller sobre trabajo presupuestario y organizaciones financieras internacionales
El pasado mes de abril el IBP y el “Bank Information Center,” con apoyo de la Fundación Ford y el “Open Society Institute,” organizaron un taller de tres días bajo el título de “Instituciones financieras internacionales, políticas presupuestarias y justicia social: una oportunidad para la sociedad civil.” Entre los más de 25 participantes provenientes de 14 países figuraron perspectivas académicas, de instituciones financieras internacionales, donadores y de la sociedad civil. El taller exploró cómo promover un desarrollo sustentable enfocado en las personas a través de mejores vínculos entre organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que llevan a cabo análisis de presupuestos y aquellas que dan seguimiento a las actividades de instituciones financieras internacionales (IFIs).
Estas dos redes de la sociedad civil tienen mucho en común. Ambas están dedicadas a la justicia social y a la reducción de la pobreza; ambas trabajan temas de servicios públicos, deuda y privatización y ambas trabajan para fortalecer a los ciudadanos, promover la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas y promover la participación. El tener estos aspectos en común implica que ambas redes se pueden beneficiar de colaboración más estrecha y de mejorar la efectividad de cada una.
El enfoque del trabajo presupuestario es el de construir capacidad de los ciudadanos para entender y darle forma a las decisiones presupuestarias del gobierno. Sin embargo, en países pobres con frecuencia altamente dependientes de préstamos y asistencia financiera internacional los funcionarios gubernamentales no toman decisiones sobre el presupuesto con la debida autonomía. Las IFIs – mediante sus políticas sobre reducción deficitaria, ajuste estructural y otras políticas fiscales y económicas, representan actores críticos en el marco dentro del cual se toman las decisiones. Los activistas presupuestarios no se pueden comprometer en el proceso presupuestario, sin entender el papel de las IFIs.
Igualmente, grupos que buscan influir en los programas y políticas de las IFIs para asegurar un desarrollo sustentable tienen más posibilidades de ser más efectivos en tanto tengan la capacidad de articular el impacto presupuestario específico de las propuestas de las IFIs. Las políticas de reducción deficitaria que derivan en recortes a programas de educación y salud, por ejemplo, no suelen contribuir a la salud económica de largo plazo de una nación. Los analistas presupuestarios pueden hacer aproximaciones concretas sobre los costos específicos que de otro modo, sólo serían objetivos presupuestarios abstractos.
Los participantes del taller examinaron formas en las que los grupos presupuestarios y los grupos que monitorean las IFIs puedan promover de manera conjunta cambios políticos positivos. Por ejemplo, los grupos presupuestarios pueden documentar el impacto presupuestario de las demandas de las IFIs y ofrecer una perspectiva sobre la influencia que las IFIs deben de tener sobre las políticas fiscales de un país. Los grupos que monitorean las IFIs pueden ayudar a los grupos presupuestarios a comprender y darle seguimiento a las condiciones e impactos de los acuerdos de las IFIs y al proceso para llegar a dichos acuerdos, así como a explorar formas para influir en dichos acuerdos. Uno de los participantes, Ernesto Tomas del grupo de la sociedad civil “Freedom from Debt Coalition” de las Filipinas observó que “ambas redes tienen mucho que compartir como son las herramientas y experiencias que están en demanda sobre todo en países en vías de desarrollo. Además, la deuda es una seria preocupación tanto para las Filipinas como para cien países más cuyos presupuestos nacionales se encuentran ligados a este mal. ONGs deben de reexaminar este punto y atraer recursos tanto de grupos presupuestarios como de los que monitorean las IFIs.”
El taller hizo referencia a cuatro estudios de caso: dos de análisis presupuestario aplicado y dos de grupos que monitorean las IFIs. Se discutieron temas como el uso de presupuestos para darle seguimiento a los compromisos políticos en la India, el impacto de desarrollo humano de las políticas de ajuste estructural promovidas por las IFIs en las Filipinas, la economía política del proceso presupuestario en Argentina y lecciones para el trabajo presupuestario y de IFIs en la creación del oleoducto Chad-Camerún.
Los participantes también discutieron cómo fortalecer los vínculos entre grupos presupuestarios y grupos que monitorean las IFIs mediante la creación de equipos dedicados a examinar asuntos relacionados con políticas macroeconómicas, IFIs y el proceso presupuestario y con la impartición de servicios públicos. Los participantes utilizarán estas ideas iniciales para desarrollar propuestas de proyectos en los meses siguientes.
Las reacciones al taller fueron muy positivas. Manish Bapna, director ejecutivo del “Bank Information Center,” dijo, “estoy entusiasmado por las interesantes y constructivas ideas sobre actividades concretas para avanzar con este trabajo.” Luciana Badin del Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (IBASE) observó que esta reunión “permitió una reflexión conjunta sobre la relación entre las políticas dirigidas por las Instituciones Financieras Internacionales y los presupuestos públicos de países en vías de desarrollo brindando una oportunidad de enfocarse en formas más efectivas de alcanzar el objetivo en común, es decir, sobreponerse a toda clase de desigualdad y construir una sociedad orientada a valores de justicia social y sustentabilidad ambiental.”
El reporte de la conferencia se pondrá a disposición del público más adelante este año. Para mayor información, enviar un mensaje a [email protected].
Nuevo reporte mide la transparencia en la recaudación fiscal de gas y petróleo
Compañías de gas y petróleo han generado enormes cantidades de ingresos en varios países en vías de desarrollo. No obstante, en lugar de mejorar las vidas de sus habitantes las ganancias de las industrias extractivas han generado guerras y corrupción, debilitado el desarrollo económico y empeorado las condiciones de pobreza. Un nuevo reporte de “Save the Children” bajo el título “Beyond the Rhetoric. Measuring Revenue Transparency in the Oil and Gas Industries” evalúa la transparencia de las políticas de recaudación de compañías multinacionales de gas y petróleo y los requerimientos de transparencia impuestos por los diez países anfitriones (Austria, Canadá, Francia, Italia, los Países Bajos, Noruega, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido y los Estados Unidos). El estudio se basa en un marco que mide la transparencia creado por “Save the Children” el cual establece estándares para actores clave y mide su cumplimiento.
Los diez países anfitriones fueron clasificados conforme a sus requisitos para exponer los pagos de sus ingresos, requisitos para exponer información financiera, leyes sobre acceso a la información y otros aspectos más amplios sobre gobernabilidad. La clasificación para estos países, así como para las corporaciones multinacionales dejó mucho que desear.
El reporte ofrece recomendaciones para los gobiernos anfitriones. Dado que muchos gobiernos se encuentran revisando y reformando sus regulaciones financieras, deben de tomar esta oportunidad para asegurar que las compañías con base en su país publiquen lo que le pagan al gobierno en donde operan. El reporte también recomienda que las leyes que garantizan acceso a la información cubran información controlada por el sector privado, así como por el sector público. De esta manera los ciudadanos pueden obtener información sobre los pagos que las compañías hacen a los gobiernos en cada caso.
Para leer el reporte, ir a: http://www.savethechildren.org.uk/mt/Linkage.pdf.
El presupuesto de Ghana 2005, sus objetivos y las reacciones de parte de OSCs
El presupuesto de Ghana 2005 presentado por el gobierno el pasado mes de febrero busca ampliar el progreso alcanzado en el 2004 a través de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza. De acuerdo con el Ministro de Finanzas de Ghana el presupuesto nacional 2005 se basa en tres prioridades: desarrollo de recursos humanos, desarrollo del sector privado y buena gobernabilidad.
En el área de educación, el Plan Estratégico de Educación del país con casi un año de haber entrado en vigor tuvo resultados mixtos. El acceso a la educación creció el año pasado pero la proporción alumno-maestro aumentó y las metas de aumentar la proporción de libros de texto por número de niños no se alcanzaron. Los principales objetivos en educación para el 2005 son alcanzar educación primaria universal para el 2015 y equidad de género hacia finales del presente año. Los cambios para mejorar los planes escolares incluyen ampliar el registro a la pre-primaria, realizar mejoras en la infraestructura, reducir las desigualdades geográficas y abolir colegiaturas en las escuelas públicas de 53 distritos pobres.
En el sector salud Ghana logró lo siguiente el año pasado: el porcentaje de cura de tuberculosis creció, la muerte por malaria en niños pequeños bajó y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ghana se creó para mejorar la calidad en los servicios de salud. Los principales objetivos para el 2005 fueron mejorar la accesibilidad, disponibilidad y eficiencia de los servicios de salud, (especialmente aquellos relacionados con enfermedades contagiosas tales como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis) así como de servicios relacionados con la salud reproductiva y cuidado infantil. Otro enfoque será el de mejorar la salud a nivel comunitario en las regiones más pobres del país.
Para discutir las prioridades del presupuesto 2005, el Centro de Activismo Presupuestario “Centre for Budget Advocacy” (CBA) del Centro de Desarrollo Social Integral “Integrated Social Development Center” (ISODEC) llevó a cabo un debate el 17 de marzo en Accra en donde participantes expusieron algunas consideraciones sobre la inhabilidad del presupuesto para alcanzar las metas de combate a la pobreza. Por ejemplo, la introducción de la política de desregulación del sector petrolero comenzó con un aumento de 50 por ciento en los precios del combustible traduciendo gran parte del aumento en impuestos. La experiencia de Ghana ha demostrado que los aumentos en los precios del crudo tienen un impacto negativo en todos los sectores de la economía y, sobre todo, en los pobres. De acuerdo con ISODEC las políticas de combate a la pobreza no pueden comenzar con aumentos en los impuestos de consumo, especialmente, tratándose de áreas altamente volátiles como lo es el sector petrolero. Vitus Azeem de CBA observó que dichas medidas no son adecuadas considerando los aumentos en los precios e impuestos del crudo en relación con el volumen de medidas paliativas. Esta área es de gran preocupación desde el punto de vista social y económico como lo indican las manifestaciones a lo largo del país que exigen una reducción en los precios del petróleo.
El foro organizado por ISODEC también resaltó el hecho de que el presupuesto es altamente influenciado por los intereses de las agencias financiadoras, lo que impide que el gobierno cuente con la libertad para crear e implementar políticas que atiendan las prioridades de combate a la pobreza.
Para mayor información sobre esta reunión, ir a: http://www.isodec.org.gh/isodec/Research-Advocacy/budget-advocacy/budganalysis2005GTA.htm.
El Proyecto de Apoyo al Comité Parlamentario de Ghana “The Ghana Parliamentary Committee Support Project” (GPCSP) trabaja para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y participación en la gobernabilidad parlamentaria del país para lograr mayor efectividad en los esfuerzos de reducción de la pobreza a nivel nacional. GPCSP desarrolla estrategias para el comité para trabajar de manera efectiva en el parlamento. En preparación para la revisión del presupuesto por parte del parlamento el pasado mes de febrero se llevó a cabo el taller “Ghana Parliamentary Committee Support Project Phase II” en Swedru bajo el título Estrategias para Presupuestos de Combate a la Pobreza “Strategies for Pro-Poor Budgeting.”
En este encuentro los participantes estuvieron de acuerdo en que el monitoreo por parte de OSC es una herramienta efectiva que aún no se ha desarrollado al máximo. El taller provocó discusiones sobre cómo aumentar la colaboración entre el parlamento y OSCs, tales como ofrecer presentaciones por parte de OSCs a los comités parlamentarios o realizar actividades conjuntas de monitoreo entre OSCs y comités parlamentarios. Para conocer más sobre el taller, ir a: http://www.parlcent.ca/africa/ghana_propoor_e.php.
Ineficiencia en al gasto público en Perú
Debido a los limitados recursos y graves necesidades que caracterizan a Perú, el hecho de que sólo el 75 por ciento del presupuesto nacional fuera ejecutado el año pasado es inaceptable, afirma el grupo de monitoreo Vigila Perú. Algunos sectores, tales como el de vivienda sólo fueron capaces de gastar la mitad de sus recursos.
Vigila Perú recomienda tomar los siguientes pasos para enfrentar la ineficiencia de los gobiernos central y regional:
- Las audiencias públicas sobre rendición de cuentas llevadas a cabo por los gobiernos regionales dos veces al año deben de incluir información sobre cómo el gobierno central ha utilizado fondos públicos en la región.
- Las audiencias públicas deben de tener lugar cada seis meses de manera que los ciudadanos puedan discutir los logros y errores durante la administración regional del gasto público.
- Se deben de distribuir resúmenes ejecutivos con información sobre el progreso del gobierno regional antes de que las audiencias de rendición de cuentas tengan lugar.
- La información gubernamental al alcance del público debe de distinguir claramente entre los fondos que se generan dentro del país y los fondos que vienen del extranjero.
Para leer el reporte nacional Vigila Perú No. 4 (en español), ir a: http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-aa/417998ae5ff694558b490dd9881a624c/Reporte_6_completo.pdf.
¿Deben las organizaciones de la sociedad civil aliarse con los auditores generales?
Para explorar la colaboración potencial entre las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) e instituciones de auditoría suprema (SAIs)/auditores-generales (AGs), el IBP presentó un conjunto de estudios de caso durante el Sexto Foro Global sobre Reinventar al Gobierno “Sixth Global Forum on Reinventing Government” llevado a cabo en Seúl, Corea del Sur durante el mes de mayo. Entre los participantes se encontraban auditores generales de Corea del sur, Marruecos, Arabia Saudita y Yemen, así como representantes de auditores generales internos de Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Mientras el trabajo presupuestario de la sociedad civil en países en vías de desarrollo ha crecido drásticamente durante los últimos diez años, muchos esfuerzos se han concentrado en examinar el presupuesto al pasar por el legislativo, así como al ser implementado por el ejecutivo. Hasta la fecha pocos esfuerzos de la sociedad civil han tomado en cuenta la fase de auditoría pesar de que tanto la sociedad civil como los SAIs/AGs tienen mucho que ganar de la colaboración conjunta para mejorar la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y el monitoreo externo.
Por ejemplo, SAIs/AGs recaban información sobre la ejecución del presupuesto que puede ser invaluable para los esfuerzos de la sociedad civil en el monitoreo del impacto del presupuesto en los pobres. Igualmente, OSCs a veces cuentan con información sobre casos de corrupción que puede ser de utilidad para un auditor general al decidir si se lleva a cabo una investigación de auditoría o no.
El IBP presentó sus estudios de caso en un taller denominado “Auditoría en favor del cambio social” en donde se examinó cómo es que la función de auditoría puede ser más abierta y participativa para fortalecer a los ciudadanos. El IBP utilizó cuatro estudios de caso que ilustraron novedosas iniciativas en la India, Filipinas y Sudáfrica para demostrar que las OSCs pueden jugar un papel importante en el fortalecimiento de auditorías públicas externas:
- En la India, el sindicato de campesinos y trabajadores Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) emplea una metodología novedosa de audiencias públicas en pequeñas comunidades para obtener información sobre proyectos del gobierno, difundir información a residentes locales y permitirle a los residentes la oportunidad de ofrecer retroalimentación.
- En las Filipinas, la Comisión Nacional de Auditoría y la organización no gubernamental “Concerned Citizens of Abra for Good Government” (CCAGG) han conducido de manera conjunta un auditoría participativa. CCAGG ha labrado una sólida reputación en la región como vigilante efectivo de proyectos públicos de infraestructura.
- También en las Filipinas, la organización no gubernamental “Procurement Watch” (PWI) ha conducido una exitosa campaña que permitió la transición a una reforma de procuración de justicia. PWI utiliza su experiencia en contrataciones y prácticas de procuración de justicia para ayudar a agencias públicas a reformar los sistemas de procuración y capacita a los ciudadanos sobre la nueva ley para monitorear contractos públicos del gobierno.
- En Sudáfrica, la organización de incidencia e investigación “Public Sector Accountability Monitor” (PSAM) ha creado una base de datos que da seguimiento a las respuestas del gobierno a los reclamos de mala conducta en los reportes de auditoría y emplea esta información para informar a los ciudadanos sobre cuestiones de administración de finanzas públicas. Las iniciativas PSAM han tenido éxito en hacer que las agencias públicas tomen en cuenta las recomendaciones de auditoría.
Con base en estos estudios de caso, el IBP ofrece una serie de recomendaciones a auditores generales interesados en colaborar más de cerca con OSCs.
- Las instituciones de auditoría suprema (SAIs) deben de producir reportes comprensivos que sean distribuidos ampliamente al público de manera oportuna. Esto ayudará a los esfuerzos de las OSC a aumentar los conocimientos de la ciudadanía sobre administración pública financiera y fomentar el surgimiento de activistas ciudadanos.
- Las SAIs deben crear canales de comunicación con OSC de manera que cuando las OSC identifiquen casos potenciales de corrupción puedan reportar dichos casos a las SAIs como material potencial para auditorías formales.
- OSCs pueden aumentar la capacidad limitada de las SAIs para llevar a cabo auditorías de procuración y desempeño. Las SAIs necesitan crear espacios adicionales de participación para OSCs en estas auditorías.
- Mientras las SAIs tradicionalmente no participan en los procesos de políticas públicas, OSCs (junto con legisladores) pueden agregar peso político a las recomendaciones de las SAIs y ejercer presión sobre el ejecutivo para implementar esas recomendaciones. Las SAIs necesitan brindar información oportuna y accesible, así como recomendaciones claras para fortalecer el activismo de OSC.
- Cuando sea pertinente, las SAIs deben aumentar sus propios procesos de auditoría al adaptar y adoptar metodologías de auditoría novedosas empleadas por OSC que han tomado la iniciativa de monitorear programas y proyectos públicos.
Para leer el trabajo, ir a: https://archive.internationalbudget.org/SAIs.pdf. Los pormenores del taller y la conferencia serán dados a conocer en la página de la conferencia: http://6thglobalforum.org/eng/main.asp.
Nueva página de internet sobre lupa fiscal, CIPPEC Argentina
La Lupa Fiscal del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una ONG con base en Buenos Aires, Argentina, trabaja para mejorar la transparencia en la toma de decisiones del gasto público y ofrece capacitación a la sociedad civil para monitorear el proceso presupuestario. La iniciativa recientemente dio a conocer su página de Internet en español, www.lupafiscalprovincial.org. Entre los recursos que ofrece esta página se encuentran reportes presupuestarios, presentaciones y materiales empleados durante los talleres sobre la ejecución de presupuestos a nivel estatal para las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego y Tucumán.
Novedades en la biblioteca del IBP
Efectivo y vouchers para emergencias
por Paul Harvey/”Humanitarian Policy Group”
Aquí se examina la opción y conveniencia de ofrecer efectivo y vales como formas de ayuda humanitaria en casos de emergencia tales como desastres naturales y guerra. Se revisan programas de efectivo que se han puesto en práctica en Etiopía, Goma, India, Kenia, México, Somalia y Uganda. El autor analiza el impacto y costo de programas de esta naturaleza y concluye que son efectivos y deben de ser considerados como alternativas para crear incentivos en la agricultura, la vivienda y artículos no alimenticios, así como una alternativa a otros programas de asistencia alimenticia.
Es posible sólo darle dinero a los pobres
por Joseph Hanlon/”Development Policy and Practice Group at Open University”
Este artículo explora dos instancias en la última década en donde Mozambique adoptó programas de transferencia de efectivo que de acuerdo con USAID logró que “las viviendas hicieran un uso prudente del dinero.” En primera instancia, el efectivo fue otorgado a soldados destituidos y a víctimas de inundaciones. En ambos casos el dinero se uso prudentemente por los pobres para aumentar su nivel de vida en inversiones productivas, estimulando la economía local. Esto apoya la teoría Desai de que el dinero se debe de otorgar directamente a los pobres en lugar de hacerlo llegar mediante funcionarios públicos quienes con frecuencia ganan más de la asistencia extranjera que de la población a quien se dirige el dinero. Se menciona el programa de un ingreso básico común en Sudáfrica impulsado por el Instituto de Investigación de Política Económica “Economic Policy Research Institute” como una forma sostenible de apoyar la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la creación de empleos.
¿Quién decide sobre el gasto público? Un análisis de política económica sobre el proceso presupuestario: el caso de Argentina
por Emmanuel Abuelafia, Sergio Berensztein, Miguel Braun y Lucuano di Gresia/Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
El estudio examina el proceso presupuestario de Argentina, sus esquemas, influencias políticas y actores clave. El trabajo se divide en seis secciones que revisan distintas facetas de este tema tales como el ambiente político y económico del proceso presupuestario, análisis de su operación y reformas fiscales y sus resultados. El presidente de Argentina es, sin duda, el principal actor dentro del presupuesto lo que aunado a ciertas limitantes tales como el impacto de los shocks macroeconómicos y de las leyes fiscales y acuerdos con Instituciones Financieras Internacionales y la influencia de otros actores tales como gobernadores, legisladores y cabildos – han limitado la habilidad del ejecutivo de modificar el proceso presupuestario. El trabajo resalta el hecho de que Argentina ha mejorado su proceso presupuestario y mejorado su evaluación de gasto.
Excepción y paradoja en Brasil: de programas de ingreso mínimo a ingreso básico
por Lena Lavinas/ Instituto de Economía (IE) de la Universidad Federal de Río de Janeiro
En este artículo Lavinas analiza la posibilidad de que Brasil adopte un ingreso básico y propone un modelo de implementación sensible a las necesidades nacionales. El artículo toma en cuenta los retos y posibles soluciones en la transición hacia un ingreso básico común y hace mención a varias paradojas como es el hecho de que aunque Brasil tradicionalmente no sea proveedor de políticas sociales con cobertura universal, ha logrado preservar una visión un tanto universal en medio del desmantelamiento de servicios públicos y de las restricciones presupuestarias incompatibles con el marco legal de cuidado y cobertura para todos. El trabajo concluye que a pesar de que la inestabilidad de Brasil va en ascenso y el ambiente hacia la universalidad es muy hostil podría tener efectos muy positivos si se tuviera la oportunidad.
by soapbox | May 1, 2005
La campagne pour l’allocation d’un revenu de base au Brésil et en Afrique du Sud
L’idée d’un « revenu du citoyen », ou d’un revenu de base garanti pour tous les citoyens (sans obligation de travail ou d’évaluation des ressources), a fait du chemin dans plusieurs pays aux revenus moyens ces dernières années, notamment en Argentine, au Brésil, aux Philippines, et en Afrique du Sud. Auparavant, les propositions d’un revenu de base se limitaient aux pays développés, tels que l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, l’Ecosse, l’Espagne, les Pays-Bas, et le Royaume-Uni. Parmi les efforts fournis par les pays développés, figure la fondation en 1986 du Réseau Européen pour un Revenu de Base, afin de lier les individus et les groupes intéressés par la promotion d’un revenu de base. Ses membres incluent des universitaires, des étudiants, et des militants sociaux, ainsi que des organisations politiques, sociales et religieuses. Etant donné l’intérêt grandissant dans les pays en voie de développement autour de cette question, le dixième congrès du réseau en décembre dernier à Barcelone a décidé à l’unanimité de transformer le réseau européen en un réseau mondial, intitulé le Réseau de la terre pour un revenu de base. (Voir http://www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Index.html.)
REVENU DE BASE AU BRÉSIL
Presque 50 millions des 181 millions d’habitants au Brésil vivent en dessous du seuil de pauvreté. L’idée d’un revenu de base est apparue dans l’agenda politique du pays en 1991, alors que la proposition du sénateur Eduardo Suplicy du Parti des Travailleurs de fournir un « revenu de base du citoyen » d’une valeur égale pour tous les citoyens recevait l’approbation initiale du Sénat.
Étant donné le manque d’initiative présidentielle pour approuver la proposition, elle a été gardée dans les limbes pendant dix ans au Congrès. Pendant ce temps, la discussion sur l’introduction d’un revenu minimum garanti a motivé toute une série de programmes municipaux, étatiques ou fédéraux mis en place au milieu des années 1990, tels que le Programme Zéro Affamé (“Zero Hunger Program”) décrit ci-dessous. (Voir également: “Legitimizing Basic Income in Developing Countries: Brazil or the Answer is Blowin’ in the Mind” (« Légitimation du revenu de base dans les pays en voie de développement: le Brésil ou comment la réponse se diffuse dans les esprits ») par Eduardo Suplicy présenté au Forum de l’ONG “Global People” organisé par la coalition pour la distribution d’un revenu de base le 28 août 2002, sur: http://www.sacc-ct.org.za/suplicy.html).
De façon surprenante, en janvier 2004, la Loi Suplicy a été finalement approuvée par le Congrès fédéral et signée par le président Lula. La nouvelle loi établit « le droit pour tous les Brésiliens et les étrangers résidant au Brésil depuis au moins cinq ans, indépendamment de leur condition socioéconomique, de recevoir une allocation monétaire annuelle ». L’allocation est censée être mise en place en deux temps, en commençant en 2005.
Le pouvoir exécutif établit la valeur de l’allocation en fonction du montant minimum dont chaque personne a besoin pour la nourriture, l’éducation, et les soins de santé, et en prenant en compte le niveau de développement de la nation et la disponibilité des ressources budgétaires. Supposons que ce montant est établi à R$40.00 par mois ou à 16US$ par personne, une famille de six membres recevra R$240.00 ou 97US$ par mois. Si le chef de famille reçoit le salaire minimum au Brésil de R$260.00 ou 105US$ par mois, et que la famille n’a pas d’autre source de revenus, alors le revenu de base atteindra le revenu mensuel de la famille R$500.00 ou 202US$.
Lors de la cérémonie d’adoption de la loi, le président Lula a déclaré: « C’est notre rôle de transformer cette loi en une loi qui fonctionne parce qu’au Brésil il y a des lois qui fonctionnent, et d’autres qui ne fonctionnent pas ». Malheureusement, il n’existe encore aucune donnée pour évaluer l’implantation de la loi. Des initiatives précédentes au Brésil avaient obtenu seulement un succès limité.
En 1995, Campinas et Brasília sont devenues les premières villes à adopter des programmes de revenus de base, bien que les deux programmes aient eu une portée limitée. En 1997, le gouvernement fédéral a commencé à implanter un ensemble de programmes similaires de transfert de revenus, tels que «Bolsa-Renda» (aide financière minimum à vie) et «Renda Mínima Vitalícia» (retraites, et allocations de chômage).
Sous la présidence de Lula, la plupart de ces programmes ont été intégrés au programme Zéro Affamé, un effort pour combiner les allocations monétaires aux politiques publiques plus vastes ayant pour but de développer le capital social. Malheureusement, le gouvernement a été incapable d’implanter complètement ce plan, et le programme Zéro Affamé s’est progressivement réduit à son composant central, «Bolsa-família» ou au soutien familiale. L’impact économique de «Bolsa-família» n’est pas négligeable, cependant: aujourd’hui ce programme fournit à 6.5 millions de familles avec des enfants scolarisés — la moitié des familles du pays vivant en dessous du seuil de pauvreté — une moyenne de 26$ par mois, et le gouvernement a pour but d’atteindre les 11.6 millions de famille d’ici la fin de l’année 2006.
Selon Sergio Baierle du Centre de conseil et d’études urbaines(CIDADE), une ONG brésilienne basée à Porto Alegre, l’approbation tardive de la loi de Suplicy ne semble pas apporter un nouvel éclairage au débat, puisqu’elle ne défie pas le Programme Zéro Affamé. Baierle commente que « bien que nous ne devons pas abandonner l’idée des droits universels, on peut s’interroger sur le fait qu’un champion de l’inégalité tel que le Brésil paie un revenu de base même aux gens riches. Peut-être que cela pourrait s’adresser aux personnes gagnant moins que la moyenne nationale des revenus, mais la question fondamentale reste la même: les gens ne veulent pas seulement de la nourriture ; ils ne veulent pas d’un minimum de survie. Ils veulent des opportunités de vie ». (Pour davantage d’informations, contacter Sergio Baierle à [email protected].)
Cependant, la réalisation de Suplicy peut faire naître l’espoir et l’inspiration dans d’autres pays aux revenus moyens ou faibles qui ont passé des années à essayer de promouvoir des propositions similaires. En Argentine, par exemple, une proposition a été soumise au Congrès en 1997, pour créer un « Fond pour le revenu citoyen de l’enfance » (Fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez, or FINCINI). Une version corrigée de cette proposition a été soumise l’année dernière, et fait partie désormais du débat budgétaire.
Pour davantage d’informations sur le débat en Argentine, et pour des ressources en espagnol, aller sur: http://www.ingresociudadano.org/novedades.htm.
REVENU DE BASE EN AFRIQUE DU SUD
L’Afrique du Sud est un pays aux revenus moyens supérieurs, cependant presque la moitié de ses habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, un héritage des profondes divisions socio-économiques créées pendant le colonialisme et l’apartheid.
En 2001, la « Coalition pour la distribution d’un revenu de base » a été formée pour inciter à la création d’un revenu de base qui couvrirait tous les Sud-africains de leur naissance à leur mort. La coalition inclut toute une série d’organisations de la société civile, notamment le Mouvement des Travailleurs, des Eglises, et des groupes de défense des droits de l’homme ; les groupes qui ont rejoint la coalition récemment incluent ceux qui travaillent particulièrement sur le HIV/SIDA, avec les personnes âgées, et d’autres populations marginalisées.
Isobel Frye de l’Institut National de la Main d’Oeuvre et du Développement Economique (“National Labour and Economic Development Institute” (NALEDI)) formule la remarque suivante: alors que l’Afrique du Sud est saluée internationalement pour ses programmes d’assistance sociale, lesquels fournissent une pension aux personnes âgées issue d’une enquête sur les revenus et une allocation de soutien à l’enfant, il n’existe pas d’assistance sociale permanente pour les personnes âgées de 14 à 60 ans (65 pour les hommes). En outre, les mesures gouvernementales de sécurité sociale à court terme sont destinées aux crises externes et ne répondent pas aux besoins des personnes vivant dans une situation de pauvreté chronique.
La Coalition pour la distribution d’un revenu de base croit qu’un revenu de base universel permettrait aux Sud-africains de commencer à répondre à leurs besoins élémentaires, d’aider les personnes à développer des modes de vie durables, et de stimuler le développement économique dans les communautés pauvres en injectant un revenu monétaire régulier. Par ailleurs, affronter les niveaux très élevés d’inégalité du pays permettrait de réduire la marginalisation sociale et d’améliorer la cohésion sociale dans un pays qui a été polarisé par la ségrégation pendant si longtemps. En outre, les recherches engagées par la Coalition suggèrent qu’une allocation de revenu universelle est à la fois accessible financièrement et faisable pour l’Afrique du Sud, malgré les objections officielles qui persistent à décrire le revenu de base comme impossible à implanter et à maintenir. Selon les mots du Ministre des Finances Trevor Manuel, il s’agit de «populisme économique inabordable». (Voir Business Day Vol.2 No.21, 20 Août 2002 http://www.sane.org.za/docs/views/showviews.asp?ID=55.)
La Coalition a entrepris de nombreux efforts pour promouvoir un revenu de base. Elle a réalisé des présentations à la fois auprès des chambres du parlement national et des pouvoirs législatifs provinciaux, elle a organisé des ateliers et des séances de formation dans les communautés à travers le pays, et elle a lancé une campagne médiatique. Un certain nombre d’économistes et de représentants syndicaux qui soutiennent le revenu de base ont joint leur voix à la campagne.
En outre, durant l’année 2000, le Ministre de l’Assistance Sociale (désormais du Développement Social) a constitué un Comité d’Enquête, présidé par le Professeur Viviene Taylor, afin de conseiller les voies par lesquelles le gouvernement pouvait, de la meilleure manière qui soit, respecter ses obligations constitutionnelles, concernant l’implantation d’un système inclusif de sécurité sociale, notamment une assistance sociale appropriée. Un des mécanismes qu’il était chargé de considérer était l’allocation d’un revenu de base ou l’allocation de solidarité. Le Comité de Taylor a organisé des audiences publiques, a commandé des recherches, et a consulté largement des experts nationaux et internationaux. Il s’est aperçu de cette manière que les 10% les plus pauvres de la population, en particulier ceux vivant sans ressources, sont complètement exclus des allocations courantes à cause des barrières aux allocations telles que l’évaluation des ressources, la complexité des procédures d’application, l’incertitude concernant l’éligibilité et le manque de fonds pour payer les transports qui permettent de se rendre aux bureaux des services sociaux. Ainsi, le Comité Taylor a appelé à la mise en place de la distribution d’un revenu de base, sans vérification des ressources, ne pouvant être inférieur à R100 ou 15US$ par mois, devant être distribué à tous les Sud-Africains.
L’appel du Comité Taylor a été soutenu par la Coalition pour la distribution d’un revenu de base et a été inscrite sur l’agenda national de l’Afrique du Sud: beaucoup d’universitaires, d’analystes politiques, et de commentateurs ont exprimé leur soutien envers cette idée, et la campagne budgétaire des gens, «the People’s Budget Campaign» (une coalition d’ONG Sud-africaines), a appelé à la mise en place d’un revenu de base dans ses recommandations budgétaires annuelles (Voir également Basic Income Grant Coalition Reacts to Manuel’s Budget)
Pour lire les publications de la Coalition pour la distribution d’un revenu de base, aller sur: www.big.org.za. Pour davantage d’informations sur les recherches de la Coalition, contacter Isobel Frye à [email protected].
L’utilisation d’allocations de revenus de base pour répondre aux besoins de segments spécifiques de la population, tels que les secteurs infectés par le VIH/SIDA en Afrique du Sud ou les enfants en Argentine, représente une opportunité de militantisme alternative pour les OSC intéressées par la promotion d’une allocation de revenu de base alors que les gouvernements aux revenus moyens et faibles doivent répondre à la pression pour atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) d’ici 2015. L’insertion du débat sur le revenu de base dans le cadre des ODM – pour combattre, le VIH/SIDA, la malaria, et d’autres maladies ou réduire la mortalité infantile – signifie que les campagnes sur l’adoption d’un revenu de base doivent s’informer davantage sur les objectifs des ODM et sur les approches gouvernementales pour remplir de tels objectifs.
Processus budgétaire et société civile au Kazakhstan
Treize ans après avoir acquis l’indépendance, le Kazakhstan est passé d’une république reposant sur l’agriculture de l’Union soviétique à l’une des économies les plus dynamiques de la région. On a également pu observer ces dernières années des améliorations dans les processus budgétaires et concernant la participation de la société civile dans le budget. Cependant, il reste encore beaucoup de place pour davantage d’améliorations.
En avril 2004, “Kazakhstan Revenue Watch” de la Fondation Soros-Kazakhstan a organisé une table ronde internationale lors de laquelle les groupes de la société civile ont pu débattre autour du besoin de renforcer le rôle du Parlement dans le processus budgétaire. Les problèmes mentionnés par les membres du Parlement au forum incluaient leur manque de connaissance budgétaire pour analyser le budget provisoire du Président, leur incapacité à contracter des experts externes pour les aider à faire ce travail, et le temps limité dont ils disposent (trois mois normalement) pour réviser le budget provisoire, négocier les amendements avec le gouvernement, et approuver le budget.
Selon Anton Artemyev, coordinateur des programmes de Kazakhstan Revenue Watch, une démonstration claire de la faiblesse du rôle du Parlement dans le processus budgétaire a eu lieu en novembre dernier, quand la plus basse chambre du Parlement a été dissolue en avance sur le calendrier après les élections parlementaires. Ceci signifiait que le budget 2005 était approuvé par les membres du Parlement qui avaient été élus à la fin du mois de septembre et pour lesquels donc le budget provisoire n’était que partiellement familier. Il n’y avait pas d’obstacles légaux au renvoi des anciens membres du Parlement avant qu’ils n’aient fini leur travail sur le budget.
D’autres sources de préoccupations émanent de la responsabilité et des processus de prises de décisions du Fond National du Pétrole du Kazakhstan, qui a été créé pour stabiliser le développement socio économique du pays et épargner pour les futures générations. Bien que la transparence du fond a été améliorée de manière significative avec la publication de rapports mensuels au cours des deux dernières années, les quelques canaux de responsabilisation désormais en place conduisent au pouvoir exécutif, et il n’y a pas de stratégie à long terme qui montre comment et où l’argent issu du fond sera dépensé. Pour résumer, il reste beaucoup à faire pour aller à la même allure que des fonds de stabilisation similaires en Alberta, Alaska, et en Norvège.
La législation kazakhe établit clairement quelles informations budgétaires doivent être rendues publiques et dispose de sanctions pour la violation du droit du public à l’information. L’année dernière, une organisation de la société civile, “the Tax Standards Formation,” a établi une liste de ces exigences légales dans le rapport «Analyse des dépenses pour les soins à la santé, l’éducation et la protection sociale dans le budget de Almaty City» (disponible sur http://www.taxpayers-kz.freenet.kz).
Cependant, cette législation a souvent du mal à fonctionner en pratique. Les fonctionnaires publics cachent parfois des cas de détournements de fonds ou refusent de coopérer avec la société civile. Par ailleurs, seul un nombre limité d’OSC kazakhes sont impliquées dans le processus budgétaire à cause du manque de connaissances concernant le budget, le manque d’expérience dans les relations avec les fonctionnaires appropriés, et des difficultés dans l’obtention de l’assistance légale professionnelle quand les autorités refusent de fournir les informations requises.
Malgré tout cela, certains OSC ont commencé à jouer un rôle efficace dans le processus budgétaire. Kazakhstan Revenue Watch et le Programme sur le Budget Ouvert de la Fondation eurasiatique ont travaillé pour établir un réseau de groupes budgétaires à travers le pays qui pourraient devenir des groupes de ressources autour desquelles de nouveaux groupes émergeraient. Ces groupes incluent “Tax Standards Formation” à Almaty et Justice (Spravedlivost) à Taraz. D’autres organisations, telles que Sana-Consulting, mènent des analyses budgétaires et formulent des recommandations de politiques publiques au niveau local pour les régions de Astana city, Akmola, et Kostanai.
Kazakhstan Revenue Watch et Tax Standards Formation ont mené une analyse comparative des budgets 2004 et 2005 pour aider les membres du Parlement et informer le public sur les principales caractéristiques du nouveau budget. En outre, plus tôt dans l’année, la Fondation Soros–Kazakhstan et Tax Standards Formation ont lancé un projet pour conscientiser le public et faire naître son intérêt pour le budget, former les membres du Parlement et les OSC intéressées par la surveillance et l’analyse budgétaires, mener des analyses budgétaires là où opèrent les industries extractives, coopérer avec les autorités locales sur les questions budgétaires, défendre le droit des OSC à l’information, et mener des analyses comparatives des budgets 2005 et 2006. Dans le cadre de ce travail, le projet est en train de développer un manuel pour aider les citoyens et les OSC intéressés à comprendre le budget.
Selon le porte-parole de l’OSC Justice, Sholpan Aitenova, la participation du public a déjà prouvé son efficacité dans l’influence du changement politique. Par exemple, des organisations de jeunesse ont influencé le programme politique du gouvernement concernant la jeunesse en organisant des audiences publiques et des rencontres avec des fonctionnaires publics pour débattre autour des budgets locaux provisoires. Les OSC ont également commencé à surveiller l’efficacité des programmes de santé et d’éducation destinés à des segments spécifiques de la population, tels que les femmes enceintes et les personnes handicapées. Mais pour que la participation publique dans le budget devienne plus efficace, elle explique que le gouvernement doit reconnaître les bénéfices d’une collaboration régulière.
Pour davantage d’informations, contacter Anton Artemyev [email protected].
Atelier sur le travail budgétaire et les Institutions Financières Internationales
En avril, l’IBP et le “Bank Information Center,” avec le soutien de la Fondation Ford et de l’”Open Society Institute,” ont sponsorisé un atelier sur trois jours intitulé « Institutions Financières Internationales, politique budgétaire, et justice sociale: une opportunité pour la société civile ». Les plus de 25 participants venaient de 14 pays et partageaient différentes origines: des universitaires, des membres d’institutions financières internationales, des donateurs, et des membres la société civile. Lors de l’atelier ont été explorés les moyens de promouvoir des formes de développement durables et plus centrées sur les gens en améliorant les liens entre les organisations de la société civile qui mènent des analyses budgétaires appliquées et celles qui surveillent les institutions financières internationales (IFS).
Ces deux réseaux de la société civile ont beaucoup en commun. Les deux se consacrent à la justice sociale et à la réduction de la pauvreté; les deux traitent de questions ayant des points communs, concernant les services publics, la dette, et les privatisations; et les deux travaillent afin de donner plus de pouvoir aux citoyens, promouvoir la démocratie, encourager la transparence et la responsabilisation, et étendre la participation. Ces points communs signifient que les deux réseaux peuvent tirer les bénéfices d’une plus grande collaboration, en améliorant l’efficacité de chacun des deux.
Le point central du travail budgétaire est de former les citoyens pour leur permettre de comprendre et d’influencer les décisions budgétaires de leur gouvernement, qui figurent parmi les décisions politiques les plus importantes qu’un gouvernement prend. Cependant, dans les pays pauvres, souvent très dépendants des prêts et de l’aide étrangère, les membres du gouvernement ne prennent pas eux-mêmes les décisions budgétaires essentielles. Les IFI –à travers leurs politiques de réduction des déficits, d’ajustement structurel, et d’autres politiques fiscales et économiques – sont des acteurs essentiels impliqués dans la mise en place du cadre dans lequel les décisions budgétaires doivent être prises. Les défenseurs du budget ne peuvent pas s’engager complètement dans le processus budgétaire sans avoir compris le rôle des IFI.
De façon similaire, les groupes cherchant à influencer les politiques et les programmes des IFI pour assurer un développement durable sont susceptibles d’être plus efficaces s’ils peuvent articuler les impacts budgétaires spécifiques dans le monde réel des propositions des IFI. Des politiques de réduction du déficit qui conduisent à des restrictions budgétaires pour les programmes d’éducation ou de soins à la santé, par exemple, ne sont pas susceptibles de contribuer à la santé économique à long terme d’un pays ou de ses habitants. Les analystes budgétaires peuvent faire des estimations concrètes des coûts spécifiques de ce qui sans cela reste des objectifs budgétaires abstraits.
Les participants de l’atelier ont étudié les voies par lesquelles les groupes budgétaires et les groupes de surveillance des IFI peuvent s’aider à apporter des changements politiques positifs. Par exemple, les groupes budgétaires peuvent présenter l’impact budgétaire des demandes des IFI et fournir une perspective sur l’influence que les IFI devraient avoir sur les politiques fiscales d’un pays. Les groupes surveillant les IFI, en retour, peuvent aider les groupes budgétaires à comprendre et à surveiller les conditions et les impacts des accords des IFI et le processus par lequel ces installations sont négociées et peuvent être influencées. Un participant de la rencontre, Ernesto Tomas de la Coalition Libération de la Dette (“Freedom from Debt Coalition”) aux Philippines a fait remarquer que « les deux groupes ont beaucoup à partager, i.e., des instruments et des expériences qu’on demande particulièrement dans les pays en voie de développement. En outre, la dette est une cause de préoccupations sérieuses pour les Philippines et une centaine d’autres nations dont les budgets nationaux sont liés à ce malaise. Les ONG doivent se pencher davantage sur cette question et tirer les ressources à la fois des réseaux budgétaires et des réseaux de surveillance des IFI ».
L’atelier a présenté quatre études de cas: deux issues de l’analyse budgétaire appliquée et deux de la surveillance des IFI. Les sujets débattus incluaient l’utilisation des budgets pour surveiller les engagements en matière de politiques publiques en Inde, les impacts sur le développement humain des politiques d’ajustement structurel des IFI aux Philippines, l’économie politique du processus budgétaire en Argentine, et les leçons à retenir pour le travail budgétaire et le travail des IFI de la création d’un oléoduc entre le Tchad et le Cameroun.
Les participants ont aussi discuté autour des moyens de renforcer les partenariats entre les groupes budgétaires et les groupes de surveillance des IFI, en s’associant par exemple pour étudier les questions liées aux politiques macroéconomiques, aux IFI et au processus budgétaire, et à la distribution de services sociaux. Les participants utiliseront ces idées initiales pour développer des propositions de projet sur les prochains mois.
Les réactions concernant l’atelier ont été très positives. Manish Bapna, le directeur exécutif du “Bank Information Center,” a commenté: «je suis encouragé par les idées intéressantes et constructives concernant les activités fortes et concrètes pour s’engager vers cette voie». Luciana Badin de l’Institut Brésilien de l’Analyse Sociale et Economique (IBASE) a observé que cette rencontre «initiait une réflexion commune sur la connexion entre les politiques menées par les Institutions Financières Internationales et les budgets publics des pays en voie de développement, en offrant une chance de se concentrer sur des moyens plus efficaces d’atteindre notre objectif commun: surmonter toutes les formes d’inégalités et construire une société orientée vers les valeurs de la justice sociale et du développement durable».
Un rapport sur la conférence sera disponible au cours de 2005. Pour davantage d’informations, envoyer un email à [email protected].
Nouveau rapport sur la mesure de la transparence des revenus issus du pétrole et du gaz
Les compagnies pétrolières et de production de gaz ont généré des revenus énormes pour un certain nombre de pays en voie de développement, sans améliorer pour autant les vies des familles ordinaires; ces revenus ont souvent financé les guerres et la corruption, affaibli le développement économique, et accentué la pauvreté. Un nouveau rapport de “Save the Children” Au-delà de la rhétorique. Mesurer la transparence des revenus dans les industries du gaz et du pétrole (“Beyond the Rhetoric. Measuring Revenue Transparency in the Oil and Gas Industries”) évalue à la fois les politiques de transparence des revenus suivies par les compagnies multinationales du pétrole et du gaz et les exigences de transparence imposées par dix gouvernements (l’Autriche, le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Russie, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, et les Etats-Unis). L’étude se fonde sur un cadre de «mesure de la transparence» élaboré par Save the Children afin d’établir des standards pour les acteurs essentiels et de mesurer leur progrès dans leur adoption.
Les dix pays ont été classés en fonction de leurs exigences pour la divulgation des payements de revenus, de leurs exigences pour la divulgation des informations financières additionnelles, de la législation sur l’accès à l’information, et de questions plus larges de gouvernance. Les taux de ces pays, ainsi que pour les entreprises multinationales, ont été décevants.
Le rapport formule un certain nombre de recommandations pour les gouvernements d’accueil. Par exemple, comme de nombreux gouvernements sont en train de revoir et de réformer leur réglementation financière, ils devraient profiter de cette opportunité pour s’assurer que les compagnies basées dans le pays publient ce qu’elles paient au gouvernement de chaque pays dans lequel elles opèrent. Le rapport recommande également que la législation garantissant l’accès du public à l’information couvre les informations détenues par le secteur privé comme par le secteur public, de façon à ce que les citoyens puissent obtenir les informations sur les payements que les compagnies font aux gouvernements d’accueil.
Pour lire le rapport, aller sur: http://www.savethechildren.org.uk/mt/Linkage.pdf.
Objectifs du budget 2005 du Ghana et les réactions des OSCs
Le budget 2005 du Ghana, soumis par le gouvernement en février 2005, vise à poursuivre les progrès réalisés dans le pays en 2004 en accélérant la croissance économique et en réduisant la pauvreté. Selon le Ministre des Finances, le budget national de 2005 repose sur trois priorités: le développement des ressources humaines, le développement du secteur privé et la bonne gouvernance.
Dans le domaine de l’éducation, le Plan Stratégique d’Éducation du pays, qui a maintenant plus d’un an, a eu des résultats mitigés. L’accès à l’éducation s’est étendu l’année dernière, mais les ratios nationaux du nombre d’élèves sur le nombre d’enseignants augmentent et les objectifs fixés concernant les ratios du nombre d’élèves sur le nombre de manuels scolaires n’ont pas été atteints. Les principaux objectifs en matière d’éducation dans le budget 2005 sont d’achever un système d’enseignement primaire universel avant 2015 et d’atteindre la parité des genres avant la fin de l’année courante. Les améliorations programmées, en matière d’éducation, incluent l’extension de la prise en charge préscolaire, en améliorant les infrastructures, en réduisant les inégalités géographiques, en supprimant les frais d’inscription des écoles publiques dans 53 quartiers pauvres.
Dans le secteur de la santé, le Ghana a obtenu plusieurs succès l’année dernière: le taux de guérison de la tuberculose a augmenté, le taux de mortalité dû à la malaria chez les jeunes enfants a baissé, et l’université des médecins et des chirurgiens du Ghana a été créée afin d’améliorer la qualité de l’offre des soins médicaux. Les principaux objectifs du gouvernement pour 2005 sont de favoriser l’accès, matériel et financier, et l’efficacité des services de santé, en particulier ceux relatifs aux maladies transmissibles (tels que le VIH/SIDA, la malaria et la tuberculose) et les services en lien avec la maternité et la pédiatrie. Un autre objectif sera de favoriser les systèmes de soins communautaires dans les régions les plus pauvres du pays.
Pour discuter des priorités du budget 2005, le Centre pour la Défense du Budget (“Center for Budget Advocacy,” CBA) a tenu un débat le 17 mars au Centre du Développement Social Intégré («Integrated Social Development Center» ISODEC), au cours duquel des intervenants ont fait part de leurs inquiétudes sérieuses portant sur l’incapacité du budget à remplir les objectifs de lutte contre la pauvreté. Par exemple, la mise en place par le gouvernement d’une politique de dérégulation du secteur pétrolier s’est accompagnée d’une augmentation de 50% du prix de l’essence, une grande partie de l’augmentation étant alimentée par les taxes.
L’expérience du Ghana a montré que l’augmentation des prix de l’essence avait un effet négatif sur tous les secteurs de l’économie, et particulièrement sur les plus pauvres. Selon l’ISODEC, une politique de lutte contre la pauvreté ne peut pas s’accompagner d’augmentations des taxes pesant sur les biens de consommation, surtout dans les secteurs très volatiles comme celui du pétrole. Vitus Azeem, du CBA, a fait remarquer à l’ISODEC que les mesures appelées « de modération » ne sont pas adéquates si on considère les augmentations des prix/taxes de l’essence relativement au volume de ces mesures de modération. Ce domaine est l’objet de grandes inquiétudes sociales et économiques ; en témoignent les manifestations qui se sont développées à travers le pays réclamant une baisse des prix de l’essence.
Le forum de l’ISODEC a aussi souligné le fait que la conduite du budget est largement dépendante des donateurs, ce qui n’accorde pas au gouvernement la liberté requise pour créer et mettre en œuvre des politiques en direction des priorités de lutte contre la pauvreté. Pour de plus amples informations sur cette rencontre, aller sur: http://www.isodec.org.gh/isodec/Research-Advocacy/budget-advocacy/budganalysis2005GTA.htm.
Le Comité Parlementaire Ghanéen de Soutien au Projet travaille pour renforcer la responsabilité, la transparence et la participation dans la gouvernance parlementaire du Ghana afin de réaliser des efforts de réduction de la pauvreté plus efficaces dans le pays. Ce Comité développe des stratégies de comités pour travailler de façon plus efficace au Parlement. Pendant la préparation de la révision parlementaire du budget, l’édition 2005 de l’Atelier Annuel du Comité du Ghana Parliamentary Committee Support Project Phase II a été tenue en février 2005 à Swedru, au Ghana, sur le thème des «Stratégies pour un budget en faveur de la lutte contre la pauvreté».
Ici, des intervenants ont reconnu que le contrôle mené par les OSC est un outil efficace mais il n’a pas encore exploité tout son potentiel. L’atelier a également encouragé les discussions sur les moyens d’augmenter la collaboration entre le Parlement et les OSC, avec l’organisation, par exemple, de présentations par les OSC devant les comités parlementaires; et de favoriser des activités de contrôle entre les comités parlementaires et les OSC. Pour en savoir plus sur cet atelier, aller sur: http://www.parlcent.ca/africa/ghana_propoor_e.php.
Inefficacité des dépenses publiques au Pérou
Le Pérou ayant des ressources limitées et des besoins énormes, le fait que seulement 75% du budget national ont été mis en œuvre l’année dernière est inacceptable; c’est ce que déclare le groupe de surveillance Vigila Perú. Certains secteurs, tel que celui de la construction de logements n’ont seulement pu dépenser que la moitié environ du budget alloué.
Vigila Perú formule les recommandations suivantes afin de faire face à l’inefficacité des gouvernements régionaux et du gouvernement central:
- Les audiences de responsabilité, tenues par les gouvernements régionaux deux fois par an, doivent présenter des informations sur la façon dont les fonds publics ont été utilisés dans la région.
- Les audiences publiques doivent avoir lieu tous les six mois afin que les citoyens puissent discuter des succès et des échecs de la gestion régionale des dépenses publiques.
- Des résumés exécutifs, contenant des informations sur le progrès du gouvernement régional, doivent être distribués avant les audiences de responsabilité.
- Les données du gouvernement divulguées au public doivent faire clairement une distinction entre les fonds qui sont générés à l’intérieur du pays et ceux qui viennent de l’étranger.
Pour lire le rapport national de Vigila Perú No. 4 (en espagnol), aller ici.
Les organisations de la société civile doivent-elles travailler en partenariat avec les auditeurs généraux?
Pour explorer le thème de la collaboration possible entre les organisations de la société civile (OSC) et les Institutions Suprêmes d’Audit (ISA) ou les auditeurs généraux (AG), l’IBP présente un ensemble d’études de cas au sixième forum mondial sur la «Réinvention du Gouvernement», qui s’est tenu au mois de mai à Séoul en Corée du Sud. Y participaient des membres dirigeants des IAS/AG de la Corée du Sud, du Maroc, de l’Arabie Saoudite et du Yémen, aussi bien que des représentants d’auditeurs internes venant d’Australie, du Royaume Uni et des États-Unis.
Alors que le travail sur le budget de la société civile dans les pays en développement s’est développé de façon considérable au cours de la dernière décennie, la plupart des efforts se sont concentrés sur l’examen du passage du budget entre les mains du législatif et sur l’application du budget qui en découle par l’exécutif. Jusqu’à présent peu d’efforts de la société civile ont visé la phase d’audit du processus, en dépit du fait que la société civile et les IAS/AG ont tous beaucoup à gagner en joignant leurs efforts pour améliorer la transparence, la responsabilisation et l’image extérieure du budget.
Par exemple, les IAS/AG collectent des informations sur l’exécution du budget qui peuvent avoir une grande valeur pour la société civile qui s’efforce de surveiller les effets du budget sur les populations pauvres. De même les OSC trouvent parfois des preuves de corruption ou de mauvaise gestion des fonds publics qui peuvent être très utiles à un auditeur externe pour décider s’il y a lieu de lancer une enquête.
L’IBP a présenté ses études de cas lors d’un atelier de réflexion intitulé « Audit pour le changement social », qui explorait les diverses façons dont la fonction d’audit pouvait être plus ouverte, plus participative et utilisée pour renforcer le pouvoir des citoyens. L’IBP a utilisé quatre études de cas issues d’un travail novateur en Inde, aux Philippines et en Afrique du Sud pour montrer que les OSC peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de la pratique des audits publics externes.
- En Inde, le syndicat de paysans et de travailleurs, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS), utilise une méthodologie novatrice d’audiences publiques dans les communautés villageoises pour obtenir des informations sur les projets du gouvernement, pour diffuser ces informations aux habitants locaux et permettre aux habitants de faire remonter des informations.
- Aux Philippines, la Commission Nationale d’Audit et l’organisation non gouvernementale des Citoyens Engagés d’Abra pour une Bonne Gouvernance (“Concerned Citizens of Abra for Good Government,” CCAGG) ont conduit conjointement une audit participative. La CCAGG s’est forgée une solide réputation dans la région d’organisation efficace de contrôle des projets publics en matière d’infrastructures.
- Aux Philippines également, l’organisation nongouvernementale «Procurement Watch,” Inc. (PWI) a conduit une campagne fructueuse qui a permis l’adoption d’une nouvelle Loi sur la réforme des acquisitions gouvernementales. PWI utilise son expertise sur les pratiques de négociations de contrat et d’acquisitions pour aider les agences publiques à réformer leur système d’acquisitions; elle aide également les citoyens à se familiariser avec la nouvelle loi pour leur permettre de contrôler les contrats du gouvernement.
- En Afrique du Sud, l’organisation de recherche et de défense “Public Sector Accountability Monitor” (PSAM) («Surveillance de la responsabilisation du secteur public») a créé une base de données qui scrute les réponses du gouvernement apportées aux constatations de mauvaises conduites contenues dans les rapports des AG, et utilise ces informations pour informer les citoyens des problèmes de gestion des finances publiques. Les initiatives du PSAM ont forcé, avec succès, les agences publiques d’agir en tenant compte des recommandations de l’audit. Sur la base de ces études de cas, l’IBP a formulé une série de recommandations aux IAS qui souhaitent travailler de façon plus rapprochée avec les OSC.
- Les IAS doivent produire des rapports compréhensibles qui seront largement distribués au public de façon opportune. Cela appuiera les efforts des OSC visant à sensibiliser les citoyens aux problèmes de gestion des finances publiques et à créer un cadre de citoyens militants.
- Les IAS doivent créer des réseaux de communication avec les OSC afin que les OSC puissent détecter des cas de corruption potentielle et qu’elles puissent rapporter ces cas aux IAS en en faisant des cibles potentielles pour des audits officielles.
- Les OSC peuvent accroître les capacités limitées des IAS pour entreprendre des audits sur les résultats et les acquisitions. Les IAS ont besoin de ménager pour les OSC des espaces additionnels afin de participer à ces audits.
- Alors que les IAS sont empêchées traditionnellement d’intervenir dans les processus politiques, les OSC, conjointement au corps législatif, peuvent ajouter un poids politique aux recommandations d’audit des IAS, en faisant pression sur l’exécutif afin qu’il applique ces recommandations. Les IAS ont besoin de fournir des informations pertinentes, accessibles, crédibles et des recommandations d’audit claires pour renforcer les initiatives de défense des OSC.
- Quand cela est approprié, les IAS peuvent renforcer leurs propres procédures d’audit en adaptant et en adoptant les méthodologies novatrices d’audit initiées par les OSC pour contrôler les projets et les programmes publics.
Pour lire le papier, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/SAIs.pdf. Les informations sur les séances de l’atelier de réflexion et sur la conférence seront bientôt disponibles sur le site Internet du sixième forum mondial sur la réinvention de la gouvernance http://6thglobalforum.org/eng/main.asp.
Le nouveau site Internet de l’organisation de contrôle du budget, CIPPEC Argentine
L’initiative de surveillance du budget lancée par le Centre pour l’application de politiques publiques en faveur de l’équité et de la croissance(CIPPEC), une ONG basée à Buenos Aires en Argentine, vise à améliorer la transparence dans la prise de décisions en matière de dépenses publiques, et à encourager la société civile à contrôler le processus budgétaire. L’initiative a récemment créé un site Internet en langue espagnole, www.lupafiscalprovincial.org. Les ressources disponibles sur le site comprennent des rapports budgétaires, des présentations officielles et des documents utilisés lors de formations et d’ateliers de réflexion sur l’exécution des budgets des Etats de Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego et de Tucumán.
Nouvelles ressources de l’IBP
Cash and Vouchers in Emergencies (« Argent et dons dans les situations d’urgences »)
Par Paul Harvey/Humanitarian Policy Group
Ce papier s’interroge sur la convenance de l’argent et des dons en tant que formes de l’aide humanitaire internationale dans des situations d’urgence comme les catastrophes naturelles ou les guerres. Il examine les programmes d’aide monétaire en Ethiopie, Goma, en Inde, au Kenya, au Mexique, en Somalie, en Ouganda. L’auteur analyse l’impact et le coût effectif de tels programmes et conclut que les réponses fondées sur l’aide monétaire et les dons doivent être considérées comme des alternatives aux apports de biens agricoles, de matériels de secours, de même que des alternatives à l’aide alimentaire.
It is Possible to Just Give Money to the Poor (« Il est possible de seulement donner de l’argent aux pauvres »)
Par Joseph Hanlon/Development Policy and Practice Group at Open University
L’article étudie deux exemples dans la dernière décennie au cours de laquelle le Mozambique a adopté des programmes de subventions en espèces, qui ont prouvé selon l’USAID que « les ménages font un usage très prudent de l’argent ». Dans le premier exemple, l’argent en espèces avait été donné à des soldats démobilisés et dans le second à des victimes d’inondation. Dans les deux cas l’argent a été utilisé prudemment par les pauvres pour améliorer leurs conditions de vie et réaliser des investissements productifs, ce qui a ainsi stimulé l’économie locale. Cela conforte la théorie de Desai selon laquelle l’argent doit être donné directement aux pauvres plutôt qu’aux autorités gouvernementales qui profitent souvent davantage de l’aide étrangère que la population locale vers qui elle est pourtant dirigée. Une remarque est faite sur la distribution d’un revenu de base, mesure créée en Afrique du Sud, qui a été qualifiée par l’Institut de recherche en politique économique de « faisable, soutenable financièrement et favorable à la lutte contre la pauvreté, à la croissance économique et à la création d’emplois ».
Who Decides on Public Expenditures? A Political Economy Analysis of the Budget Process: The Case of Argentina (« Qui décide des dépenses publiques? Une analyse d’économie polique du processus budgétaire: le cas de l’Argentine »)
Par Emmanuel Abuelafia, Sergio Berensztein, Miguel Braun, et Lucuano di Gresia/Centre pour l’application de politiques publiques en faveur de l’équité et de la croissance.
L’étude est un examen du processus budgétaire de l’Argentine, son cadre, ses influences politiques et ses acteurs clés. L’essai est divisé en sept sections qui concernent différentes facettes du problème telles que l’environnement politique et économique du processus budgétaire, une analyse de son fonctionnement réel, de ses résultats et de ses réformes en matière de politique fiscale. Le président de l’Argentine est sans aucun doute l’acteur majeur du processus budgétaire mais d’autres contraintes telles que la force des chocs macroéconomiques récents – et à un moindre degré, les règles fiscales, les accords passés avec les Institutions Financières Internationales (IFI) et l’influence d’autres acteurs tels que les gouverneurs, les parlementaires, les lobbies – ont limité la capacité de l’exécutif à modifier substantiellement le processus budgétaire. Le document souligne le fait que l’Argentine a amélioré son processus budgétaire ainsi que ses résultats fiscaux de façon significative en engageant plusieurs séries de réformes concernant les mécanismes de coordination entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux, la formation des membres du Congrès et l’amélioration de l’évaluation des dépenses.
Exceptionality and Paradox in Brazil: From Minimum Income Programs to Basic Income (« Exceptionnalité et paradoxe au Brésil: des programmes de revenus minimums au revenu minimul »)
Par Lena Lavinas/ Institut d’économie(IE) à l’université fédérale de Rio de Janeiro, Brésil
Dans cet article L. Lavinas analyse la probabilité de l’adoption par le Brésil d’un revenu minimum et propose un modèle pour son application dans ce modèle de pays délicat pour son implantation. Les défis probables et les solutions possibles pour réaliser la transition entre un système où les politiques universalistes de revenu de transfert sont absentes à un système de revenu minimum inconditionnel, sont abordés en profondeur. Plusieurs paradoxes notables sont visés, comme le fait que le Brésil ne fournisse pas traditionnellement une couverture universelle de politiques sociales et qu’il soit parvenu à préserver quelques visées universalistes en pleine dynamique de démantèlement des services publics et de restrictions budgétaires qui sont incompatibles avec l’objectif de couverture sociale et de soins pour tous. L’auteur conclut en disant qu’en dépit de l’instabilité rampante que connaît le Brésil et de l’environnement très acerbe qui entoure l’application de politiques véritablement redistributives, l’universalisme peut avoir un effet positif si on lui accorde une chance.
by soapbox | May 1, 2005
The Campaign for a Basic Income Grant in Brazil and South Africa
The idea of a “citizen’s income,” or basic guaranteed income for all citizens (with no means test or work requirement), has gained ground in several middle-income countries in recent years, including Argentina, Brazil, the Philippines, and South Africa. Previously, proposals for a basic income had been confined to developed countries, such as Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, Finland, Ireland, Italy, Portugal, Scotland, Spain, the Netherlands, and the United Kingdom. As part of the developed country efforts the Basic Income European Network (BIEN) was founded in 1986 to link individuals and groups interested in promoting a basic income. Its members include academics, students, and social activists as well as political, social, and religious organizations. Given the growing interest in developing countries around this issue BIEN’s tenth congress last September in Barcelona, unanimously decided to transform BIEN into a worldwide network named the Basic Income Earth Network. (See http://www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Index.html.)
BASIC INCOME IN BRAZIL
Almost 50 million of Brazil’s 181 million people live below the poverty line. The idea of a basic income entered the country’s political agenda in 1991, when a proposal by Senator Eduardo Suplicy of the Workers’ Party to provide a “citizen’s basic income” of equal value to all citizens received initial approval by the Senate.
Given the lack of presidential initiative to approve the proposal it was kept in limbo for ten years in Congress. Meanwhile, the discussion about the introduction of a guaranteed minimum income stimulated a variety of municipal, state, and federal programs that were introduced starting in the mid-1990s, such as the Zero Hunger Program as described below. (Also see: Legitimizing Basic Income in Developing Countries: Brazil or the Answer is Blowin’ in the Mind by Eduardo Suplicy presented at the NGO Global People’s Forum organized by the Basic Income Grant Coalition in August 28, 2002 at: http://www.sacc-ct.org.za/suplicy.html).
Surprisingly, in January 2004, the Suplicy law was finally approved by federal Congress and signed by President Lula. The new law establishes “the right of all Brazilians residing in Brazil and foreigners residing in Brazil for at least 5 years, regardless of their socioeconomic condition, to receive an annual monetary benefit.” The benefit is to be implemented in phases, starting in 2005.
The executive sets the value of the benefit according to the minimum amount each person needs for food, education, and health care, while taking into account the nation’s development level and the availability of budget resources. Supposing it starts at R$40.00 per month or US$16 per person, in a family of six would receive R$240.00 or US$97 per month. If the head of the family receives the minimum wage in Brazil of R$260.00 or US$105 per month, and the family has no other source of income, then the basic income will raise the family’s monthly income to R$500.00 or US$202.
During the law’s approval ceremony, President Lula stated: “It is our role to transform this law into one that works because in Brazil there are laws that work, and laws that do not work.”Unfortunately, no data yet exist to evaluate the law’s implementation. Previous initiatives in Brazil have had only limited success.
In 1995, Campinas and Brasília became the first cities to adopt basic income programs, though both programs were limited in scope. In 1997, the federal government began implementing a set of similar income transfer programs, such as “Bolsa-Renda” (lifelong minimum income aid) and “Renda Mínima Vitalícia” (pensions, and unemployment benefits).
Under President Lula, most of these programs were integrated into the Zero Hunger program, an effort to combine monetary benefits with broader policies aimed at developing social capital. Unfortunately, the government has been unable to implement this plan fully, and Zero Hunger has gradually shrunk to its core component, “Bolsa-família” or family aid. The economic impact of “Bolsa-família” is not negligible, however: today it provides 6.5 million families with school-age children — half of the country’s families living below the poverty line — with an average of $26 per month, and the government aims to reach 11.6 million families by the end of 2006.
According to Sergio Baierle of the Urban Studies and Advice Center (CIDADE), a Brazilian NGO based in Porto Alegre, the tardy approval of Suplicy’s law doesn’t seem to bring new light to the debate, as it does not challenge Zero Hunger. Baierle comments that “although we should not abandon the idea of universal rights, it would be very questionable to an inequality champion like Brazil to pay a basic income even to the rich people. Maybe it could address people earning below the national revenue average, but the fundamental question remains: people don’t want only food; they don’t want only a survival minimum. They want life opportunities.” (For further information, contact Sergio Baierle at [email protected].)
Nevertheless, Suplicy’s achievement can provide hope and inspiration to other middle- and low-income countries that have spent years trying to promote similar proposals. In Argentina, for example, a proposal was submitted to Congress in 1997 to create a “Citizen’s Income Fund for Children” (Fondo para el Ingreso Ciudadano de la Niñez, or FINCINI). A revised version of this proposal was submitted last year, and it is now part of the budget debate.
For further information on the debate in Argentina, and for resources in Spanish, go to: http://www.ingresociudadano.org/novedades.htm.
BASIC INCOME IN SOUTH AFRICA
South Africa is an upper-middle-income country, yet roughly half of its people live in poverty, a legacy of the deep socio-economic divisions created under colonialism and apartheid.
In 2001, the Basic Income Grant (BIG) Coalition was formed to push for a basic income that would cover all South Africans from the cradle to the grave. The coalition includes a broad range of civil society organizations, including the labor movement, churches, and human rights groups; groups that have joined the coalition recently include those focused on HIV/AIDS, the elderly, and other marginalized populations.
Isobel Frye of the National Labour and Economic Development Institute (NALEDI) observes that; while South Africa is hailed internationally for its social assistance programs, which provide a means–tested old-age pension and a child-support grant there is no permanent social assistance for people between the ages of 14 and 60 (65 for men). Moreover, the government’s short-term social security measures are aimed at external crises and do not address the needs of people living in chronic poverty.
The BIG coalition believes that a universal basic income would enable South Africans to begin addressing their basic needs, help people develop sustainable livelihoods, and stimulate economic development in poor communities by injecting a regular cash income. In addition, addressing the country’s very high levels of inequality would reduce social marginalization and improve social cohesion in a country that has been polarized by segregation for so long. Moreover, research commissioned by the coalition suggests that a universal income grant is both affordable and feasible for South Africa, despite official objections that insist in portraying the basic income as impossible to implement and sustain. In words of Ministry of Finance Trevor Manuel the basic income is “unaffordable economic populism.” (See Business Day Vol.2 No.21, 20 August 2002 http://www.sane.org.za/docs/views/showviews.asp?ID=55.)
The coalition has undertaken numerous efforts to promote a basic income. It has made presentations to both houses of the national parliament and to provincial legislatures, conducted workshops and training sessions in communities across the country, and launched a media campaign. A number of economists and trade union officials who support a basic income have added their voices to the campaign as well.
In addition, during 2000, the Minister of Welfare (now Social Development) appointed a Committee of Inquiry, chaired by Professor Viviene Taylor, to recommend ways in which the government could best meet its constitutional obligation to implement a comprehensive system of social security, including appropriate social assistance. One of the mechanisms it was mandated to consider was a basic income grant or solidarity grant. The Taylor Committee organized public hearings, commissioned research, and consulted widely with domestic and international experts revealing that the poorest 10 percent of the population, in particular those living in destitution, are completely excluded from current grants because of barriers to grants such as means testing, complicated application procedures, uncertainty regarding eligibility and lack of funds for transport to visit social services offices. Hence, the Taylor Committee called for a non-means tested basic income grant of not less than R100 or US$15 per month to be given to all South Africans.
The Taylor Committee’s call has been supported by the BIG coalition and has become part of South Africa’s national agenda: many academics, policy analysts, and commentators have expressed support for the idea, and the People’s Budget Campaign (a coalition of South African NGOs) called for a basic income as part of its annual budget recommendations. (Also see: Basic Income Grant Coalition Reacts to Manuel’s Budget http://www.big.org.za/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=68)
To read BIG Coalition publications, go to: www.big.org.za. For further information on BIG’s research, contact Isobel Frye at [email protected].
The use of basic income grants to address the needs of specific populations, such as HIV/AIDS infected sectors in South Africa or children in Argentina suggests an alternative advocacy opportunity for CSOs interested in promoting the basic income grant as middle and low-income country governments face the pressure of meeting the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015. Inserting the basic income debate in the MDG framework – to combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases (MDG6) or reduce child mortality (MDG4) – means that basic income campaigns should be more aware of MDG targets and of government approaches to satisfy those targets.
Budget Process and Civil Society in Kazakhstan
Thirteen years after gaining independence, Kazakhstan has transformed itself from an agriculture-based republic of the Soviet Union to one of the fastest-growing economies in the region. Recent years have also witnessed improvements in budget processes and in civil society participation in the budget. However, much room remains for further improvement.
In April 2004, Kazakhstan Revenue Watch of the Soros Foundation-Kazakhstan held an international roundtable conference at which civil society groups discussed the need to strengthen Parliament’s role in the budget process. Problems cited by MPs at the forum included their lack of budget knowledge to analyze the president’s draft budget, their inability to hire external experts to help them do this job, and the limited time they have (normally three months) to review the draft budget, negotiate amendments with the government, and approve the budget.
According to Anton Artemyev Program Coordinator of the Kazakhstan Revenue Watch a vivid demonstration of Parliament’s weak role in the budget process occurred last November, when the lower house of Parliament was dissolved ahead of schedule after the parliamentary elections. This meant that the 2005 budget was approved by MPs who had been elected in late September and were only superficially familiar with the draft budget. There were no legal obstacles to the removal of the former MPs before they had finished their work on the budget.
Other sources of concern are the accountability and decision-making processes of the National Oil Fund of Kazakhstan, which was created to stabilize the country’s socio-economic development and accumulate savings for future generations. Although the fund’s transparency has significantly improved with the publication of monthly reports over the past two years, the few accountability channels now in place lead to the executive, and there is no long-term strategy that shows how and when money from the fund will be spent. In short, much remains to be done in order to keep up with similar stabilization funds in Alberta, Alaska, and Norway.
Kazakh legislation clearly states what budget information should be made public and provides penalties for violating the people’s right to information. Last year a civil society organization, (CSO) the Tax Standards Formation, compiled a list of these legal requirements in the report “Analysis of Expenditures on Healthcare, Education and Social Protection in the Budget of Almaty City” (available at http://www.taxpayers-kz.freenet.kz).
However, this legislation often does not work in practice. Public officials sometimes hide cases of misappropriation and embezzlement or resist cooperating with civil society. Also, only a limited number of Kazakh CSOs are involved in the budget process due to lack of knowledge about the budget, inexperience in dealing with the appropriate officials, and difficulties in obtaining professional legal assistance when authorities refuse to provide the required information.
In spite of this, some CSOs have started to play an effective role in the budget process. Kazakhstan Revenue Watch and the Eurasia Foundation’s Open Budget Program have been working to establish a network of budget groups throughout the country that could turn into resource groups around which new groups would emerge. These groups include Tax Standards Formation in Almaty and Justice (Spravedlivost) in Taraz. Other organizations, such as Sana-Consulting, conduct budget analysis and make policy recommendations at the local level for the regions of Astana city, Akmola, and Kostanai.
Kazakhstan Revenue Watch and Tax Standards Formation carried out a comparative analysis of the 2004 and 2005 budgets to assist MPs and inform the public about the main features of the new budget. In addition, earlier this year the Soros Foundation–Kazakhstan and Tax Standards Formation launched a project to raise public awareness and interest in the budget, build the capacity of MPs and CSOs interested in budget monitoring and analysis, conduct budget analysis where extractive industries operate, cooperate with local authorities on budget issues, defend CSOs’ right to information in court, and carry out comparative analyses of the 2005 and 2006 budgets. As part of its work, the project is developing a manual to help interested citizens and CSOs understand the budget.
According to the chairman of the CSO Justice, Sholpan Aitenova public participation has already proven effective in influencing policy change. For example, youth organizations affected the government’s youth policy program by organizing public hearings and meetings with public officials to discuss local draft budgets. CSOs also have started to monitor the efficiency of health and education programs aimed at specific populations, such as pregnant women and people with disabilities. But in order for public participation in the budget to become more effective, she argues, the government needs to recognize the benefits of regular collaboration.
For more information, contact Anton Artemyev [email protected].
Workshop on Budget Work and International Financial Institutions
In April, the IBP and the Bank Information Center, with support from the Ford Foundation and the Open Society Institute, sponsored a three-day workshop entitled “International Financial Institutions, Budget Policy, and Social Justice: An Opportunity for Civil Society.” The more than 25 participants came from 14 countries and a number of backgrounds, including academia, international financial institutions, donors, and civil society. The workshop explored ways to promote more people-centered and sustainable forms of development by improving links between civil society organizations (CSOs) that conduct applied budget analysis and those that monitor international financial institutions (IFIs).
These two civil society networks have much in common. Both are dedicated to social justice and poverty reduction; both deal with overlapping issues of public services, debt, and privatization; and both work to empower citizens, promote democracy, encourage transparency and accountability, and expand participation. These commonalities mean that both networks could benefit from greater collaboration with one another by improving the effectiveness of both.
The focus of budget work is to build up the capacity of citizens to understand and shape the budget decisions of their governments, among the most important policy decisions that a government makes. Yet in poor countries, often highly dependent on loans and aid from abroad, government officials do not make key budget decisions on their own. The IFIs – through their policies on deficit reduction, structural adjustment, and other economic and fiscal policies – are key actors involved in setting the framework within which budget decisions take place. Budget advocates cannot fully engage the budget process without understanding the role of IFIs.
Similarly, groups seeking to influence the policies and programs of IFIs to ensure sustainable development are likely to be more effective to the extent that they can articulate the specific, real-world budget impacts of IFI proposals. Deficit reduction policies that lead to cuts in education and health care programs, for instance, are unlikely to contribute to the long term economic health of a country or its people. Budget analysts can make concrete estimates of the specific costs of what may otherwise be abstract budget goals.
Workshop participants examined ways in which budget groups and IFI monitoring groups can help one another in bringing about positive policy changes. For example, budget groups can document the budget impact of IFI demands and provide perspective on what influence IFIs should have over a country’s fiscal policies. IFI groups, in turn, can help budget groups to understand and track the conditions and impacts of IFI agreements and the process by which these facilities are negotiated and can be influenced. Meeting participant Ernesto Tomas from the Freedom from Debt Coalition in the Philippines observed that “both groups have a lot to share, i.e., tools and experiences that are in demand especially in developing countries. In addition, debt is a cause of serious concern for the Philippines and a hundred more nations whose national budgets are tied to this malaise. NGOs must further reexamine this issue and draw resources from both budget and IFI networks.”
The workshop featured four case studies: two from applied budget analysis and two from IFI monitoring. Topics discussed included using budgets to track policy commitments in India, the human development impacts of IFI structural adjustment policies in the Philippines, the political economy of the budget process in Argentina, and lessons for budget and IFI work from the creation of the Chad-Cameroon oil pipeline.
Participants also discussed ways to strengthen the partnerships between budget groups and IFI groups, such as by teaming up to examine issues related to macroeconomic policy, IFIs and the budget process, and social service delivery. Participants will use these initial ideas to develop project proposals over the next few months.
Reactions to the workshop were very positive. Manish Bapna, Executive Director of the Bank Information Center, stated, “I am encouraged by the interesting and constructive ideas about strong concrete activities for moving forward with this work.”Luciana Badin from the Brazilian Institute of Social and Economic Analysis (IBASE) observed that this meeting “allowed for a joint reflection on the connection between the policies driven by International Financial Institutions and the public budgets of developing countries providing a chance to focus on more effective ways to reach our common goal: overcoming all kinds of inequalities and building a society oriented to the values of social justice and environment sustainability.”
A report on the conference will be available later in 2005. For more information, email [email protected].
New Report on Measuring Oil and Gas Revenue Transparency
Oil and gas companies have generated enormous revenues for a number of developing countries, yet rather than improving the lives of ordinary families; there revenues have often fuelled wars and corruption, weakened economic development, and worsened poverty. A new report by Save the Children Beyond the Rhetoric. Measuring Revenue Transparency in the Oil and Gas Industries evaluates both the revenue transparency policies followed by multinational oil and gas companies and the transparency requirements imposed on these companies by ten home governments (Austria, Canada, France, Italy, the Netherlands, Norway, Russia, South Africa, United Kingdom, and the United States). The study is based on a ‘Measuring Transparency’ framework created by Save the Children to set standards for key actors and to measure their progress in achieving them.
The ten home countries were ranked according to their requirements for disclosure of revenue payments, requirements for disclosure of supporting financial information, legislation on access to information, and broader governance issues. Ratings for these countries, as well as for the multinational corporations, were disappointing.
The report offers a number of recommendations for home governments. For example, since many governments are reviewing and reforming their financial regulations, they should take this opportunity to ensure that the companies based in the country publish what they pay to the government in each country in which they operate. The report also recommends that legislation guaranteeing public access to information cover information held by the private sector as well as the public sector, so citizens can obtain information about payments that companies make to host governments.
To read the report, go to: http://www.savethechildren.org.uk/mt/Linkage.pdf
Ghana’s 2005 Budget Goals and CSO Reactions
Ghana’s 2005 budget, submitted by the government in February 2005, aims to build on the country’s progress in 2004 by accelerating economic growth and reducing poverty. According to the Finance Minister, the 2005 national budget is based on three priorities: human resource development, private sector development, and good governance.
In the area of education, the country’s Education Strategic Plan, now over a year old, has had mixed results. Access to education expanded last year, but national pupil-to-teacher ratios increased and the targets for pupil-to-textbook ratios were not achieved. The main education goals in the 2005 budget are to achieve universal primary school completion by 2015 and gender parity by the end of the current year. Planned educational improvements include expanding preschool enrollment, making infrastructure improvements, reducing geographical inequities, and abolishing public school fees in 53 poor districts.
In the health sector, Ghana had several accomplishments last year: the tuberculosis cure rate went up, the malaria fatality rate in young children went down, and the Ghana College of Physicians and Surgeons was established to help improve the quality of health care provision. The government’s main goals for 2005 are to improve access, affordability, and efficiency of health services, especially those related to communicable diseases (such as HIV/AIDS, malaria, and tuberculosis) and services related to reproductive and child health. Another focus will be improving community-based health care in the country’s poorest regions.
To discuss the 2005 budget priorities, the Centre for Budget Advocacy (CBA) at the Integrated Social Development Center (ISODEC) held a debate on March 17th in Accra, where participants raised some serious concerns about the budget’s inability to meet pro-poor goals. For instance, the introduction of the government’s policy of deregulation of the petroleum sector started with a 50 percent increase in fuel prices with a large portion of this increase going into taxes. Ghana’s experience has shown that increases in fuel prices negatively impact all sectors of the economy particularly the poor. According to ISODEC pro-poor policy cannot start with increases in consumption taxes, especially on highly volatile areas like the oil sector. Vitus Azeem from the Center for Budget Advocacy at ISODEC, observed that the so-called mitigating measures are not adequate, considering the increases in fuel prices/taxes relative to the volume of the mitigating measures. This area is of great economic and social concern as seen in the many demonstrations throughout the country calling for a reduction of oil prices.
The ISODEC forum also highlighted the fact that the budget is highly donor-driven, which does not allow the government the freedom to create and implement policies that address pro-poor priorities.
For more information on this meeting, go to: http://www.isodec.org.gh/isodec/Research-Advocacy/budget-advocacy/budganalysis2005GTA.htm.
The Ghana Parliamentary Committee Support Project (GPCSP) works to strengthen accountability, transparency, and participation in the parliamentary governance of Ghana to achieve more effective poverty-reduction efforts in the country. GPCSP develops committee strategies for working more effectively in Parliament. In preparation for Parliament’s review of the budget, the 2005 edition of the Annual Committee Workshop of the Ghana Parliamentary Committee Support Project Phase II was held in February 2005 in Swedru, Ghana, on the theme of “Strategies for Pro-Poor Budgeting.”
Here, participants agreed that CSO led monitoring is an effective tool but has yet to achieve its full potential. The workshop also encouraged discussions on how to increase the collaboration between Parliament and CSOs, such as CSOs presentations to parliamentary committees; and joint monitoring activities between parliamentary committees and CSOs.
To learn more about this workshop, go to: http://www.parlcent.ca/africa/ghana_propoor_e.php
Public Expenditure Inefficiency in Peru
Given Peru’s limited resources and overwhelming needs, the fact that only 75 percent of the national budget was executed last year is unacceptable, the watchdog group Vigila Perú states. Some sectors, such as housing were only able to spend about half of their allocated budget.
Vigila Perú recommends the following steps to address the inefficiency of central and regional governments:
- The accountability hearings held by regional governments twice a year should include information on how the central government has used public funds in the region.
- Public hearings should take place every six months so that citizens can discuss the achievements and failures regarding regional administration of public expenditures.
- Executive summaries should be distributed before the accountability hearings with information on the regional government’s progress.
- Government data provided to the public should clearly distinguish between funds that are generated from within the country and funds that come from abroad.
To read Vigila Perú‘s National Report No. 4 (in Spanish), go to: http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-aa/417998ae5ff694558b490dd9881a624c/Reporte_6_completo.pdf
Should Civil Society Organizations Partner with Auditors-General?
To explore the potential collaboration between civil society organizations (CSOs) and supreme audit institutions (SAIs)/auditors-general (AGs), the IBP presented a set of case studies to the Sixth Global Forum on Reinventing Government, held in Seoul, South Korea, in May. Attendees included the SAI/AG heads from South Korea, Morocco, Saudi Arabia, and Yemen, as well as representatives of internal auditors from Australia, the United Kingdom, and the United States.
While civil society budget work in developing countries has grown dramatically over the past decade, most efforts have concentrated on examining the passage of the budget through the legislature and the subsequent implementation of the budget by the executive. To date, few civil society efforts have addressed the auditing stage of the process, despite the fact that both civil society and SAIs/AGs have much to gain from joint efforts to improve budget transparency, accountability, and external oversight.
For example, SAIs/AGs collect information on the execution of the budget that can prove invaluable to civil society efforts to monitor the budget’s impact on poor people. Similarly, CSOs sometimes find evidence of corruption or mismanagement of public funds that can be useful to an external auditor in deciding whether to launch an investigation.
The IBP presented its case studies at a workshop entitled “Auditing for Social Change,” which explored how the audit function can be made more open and participatory and used to empower citizens. The IBP used four case studies of innovative work in India, the Philippines, and South Africa to demonstrate that CSOs can play an important role in strengthening the practice of external public audits:
- In India, the peasant and worker union Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) uses an innovative methodology of public hearings in village communities to obtain information about government projects, disseminate this information to local residents, and enable residents to provide feedback.
- In the Philippines, the national Commission on Audit and the non-governmental organization Concerned Citizens of Abra for Good Government (CCAGG) have jointly conducted a participatory audit. CCAGG has built a significant reputation in the region as an effective watchdog of public infrastructure projects.
- Also in the Philippines, the nongovernmental organization Procurement Watch, Inc. (PWI) has conducted a successful campaign that enabled the passage of a new Government Procurement Reform Act. PWI utilizes its expertise in contracting and procurement practices to help public agencies reform their procurement systems; it also trains citizens on the new law to enable them to monitor government contracts.
- In South Africa, the research and advocacy organization Public Sector Accountability Monitor (PSAM) has created a database that tracks government responses to allegations of misconduct contained in the AG’s reports and uses this information to inform citizens about public finance management issues. PSAM initiatives have successfully forced public agencies to act upon audit recommendations.
On the basis of these case studies, the IBP offered a series of recommendations to SAIs that are interested in working more closely with CSOs.
- SAIs should produce understandable reports that are widely distributed to the public in a timely manner. This will assist CSO efforts to expand citizen literacy on public financial management issues and create a cadre of activist citizens.
- SAIs should create communication channels with CSOs so that when CSOs detect potential cases of corruption, they can report these cases to SAIs as potential subjects for formal audits.
- CSOs can augment SAIs’ limited capacity to undertake performance and procurement audits. SAIs need to create additional spaces for CSOs to participate in these audits.
- While SAIs are traditionally prevented from engaging in policy processes, CSOs (together with legislatures) can add political weight to SAIs’ audit recommendations, pressuring the executive to implement those recommendations. SAIs need to provide timely, accessible, credible information, and clear audit recommendations to strengthen CSO advocacy initiatives.
- Where appropriate, SAIs should augment their own audit procedures by adapting and adopting the innovative audit methodologies that CSOs have pioneered to monitor public projects and programs.
To read the paper, go to: https://archive.internationalbudget.org/SAIs.pdf. The proceedings of the workshop and the conference will soon be available on the 6th Global Forum on Reinventing Government website at http://6thglobalforum.org/eng/main.asp.
New Budget Watchdog Website, CIPPEC Argentina
The Budget Watchdog Initiative of the Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth (CIPPEC), an NGO based in Buenos Aires, Argentina, works to improve the transparency of public expenditure decision making and train civil society to monitor the budget process. The initiative recently launched a Spanish-language website, www.lupafiscalprovincial.org. Resources available on the site include budget reports, presentations, and materials used during trainings and workshops on the execution of state budgets for Buenos Aires, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego, and Tucumán.
New in the IBP Library
Cash and Vouchers in Emergencies
by Paul Harvey/Humanitarian Policy Group
This paper addresses the suitability of cash and vouchers as forms of international humanitarian relief in cases of emergency such as natural disasters or war. It examines cash programs in Ethiopia, Goma, India, Kenya, Mexico, Somalia, and Uganda. The author analyzes the impact and cost effectiveness of such a program and concludes that cash and voucher-based responses are effective and should be considered as alternatives to agricultural inputs, shelter and non-food items, as well as an alternative to food aid.
It is Possible to Just Give Money to the Poor
by Joseph Hanlon/Development Policy and Practice Group at Open University
The article explores two instances in the past decade where Mozambique adopted cash grant programs, which proved, according to USAID “that households make very prudent use of the money.”In the first instance, cash was given to demobilized soldiers and in the second to flood victims. In both cases, the money was used prudently by the poor to raise their standard of living and on productive investments, thus stimulating the local economy. This supports Desai’s theory that money should be given directly to the poor rather than to government officials who often gain more from foreign aid than the population for whom it is intended. Mention is made of South Africa’s basic income tax grant, which has been lauded by the Economic Policy Research Institute as “feasible, affordable and supportive of poverty reduction, economic growth and job creation.”
Who Decides on Public Expenditures? A Political Economy Analysis of the Budget Process: The Case of Argentina
by Emmanuel Abuelafia, Sergio Berensztein, Miguel Braun, and Lucuano di Gresia/Center for the Implementation of Public Policies for Equity and Growth
The study is an examination of Argentina’s budget process, its cadres, political influences and key actors. The paper is divided into seven sections which address different facets of the issue such as the political and economic environment of the budget process, an analysis of its actual workings and fiscal policy reforms and outcomes. Argentina’s president is undoubtedly the major player in the budget process and this together with other constraints such as the strength of some recent macroeconomic shocks – and to a lesser degree, fiscal rules, agreements with International Financial Institutions (IFIs) and the influence of other actors such as governors, legislators and lobbies – have limited the ability of the Executive to substantially modify the budget process. The paper highlights the fact that Argentina has improved its budget process and fiscal outcomes significantly by engaging in several avenues of reform such as coordinating mechanisms between the federal and provincial governments, capacity building in Congress and the improving of expenditure evaluation.
Exceptionality and Paradox in Brazil: From Minimum Income Programs to Basic Income
by Lena Lavinas/ Institute of Economics (IE) at the Federal University of Rio de Janeiro, Brazil
In this article, Lavinas analyzes the likelihood of Brazil’s adoption of Basic Income and proposes a country-sensitive model for its implementation. Likely challenges and possible solutions in the transition from the absence of universal policies of income transfer to the adoption of an unconditional basic income are addressed in depth. Several notable paradoxes are pointed out such as the fact that Brazil, not traditionally a provider of universal coverage of social policies, has managed to preserve a somewhat universalistic scope in the midst of a dynamics of dismantling public services and budget restrictions that are incompatible with the legal scope of coverage and care for all. The author concludes by saying that despite Brazil’s rampant instability and highly acerbic environment towards the implementation of genuinely redistributive policies, universalism, if given a chance, can indeed have a positive effect.
