by soapbox | Mar 1, 2005
OSCs examinan el proyecto del oleoducto Chad-Camerún y el presupuesto de Chad
Organizaciones de la sociedad civil examinaron el proyecto multimillonario del oleoducto entre Chad y Camerún para promover el uso transparente de recursos derivados de la exploración petrolera. Chad ocupa el lugar 142 entre 145 países evaluados en el Índice de Percepciones de Corrupción realizado por Transparencia Internacional y ocupa el lugar 167 entre 177 países en el estudio de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El proyecto del oleoducto ha sido financiado por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial para contribuir a la reducción de la pobreza.
La distribución exitosa de los ingresos petroleros en Chad es de vital importancia para conseguir los objetivos nacionales de reducción de la pobreza ya que estos ingresos representan una porción importante del presupuesto nacional. El presupuesto total de Chad en 2004 fue de aproximadamente $950 millones de dólares. Los ingresos petroleros de $144 millones fueron de más de 15 por ciento del total de recibos anticipados y aproximadamente 40 por ciento de ingresos no petroleros (excluyendo asistencia y préstamos). Asimismo, se espera que los ingresos petroleros crezcan sustancialmente en el futuro: los expertos creen que pueden sobrepasar los ingresos no petroleros en el 2005 y hasta duplicarse en el 2007, cuando expira la exención fiscal de ExxonMobil.
A la vez que crecen los ingresos petroleros y el presupuesto, crece también la necesidad de establecer mecanismos transparentes de gobernabilidad. A solicitud del Banco Mundial, el gobierno estableció una Ley para la Administración de Recursos Petroleros también conocida como Ley 001 en 1999 que subraya la distribución directa de ingresos petroleros y establece un mecanismo de vigilancia “Petroleum Revenue Oversight and Control Committee” también conocido como el “Collège” para monitorear el gasto de los ingresos petroleros. Una serie de decretos gubernamentales dados a conocer en julio 2003 establecen la estabilización de los ingresos y aclara el funcionamiento del “Collège” y los procesos de gasto para los sectores de la sociedad de los que depende el desarrollo de Chad.
“Chad’s Oil: Miracle or Mirage?,” un análisis reciente de la implementación del proyecto del oleoducto por Ian Gary del “Catholic Relief Services” (CRS) y Nikki Reisch del “Bank Information Center” (BIC), resalta varias debilidades en la Ley 001:
- El “Collège” sólo tiene jurisdicción directa sobre ingresos petroleros. Lo derivado de la recaudación indirecta tal como los impuestos corporativos y costos de aduana generados por el proyecto petrolero no están cubiertos y van directamente a cuentas de la tesorería.
- La ley sólo cubre campos petrolíferos en la región de Doba que comprende Boloba, Komé y Miandoum, a pesar de que ExxonMobil comenzará a producir petróleo en cinco nuevos campos en el 2005.
- La ley especifica que el 5 por ciento de los ingresos derivados del petróleo deberán de ser asignados a la región de Doba – rica en recursos petroleros – pero este requisito puede cambiar por decreto presidencial cinco años después de aprobada la ley, es decir, del 2004 en adelante.
Diversas debilidades en el proceso presupuestario de Chad pueden entorpecer los esfuerzos por asegurar que los ingresos petroleros sean gastados de manera eficiente en el combate a la pobreza. En primer lugar, las autoridades electas tienen poco tiempo para discutir la propuesta del presupuesto con sus audiencias. En segundo lugar, no se hacen evaluaciones de las necesidades, ni hay discusiones de planeación a nivel local o regional. Chad no tiene la capacidad de gastar sus nuevos recursos rápidamente debido al atraso de su economía y a los largos y complicados procesos de ejecución del gasto.
Los grupos de la sociedad civil son conscientes de la necesidad de encontrar formas de participar en las distintas fases del proceso presupuestario dada la falta de transparencia a lo largo del proceso. De acuerdo con la Comisión Local Permanente de Petróleo (CPPL), una OSC que trabaja en el sur de Chad en donde hay importantes depósitos petroleros, el presupuesto no es accesible al público. CPPL afirma que es difícil comentar incluso sobre el presupuesto ejecutado ya que el acceso a la información presupuestaria es muy limitado y la información disponible no se encuentra debidamente desagregada.
Otro obstáculo que enfrentan las OSCs es que debido a que Chad tiene poca experiencia en el trabajo de incidencia presupuestaria, los funcionarios gubernamentales a veces se sienten amenazados por el interés de los grupos de la sociedad civil en el presupuesto. No obstante, los parlamentarios muestran gran interés en trabajar con OSCs respecto al uso de fondos públicos. Asimismo, como las OSC son nuevas al trabajo de presupuestos no cuentan con personal de tiempo completo para analizar el presupuesto o para comunicar los resultados de su análisis a audiencias más grandes.
A pesar de los retos al realizar análisis de presupuestos en Chad, las OSCs tales como el “Group of Alternative Research and Chad-Cameroon Oil Project Monitoring” (GRAMP/TC) han creado iniciativas para promover la transparencia de recursos petroleros. CPPL, por su parte, ve en la Ley 001 una oportunidad de obtener información útil para su trabajo en Doba, en donde coordina reuniones entre representantes de la comunidad y planes regionales de desarrollo para estudiar el impacto del proyecto petrolero en la región.
Mediante su observatorio del uso de recursos petroleros, GRAMP/TC difunde información gubernamental sobre el presupuesto y transferencias de ingresos petroleros y publica un boletín mensual. GRAMP/TC también está interesado en monitorear la asignación de recursos a diferentes ministros y en concientizar a la población dentro y fuera de Chad sobre la importancia de la transparencia y la buena gobernabilidad. Finalmente, GRAMP/TC intenta desarrollar capacidad de análisis presupuestario mediante la participación en la elaboración de Documentos sobre Estrategias para la Reducción de la Pobreza y la Estrategia Nacional para la Buena Gobernabilidad, dos avenidas que ofrecen una oportunidad para obtener y analizar información presupuestaria.
De acuerdo con Nikki Reisch del BIC, “la atención a la transparencia y administración de ingresos petroleros y la movilización de la sociedad civil en torno al sector petrolero pueden representar una importante oportunidad para expandir el acceso público y la participación en el proceso presupuestario mediante el monitoreo de su formulación y ejecución. Sin embargo, existe el riesgo potencial de que al poner tanta atención en los recursos petroleros se descuide el resto del presupuesto y se pueda dar el mal manejo de fondos públicos, no-petroleros.”
Esta y otras preocupaciones tales como la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en el presupuesto mediante herramientas de activismo y “alfabetización” presupuestarios a nivel local – en donde ya existen redes establecidas de la sociedad civil – se discutieron en un taller introductorio sobre el trabajo presupuestario de la sociedad civil que se organizó el pasado mes de noviembre por Intermon Oxfam, el “Africa Budget Project” de Idasa y la coalición “Publish What You Pay.” Entre los participantes del taller se encontraban miembros de GRAMP/TC y CPPL, quienes tuvieron oportunidad de estudiar los diversos retos y oportunidades para realizar análisis de presupuestos en Chad.
Para leer “Chad’s Oil: Miracle or Mirage?,” ir a:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Chads-Oil-Miracle-or-Mirage.pdf
Para leer el boletín de GRAMP/TC newsletter, ir a: http://www.gramptc.org/Activites/bulletin%20000.pdf.
Reunión sobre análisis presupuestario y derechos humanos, Portugal
Con la participación de 19 activistas de derechos humanos de Argentina, Brasil, China, Egipto, Hungría, India, Indonesia, Israel, Kenia, México, Nigeria, Palestina, Portugal, España, Tailandia, Uganda y Venezuela tuvo lugar el primer encuentro denominado Programa de Vinculación del Análisis Presupuestario y los Derechos Económicos Sociales y Culturales “Linking and Learning Programme on Budget Analysis and Economic, Social and Cultural Rights” en la ciudad de Alcochete Portugal del 11 al 19 de marzo. La reunión fue organizada por “Dignity International” en colaboración con la red “International Network for Economic, Social and Cultural Rights” (ESCR-Net), el Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP), Fundar, y el “International Human Rights Internship Program” (IHRIP).
El objetivo de este programa es ofrecer a los activistas de derechos humanos herramientas para entender y analizar los presupuestos y utilizarlos para fortalecer la defensa y activismo de derechos humanos. Los presupuestos reflejan las prioridades del gobierno, así como la disponibilidad y distribución de fondos públicos en donde se pueden detectar prácticas discriminatorias impuestas a sectores específicos o que violan la obligación del cumplimiento progresivo de todos los derechos económicos, sociales, y culturales. El combinar el análisis de presupuestos y los derechos humanos permite construir una poderosa herramienta para promover la justicia social a todos los niveles.
La intensa agenda de diez días ofreció a los participantes la oportunidad de analizar el ciclo del presupuesto y sus diferentes etapas; aprender a ajustar cifras conforme a la inflación; medir cambios en variables a través del tiempo y revisar estudios de caso hipotéticos.
Los participantes también trabajaron y discutieron los programas en los que planean aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina se enfoca en servicios públicos y busca identificar ejemplos de discriminación en la provisión de dichos servicios. ACIJ ha notado, por ejemplo, que los trenes que viajan a vecindarios ricos son nuevos, mientras que los que viajan a vecindarios pobres son viejos, no tienen aire acondicionado y se encuentran en malas condiciones.
Otra organización participante, el Centro por los Derechos de las Minorías “the Centre for Minority Rights Development” (CEMIRIDE), con base en Kenia trabaja para asegurar que los derechos de las comunidades minoritarias pastorales e indígenas sean identificados, promovidos y protegidos. En la actualidad CEMIRIDE es parte de un equipo de trabajo que desarrolla una metodología que permita monitorear las tendencias del pastoralismo en Kenia y sugerir intervenciones apropiadas. En 1970 la comunidad pastoral de Endorois fue reubicada a zonas áridas no propicias para la manutención pastoral. La comunidad enfrenta gran inseguridad alimenticia, altos índices de mortalidad y analfabetismo y exclusión de los programas sociales y económicos del gobierno. Además, la comunidad no ha sido compensada por la pérdida de sus tierras como fuera previamente prometido por el gobierno, ni tampoco ha recibido ningún beneficio de parte del Parque Nacional del Lago Bogoria que ahora ocupa lo que fueran las tierras pastorales. CEMIRIDE tiene gran interés en integrar el análisis presupuestario en su metodología.
En palabras de Bill Rutto, representante de CEMIRIDE “el entrenamiento de Portugal ha cambiado la manera en la que veo el trabajo de derechos humanos. Parece que de pronto se transformara mi estrategia y la manera de evaluar las situaciones antes de formar conceptos. Me parece que la idea de vincular presupuestos con derechos humanos es una estrategia que fortalece los argumentos de forma que las autoridades no pueden cuestionar.”
ONGs sudafricanas reaccionan al discurso del presupuesto 2005
El reciente discurso presupuestario 2005 ofrecido por el ministro de finanzas Trevor Manuel el pasado mes de febrero suscitó varias reacciones y recomendaciones por parte de ONGs en el país. La Campaña Presupuestaria para la Gente “People’s Budget Campaign” – una coalición no gubernamental integrada por el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica “Congress of South African Trade Unions” (COSATU), el Consejo Sudafricano de Iglesias “South African Council of Churches” (SACC) y la Coalición Nacional de ONGs Sudáfricanas “South African National NGO Coalition (SANGOCO)” – y el Instituto para la Democracia en Sudáfrica “Institute of Democracy in South Africa” (Idasa) dieron a conocer por separado sus preocupaciones en áreas específicas tales como el VIH/SIDA y su impacto en poblaciones específicas como mujeres y niños.
Ambas organizaciones comentaron sobre la omisión de VIH/SIDA en el discurso del presupuesto 2005. De acuerdo con la campaña, en discursos anteriores ha habido un compromiso explícito al gasto en VIH/SIDA, lo cual sentará la base para evaluar los compromisos gubernamentales. Para Idasa un punto clave es la falta de planes y programas sensibles a diferencias de género dentro del presupuesto que atiendan las desigualdades que enfrentan las mujeres siendo la población con niveles de infección más altos a nivel nacional. A pesar de que el presupuesto 2005 le da cierta consideración a las desigualdades por género, muchas de las intervenciones tienden a ignorar la vulnerabilidad de las mujeres a la pobreza, al desempleo, y al contagio de VIH.
Para Idasa, los servicios del gobierno para prevenir y financiar la protección y desarrollo de niños vulnerables es aún insuficiente en relación a la demanda de los servicios para la prevención, intervención temprana y cuidado asociado a la pobreza, desempleo estructural, abuso y abandono, discapacidad y VIH/SIDA. Sin embargo, queda mucho por hacer como puede observarse en el subfinanciamiento de organizaciones no gubernamentales que prestan servicios críticos a niños. La crisis financiera en muchas organizaciones no gubernamentales impide la provisión de servicios necesarios para la infancia vulnerable. Algunos de los problemas que deben de atenderse de inmediato de acuerdo con el análisis de Idasa son los siguientes:
- Establecer estándares para el desarrollo temprano de la infancia y otros servicios de bienestar críticos para la protección y desarrollo de niños vulnerables.
- Costear modelos para guiar cuánto debe de asignarse a diferentes servicios sociales para niños vulnerables.
- Crear políticas que aclaren que el gobierno está obligado a financiar la provisión de servicios de bienestar social para niños y explicar cómo fueron presupuestados.
- Extender la cobertura del programa de apoyo “Child Support Grant” (CSG) de 0-14 años a una cobertura de 0-18 años de edad.
La calidad de la educación y la salud aún representan un reto que afecta a niños vulnerables, así que fue una sorpresa para ambas organizaciones que la delicada situación del sector salud no fuera suficientemente atendida en el presupuesto 2005. Para Idasa la falta de personal y equipo a nivel distrital y local afecta los programas de VIH/SIDA al entorpecer servicios de salud como el tratamiento anti-retroviral. La Campaña observa que no se están asignando recursos para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector salud. Además, todavía quedan importantes pasos para facilitar el monitoreo y analizar información sobre el gasto en salud. En particular Idasa recomienda que la Tesorería Nacional y el Departamento Nacional de Salud deben de implementar un mecanismo para capturar y difundir datos sobre egresos para cada uno de los componentes de programas de VIH/SIDA financiados por asistencia financiera condicional.
Para leer la respuesta de Idasa al presupuesto 2005 sobre cuestiones de género, ir a:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Gender-and-Budget-2005.pdf
Para leer la respuesta de Idasa al presupuesto 2005 sobre VIH/SIDA, ir a:
https://archive.internationalbudget.org/publications/new-allocation-for-arv-treatment-an-analysis-of-20045-national-budget-from-an-hivaids-perspective/
Vistazo al presupuesto 2005 de Kazajstán
En noviembre 2004, el grupo “the Development of Tax Culture Public Association,” de Almaty, Kazajstán, coordinó un análisis comparativo de diversos rubros del borrador del presupuesto 2005.
El estudio fue conducido con el apoyo del programa “Kazakhstan Revenue Watch” de la Fundación Soros y examinó el gasto en salud, educación, seguridad social, vivienda, servicios comunitarios, investigación aplicada y agricultura, agua, bosques e industrias pesqueras y protección ambiental.
A pesar de que sólo 71 por ciento del presupuesto 2004 fue ejecutado, el presupuesto 2005 – que fuera adoptado por el parlamento el pasado mes de noviembre – solicitó un aumento de 11 por ciento para sus gastos totales. La decisión del gobierno de gastar más en salud y educación en 2005 es bienvenida, sobre todo, si se considera el número de problemas pendientes en ambos sectores. Sin embargo, dado el bajo nivel de utilización de fondos públicos en el pasado tanto el público como el parlamento deben de asegurar que los recursos asignados sean gastados de la manera más eficiente posible.
El gasto para agricultura, agua, bosques e industrias pesqueras y protección ambiental declinaron en un 5 por ciento en 2005. Esta reducción crea incertidumbre respecto a la presente crisis ecológica en varias regiones de Kazajstán a pesar de que no queda claro si la reducción refleja un cambio en las políticas gubernamentales en este rubro.
La información disponible no es suficientemente transparente en tanto que no especifica cómo se utilizarán los incrementos presupuestarios. Estos detalles son necesarios para el monitoreo de dichas asignaciones. Más aun, no es posible determinar la medida en la que el presupuesto redistribuye sus fondos entre las regiones para atender el problema que representa un desarrollo regional asimétrico.
Vistazo al presupuesto 2005 de la India
En febrero, la Alianza Unida Progresiva de la India “India’s United Progressive Alliance” (UPA) del gobierno dio a conocer el presupuesto nacional para 2005-2006. Partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de base, activistas, economistas y el público en general han estado ansiosos por saber si el gobierno de UPA satisfacería las promesas hechas en el Programa Mínimo Común Nacional “National Common Minimum Programme” (NCMP) para la creación de empleos.
La organización ciudadana “Center for Budget and Governance Accountability” (CBGA) de la India observó que el aumento a los fondos para desarrollo rural salud, y educación es bienvenido a pesar de que sólo sea la mitad de lo que los grupos de izquierda y otros sectores progresistas habían solicitado. Además la introducción del rubro para presupuestos con enfoque de género facilitará la documentación de esquemas de desarrollo para tribus y castas específicas.
Aunque el presupuesto muestra que zonas rurales y el sector social en general se han convertido en prioridades del gobierno, no se ofrecen aumentos significativos en las asignaciones a sectores prioritarios para el NCMP. El presupuesto asigna menos recursos a vivienda rural que el año pasado y gasta más en defensa que en agricultura y actividades relacionadas.
Además, mientras el lanzamiento de nuevos programas como la Misión Rural Nacional para la Salud es algo positivo, su éxito depende de la implementación adecuada y financiamiento continuo. De acuerdo con CBGA, la razón principal de este intento por atender el problema de la pobreza rural y de los sectores sociales es la permanencia del conservadurismo fiscal, así como la ley de responsabilidad fiscal y administración del presupuesto.
Para leer la respuesta de CBGA al presupuesto, ir a: http://www.cbgaindia.org/publications_responses_to_union_budgets.php
Disminuye la transparencia presupuestaria en EUA, CBPP
El Centro de Presupuestos y Políticas Públicas (CBPP) con base en Washington, D.C., dio a conocer un reporte el pasado mes de febrero que documenta la omisión de información sobre futuros recortes de gasto planeados en la propuesta presupuestaria que el presidente George W. Bush presentó al Congreso. El reporte observa que esta es la primera vez en 16 años que el presupuesto del ejecutivo omite este tipo de información.
Cuando la oficina de administración y presupuesto del presidente “Office of Management and Budget” (OMB) dio a conocer su propuesta presupuestaria para el siguiente año fiscal el 7 de febrero, incluía planes de recortar el financiamiento para programas domésticos asignados anualmente (sin incluir seguridad nacional) por $214 billones en los próximos cinco años fiscales. Ejemplos de programas domésticos “discrecionales” en esta categoría incluyen servicios públicos como educación, transporte, veteranos militares, salud, protección ambiental, investigación médica, seguridad alimenticia y de medicinas.
Estos recortes fueron promovidos como respuesta de la administración Bush a las críticas que recibieron los crecientes déficits anuales en EUA y se justificaron como pasos para detener su crecimiento. Sin embargo, a pesar de los amplios recortes propuestos para gastos discrecionales, el presupuesto del presidente aumentaría los déficits de acuerdo con leyes vigentes ya que el presupuesto del presidente propone un gran número de recortes que benefician desproporcionadamente a aquellos sectores de altos ingresos, así como aumentos en gastos de defensa y seguridad nacional.
CBPP reportó que los detalles presupuestarios sobre las cantidades de los recortes propuestos para programas específicos fueron incluidos sólo para un año fiscal, a pesar de que, en su totalidad, los recortes están planeados para agudizarse en años futuros. Bajo las proyecciones oficiales de cinco años, los recortes propuestos en estas áreas para el año fiscal 2006 (el único año para el cual se incluye información detallada) fueron en el rango del 5 por ciento. No obstante, el reporte notó que “para el 2010, estos recortes alcanzarán el 16 por ciento y, por ende, serán tres veces más profundos.”
Al analizar y documentar datos de información no pública que el OMB hubiera preparado para los comités presupuestarios del legislativo — pero que no fue del dominio público — analistas del CBPP fueron capaces de calcular el tamaño de los recortes que anticipa la administración para áreas de programas específicos en años futuros. El análisis mostró los planes del ejecutivo para hacer recortes en áreas específicas del presupuesto y cómo aumentarán esos recortes a lo largo de cinco años. En consecuencia, el análisis disputó las declaraciones del ejecutivo respecto a que los recortes fueron el resultado de la aplicación de una fórmula predeterminada y no de decisiones políticas con base en prioridades de gasto específicas.
El reporte del CBPP se publicó sólo dos días después de que se diera a conocer la propuesta presupuestaria del presidente y contribuyó al debate público sobre las prioridades presupuestarias de la administración en turno.
Para leer el reporte completo del CBPP “Unpublished Administration Budget Documents Show Domestic Cuts Would Significantly Reduce Funding For Most Public Services,” ir a: http://www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=2942
Para mayor información, ver el reporte: “Where Would The Cuts Be Made Under The President’s Budget? An Analysis of Reductions in Education, Human Services, Environment, and Community Development Programs” en la siguiente dirección: http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=1097.
Se fortalece la participación presupuestaria de OSCs, Burkina Faso
Se está llevando a cabo un proyecto de un año para capacitar a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) y a la ciudadanía de Burkina Faso sobre participación en los debates del presupuesto público por parte del Centre pour la Gouvernance Démocratique (Centro para la Gobernabilidad Democrática, (CGD). Este proyecto es uno de los cinco proyectos presupuestarios seleccionados para recibir financiamiento y asistencia técnica de la Iniciativa de Presupuestos de la Sociedad Civil “Civil Society Budget Initiative” (CSBI) en su primer año de operaciones.
CGD se creó en 2000 por una coalición de académicos, abogados y líderes de la sociedad civil para estudiar y promover los principios, procesos y prácticas institucionales del desarrollo de la buena gobernabilidad en Burkina Faso. Sus actividades incluyen investigación, análisis, activismo y capacitación. En 2004 CGD completó una encuesta sobre transparencia presupuestaria en Burkina Faso. Con ello se manifiestó la necesidad de acceder a información presupuestaria de manera accesible para el efectivo monitoreo ciudadano del gobierno. CDG desea emplear el conocimiento obtenido en su trabajo de transparencia para aumentar la capacidad de las OSCs locales para analizar y participar en el proceso presupuestario y el monitoreo de los PRSP.
Como primer paso formaron un grupo de trabajo sobre transparencia y asuntos presupuestarios con 12 personas de ONGs y del gobierno para estudiar las oportunidades de participación presupuestaria en Burkina Faso. Una parte de este grupo hizo un análisis crítico constructivo del borrador del presupuesto para 2005, que se dio a conocer en septiembre. El análisis fue presentado a la prensa y a OSCs nacionales en diciembre.
Más adelante CGD y su red de colaboradores desarrollaron módulos sobre talleres de análisis de presupuestos y oportunidades para la participación en el proceso presupuestario para grupos selectos de OSCs y organizaciones de base. Estos módulos fueron utilizados en talleres de dos días que se impartieron en 7 comunidades diferentes a lo largo de 2 meses. Cada taller incluye un ejercicio práctico que analiza un modelo comunal presupuestario en relación con el presupuesto nacional. Cada participante también completó un cuestionario para evaluar el nivel de apertura y de participación en presupuestos comunitarios. El compromiso continuo de Burkina Faso hacia la descentralización administrativa resultara en 352 comunidades urbanas y rurales en 13 regiones, cada una con sus propias finanzas locales y proceso presupuestario. Esta descentralización representa nuevas oportunidades para la participación ciudadana y la buena gobernabilidad.
El contenido y experiencia de los talleres será documentado por CGS en cuadernos producidos que se distribuirán a OSCs, autoridades públicas y colegas. Los cuadernos intentan popularizar los módulos de capacitación sobre cómo hacer la información presupuestaria accesible, educar a las OSCs sobre las oportunidades para la participación en el presupuesto y concientizar a la comunidad y al gobierno sobre estos temas.
Cómo reacciona una ONG en EUA al presupuesto federal
El primer lunes de febrero de cada año, el presidente de los Estados Unidos debe de presentar al congreso su propuesta presupuestaria para el año siguiente. Con ello se inicia un ciclo de varios meses en el que el congreso evalúa la propuesta presidencial, elabora un modelo propio del presupuesto y después aprueba programas para financiar diferentes actividades del gobierno. En ocasiones el congreso aprueba leyes que conllevan a cambios en leyes de impuestos o programas de salud o la tercera edad que también tienen un impacto en el presupuesto.
El Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas (Center on Budget and Policy Priorities, o CBPP), con base en Washington, D.C., juega un papel fundamental en evaluar estas propuestas presupuestarias y comunicar los resultados de sus investigaciones a los tomadores de políticas públicas y a los medios de comunicación. Algunas de las estrategias que emplea el CBPP regularmente incluyen:
- Respuesta rápida: la propuesta presupuestaria del presidente consiste en miles de páginas con números que, fácilmente, pueden abrumar hasta al lector dedicado. Miembros de la prensa y tomadores de decisiones con frecuencia se encuentran sujetos a la descripción que ofrece el presidente de su propio presupuesto, a menos que puedan obtener análisis independiente por parte de otro grupo de expertos; es aquí cuando el CBPP entra en acción. A penas a unas pocas horas de la presentación del presupuesto presidencial, el equipo de analistas del CBPP ya habría revisado estos números y producido un reporte con comentarios sobre los aspectos clave del presupuesto. Este análisis examinará cuestiones tales como el impacto del presupuesto en el déficit; si el presidente empleó trucos para hacer que el presupuesto se viera mejor de lo que en realidad es; qué cambios fiscales se proponen; y qué significan los recortes (o extensiones de programas) propuestos y su efecto en grupos de medianos y bajos ingresos.
- Análisis estado por estado y el impacto humano: cuando es posible el CBPP trata de llevar el análisis del recorte de un programa o cambio en una política fiscal más allá de las cifras en dólares y describir su impacto en grupos demográficos específicos. Por ejemplo, el CBPP con frecuencia traduce la propuesta de un recorte presupuestario a los dólares que perdería cada uno de los 50 estados. El CBPP con frecuencia convierte los dólares en impacto humano. Por ejemplo, el CBPP explicó este año que el recorte propuesto de $1 billón en vales de despensa equivale a que 200,000 familias pierdan asistencia alimenticia. Las cifras no siempre están disponibles para hacer análisis y aún cuando sí lo están puede tomar varios días antes de que el equipo del CBPP produzca este tipo de estimaciones. Por ello, el CBPP con frecuencia ofrece este análisis como seguimiento a su “respuesta rápida” inicial al evaluar el presupuesto.
- Medios: el CBPP regularmente organiza conferencias telefónicas con los medios para ofrecerles acceso a los reportes del CBPP. Los participantes van desde escritores de editoriales hasta productores de televisión y reporteros de periódicos regionales. Después de una presentación inicial realizada por un experto del CBPP de aproximadamente 15 minutos, las líneas telefónicas se abren a las preguntas de los reporteros.
- Comunicación con activistas y legisladores: el CBPP se asegura de que su análisis presupuestario llegue directamente a las manos de activistas de sectores de bajos ingresos y de los legisladores federales. El CBPP cuenta con listas muy largas de correos electrónicos que son utilizadas para circular sus reportes. El equipo legislativo del CBPP también se comunica directamente con los legisladores clave para asegurarse de que entiendan los puntos críticos contenidos en el análisis escrito del CBPP.
Nuevos materiales en la biblioteca del IBP
Trust in Public Finance: Citizens’ Views on Taxation by Local Authorities in Tanzania
Por “Research on Poverty Alleviation” (REPOA), Dar es Salaam, Tanzania
Aquí se comentan las opiniones de los ciudadanos respecto a los sistemas fiscales y procesos de recaudación y distribución fiscales a nivel local en Tanzania y sus implicaciones políticas. Este material forma parte de una serie de accesibles resúmenes sobre los resultados de una encuesta realizada en seis consejos en Tanzania, forma parte también de un proyecto de cuatro años que busca documentar el impacto del Programa de Reforma al Gobierno Local en Tanzania y ofrece datos relevantes obtenidos durante su puesta en práctica.
Research on the Current State of PRS Monitoring Systems
Por Henry Lucas, David Evans y Katherine Pasteur con Robert Lloyd/Instituto de Estudios de Desarrollo, Universidad de Sussex
Este reporte revisa literatura sobre el monitoreo de estrategias de reducción de la pobreza. Discute cuatro áreas: compromisos institucionales; el papel de las ONGs; implementación y monitoreo intermedio de resultados; y uso de resultados. En cuanto al papel de la sociedad civil en el monitoreo de sistemas del gobierno, los autores subrayan la importancia de la participación de la sociedad civil.
Governance Hybrids: Pro-poor, Rights-based Approaches in Rural Peru
Por Aaron Schneider y Rebeca Zuniga-Hamlin/Instituto de Estudios de Desarrollo, Universidad de Sussex
Este trabajo busca cómo entender las formas “híbridas” de gobernabilidad que, ocasionalmente, surgen cuando se introducen esquemas con enfoque de derechos humanos o RBAs en contextos de pobreza extrema en zonas rurales del Perú. En su sección sobre exclusión económica los autores examinan cómo los enfoques RBA buscan la redistribución de bienes privados para garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos.
The Seven Habits of Effective Aid: Best Practices, Challenges and Open Questions
Por Andrew Rogerson y Paolo de Renzio/Overseas Development Institute (ODI)
Este trabajo revisa los retos para lograr mejores prácticas en la eficiencia de la asistencia internacional como antesala a la discusión “High-Level Forum on Harmonisation and Alignment for Aid Effectiveness” a llevarse a cabo en Paris a finales de febrero 2005. De acuerdo con el reporte, los siete hábitos para la asistencia efectiva son: 1) alinear el financiamiento con las prioridades de los países socios; 2) mejorar lo predecible de la asistencia; 3) contar con los sistemas nacionales; 4) aumentar la complementariedad de los donadores; 5) intensificar e incentivar la acción conjunta; 6) asegurar la rendición de cuentas mutua; y 7) fortalecer la capacidad sistémica. Cada uno de estos elementos se discute brevemente.
El presupuesto de defensa en América Latina. La importancia de la transparencia y herramientas para el monitoreo independiente (The Defense Budget in Latin America: The Importance of Transparency and Independent Monitoring Tools (in Spanish)
Por Marcela Donadio (Coordinadora)/RESDAL
Esta publicación ofrece, en un lenguaje sencillo, los elementos esenciales para el análisis de presupuestos de defensa y estrategias para ayudar a grupos de la sociedad civil en actividades de trabajo presupuestario. La primera parte del estudio explica el presente estado del gasto militar en América Latina. La segunda parte del trabajo busca brindarles a los ciudadanos herramientas para el análisis de presupuestos de defensa incluyendo sugerencias y consideraciones para mayor efectividad en el análisis presupuestario.
Anuncio: Oportunidad de Empleo en el IBP
El Proyecto Internacional de Presupuesto del “Center of Budget and Policy Priorities” trabaja para apoyar el trabajo de la sociedad civil en el análisis de presupuestos públicos en democracias emergentes o países en vías de desarrollo. El proyecto ofrece capacitación y asistencia técnica, lleva a cabo investigación entre naciones y administra un programa de financiamiento. Todas las actividades del IBP se llevan a cabo con grupos socios alrededor del mundo que monitorean el presupuesto de sus países.
El proyecto está buscando a un experto en análisis presupuestario para dirigir sus actividades de capacitación, asistencia técnica y esfuerzos de comunicación. Los solicitantes deberán de tener experiencia y conocimiento del presupuesto público, capacitación y trabajo de la sociedad civil en torno a los presupuestos para colaborar con socios alrededor del mundo e iniciar y profundizar ese trabajo. El puesto incluye desarrollar la estrategia del IBP en cuanto a capacitación y asistencia técnica, diseñar y escribir materiales didácticos, impartir capacitación y asistencia técnica, ofrecer y estrechar la colaboración dentro de la comunidad de grupos que realizan análisis presupuestario. El especialista también participará en las áreas de investigación y financiamiento. Para una descripción completa detallada e información sobre cómo solicitar este puesto, ir a: https://archive.internationalbudget.org/jobopp.htm.
Anuncios
OSI JOB OPPORTUNITY: REVENUE WATCH PROGRAM DIRECTOR
El “Open Society Institute” (OSI) busca candidatos para el puesto de Director del programa “Revenue Watch.” OSI, es una fundación privada que implementa iniciativas para promover la apertura de las sociedades mediante el apoyo de la educación, los medios de comunicación, la salud pública los derechos humanos y derechos de la mujer, así como reformas económicas, sociales y legales. “Revenue Watch” www.revenuewatch.org se estableció en 2002 para mejorar la rendición de cuentas en países ricos en recursos naturales al equipar a los ciudadanos, los gobiernos y otras partes interesadas en la información, redes y financiamiento para mejorar la transparencia de los ingresos y egresos gubernamentales.
El director desarrolla e implementa los programas operacionales y de financiamiento de “Revenue Watch.” El director supervisa al personal de las áreas de investigación, publicaciones, y financiamiento, interactúa con fundaciones y administra el programa del presupuesto. El director coordina todas las actividades del OSI vinculadas al “Revenue Watch” y a la red de las fundaciones Soros. El director trabajara de cerca con los socios de la red Soros en Asia Central, África, América Latina, Medio Oriente y en donde existan iniciativas relacionadas a la transparencia y administración de recursos, monitoreo de finanzas públicas y anti-corrupción.
El puesto se basa en Nueva York con viajes frecuentes a los países en donde opera el “Revenue Watch.” El director responde al director asociado de OSI Anthony Richter, así como al Consejo Consultivo. La fecha límite para solicitar este puesto es el 20 de mayo, se agradece no llamar por teléfono.
LISTSERV DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
El Centro de la Universidad de Toronto “The Transformative Learning Centre” está comenzando un grupo de discusión sobre presupuestos participativos como una iniciativa que fuera acordada en la sesión de presupuestos participativos en el Foro Social Mundial 2005 del Norte Geopolítico: http://www.tni.org/acts/wsf5partbudg.htm.
by soapbox | Mar 1, 2005
Les OSC examinent le projet de l’oléoduc Tchad-Cameroun et le budget du Tchad
Les organisations de la société civile ont examiné le projet de plusieurs milliards de dollars de l’oléoduc entre le Tchad et le Cameroun dans le but de promouvoir l’utilisation transparente des ressources dérivées de l’exploration pétrolière. Le Tchad occupe la 142ème place sur 145 pays évalués par l’indice de perceptions de la corruption construit par “Transparency International” («Transparence internationale») et la 167ème place sur 177 pays au sein de l’étude de développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement. Le projet de l’oléoduc a été financé par la Corporation Financière Internationale de la Banque Mondiale afin de contribuer à la réduction de la pauvreté.
Le succès de la distribution des revenus pétroliers au Tchad est d’une importance vitale pour atteindre les objectifs nationaux de réduction de la pauvreté dans la mesure où ces revenus représentent une part importante du budget national. Le budget total du Tchad en 2004 était approximativement de 950 millions de dollars. Les 144 millions de dollars de revenus pétroliers représentaient plus de 15% des recettes totales anticipées du gouvernement et environ 40% des revenus non pétroliers (sans compter l’aide, les bourses, et les prêts). En outre, il est attendu que les revenus pétroliers croissent de manière substantielle dans le futur: les experts croient qu’ils peuvent dépasser les revenus non pétroliers en 2005 et doubler en 2007, quand prend fin donc l’exonération fiscale d’ExxonMobil.
En même temps qu’augmentent les revenus pétroliers et le budget, augmente également la nécessité d’établir des mécanismes transparents de gouvernabilité. A la demande de la Banque Mondiale, le gouvernement a mis en place en 1999 une Loi pour l’administration des ressources pétrolières connue également comme la Loi 001, qui esquisse l’allocation des revenus pétroliers directs et établit un mécanisme de vigilance “Petroleum Revenue Oversight and Control Committee” connu aussi comme le « Collège » pour surveiller la dépense des revenus pétroliers. Une série de décrets gouvernementaux communiqués en juillet 2003 instaurent la stabilisation des revenus et éclaircit le fonctionnement du «Collège» et les processus de dépense pour les secteurs de la société dont le développement du Tchad dépend.
“Chad’s Oil: Miracle or Mirage?” («Le pétrole du Tchad: miracle ou mirage?»), une analyse récente de l’implantation du projet de l’oléoduc par Ian Gary de “Catholic Relief Services” (CRS) et Nikki Reisch du “Bank Information Center” (BIC), met en lumière plusieurs faiblesses de la Loi 001:
- Le «Collège» a juridiction seulement sur les revenus pétroliers directs. Les revenus indirects, tels que les impôts corporatifs et les coûts de douane générés par le projet pétrolier, ne sont pas couverts et vont directement dans les comptes de la trésorerie.
- La loi couvre seulement les champs pétrolifères de la région de Doba qui comprend Boloba, Komé et Miandoum, même si ExxonMobil commencera la production dans cinq nouveaux champs en 2005.
- La loi spécifie que 5% des revenus dérivés du pétrole devront être assignés à la région de Doba – riche en ressources pétrolières – mais cette obligation peut changer par décret présidentiel cinq ans après l’approbation de la loi, c’est-à-dire à partir de (depuis) 2004.
Diverses faiblesses dans le processus budgétaire du Tchad peuvent bloquer les efforts consacrés à s’assurer que les revenus pétroliers sont dépensés de manière efficace dans le combat contre la pauvreté. Tout d’abord, les autorités élues ont peu de temps pour débattre autour de la proposition budgétaire avec le public. En second lieu, il n’y a ni évaluation des nécessités, ni analyses de planification aux niveaux local et régional. Le Tchad manque également de l’habilité à dépenser ses nouveaux revenus rapidement parce que son économie est sous-développée et ses procédures d’exécution sont longues et compliquées.
Les groupes de la société civile ont conscience de la nécessité de trouver les moyens de participer aux différentes phases du processus budgétaire, étant donné le manque de transparence tout au long de ce processus. Selon la Commission Locale Permanente du Pétrole (CPPL), une OSC qui travaille dans le sud du Tchad où il y a d’importantes réserves de pétrole, le budget n’est pas accessible au public. La CPPL affirme qu’il est difficile de formuler des commentaires, y compris sur le budget déjà adopté, car l’accès à l’information budgétaire est très limité et l’information disponible n’est pas très détaillée.
Par ailleurs, les OSC sont confrontées au fait que bien souvent les fonctionnaires gouvernementaux ne se sentent pas concernés par l’intérêt des groupes de la société civile dans le budget, ce qui s’explique par le fait que le Tchad n’a que peu d’expérience dans le travail d’incidence budgétaire. Cependant, les parlementaires sont très intéressés par le fait de travailler avec des OSC sur l’utilisation des fonds publics. En outre, comme il est nouveau pour les OSC de travailler sur les budgets, elles ne disposent pas de personnel à temps complet pour analyser le budget ou pour communiquer les résultats de son analyse à des publics plus larges.
Malgré les défis que comporte la réalisation d’analyses budgétaires au Tchad, les OSC telles que le “Group of Alternative Research and Chad-Cameroon Oil Project Monitoring” (GRAMP/TC) («Groupe de recherche alternative et de surveillance du projet pétrolier Tchad-Cameroun») ont mis en place des initiatives pour promouvoir la transparence des ressources pétrolières. La CPPL, pour sa part, voit dans la Loi 001 une opportunité pour obtenir des informations utiles pour son travail à Doba, où elle organise des réunions entre représentants de la communauté et a développé des plans de développement régional pour répondre à différents aspect de l’impact du projet pétrolier dans la région.
Grâce à son observatoire de l’utilisation des ressources pétrolières, le GRAMP/TC diffuse les informations gouvernementales sur le budget et les transferts de revenus pétroliers et publie un bulletin mensuel. Le GRAMP/TC s’intéresse également à la surveillance de l’allocation des ressources aux différents ministères et à la conscientisation de la population du Tchad et d’ailleurs, sur l’importance de la transparence et de la bonne gouvernabilité. Enfin, le GRAMP/TC essaie de développer la formation à l’analyse budgétaire en participant à l’élaboration de documents sur les stratégies pour la réduction de la pauvreté et sur la stratégie nationale pour la bonne gouvernabilité, deux champs qui offrent l’opportunité d’obtenir et d’analyser les informations budgétaires.
Selon Nikki Reisch du BIC, «l’attention accordée à la transparence et à la gestion des ressources pétrolières et la mobilisation de la société civile autour du secteur pétrolier peuvent représenter une opportunité importante pour étendre l’accès public et la participation dans le processus budgétaire à travers la surveillance de sa formulation et de son exécution. Cependant, on court le risque potentiel, en accordant autant d’attention aux ressources pétrolières, de négliger le reste du budget et de faciliter une mauvaise gestion des fonds publics non pétroliers.»
C’est autour de cette préoccupation, ainsi que d’autres telles que la nécessité de renforcer la participation citoyenne dans le budget à travers les instruments de « l’alphabétisation » et le militantisme budgétaires au niveau local – où il existe déjà des réseaux établis de la société civile – que l’on a discuté au cours d’un atelier introductif sur le travail budgétaire de la société civile, organisé au mois de novembre dernier par Intermon Oxfam, l’ “Africa Budget Project” de Idasa et la coalition “Publish What You Pay.” Parmi les participants de l’atelier figuraient des membres de GRAMP/TC et de la CPPL, qui ont eu l’opportunité d’étudier les différents défis et possibilités pour réaliser une analyse budgétaire au Tchad.
Pour lire “Chad’s Oil: Miracle or Mirage?,” aller sur:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Chads-Oil-Miracle-or-Mirage.pdf
Pour lire le bulletin d’informations de GRAMP/TC, aller sur: http://www.gramptc.org/Activites/bulletin%20000.pdf.
Réunion sur l’analyse budgétaire et les droits de l’homme, Portugal
Avec la participation de 19 défenseurs des droits de l’homme d’Argentine, du Brésil, de Chine, d’Egypte, de Hongrie, d’Inde, d’Indonésie, d’Israël, du Kenya, du Mexique, du Nigeria, de Palestine, du Portugal, d’Espagne, de Thaïlande, d’Ouganda, et du Venezuela, a eu lieu la première rencontre intitulée “Linking and Learning Programme on Budget Analysis and Economic, Social and Cultural Rights” (« Programme de connexion et d’apprentissage sur l’analyse budgétaire et les droits économiques, sociaux et culturels ») dans la ville de Alcochete au Portugal du 11 au 19 mars. La réunion a été organisée par “Dignity International” en collaboration avec le réseau “International Network for Economic, Social and Cultural Rights” (ESCR-Net), “International Budget Partnership” (IBP), Fundar, et le “International Human Rights Internship Program” (IHRIP).
L’objectif de ce programme est d’offrir aux défenseurs des droits de l’homme les outils pour comprendre et analyser les budgets et les utiliser afin de consolider la défense et la promotion des droits de l’homme. Les budgets reflètent les priorités du pays, ainsi que la disponibilité et la distribution de fonds publics, où l’on peut détecter les pratiques discriminatoires imposées à des populations spécifiques ou qui transgressent l’obligation de l’application progressive de tous les droits économiques, sociaux et culturels. Combiner l’analyse des budgets et les droits de l’homme permet de construire un outil puissant pour promouvoir la justice sociale à tous les niveaux.
La rencontre de dix jours a permis aux participants d’analyser le cycle du budget et ses différentes étapes; d’apprendre à ajuster les chiffres en fonction de l’inflation; de mesurer les changements des variables au fil du temps et de réviser des études de cas hypothétiques.
Les participants ont également travaillé et discuté entre eux sur les programmes concrets dans lesquels ils espèrent appliquer les connaissances acquises durant la formation. L’« Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia » (« Association Civile pour l’Egalité et la Justice ») (ACIJ) d’Argentine se concentre sur les services publics et veut identifier les exemples de discrimination potentielle sur la base des revenus dans la provision de tels services. L’ACIJ a observé, par exemple, que les trains qui se rendent dans les quartiers riches sont neufs alors que ceux qui se rendent dans les quartiers pauvres sont vieux, sans air conditionné et sont en mauvais état.
Une autre organisation ayant participé à cet événement, le “Centre for Minority Rights Development” (CEMIRIDE) (le « Centre pour le développement des droits des minorités »), basée au Kenya, travaille pour que les droits des communautés minoritaires pastorales soient identifiés, défendus et protégés.
Le CEMIRIDE fait partie d’une équipe de travail qui développe une méthodologie permettant de surveiller les tendances du pastoralisme au Kenya et suggérer des interventions appropriées. En 1970 la communauté pastorale de a été déplacée dans des zones arides impropres à la subsistance pastorale. La communauté est confrontée à une grande insécurité alimentaire, à des indices élevés de mortalité et d’analphabétisme et à leur exclusion des programmes sociaux et économiques gouvernementaux. En outre, la communauté n’a pas été indemnisée pour la perte de ses terres comme cela avait été promis antérieurement par le gouvernement, et n’a pas reçu non plus d’allocations de la part du Parc national du lac Bogoria qui occupe désormais ce qui constituait avant les terres pastorales. Le CEMIRIDE est très intéressé par le fait d’intégrer l’analyse budgétaire dans sa méthodologie.
Selon les mots de Bill Rutto, représentant du CEMIRIDE « la formation du Portugal a changé la manière dont je conçois le travail sur les droits de l’homme. C’est comme si elle avait subitement transformé mon approche et la manière dont j’évaluerais les situations, avant de présenter les concepts. L’idée de lier les budgets aux droits de l’homme me semble être une stratégie qui renforce les arguments de telle manière que les autorités ne peuvent les contredire. »
Les ONG sud-africaines réagissent au discours du budget 2005
Le discours budgétaire 2005 prononcé par le Ministre des Finances Trevor Manuel au mois de février dernier a suscité différences réactions et recommandations d’ONG dans le pays. La campagne budgétaire pour les gens “People’s Budget Campaign” – une coalition non gouvernementale formée par le Congrès des Syndicats d’Afrique du Sud (“Congress of South African Trade Unions”)(COSATU), le Conseil sud-africain des Eglises (“South African Council of Churches”) (SACC) et la coalition nationale des ONG sud-africaines (“South African National NGO Coalition (SANGOCO) “) – et l’Institut pour la Démocratie en Afrique du Sud (“Institute of Democracy in South Africa”) (Idasa) ont communiqué de façon séparée leurs préoccupations dans des domaines spécifiques tels que le VIH/SIDA et son impact chez les populations spécifiques, notamment les femmes et les enfants.
Les deux organisations ont souligné particulièrement l’absence du VIH/SIDA dans le discours du budget 2005. D’après la “People’s Busget Campaign,” les discours budgétaires précédents incluait un engagement explicite de financement pour le VIH/SIDA avec lesquels les dépenses actuelles du gouvernement pourraient donc être comparées. En outre, Idasa exprime ses préoccupations quant au manque de plans et de programmes dans le budget pour faire face aux inégalités auxquelles sont confrontées les femmes, qui ont le niveau d’infection par le VIH/SIDA le plus élevé du pays. Bien que dans le budget 2005 figure une certaine considération pour les inégalités par genre, une grande partie des interventions tend à ignorer la vulnérabilité des femmes face à la pauvreté, au chômage, et à l’infection par le VIH.
Pour Idasa, les services du gouvernement pour prévenir et financer la protection et le développement d’enfants vulnérables sont encore insuffisants à cause de la grande pauvreté, du chômage structurel, de l’abus sexuel et de l’abandon, de l’handicap et du VIH/SIDA. Il reste beaucoup à faire, comme on peut l’observer à travers le sous financement d’organisations non gouvernementales qui dispensent des services très importants aux enfants La crise financière dans beaucoup d’ONG empêche la distribution des services nécessaires pour les enfants vulnérables. Certains des problèmes devant être traités rapidement, selon l’analyse d’Idasa, sont les suivants:
- Mettre en place des standards pour le développement précoce de l’enfance et d’autres services importants de bien-être pour la protection et le développement des enfants vulnérables.
- Développer des modèles de dépenses pour donner des indications sur le montant des allocations nécessaires aux différents services délivrés aux enfants vulnérables.
- Mettre en place un engagement clair du gouvernement à financer entièrement la provision de services statutaires de bien-être pour les enfants et une explication de comment les fonds nécessités seront mis à exécution.
- Étendre la couverture du programme de soutien “Child Support Grant” (CSG) des 0-14 ans aux enfants de 0 à 18 ans.
La qualité de l’éducation et la santé représente encore un défi qui affecte les enfants vulnérables; c’est donc avec surpris que les deux organisations aient découvert que la situation délicate du secteur de la santé n’était pas suffisamment traitée dans le budget 2005. Pour Idasa, le manque de personnel et d’équipement aux niveaux local et du district affecte les programmes liés au VIH/SIDA en freinant la mise en marche de services de santé tels que le traitement antirétroviral. La campagne observe que ne sont pas assignées de ressources pour améliorer les conditions des travailleurs du secteur de la santé. En outre, il reste encore des étapes importantes à franchir pour faciliter la surveillance et analyser les informations sur les dépenses dans la santé. Idasa recommande en particulier à la Trésorerie Nationale et au Département National de Santé d’implanter un mécanisme pour saisir et diffuser les données sur les dépenses pour chacun des composants des programmes du VIH/SIDA financés grâce à l’assistance financière conditionnelle.
Pour lire la réponse d’Idasa au budget 2005 sur les questions de genre, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Gender-and-Budget-2005.pdf; pour lire la réponse d’Idasa au budget 2005 sur le VIH/SIDA, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/publications/new-allocation-for-arv-treatment-an-analysis-of-20045-national-budget-from-an-hivaids-perspective/
Aperçu du budget 2005 du Kazakhstan
En novembre 2004, le groupe “the Development of Tax Culture Public Association,” d’Almaty, au Kazakhstan, a mené une analyse comparative de différents points du budget provisoire 2005. L’étude a été conduite avec le soutien du programme “Kazakhstan Revenue Watch” de la Fondation Soros et examinait les dépenses dans la santé, l’éducation, la sécurité sociale, le logement, les services communautaires, la recherche appliquée et l’agriculture, l’eau, les forêts et les industries du poisson et la protection de l’environnement.
Bien que seuls 71% du budget 2004 été mis en exécution, le budget 2005 – qui a été adopté par le parlement au mois de novembre dernier – exige une augmentation de 11% pour ses dépenses totales. La décision du gouvernement de dépenser plus dans la santé et l’éducation en 2005 est bienvenue, surtout si l’on considère le nombre de problèmes non résolus dans les deux secteurs. Cependant, étant donné le faible degré d’utilisation des fonds publics par le passé, aussi bien le public que le parlement doit s’assurer que les ressources assignées sont dépensées de la manière la plus efficace possible.
Les dépenses pour l’agriculture, l’eau, les forêts, les industries du poisson et la protection de l’environnement ont diminué de 5% en 2005. Cette réduction suscite l’incertitude quant à la crise écologique actuelle dans différentes régions du Kazakhstan, bien que l’on ne sache pas encore vraiment si la réduction reflète un changement dans les politiques gouvernementales sur cette question.
Les informations disponibles ne sont pas suffisamment transparentes dans la mesure où elles ne spécifient pas comment seront utilisées les augmentations budgétaires. Ces détails sont nécessaires à la surveillance de telles allocations. Qui plus est, il est impossible de déterminer dans quelle mesure le budget redistribue ses fonds entre les régions pour traiter le problème que représente un développement régional asymétrique.
Aperçu du budget 2005 de l’Inde
En février, “India’s United Progressive Alliance” (UPA) («Alliance progressive unie de l’Inde») du gouvernement a publié le budget national pour 2005-2006. Les partis politiques, les organisations de la société civile, les groupes de base, les militants, les économiques et le public en général avaient hâte de savoir si le gouvernement d’UPA satisferait les promesses formulées dans le Programme National Minimum Commun (“National Common Minimum Programme”) (NCMP) sur la création d’emplois.
L’organisation citoyenne indienne “Center for Budget and Governance Accountability” («Centre pour la responsabilisation budgétaire et en matière de gouvernance») (CBGA) a souligné que l’augmentation des fonds pour le développement rural, la santé et l’éducation est bienvenue même si cela ne représente que la moitié de ce que les groupes de gauche et autres secteurs progressistes avaient sollicité. Par ailleurs, l’introduction de la budgétisation du genre comme catégorie budgétaire à part entière facilitera la construction de schémas de développement pour les tribus et les castes spécifiques.
Bien que le budget montre que les zones rurales et le secteur social en général sont devenus des priorités du gouvernement, il ne contient pas d’augmentations significatives des allocations aux secteurs prioritaires pour le NCMP. Le budget consacre moins de ressources au logement rural que l’année passée et dépense plus en défense que pour l’agriculture et les activités liées.
En outre, alors que le lancement de nouveaux programmes comme la Mission Rurale Nationale pour la Santé est un signe positif, son succès dépend d’une implantation adéquate et d’un financement continu. Selon le CBGA, la raison principale de cette tentative à demi-mesure pour affronter le problème de la pauvreté rurale et des secteurs sociaux est la permanence d’une conception fiscale conservatrice, ainsi que la loi de responsabilité fiscale et de gestion budgétaire.
Pour lire la réponse du CBGA au budget, aller sur: http://www.cbgaindia.org/publications_responses_to_union_budgets.php
Diminution de la transparence budgétaire aux États-Unis, CBPP
Le Centre sur le Budget et les Priorité en matière de Politiques Publiques («Center on Budget and Policy Priorities, CBPP») basé à Washington, D.C., a publié un rapport le mois de février dernier sur l’absence d’informations détaillées concernant les futures restrictions des dépenses prévues dans la proposition budgétaire que le président George W. Bush a présentée au Congrès. Le rapport souligne que c’est la première fois depuis 16 ans que le budget de l’exécutif omet ce type d’informations.
Quand l’ “Office of Management and Budget” (OMB) («Département de l’Administration et du Budget») du président (OMB) a communiqué sa proposition budgétaire pour l’année fiscale suivante le 7 février, celle-ci incluait des plans de réduction du financement pour les programmes intérieurs alloués annuellement (sans inclure la sécurité nationale) pour 214 milliards de dollars sur les cinq prochaines années fiscales. Parmi les programmes intérieurs « discrétionnaires » de cette catégorie figurent les services publics tels que l’éducation, le transport, les anciens combattants, la santé, la protection de l’environnement, la recherche médicale, la sécurité alimentaire et médicamenteuse.
Ces réductions ont été promues comme réponse du gouvernement Bush aux critiques qu’a suscitées la croissance des déficits annuels aux États-Unis et ont été présentées comme un pas en avant pour mettre fin à cette augmentation. Cependant, malgré les importantes réductions proposées pour les dépenses discrétionnaires, le budget du président contribuerait à augmenter les déficits d’après les lois en vigueur, puisque le budget du président propose un grand nombre de réductions bénéficiant de manière disproportionnée aux secteurs aux plus hauts revenus, ainsi que des augmentations dans les dépenses pour la défense et la sécurité nationale.
Le CBPP a commenté que les détails budgétaires sur les montants des réductions proposées pour les programmes spécifiques ont été inclus pour une année fiscale seulement, alors que l’ensemble des restrictions dans ces secteurs budgétaires devait augmenter dans les années futures. Dans les projections budgétaires sur cinq ans utilisées par l’administration, des réductions dans ces secteurs pour l’année fiscale 2006 (la seule année pour laquelle des informations détaillées ont été fournies) ont été proposées et sont de l’ordre de 5%. Mais le rapport commentait que «d’ici 2010, ces réductions atteindraient 16% et seraient donc trois fois plus importantes».
En analysant et en collectant des données issues de documents budgétaires d’appui non publiés que l’OMB avait préparés pour les commissions budgétaires législatives — mais n’avait pas distribués au public — les analystes au CBPP ont pu calculé la taille des réductions anticipées par le gouvernement dans des secteurs spécifiques pour les prochaines années. Grâce à cette analyse, ils ont pu également démontrer les plans de l’exécutif de réductions dans certains secteurs budgétaires et calculer le montant de l’augmentation de ces réductions sur cinq ans. Cela est venu contredire les déclarations de l’exécutif qui affirmait que ces réductions étaient déterminées par l’application d’une formule prédéterminée, et ne résultaient donc pas de décisions prises concernant des priorités de dépenses spécifiques.
Le rapport du CBPP, qui a été publié deux jours seulement après la communication de la proposition budgétaire du président, représentait donc une contribution significative et opportune de la société civile au débat sur les priorités budgétaires du gouvernement.
Pour lire le rapport complet du CBPP “Unpublished Administration Budget Documents Show Domestic Cuts Would Significantly Reduce Funding For Most Public Services,” aller sur: http://www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=2942
Pour davantage d’informations voir le rapport:
“Where Would The Cuts Be Made Under The President’s Budget? An Analysis of Reductions in Education, Human Services, Environment, and Community Development Programs” à l’adresse suivante: http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=1097.
La participation budgétaire des OSC se consolide, Burkina Faso
Le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD), un des cinq projets liés au budget sélectionnés pour recevoir le soutien financier et technique de la “Civil Society Budget Initiative” dans sa première année d’opération, a mis en œuvre un projet d’une année pour former les organisations de la société civile et les citoyens du Burkina Faso sur la participation dans les débats budgétaires publics.
Le CDG a été créé en 2000 par une coalition d’universitaires, de juristes et de dirigeants de la société civile pour promouvoir la bonne gouvernance au Burkina Faso; ses activités actuelles incluent la recherche et l’analyse de politiques publiques, la défense et la formation. L’année dernière, en collaboration avec l’Idasa, le CDG a réalisé une enquête sur la transparence budgétaire qui a mis en lumière le besoin des informations budgétaires sous une forme accessible pour permettre la surveillance citoyenne efficace du gouvernement.
En utilisant les connaissances qu’il a acquises dans son travail sur la transparence, le CDG et son réseau de relations travaillent afin de développer l’habilité des organisations de la société civile à analyser et participer aux processus budgétaires et à la surveillance des PRSP. Tout d’abord, ils ont formé un «réservoir de pensée» travaillant sur la transparence et les questions budgétaires afin d’étudier les opportunités pour la participation budgétaire au Burkina Faso; le groupe de travail incluait 12 représentants d’ONG et des services financiers du gouvernement. Un sous-ensemble du groupe a préparé une analyse du budget national provisoire du gouvernement pour 2005 après la publication du budget en septembre. L’analyse a été présentée à la presse et aux OSC nationales en décembre.
Le CGD et son réseau de relations ont alors développé des modules sur l’analyse budgétaires pour certaines OSC et organisations de base. Ces modules ont constitué une partie des ateliers de deux jours organisés dans sept communes sur une période de deux mois. Chaque atelier incluait un exercice pratique d’analyse d’un budget communal modèle en relation avec le budget national; les participants ont également réalisé un questionnaire pour évaluer le degré d’ouverture et de participation dans la budgétisation communale.
Le CDG va préparer des brochures résumant les ateliers et les distribuer aux OSC, aux autorités publiques, et aux partenaires du réseau. Les brochures ont pour objectif de populariser les modules de formation sur la promotion de l’accessibilité des informations budgétaires, de former les OSC sur les opportunités d’implication dans les processus budgétaires, et de susciter l’intérêt de la communauté et du gouvernement pour ces questions.
Réaction d’une ONG aux États-Unis face au budget fédéral
Chaque année, le premier lundi de février, le président des États-Unis doit présenter au Congrès sa proposition budgétaire pour l’année à venir. Commence alors un cycle de plusieurs mois au cours duquel le Congrès évalue le budget du président, conçoit son propre plan budgétaire, puis se met à voter les projets de loi appropriés qui financent différentes activités gouvernementales. Par ailleurs, le Congrès fait parfois voter une législation qui modifie la loi fiscale ou des programmes individuels tels que Medicare (qui dispense les soins de santé aux personnes âgées), qui ont également un impact budgétaire.
Le “Center on Budget and Policy Priorities” (CBPP) («Centre sur le Budget et les Priorités en matière de Politiques Publiques»), basé à Washington D.C., joue un rôle moteur dans l’évaluation de ces propositions budgétaires et la communication de ses résultats aux décideurs politiques et aux médias. Parmi les tactiques régulièrement employées par le CBPP figurent:
- La réponse rapide: la proposition budgétaire du président consiste en des milliers de pages de chiffres, qui peuvent facilement accabler même le lecteur le plus déterminé. Les membres de la presse et les décideurs politiques doivent s’appuyer sur la description du président de son propre budget à moins qu’ils n’obtiennent une analyse indépendante d’experts non gouvernementaux. C’est ici que le CBPP intervient. Dans les heures suivant la communication du budget par le président, une équipe d’analystes du CBPP se plongent dans ces chiffres et publient un rapport qui répond aux questions telles que: quel est l’impact du budget sur le déficit? Le président a-t-il utilisé des « trucs » pour donner l’illusion que son budget est meilleur qu’il ne l’est vraiment? Quels changements dans la politique fiscale sont-ils proposés? Quels changements politiques significatifs qui affecteraient les personnes aux revenus faibles ou moyens sont proposés?
- L’analyse Etat par Etat et sur l’impact humain: Quand cela est possible, le CBPP essaie de faire plus que de simplement rapporter le montant total en dollars d’un changement politique proposé et décrit l’impact potentiel de la proposition sur des Etats spécifiques et/ou des groupes de gens spécifiques. Par exemple, le CBPP a montré cette année qu’une réduction proposée de un milliard de dollars dans les coupons alimentaires causerait la perte de l’assistance alimentaire pour 200,000 familles. Comme les analyses Etat par Etat et sur l’impact humain peuvent prendre du temps, le CBPP fournit souvent ce type d’analyses comme prolongements de son évaluation du budget initiale sous la forme de « réponse rapide ».
- La mobilisation des médias: Le CBPP organise régulièrement des conférences téléphoniques avec des journalistes de tout le pays pour présenter et débattre autour de l’analyse récemment publiée du CBPP, concernant un thème de l’actualité. Les participants vont des éditorialistes aux producteurs de télévision, en passant par des journalistes de périodiques régionaux. Après une présentation initiale par un expert du CBPP ou d’une autre organisation de recherche, les journalistes ont l’opportunité de poser des questions.
- La communication avec les décideurs politiques et les militants: Pour s’assurer que ses analyses atteignent les décideurs politiques, d’autres organisations à buts non lucratifs, et des militants, le CBPP possède de grandes listes d’adresses électroniques qui permettent d’annoncer les nouvelles publications (qui sont accessibles dans leur intégralité sur le site Internet du CBPP). L’équipe législative du CBPP communique également régulièrement avec des membres essentiels du corps législatif et leurs équipes pour consolider les messages clés des analyses du CBPP.
Nouveautés dans la bibliothèque de l’IBP
Trust in Public Finance: Citizens’ Views on Taxation by Local Authorities in Tanzania
Par “Research on Poverty Alleviation” (REPOA), Dar es Salaam, Tanzanie
Ce rapport de projet résume les opinions des citoyens concernant à la fois les utilisations des revenus fiscaux collectés par les autorités locales en Tanzanie et les procédures utilisées pour collecter et allouer ces revenus; il analyse également les implications de ces résultats en matière de politique publique. Cette note de synthèse fait partie d’une série de résumés faciles à lire des résultats de recherche d’une enquête réalisée dans six conseils en Tanzanie, qui fait elle-même partie d’un projet de recherche sur quatre ans consacré à l’étude de l’impact du programme de réforme du gouvernement local en Tanzanie.
Research on the Current State of PRS Monitoring Systems
Par Henry Lucas, David Evans et Katherine Pasteur avec Robert Lloyd/Institut d’Études de Développement, Université de Sussex
Ce rapport révise la littérature récente sur la surveillance des stratégies de réduction de la pauvreté (PRS) et analyse quatre domaines représentant un défi: les arrangements institutionnels pour la surveillance des PRS, le rôle des organisations non gouvernementales, l’importance de la surveillance de l’implantation et des résultats intermédiaires, et les moyens de mieux diffuser et utiliser les résultats de la surveillance. Concernant le rôle de la société civile dans les systèmes de surveillance gouvernementaux, les auteurs soulignent l’importance de la prise de conscience par les intéressés de la participation de la société civile.
Governance Hybrids: Pro-poor, Rights-based Approaches in Rural Peru
Par Aaron Schneider et Rebeca Zuniga-Hamlin/ Institut d’Études du Développement, Université de Sussex
Ce travail s’intéresse aux formes hybrides de la gouvernance qui sont nées de l’introduction des approches fondées sur les droits pour la réduction de la pauvreté dans des secteurs de pauvreté extrême dans la partie rurale du Pérou.
The Seven Habits of Effective Aid: Best Practices, Challenges and Open Questions
Par Andrew Rogerson et Paolo de Renzio/Overseas Development Institute (ODI)
Ce travail, publié avant le «Haut forum sur l’harmonisation et l’alignement pour l’efficacité de l’aide» organisé à Paris en février, s’intéresse aux défis associés à l’amélioration de l’efficacité de l’aide. Les «sept habitudes de l’aide efficace» qu’il souligne sont: 1) aligner le financement avec les priorités du pays partenaire en matière de politiques publiques, 2) améliorer la prévisibilité de l’aide, 3) s’appuyer sur des systèmes du pays partenaire pour la distribution de l’aide quand cela est possible, 4) augmenter la complémentarité des donateurs en évitant les trop grands fossés ou les chevauchements parmi les initiatives, 5) intensifier et encourager l’action conjointe entre les donateurs et les pays partenaires, 6) assurer la responsabilité mutuelle entre les donateurs et les pays partenaires, 7) renforcer les institutions dans le pays partenaire qui sont nécessaires pour le développement durables du pays.
El presupuesto de defensa en América Latina. La importancia de la transparencia y herramientas para el monitoreo independiente (« Le budget de la défense en Amérique latine. L’importance de la transparence et des outils pour la surveillance indépendant ») (en espagnol)
Par Marcela Donadio (Coordinatrice)/RESDAL
Cette publication fournit, dans un langage simple, les éléments essentiels pour l’analyse des budgets de la défense et les stratégies permettant d’aider les groupes de la société civile ayant pour activité le travail budgétaire. La première partie de l’étude présente l’état actuel des dépenses militaires en Amérique latine. La deuxième partie du travail a pour but d’apporter aux citoyens les outils pour l’analyse des budgets de la défense, en incluant des suggestions pour l’analyse budgétaire et des stratégies pour un travail budgétaire efficace.
Annonces
OFFRE D’EMPLOI AU SEIN DE L’OSI: DIRECTEUR DU “REVENUE WATCH PROGRAM”
L’”Open Society Institute” (OSI) recherche des candidats pour le poste de Directeur du “Revenue Watch Program” («Programme de surveillance des revenus»). L’OSI, fondation privée de distribution de bourses, lance une série d’initiatives pour promouvoir une société ouverte en influençant la politique du gouvernement et en soutenant l’éducation, les médias, la santé publique, les droits de l’homme et de la femme, ainsi que la réforme sociale, législative, et économique. “Revenue Watch” www.revenuewatch.org a été mis en place en 2002 pour améliorer la responsabilisation dans les pays riches en ressources naturelles en mettant aux mains des citoyens, des gouvernements et autres groupes intéressés des informations, des formations, des réseaux et des financements pour améliorer la transparence des revenus et des dépenses du gouvernement.
Le directeur développe la stratégie et met en place des programmes d’assistance financière du Revenue Watch. Le directeur supervise l’équipe, la recherche, les publications et les distributions de bourses, interagit avec des fondations et gère le budget du programme. Le directeur sera chargé de la coordination de toutes les activités de l’OSI liées au Revenue Watch et du réseau des fondations Soros. Le directeur travaillera en coopération étroite avec les partenaires du réseau Soros en Asie centrale, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, et ailleurs sur les initiatives liées à la transparence et à la gestion des sources de revenus, à la surveillance des finances publiques, et à la lutte contre la corruption.
Le poste est basé à New York, avec des voyages fréquents dans les pays où opère actuellement le Revenue Watch. La candidature est présentée au Directeur associé de l’OSI, Anthony Richter, ainsi qu’au Conseil Consultatif. La date limite pour postuler est fixée au 20 mai, veuillez ne pas téléphoner.
LISTSERV DE BUDGETS PARTICIPATIFS
Le Centre de l’Université de Toronto “The Transformative Learning Centre” met en place un groupe de discussion sur les budgets participatifs, une initiative issue de la session “Participatory Budgeting in the Geopolitical North” (« Processus budgétaire participatif dans le Nord géopolitique ») au forum social mondial. Voir:
http://ncdd.org/rc/item/2543.
by soapbox | Mar 1, 2005
CSOs Examine Chad-Cameroon Pipeline Project and Chad Budget Process
Civil society organizations are examining the multibillion-dollar Chad-Cameroon oil pipeline project with the goal of promoting transparency in the use of oil revenues. Chad ranked 142nd out of 145 countries evaluated in the Corruption Perceptions Index prepared by Transparency International, and has the world’s 167th position out of 177 countries evaluated in the human development ranking, according to the United Nations Development Program. The pipeline project has been funded by the International Finance Corporation of the World Bank in order to help reduce poverty.
Successfully distributing Chad’s state oil revenues is of utmost importance to achieving the nation’s poverty-reduction goals, as these revenues make up an increasing share of the national budget. Chad’s total budget in 2004 was approximately $950 million. The nation’s $144 million in oil revenues was more than 15 percent of the government’s total anticipated receipts and approximately 40 percent of non-oil revenues (excluding aid, grants, and loans). Furthermore, oil revenues are expected to grow substantially in the future: experts believe they could exceed non-oil revenues in 2005 and could double by 2007, when the ExxonMobil Consortium’s tax exemption expires.
As Chad’s oil revenues and national budget grow, so does the need to establish transparent governance mechanisms. At the behest of the World Bank, the government established the Petroleum Revenue Management Law (also called “Law 001”) in 1999, which outlined the allocation of direct oil revenues and established a Petroleum Revenue Oversight and Control Committee (commonly called the “Collège”) to oversee the expenditure of oil revenues. Also, government decrees issued in July 2003 established revenue stabilization and sterilization mechanisms and clarified both the functioning of the “Collège” and the spending procedures for the sectors of society on which Chadian human development depends.
“Chad’s Oil: Miracle or Mirage?,” a recent analysis of the implementation of the pipeline project by Ian Gary of Catholic Relief Services (CRS) and Nikki Reisch of the Bank Information Center (BIC), highlighted several weaknesses in Law 001:
- The Collège only has jurisdiction over direct oil revenues. Indirect revenues, such as corporate taxes and custom duties generated by the oil project, are not covered and go directly into ordinary Treasury accounts.
- The law only covers three oils fields in Doba: Boloba, Komé, and Miandoum, even though ExxonMobil will begin production on five new fields in 2005 and soon thereafter.
- The law specifies that 5 percent of direct oil revenues should be allocated to the Doba oil-producing region, but this requirement can be changed by presidential decree five years after the law’s passage (i.e., from 2004 onwards).
Several weaknesses in the Chadian government’s budget process can also impede efforts to ensure that oil revenues are spent efficiently to alleviate poverty. First, elected officials have little time to discuss the budget proposal with their constituencies. Second, no needs assessments or planning discussions take place at the regional or local levels. Chad also lacks the capacity to spend its new revenues promptly because its economy is underdeveloped and its procurement procedures are long and complicated.
Civil society groups are aware of the need to find ways to participate in all stages of the budget process given the lack of transparency throughout the process. According to the Local Permanent Oil Commission (CPPL), a CSO that works in the south of Chad where there are important oil deposits, the budget is not publicly accessible. CPPL states that it is difficult to comment even on the executed budget, since access to budget data is very limited and existing information is not sufficiently disaggregated.
Another obstacle faced by CSOs is that because Chad has little history of budget advocacy work, public officials sometimes feel threatened by civil society interest in the budget. However, parliamentarians are showing growing interest in working with CSOs on the use of public funds. Also, since CSOs are new to budget work, they lack sufficient full-time staff to conduct budget analysis and communicate the results of this analysis to broader audiences.
Despite the challenges of doing budget work in Chad, CSOs such as the Group of Alternative Research and Chad-Cameroon Oil Project Monitoring (GRAMP/TC) have created initiatives to promote transparency of oil revenues. CPPL sees in Law 001 an opportunity to obtain useful information for its work in Doba, where it facilitates meetings between community representatives and villages and has developed regional development plans to address different aspects of the oil project’s impact on the region.
Through the Observatory for the Use of Oil Revenues, GRAMP/TC disseminates government information on budget and oil revenue transfers and publishes a monthly newsletter. GRAMP/TC is also interested in monitoring the allocation of resources to different ministries and in raising awareness inside and outside Chad on the importance of transparency and good governance. Finally, GRAMP/TC intends to develop its budget analysis skills by participating in the elaboration of Poverty Reduction Strategy Papers and the National Strategy for Good Governance, two venues that offer an opportunity to obtain and analyze budget information.
According to Nikki Reisch of the Bank Information Center, “the attention to the transparency and management of oil revenues and the mobilization of civil society around the oil sector could represent an important opportunity to expand public access to and participation in the budget process — monitoring its formulation and execution. However, there is concern that the attention to the oil sector is deflecting attention from the rest of the state budget, and that there is consequently a risk of increased mismanagement of other (non-oil) public funds.”
This and other concerns, such as the need to strengthen citizen participation in the budget through budget literacy and budget advocacy tools at the local level (where civil society networks are already in place), were discussed at an introductory workshop on civil society budget work organized last November by Intermon Oxfam, the Africa Budget Project at Idasa, and the Publish What You Pay coalition. Workshop attendees, including representatives from GRAMP/TC and CPPL, had an opportunity to study the manifold challenges and opportunities ahead for budget work in Chad.
To read “Chad’s Oil: Miracle or Mirage?,” go to:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Chads-Oil-Miracle-or-Mirage.pdf
To read the GRAMP/TC newsletter, go to: http://www.gramptc.org/Activites/bulletin%20000.pdf.
Budget Analysis and Human Rights Meeting, Portugal
The first-ever “Linking and Learning Programme on Budget Analysis and Economic, Social, and Cultural Rights” for human rights activists from around the world was held in Alcochete, Portugal, from 11-19 March. The meeting was hosted and organized by Dignity International in coordination with the International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net), the International Budget Partnership (IBP), Fundar, and the International Human Rights Internship Program. The 19 attendees came from Argentina, Brazil, China, Egypt, Hungary, India, Indonesia, Israel, Kenya, Mexico, Nigeria, Palestine, Portugal, Spain, Thailand, Uganda, and Venezuela.
The goal of the meeting was to provide human rights practitioners with the skills to understand and analyze budgets, so that they can use these skills to strengthen human rights defense and advocacy. Combining budget analysis with human rights creates a powerful tool to promote social justice. Not only does the budget reflect the government’s priorities, but analysis of the allocation of financial resources can uncover discrimination against specific sectors of society or inattention to the fulfillment of economic, social, and cultural rights.
Participants in the ten-day meeting analyzed the budget cycle and the composition of the budget, learned how to adjust figures for inflation and measure changes in variables over time, and conducted human rights analysis and budget analysis of hypothetical case studies.
Participants also discussed the specific projects in which they intend to use the skills they learned. For example, the Argentine group Civil Association for Equity and Justice (ACIJ), which focuses on public services, plans to investigate possible discrimination on the basis of income in the provision of public services. (One example is that trains running to rich neighborhoods have new cars, while those going to poor neighborhoods use old cars that lack air conditioning or are otherwise in poor condition.)
Another participant in the workshop, the Kenyan group Centre for Minority Rights Development (CEMIRIDE), works to ensure that the rights of minority communities of pastoralists and indigenous peoples are identified and protected. CEMIRIDE is part of a working team developing a methodology to enable organizations to monitor the trends of pastoralism in Kenya and suggest appropriate interventions. In 1970 the pastoralist community of Endorois was relocated to smaller, arid areas not suitable for pastoral sustenance; it now faces great food insecurity, high mortality and illiteracy rates, and exclusion from government social and economic programs. In addition, the community has not received the promised compensation for the loss of its land or any benefits from the Lake Bogoria National Park, which now occupies those former lands.
CEMIRIDE is eager to integrate budget analysis into its work. According to CEMIRIDE representative Bill Rutto, “the Portugal training has certainly changed the way I see things in human rights advocacy work. It seems to have suddenly transformed my approach and the way I would assess situations before coming up with concepts. I think the idea of linking budgets to human rights is one strategy that strengthens arguments in a manner authorities would find impossible to counteract.”
South African NGOs React to 2005 Budget Speech
South African NGOs have been critical of 2005 budget presented by Minister of Finance Trevor Manuel in February. The People’s Budget Campaign (an NGO coalition consisting of the Congress of South African Trade Unions, the South African Council of Churches, and the South African National NGO Coalition) and the Institute of Democracy in South Africa (Idasa) released separate statements raising their concerns about issues such HIV/AIDS and its impact on specific populations, including women and children.
Of particular concern to both organizations was the Minister’s omission of HIV/AIDS in the 2005 budget speech. According to the People’s Budget Campaign, previous budget speeches have included an explicit funding commitment for HIV/AIDS, against which actual government spending could then be compared. In addition, Idasa expressed concern about the lack of gender-sensitive plans and programs within the budget to address the inequalities faced by women, who have the country’s highest HIV/AIDS infection rates. Although the 2005 budget gives some consideration to addressing gender inequalities, many such initiatives tend to ignore the vulnerability of women to poverty, unemployment, and exposure to HIV infection.
According to Idasa, government services and funding for vulnerable children fall far short of need because of extensive poverty, structural unemployment, neglect and abuse, disability, and HIV/AIDS. Some of the most urgent needs are:
- The development of standards for early childhood development and other welfare services, which are critical to the protection and development of vulnerable children.
- The development of costing models to provide guidance on how much should be allocated to different services for vulnerable children.
- A clear commitment by the government to fully finance the provision of statutory welfare services for children and an explanation of how the needed funds will be executed.
- Extending the coverage of the Child Support Grant (CSG), now available to children through age 14, to children aged 15-18.
The quality of education and the health sector still remain a challenge affecting vulnerable children, and both People’s Budget Campaign and Idasa were surprised that the 2005 budget addressed the health sector so inadequately. Idasa stated that shortages of staff and management at the district and local levels are undermining HIV/AIDS programs by slowing the provision of health services, including anti-retroviral treatment. The People’s Budget Campaign observed that no money is being allocated to improving the working conditions for health workers.
Furthermore, important steps still must be taken to facilitate the monitoring and analysis of information on health spending. In particular, Idasa recommends that the National Treasury and National Department of Health devise a mechanism to capture and disseminate spending data for every component of HIV/AIDS programs funded by conditional grants.
To read Idasa’s response to the 2005 budget on gender issues, go to:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Gender-and-Budget-2005.pdf
For Idasa’s response on HIV/AIDS, go to:
https://archive.internationalbudget.org/publications/new-allocation-for-arv-treatment-an-analysis-of-20045-national-budget-from-an-hivaids-perspective/
Snapshot of Kazakhstan’s 2005 Budget
In November 2004, the Development of Tax Culture Public Association, in Almaty, Kazakhstan, conducted a comparative analysis of several items in the country’s draft budget for 2005.
The study, conducted with support from the Soros Foundation’s Kazakhstan Revenue Watch program, examined public expenditures in health care, education, social security and welfare, housing and communal services, fundamental and applied research, and the agriculture, water, forest, and fish industries and environmental protection.
Although only 71 percent of the 2004 budget was executed, the 2005 budget (which was adopted by the parliament last November) called for an 11-percent increase in overall expenditures. The government’s decision to spend more on health care and education in 2005 is welcome, considering the number of unresolved problems in these sectors. Given the low level of utilization of public funds in the past, however, the public and the parliament must ensure that these allocated resources are spent as effectively as possible.
Expenditures for the agriculture, water, forest, and fish industries and environmental protection declined by 5 percent in 2005. This reduction raises concerns about the present ecological crisis in many regions of Kazakhstan, though it is not clear whether the reduction reflects a change in government policy on this issue.
The information available is not sufficiently transparent, in that it does not specify how the budget increments will be used. Such details are necessary for these allocations to be monitored. Moreover, it is not possible to determine the extent to which the budget redistributes funds among regional budgets in order to address the problem of unequal regional development.
Snapshot of India’s 2005 Union Budget
In February, India’s United Progressive Alliance (UPA) government issued the Union Budget for 2005-06. Political parties, civil society organizations, grassroots activists, economists, and the general public, have been eager to find out if the UPA government will fulfil the promises made in the National Common Minimum Programme (NCMP) to achieve employment-oriented growth.
The Center for Budget and Governance Accountability (CBGA) observed that the proposed funding increase for rural development, health, and education is welcome, although it is only half of the increase demanded by leftist parties and other progressive sectors. In addition, the introduction of gender budgeting as a separate budget category will make it easier to document development schemes for particular castes and tribes.
Although the budget shows that rural areas and the social sector in general have become higher government priorities, it contains no major increases in budget allocations for the sectors listed as priorities by the NCMP. The budget allocates less to rural housing than last year, and it calls for larger spending increases in defense than in agriculture and related activities.
Moreover, while the rollout of new programs like the National Rural Health Mission is a positive sign, their success still depends on proper implementation and continued funding. According to CBGA, the main reason for this half-hearted attempt to address the problems of the rural poor and social sectors is the prevailing conservative fiscal thinking, as well as the Fiscal Responsibility and Budget Management Act.
To review the Union Budget 2005, go to: http://www.cbgaindia.org/publications_responses_to_union_budgets.php
Decreasing Budget Transparency in the U.S., CBPP
The Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) based in Washington, D.C., released a report in February which documented the omission of detailed information on planned future spending cuts in the budget proposal that President George W. Bush submitted to Congress. The report noted that this was the first U.S. executive budget plan in 16 years to lack this sort of detailed information.
When the President’s Office of Management and Budget (OMB) released its budget proposal for the next fiscal year on February 7, it included plans to cut funding for annually appropriated domestic programs (excluding homeland security), by $214 billion over the next five fiscal years. Examples of domestic “discretionary” programs in this category include public services like education, transportation, military veterans’ health care, environmental protection, medical research, and food and drug safety.
These cuts were promoted as the administration’s response to widespread criticisms of the growing annual budget deficits in the U.S., and were justified as active steps to slow that increase. However, despite the large cuts proposed to domestic discretionary spending, the president’s budget would actually increase deficits relative to current law, since the president’s budget proposes a number of large tax cuts that would disproportionately benefit higher-income Americans, as well as increases to defense and homeland security spending.
CBPP reported that details in the budget on the amounts of proposed cuts to specific programs were included only for one fiscal year, even though the overall cuts to those budget areas were projected to grow deeper in future years. Under the 5-year budget projections used by the administration, cuts in these program areas for fiscal year 2006 (the only year for which detailed information was provided) were proposed in the range of 5 percent. But the report noted that “by 2010, these cuts would reach 16 percent and thus be three times deeper.”
By analyzing and documenting data from unpublished backup budget documents which the OMB had prepared for the legislative budget committees — but had not provided to the public — analysts at CBPP were able to calculate the size of cuts being anticipated by the administration for specific program areas in future years. Through this analysis, they were also able to demonstrate plans by the executive for cuts in specific budget areas and the amount those cuts would increase over five years. This in turn refuted executive claims that these cuts were planned by the application of a predetermined formula, rather than resulting from decisions made on specific spending priorities.
The report by CBPP, which was published only two days after the release of the President’s budget proposal, was thus able to make a significant and timely civil society contribution to the public debate over the administration’s budget priorities.
To read the full CBPP report “Unpublished Administration Budget Documents Show Domestic Cuts Would Significantly Reduce Funding For Most Public Services,” go to: http://www.cbpp.org/cms/index.cfm?fa=view&id=2942
For a detailed follow up report:
“Where Would The Cuts Be Made Under The President’s Budget? An Analysis of Reductions in Education, Human Services, Environment, and Community Development Programs,” go to: http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=1097.
Strengthening CSO Budget Participation, Burkina Faso
The Center for Democratic Governance (CGD), one of five budget-related projects selected to receive financial and technical support from the Civil Society Budget Initiative in CSBI’s first year of operation, has launched a year-long project to educate civil society organizations and citizens in Burkina Faso about participating in public budget debates.
CGD was created in 2000 by a coalition of academics, jurists, and civil society leaders to promote good governance in Burkina Faso; its current activities include research and public policy analysis, advocacy, and training. Last year, in collaboration with Idasa, CGD completed a survey of budget transparency that made clear the need for budget information in an accessible form to permit effective citizen oversight of government.
Using the knowledge gained in its transparency work, CGD and its resource network are working to increase the capacity of local civil society organizations to analyze and participate in budgetary processes and PRSP monitoring. As a first step, they formed a “think tank” working group on transparency and budget issues to study opportunities for budgetary participation in Burkina Faso; the working group included 12 representatives from NGOs and government finance offices. A subset of this group prepared an analysis of the government’s draft national budget for 2005 after the budget’s release in September. The analysis was presented to the press and national CSOs in December.
CGD and its resource network then developed modules on budget analysis for selected CSOs and grassroots organizations. These modules were presented as part of two-day workshops conducted in seven communities over a two-month period. Each workshop included a practical exercise analyzing a model communal budget in relation to the national budget; participants also completed a questionnaire to assess the degree of openness and participation in communal budgeting.
CGD will prepare booklets summarizing the workshops and distribute them to CSOs, public authorities, and network partners. The booklets are intended to popularize the training modules on making budget information accessible, educate CSOs on opportunities for involvement in budget processes, and raise community and governmental awareness about these issues.
How U.S. NGO Reacts to the National Budget
Each year, on the first Monday in February, the President of the United States submits to Congress his budget proposal for the coming year. This begins a several-month cycle in which Congress evaluates the President’s budget, crafts a budget blueprint of its own, and then sets about passing the appropriations bills that fund various government activities. In addition, Congress will sometimes pass legislation that makes changes in tax law or individual entitlement programs such as Medicare (which provides health care for the elderly), which also has a budget impact.
The Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), based in Washington, D.C., plays a leading role in evaluating these budget proposals and communicating its findings to policymakers and the media. Some of the tactics that CBPP regularly employs include:
- Rapid response. The President’s budget proposal consists of thousands of pages of numbers, which can easily overwhelm even the most determined reader. Members of the press and policymakers must rely on the President’s description of his own budget unless they can obtain an independent analysis from non-government experts. This is where CBPP comes in. Within hours of the release of the President’s budget, a team of CBPP analysts plows through these numbers and issues a report that addresses such questions as: What is the impact of the budget on the deficit? Did the President use any tricks to make his budget look better than it really is? What tax policy changes are being proposed? What significant policy changes are being proposed that would affect low- and moderate-income people?
- State-by-state and human impact analysis. Whenever possible, CBPP tries to go beyond simply reporting the overall dollar amount of a proposed policy change and describe the proposal likely impact on specific states and/or specific groups of people. For example, CBPP showed this year that a proposed $1 billion cut in food stamps would cause 200,000 families to lose nutrition assistance. Since state-by-state and human impact analyses can prove time-consuming, CBPP often provides these kinds of analyses as a follow-up to its initial “rapid response” evaluation of the budget.
- Media outreach. CBPP regularly hosts telephone conference calls with journalists from around the country to present and discuss just-released CBPP analysis concerning a topic in the news. Participants range from editorial writers to TV producers to reporters for regional newspapers. After an initial presentation by an expert from CBPP or other research organization, reporters are given an opportunity to ask questions.
- Communicating with policymakers and advocates. To ensure that its analyses reach policymakers, other non-profit organizations, and advocates, CBPP maintains extensive email notification lists to announce new publications (which are posted in their entirety on the CBPP website). CBPP’s legislative team also communicates regularly with key legislators and their staffs to reinforce the key messages in CBPP analyses.
New in the IBP Library
Trust in Public Finance: Citizens’ Views on Taxation by Local Authorities in Tanzania
By the Research on Poverty Alleviation (REPOA), Dar es Salaam, Tanzania
This project brief outlines citizens’ views regarding both the uses of tax revenues collected by local authorities in Tanzania and the procedures used to collect and allocate those revenues; it also discusses the policy implications of these findings. The project brief is one of a series of easily readable summaries of research findings from a survey of six councils in Tanzania, part of a four-year research project to document the impact of the country’s Local Government Reform Program.
Research on the Current State of PRS Monitoring Systems
By Henry Lucas, David Evans, and Katherine Pasteur with Robert Lloyd/Institute of Development Studies, University of Sussex
This report reviews recent literature on monitoring Poverty Reduction Strategies and discusses four challenging areas: the institutional arrangements for PRS monitoring, the role of non-governmental organizations, the importance of monitoring implementation and intermediate outcomes, and how best to disseminate and use the results of monitoring. Regarding the role of civil society in government monitoring systems, the authors emphasize the importance of stakeholders’ awareness of civil society participation.
Governance Hybrids: Pro-poor, Rights-based Approaches in Rural Peru
By Aaron Schneider and Rebeca Zuniga-Hamlin/Institute of Development Studies, University of Sussex
This paper explores the hybrid forms of governance that have resulted from the introduction of rights-based approaches to poverty reduction into areas of extreme poverty in rural Peru.
The Seven Habits of Effective Aid: Best Practices, Challenges and Open Questions
By Andrew Rogerson and Paolo de Renzio/Overseas Development Institute (ODI)
This paper, issued in advance of the “High-Level Forum on Harmonization and Alignment for Aid Effectiveness” held in Paris in February, looks at the challenges associated with improving aid effectiveness. The “seven habits of effective aid” it outlines are: 1) aligning financing with the policy priorities of the partner country, 2) improving the predictability of aid, 3) relying on the partner country’s systems for distributing aid whenever possible, 4) increasing donor complementarity by avoiding major gaps or overlaps among donor initiatives, 5) intensifying and incentivizing joint action between donors and partner countries, 6) ensuring mutual accountability between donors and partner countries, and 7) strengthening the institutions within the partner country that are needed for the country’s sustained development.
El presupuesto de defensa en América Latina. La importancia de la transparencia y herramientas para el monitoreo independiente (The Defense Budget in Latin America: The Importance of Transparency and Independent Monitoring Tools) (in Spanish)
By Marcela Donadio (Coordinator)/RESDAL
This report presents, in simple language, the vital elements of defense budget analysis and strategies to assist civil society groups in doing budget work. The first half of the paper explains the current status of the defense sector in Latin America and highlights important considerations in undertaking defense budget work. The second half of the paper provides citizens with the necessary tools to carry out work on the defense budget, including suggestions for budget analysis and strategies for effective budget work.
Announcements
OSI JOB OPPORTUNITY: REVENUE WATCH PROGRAM DIRECTOR
The Open Society Institute (OSI) seeks candidates to fill the position of director for itsRevenue Watch Program. OSI, a private operating and grant making foundation, implements a range of initiatives to promote open society by shaping government policy and supporting education, media, public health, and human and women’s rights, as well as social, legal, and economic reform. Revenue Watch www.revenuewatch.org was established in 2002 to improve accountability in natural resource-rich countries by equipping citizens, governments and other interested parties with the information, training, networks, and funding to improve transparency of government revenues and expenditures.
The director develops strategy and implements Revenue Watch’s operating and grantmaking programs. The director supervises staff, oversees research, publications and grant-making, interacts with foundations and manages the program’s budget. The director will coordinate all Revenue Watch-related activities of OSI and the Soros foundations network. The director will work in close cooperation with Soros network partners in Central Asia, Africa, Latin America, the Middle East, and elsewhere on initiatives related to resource revenue transparency and management, public finance monitoring, and anti-corruption.
The position is based in New York, with frequent travel to relevant countries where Revenue Watch presently operates. The position reports to OSI’s Associate Director, Anthony Richter, as well as to a Board of Advisors. The deadline to apply is May 20th, please no phone calls.
PARTICIPATORY BUDGET LISTSERV
The Transformative Learning Centre (University of Toronto) is starting a listserv on participatory budgeting, an outgrowth of the session “Participatory Budgeting in the Geopolitical North” at the 2005 World Social Forum. For information about this session, go to: http://ncdd.org/rc/item/2543
