by soapbox | Jan 1, 2005
Nuevo miembro del IBP
Vivek Ramkumar se unió al equipo del IBP en enero 2005. Su tiempo se dividirá entre las áreas de capacitación e investigación sobre transparencia presupuestaria. Vivek ayudará al IBP en la producción de materiales, talleres y métodos para el seguimiento del gasto público y el papel del auditor general o cuerpo supremo de auditoría.
Previamente Vivek trabajaba para la organización hindú MKSS —que introdujo el movimiento del derecho a la información en la India. MKSS es mejor conocida por organizar audiencias públicas en donde comunidades rurales monitorean fondos públicos a nivel local. Vivek también trabajó en una ONG con base en Mumbai — SPARC — misma que es miembro de “Shack/Slum Dwellers International.” Vivek es contador y obtuvo su maestría en la London School of Economics.
Trabajo presupuestario de la sociedad civil en la India
Un nuevo artículo en el periódico hindú Economic & Political Weekly: Vol. 40 No.2 1/8/05 examina la proliferación de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el análisis presupuestario en la India. Los autores Yamini Aiyar y Amitabh Behar argumentan que la existencia de un “déficit democrático” en la India — un estado que ha fallado en sus compromisos por proteger los derechos socioeconómicos de los más marginados – ofrecen un marco idóneo para el activismo de la sociedad civil.
En años recientes, la sociedad civil en la India ha sido testigo del nacimiento de organizaciones que han intentado implementar estrategias innovadoras que combinan la práctica de movilización masiva con la efectiva colaboración con el estado. La investigación aplicada sobre presupuestos representa una estrategia innovadora que le da prioridad a la colaboración estratégica con el estado mediante debates, investigación y análisis y, por ende, ofrece una alternativa a la tradicional acción directa entre la sociedad civil y el estado. Desafortunadamente, los gobiernos nacionales y estatales en la India ofrecen espacios institucionales limitados para las organizaciones de la sociedad civil dentro del proceso presupuestario para poder influir en prioridades fiscales. Es en este contexto que los esfuerzos continuos de intervención por parte de la sociedad civil en el proceso presupuestario han ganado particular relevancia.
El trabajo menciona la labor de varias organizaciones de la sociedad civil involucradas en análisis presupuestario en la India. Incluyendo el esfuerzo pionero de Disha — una ONG en Gujarat que trabaja temas de bienestar tribales — sobre análisis presupuestario aplicado. Otras organizaciones descritas en el artículo incluyen al Centro de Estudios Presupuestarios (CBS) con base en Mumbai derivada de Vidhayak Sansad — un grupo que trabaja para la rehabilitación y capacitación de los trabajadores; el grupo “Tamil Nadu People’s Forum for Social Development” (TNPFSD) con base en Chennai — coalición de 12 grupos de justicia social y, por último, el “Centre for Budget and Policy Studies” (CBPS) de Bangalore. Cada uno de estos grupos ofrece contrastes interesantes en su área de especialización y en el uso de los resultados de sus investigaciones. Éstos y otros grupos han ayudado a fortalecer el combate a la pobreza y crear un espacio para la interacción directa entre grupos activistas y representantes electos.
Los autores, sin embargo, argumentan que el trabajo presupuestario en la India no ha alcanzado su máximo potencial, sobre todo, porque los grupos presupuestarios – al igual que otras organizaciones de la sociedad civil en el país – se han enfocado demasiado en estrategias de documentación y difusión y descuidado su interacción con los medios, gremios académicos y tomadores de decisiones. Los autores sugieren que el activismo presupuestario puede fortalecerse mediante la creación de una red de organizaciones de la sociedad civil involucradas tanto en el trabajo presupuestario como en la acción social.
Para leer este artículo, ir a:
https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Work-in-India-Civil-Societys-Innovative-Experiment-in-Democratic-Engagement-with-the-State.pdf
Semblanza del presupuesto de Zambia 2005
La organización “Civil Society for Poverty Reduction” (CSPR) – una ONG con base en Zambia – exige que la erradicación de la pobreza sea el eje central del presupuesto nacional 2005. La organización ha observado repetidamente el incumplimiento del presupuesto nacional en reorientar el gasto hacia prioridades de reducción de la pobreza.
De acuerdo con CSPR la implementación de las actividades de reducción de la pobreza no debe reducirse a los lineamientos presupuestarios del Programa de Reducción de la Pobreza (PRP); sino que debe de reflejarse a través de por lo menos tres cuartas partes del gasto público. El gobierno no debe de ignorar la estrategia de reducción de la pobreza que fuera puesta en práctica en 2002 y que debe guiar las prioridades de gasto público.
CSPR reconoce la necesidad de un esquema incluyente en la lucha contra la pobreza. No obstante, observa que ciertos sectores merecen particular atención tal como el sector agrícola, ya que ha demostrado su potencial como espina dorsal de la economía de Zambia y representa un medio de subsistencia importante para el país. Al canalizar recursos hacia este sector es necesario darles prioridad a los campesinos, que en su mayoría son mujeres.
2005 es un año crítico para Zambia así como para otros países que luchan por cumplir las metas del milenio (MDGs). El proyecto de Naciones Unidas recientemente lanzado “UN Millennium Project” claramente concluye que los MDGs sólo son alcanzables si los esfuerzos aumentan. CSPR anima al gobierno a presentar políticas concretas para realizar las metas y reducir la pobreza mediante el presupuesto 2005 y aumentar los fondos en inversiones de capital en áreas como la salud, la educación y salubridad y así acercar estos servicios a las comunidades que los necesitan, sobre todo en zonas rurales.
Para mayor información, ir al boletín de prensa.
Boletín sobre derechos humanos y presupuestos, CDES Ecuador
El pasado diciembre, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) con base en Quito, Ecuador, publicó el segundo ejemplar de su boletín Derechos Económicos, Sociales y Culturales para la Acción, que examina las prioridades presupuestarias del gobierno para el 2005. El boletín observa que los ingresos del gobierno provienen de los bolsillos de los ciudadanos y que la transparencia en el uso de fondos públicos – y de las prioridades presupuestarias en general – no sólo es una responsabilidad cívica sino un derecho humano. El boletín explora la relación entre el presupuesto y los derechos económicos, sociales y culturales.
Bajo el título Inversión Social: ¿Un tema de derechos? el boletín aclara algunas imprecisiones sobre los ingresos y egresos del gobierno. Por ejemplo, a pesar de que muchos piensen que la mayoría de los ingresos provienen de la industria petrolera, los ingresos petroleros sólo representan 23 por ciento del total de los ingresos para el 2005. La fuente más importante de ingresos en el 2005 se dio a través de la recaudación fiscal, que representara 50 por ciento (alrededor de $3.7 billones) del presupuesto.
Por el lado de los egresos, Ecuador ha destinado $2.3 billones, casi una tercera parte del presupuesto total al pago de la deuda. Ha destinado 8 por ciento a gasto militar, convirtiendo a Ecuador en el cuarto país de América del Sur que más gasta en defensa en términos de ingresos per capita. En total sólo 23 por ciento del presupuesto está dirigido a gasto social, es decir, salud, educación y bienestar social.
Por su parte, el gobierno afirma que el gasto social es mayor al 23 por ciento. Sin embargo, CDES argumenta que esta afirmación se asa en la clasificación de más de $745 millones destinados a cubrir gastos de instituciones gubernamentales que no forman parte del gobierno central (como el banco central) y $32.2 millones a gasto militar. Además, dice CDES, sólo el 62 por ciento de los fondos que aprueba el Congreso para inversión social son ejecutados. El boletín también explica cómo los ciudadanos pueden participar en el proceso presupuestario.
Monitoreo de ayuda financiera después del maremoto
El monitoreo de ayuda financiera para la reconstrucción después de una catástrofe natural es fundamental para asegurar que la ayuda sea suficiente y se distribuya y gaste con eficiencia. Tras el devastador maremoto que tuviera lugar el pasado mes de diciembre en el sur y sureste asiático, el desarrollo de metodologías para el monitoreo de ayuda es un reto fundamental para organizaciones de la sociedad civil. El trabajo de una red de la sociedad civil en Nicaragua sugiere que el monitoreo efectivo de ayuda financiera es posible.
Después de la destrucción que trajera a Nicaragua el huracán Mitch en 1998, la sociedad civil manifestó su preocupación respecto al manejo de la asistencia internacional por parte del gobierno. Además había rumores sobre la discriminación en la distribución de ayuda con base en preferencias partidarias y religiosas, así como sobre el uso de fondos de ayuda con fines personales. En respuesta a estas acusaciones la red de la sociedad civil – una coalición de organizaciones no gubernamentales Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción decidió coordinar una investigación.
Debido a que el número de comunidades afectadas dificilta medir la distribución de ayuda, “Coordinadora Civil” llevó a cabo una auditoría social sobre las percepciones de las comunidades sobre la distribución de la ayuda. La auditoría fue llevada a cabo mediante encuestas y entrevistas a un total de 10,528 viviendas localizadas en 61 municipios, junto con 179 líderes comunitarios, 48 alcaldes y 82 directores de organizaciones no gubernamentales y gremios profesionales. Las preguntas indagaban cuándo y por quién había sido distribuida la ayuda, cuánto se había distribuido y si la ayuda había sido apropiada en cada caso.
Coordinadora Civil comparó las respuestas con reportes oficiales de los gobiernos e instituciones donantes y del gobierno nicaragüense. El grupo compartió sus resultados con organizaciones y autoridades locales y luego los compartió con oficiales gubernamentales, organizaciones nacionales, la comunidad internacional y los medios.
La auditoría social confirmó la sospecha de la mala administración en la distribución de ayuda. Esto provocó que los medios cubrieran la noticia y que algunos reporteros encontraran información adicional que sustentara los resultados de la auditoría. Al principio el gobierno negó los resultados y después intimidó a aquellos que los presentaron. La auditoría ayudó a formular la base de una serie de investigaciones que dieran lugar al detenimiento en 2003 del entonces presidente Arnoldo Alemán con cargos de lavado de dinero y malversación de fondos.
Es importante que la sociedad civil en zonas afectadas por desastres naturales cuestione lo adecuado de la ayuda y si los donatarios cumplen con sus promesas. Una publicación reciente de Oxfam “Paying the Price: Why Rich Countries Must Invest Now in a War on Poverty” (ver: Nuevos materiales en la página del IBP abajo), indica que la ayuda de países ricos para la reducción global de la pobreza es penosamente limitada. De acuerdo con Oxfam hoy los países ricos ofrecen, en proporción con su ingreso nacional, la mitad de la ayuda que daban en los años sesenta.
Además de la necesidad de aumentar la ayuda, el reporte de Oxfam argumenta que los países ricos necesitan aumentar la calidad y efectividad en los flujos de ayuda si es que se busca reducir los índices de pobreza de manera significativa. Los aumentos en ayuda financiera deben de ir de la mano con mejorías en la distribución de ayuda. Aquí los grupos de la sociedad civil pueden intervenir para ver porqué algunos programas de reducción de la pobreza han fallado y vigilar que la ayuda sea administrada debidamente y llegue a las comunidades que más lo necesiten traduciéndose en servicios sociales de largo plazo.
Otro reporte reciente del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) “An Initial Assessment of the Impact of the Earthquake and Tsunami of December 26, 2004 on South and Southeast Asia” (ver: Nuevos materiales en la página del IBP, abajo) resalta la diferencia entre la cantidad de dinero que prometen los donatarios y los fondos que eventualmente se desembolsan. A principios de enero 2005, entre donatarios bilaterales y multilaterales se había comprometido a dar 5.0 billones de dólares en ayuda relacionada al tsunami. Los donatarios mayores de este esfuerzo son Australia, Alemania, Japón, Estados Unidos, el banco Mundial y Noruega. Sin embargo, el ADB observa que no se sabe cómo es que estas promesas se traducirán en desembolsos reales y cómo se distribuirán entre ayuda de alivio y de reconstrucción.
Oxfam comparte las preocupaciones del ADB sobre si los donatarios cumplirán con las cantidades de ayuda comprometidas. Observa que en el caso del huracán Mitch de América Central los gobiernos prometieron enviar más de $3.5 billones de dólares, mientras que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea comprometieron $5.2 billones de dólares. De acuerdo con Oxfam menos de una tercera parte de estos fondos fueron enviados.
Para leer el reporte preparado por Coordinadora Civil sobre la metodología empleada durante las auditorías sociales, ir a: http://www.ccer.org.ni/files/publicacion/1187122163_publicacion_auditoria_fase1.pdf.
Proyecto sobre presupuestos participativos, BIGS Indonesia
El Instituto Bandung sobre Estudios de Gobernabilidad (BIGS) está coordinando un proyecto sobre oportunidades para un proceso presupuestario participativo en la ciudad de Bandung, en Java del Oeste en Indonesia – mismo que recibe el apoyo técnico y financiero de la Iniciativa Presupuestaria de la Sociedad Civil (CSBI, por sus siglas en inglés). Los objetivos principales del proyecto incluyen aumentar la comprensión del público sobre el proceso presupuestario; aumentar la disposición del público de tomar parte en el proceso presupuestario; institucionalizar la participación pública durante el proceso presupuestario; y aumentar el nivel de participación, transparencia y rendición de cuentas en el presupuesto.
Para cumplir con estos objetivos BIGS ha diseñado diversas actividades incluyendo varios talleres presupuestarios. Recientemente BIGS organizó un taller sobre la discusión del presupuesto antes de ser ejecutado en Bandung Majoralty para el año fiscal 2005. El taller discutió y analizó el documento presupuestario producido por el alcalde de Bandung antes de la aprobación del parlamento local. Este es el primer taller de este tipo que se lleva a cabo en Bandung y se espera que motive la iniciativa de institucionalizar la participación pública en el proceso presupuestario. Asistieron al taller legisladores, autoridades del gobierno, periodistas, activistas de ONGs, investigadores, académicos y el público en general.
BIGS se encuentra planeando otro taller dirigido a líderes en capacitación. Este taller busca ampliar los conocimientos básicos del presupuesto para promover un proceso presupuestario más participativo. A lo largo de tres días los participantes discutirán activamente las fases del proceso presupuestario, el marco legal que respalda al presupuesto, oportunidades de activismo en torno al presupuesto y los retos que impone la corrupción al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
Trabajo presupuestario en Timor del Este
El pasado diciembre el Proyecto Internacional de Presupuesto viajó al Timor del Este, país que recientemente logró su independencia, para una consulta con organizaciones no gubernamentales – grupos de mujeres, grupos anticorrupción, organizaciones ambientales y anti-pobreza, entre otros – sobre su interés en oportunidades de análisis y activismo presupuestario.
Tras una lucha de 25 años Timor del Este obtuvo su independencia de Indonesia en mayo 2002 y ahora enfrenta el importante reto de desarrollar su economía siendo uno de los países más pobres del mundo. Este contexto impone importantes obstáculos para el trabajo presupuestario de la sociedad civil tales como la falta de acceso a información presupuestaria y la naturaleza cerrada del proceso presupuestario. De hecho el ejecutivo no hace pública su propuesta presupuestaria después de discutirla en el legislativo. Los parlamentarios no conducen audiencias públicas sobre el presupuesto y sólo publican el presupuesto una vez que éste se aprueba. ONGs expresaron su preocupación sobre irregularidades en la aplicación de la ley, la falta de rendición de cuentas respecto de las actividades financieras y de gasto de las fuerzas de seguridad y la ausencia de un cuerpo nacional e independiente de auditoría.
Muchas organizaciones no gubernamentales comentaron con el IBP que están particularmente interesadas en garantizar la rendición de cuentas en lo que se refiere a ingresos derivados de la explotación de las industrias extractivas de gas y petróleo. El gobierno recibirá ingresos significativos a raíz de proyectos de gas y aceite en los próximos 15 años aunque aún no se conoce la cantidad debido a la presente disputa marítima con Australia. Los ingresos de las reservas de gas y petróleo del Mar de Timor son críticas para incentivar el desarrollo económico del país.
En su página de internet, la campaña Publish What You Pay Campaign incluye comentarios de ONGs sobre la legislación que el gobierno ha propuesto para concretar los retos en el manejo de los ingresos, que incluye el establecimiento de un fondo petrolero.
Para mayor información, ir a: http://www.publishwhatyoupay.org/es.
Nueva publicación sobre el monitoreo de ingresos derivados del gas y petróleo
El programa “Revenue Watch” del “Open Society Institute” recientemente publicó Siguiendo la pista del dinero. Una guía para supervisar los presupuestos y los ingresos derivados del gas y el petróleo que explica cómo los ciudadanos de países ricos en recursos naturales pueden convertirse en vigilantes efectivos de los ingresos y egresos del gobierno.
La publicación documenta discusiones de un taller llevado a cabo en la Universidad de Europa Central el pasado mes de abril que reunió a un grupo de expertos en monitoreo de presupuestos con grupos de la sociedad civil interesados en monitorear el flujo de ingresos derivados de la explotación de las industrias extractivas. El taller fue organizado por “Revenue Watch” del “Open Society Institute” en colaboración con el “Center for Policy Studies” de la Universidad de Europa Central y el Proyecto Internacional del Presupuesto. El taller buscaba identificar lecciones de seguimiento presupuestario de posible utilidad en el monitoreo de los ingresos de industrias extractivas.
La publicación ofrece una revisión del trabajo de 12 grupos de la sociedad civil expertos en análisis de presupuestos e industrias extractivas. También incluye lecciones sobre prácticas de activismo presupuestario efectivo. Estas lecciones están divididas en las siguientes categorías: análisis, coaliciones presupuestarias, trabajo con los medios y funcionarios públicos. La publicación incluye breves estudios de caso sobre el monitoreo del presupuesto en 12 países desde Azerbaiyán a Perú. Siguiendo la pista del dinero es la primera de una serie de guías que “Revenue Watch” planea publicar para diferentes audiencias — organizaciones no gubernamentales, periodistas, inversionistas y tomadores de decisiones — en un esfuerzo por ayudar a los interesados a promover la transparencia y rendición de cuentas del gobierno.
La publicación está disponible en inglés y en español en la siguiente dirección: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Follow-the-Money-A-Guide-to-Monitoring-Budgets-and-Oil-and-Gas-Revenues.pdf.
Para solicitar una copia impresa en inglés, enviar un mensaje a [email protected].
Red de África del Sur sobre los derechos de los niños y la incidencia presupuestaria
La Red de África del Sur sobre los derechos de los niños y la incidencia presupuestaria también conocida como Imali Ye Mwana, está integrada por miembros de Angola, Mozambique, Sudáfrica, Suazilandia, Zambia y Zimbabue. La red trabaja para promover la distribución y uso eficiente de fondos públicos de los estados para avanzar los derechos de los niños en países de África del Sur a través de investigación y actividades de capacitación.
En marzo 2005 la red tiene programado un taller de análisis presupuestario para equipos de investigación en Suazilandia y Angola que serán facilitados por el Instituto de la Democracia en Sudáfrica (Idasa) junto con colegas peruanos. También en marzo se llevará a cabo un taller de cinco días sobre presupuestos y derechos para todos los miembros de la red.
Anuncio sobre conferencias regionales del IBP
Desde 1997, el Proyecto Internacional de Presupuesto ha organizado cuatro conferencias internacionales (en Estados Unidos, la India, México y Sudáfrica) que reunieron a investigadores de alrededor del mundo interesados en el análisis presupuestario aplicado. A lo largo de los siguientes dos años, el IBP planea estructurar su programa de conferencias alrededor de una serie de conferencias más pequeñas por regiones. Cada uno de estos encuentros regionales se llevará a cabo en colaboración con un socio local o regional y diseñado para reflejar prioridades regionales. Los temas y los talleres serían similares a los de las conferencias internacionales – aunque podrían ser menos – incluirían una sesión introductoria para organizaciones e individuos nuevos en este campo.
Las limitantes en costo y personal son la principal razón por la que el IBP ha tomado esta decisión. Además el formato regional fortalecerá los esfuerzos del IBP por construir redes y vínculos regionales. En algunas regiones se espera estimular a organizaciones para comenzar a hacer trabajo presupuestario, mientras en otras — sobre todo en África y América Latina — el objetivo sería fortalecer y apoyar las redes regionales ya existentes. La experiencia del IBP en talleres introductorios regionales sugiere que conferencias regionales más pequeñas son más susceptibles de promover el intercambio entre participantes y propiciar relaciones duraderas. El llevar a cabo reuniones regionales también le permitirá al IBP llegar a una audiencia mayor, resaltar el trabajo de un mayor número de organizaciones, tanto como anfitriones como presentadores.
La primera conferencia regional para Europa del Este y Asia Central tendrá lugar a finales de abril en Bakú Azerbaiján. La conferencia cubrirá una variedad de temas importantes para promover y avanzar el papel de la sociedad civil en el presupuesto. Se pondrá particular atención al derecho a la información, la transparencia presupuestaria y el monitoreo de recursos derivados de las industrias extractivas.
Nuevos materiales en la página del IBP
An Initial Assessment of the Impact of the Earthquake and Tsunami of December 26, 2004 on South and Southeast Asia
Asian Development Bank (ADB)
Este trabajo examina el impacto del terremoto y maremoto que tuvo lugar en el Océano Índico con base en información disponible hasta el 10 de enero 2005. Analiza las implicaciones económicas del daño físico, considera el impacto económico en relación a previos desastres naturales y presenta un resumen de la asistencia internacional recibida. El ADB concluye que a pesar de que el impacto macroeconómico no es tan grande, el impacto en los índices de pobreza será sustancial ya que pone a casi 2 millones de personas en riesgo de caer en la pobreza extrema. También predice que las recientes mejoras en áreas como la disciplina fiscal y disponibilidad de instituciones le ayudarán a Asia a lograr su recuperación.
Paying the Price: Why Rich Countries must Invest Now in a War on Poverty
Oxfam International
Aquí se expone una investigación de la reciente ayuda brindada a países en vías de desarrollo. Oxfam argumenta que si el apoyo financiero de países ricos no aumenta los países en vías de desarrollo no serán capaces de cumplir con las metas de desarrollo del milenio para 2015. Se advierte que el aumento de ayuda debe de ir acompañado por mejoras en la distribución de la misma y reducciones en las condiciones impuestas por donatarios. Los gobiernos de países pobres también deben de mejorar su desempeño y rendición de cuentas. Por parte de la coalición ‘Global Call for Action Against Poverty’, Oxfam ofrece recomendaciones detalladas a miembros del Comité de Asistencia y Desarrollo de la OCDE, el Banco Mundial, el FMI y los gobiernos de países en vías de desarrollo.
Governance: Institutional Policy Frameworks for Risk Reduction
United Nations Development Program, Bureau for Crisis Prevention and Recovery (UNDP/BCPR); Prevention Consortium Secretariat; United Nations Human Settlements Program (UN-HABITAT); United Nations Volunteers (UNV)
Este borrador preparado para la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres revisa distintas facetas de gobernabilidad y ofrece una perspectiva sobre cómo la buena gobernabilidad y efectiva distribución de recursos reduce el riesgo de desastres. Concluye ofreciendo recomendaciones generales para gobiernos nacionales y locales sobre cómo mejorar la gobernabilidad y minimizar el riesgo de desastres. El reporte subraya que el cumplimiento de estas recomendaciones depende de que todas las instituciones adopten prácticas participativas.
Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals
Por Jeffrey Sachs/UN Millennium Project
Con base en el trabajo conducido por más de 250 expertos en desarrollo este reporte – dividido en cuatro partes – ofrece un plan para cumplir con las metas del milenio (MDGs) antes del 2015. En la primera parte se habla de la importancia de los MDGs y se da una explicación sobre los avances para cumplir con las metas. En la segunda parte, se ofrecen recomendaciones a ser implementadas a nivel nacional. En la tercera parte, se presenta una guía sobre el apoyo que debe brindar el sistema internacional a los procesos nacionales. La cuarta parte analiza los costos y beneficios de cumplir con las metas del milenio. El capítulo 7 se enfoca en el tema de gobernabilidad y sugiere métodos para promover la transparencia y redición de cuentas en el gasto público subrayando el papel clave de los gobiernos locales, la sociedad civil, el parlamento, el sector privado y las agencias multilaterales.
by soapbox | Jan 1, 2005
Nouvel associé du programme IBP
Vivek Ramkumar a rejoint le “International Budget Partnership” en janvier 2005 en tant qu’associé du programme. Le temps de sa présence au sein de l’IBP sera divisé entre la formation et des recherches sur la transparence budgétaire. Vivek assistera l’IBP dans la production de matériaux et la formation sur les méthodes de surveillance des dépenses et sur le travail de l’auditeur général ou l’institution suprême d’audit.
Vivek a travaillé précédemment avec MKSS, l’ONG qui a initié le mouvement pour le Droit de Savoir en Inde. MKSS est connue pour ses forums d’auditions publiques innovants, au sein desquels les communautés rurales surveillent les dépenses budgétaires locales. Il a également travaillé avec SPARC, une ONG basée à Mumbai qui fait partie de “the Shack/Slum Dwellers International.” Vivek est comptable qualifié et a obtenu son Master à la “London School of Economics.”
Travail budgétaire de la société civile en Inde
Un nouvel article dans la revue indienne Economic & Political Weekly: Volume 40 No.2 1/8/05 étudie la multiplication des organisations de la société civile en Inde qui s’engagent dans la recherche budgétaire appliquée. Ecrit par Yamini Aiyar et Amitabh Behar, l’article explique que l’existence d’un « déficit démocratique » en Inde – en d’autres termes, l’échec du gouvernement à assurer les droits socio-économiques des citoyens marginalisés – a posé les fondations pour le développement de l’activisme de la société civile.
Ces dernières années, des jeunes organisations de la société civile en Inde ont essayé d’implanter des stratégies innovantes qui combinent la mobilisation de masse et un dialogue efficace avec le gouvernement. La recherche budgétaire appliquée fait partie de ces stratégies. En se concentrant sur l’engagement stratégique avec l’Etat à travers le débat, la recherche, et l’analyse, la recherche budgétaire appliquée fournit une alternative à l’action directe, la forme traditionnelle de la relation entre l’Etat et la société civile. Malheureusement, les gouvernements nationaux et étatiques en Inde ont libéré un espace institutionnalisé très limité permettant les organisations de la société civile d’influencer les priorités fiscales à travers le processus budgétaire. C’est dans ce contexte que les efforts persistants de la société civile pour intervenir dans le processus budgétaire ont pris de l’importance.
Le rapport se penche sur plusieurs organisations de la société civile importantes impliquées dans l’analyse budgétaire en Inde. Sont inclus le travail pionnier de Disha (une ONG à Gujarat qui travaille sur le bien être tribal), le Centre d’Etudes Budgétaires basé à Mumbai (une filiale de Vidhayak Sansad, une organisation travaillant pour la réhabilitation et la formation des travailleurs), le Forum pour le Développement Social du peuple Tamil Nadu basé à Chennai (une coalisation de 12 organisations travaillant pour la justice sociale), et le Centre d’Etudes Budgétaires et Politiques basé à Bangalore. Ces quatre groupes fournissent des contrastes intéressants dans leurs domaines d’intérêt et l’utilisation des résultats de leurs recherches. Ces groupes, ainsi que d’autres, ont aidé à renforcer la défense des politiques publiques en faveur des pauvres et à créer un espace pour une interaction directe entre les groupes de défense et les représentants élus.
Les auteurs expliquent cependant que le travail budgétaire en Inde n’a pas exploité tout son potentiel, premièrement parce que les groupes budgétaires – tels que d’autres organisations de la société civile dans le pays – n’ont pas prêté assez d’attention aux stratégies de documentation et de diffusion et aux liens avec des organisations étrangères de la société civile. Ceci a limité leur interaction avec les médias, les universitaires, et les décideurs politiques, en affaiblissant leur impact. Les auteurs suggèrent que la défense budgétaire peut être renforcée à travers la création d’un réseau d’organisations de la société civile engagées à la fois dans le travail budgétaire et l’action sociale. Pour lire l’article, aller sur https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Work-in-India-Civil-Societys-Innovative-Experiment-in-Democratic-Engagement-with-the-State.pdf.
Aperçu du budget 2005 de la Zambie
La “Civil Society for Poverty Reduction” (CSPR), une organisation nongouvernementale basée en Zambie, a demandé que l’élimination de la pauvreté soit le thème du budget national pour 2005. La CSPR a observé à plusieurs reprises l’échec du budget dans la réorientation des dépenses vers les priorités nationales de réduction de la pauvreté.
La CSPR explique que le gouvernement devrait utiliser la stratégie de réduction de la pauvreté qui a été mise en place en 2002 pour guider ses priorités budgétaires. Les activités de réduction de la pauvreté ne devraient pas être limitées aux lignes budgétaires du Programme de Réduction de la Pauvreté mais devraient, selon la CSPR, se refléter dans au moins trois quarts des dépenses budgétaires.
La CSPR reconnaît le besoin d’adopter une approche holistique pour combattre la pauvreté. Cependant, certains secteurs de l’économie requièrent une attention particulière. L’agriculture, par exemple, a le potentiel suffisant pour être l’épine dorsale de l’économie zambienne et devenir une source de subsistance pour de nombreux Zambiens. En canalisant les ressources dans ce secteur, le gouvernement doit porter davantage d’attention au soutien des petits fermiers, qui sont pour la plupart des femmes.
2005 est une année très importante pour la Zambie, comme pour d’autres pays essayant de remplir les objectifs de développement du millénaire. Un rapport du Projet du Millénaire lancé récemment par les Nations Unies conclut que les objectifs sont atteignables, mais seulement si les pays en question intensifient leurs efforts. La CSPR encourage le gouvernement de la Zambie, dans son budget pour 2005, à présenter des engagements concrets de politique publique pour la réalisation des MDG et la réduction de la pauvreté, et à augmenter les allocations pour les investissements dans la santé, l’éducation, l’eau et la salubrité pour rendre ces services essentiels plus proches de la population (tout spécialement dans les zones rurales).
Pour davantage d’informations, aller sur le bulletin de presse.
Droits de l’homme et bulletin budgétaire, CDES Équateur
En décembre 2004, le Centre pour les Droits Économiques et Sociaux de l’Équateur (CDES) a publié le deuxième numéro de son bulletin intitulé Economic, Social, and Cultural Rights for Action (Droits économiques, sociaux et culturels pour l’action), qui étudie les priorités budgétaires du gouvernement fédéral équatorien pour 2005. Observant que les revenus gouvernementaux proviennent des poches des citoyens et que la transparence dans l’utilisation de ces revenus (et dans les priorités budgétaires en général) n’est pas seulement une responsabilité civique mais un droit humain, le bulletin explore la relation entre le budget et les droits économiques, sociaux et culturels.
Intitulé « ¿Inversión Social: Un Tema de Derechos? » (Investissement social: une affaire de droits?), le bulletin clarifie certaines idées fausses sur les revenus et dépenses du gouvernement. Bien que beaucoup croient que la majorité des revenus provient de l’industrie nationale du pétrole, par exemple, ces revenus issus du pétrole ne représentent que 23% des revenus totaux en 2005. La plus grande source de revenus en 2005, ce sont les contribuables, qui participeront à 50% du total (soit à peu près 3.7 milliards de dollars).
Concernant les dépenses, l’Équateur a consacré 2.3 milliards de dollars, presque un tiers du budget total, aux remboursements de ses dettes. Il a consacré également 8% à la défense, ce qui fait de l’Équateur le quatrième pays consacrant le plus de dépenses à la défense par personne en Amérique du Sud. Seuls 23% du budget sont dirigés aux dépenses sociales, telles que la santé, l’éducation et le bien-être social.
Le gouvernement déclare que les dépenses du secteur social sont supérieures à 23%. Mais comme le CDES le montre, cette déclaration s’appuie sur la prise en compte de plus de 745 millions de dollars consacrés aux institutions gouvernementales qui ne font pas partie du gouvernement central (telles que la banque centrale) et de 32.2 millions de dollars dans la dépense pour les forces armées. En outre, seuls 62% des fonds que Congrès destine à l’investissement dans le secteur social sont réellement dépensés, observe le CDES. Le bulletin explique aussi comment les citoyens peuvent participer au processus budgétaire.
Surveillance de l’aide financière liée au Tsunami
La surveillance de l’aide financière pour la reconstruction après un désastre naturel est cruciale pour s’assurer que les flux d’aide sont suffisants, dirigés et dépensés de manière efficace. Au lendemain du tsunami dévastateur dans l’Asie du Sud et du Sud-est, le développement de méthodologies pour surveiller les flux d’aide est un défi primordial pour les organisations locales de la société civile. Le travail d’une coalition de la société civile au Nicaragua suggère qu’une surveillance efficace des flux d’aide par la société civile est possible.
Après le désastre issu du cyclone Mitch en 1998 au Nicaragua, la société civile s’est intéressée à la gestion gouvernementale des aides internationales. En outre, des rumeurs circulaient sur une présumée discrimination dans la distribution de l’aide, basée sur des préférences partisanes ou religieuses et sur l’utilisation des fonds d’aide à des fins personnelles. En guise de réponse, le réseau local de la société civile «Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstruccion» a décidé d’effectuer des recherches sur ces déclarations.
Le grand nombre de communautés affectées rendant l’évaluation de la distribution de l’aide difficile, «Coordinadora Civil» a entrepris un audit social sur les perceptions des communautés de la distribution de l’aide. L’audit a été réalisé à l’aide d’enquêtes et d’interviews sur un total de 10,528 foyers situés dans 61 municipalités, ainsi que 179 chefs de communautés, 48 maires, et 82 directeurs d’organisations non gouvernementales, et associations. On a demandé aux enquêtés quand et par qui l’aide avait été délivrée, quelle somme d’argent avait été distribuée, et si l’aide avait été appropriée pour chaque situation.
«Coordinadora Civil» a comparé ces réponses aux rapports officiels d’institutions et de gouvernements donateurs et du gouvernement nicaraguayen. Le groupe a partagé les résultats de sa comparaison avec des organisations locales et les autorités et a alors informé les hauts responsables gouvernementaux, les organisations nationales, la communauté internationale, et les médias.
L’audit social a confirmé l’accusation selon laquelle la distribution de l’aide avait mal été gérée. Cette conclusion a conduit les médias à couvrir le sujet, et les journalistes ont trouvé des informations supplémentaires confortant les résultats de l’audit. Le gouvernement a tout d’abord contesté les résultats, et a commencé à intimider ceux qui les présentaient; l’audit a par conséquent aidé à constituer les bases des recherches qui ont conduit à l’emprisonnement en 2003 de l’ancien président Arnoldo Alemán pour blanchiment d’argent et malversations de fonds.
Il est également important pour la société civile dans les zones touchées par le désastre d’interroger le caractère adéquat de l’aide et de s’assurer que les donateurs respectent leurs promesses de dons. Par exemple, une publication récente d’Oxfam intitulée “Paying the Price: Why Rich Countries Must Invest Now in a War on Poverty” (« Payer le prix: pourquoi les pays riches doivent investir maintenant dans une guerre contre la paix », voir: Nouveautés dans la bibliothèque de l’IBP), indique que l’aide des pays riches pour la réduction globale de la pauvreté est encore aujourd’hui honteusement faible. Selon Oxfam les pays riches fournissent aujourd’hui autant d’aide financière, en proportion de leur revenu national, que dans les années 1960.
Le rapport d’Oxfam explique que les pays riches donateurs doivent non seulement augmenter l’aide, mais aussi sa qualité et son efficacité si l’on veut réduire la pauvreté de manière significative. Les augmentations de l’aide peuvent et doivent se faire parallèlement à des améliorations dans leur distribution. Sur ce point des groupes de la société civile pourraient intervenir en examinant pourquoi certains programmes de réduction de la pauvreté ont échoué, et en implantant des mécanismes pour vérifier que l’aide est gérée de façon appropriée et vise les communautés qui en ont le plus besoin pour assurer les services sociaux sur le long terme.
Un autre rapport récent réalisé par la Banque Asiatique de Développement (ADB) “An Initial Assessment of the Impact of the Earthquake and Tsunami of December 26, 2004 on South and Southeast Asia” (« Une évaluation anticipée de l’impact du tremblement de terre et du tsunami du 26 décembre 2004 dans l’Asie du Sud et du Sud-Est », voir: Nouveautés dans la bibliothèque de l’IBP) met en lumière la différence entre le montant de fonds promis par les donateurs et les fonds effectivement déboursés. Au début de janvier 2005, les donateurs bilatéraux et multilatéraux ont promis 5 milliards de dollars d’aide. Les plus grands donateurs ont été l’Australie, l’Allemagne, le Japon, les Etats-Unis, la Banque mondiale, et la Norvège. Cependant, l’ADB souligne qu’on ne sait pas comment ces promesses se traduiront en donations effectives et comment elles seront distribuées entre l’aide aux victimes et la reconstruction.
Oxfam partage les préoccupations de l’ADB concernant le fait que les donateurs ne déversent pas finalement les montants totaux de l’aide promise. Dans le cas de l’ouragan Mitch en Amérique centrale, les gouvernements avaient promis d’envoyer plus de 3.5 milliards, tandis que la Banque mondiale, le Fonds Monétaire International, et l’Union européenne avaient promis 5.2 milliards de dollars. D’après Oxfam moins d’un tiers de ces fonds ont été effectivement délivrés.
Pour lire un rapport en espagnol préparé par «Coordinadora Civil» sur la méthodologie utilisée durant les audits sociaux, aller sur: http://www.ccer.org.ni/files/publicacion/1187122163_publicacion_auditoria_fase1.pdf.
Projet de budget participatif, BIGS Indonésie
L’Institut d’Etudes sur la Gouvernance de Bandung (BIGS) conduit un projet sur le processus de budget participatif à Bandung City, dans l’ouest de Java en Indonésie. Les principaux objectifs du projet, qui reçoit le soutien financier et technique de la «Civil Society Budget Initiative» (CSBI), sont d’améliorer la compréhension publique du processus budgétaire (et la volonté d’y participer), d’institutionnaliser la participation du public dans le processus budgétaire, et d’étendre la participation, la transparence et la responsabilité budgétaires.
Afin d’atteindre ces objectifs, le BIGS a conçu plusieurs activités, notamment des ateliers d’analyse budgétaire. Plus récemment, le BIGS a organisé un atelier pour discuter autour du budget provisoire de la Bandung Majoralty pour l’année fiscale 2005. Les participants de l’atelier, dont faisaient partie des députés, des hauts fonctionnaires, des journalistes, des membres d’ONG, des chercheurs, des universitaires, et des citoyens, ont analysé le document budgétaire réalisé par le maire avant l’approbation du parlement local. Cet atelier fut le premier de ce type à Bandung, et BIGS espère qu’il aidera à institutionnaliser la participation publique dans le processus budgétaire.
BIGS organise également un atelier d’alphabétisation budgétaire pour aider les participants à comprendre comment ils peuvent prendre part au processus budgétaire. Trois jours durant, les participants vont discuter des phases du processus budgétaire, du cadre légal qui soutient le budget, des opportunités pour la défense budgétaire, et des défis causés par la corruption et qui doivent être surmontés pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels.
Opportunités de surveillance budgétaire dans le Timor de l’Est
En décembre 2004, des membres de l’IBP se sont rendus dans le Timor-Leste, pays nouvellement indépendant, pour s’entretenir avec des organisations non gouvernementales – des groupes de femmes, des groupes de lutte contre la corruption, des organisations environnementales, des groupes de lutte contre la pauvreté, et d’autres encore – à propos de leur intérêt dans la défense et l’analyse budgétaire.
Timor-Leste a gagné son indépendance de l’Indonésie en mai 2002 après une lutte de 25 années et affronte aujourd’hui un important défi de développement économique, étant l’un des pays les plus pauvres au monde. Ce contexte pose des difficultés significatives pour le travail budgétaire de la société civile telles que le manque d’accès public à l’information budgétaire et la fermeture du processus budgétaire. En fait, le pouvoir exécutif ne met pas sa proposition à la disposition du public après en avoir débattu au sein du Parlement. Les parlementaires ne tiennent pas d’audience publique sur le budget, et rendent le document budgétaire public une fois qu’il est approuvé. Les ONG ont également exprimé leurs préoccupations concernant des irrégularités dans l’application de la loi, le manque de responsabilités pour les dépenses et les activités financières des forces de sécurité, et l’absence d’un office d’audit national indépendant.
Beaucoup d’organisations non gouvernementales ont déclaré à l’IBP qu’elles étaient particulièrement intéressées par le fait d’assurer une responsabilité pour les revenus issus du développement des ressources en gaz et en pétrole du pays. Le gouvernement recevra des revenus significatifs issus des projets sur le pétrole et le gaz sur les quinze prochaines années, bien que le montant reste incertain du fait des disputes concernant les limites maritimes avec l’Australie. Les revenus issus des réserves de pétrole et de gaz de la mer du Timor sont essentiels pour relever les défis de développement du pays.
Sur son site Internet, la “Publish What You Pay Campaign” a récemment publié les commentaires des ONG sur la législation que le gouvernement a proposé de mettre en place afin de relever les défis que comporte la gestion de ces revenus, notamment l’établissement d’un fond pétrolier.
Pour davantage d’informations, aller sur: http://www.publishwhatyoupay.org/fr.
Nouvelle publication sur la surveillance des revenus issus du pétrole et du gaz
Le programme “Revenue Watch” de “The Open Society Institute” vient juste de publier Follow the Money: A Guide to Monitoring Budgets and Oil and Gas Revenues, («Le suivi de l’argent: Un guide pour la surveillance des budgets et des revenus issus du gaz et du pétrole»), qui explique comme les citoyens de pays aux ressources riches peuvent devenir des surveillants efficaces des gains et des dépenses du gouvernement.
La publication s’appuie sur des discussions tenues lors d’un atelier organisé dans l’Université Centrale Européenne en avril 2004, qui a rassemblé un groupe de 12 organisations expérimentées dans la surveillance budgétaire avec des groupes de la société civile qui commencent à surveiller les revenus issus de l’industrie extractive. L’atelier a été organisé par Revenue Watch à l’”Open Society Institute” en partenariat avec le Center for Policy Studies à l’Université Centrale Européenne et l’International Budget Partnership. L’objectif de cet atelier était de définir les leçons tirées de la surveillance budgétaire qui peuvent se révéler utiles pour la surveillance des revenus issus de l’industrie extractive.
La publication offre un panorama du travail de la société civile sur les budgets et les revenus issus de l’industrie extractive. Elle contient également une longue discussion sur les leçons pour une défense efficace tirées de 12 expériences de groupes budgétaires. Ces leçons sont divisées en catégories: l’analyse, la coalition budgétaire, le travail avec les médias, et les relations avec les fonctionnaires publics. La publication inclut de courtes études de cas sur la surveillance des revenus dans 12 pays de l’Azerbaïdjan au Pérou. Follow the Money est le premier d’une série de guides que le “Revenue Watch” prévoit de publier pour des publics différents – des organisations non gouvernementales, des journalistes, des investisseurs et des décideurs politiques – afin d’aider les personnes impliquées à promouvoir la transparence et la responsabilité gouvernementales.
Pour voir la publication anglais et en espagnol, aller sur https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Follow-the-Money-A-Guide-to-Monitoring-Budgets-and-Oil-and-Gas-Revenues.pdf.
Pour recevoir une copie papier en anglais, envoyer un message à [email protected].
Réseau de défense budgétaire des droits de l’enfant en Afrique du Sud
A travers la formation d’une coalition, la formation, et la recherche, le réseau de défense budgétaire des droits de l’enfant promeut une distribution et une utilisation efficace des ressources gouvernementales pour assurer les droits de l’enfant dans les pays d’Afrique du Sud. Le réseau (également connu sous le nom Imali Ye Mwana) inclut des membres provenant de l’Angola, du Mozambique, d’Afrique du Sud, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe.
En mars 2005, le réseau prévoit d’organiser un atelier d’analyse budgétaire pour des chercheurs provenant du Swaziland et de l’Angola, réalisé avec l’aide de l’Institut pour la Démocratie en Afrique du Sud (Idasa) et des collègues du Pérou. Egalement en mars, le réseau prévoit d’organiser un atelier de cinq jours sur les budgets et les droits pour les membres du réseau.
Annonce des conférences régionales de l’IBP
Depuis 1997, l’IBP a organisé quatre conférences principales (en Inde, en Afrique du Sud, au Mexique et aux Etats-Unis) qui ont rassemblé des chercheurs du monde entier partageant un intérêt pour le travail budgétaire appliqué. Durant les deux prochaines années, l’IBP prévoit de structurer son programme de conférence autour d’une série de plus modestes conférences régionales. Chacune de ces rencontres régionales serait accueillie par un partenaire local ou régional et conçue pour refléter les priorités régionales. Les thèmes et ateliers seraient similaires (même si peut-être moins nombreux) que ceux des plus grandes conférences, et incluraient une session introductrice pour les organisations et individus nouveaux dans le domaine.
Les coûts et les besoins en personnel sont une des raisons pour lesquelles l’IBP a pris cette décision. En outre, l’organisation de conférences régionales plutôt que globales permettrait de consolider les efforts de l’IBP pour développer les réseaux et partenariats régionaux. Dans plusieurs régions l’IBP espère motiver les organisations et les encourager à entreprendre un travail budgétaire, alors que dans d’autres – particulièrement en Afrique et en Amérique latine – le but serait de renforcer et de soutenir les réseaux régionaux existants. L’expérience de l’IBP avec les ateliers régionaux introductifs suggère que des conférences régionales plus modestes sont davantage susceptibles d’encourager la constitution de réseaux, les échanges et de promouvoir les relations durables. L’organisation d’un certain nombre de rencontres régionales permettra également à l’IBP d’obtenir une plus grande audience et de mettre en lumière le travail d’un plus grand nombre d’organisations, autant en tant qu’hôte que présentateur.
La première conférence régionale aura lieu à Baku, en Azerbaïdjan pour les pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale à la fin du mois d’avril. La conférence couvrira un grand nombre de sujets importants pour la promotion et le progrès du rôle de la société civile dans le processus budgétaire. Un accent particulier sera porté au droit à l’information, à la transparence budgétaire, et à la surveillance des revenus issus de l’industrie extractive.
Nouveautés dans la bibliothèque de l’IBP
An Initial Assessment of the Impact of the Earthquake and Tsunami of December 26, 2004 on South and Southeast Asia
(«Une évaluation anticipée de l’impact du tremblement de terre et du tsunami du 26 décembre 2004 dans l’Asie du Sud et du Sud-Est»)
Banque de développement asiatique (ADB)
Ce document évalue l’impact global du tremblement de terre dans l’océan Indien et du tsunami qui lui a fait suite en s’appuyant sur les informations disponibles le 10 janvier 2005. Il analyse les implications économiques des dégâts physiques causés par le désastre, évalue l’impact économique en comparaison des désastres naturels précédents, et élabore un résumé sur l’assistance internationale promise. L’ADB conclut que, bien que l’impact macroéconomique du tsunami soit limité, son impact sur la pauvreté sera substantiel, étant donné que le désastre a mis deux millions de personnes au bord de l’extrême pauvreté.
Paying the Price: Why Rich Countries Must Invest now in a War on Poverty
(«Payer le prix: Pourquoi les pays riche doivent investir maintenant dans une guerre contre la pauvreté»)
Oxfam International
Ce rapport se penche sur l’aide actuelle aux pays en développement et explique que sans une augmentation significative des contributions des pays riches, les pays en développement ne seront pas en mesure d’atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire d’ici 2015. Il explique également que les augmentations de l’aide doivent être accompagnées par des améliorations dans la distribution de l’aide et des réductions dans les mesures de conditionnalité imposées par les donateurs. Les gouvernements receveurs, en contrepartie, doivent faire des progrès du point de vue de l’efficacité et de la responsabilité. Au nom du “Global Call for Action Against Poverty” coalition, Oxfam fait certaines recommandations détaillées aux membres donateurs du Comité d’Assistance au Développement de l’OCDE, à la Banque Mondiale et au FMI, ainsi qu’aux gouvernements des pays en voie de développement.
Governance: Institutional Policy Frameworks for Risk Reduction
(«Gouvernance: cadres de politique publique institutionnels pour la réduction des risques»)
Programme des Nations Unies pour le Développement, Bureau pour la prévention et la résolution des crises (UNDP/BCPR); Secrétariat du consortium pour la prévention; Programme pour les règlements humains des Nations Unies (UN-HABITAT) ; United Nations Human Settlements Program (UN-HABITAT); Volontaires des Nations Unies (UNV)
Elaboré pour la conférence mondiale sur la réduction des désastres en janvier 2005, ce document étudie comment une bonne gouvernance et une allocation efficace des ressources peuvent réduire le risque de désastres et limiter leurs effets. Il formule des recommandations générales pour l’amélioration des aspects de la gouvernance liés à la réduction des risques de désastre dirigé aux gouvernements locaux et nationaux, à la communauté internationale, à la société civile, et au secteur privé. Le rapport souligne que les gouvernements devraient encourager la société civile à participer aux politiques publiques de gestion des risques.
Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals
(«Investir dans le développement: Plan pratique pour atteindre les objectifs de développement du millénaire»)
Par Jeffrey Sachs/Projet du Millénaire des Nations Unies
Fondé sur le travail de plus de 250 professionnels mondiaux du développement, ce rapport offre un plan pratique pour la réalisation des objectifs de développement du millénaire avant la date limite de 2015. Le document décrit l’importance de ces objectifs et résume les progrès des différents pays, recommande certaines étapes que les pays peuvent emprunter pour atteindre les objectifs et que le système international peut lui aussi adopter pour soutenir les pays, et analyse les coûts et avantages de la réalisation de ces objectifs. Le chapitre 7 s’intéresse plus particulièrement à la question de la gouvernance et suggère des méthodes pour la promotion de la transparence et la responsabilité dans les dépenses publiques, en mettant en lumière les rôles clés que les gouvernements locaux, la société civile, le parlement, le secteur privé, et les agences multilatérales doivent jouer.
by soapbox | Jan 1, 2005
New IBP Program Associate
Vivek Ramkumar joined the Center’s International Budget Partnership in January 2005 as a program associate. His time in the IBP will be divided between training and budget transparency research. Vivek will assist the IBP in producing materials and training on expenditure tracking methods and on the work of the auditor general/supreme audit institution.
Vivek previously worked with MKSS, the NGO that pioneered the Right to Know movement in India. MKSS is best known for its innovative public hearing forums, at which village communities track local budget expenditures. He has also worked with SPARC, a Mumbai-based NGO that is part of the Shack/Slum Dwellers International. Vivek is a qualified chartered accountant and holds a master’s degree from the London School of Economics.
Civil Society Budget Work in India
A new article in the Indian journal Economic & Political Weekly: Volume 40 No.2 1/8/05 examines the proliferation of civil society organizations in India that engage in applied budget research. Written by Yamini Aiyar and Amitabh Behar, the article argues that the existence of a “democratic deficit” in India — in other words, the government’s failure to secure the socioeconomic rights of marginalized citizens — laid the foundation for civil society activism.
In recent years, newly established civil society organizations in India have attempted to devise innovative strategies that combine mass mobilization and effective engagement with the government. Applied budget research is one such strategy. By focusing on strategic engagement with the state through debate, research, and analysis, applied budget research provides an alternative to direct action, the traditional form of engagement between the state and civil society. Unfortunately, national and state governments in India provided very limited institutionalized space for civil society organizations to influence fiscal priorities through the budget process. It is in this context that civil society persistent efforts to intervene in the budget process have gained significance.
The report looks at several prominent civil society organizations involved in budget analysis in India. They include the pioneering work of Disha (an NGO in Gujarat that works on tribal welfare), the Mumbai-based Center for Budget Studies (an off shoot of Vidhayak Sansad, an organization working for the rehabilitation and training of bonded laborers), the Chennai-based Tamil Nadu People’s Forum for Social Development (an umbrella organization representing 12 social justice organizations), and the Bangalore-based Centre for Budget and Policy Studies. These four groups provide interesting contrasts in their areas of focus and the utilization of their research findings. These and other groups have helped strengthen pro-poor policy advocacy and create space for direct interaction between advocacy groups and elected representatives.
The authors argue, however, that budget work in India has not reached its potential, primarily because budget groups — like other civil society organizations in the country — have paid insufficient attention to documentation and dissemination strategies and their linkages with broader civil society organizations. This has limited their interaction with the media, academics, and policy makers, weakening their impact. The authors suggest that budget advocacy can be strengthened through the creation of a network of civil society organizations engaged in both budget work and social action.
To read the article, click here.
Snapshot of Zambia’s 2005 Budget
The Civil Society for Poverty Reduction (CSPR), a non-governmental organization based in Zambia, has demanded that poverty eradication be the theme of the 2005 national budget. CSPR has repeatedly observed the budget’s failure to reorient expenditures in line with national poverty-reduction priorities.
CSPR argues that the government should use the poverty-reduction strategy that was put in place in 2002 to guide its budget priorities. Poverty-reduction activities should not be restricted to Poverty Reduction Program budget lines but should be reflected through at least three-quarters of budget expenditures, CSPR states.
CSPR recognizes the need to take a holistic approach to fighting poverty. However, some sectors of the economy require special attention. Agriculture, for example, has the potential to be the backbone of the Zambian economy and provide a source of livelihood for many Zambians. In channeling resources to this sector, the government needs to pay more attention to supporting small-scale farmers, most of whom are women.
2005 is a critical year for Zambia, as for other countries attempting to achieve the Millennium Development Goals. A report by the recently launched UN Millennium Project concludes that the goals are achievable, but only if the countries in question intensify their efforts. CSPR encourages the Zambian government, in its 2005 budget, to present concrete policy pronouncements for achieving the MDGs and reducing poverty, and to increase allocations for capital investments in health, education, water, and sanitation to bring these critical services closer to the people (especially in rural areas).
For more information, go to the press release.
Human Rights and Budget Newsletter, CDES Ecuador
In December 2004, Ecuador’s Center for Economic and Social Rights (CDES) published the second issue of its Economic, Social, and Cultural Rights for Action newsletter, which examines the Ecuadorian government’s federal budget priorities for 2005. Noting that government revenue comes from citizens’ pockets and that transparency in the use of that revenue (and in budget priorities generally) is not only a civic responsibility but a human right, the newsletter explores the connection between the budget and economic, social, and cultural rights.
Entitled “Social Investment: A Matter of Rights?” the newsletter clarifies some misconceptions about government revenues and expenditures. Although many believe that the majority of revenues come from the national oil industry, for example, oil revenues will account for just 23 percent of total revenues in 2005. The largest revenue source in 2005 is taxpayers, who will contribute 50 percent (roughly $3.7 billion) of the total.
On the expenditure side, Ecuador has allocated $2.3 billion, almost one-third of the total budget, to debt repayments. It has allocated another 8 percent to defense, making Ecuador the fourth-highest-spending country in South America on defense in per capita terms. Only 23 percent of the budget is intended for social spending, such as health, education, and social welfare.
The government claims that social sector expenditure is greater than 23 percent. But as CDES points out, this claim is based on the classification of more than $745 million in spending for government institutions that are not part of the central government (such as the central bank) and $32.2 million in spending for the armed forces. Moreover, only 62 percent of the funds that Congress approves for social sector investment are actually spent, CDES observes. The newsletter also explains how citizens can participate in the budget process.
Monitoring Tsunami-related Financial Aid
Monitoring financial aid for relief and reconstruction after a natural disaster is crucial in ensuring that aid flows are sufficient, targeted effectively, and spent efficiently. In the aftermath of the devastating tsunami in South and South-East Asia, developing methodologies to monitor aid flows is a critical challenge for local civil society organizations. The work of a civil society coalition in Nicaragua suggests that effective civil society monitoring of aid flows is possible.
Following the devastation in Nicaragua wrought by hurricane Mitch in 1998, civil society was concerned with the government’s management of the resulting international aid flows. In addition, there were rumors about discrimination in the delivery of aid based on party or religious preferences and about the use of aid funds for personal purposes. In response, a local civil society network “Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción” decided to investigate these claims.
Because the large number of affected communities made it difficult to measure the distribution of aid, “Coordinadora Civil” undertook a social audit of communities’ perceptions of aid delivery. The audit was carried out through surveys and interviews with a total of 10,528 households located in 61 municipalities, along with 179 community leaders, 48 mayors, and 82 directors of non-governmental organizations, and associations. Interviewees were asked when aid had been delivered and by whom, how much had been delivered, and whether the aid had been appropriate for each situation.
Coordinadora Civil compared these responses to official reports from donor governments and institutions and the Nicaraguan government. The group shared its findings with local organizations and authorities and then informed government officials, national organizations, the international community, and the media.
The social audit confirmed the charge that aid distribution had been mismanaged. This finding spurred the media to cover the issue, and reporters found additional information supporting the audit’s results. The government first denied the findings, then began harassing those who presented them; the audit subsequently helped form the basis for investigations that led to the 2003 imprisonment of former president Arnoldo Alemán for money laundering and embezzlement.
It is also important for civil society in disaster-affected areas to question the adequacy of aid and whether donors follow through on their promises. For instance a recent Oxfam publication “Paying the Price: Why Rich Countries Must Invest Now in a War on Poverty” (see: New in the IBP Library below), indicates that rich country aid to global poverty reduction is still shamefully small. According to Oxfam rich countries today provide half as much aid, as a proportion of their national income, as they did in the 1960s.
In addition to increasing aid, the Oxfam report argues that rich-country donors need to increase the quality and effectiveness of aid flows if poverty is to be significantly reduced. Increases in aid budgets can and must go hand-in-hand with improvements in the way that aid is delivered. Here civil society groups could intervene by examining why some poverty reduction programs have failed and by implementing mechanisms to oversee that aid is managed appropriately and targets the communities that need it most to ensure long-term social services.
Another recent report released by the Asian Development Bank (ADB) “An Initial Assessment of the Impact of the Earthquake and Tsunami of December 26, 2004 on South and Southeast Asia” (see: New in the IBP Library below) highlights the difference between the amount of funds pledged by donors and those funds eventually disbursed. By early January 2005, bilateral and multilateral donors had pledged 5.0 billion dollars in tsunami related aid. The largest donors in this effort were Australia, Germany, Japan, United States, World Bank, and Norway. However, the ADB observes that it is not known how these pledges will translate into actual disbursement and how the pledges will be distributed between relief and reconstruction aid.
Oxfam shares ADB’s concerns that donors might not in fact disburse the total amounts of aid promised. In the case of hurricane Mitch in Central America, governments promised to send more than US$3.5 billion, while the World Bank, International Monetary Fund, and the European Union pledged US$5.2 billion. According to Oxfam less than a third of these funds were actually delivered.
To read a report in Spanish prepared by “Coordinadora Civil” on the methodology used during the social audits go to: http://www.ccer.org.ni/files/publicacion/1187122163_publicacion_auditoria_fase1.pdf.
Participatory Budget Project, BIGS Indonesia
The Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) is conducting a project on the participatory budget process in Bandung City, West Java Indonesia. The main goals of the project, which receives financial and technical support from the Civil Society Budget Initiative (CSBI), are to increase public understanding of (and willingness to participate in) the budget process, institutionalize public participation in the budget process, and expand budget participation, transparency, and accountability.
To achieve these goals, BIGS has designed several activities, including budget analysis workshops. Most recently, BIGS organized a workshop to discuss the pre-enacted budget of the Bandung Majoralty for fiscal year 2005. Workshop attendees, who included legislators, government officials, journalists, NGO activists, researchers, scholars, and citizens, analyzed the budget document produced by the mayor of Bandung before the local parliament’s approval. This was the first workshop of its kind in Bandung, and BIGS hopes it will help institutionalize public participation in the budget process.
BIGS is also designing a budget literacy workshop to help participants understand how they can become part of the budget process. Over the course of three days, participants will discuss the phases of the budget process, the legal framework that supports the budget, opportunities for budget advocacy, and the challenges that corruption poses to the fulfillment of economic, social, and cultural rights.
Budget Monitoring Opportunities in East Timor
In December 2004, staff of the International Budget Partnership traveled to the newly independent country of Timor-Leste to consult with nongovernmental organizations – women groups, anticorruption groups, environmental organizations, poverty alleviation groups, and others – about their interest in budget analysis and advocacy.
Timor-Leste gained independence from Indonesia in May 2002 after a 25-year-long struggle and now faces the important challenge of economic development being one of the poorest countries in the world. This context poses significant difficulties for civil society budget work such as the lack of public access to budget information and the closed nature of the budget process. In fact, the executive does not make its budget proposal available to the public after tabling it in the legislature. Parliamentarians do not hold public hearings on the budget, and only make the budget document public once it is approved. NGOs also expressed concerns about procurement irregularities, the lack of accountability for the expenditures and financial activities of the security forces, and the lack of an independent national auditing office.
Many nongovernmental organizations told IBP that they are particularly interested in ensuring accountability for revenues from the development of the country’s oil and gas resources. The government will receive significant revenues from oil and gas projects over the next 15 years, although the amount remains uncertain due to maritime boundary disputes with Australia. Revenues from the Timor Sea oil and gas reserves are critical for the country’s development challenges.
On its website, the Publish What You Pay Campaign has recently highlighted NGO comments on legislation the government has proposed to meet the challenges of managing these revenues, including the establishment of an oil fund. For more information, go to: http://www.publishwhatyoupay.org/.
New Publication on Monitoring Oil and Gas Revenues
The Open Society Institute’s Revenue Watch program has just issued Follow the Money: A Guide to Monitoring Budgets and Oil and Gas Revenues, which explains how citizens of resource-rich countries can become effective monitors of government earnings and expenditures.
The publication documents discussions at a workshop held at the Central European University in April 2004, which brought together a group of 12 experienced budget monitoring organizations with civil society groups that are starting to monitor extractive industry revenue flows. The workshop was organized by Revenue Watch at the Open Society Institute in partnership with the Center for Policy Studies at Central European University and the International Budget Partnership. The aim of the workshop was to identify the lessons from budget monitoring that can be useful in monitoring extractive industry revenues.
The publication provides an overview of civil society work on budgets and extractive industry revenues. It also provides an extensive discussion of lessons for effective advocacy from 12 experiences budget groups. These lessons are divided into categories: analysis, budget coalition, working with the media, and dealing with public officials. The publication includes short case studies of budget and revenue monitoring in 12 countries from Azerbaijan to Peru. Follow the Money is the first in a series of guides that Revenue Watch plans to publish for different audiences — nongovernmental organizations, journalists, investors, and policymakers — in an effort to help these stakeholders promote government transparency and accountability.
The publication is available in English and Spanish at https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Follow-the-Money-A-Guide-to-Monitoring-Budgets-and-Oil-and-Gas-Revenues.pdf.
To request a hard copy in English, send a message to [email protected].
Southern Africa Child Rights Budget Advocacy Network
Through coalition formation, capacity building, and research, the Southern Africa Child Rights Budget Advocacy Network promotes the effective allocation and utilization of government resources to advance the rights of the child in southern African countries. The network (also known as Imali Ye Mwana) includes members from Angola, Mozambique, South Africa, Swaziland, Zambia, and Zimbabwe.
In March 2005, the network plans to hold a budget analysis workshop for researchers from Swaziland and Angola, to be facilitated by the Institute for Democracy in South Africa (Idasa) and colleagues from Peru. Also in March, the network plans to hold a five-day workshop on budgets and rights for members of the network.
IBP Regional Conferences Announcement
Since 1997, the International Budget Partnership has organized four major conferences (in India, South Africa, Mexico, and the USA) that brought together researchers from around the world with an interest in applied budget work. Over the next two years, the IBP plans to structure its conference program around a series of smaller, regional conferences. Each of these regional meetings would be hosted by a local or regional partner and designed to reflect regional priorities. The topics and workshops would be similar to (if perhaps fewer in number than) those at the larger conferences, and would include a beginners’ track for organizations and individuals new to the field.
Cost and staffing constraints are one reason why the IBP made this decision. In addition, holding regional rather than global conferences would enhance IBP’s efforts to emphasize regional partnerships and networking. In some regions IBP hopes to stimulate organizations to begin budget work, while in others — particularly Africa and Latin America — the goal would be to strengthen and support existing regional networks. The IBP experience with regional introductory workshops suggests that smaller regional conferences are more likely to encourage networking and shared learning among participants and promote lasting relationships. Holding a number of regional meetings will also enable the IBP to reach a larger audience and highlight the work of a larger number of organizations, both as hosts and as presenters.
The first regional conference will take place in Baku, Azerbaijan for Eastern European and Central Asian countries in late April. The conference will cover a range of topics important to promoting and advancing civil society’s role in the budget process. There will be special emphasis on the right to information, budget transparency, and monitoring revenue from the extractive industries.
New in the IBP Library
An Initial Assessment of the Impact of the Earthquake and Tsunami of December 26, 2004 on South and Southeast Asia
Asian Development Bank (ADB)
This paper assesses the overall impact of the earthquake in the Indian Ocean and the subsequent tsunami based on information available as of January 10, 2005. It analyzes the economic implications of the physical damage caused the disaster, considers the economic impact in relation to previous natural disasters, and summarizes the international assistance pledged. The ADB concludes that though the tsunami’s macroeconomic impact will be slight, its impact on poverty will be substantial, as the disaster put nearly 2 million people at risk of becoming deeply impoverished.
Paying the Price: Why Rich Countries Must Invest now in a War on Poverty
Oxfam International
This report investigates current aid to developing countries and argues that without a significant increase in the contributions from rich countries developing countries will not be able to achieve the Millennium Development Goals by 2015. It also contends that increases in aid must be accompanied by improvements in the delivery of aid and reductions in the conditionality measures imposed by donors. Recipient governments, in turn, must improve their performance and accountability. On behalf of the “Global Call for Action Against Poverty” coalition, Oxfam offers detailed recommendations to donor members of the OECD’s Development Assistance Committee, the World Bank and the IMF, and governments of developing countries.
Governance: Institutional Policy Frameworks for Risk Reduction
United Nations Development Program, Bureau for Crisis Prevention and Recovery (UNDP/BCPR); Prevention Consortium Secretariat; United Nations Human Settlements Program (UN-HABITAT); United Nations Volunteers (UNV)
Drafted for the January 2005 World Conference on Disaster Reduction, this paper examines how good governance and effective resource allocation can reduce the risk of disasters and mitigate their effects. It offers general recommendations on improving aspects of governance related to disaster risk reduction for national and local governments, the international community, civil society, and the private sector. The report stresses that governments should encourage civil society to participate in risk management policies.
Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals
By Jeffrey Sachs/UN Millennium Project
Based on the work of more than 250 of the world’s leading development practitioners, this report offers a practical plan for achieving the Millennium Development Goals by the 2015 deadline. The paper describes the importance of the MDGs and summarizes countries’ progress to date, recommends steps that countries can take to meet the MDGs and that the international system can take to support these countries, and analyzes the costs and benefits of achieving the MDGs. Chapter 7 focuses on the issue of governance and suggests methods for promoting transparency and accountability in public expenditures, highlighting the key roles that local governments, civil society, parliament, the private sector, and multilateral agencies must play.
