Newsletter No. 24 – Spanish

Análisis presupuestario para reducir la mortalidad materna

El pasado mes de noviembre la ONG mexicana Fundar y el IBP llevaron a cabo en la ciudad de México una conferencia denominada “Diálogo exploratorio sobre el trabajo presupuestario como herramienta para fortalecer los esfuerzos nacionales e internacionales para la reducción de la mortalidad materna.

La conferencia se llevó a cabo en colaboración con “Population Council”, “Family Care International”, “the Averting Maternal Mortality Project”, “the Partnership for Safe Motherhood and Newborn Health”, y con el apoyo de la Fundación MacArthur. Los objetivos eran investigar los vínculos entre el trabajo presupuestario y las iniciativas para atender la mortalidad materna, establecer un diálogo entre expertos de los dos ámbitos y examinar la posibilidad de utilizar el análisis presupuestario para enfrentar a la mortalidad materna.

La conferencia comenzó con presentaciones sobre mortalidad materna y análisis presupuestario aplicado por Lynn Freedman, director del proyecto “Averting Maternal Death and Disability” de la Universidad de Columbia y el director del IBP Warren Krafchik. El primer día también hubo una mesa de discusión con el Congreso Mexicano en donde se dieron cita legisladores, funcionarios del sector salud y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar ideas e información sobre la experiencia de México en este tema. Durante la discusión, Fundar presentó el estudio de caso El presupuesto público y la mortalidad materna en México: Seguimiento al programa Arranque Parejo en la Vida (APV), que presenta un análisis presupuestario del programa mexicano para la reducción de la mortalidad materna.

Durante el segundo día hubo dos sesiones sobre tres de los principales retos al enfrentar la mortalidad materna que incluyen: la obtención de recursos humanos e infraestructura para ofrecer cuidado profesional; el asegurar equidad en el acceso a servicios de salud a todos los niveles del gobierno; y brindar servicios de manera eficiente. Las discusiones revisaron estudios de caso sobre mortalidad materna en Ecuador, India, Indonesia, México, Nigeria y Uganda.

La conferencia concluyó con la discusión de una futura colaboración entre grupos de la sociedad civil que trabajan con presupuestos y aquellos que se enfocan en la mortalidad materna. En el corto plazo el IBP y “The Partnership for Safe Motherhood” prepararán estudios de caso para ser presentados en el lanzamiento del reporte anual de la Organización Mundial de la Salud en la India durante el mes de abril. En el largo plazo, se planea continuar con estudios nacionales para comprender el vínculo entre las finanzas públicas y la mortalidad materna.

Para leer el reporte de Fundar The Public Budget and Maternal Mortality in Mexico: An Overview of the Experience, ir a: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/The-Public-Budget-and-Maternal-Mortality-in-Mexico-An-Overview-of-the-Experience.pdf.

 


 

Monitoreo de ingresos gubernamentales en Bolivia

Con apoyo de la Iniciativa Presupuestaria de la Sociedad Civil (CSBI, por sus siglas en inglés) tres organizaciones de la sociedad civil boliviana reunieron fuerzas para establecer un proyecto para el monitoreo de los ingresos gubernamentales. En la primera fase se busca examinar el desequilibrio en los ingresos del gobierno derivados del sector de hidrocarburos (gas y petróleo). Los grupos que participan en esta investigación son el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de Cochabamba, y Coordinadora de la Mujer con base en la Paz.

CEDLA que ha realizado análisis presupuestario por más de una década está conduciendo una iniciativa nacional para movilizar aportaciones de diferentes sectores al proceso presupuestario nacional. Investigadores de CESU han estado directamente involucrados en cuestiones relacionadas a la privatización y finanzas públicas.

Los ingresos del gobierno de Bolivia han cambiado drásticamente desde que se implementaron las reformas estructurales de mediados de los años ochenta que privatizaron las industrias extractivas de la nación. Previamente más de tres cuartos de los ingresos públicos provenían de las recaudaciones derivadas del gas y petróleo. En la actualidad aproximadamente tres cuartos de los ingresos públicos provienen de impuestos a los consumidores y salarios. Al mismo tiempo, las compañías petroleras están en su apogeo debido al descubrimiento de depósitos de gas natural.

El nuevo proyecto de monitoreo está pendiente del proceso de privatización iniciado en 1994 y de la puesta en práctica de mecanismos judiciales y fiscales para el control de precios que favorezcan las ganancias de corporaciones multinacionales a costa del endeudamiento del estado y de la presión fiscal sobre la población. Además, existe la preocupación de que el gobierno implemente cambios regulatorios para atraer inversión extranjera, muchas veces, a costa de la habilidad pública para influenciar o monitorear las actividades del sector extractivo y los recursos públicos que generan.

Con base en muchos años de investigación económica y de vínculos cercanos con organizaciones sociales CEDLA y CESU comenzarán fortaleciendo su capacidad de investigación para desarrollar los estudios de caso sobre los ingresos de compañías de gas y petróleo. Al mismo tiempo, las dos organizaciones discutirán los métodos y resultados que consigan. Una vez que los estudios se completen se llevará a cabo una campaña de información encabezada por Coordinadora de la Mujer para construir capacidad pública y participar en discusiones de ingresos y legislación.

 


 

Conversación con el IFAI sobre el acceso a información del presupuesto en México

Juan Pablo Guerrero es uno de los cinco comisionados del Instituto Federal para el Acceso a la Información Pública (IFAI).

¿Qué es el IFAI y cuál es su misión?

Con base en la ciudad de México, IFAI es la autoridad federal que supervisa el cumplimiento de la Ley para el Acceso a la Información Pública y la Transparencia. IFAI es responsable de proteger el derecho del acceso a la información, investigar negativas a peticiones de información, es decir, cuando una dependencia gubernamental no satisface el pedido de información de un ciudadano; y proteger la información personal en manos de funcionarios públicos. IFAI es libre de decidir sobre su operación interna y define sus propias necesidades financieras.

¿De qué manera colabora el IFAI con organizaciones de la sociedad civil OSCs interesadas en promover el acceso a la información pública?

IFAI ha colaborado con OSCs interesadas en actividades tales como capacitación, asistencia técnica, y difusión de información. Además IFAI cuenta con un programa que ha dado respuesta a las solicitudes de 105 OSCs, 41 grupos políticos nacionales, 23 compañías, 20 instituciones académicas, 5 consultorías y 38 organizaciones tales como sindicatos.

El IFAI también lleva a cabo reuniones periódicas con OSCs interesadas en utilizar el acceso a la información pública para fortalecer su trabajo en temas de derechos humanos, género y análisis presupuestario y medio ambiente. Estas OSCs que incluyen a DECA, Equipo Pueblo y a la coalición ambiental Iniciativa de Acceso México, han demostrado un compromiso real para promover la transparencia y el acceso a la información pública.

Para promover la discusión sobre temas de transparencia y acceso a la información el IFAI lleva a cabo un concurso nacional de ensayo. El primer año el tema fue “México entra en la era de transparencia.” Los ensayos ganadores fueron compilados en una publicación.

¿Cuáles son algunos ejemplos de casos presentados al IFAI?

La información presupuestaria es una obligación de transparencia y debe de estar disponible en las páginas de internet de las dependencias gubernamentales. Esta obligación sólo se aplica a información reciente; las partidas presupuestarias de administraciones anteriores no se encuentran disponibles en internet. Sin embargo y a pesar de que la información no es vigente ésta sigue siendo pública y muchas de las solicitudes al IFAI tienen que ver con el acceso a información presupuestaria de años fiscales anteriores.

Con frecuencia, los pedidos de información presupuestaria también ocurren cuando se necesita información más detallada de la que ofrecen los medios oficiales. Otras solicitudes se dan cuando las dependencias de gobierno no cumplen con las obligaciones de transparencia estipuladas en la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia.

¿Qué cambios se han implementado para mejorar el acceso a la información del presupuesto?

La Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia establece obligaciones de transparencia para la operación de las instituciones públicas, tales como sus presupuestos internos, salarios y beneficios, concesiones, permisos y contratos, subsidios, auditorías y mecanismos de participación ciudadana. El Artículo 7 de la ley establece que todos los cuerpos de gobierno deben de tener esta información disponible en sus páginas de internet.

En septiembre 2003, IFAI lanzó una serie de criterios para medir el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en cinco rubros: finanzas internas, marcos regulatorios, toma de decisiones a nivel nacional, relaciones entre el gobierno y el público en general y organización interna.

¿Cómo responde el IFAI al movimiento internacional para mayor acceso a la información del gobierno?

Para aprender de las experiencias exitosas en otros países y dar a conocer los logros de México en esta área, IFAI colabora con organizaciones internacionales que promueven el acceso a la información. El IFAI también ha establecido una importante relación con varias organizaciones en países de América Latina para ofrecer asistencia técnica en este tema.

El IFAI está organizando la tercera conferencia internacional sobre el acceso a la información dirigida a representantes de gobiernos, ONGs, organizaciones internacionales y otras instancias similares al IFAI. La conferencia promoverá la idea de que el acceso a la información puede cambiar la vida de las personas, la impartición de servicios públicos y mejorar el desempeño del gobierno. Los participantes explorarán ejemplos alrededor del mundo en donde el acceso a la información haya servido para estudiar casos de corrupción gubernamental.

Además, hemos firmado dos acuerdos en Perú (uno con el gobierno regional de Lambayeque y otro con la organización Proética) para ayudar a Perú a implementar su ley sobre el acceso a la información. También se está discutiendo un acuerdo similar con Ecuador.

Para conocer más sobre el IFAI ir a: http://www.ifai.org.mx.

Otros recursos sobre el acceso a la información pública se pueden encontrar en la página del IBP en la siguiente dirección:

AMÉRICA DEL NORTE

Freedominfo.org

Esta página fue iniciada por Thomas S. Blanton, director del “National Security Archive” de la Universidad de George Washington. Esta página ofrece mejores prácticas, estrategias de incidencia y reportes sobre campañas vigentes alrededor del mundo para promover el libre acceso a la información. Incluye información sobre cómo las leyes para el libre acceso a la información fueron escritas e implementadas, incluyendo cómo han funcionado varias provisiones en la práctica.

ASIA

Campaña Nacional para el Derecho a la Información, “National Campaign for People’s Right to Información”

La campaña busca asegurar que las instituciones y agencias en la India, tanto dentro como fuera del gobierno operen de manera transparente. Esta página ofrece información sobre las leyes del derecho a la información en la India y otros países, así como datos de la más reciente campaña de monitoreo de las elecciones y diversas publicaciones sobre transparencia.

EUROPA

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Con socios en 30 países esta ONG con base en Londres representa una campaña global que apoya el derecho a la libertad de opinión y expresión. La campaña conduce investigación y actividades de incidencia para la libertad de información. En su página de internet se ofrecen novedades sobre sus programas regionales y un manual sobre la libertad de expresión.

AFRICA

Centro para la Democracia Abierta “Open Democracy Advice Centre (ODAC)”

El Centro apoya la libertad de información en Sudáfrica. Se encarga del monitoreo de la implementación de la nueva ley de información y brinda consejo legal a individuos en busca de información. ODAC también ofrece capacitación sobre la ley de información y apoya a instituciones públicas y privadas en el desarrollo de información y en dar a conocer sus políticas y procedimientos.

 


 

Entrevista con Aruna Roy sobre el derecho a la información

Aruna Roy es cofundadora de “Mazdoor Kisan Shakti Sangathana” (MKSS), organización dedicada a fortalecer los procesos de democracia participativa y combatir colectivamente la explotación de los campesinos y trabajadores rurales en Rajastán, India.

1. Qué ha hecho MKSS para mejorar la apertura en la información presupuestaria (como por ejemplo el uso de fondos públicos y la transferencia de recursos del gobierno federal a los gobiernos locales)

MKSS es una organización sin afiliaciones políticas que no se enfoca directamente en el trabajo de presupuestos y trabaja para apoyar a los trabajadores y campesinos en las regiones rurales del estado de Rajastán. Todos los asuntos y campañas en los que MKSS se ha involucrado han tenido su origen en demandas de estos grupos.

La campaña por el derecho a la información, por ejemplo, comenzó como respuesta a que los trabajadores estaban recibiendo salarios por debajo de lo establecido para proyectos públicos. Cuando los funcionarios fueron interrogados al respecto, negaron los hechos pero también se negaron a presentar los comprobantes oficiales que supuestamente justificaban sus pagos a los trabajadores. MKSS respondió con el lanzamiento de una campaña que demandara el acceso a información oficial. Cuando MKSS obtuvo los registros de los proyectos e involucró a comunidades de campesinos en el seguimiento y vigilancia de gastos, se puso de manifiesto la naturaleza sistémica de la corrupción en la India.

Lo objetivos del movimiento por el derecho a la información, sin embargo son mucho más amplios que sólo oponerse a la corrupción. El movimiento demanda transparencia y rendición de cuentas por parte de todas las instancias públicas y demanda que los ciudadanos se involucren activamente en la planeación gubernamental. El movimiento demanda que los ciudadanos — especialmente los más pobres — reciban una justa porción de gobernabilidad.

2. De qué manera interactúa MKSS con grupos de base para mejorar su habilidad de comprensión de información presupuestaria. Qué esfuerzos existen para fortalecer a las comunidades rurales con herramientas de alfabetización presupuestaria.

MKSS es un movimiento de campesinos en Rajastán Central. Como dije anteriormente, MKSS no realiza análisis presupuestario en el sentido tradicional. No obstante, mucho del trabajo de MKSS tienen que ver con la ejecución de los fondos públicos por parte de agencias gubernamentales.

Haciendo uso de la ley sobre el derecho a la información de la India, MKSS ayuda a comunidades a obtener datos en manos del gobierno y presenta la información de manera que sea de fácil comprensión para el público en general. Asimismo esta información se distribuye entre residentes del área en donde se ha reportado el gasto de fondos. Este proceso culmina en una audiencia pública en la que los residentes y los funcionarios públicos discuten la precisión de los datos del proyecto.

Dicho proceso ayuda a las comunidades de distintas maneras. Primero, al enfrentar al poder central solicitando los récords oficiales de proyectos combatiendo así prácticas de secretismo. Segundo, durante la última década MKSS ha desarrollado una metodología simple que permite a la gente con educación limitada participar en el proceso de seguimiento del gasto. En tercer lugar, las audiencias públicas desarrolladas por MKSS (también conocidas como foros de auditoría social) son eventos altamente democráticos que ofrecen a los grupos tradicionalmente marginados una oportunidad de presentar sus perspectivas sobre proyectos de desarrollo. Al invitar a funcionarios públicos a las audiencias MKSS se asegura de que reciban la oportunidad de hacer escuchar sus demandas y puedan exigir rendición de cuentas.

Finalmente, los asuntos discutidos en las audiencias públicas se convierten en la base de nuevas demandas para concretar reformas a los planes y procedimientos de agencias gubernamentales. Las audiencias ayudan a las comunidades a presentar sus opiniones sobre sistemas de gobernabilidad.

3. Puede describir cómo interactúa MKSS con otros grupos de la sociedad civil en la India. Colaboran con organizaciones de análisis presupuestario como el “Center for Budget and Policy Studies (CBPS)”, con base en Bangalore, o el “Center for Budget and Governance Accountability” con base en Nueva Delhi

MKSS interactúa con un amplio número de grupos de la sociedad civil que trabajan en Rajastán y en otras partes de la India. Como miembro activo de varios movimientos de base — incluyendo la campaña nacional para el derecho a la información, el movimiento por el derecho a la comida, el movimiento por el derecho al trabajo, el monitor electoral de Rajastán y la alianza nacional del movimiento de la gente — MKSS colabora con muchas organizaciones de derechos humanos y justicia social en estas campañas.

Sin embargo la naturaleza de la colaboración entre MKSS y cada grupo es diferente. En algunos casos, MKSS participa en actividades o campañas llevadas a cabo por una organización, como pueden ser los grupos que trabajan localmente en Rajastán sobre cuestiones de justicia social. La participación de MKSS con otros grupos es más limitada. Además MKSS recibe apoyo de otras organizaciones para todas sus campañas.

MKSS no trabaja directamente con grupos tales como el “Center for Budget and Policy Studies” (CBPS) o el “Center for Budget and Governance Accountability” CBGA. Sin embargo, MKSS está en contacto con estos grupos y está familiarizado con su trabajo. MKSS cree que para llevar a cabo reformas efectivas que afecten los procesos de gobernabilidad la presión debe de venir de diferentes puntos. El trabajo presupuestario de grupos como CBPS y CBGA ofrece valiosa información a los ciudadanos y los medios sobre los efectos de los presupuestos nacionales, estatales y locales en la vida diaria.

Para un resumen de la presentación de Aruna Roy en el Instituto Brookings el pasado mes de octubre en Washington, D.C., ir a: http://www.brookings.edu/research/opinions/2004/10/28globalgovernance.

 


 

Crecen los esfuerzos e análisis presupuestario en Nigeria

Nigeria es el séptimo país productor de petróleo en el mundo, no obstante la mayoría de sus ciudadanos vive en críticas condiciones de pobreza. Para atender esta situación varias ONGs de Nigeria han comenzado a orientar sus recursos al monitoreo de los presupuestos del gobierno a nivel federal, estatal y local.

Entre estos grupos se encuentran el Movimiento por la Supervivencia de los Pueblos Ogoni “Movimiento for the Survival of the Ogoni People”, la Organización de Rescate Humano del Delta Nigeriano “the Niger Delta Human Rescue Organization”, el Instituto de Derechos Humanos y Ley Humanitaria “the Institute of Human Rights and Humanitarian Law”, el Centro para Ciencias Sociales Avanzadas “the Center for Advanced Social Science” y ActionAid.

El Movimiento por la Supervivencia de los Pueblos Ogoni (MOSOP) se estableció en 1990 para proteger los intereses y derechos de la minoría Ogoni. Su trabajo se destaca por su exitosa campaña para prevenir que Shell excavára en territorio Ogoni. El trabajo más efectivo de MOSOP consiste en comparaciones de ingresos locales actuales por categoría (tales como licencias, deuda, etc.), contrastándolos con lo originalmente proyectado. Por ejemplo en el último año fiscal, la autoridad local dijo haber recibido N50,000 por un año, sin embargo el número estimado de bicicletas sugiere que en realidad se trata de N250,000. Igualmente, MOSOP compara gastos corrientes (como el salario de funcionarios públicos) con otros gastos similares. Durante el último año fiscal, el gobierno local dijo haber gastado en salarios N2.04 millones, pero de acuerdo con las estimaciones de MOSOP con base en auditorías a personal los gastos corresponden a N1.17 millones. MOSOP completó un reporte sobre los resultados de su trabajo de monitoreo y lo está distribuyendo en audiencias clave. Asimismo, planean enfocarse en un tema al mismo tiempo y presentar su información en reuniones locales en donde, tradicionalmente, se discuten asuntos de la comunidad.  Para mayor información, contactar a MOSOP http://www.mosop.org/.

La Organización de Rescate Humano del Delta Nigeriano (ND-Hero), establecida en 1995 trabaja con derechos humanos, manejo de conflictos y asuntos de gobernabilidad. Su trabajo presupuestario se enfoca en el monitoreo de la Corporación de Desarrollo del Delta Nigeriano “Niger Delta Development Commission” (NDDC) (un programa del gobierno creado para desarrollar un sentido de comunidad y aumentar la participación comunitaria mediante el financiamiento de proyectos en la región). ND-Hero ha entrevistado a residentes de seis comunidades para evaluar qué tanto NDDC consulta con ellos, así como la correlación entre proyectos de desarrollo y necesidades de la comunidad. Los resultados apuntan a un récord de consulta muy bajo, así como a interminables ejemplos de proyectos de desarrollo que no responden a las necesidades locales y/o que nunca se completan. Además de resaltar lo anterior ND-Hero apunta a que las incongruencias de los proyectos y necesidades están relacionadas con el uso que hacen los patrones de contratos de la comunidad los cuales se otorgan para beneficiar a amistades locales, en lugar de atender las necesidades de la comunidad.

El Instituto de Derechos Humanos y Ley Humanitaria (IHRHL), fundado en 1988, busca construir una cultura sobre derechos y responsabilidades. IHRHL ha realizado una importante labor capacitando a abogados de comunidades muy pobres y centros de atención comunitaria. El trabajo presupuestario de este grupo incluye construir conocimiento a nivel comunitario sobre los fondos públicos, monitorear compromisos de gastos fuertes a nivel estatal y utilizar a los medios para crear conciencia del impacto de los debates políticos para generar discusiones sobre presupuestos y otros temas de políticas públicas.

El Centro para Ciencias Sociales Avanzadas (CASS) fue fundado en 1992 por Claude Ake después de trabajar en el Instituto Brookings Institute en Washington, D.C., y busca aplicar la investigación de las ciencias sociales a las políticas gubernamentales. Además CASS ofrece capacitación a grupos de la sociedad civil, servicios de orientación del gobierno y lleva a cabo su propia política de incidencia. Sus tres áreas programáticas cubren políticas públicas, gobernabilidad y el sistema internacional.

CASS planea una iniciativa importante que se enfoca en el Delta Nigeriano para incluir una biblioteca, investigación en seis áreas (género, pobreza, democracia, petróleo, agricultura y el medio ambiente) así como el establecimiento de una mesa redonda de desarrollo. La organización trata de convertirse en un recurso para la sociedad civil y en un actor de peso en cuestiones relacionadas al Delta.

Como parte del trabajo del Delta, CASS busca enfocarse en la relación fiscal entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. CASS intenta conducir investigación sobre transferencias del gobierno federal y el gasto a nivel estatal, crear una base de datos sobre el presupuesto público y ofrecer capacitación y difusión de información a organizaciones de la sociedad civil en el Delta.

Otros grupos, tales como ActionAid Internacional, trabajan con grupos de la sociedad civil para fortalecer su capacidad de involucrar al gobierno en todos los niveles del análisis de presupuestos. En la actualidad, ActionAid está llevando a cabo dos proyectos presupuestarios en Nigeria. El primero, “Aumentar la participación ciudadana en gobernabilidad mediante el análisis de finanzas públicas,” tiene por objetivo el incentivar las iniciativas de análisis de presupuesto público en los estados de Kebbi, Gombe, Plateau, Osun, Abia y Cross River. El proyecto espera  generar el primer instrumento de capacitación para el seguimiento y vigilancia del presupuesto a nivel local en Nigeria y un manual básico para el análisis presupuestario local y nacional con base en procesos participativos.

El segundo proyecto “Aumentar la participación de la sociedad civil en la evaluación y monitoreo de la movilización y uso de recursos y su impacto sobre el VIH/SIDA en Nigeria”. El proyecto se compone de una asociación entre ActionAid y la Red de Consultoría de la Sociedad Civil sobre VIH/SIDA en Nigeria (CISCNHAN). El proyecto colabora para fortalecer la respuesta nacional a la epidemia mediante el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y el público para monitorear programas públicos para la lucha contra el VIH/SIDA. El proyecto se enfocará en el gasto del gobierno federal y estatal, así como recursos extranjeros para la prevención administración de la enfermedad.

 


 

Taller de la sociedad civil para el monitoreo de los PRSP y las metas del milenio

Del 3-6 de noviembre el Centro para África del Este y del Sur del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, un taller denominado “Monitoreo de las estrategias de reducción de la pobreza y progreso de las metas del milenio.” El taller atrajo a más de 50 redes de nacionales y regionales de la sociedad civil de Etiopía, Sudáfrica, Nigeria, Uganda, Zambia y Zimbabue que trabajan para promover la reducción de la pobreza y la gobernabilidad democrática.

El principal objetivo del taller era fortalecer las capacidades de organizaciones africanas de la sociedad para monitorear el progreso en la implementación de las metas del milenio (MDGs). Específicamente se buscó:

  • Ampliar la comprensión de los participantes sobre los métodos para monitorear los esfuerzos de reducción de la pobreza.
  • Discutir los avances recientes relacionados al progreso hacia el cumplimiento de los MDGs y el compromiso de la sociedad civil en los procesos de reducción de la pobreza (PRSPs) y MDG.
  • Identificar barreras que impiden la participación efectiva de la sociedad civil en los procesos PRSP y MDGs y alternativas para combatirlos.
  • Acordar un plan estratégico para llevar a cabo acciones conjuntas a nivel nacional y regional para monitorear y evaluar el progreso de los MDGs.
  • Determinar formas en las que aliados como el PNUD, redes de apoyo a la sociedad civil y OSCs en países en vías de desarrollo puedan ayudar a OSCs en África.

 

La mañana del segundo día se dedicó al proceso presupuestario, prácticas de análisis de presupuestos y a la importancia de la participación activa por parte de OSCs en la vigilancia y monitoreo del presupuesto. Los participantes también examinaron los diferentes efectos que tienen las distribuciones presupuestarias en las oportunidades económicas entre hombres y mujeres y cómo el enfoque de género en políticas macroeconómicas afecta la equidad de oportunidades en el sector público.

Los participantes discutieron asuntos más generales como el papel de la ONU y el PNUD en promover la agenda de desarrollo, la tensión entre iniciativas de desarrollo global y objetivos nacionales de desarrollo y el cumplimiento de los compromisos del sector de asistencia financiera. Finalmente, los participantes estuvieron de acuerdo en identificar planes de acción nacional para sensibilizar sobre la importancia de los MDGs, mejorar el flujo de información, crear más oportunidades para grupos de la sociedad civil durante el proceso de presupuesto y desarrollar análisis de presupuestos.

 


 

Vistazo al presupuesto de Israel 2005

El Centro Adva “Adva Center”, con base en Tel Aviv, reporta que la propuesta gubernamental del gobierno Israelí para 2005, junto con la Ley de Acuerdos del Presupuesto “Budget Arrangements Law”, anticipa un año más de elevado gasto en defensa, disminución en servicios sociales e infraestructura con cambios estructurales dirigidos al adelgazamiento del gobierno y la red de seguridad social. Se ven también recortes fiscales reales – tomando en cuenta índices inflacionarios – para los ricos y reducciones en las obligaciones de seguro social por parte de los empleadores mismos que serán financiadas por aumentos en los impuestos que repercutirán sobre todo en la clase media, así como en reducciones a la asistencia social para la gente de bajos ingresos.

Desde 2001, los ciudadanos israelitas han sufrido recortes presupuestarios alcanzando cerca de 60 billones de shekels ($13.3 billones). El presupuesto 2005 continúa esta tendencia con un recorte de 8 por ciento en el financiamiento de maestros de escuelas públicas, la continuación de un sistema de salud público sub-financiado (con un presupuesto que ha caído de 15 a 24 por ciento desde la entrada en vigor de la ley del seguro nacional de salud), un recorte de 15 por ciento en capacitación vocacional y un recorte de 8 por ciento en financiamiento para investigación y desarrollo.

 


 

Pensiones sociales en países en vías de desarrollo

“HelpAge International” publicó un reporte que examina los efectos de la caída en los niveles de fertilidad y el aumento en la expectativa de vida en países en vías de desarrollo. El reporte — “Age and security: how social pensions can deliver effective aid to poor older people and their families”explica la manera en la que han crecido las responsabilidades económicas para la generación de la tercera edad con limitadas posibilidades financieras.

Se pone particular atención al cambio en el papel que la gente mayor juega en la difícil tarea de criar a nietos huérfanos del VIH/SIDA. Muchos abuelos están tomando el papel de proveedores y deben de atender a hijos enfermos mientras mandan a sus nietos a las escuelas. Un ejemplo de esta situación se puede ver en que 60 por ciento de niños huérfanos por la epidemia en algunos países de África sub-Sahariana son atendidos por sus abuelos.

El reporte hace un llamado para promover el pago de pensiones a gente de la tercera edad en países en vías de desarrollo bajo el argumento de que el costo es muy bajo en términos del PIB. Estas pensiones pueden representar un paso importante hacia la reducción de la pobreza en personas mayores. El reporte observa no obstante que son muy pocos los programas para la reducción de la pobreza (PRSPs) que han atendido el tema de la protección social en la reducción de la pobreza. Siendo que las pensiones sociales son accesibles y merecen mucha mayor atención como parte de programas de reducción de la pobreza – como un componente esencial en el gasto de desarrollo.

El reporte cubre una amplia variedad de estudios de casos alrededor del mundo e incluye recomendaciones para ONGs, instituciones internacionales de desarrollo y gobiernos.

 


 

Novedades en la biblioteca cibernética del IBP

Procesos presupuestarios y gobernabilidad económica en África del Sur y del Este
Por Odd-Helge Fjeldstad, Dirk Hansohm, Jan Isaksen, y Erwin Naimhwaka/ The Namibian Economic Policy Research Unit (NEPRU)
De acuerdo con la visión de NEPRU sobre la relación entre buena gobernabilidad y reducción de la pobreza, este estudio investiga la dimensión económica de la buena gobernabilidad, principalmente, el proceso presupuestario y gobernabilidad económica. Con base en literatura reciente sobre estos temas y sobre estudios de África del Sur y del Este, este trabajo analiza tres métodos de gobernabilidad económica, marcos de gastos de mediano plazo, el papel de autoridades de recaudación autónomas, parlamentos, actores no-estatales y del auditor general. El trabajo concluye cada una de las tres secciones con bibliografía adicional.

Impuestos, gobernabilidad y pobreza: qué lugar ocupan los países de ingresos medianos
Por Mick Moore y Aaron Schneider/ Institute of Development Studies (IDS)
Este trabajo estudia las contribuciones directas e indirectas de la reforma fiscal para una sana gobernabilidad y para la reducción de la pobreza en países de ingresos medianos. Está estructurada alrededor de cuatro cuestiones centrales: 1) Cuál es la importancia de los impuestos y reforma fiscal para la reducción de la pobreza y buena gobernabilidad en países pobres 2) Porqué enfocarse en países de ingresos medianos 3) Porqué enfocarse en los vínculos entre los impuestos, la gobernabilidad y la reducción de la pobreza 4) Qué lecciones puede aprender la comunidad internacional de las políticas de asistencia financiera hacia reformas fiscales. Las conclusiones se basan en la idea de que la reforma fiscal será una cuestión aún más prominente en la agenda pública en países pobres y, por ende, deberá ser una preocupación para agencias financiadoras y donadores internacionales.

El papel del parlamento en el proceso presupuestario. El caso del parlamento croata (2000-03)
Por Vjekoslav Bratic, Institute of Public Finance
Aquí se discute el hecho de que el parlamento croata muy raramente modifica la propuesta presupuestaria a pesar de su habilidad para hacerlo. El autor investiga la evolución de la relación entre los parlamentos y el presupuesto entre 2000-03 y ofrece recomendaciones para mejorar el proceso presupuestario croata.

Midiendo el progreso del petróleo en: relaciones comunitarias, impacto de desarrollo y transparencia presupuestaria
Por Emmanuel O. Emmanuel/Center for Social & Corporate Responsibility
El autor evalúa el desenvolvimiento de programas comunitarios de desarrollo sustentable en la región del delta nigeriano y el estado de los recientes esfuerzos por transparentar los ingresos derivados del petróleo en Nigeria.

Newsletter No. 24 – French

Analyse budgétaire pour réduire la mortalité maternelle

Le 4 et 6 novembre derniers à Mexico, l’ONG mexicaine Fundar et l’IBP ont organisé une conférence intitulée « Dialogue d’exploration sur le travail budgétaire comme instrument pour renforcer les efforts nationaux et internationaux pour réduire la mortalité maternelle ».

La conférence a été organisée en collaboration avec le “Population Council,” “Family Care International,” “the Averting Maternal Mortality Project” (le projet pour la prévention de la mortalité maternelle), le “Partnership for Safe Motherhood and Newborn Health” (partenariat pour la santé des mères et des nouveaux nés), et financé par la fondation MacArthur. Elle avait pour objectifs de rechercher les liens entre le travail budgétaire et les initiatives pour réduire la mortalité maternelle, d’établir un dialogue entre les experts dans les deux champs, et d’examiner la possibilité d’utiliser l’analyse budgétaire pour aider à affronter la mortalité maternelle.

La conférence a débuté avec des considérations générales sur la mortalité maternelle et le travail budgétaire appliqué présentées par Lynn Freedman, directeur du projet de l’Université de Colombia sur la prévention de la mortalité maternelle et l’invalidité, et par le directeur de l’IBP Warren Krafchik. S’est également organisée le jour de l’ouverture une table-ronde au sein du Congrès mexicain, où des députés, des fonctionnaires du secteur de la santé et des organisations de la société civile ont échangé des idées et des informations sur l’expérience du Mexique concernant la mortalité maternelle. Lors de cette discussion, Fundar a présenté Le Budget Public et la mortalité maternelle au Mexique: Suivi du programme « Arranque Parejo en la Vida » (APV), son analyse budgétaire du programme mexicain de réduction de la mortalité maternelle.

Le deuxième jour comprenait des sessions sur trois défis majeurs pour répondre à la mortalité maternelle: obtenir les ressources humaines et en infrastructures nécessaires pour fournir des soins professionnels; assurer l’équité dans l’accès aux services de santé à tous les niveaux du gouvernement; et délivrer des services de manière efficace. Les discussions se sont appuyées sur des études de cas de mortalité maternelle en Equateur, en Inde, en Indonésie, au Mexique, au Nigeria et en Ouganda.

La conférence s’est conclue avec une discussion sur une collaboration future entre les groupes de la société civile travaillant sur les budgets et ceux se concentrant sur la mortalité maternelle. Dans le court terme, l’IBP et le “Partnership for Safe Motherhood” vont préparer des études de cas qui seront présentées au lancement du rapport annuel de l’Organisation Mondiale de la Santé en Inde en avril. Dans le long terme, d’autres initiatives de ce type sont prévues, dont plusieurs études de pays, pour mieux comprendre la relation entre la finance publique et la prévention de la mortalité maternelle.

Pour lire le rapport de Fundar, voir le site: The Public Budget and Maternal Mortality in Mexico: An Overview of the Experience, https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/The-Public-Budget-and-Maternal-Mortality-in-Mexico-An-Overview-of-the-Experience.pdf

 


 

Surveillance des revenus gouvernementaux en Bolivie

Avec le soutien de “the Civil Society Budget Initiative” (initiative budgétaire de la société civile), trois organisations boliviennes de la société civile unissent leurs efforts pour établir une surveillance des revenus gouvernementaux. La phase initiale du projet examinera le déséquilibre dans les revenus gouvernementaux issus du secteur des hydrocarbures (pétrole et gaz). Ces trois groupes sont le CEDLA (Centre de Recherche pour le Développement du Travail et Agraire), le CESU (le Département d’Etudes Supérieures Universitaires de l’Université Nationale de Cochabamba), et « Coordinadora de la Mujer ».

Le CEDLA, qui travaille sur l’analyse budgétaire depuis plus de dix ans, conduit actuellement une initiative nationale pour mobiliser les revenus en provenance de l’étranger dans les processus du budget national. Les chercheurs du CESU ont été largement impliqués dans des questions liées à la privatisation et à la finance publique.

Les sources des revenus du gouvernement bolivien ont changé radicalement depuis les réformes structurelles de la moitié des années 1980, qui ont privatisé les industries extractives de la nation. Avant cela, plus des trois quarts des revenus publics avaient pour origine les revenus des entreprises publiques – c’est-à-dire le pétrole et le gaz. Aujourd’hui, environ trois quarts des revenus publics proviennent de taxes à la consommation, sur les salaires et les profits. En même temps, les corporations du pétrole et du gaz – qui sont toutes sous le contrôle de multinationales étrangères – explosent grâce à la découverte de grandes réserves de gaz.

Le nouveau projet de surveillance budgétaire est lié au fait que le processus de privatisation initié en 1994 adopte des mécanismes judiciaire, fiscal, et de contrôle des prix qui favorisent l’augmentation des gains des corporations multinationales en dépit de l’endettement étatique et d’une charge fiscale croissante pour la population. En outre, l’inquiétude réside dans le fait que le gouvernement a effectué certains changements pour attirer les investissements étrangers, souvent aux dépens de la possibilité pour l’Etat d’influencer ou même de surveiller les activités extractives et les ressources publiques qu’elles génèrent.

Sur la base de plusieurs années d’expériences de recherches économiques et de leurs relations étroites avec des organisations sociales, le CEDLA et le CESU commenceront par renforcer leur capacité de recherche pour développer des études de cas sur des compagnies pétrolières et de gaz et leurs revenus. En même temps, les deux groupes discuteront des méthodes de recherche et des résultats  avec d’autres organisations. Une fois les études initiales achevées, une campagne d’information sera lancée avec l’aide de « Coordinadora de la Mujer » pour favoriser la compétence publique pour participer aux discussions sur les revenus et à la législation.

 


 

Conversation avec l’IFAI sur l’accès à l’information publique au Mexique

Juan Pablo Guerrero est des cinq commissaires de l’Institut Fédéral pour l’Accès à l’Information Publique (IFAI) au Mexique.

 

1. Qu’est-ce que l’IFAI et quelle est sa mission?

Basé à Mexico, l’IFAI est l’autorité fédérale qui supervise la mise en pratique de la Loi pour l’accès à l’information publique et la transparence. L’IFAI est chargé de protéger le droit du public à accéder à l’information, d’étudier les réponses négatives faites aux demandes d’information – c’est-à-dire, si une agence gouvernementale ne peut satisfaire une demande citoyenne d’information, le citoyen peut faire appel à l’IFAI et de protéger les informations personnelles détenues par le gouvernement. L’IFAI est libre de décider comment il opère et de définir ses propres besoins financiers.

2. De quelle façon l’IFAI collabore-t-il avec des organisations de la société civile (OSC) intéressées par la promotion de l’accès à l’information publique?  

L’IFAI a collaboré avec des OSC intéressées dans des activités telles que la formation, l’assistance technique, et la diffusion d’informations. En outre, l’IFAI dispose d’un programme spécifique qui a répondu aux demandes de 105 OSC, 41 groupes politiques nationaux, 23 entreprises, 20 institutions académiques, 5 entreprises de consulting, et 38 autres organisations telles que des syndicats.

L’IFAI organise également des rencontres ponctuelles avec des OSC concernées par l’utilisation de l’accès à l’information publique pour renforcer leur travail dans des domaines tels que les droits de l’homme, le genre et l’analyse budgétaire, et l’environnement. Ces OSC, dont font partie DECA, « Equipo pueblo », et la coalition environnementale « Iniciativa de Acceso México », ont fait preuve d’un engagement réel pour promouvoir la transparence et l’accès à l’information publique.

Afin d’encourager la discussion sur la transparence et des questions liées à l’accès à l’information, l’IFAI organise un concours annuel d’essais. La première année, le sujet était « le Mexique entre dans l’ère de la transparence ». Les meilleurs essais ont été réunis dans une publication.

3. Pouvez-vous citer quelques exemples de cas présentés à l’IFAI?

L’information budgétaire est une obligation de transparence et devrait être disponible sur les sites Internet du gouvernement. Cette obligation s’applique seulement à l’information récente; les allocations budgétaires correspondant à des gouvernements antérieurs ne sont pas disponibles en ligne. Mais même quand l’information n’est plus d’actualité, elle est toujours publique, et beaucoup de demandes faites à l’IFAI concernent l’accès à une information budgétaire plus ou moins ancienne.

Les requêtes concernant l’information budgétaire ont également souvent cours quand l’information nécessitée est plus détaillée que celle fournie par les sources officielles. D’autres demandes ont lieu quand les départements du gouvernement ne remplissent pas leurs obligations de transparence stipulées dans le Loi pour l’accès à l’information publique et la transparence.        

4. Quels changements ont été réalisés afin d’améliorer l’accès à l’information budgétaire?

La Loi pour l’accès à l’information publique et la transparence établit des obligations de transparence pour les opérations des institutions publiques, telle que leurs budgets internes, les salaires et les profits, les concessions, les permis et les contrats, les subventions, les audits, et des mécanismes de participation citoyenne. L’article 7 de la Loi stipule que tous les organes gouvernementaux doivent rendre cette information disponible au public à travers leur site Internet.

En septembre 2003, l’IFAI a publié une série de critères pour mesurer l’accomplissement de ces obligations de transparence dans cinq domaines: les finances internes, les cadres régulateurs, la prise de décision au niveau national, les relations entre le gouvernement et le public, et l’organisation interne.

5. De quelle façon l’IFAI répond-t-il au mouvement international pour un plus grand accès à l’information gouvernementale?

Afin d’apprendre à partir d’expériences ayant réussi dans d’autres pays et de diffuser les accomplissements du Mexique dans ce domaine, l’IFAI collabore avec des organisations internationales qui promeuvent l’accès à l’information. L’IFAI a également établi un rapport avec différentes organisations d’autres pays d’Amérique latine pour offrir une assistance technique dans ce domaine.

L’IFAI est en train d’organiser la troisième conférence internationale pour l’accès à l’information pour des représentants de gouvernements, des ONG, des organisations internationales et d’autres institutions semblables à l’IFAI. La conférence fera la promotion de l’idée selon laquelle l’accès à l’information peut changer la vie des gens et la qualité du service public et améliorer les performances du gouvernement. Les participants étudieront des exemples issus du monde entier dans lesquels l’accès à l’information a aidé à lutter contre la corruption gouvernementale.

En outre, nous avons signé deux accords au Pérou (l’un avec le gouvernement régional de Lambayeque et l’autre avec l’organisation « Proética ») afin d’aider le Pérou à implanter sa loi améliorant l’accès à l’information. Nous sommes également en train de discuter à propos d’un accord similaire avec l’Équateur.

Pour en savoir plus sur l’IFAI, voir le site: http://www.ifai.org.mx.

D’autres ressources sur l’accès à l’information publique peuvent être trouvées sur le site Internet de l’IBP concernant:

L’AMERIQUE DU NORD
Freedominfo.org

A l’initiative de Thomas S. Blanton, directeur des Archives sur la Sécurité Nationale de l’Université de George Washington, ce site Internet décrit les bonnes pratiques, les stratégies de campagnes, et les campagnes en cours autour du monde pour promouvoir la liberté d’information. Il contient des informations sur comment les lois sur la liberté d’information ont été élaborées et implantées, notamment comment plusieurs provisions ont fonctionné en pratique.

L’ASIE
National Campaign for People’s Right to Information

La campagne nationale pour le droit des personnes à l’information a pour but de s’assurer que les institutions et départements en Inde, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, fonctionnent de manière transparente. Le site Internet fournit des informations sur les lois concernant le « droit à l’information » en Inde et dans d’autres pays, des données issues de sa récente campagne pour la surveillance des élections, et une liste de publications sur la transparence.

L’EUROPE
Article 19

Avec des partenaires dans 30 pays, cette ONG basée à Londres est en fait une campagne globale qui soutient le droit à la liberté d’opinion et d’expression. La campagne effectue des recherches et lutte pour la libre circulation de l’information. Son site Internet fournit des renseignements sur des programmes régionaux pour défendre ce droit et met à la disposition de chacun un « carnet virtuel » de liberté d’expression.

L’AFRIQUE
Open Democracy Advice Centre

“The Open Democracy Advice Centre” est un des principaux défenseurs de la liberté d’information en Afrique du Sud. Il surveille l’implantation de la nouvelle loi sur l’accès à l’information et fournit des conseils légaux aux personnes recherchant des informations. L’ODAC offre également une formation sur cette loi et assiste des institutions publiques et privées dans le développement de politiques et procédures pour l’ouverture de l’information.

 


 

Interview avec Aruna Roy sur le droit à l’information

Aruna Roy est cofondatrice du “Mazdoor Kisan Shakti Sangathana” (MKSS), qui a été établi pour renforcer les processus démocratiques participatifs et lutter collectivement contre l’exploitation des paysans et travailleurs ruraux au Rajasthan, en Inde.

 

1. Qu’a fait le MKSS pour améliorer l’ouverture de l’information budgétaire (c’est-à-dire l’utilisation des fonds publics et le transfert des ressources du gouvernement fédéral aux gouvernements locaux)?

Le MKSS ne se concentre pas directement sur les budgets dans son travail. En tant qu’organisation non partisane, le MKSS travaille sur des questions qui touchent les paysans et les travailleurs dans les régions rurales dans l’Etat indien du Rajasthan. Toutes les questions et les campagnes dans lesquelles le MKSS a été impliqué ont pour origine une demande de ces populations.

La campagne pour le droit à l’information, par exemple, a débuté en réponse au sous payement des travailleurs sur des projets publics. Quand on leur a demandé, les fonctionnaires responsables de ces projets ont nié les faits, mais ils ont refusé de montrer les documents officiels sur la base desquels ils justifient le payement des travailleurs. Le MKSS a répondu en lançant une campagne pour demander l’accès à l’information officielle. Quand le MKSS a obtenu les dossiers sur le projet et impliqué les communautés villageoises dans le suivi et la surveillance des dépenses, la nature systémique de la corruption (qui est endémique dans l’utilisation des fonds publics en Inde) s’est trouvée exposée.

Les objectifs du mouvement pour le droit à l’information, cependant, sont beaucoup plus larges que le simple fait de s’opposer à la corruption. Le mouvement exige la transparence et la responsabilité de toutes les agences publiques et demande que les citoyens soient impliqués activement dans l’élaboration de l’agenda gouvernemental. Plus fondamentalement, le mouvement exige qu’à tous les citoyens – tout spécialement aux gens pauvres – leur soit donnée une chance équitable dans la gouvernance.

2. De quelle manière le MKSS interagit avec des groupes de base pour améliorer leur capacité à comprendre l’information budgétaire? Existent-ils des efforts pour renforcer les communautés rurales avec des outils d’alphabétisation budgétaire?

Le MKSS est un mouvement de base de paysans et de fermiers dans le Rajasthan central. Comme je l’ai déjà dit, le MKSS ne travaille pas sur l’analyse budgétaire dans un sens traditionnel. Cependant, une grande partie du travail du MKSS a un lien avec l’autre extrémité du processus budgétaire, c’est-à-dire, la surveillance des dépenses des fonds par les départements du gouvernement.

En utilisant la loi indienne sur le droit à l’information, le MKSS aide les communautés à obtenir les dossiers de projet conservés par les départements du gouvernement, reformule ces documents sous des formes compréhensibles pour les non experts, et les distribue parmi les résidents de l’aire où les dépenses de fonds ont été enregistrées. Ce processus culmine avec une audience publique au sein de laquelle les habitants et les fonctionnaires discutent de la précision des données du projet.

Ce processus renforce les communautés de plusieurs manières. Tout d’abord, en demandant les données du projet officiel, les communautés se confrontent à la source centrale du pouvoir que les bureaucraties maintiennent au-dessus des citoyens: la pratique du secret. Ensuite, au cours de la dernière décennie, le MKSS a développé une méthodologie simple qui permet aux personnes avec une éducation limitée de participer au processus de surveillance des dépenses. En outre, les forums d’audience publique que le MKSS a développés (appelés également des forums d’audit) sont des événements à caractère très démocratique qui offrent aux groupes traditionnellement marginaux tels que les femmes, les membres de castes inférieures, les personnes illettrées et les pauvres de présenter leur point de vue sur les projets de développement. En invitant des fonctionnaires aux auditions publiques, le MKSS s’assure qu’ils reçoivent également une opportunité d’exprimer leurs opinions mais aussi qu’ils sont tenus pour responsables de leurs actions.

Enfin, les questions évoquées lors des audiences publiques deviennent la base de  nouvelles demandes de réformes dans les plans et procédures des départements du gouvernement. Les audiences encouragent les communautés à présenter leurs opinions sur les systèmes de gouvernance.

3. Pourriez-vous décrire l’interaction entre le MKSS et d’autres groupes de la société civile en Inde? Collaborez-vous avec des organisations d’analyse budgétaire, telles que le Centre d’Etudes Budgétaires et de Politiques Publiques (CBPS), basé à Bangalore, ou le Centre pour la responsabilité budgétaire et la gouvernance (CSBA) à New Delhi?

Le MKSS collabore avec un grand nombre de groupes de la société civile travaillant à la fois au Rajasthan et dans d’autres parties de l’Inde. En tant que participant actif dans plusieurs mouvements de l’Inde – notamment la campagne nationale pour le droit des personnes à l’information, le mouvement du droit à l’alimentation, le mouvement du droit au travail, la surveillance des élections au Rajasthan, et le mouvement d’alliance nationale des peuples – le MKSS collabore avec beaucoup d’organisations de droits de l’homme et de justice sociale dans ces campagnes.

Cependant, la nature de la collaboration du MKSS est différente en fonction de chaque groupe. Dans plusieurs cas, le MKSS participe à des activités ou à des campagnes entreprises par une organisation, telle que des groupes travaillant localement au Rajasthan sur des questions de justice sociale. L’implication du MKSS avec d’autres groupes est plus limitée. En outre, le MKSS reçoit le soutien d’autres organisations dans toutes ses campagnes.

Le MKSS ne travaille pas directement avec des groupes tels que le CBPS ou le CBGA. Cependant, le MKSS est en contact avec ces groupes et est familiarisé avec leur travail. Le MKSS croit que pour des réformes efficaces soient adoptées dans les processus de gouvernance, la pression doit provenir de différentes sources. Le travail budgétaire de groupes tels que le CBSP et le CBGA fournit une information précieuse aux citoyens et aux médias quant aux effets des budgets national, étatiques et locaux sur leur vie.

Lire le résumé de la présentation d’Aruna Roy à l’Institut Brookings à Washington, D.C., en octobre dernier.

 


 

Développement du travail budgétaire de la société civile au Nigeria

Le Nigeria est le septième plus grand producteur de pétrole dans le monde, cependant la plupart de ses citoyens vivent dans une pauvreté scandaleuse. Dans le but d’affronter cette situation, plusieurs ONG au Nigeria ont commencé à consacrer des ressources à la surveillance des budgets gouvernementaux aux niveaux fédéral, étatique et local Parmi ces groupes figurent le “Movement for the Survival of the Ogoni People” (MOSOP), “the Niger Delta Human Rescue Organization,” l’Institut des Droits de l’Homme et de la Loi Humanitaire, le “Center for Advanced Social Science,” et “ActionAid.”

Le “Movement for the Survival of the Ogoni People” (MOSOP) a été créé en 1990 pour protéger les intérêts et les droits de la minorité Ogoni. Il s’est distingué avec sa campagne réussie pour empêcher Shell de forer dans le territoire Ogoni. Le travail le plus innovant du MOSOP se base sur des comparaisons de revenus gouvernementaux locaux actuels par source (tels que les taux, les redevances, les payements de services, etc.,) avec leur estimation de ce qui devrait être réalisé. Par exemple, au cours de la dernière année fiscale, l’autorité locale a déclaré avoir reçu N50,000 dans l’année, mais les estimations du nombre de deux-roues laisse supposer des cotisations pour le permis de N250,000.

De la même manière, le MOSOP compare les dépenses actuelles (telles que les salaires gouvernementaux) et leur estimation des dépenses probables. Durant la dernière année fiscale, le gouvernement local a déclaré des dépenses de salaire de N2.04 millions, mais les estimations du MOSOP basées sur l’audition du personnel évaluent les dépenses annuelles à N1.17 millions. Le MOSOP a rédigé un rapport sur les résultats de sa surveillance et le diffuse à la population concernée. Il projette de ne se concentrer que sur un sujet à la fois et de présenter ses informations pour en débattre lors des rencontres dans la mairie locale où les questions concernant la communauté sont traditionnellement traitées. Pour davantage d’information, contacter le MOSOP à http://www.mosop.org/.

La “Niger Delta Human Rescue Organization” (ND-Hero), créée en 1995, travaille sur les droits de l’homme, la gestion des conflits et les questions de gouvernance. Son travail budgétaire se concentre sur la surveillance des dépenses de la Commission de Développement du Delta Nigérien (NDDC): un programme gouvernemental créé pour développer un sentiment d’appartenance communautaire et augmenter la participation de la communauté en finançant six projets générateurs de fonds dans la région. ND-Hero a interrogé les habitants de six communautés pour évaluer le degré de leur consultation par le NDDC, ainsi que le lien entre les projets de développement et les besoins de la communauté. Les résultats montrent l’enregistrement d’une faible consultation (si elle existe), ainsi que d’exemples sans fin de projets de développement qui ne répondent pas aux besoins locaux et/ou ne sont jamais achevés. En plus de mettre la lumière sur ces faits, ND-Hero déclare que le décalage entre les projets et les besoins est lié au patronat dans la mesure où les contrats de la communauté sont attribués pour satisfaire des amitiés locales, plutôt que choisis en fonction du besoin de la communauté et des compétences du contractant.

L’Institut des Droits de l’Homme et de la Loi Humanitaire (IHRHL), fondé en 1988, cherche à construire une culture de compréhension des droits et responsabilités. L’IHRHL a effectué un travail significatif de formation d’ « avocats nu-pieds » et des centres de conseil dans la communauté. Le travail budgétaire du groupe inclut la construction de connaissances au niveau de la communauté sur les revenus et dépenses publics, la surveillance des engagements de dépense dans le budget étatique, et l’utilisation des médias pour construire une conscience des débats budgétaires afin de générer une discussion sur les budgets et d’autres questions de politique publique.

Le “Center for Advanced Social Science” (CASS) a été créé en 1992 par Claude Ake après qu’il ait travaillé à l’Institut Brookings à Washington et cherche à appliquer la recherche en science sociale à la création de politiques publiques gouvernementales. En plus de mener des recherches, le CASS offre une formation à la société civile, des services de conseil au gouvernement, et entreprend elle-même la revendication de politiques publiques. Les trois champs de son programme sont la politique publique, la gouvernance, et le système international.

Le CASS prévoit une plus grande initiative se concentrant sur le Delta du Niger pour inclure une bibliothèque de la région, des recherches dans six domaines (le genre, la pauvreté, la démocratie, le pétrole, l’agriculture, et l’environnement) et l’établissement d’une table ronde de développement. L’organisation a pour but de devenir une ressource pour la société civile et un acteur influant sur les questions liées au Delta.

Dans son travail sur le Delta du Niger, le CASS prévoit de se concentrer sur les relations fiscales émergentes entre le gouvernement fédéral et étatique. Le CASS a pour objectif de conduire des recherches sur les transferts du gouvernement fédéral et les dépenses au niveau étatique, de créer une base de données sur les revenus et dépenses publics, et de fournir des formations et diffuser les informations aux organisations de la société civile du Delta.

D’autres groupes, tells que “ActionAid International,” travaillent avec des groupes de la société civile pour consolider leur capacité à impliquer le gouvernement à tous les niveaux de l’analyse budgétaire. Actuellement, ActionAid mène deux projets liés au budget au Nigeria. Le premier « Augmenter la participation citoyenne dans la gouvernance à travers l’analyse des finances publiques », vise à renforcer les initiatives existantes d’analyse de la budgétisation et des dépenses publiques par des organisations de la société civile dans les Etats de Kebbi, Gombe, Plateau, Osun, Abia et Cross River. Le projet espère générer le premier grand instrument de formation pour la surveillance du budget au niveau local au Nigeria, et un manuel basique pour l’analyse locale et nationale basé sur des processus participatifs.

Le deuxième projet d’ActionAid est « Augmenter la participation de la société civile dans le conseil, la surveillance et l’évaluation de la mobilisation des ressources et son utilisation dans les efforts pour l’atténuation de l’impact du VIH/SIDA au Nigeria ». Le projet impliquera un partenariat entre ActionAid et le réseau consultatif de la société civile sur le VIH/SIDA au Nigeria (CISCNHAN). Le projet a pour objectif de renforcer la réponse nationale faite à l’épidémie du Sida au Nigeria en renforçant la capacité des organisations de la société civile et du public à surveiller les programmes publics visant à combattre le VIH/SIDA. Le projet se concentrera sur les dépenses du gouvernement fédéral et étatique ainsi que sur les ressources étrangères pour la prévention et la gestion du VIH/SIDA.

 


 

Atelier du CSO sur la surveillance des PRSP et le progrès des MDG

Du 3 au 6 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud, le Centre régional de service pour l’Afrique de l’est et du sud du Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) a organisé l’atelier « Surveiller les stratégies de réduction de la pauvreté et le progrès vers les objectifs de développement du millénaire ». L’atelier a rassemblé plus de 50 réseaux nationaux et régionaux de la société civile provenant d’Ethiopie, d’Afrique du Sud, du Nigeria, d’Ouganda, de Zambie, et du Zimbabwe, qui travaillent pour promouvoir la réduction de la pauvreté et la gouvernance démocratique.

L’objectif premier de l’atelier était de renforcer les capacités des organisations de la société civile africaine pour surveiller le progrès de l’implantation des Objectifs de Développement du Millénaire (MDG). Spécifiquement, il cherchait à:

  • Etendre la compréhension des participants des méthodes de surveillance des efforts de réduction de la pauvreté.
  • Discuter des développements récents liés au progrès vers la réalisation des MDG et de l’implication de la société civile dans la Stratégie de Réduction de la Pauvreté et les processus des MDG.
  • Identifier les barrières à l’implication efficace de la société civile dans les PRSP et les processus des MDG et les manières de les affronter.
  • Se mettre d’accord sur un plan stratégique pour une action commune aux niveaux nationaux et régionaux pour la surveillance et l’évaluation du progrès vers la réalisation des MDG.
  • Déterminer les chemins par lesquels les partenaires tells que le PNUD, les réseaux de soutien de la société civile, et les organisations de la société civile dans les pays développés peuvent assister les organisations de la société civile en Afrique.

 

La matinée du deuxième jour a été consacrée au processus budgétaire, aux pratiques d’analyse budgétaire, et à l’importance d’une implication active des organisations de la société civile dans la surveillance du budget. Les participants ont également étudié les différents effets que les allocations budgétaires peuvent avoir sur les opportunités sociales et économiques des hommes et des femmes, et la façon dont l’accent mis sur le genre dans les politiques macroéconomiques influence l’équité entre sexes des opportunités dans le service public.

Les participants ont également discuté de thèmes plus généraux, tells que le rôle des Nations Unies et du PNUD dans la promotion de l’agenda de développement, la tension entre les initiatives globales de développement et les objectifs de développement poursuivis au niveau national, et le respect des engagements de l’assistance financière. Enfin, les participants se sont mis d’accord sur l’importance de l’identification des plans d’action nationale communs pour la sensibilisation sur les MDG, et ont également convenu d’améliorer le transfert d’informations, de créer davantage d’opportunités pour permettre aux groupes de la société civile de participer au processus budgétaire, et de développer les outils pour l’analyse budgétaire.

 


 

Aperçu du budget israélien pour 2005

Le Centre Adva, situé à Tel Aviv, rapporte que la proposition budgétaire du gouvernement israélien, accompagnée de la Loi sur les arrangements budgétaire, laissent supposer une autre année d’augmentation des dépenses de défense, de diminution des budgets consacrés aux infrastructures et services sociaux, et de nouveaux changements structurels conçus pour alléger les déficits gouvernementaux et de la sécurité sociale. Les allègements fiscaux pour les riches et les réductions dans les obligations d’assurance sociale des employeurs sont censés être financés par des augmentations d’impôts pour la classe moyenne et par des réductions de l’assistance sociale aux personnes au revenu faible.

Depuis 2001, les citoyens israéliens ont fait l’expérience de réductions d’impôt atteignant le montant de 60 milliards de shekels (13.3 milliards de dollars). Le budget pour 2005 poursuit cette tendance avec une baisse de 8% dans le financement pour les enseignants des écoles publiques, le sous-financement du système de santé publique (dont le budget a souffert d’une érosion de 15 à 24%, tout dépend des méthodes de calcul, depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité nationale de santé en 1995), une réduction de 15% dans la formation professionnelle, et une diminution de 8% dans le financement de la recherche et développement.

 


 

Pensions sociales dans des pays en voie de développement

“HelpAge International” a publié un nouveau rapport examinant les effets sur les pays en voie de développement de la baisse des taux de fertilité et de l’augmentation de l’espérance de vie. Comme le rapport — Age et sécurité: comment les pensions sociales peuvent offrir une aide efficace aux personnes pauvres et à leur famille — l’explique, les générations du troisième âge ont des responsabilités financières de plus en plus élevées et cependant des moyens très limités pour assumer ces responsabilités.

Le rapport accorde une attention particulière au changement du rôle de ces personnes alors qu’elles luttent pour soutenir leurs petits-enfants devenus orphelins à cause du VIH/Sida. Beaucoup de grands-parents jouent le rôle de la famille principale et doivent prendre soin de leurs enfants adultes malades alors que leurs petits-enfants doivent aller à l’école. Par exemple, 60% des enfants orphelins à cause de l’épidémie dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne sont pris en charge par leurs grands-parents.

Le rapport appelle à la distribution de pensions non-contributives aux personnes âgées dans les pays en voie de développement, argumentant que le coût de telles pensions est vraiment faible en termes de PIB. De telles pensions peuvent représenter un pas important vers la réduction de la pauvreté parmi les personnes âgées. Le rapport note, cependant, que peu de programmes de stratégie de réduction de la pauvreté ont considéré le rôle de la protection sociale dans la réduction de la pauvreté. A la fois abordables et faisables, les pensions sociales attirent une attention croissante de la part des programmes de réduction de la pauvreté – en tant qu’élément principal de la dépense de développement.

Le rapport couvre une large série d’études de cas du monde entier et inclut des recommandations pour les ONG, les institutions de développement internationales, et les gouvernements.

 


 


Nouveautés dans la bibliothèque de l’IBP

Les processus budgétaires et la gouvernance économique dans l’Afrique du sud et de l’est
Par Odd-Helge Fjeldstad, Dirk Hansohm, Jan Isaksen, et Erwin Naimhwaka / The Namibian Economic Policy Research Unit (NEPRU)
A la lumière de ce que le NEPRU voit comme un lien entre une bonne gouvernance et la réduction de la pauvreté, il a mené cette étude pour comprendre la dimension économique de la bonne gouvernance. Sur la base de la littérature récente sur la gouvernance économique, ainsi que les études pertinentes sur l’Afrique du sud et de l’est, cet essai analyse trois voies par lesquelles les gouvernements peuvent étendre leur aptitude pour une bonne gouvernance économique: les cadres de dépense à moyen terme, des autorités en charge du prélèvement autonomes, et l’utilisation de parlements, d’acteurs non-étatiques et de l’auditeur général pour contrôler le budget.

Impôt, gouvernabilité et pauvreté: Où se situent les pays aux revenus moyens?
Par Mick Moore et Aaron Schneider/Institute of Development Studies (IDS)
Ce rapport examine comment la réforme des impôts peut contribuer à une bonne gouvernance et à la réduction de la pauvreté dans les pays aux revenus moyens. Il pose quatre questions principales: 1) Quelle est l’importance des impôts et de la réforme fiscale dans la réduction de la pauvreté et la bonne gouvernance dans les pays pauvres? 2) Pourquoi se concentrer sur les pays aux revenus moyens 3) Pourquoi se concentrer sur les relations entre les impôts, la gouvernance, et la réduction de la pauvreté ? 4) Que doivent comprendre l’aide internationale et la communauté de développement à propos de la politique de réforme fiscale? Le rapport conclut que la réforme fiscale occupera une part de plus en plus grande dans l’agenda public des pays pauvres et devrait donc être une préoccupation plus grande pour les donateurs internationaux et les agences de développement.

Le rôle du parlement dans le processus budgétaire: l’exemple du parlement croate (2000-2003)

Par Vjekoslav Bratic / Institute of Public Finance
Ce rapport examine pourquoi le parlement croate modifie rarement la proposition budgétaire gouvernementale malgré son habilité à le faire. Il étudie l’évolution de la relation entre les parlementaires et le budget de 2000 à 2003 dans le but de formuler certaines recommandations pour l’amélioration du processus budgétaire de la Croatie.

Évaluation des progrès concernant le pétrole au Nigeria sur: les relations de la communauté, l’impact sur le développement et la transparence budgétaire
Par Emmanuel O. Emmanuel / Center for Social & Corporate Responsibility
Ce rapport évalue l’évolution des programmes de développement durable de la communauté dans la région du Delta du Niger et le statut des efforts récents sur la transparence des revenus issus du pétrole au Nigeria.

Newsletter No. 24 – English

Budget Analysis to Reduce Maternal Mortality

On 4-6 November in Mexico City, the Mexican NGO Fundar and the IBP held a conference entitled “Exploratory Dialogue on Budget Work as a Tool to Reinforce National and International Efforts to Reduce Maternal Mortality”.

The conference was held in collaboration with the Population Council, Family Care International, the Averting Maternal Mortality Project, the Partnership for Safe Motherhood and Newborn Health, and funded by the MacArthur Foundation. Its goals were to investigate the links between budget work and initiatives to address maternal mortality, establish a dialogue between experts in the two fields, and examine the plausibility of utilizing budget analysis to help confront maternal mortality.

The conference began with overviews on maternal mortality and applied budget work by Lynn Freedman, director of Columbia University’s Averting Maternal Death and Disability Project, and IBP director Warren Krafchik. The opening day also featured a roundtable discussion at the Mexican Congress where legislators, health officials, and civil society organizations exchanged ideas and information on Mexico’s experience with maternal mortality. During this discussion, Fundar presented The Public Budget and Maternal Mortality in Mexico: Tracking the “Arranque Parejo en la Vida” (APV) Program, its budget analysis of Mexico’s maternal mortality reduction program.

Day two included sessions on three major challenges to addressing maternal mortality: obtaining the human and infrastructure resources required to provide professional care, ensuring equity in access to health services at all levels of government, and delivering services effectively. Discussions looked at case studies of maternal mortality in Ecuador, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, and Uganda.

The conference concluded with a discussion of future collaboration between civil society groups working on budgets and those focusing on maternal mortality. In the short term, the IBP and the Partnership for Safe Motherhood will prepare case studies to be presented at the launch of the World Health Organization annual report in India in April. In the longer term further follow-up initiatives are planned, including several country studies to better understand the linkage between public finance and averting maternal mortality.

To read the Fundar report, go to: The Public Budget and Maternal Mortality in Mexico: An Overview of the Experience at: https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/The-Public-Budget-and-Maternal-Mortality-in-Mexico-An-Overview-of-the-Experience.pdf

 


 

Government Revenue Watch in Bolivia

With support from the Civil Society Budget Initiative, three Bolivian civil society organizations are joining forces to establish a government revenue watch. The project’s initial phase will examine the imbalance in government revenues derived from the hydrocarbon (oil and gas) sector. The three groups are CEDLA (Research Center for Labor and Agrarian Development), CESU (the Graduate Studies Department of the National University in Cochabamba), and Coordinadora de la Mujer.

CEDLA, which has been conducting budget analysis for over a decade, is currently spearheading a national initiative to mobilize broad-based input into national budget processes. CESU researchers have been closely involved in issues related to privatization and public finance.

The Bolivian government’s revenue sources have changed dramatically since the structural reforms of the mid-1980s, which privatized the nation’s extractive industries. Previously, more than three-quarters of public revenues originated from the incomes of public enterprises — namely, oil and gas. Today, about three-quarters of public revenues come from taxes on consumption, wages, and profits. At the same time, oil and gas corporations — all of which are controlled by foreign multinationals — are booming as a result of the discovery of large natural gas deposits.

The new revenue watch project is concerned that the process of privatization initiated in 1994 puts in place judicial, tax, fiscal, and price control mechanisms that favor the increase in earnings of multinational corporations at the expense of state indebtedness and a growing tax burden on the population. In addition, there are concerns that the government has made regulatory changes to attract foreign investment, often at the expense of the public’s ability to influence or even monitor extractive activities and the public resources they generate.

Building on many years of economic research experience and their close ties with social organizations, CEDLA and CESU will begin by strengthening their research capacity to develop case studies of oil and gas companies and their revenues. At the same time, the two groups will discuss research methods and results with other organizations. Once the initial studies are complete, an information campaign will be launched with the help of Coordinadora de la Mujer to build public capacity to participate in revenue discussions and legislation.


 

A Conversation with IFAI on Access to Public Information in Mexico

Juan Pablo Guerrero is one of the five commissioners of Mexico’s Federal Institute for the Access to Public Information, or IFAI.

1. What is IFAI and what is its mission?

Based in Mexico City, IFAI is the federal authority that supervises the fulfillment of the Law for the Access to Public Information and Transparency. IFAI is in charge of protecting the public’s right to access to information, investigating negative responses to information requests – i.e. if a government agency cannot satisfy a citizen’s request for information, the citizen can appeal to IFAI -, and protecting personal information held by government. IFAI is free to decide how it operates and to define its own financial needs.

2. How does IFAI collaborate with civil society organizations (CSOs) interested in promoting access to public information?

IFAI has collaborated with interested CSOs in activities such as training, technical assistance, and information dissemination. In addition, IFAI has an outreach program that has responded to requests from 105 CSOs, 41 national political groups, 23 companies, 20 academic institutions, 5 consulting companies, and 38 other organizations, such as unions.

IFAI also holds regular meetings with CSOs interested in using access to public information to strengthen their work in areas such as human rights, gender and budget analysis, and the environment. These CSOs, which include DECA, Equipo Pueblo, and the environmental coalition Iniciativa de Acceso México, have demonstrated a real commitment to promoting transparency and access to public information.

To encourage discussion of transparency and information access issues, IFAI holds an annual essay contest. The first year, the topic was “México enters a transparency era.”  The winning essays were compiled into a publication.

3. What are some examples of cases presented to IFAI?

Budget information is a transparency obligation and should be made available on government websites. This obligation applies only to current information; budget allocations corresponding to previous administrations are not available online. But even when information is no longer current, it is still public, and many of the requests to IFAI have to do with accessing past budget information.

Petitions for budget information also frequently occur when the information needed is more detailed than what official sources provide. Other petitions occur when government offices do not fulfill their transparency obligations stipulated in the Law for the Access to Public Information and Transparency.

4. What changes have been made to improve access to budget information?

The Law for the Access to Public Information and Transparency establishes transparency obligations for the operation of public institutions, such as their internal budgets, salaries and benefits, concessions, permits and contracts, subsidies, audits, and citizen participation mechanisms. Article 7 of the Law states that all government bodies should make this information publicly available through their websites.

In September 2003, IFAI issued a series of criteria to measure the fulfillment of these transparency obligations in five areas: internal finances, regulatory frameworks, decision-making at the national level, relations between government and the general public, and internal organization.

5. How does IFAI respond to the international movement for greater access to government information?

To learn from successful experiences in other countries and to publicize Mexico’s achievements in this area, IFAI collaborates with international organizations that promote access to information. IFAI also has established a rapport with various organizations in Latin American countries to offer technical assistance in this matter.

IFAI is now organizing the Third International Conference for Access to Information for representatives from governments, NGOs, international organizations, and other institutions similar to IFAI. The conference will promote the idea that access to information can change people’s lives and the delivery of public services, and improve government performance. Participants will explore examples from around the world in which access to information helped address government corruption.

In addition, we have signed two agreements in Peru (one with the regional government of Lambayeque and another with the organization Proética) to help Peru implement its law improving access to information. We also are discussing a similar agreement with Ecuador.

To learn more about IFAI, go to: http://www.ifai.org.mx.

Other resources on access to public information can be found on the IBP website under:

NORTH AMERICA

Freedominfo.org

Initiated by Thomas S. Blanton, director of George Washington University’s National Security Archive, this website describes best practices, campaign strategies, and ongoing campaigns around the world to promote freedom of information. It contains information on how freedom of information laws were drafted and implemented, including how various provisions have worked in practice.

ASIA

National Campaign for People’s Right to Information

The National Campaign for People’s Right to Information seeks to ensure that institutions and agencies in India, both inside and outside government, function transparently. The website offers information on “right to information” laws in India and other countries, data from its recent election-monitoring campaign, and a host of publications on transparency.

EUROPE

Article 19

With partners in 30 countries this London-based NGO is a global campaign that supports the right to freedom of opinion and expression. The campaign conducts research and advocacy for the free flow of information. Its website offers updates on regional programs to defend this right and offers a freedom of expression “virtual handbook”.

AFRICA

Open Democracy Advice Centre

The Open Democracy Advice Centre is a leading supporter of freedom of information in South Africa. It monitors the implementation of the new access to information law and provides legal advice to individuals seeking information. ODAC also provides training on the information law and assists public and private institutions in developing information disclosure policies and procedures.

 


 

Interview with Aruna Roy on the Right to Information

Aruna Roy is cofounder of the Mazdoor Kisan Shakti Sangathana (MKSS), which was established to strengthen participatory democratic processes and collectively fight the exploitation of peasants and rural workers in Rajasthan, India.

1. What has MKSS done to improve the disclosure of budget information (e.g., the use of public funds and the transfer of resources from the federal government to local governments)?

MKSS does not focus directly on budgets in its work. As a non-partisan organization, MKSS works on issues that affect its primary constituents: the peasants and workers in the rural regions of the Indian state of Rajasthan. All of the issues and campaigns in which MKSS has been involved have originated in demands from these constituents.

The Right to Information campaign, for example, began in response to the underpayment of workers on public projects. When questioned, the public officials in charge of the projects denied any wrongdoing, but they refused to show the official records on which they justified their payments to workers. MKSS responded by launching a campaign to demand access to official information. When MKSS obtained project records and involved village communities in tracking expenditures, the systemic nature of the corruption (which is endemic in the use of public funds in India) was exposed.

The goals of the Right to Information movement, however, are much larger than opposing corruption. The movement demands transparency and accountability from all public agencies and demands that citizens be actively engaged in official planning. Most fundamentally, the movement demands that citizens — especially the poor — be given a fair share in governance.

2. How does MKSS interact with grassroots groups to improve their ability to understand budget information?  Are there any efforts to empower rural people with budget literacy tools?

MKSS is a grassroots movement of peasants and farmers in Central Rajasthan. As I said earlier, MKSS does not work on budget analysis in the traditional sense. However, much of MKSS’s work has been at the other end of budget process — that is, monitoring how budgeted funds are expended by government agencies.

Using India’s right to information law, MKSS helps communities obtain project records maintained by government agencies, repackages these records in formats that non-experts can understand, and distributes them among residents of the area where funds are purported to have been dispensed. This process culminates in a public hearing at which residents and public officials discuss the accuracy of the project records.

This process empowers communities in several ways. First, by demanding the official project records, communities confront the central source of the power that bureaucracies hold over citizens: secrecy. Second, over the past decade or so MKSS has developed a simple methodology that allows people with limited education to participate in the expenditure-tracking process. Third, the public hearing forums that MKSS has developed (also called social audit forums) are highly democratic events that provide traditionally disempowered groups such as women, lower-caste members, illiterate people, and the poor to present their views on development projects. By inviting public officials to the public hearings, MKSS ensures that they too receive an opportunity to voice their points of view but that they are also held accountable for their actions.

Finally, issues raised at the public hearings become the basis of new demands for reforms in government agencies’ plans and procedures. The hearings empower communities to present their opinions on governance systems.

3. Could you describe MKSS’s interaction with other civil society groups in India?  Do you collaborate with budget analysis organizations, such as the Center for Budget and Policy Studies (CBPS), based in Bangalore, or the Center for Budget and Governance Accountability (CBSA) in New Delhi?

MKSS interacts with a vast number of civil society groups working both in Rajasthan and in other parts of India. As an active participant in several grassroots movements — including the National Campaign for Peoples’ Right to Information, the Right to Food Movement, the Right to Work Movement, Rajasthan Election Watch, and the National Alliance of Peoples’ Movement  — MKSS collaborates with many human rights and social justice organizations in these campaigns.

However, the nature of MKSS’s collaboration with each group differs. In some cases, MKSS participates in activities or campaigns undertaken by an organization, such as groups working locally in Rajasthan on social justice issues. MKSS’s involvement with other groups is more limited. In addition, MKSS receives support from other organizations in all of its campaigns.

MKSS does not work directly with groups such as Center for Budget and Policy Studies and the Center for Budget and Governance Accountability. However, MKSS is in contact with these groups and is familiar with their work. MKSS believes that for effective reforms to occur in governance processes, pressure must come from several sources. The budget work of groups like CBPS and CBGA provides valuable information to citizens and the media about the effects of national, state, and local budgets on their lives.

Read the summary of Aruna Roy’s presentation at the Brookings Institute in Washington, D.C. last October.

 


 

Growing Civil Society Budget Work in Nigeria

Nigeria is the seventh largest producer of oil in the world, yet most of its citizens live in abject poverty. In order to address this situation, several NGOs in Nigeria have begun directing resources to monitor government budgets at the federal, state, and local levels.

Among these groups are the Movement for the Survival of the Ogoni People, the Niger Delta Human Rescue Organization, the Institute of Human Rights and Humanitarian Law, the Center for Advanced Social Science, and ActionAid.

The Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) was established in 1990 to protect the interests and rights of the Ogoni minority. It rose to prominence through its successful campaign to prevent Shell from mining in Ogoni territory. MOSOP’s most innovative work is based on comparisons of currently realized local government revenues by source (such as rates, licenses, utility arrears, etc.) against their estimate of what should be realized. For example, in the last fiscal year, the local authority claims receiving license fees of N50,000 per year, but estimates of the number of bicycles suggests license fees of N250,000. Similarly, MOSOP compares current expenditures (such as government salaries) versus their estimate of the likely outlays. In the last fiscal year, the local government claimed salary expenditures of N2.04 million, but MOSOP estimates based on audited staff strength suggest annual expenditures of N1.17 million. MOSOP has completed a report on the results of its monitoring and is disseminating it to the target population. It plans to focus on one issue at a time and present its information for debate at the local town hall meetings where community issues are traditionally discussed.  For more information, contact MOSOP at http://www.mosop.org/.

The Niger Delta Human Rescue Organization (ND-Hero), established in 1995, works on human rights, conflict management, and governance issues. Its budget work focuses on monitoring the Niger Delta Development Commission (NDDC) community expenditures: (a government program created to develop a sense of community ownership and increase community participation by funding income-generating projects in the region). ND-Hero has interviewed residents of six communities to assess the degree to which NDDC consults with them, as well as the match between development projects and community needs. The results point to a record of poor (if any) consultation, as well as endless examples of development projects that do not respond to local needs and/or are never completed. In addition to highlighting development shortfalls, ND-Hero claims that the mismatch of projects and needs is related to patronage as community contracts are awarded to benefit local cronies, rather than chosen according to community need and contractor capability.

The Institute of Human Rights and Humanitarian Law (IHRHL), founded in 1988, seeks to build a culture of understanding of rights and responsibilities. IHRHL has done significant work training community “barefoot lawyers” and community advice centers. The group’s budget work includes building knowledge at the community level about public revenues and expenditures, monitoring major expenditure commitments in the state budget, and using the media to build awareness of budget debates to generate discussion on budgets and other public policy issues.

The Center for Advanced Social Science (CASS) was founded in 1992 by Claude Ake after working at the Brookings Institute in Washington and seeks to apply social science research to government policy-making. In addition to conducting research, CASS provides training to civil society, advisory services to the government, and undertakes its own policy advocacy. Its three program areas are public policy, governance, and the international system.

CASS plans a major initiative focusing on the Niger Delta to include a Niger Delta library, research in six areas (gender, poverty, democracy, oil, agriculture, and the environment) and the establishment of a regular development roundtable. The organization intends to become a resource for civil society and an influential actor on Delta-related issues.

As part of its Niger Delta work, CASS plans to focus on the emerging fiscal relationship between the federal and state governments. CASS intends to conduct research on federal government transfers and state-level expenditures, create a database on public expenditures and revenues, and provide training and disseminate information to civil society organizations in the Delta.

Other groups, such as ActionAid International, work with civil society groups to build their capacity to engage the government at all levels on budget analysis. Currently, ActionAid is undertaking two budget-related projects in Nigeria. The first, “Increasing Citizen Participation in Governance through Public Finance Analysis,” aims to strengthen existing public budgeting and expenditure analysis initiatives by civil society organizations in the states of Kebbi, Gombe, Plateau, Osun, Abia and Cross River. The project expects to generate the first major training instruments for budget tracking at the local level in Nigeria, and a basic manual for local and national budget analysis based on participatory processes.

ActionAid’s second project is “Increasing Participation of Civil Society in the Assessment, Monitoring and Evaluation of Resource Mobilization and Utilization on the Impact on HIV and AIDS Mitigation Effort in Nigeria”. The project will involve a broad based partnership between ActionAid and the Civil Society Consultative Network on HIV/AIDS in Nigeria (CISCNHAN). The project works to strengthen the national response to Nigeria’s HIV/AIDS pandemic by empowering civil society organizations and the public to monitor public programs aimed at fighting HIV/AIDS. The project will focus on federal and state governments’ expenditures as well as foreign resources earmarked for the prevention and management of HIV/AIDS.

 


 

CSO Workshop for Monitoring PRSP and MDG Progress

On 3-6 November in Johannesburg, South Africa, the United Nations Development Program’s (UNDP) Regional Service Center for Eastern and Southern Africa held the workshop “Monitoring Poverty Reduction Strategies and Progress towards Millennium Development Goals.” The workshop brought together more than 50 national and regional civil society networks from Ethiopia, South Africa, Nigeria, Uganda, Zambia, and Zimbabwe that work to promote poverty reduction and democratic governance.

The workshop’s primary aim was to strengthen the capacities of African civil society organizations to monitor progress in implementing the Millennium Development Goals (MDGs). Specifically, it sought to:

  • Expand participants’ understanding of the methods of monitoring poverty-reduction efforts.
  • Discuss recent developments related to progress toward the MDGs and civil society engagement in the Poverty Reduction Strategy and MDG processes.
  •  Identify barriers to effective civil society engagement in the PRSP and MDG processes and ways to address them.
  • Agree on a strategic plan for joint action at the national and regional levels for monitoring and evaluating progress toward the MDGs.
  • Determine ways in which partners such as the UNDP, civil society support networks, and civil society organizations in developed countries can assist civil society organizations in Africa.

 

The morning of the second day focused on the budget process, budget analysis practices, and the importance of active involvement by civil society organizations in tracking the budget. Participants also examined the different effects that budget allocations can have on women’s and men’s social and economic opportunities, and how mainstreaming gender into macroeconomic policies affects gender equity opportunities in public service.

Participants discussed broader issues as well, such as the role of the UN and UNDP in promoting the development agenda, the tension between global development initiatives and nationally-driven development goals, and the delivery of donor commitments. Finally, participants agreed on the importance of identifying common national action plans for the sensitization on MDGs, and agreed to improve the flow of information, to create more opportunities for civil society groups to participate in the budget process, and to develop tools for budget analysis.

 


 

Snapshot of Israel’s 2005 Budget

The Adva Center, based in Tel Aviv, reports that the Israeli government’s budget proposal for 2005, together with the Budget Arrangements Law, add up to yet another year of increased defense spending, decreased social service and infrastructure budgets, and more structural changes designed to downsize the government and the social safety nets. Tax cuts for the rich and reductions in employers’ social insurance obligations are to be financed by tax increases for the middle class and reductions in social assistance for low-income people.

Since 2001, Israeli citizens have experienced budget cuts amounting to some 60 billion shekels ($13.3 billion). The 2005 budget continues the trend with an 8 percent decrease in funding for public school teachers, continued under-financing of the public health system (whose budget has undergone erosion by 15 percent to 24 percent, depending on the calculation method, since legislation of a national health insurance law in 1995), a 15 percent cut in vocational training, and an 8 percent cut in research and development funding.

 


 

Social Pensions in Developing Countries

HelpAge International has released a new report examining the effects on developing countries of declining fertility rates and increasing life expectancy. As the report — Age and security: how social pensions can deliver effective aid to poor older people and their familiesexplains, the expanding older generation has important economic responsibilities yet very limited means to meet these responsibilities.

The report pays particular attention to the changing role of older people as they struggle to support grandchildren orphaned by HIV/AIDS. Many grandparents are acting as the main family breadwinner and must care for sick adult children while putting their grandchildren through school. For instance, 60 percent of the children orphaned by the epidemic in some countries of sub-Saharan Africa are cared by their grandparents.

The report calls for the provision of non-contributory pensions to older people in developing countries, arguing that the cost of such pensions is very low in terms of GDP. Such pensions can represent an important step toward reducing poverty among older persons. The report notes, however, that few Poverty Reduction Strategy Programs (PRSPs) have addressed the role of social protection in reducing poverty. Both affordable and feasible, social pensions deserve greater attention as part of poverty reduction programs — and as a main component of development spending.

The report covers a wide range of case studies from all over the world and includes recommendations for NGOs, international development institutions, and governments.

 


 

New in the IBP Library

Budgetary Processes and Economic Governance in Southern and Eastern Africa
By Odd-Helge Fjeldstad, Dirk Hansohm, Jan Isaksen, and Erwin Naimhwaka / The Namibian Economic Policy Research Unit (NEPRU)
In light of what NEPRU sees as a link between good governance and poverty reduction, it conducted this study to investigate the economic dimension of good governance. Drawing from the latest literature on economic governance, as well as relevant studies on southern and eastern Africa, this paper analyzes three avenues through which governments can expand their capacity for good economic governance: Medium-Term Expenditure Frameworks, autonomous revenue authorities, and the use of parliaments, non-state actors, and the auditor general to control the budget.

Taxation, Governance and Poverty: Where Do Middle Income Countries Fit In?
By Mick Moore and Aaron Schneider / Institute of Development Studies (IDS)
This report examines how tax reform can contribute to good governance and poverty reduction in middle income countries. It addresses four major questions: 1) What is the relevance of taxation and tax reform to poverty reduction and good governance in poorer countries?  2) Why focus on middle income countries?  3) Why focus on the linkages between taxation, governance, and poverty reduction?  4) What should the international aid and development community understand about the politics of tax reform?  The report concludes that tax reform will be an increasingly large part of the public policy agenda in poorer countries and should therefore be a major concern of aid donors and development agencies.

The Role of Parliament in the Budgetary Process: The Example of the Croatian Parliament (2000-2003)

By Vjekoslav Bratic / Institute of Public Finance
This report examines why the Croatian Parliament rarely modifies the government’s budget proposal in spite of its ability to do so. It investigates the evolution of the relationship between parliaments and the budget from 2000 to 2003 in order to provide recommendations for improving Croatia’s budget process.

Gauging Progress on Oil in Nigeria: Community Relations, Development Impact and Revenue Transparency
By Emmanuel O. Emmanuel / Center for Social & Corporate Responsibility
This report assesses the evolution of sustainable community development programs in the Niger Delta region and the status of recent Nigerian oil revenue transparency efforts.