Newsletter No. 22 – Spanish

Ley sobre transparencia e información en México

El pasado mes de julio el Centro Woodrow Wilson organizó la presentación “A un año de la ley de transparencia” a cargo de María Marván Laborde, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). En 2002, el congreso mexicano aprobó la ley federal sobre transparencia y acceso a información que ofrece acceso público a la información de los tres poderes gubernamentales, cuerpos autónomos constitucionales, tribunales administrativos federales y otros cuerpos federales. El IFAI fue creado para procesar pedidos de información bajo la nueva ley.

La ley obliga a las oficinas del gobierno a observar el principio de publicidad y ofrece al público el derecho a solicitar información que aún no sea del dominio público mediante un proceso determinado. También ofrece una lista de obligaciones de transparencia a las que el gobierno debe sujetarse tales como la publicación regular y accesible de información relevante al presupuesto, operación, personal, contratos y concesiones del gobierno, entre otras cosas.

Conforme al Índice latinoamericano de Transparencia 2003, México se encuentra entre los países líderes en cuanto a la disponibilidad y calidad de información macroeconómica aunque importantes pasos deben de seguirse para mejorar la integridad y calidad de la información presupuestaria en el país. Por ejemplo, el índice recomienda que la información presupuestaria sea desagregada en todas sus categorías para que el presupuesto y sus objetivos puedan ser analizados. También se enfatizó la importancia de poner a disposición del público lo siguiente:

  • información que ilustre cómo los cambios en la políticas públicas repercuten en los ingresos y egresos
  • documentos no técnicos dirigidos al público en general que describan  el proceso del presupuesto y sus objetivos
  • información oportuna y detallada dirigida a instituciones fuera del poder ejecutivo que permita realizar análisis fiscal alternativo
  • criterios para estimar los niveles de ingreso y realizar comparaciones entre los flujos de ingresos planeados y ejecutados

El IFAI reporta que las solicitudes de información recibidas bajo la nueva ley solían venir de periodistas pero que poco a poco los pedidos de información se han hecho más sofisticados e incluyen preguntas de académicos investigadores, abogados y empresarios. Además, 10 por ciento de los pedidos de información provienen de funcionarios públicos quienes encuentran a este medio como el más eficaz para obtener información sobre otras instancias del gobierno. Desde que este sistema se implementó en junio 2003 aproximadamente 35,400 solicitudes de información han sido concedidas.

Como parte del aniversario de la ley diversas ONGs en México organizaron actividades para evaluar la utilidad de la ley y para compartir experiencias ya existentes. De particular relevancia ha sido el seguimiento a un caso de distribución irregular de recursos en el presupuesto 2003 que ha dado lugar a una extensa campaña de transparencia. Dicha campaña y sus resultados serán detalladas en el siguiente boletín.

 


 

Conversación con CDES Ecuador sobre el enfoque de derechos humanos en el análisis de presupuestos

¿Cuál es la misión de CDES?

El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), con base en Quito, Ecuador fue formalmente establecido en 1997 para promover el desarrollo humano sustentable, participación social y rendición de cuentas gubernamental mediante investigación, capacitación e incidencia. El trabajo de CDES en Ecuador y América Latina busca garantizar e implementar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) a través del estudio de los derechos indígenas, el deterioro ambiental, la rendición de cuentas corporativa, el impacto de programas de ajuste estructural, la deuda externa e instituciones financieras internacionales tanto a nivel nacional como regional. CDES documenta violaciones de derechos humanos en los sectores más pobres y marginados del Ecuador y ha trabajado para analizar el impacto de los recortes presupuestarios del gobierno en sectores específicos. Durante la conversación con Juana Sotomayor conocimos más sobre cómo CDES utiliza el análisis de presupuestos desde una perspectiva de derechos humanos.

¿Cuándo y cómo ha sido de utilidad el análisis presupuestario?

CDES ha integrado el análisis presupuestario en su trabajo para examinar el impacto económico, social y cultural del presupuesto en diferentes sectores de la sociedad. El uso del análisis presupuestario ha sido una herramienta vital durante la crisis en el sector salud de finales de los noventa. Durante este tiempo los recortes al presupuesto nacional de salud se tradujeron en reducción de personal, instalaciones, equipo médico y programas de salud con un profundo impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad. Además los recortes gubernamentales contradicen el derecho constitucional al derecho a la salud que prohíbe cualquier recorte al presupuesto de salud. El análisis de CDES fue clave en el debate entorno a esta crisis que involucró a agencias gubernamentales, instituciones multilaterales y ONGs.

Actualmente CDES participa en varias iniciativas en donde el análisis presupuestario servirá como una herramienta útil para evaluar la calidad, pertinencia y congruencia del gasto público en relación a las políticas publicas y de conformidad con convenios y compromisos locales e internacionales. Uno de estos proyectos intenta explorar el impacto de las industrias extractivas en los pueblos de la Amazonía en Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Como parte de este esfuerzo, las organizaciones involucradas buscan identificar indicadores económicos y sociales en el presupuesto de cada país que pueda ser utilizado para evaluar si los gobiernos cumplen o no el compromiso de emplear las ganancias derivadas de la extracción petrolera en obras de mejoramiento de servicios básicos con altos niveles de pobreza en comunidades indígenas. CDES también participa en un proyecto que monitorea el derecho a la salud en comunidades indígenas en zonas rurales. Como parte de este proyecto, CDES hará un esfuerzo por desagregar las asignaciones al sector salud y ver su impacto en mujeres.

¿De qué manera el trabajo presupuestario ha ayudado a CDES a estrechar sus vínculos con otros grupos de la sociedad civil, tomadores de decisiones y organizaciones internacionales?

Cada año desde 2001, CDES ha llevado a cabo un diálogo nacional sobre el presupuesto federal en colaboración con el congreso ecuatoriano, el Instituto Latinoamericano de Investigación Social  (ILDIS) y la UNICEF. Estos encuentros le han permitido a una variedad de actores sociales aprender sobre las implicaciones sociales del presupuesto y sus vínculos entre los derechos económicos, sociales y culturales y la distribución de fondos públicos. Entre los participantes resaltan organizaciones como Jubileo 2000, grupos de indígenas e indígenas campesinos, organizaciones de mujeres y de la tercera edad. La contribución de CDES a estos diálogos ha sido ampliamente reconocida ya que, entre otras cosas, CDES ha ayudado a identificar importantes brechas en la información presupuestaria.

A cuatro años de llevar a cabo los diálogos, CDES (con asistencia del International Budget Partnership) condujo una evaluación para conocer las percepciones de los participantes sobre los diálogos y brindarle a CDES una idea del rumbo que los diálogos deben seguir. La evaluación demostró que existe gran potencial para que los diálogos promuevan la institucionalización de la participación ciudadana en el proceso presupuestario así como para explorar formas de expandir el papel del legislativo en el proceso del presupuesto. UNICEF se manifestó entusiasta en continuar apoyando los diálogos ya que representan una oportunidad de ubicar el gasto social en la agenda pública y educar al público en general sobre el impacto de las políticas públicas en la vida diaria. Los diálogos también han servido para alertar a los legisladores de la necesidad de recibir mayores oportunidades de capacitación que los prepare para participar de manera más efectiva en la etapa de aprobación del presupuesto.

La participación de CDES en el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2003 ha permitido que la organización fortalezca su capacidad interna de análisis presupuestario mediante la colaboración con expertos en la región así como con consultores independientes. Esto ha permitido que CDES gradualmente construya capacidad interna para continuar con su tarea de monitoreo del uso de recursos y proteger el derecho a la salud y a la educación.

Para conocer más sobre CDES, ir a la página del IBP:
https://archive.internationalbudget.org/groups/centro-de-derechos-econmicos-y-sociales-cdes/.

 


 

Conferencia regional sobre presupuestos, Burkina Faso

Del 28-30 de julio el Proyecto de Presupuestos de África (ABP) del Instituto para la Democracia en Sudáfrica (Idasa) llevó a cabo una conferencia regional sobre presupuestos aplicados para países francófonos africanos. El encuentro reunió a OSCs de 20 países para explorar el potencial del análisis presupuestario aplicado en la región.

Durante el primer día se revisaron dos estudios de caso sobre la formación y desarrollo del Servicio de Información Presupuestario (BIS) de Idasa y de “Uganda Debt Network” que demuestran cómo las OSCs pueden influir en el proceso presupuestario en África.

El segundo día se dedicó a explorar los procesos presupuestarios y sistemas de Francia y África francoparlante. En la mayoría de los países africanos la sociedad civil sólo recientemente se ha involucrado en el proceso del presupuesto. Sus esfuerzos son frenados por el limitado acceso a la información presupuestaria, una complicada relación con el ejecutivo y oportunidades bastante constreñidas de participación incluso en la fase legislativa. Además el parlamento carece de herramientas efectivas de análisis presupuestario lo cual debilita su papel en el proceso del presupuesto. Los talleres revisaron temas tales como el trabajo presupuestario y oportunidades de incidencia, análisis fiscal, presupuestos para la infancia con enfoque de derechos humanos y una revisión a las industrias extractivas.

El tercer día se centró en la presentación de un estudio internacional sobre transparencia y participación durante el proceso del presupuesto en el que participaron 8 países: Botswana, Burkina Faso, Ghana, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Uganda y Zambia. El día cerró con una discusión general sobre cómo hacer que la transparencia presupuestaria avance en África francoparlante y cómo BIS y otros grupos regionales e internacionales pueden contribuir a que esto suceda.

 


 

CSBI financia cinco proyectos en el 2004

La iniciativa de presupuesto de la sociedad civil (CSBI), es un programa de financiamiento creado para promover el trabajo presupuestario de la sociedad civil en países de bajos ingresos. CSBI ha anunciado que este año financiará cinco proyectos en Bolivia, Burkina Faso, Honduras, Indonesia y Malawi de 2004-2005. CSBI es dirigido por un comité evaluador de grupos de la sociedad civil que trabajan sobre presupuestos y es coordinado por el IBP.

Los proyectos que recibirán financiamiento son:

  • Bolivia: Se trata de una asociación entre tres organizaciones que trabajan para establecer un mecanismo de observación a la recaudación gubernamental. El proyecto inicial trata de explicar la disminución sustancial de la recaudación gubernamental derivada del sector petrolero. El programa será llevado a cabo por CEDLA (Centro para el Desarrollo Laboral y Estudios de Agricultura), CESU (Centro de Estudios Superior), y Coordinadora de la Mujer.
  • Burkina Faso: Este proyecto representa el primer esfuerzo de análisis presupuestario en Burkina Faso que busca identificar y asegurar oportunidades para una mayor transparencia en el presupuesto y mayor participación de la sociedad civil en el proceso presupuestario. Será conducido por el Centro de la Gobernabilidad Democrática.
  • Honduras: El proyecto busca tener un impacto en el presupuesto 2005 mediante la evaluación del gasto hacia programas de pobreza en el contexto de los documentos de estrategias para la reducción de la pobreza (DERP). El proyecto se llevará a cabo por FOSDEH (Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras).
  • Indonesia: El proyecto se basa en esfuerzos anteriores para diseñar y establecer un proceso de presupuestos participativos en Bandung en la municipalidad de West Java. Será llevado a cabo por el Instituto de Estudios sobre Gobernabilidad de Bandung (BIGS).
  • Malawi: El proyecto busca establecer un proceso de monitoreo de gastos comunitario para influir en los presupuestos nacional y subnacionales. Será conducido por “Civil Society Coalition for Quality Basic Education” (CSCQBE).

El pasado mes de diciembre el comité evaluador de CSBI distribuyó la convocatoria para presentar cartas de motivos en 11 países en África, Asia, y América Latina. El comité recibió cerca de 200 solicitudes entre las que fueron seleccionadas 10 organizaciones en ocho países para presentar propuestas completas para recibir asistencia técnica y financiera. Los cinco proyectos para recibir fondos fueron seleccionados de dichas propuestas.

Más adelante este año, el comité espera anunciar una segunda ronda de solicitudes para recibir ayuda económica en el 2005.

 


 

Seguimiento al gasto en pobreza para 2002 y 2003, CSPR Zambia

Un análisis reciente del presupuesto de Zambia 2002 y 2003 revela que mientras se cumplen los amplios objetivos de los DERP (Documentos de Estrategias para la Reducción de la Pobreza), los Programas de Reducción de la Pobreza (PRP) no están recibiendo el financiamiento necesario. El análisis fue dado a conocer en junio por “Civil Society for Poverty Reduction” (CSPR), una ONG que trabaja para asegurar que la sociedad civil participe de manera efectiva en la formulación de los DERP de Zambia.

De acuerdo al estudio, las limitaciones en el sistema de clasificación del presupuesto previenen el vínculo de los DERP con los PRP. Específicamente: 1) es difícil decir cuáles objetivos de los DERP se acoplan con los PRS, y 2) el presupuesto no se encuentra suficientemente detallado para medir cuanto dinero recibe cada PRP. De hecho no ha habido ningún esfuerzo por vincular el presupuesto con los DERP.

A pesar de estas limitaciones, sobresalen ciertas inconsistencias entre los objetivos de los DERP y las prioridades de gasto reflejadas en el presupuesto. Con base en proyecciones de los DERP el gasto global en PRPs debe de ser de 56.8 por ciento del presupuesto. No obstante en 2002 fue sólo de 7 por ciento y en 2003 sólo de 10.5 por ciento.

Además, el financiamiento de PRP parece que se realiza con sobras de otros programas, ya que reciben dinero sólo después de que otros programas han sido cubiertos. Esto sugiere que el problema responde a un asunto de prioridades y no de falta de fondos.

El reporte recomienda acciones políticas para asegurar que los PRPs reciban todo el financiamiento que necesitan. Una manera de lograrlo es a través de actividades de incidencia para promover una mejor transparencia en la nomenclatura del sistema presupuestario y así facilitar el seguimiento de gastos. El reporte apunta a casos en los que simplemente es imposible determinar la cantidad de financiamiento que reciben ciertos PRPs. También se ofrecen recomendaciones para evitar gastos excesivos en sectores que no sean para la reducción de la pobreza, así como una revisión de leyes de finanzas públicas fuera de vigencia.

Para leer el trabajo, ir a: http://www.sarpn.org.za/documents/d0000853/index.php

 


 

“Uganda Debt Network” evalúa el presupuesto 2003-04 de Uganda y su vínculo con la pobreza

Un análisis reciente del presupuesto nacional de Uganda 2003/2004 argumenta que el compromiso del gobierno hacia la reducción de la pobreza es más bien de carácter retórico que financiero. El reporte de “Uganda Debt Network” (UDN) una coalición de ONGs e individuos dedicados a la incidencia y cabildeo dio a conocer este trabajo el pasado mes de marzo. El reporte evalúa la conformidad del presupuesto con los objetivos de reducción de la pobreza en el Plan de Erradicación de la Pobreza. A pesar de lo que se dice en el presupuesto 2003 acerca de la prioridad que deben recibir los sectores de reducción de la pobreza tales como la agricultura, caminos, educación y salud, el reporte encontró que el presupuesto 2003/2004 invierte menos en estas áreas que en otras como la administración pública y la defensa.

Más allá de las prioridades en la distribución de recursos, el reporte identifica varios factores que pueden afectar la reducción de la pobreza. Por ejemplo, la existencia de múltiples presupuestos suplentes (con frecuencia adoptados para contrarrestar partidas no ejecutadas en sectores como la administración pública o defensa) erosiona la influencia de los participantes sobre el proceso del presupuesto y llevan a recortes presupuestarios en áreas clave para el desarrollo y reducción de la pobreza. Asimismo, en sectores tales como el de salud, los recursos simplemente no se están gastando de manera efectiva. Otra preocupación es que las transferencias a los gobiernos locales tampoco reflejan el hecho de que áreas más pobres tienen necesidades más grandes.

Para atender esta problemática, el reporte convoca al gobierno — en conjunto con otras partes — a examinar la eficiencia y prioridades del presupuesto. UDN explica que el gobierno debería de adoptar recortes en sectores que no sean vitales para la reducción de la pobreza y objetivos de desarrollo de infraestructura en el país.

 


 

Libro sobre la descentralización de recursos en México, CIDE, México

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una institución académica con base en la ciudad de México, publicó el libre Diagnóstico jurídico y presupuestario del ramo 33: Una etapa en la evolución del federalismo en México de Jorge Ortega.

El autor presenta el marco jurídico mediante el cual se basa el Ramo 33. En 1998 con la creación de los Fondos de Aportaciones Federales en el Ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación, se inició en México un proceso muy importante en la descentralización de recursos hacia los diferentes niveles de gobierno. El surgimiento del Ramo 33 representó un avance importante del federalismo en México, que contribuyó a ampliar la oferta de bienes y servicios públicos básicos a través de la acción directa de los gobiernos estatales y municipales, conforme a una distribución de recursos federales basada principalmente en argumentos de rezago socio-económico. Sin embargo, aunque la descentralización de recursos generada por el Ramo 33 ha sido importante, los criterios y fórmulas de distribución son cuestionables desde el punto de vista legal.

A pesar de que la descentralización de recursos generada con dicho programa ha sido muy importante, el criterio y fórmulas de distribución son cuestionables desde un punto de vista legal. En algunos casos el grado de discrecionalidad en la distribución de recursos se ha traducido en falta de transparencia.

El reporte hace un llamado a una estrategia nacional que promueva mejoras en las leyes estatales sobre planeación pública, adquisiciones y responsabilidades presupuestarias, así como que ofrezca un marco jurídico e institucional que mejore la capacidad administrativa al asegurar la ejecución transparente y eficiente de fondos públicos. Conforme a este estudio, mejorar el Ramo 33 implica mirar de cerca las fórmulas y criterios para la distribución de recursos, así como ejecutar los recursos a niveles estatales y municipales con un mejor nivel de efectividad. El reporte incluye una serie de recomendaciones para lograr estos objetivos como son los siguientes:

  • Establecer fórmulas de distribución de recursos que promuevan la calidad y eficiencia en la impartición de servicios;
  • Premiar los esfuerzos de recaudación de estados y municipios;
  • Ayudar a que niveles menores dentro del gobierno gradualmente  adquieran independencia económica del gobierno federal;
  • Ofrecer a los estados y municipios mayor flexibilidad en determinar el uso de recursos; y
  • Establecer compromisos concretos de parte de estados y municipios para actualizar los marcos legal e institucionales en lo que se refiere a lo fiscal y responsabilidades competentes como prerrequisito para recibir y administrar fondos federales.

 


 

Grupos presupuestarios critican el presupuesto de la India 2004-05

El nuevo gobierno de la India bajo la Alianza de Unión Progresiva “Union Progressive Alliance” (UPA) recientemente dio a conocer su presupuesto para 2004-05. El objetivo es el de generar un crecimiento económico de 7 a 8 por ciento por año a fin de expandir el empleo, promover el bienestar de los campesinos y fortalecer a las mujeres ofreciéndoles absoluta equidad.

Durante una intervención frente al congreso M.D. Mistry de la ONG DISHA retó el compromiso del gobierno a estos principios en la formulación del nuevo presupuesto. De acuerdo a DISHA, no más de 11.2 por ciento del presupuesto está dedicado al sector social mientras que el de defensa recibe de 13 a 14 por ciento de las asignaciones y pago de intereses de 28 a 29 por ciento. Esto a pesar de que el Ministro de Finanzas subrayara las políticas anti-pobreza en el presupuesto nacional lo cual dice Mistry deliberadamente distorsiona los números reales en el presupuesto. Asimismo, Mistry afirma que el presupuesto 2004/2005 es similar a los presupuestos de los pasados 10 años en cuanto a los repetidos fracasos por adoptar políticas prioritarias de combate a la pobreza.

Por su parte el Centro de Presupuesto y Rendición de Cuentas Gubernamental “Centre for Budget and Government Accountability” (CBGA), se muestra crítico del presupuesto 2004/2005 ya que las asignaciones no concuerdan con lo prometido por el gobierno. Algunas de las brechas más importantes se pueden ver en los sectores de salud y educación. A pesar de que el discurso gubernamental hiciera referencia a que la recaudación de un nuevo impuesto sería comprometido en su totalidad al financiamiento de educación primaria y el plan de almuerzos infantiles, el financiamiento hacia estos proyectos no ha aumentado en lo absoluto. En lo que se refiere a salud sucede lo mismo. A pesar de las promesas del ministerio de finanzas no se hace mención en el presupuesto a la propuesta de un seguro de salud para los pobres.

Para conocer sobre los grupos presupuestarios en la India, ver la página del IBP: https://archive.internationalbudget.org/who-does-budget-work/findgroup/group-data/?country=in.

 


 

Novedad en la biblioteca del IBP

Nueva asignación al tratatamiento anti-retroviral ARV: Un análisis del presupuesto nacional 2004/5 desde la perspectiva de VIH/SIDA
Por Alison Hickey, Idasa
Este reporte ofrece una evaluación inicial de los parámetros de financiamiento establecidos en el presupuesto de Sudáfrica 2004/2005 como respuesta del gobierno a la pandemia del VIH/SIDA. Examina las nuevas asignaciones para el programa de tratamiento anti-retroviral (ARV) así como otras partidas condicionales para el VIH/SIDA. En vista de que el presupuesto contiene un aumento de 134 por ciento de fondos para programas de VIH/SIDA en departamentos de salud a nivel estatal, las provincias se encuentran bajo enorme presión para arrojar resultados.

Se analiza también la cantidad que corresponde a cada provincia del total de los fondos ARV, el criterio utilizado en la repartición de fondos, así como cuestiones presupuestarias clave ligadas al nuevo flujo de financiamiento hacia ARV. Los retos que presenta el programa ARV en las relaciones fiscales intergubernamentales y la capacidad provincial que deberá demostrarse deberán sobreponerse para garantizar el éxito del programa. El reporte también ve cómo los aumentos en las asignaciones a VIH/SIDA se comparan con el presupuesto nacional y con el gasto en el sector salud en general.

 


 

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TALLER DEL IBP EN BANDUNG, INDONESIA
El IBP llevará a cabo un taller de introducción al análisis presupuestario aplicado en Bandung, Indonesia, del 1-3 de diciembre 2004. El evento de tres días ofrecerá a los participantes la oportunidad de conocer la importancia y aplicación del análisis presupuestario, así como ejemplos de organizaciones que realizan este tipo de trabajo. Los participantes de talleres anteriores han encontrado que estos encuentros son una oportunidad para explorar este campo de estudio en expansión y para conocer gente de todo el mundo con intereses similares. El seminario está dirigido a personal de ingreso reciente en organizaciones de análisis presupuestario y líderes de grupos que deseen comenzar a realizar análisis de presupuestos. Los asistentes deberán cubrir sus costos de traslado a Bandung, el IBP ofrecerá hospedaje y la mayoría de las comidas. El cupo del taller es limitado.

PROGRAMA DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES (DESC)
El programa sobre DESC “The Third Global Linking & Learning Program on Economic, Social, and Cultural Rights” se llevará a cabo en Alcochete, Portugal, del 1-10 de diciembre 2004. El programa está organizado por el Foro Asiático de Derechos Humanos y Desarrollo, el programa “International Human Rights Internship Program”, la red de derechos humanos “International Network for Economic, Social and Cultural Rights” (ESCR-Net) y “Dignity International” con el apoyo de NOVIB, Oxfam Holanda y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia.

El objetivo del programa es el de fortalecer el conocimiento y capacidades de aquellos que trabajan para ayudar a la gente de escasos recursos mediante la adopción de un marco de derechos humanos y así construir la capacidad de movimientos de base para la promoción y defensa de los DESC.

Newsletter No. 22 – French

Loi sur la transparence et l’information au Mexique

Le premier juillet dernier, le Centre Woodrow Wilson a accueilli la présentation de «Une année de Loi sur la transparence» par Maria Marvan Laborde, présidente du conseil pour l’Institut Fédéral pour l’Accès à l’Information (IFAI). En 2002, le congrès mexicain a voté en faveur de la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information gouvernementale, qui offre au public l’accès à l’information émanant des trois pouvoirs du gouvernement, des corps autonomes constitutionnels, des tribunaux administratifs fédéraux, et d’autres corps fédéraux. L’IFAI a été créé pour traiter les demandes d’information sous cette nouvelle loi.

La loi oblige tous les services du gouvernement à observer le «principe de publicité» et offre au public le droit de solliciter la publicité d’une information qui n’est pas encore publique, par le biais d’un processus déterminé. Elle fournit également une liste « d’obligations de transparence » que le gouvernement doit respecter, telles que la publication régulière et de manière accessible de l’information concernant les budgets, les opérations, le personnel, les contrats et les concessions signés par le gouvernement, etc.

Selon l’Indice latino-américain de transparence budgétaire 2003, le Mexique se trouve parmi les pays leaders de la région quant à la disponibilité et la qualité de l’information macroéconomique, mais il reste cependant nécessaire de franchir certaines étapes pour améliorer l’intégrité et la qualité de l’information budgétaire dans le pays. Par exemple, l’indice recommandait que l’information budgétaire soit détaillée dans toutes ses catégories afin que le budget et ses fins puissent être analysés. Il soulignait également l’importance de mettre à disposition du public les éléments suivants:

  • l’information qui illustre comment les changements proposés dans les politiques publics affects les revenus et les dépenses
  • des documents non-techniques destinés au public en général et qui décriraient le budget et ses buts, ainsi que le processus budgétaire
  • une information opportune et détaillée destinée aux institutions hors du pouvoir exécutif qui leur permette de réaliser une analyse fiscale alternative
  • des critères pour évaluer les niveaux de revenu et comparer les flux de revenus effectifs et ceux originellement prévus

L’IFAI rapporte que la plupart des demandes d’information qu’il a reçues sous la nouvelle loi provenaient généralement de journalistes, mais sont devenues de plus en plus sophistiquées et incluent désormais des requêtes de chercheurs universitaires, d’avocats et d’entrepreneurs. En outre, 10% des personnes qui font ces demandes d’information à l’IFAI sont des fonctionnaires publics, lesquels considèrent ce processus comme le moyen le plus rapide pour obtenir de l’information sur les autres organisations gouvernementales. Depuis la mise en place de ce système en juin 2003, environ 35,400 sollicitudes d’information ont été satisfaites.

A l’occasion du premier anniversaire de la loi sur l’information, plusieurs ONG au Mexique ont organisé des activités pour évaluer l’utilité de la loi et pour partager les expériences déjà réalisées. Le suivi d’un cas d’une allocation irrégulière de ressources dans le budget 2003, qui a conduit à une campagne intense pour la transparence, est tout particulièrement intéressant. Cette campagne, et ses résultats, seront détaillés dans le prochain bulletin.

Pour visiter le système de sollicitudes d’information (SISI), aller sur:
www.informacionpublica.gob.mx.

Pour visiter l’Institut Fédéral pour l’Accès à l’Information Publique (IFAI), aller sur:
http://www.ifai.org.mx/.

Pour lire le chapitre sur le Mexique de l’Indice latino-américain sur la transparence budgétaire, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/country-info/?country=mx.

 


 

Conversation avec le CDES Equateur sur l’approche des droits de l’homme dans l’analyse budgétaire

Quelle est la mission du CDES?

Le Centre pour les Droits Economiques et Sociaux (CDES), basé à Quito, Equateur, a été fondé en 1997 pour promouvoir le développement humain durable, la participation sociale, et la responsabilisation gouvernementale à travers la recherche, la formation, et les activités de défense des droits. Le travail du CDES en Equateur et en Amérique Latine vise à garantir et implanter les droits économiques, sociaux et culturels (DESC) en se penchant particulièrement sur les droits indigènes, la dégradation environnementale, le rendement de comptes corporatif et gouvernemental, l’impact de programmes d’ajustement structurel, la dette extérieure, et les institutions financières internationales – tant au niveau national que régional. Le CDES se documente sur les violations des droits de l’homme dans les secteurs les plus pauvres de l’Equateur et a travaillé sur l’analyse de l’impact des restrictions budgétaires gouvernementales dans des secteurs spécifiques. Lors de la conversation avec Juana Sotomayor, nous avons appris davantage sur l’utilisation de l’analyse budgétaire par le CDES sous l’angle des droits de l’homme.

Quand et comment l’analyse budgétaire a-t-elle prouvé son utilité?

Le CDES a intégré l’analyse budgétaire dans son travail pour examiner les impacts social, économique et culturel du budget sur les personnes dans différentes parties de la société. L’utilisation de l’analyse budgétaire est devenue cruciale lors de la crise de la santé à la fin des années 1990. Dans cette période les réductions gouvernementales du budget national de la santé se sont traduites par une grande réduction du personnel, des installations, de l’équipement et des programmes de santé avec un impact profond sur les secteurs les plus vulnérables de la société. En outre, les réductions gouvernementales sont allées contre le droit constitutionnel qu’est le droit à la santé, qui interdit toute réduction des allocations au budget de la santé. L’analyse du CDES a été essentielle dans le débat sur cette crise de la santé qui a impliqué des agences gouvernementales, des institutions multilatérales et des ONG.

Actuellement le CDES participe à différentes initiatives dans lesquelles l’analyse budgétaire servira comme un instrument utile pour évaluer la pertinence, la qualité et la conformité des dépenses publiques relativement aux politiques publiques ou aux conventions et accords locaux et internationaux. Un de ces projets tente d’explorer l’impact des industries extractives sur les peuples des pays de l’Amazonie, notamment la Bolivie, l’Equateur, la Colombie, le Pérou et le Venezuela. Dans le cadre de cet effort, les organisations impliquées cherchent à identifier les indicateurs économiques et sociaux dans le budget de chaque pays qui peuvent être utilisés pour évaluer si les gouvernements remplissent leur engagement d’utiliser les revenus pétroliers pour améliorer les services de base dans les aires avec des hauts niveaux de pauvreté parmi les communautés indigènes. Le CDES participe également à un projet qui organise le droit à la santé dans les communautés indigènes de zones rurales. Dans ce cadre, le CDES fera notamment un effort pour détailler les allocations à la santé et clarifier leur impact sur les femmes.

Le travail budgétaire a-t-il aidé le CDES à renforcer ses liens avec des groupes de la société civile, des décideurs et des organisations internationales?

Chaque année depuis 2001, le CDES a mené un dialogue national sur le budget fédéral en collaboration avec le Congrès de l’Equateur, l’Institut Latino-américain de la Recherche Sociale (ILDIS) et l’UNICEF. Ces rencontres ont permis aux participants d’acquérir des connaissances sur les implications sociales du budget et les connections entre les droits économiques, sociaux et culturels et la distribution des fonds publics. Les participants réguliers incluent le Jubilée 2000, les groupes d’indigènes et de paysans, et des groupes représentant les femmes et les personnes âgées. La contribution du CDES à ces dialogues a été amplement reconnue puisque le CDES a aidé à identifier des brèches importantes dans l’information budgétaire.

Après quatre ans de dialogues, le CDES (avec l’assistance de « l’International Budget Partnership ») a mené une évaluation pour connaître les visions des participants de ces rencontres et donner au CDES une idée de la direction que ces dialogues devraient suivre. L’évaluation a montré qu’il existe un grand potentiel pour que ces dialogues promeuvent l’institutionnalisation de la participation citoyenne dans le processus budgétaire et explorent des formes d’accentuer le rôle du pouvoir législatif dans le processus budgétaire. L’UNICEF se montre enthousiaste à l’idée de poursuivre le soutien aux dialogues parce qu’ils représentent une opportunité pour inscrire les considérations sur les dépenses publiques sur l’agenda public et éduquer le public en général sur l’impact des politiques publiques sur la vie quotidienne. Les dialogues ont également alerté les législateurs sur la nécessité d’opportunités de formation et d’apprentissage qui les préparent pour participer de façon plus efficace à l’étape de l’approbation du budget.

La participation du CDES dans l’Indice latino-américain de transparence budgétaire 2003 a permis à l’organisation de renforcer sa capacité d’analyse budgétaire à travers la collaboration avec des experts en analyse budgétaire dans la région et des consultants indépendants. Cela a permis au CDES de construire progressivement une capacité interne pour poursuivre son effort pour gérer l’utilisation des ressources et protéger le droit à la santé et à l’éducation.

Pour en savoir plus sur le CDES, visiter le site de l’IBP sur: https://archive.internationalbudget.org/groups/centro-de-derechos-econmicos-y-sociales-cdes/.

 


 

Conférence régionale sur les budgets appliqués, Burkina Faso

Du 28 au 30 juillet, le Projet Budgétaire de l’Afrique (ABP) de l’Institut pour la Démocratie en Afrique du sud (Idasa) a tenu une conférence régionale sur les budgets appliqués pour l’Afrique francophone. La rencontre a rassemblé un groupe d’organisations de la société civile (OSC) provenant de 20 pays pour explorer le potentiel pour le travail budgétaire appliqué dans la région.

Le premier jour ont été examinés deux études de cas sur la formation et le développement du service d’information budgétaire de l’Idasa et de “Uganda Debt Network” qui ont démontré comment les OSC peuvent influencer le processus budgétaire en Afrique.

Le deuxième jour ont été explorés les systèmes et processus budgétaires en France et dans l’Afrique francophone. Dans la plupart des pays africains francophones, la société civile a seulement récemment été impliquée dans le processus budgétaire. Ses efforts sont freinés par l’accès limité à l’information budgétaire, une relation parfois difficile avec l’exécutif et des opportunités très contraignantes pour l’interaction, même dans la phase législative. En outre, le parlement manque d’instruments d’analyse budgétaire, ce qui affaiblit son rôle dans le processus budgétaire. Les ateliers ont révisé des sujets tels que le travail budgétaire et les opportunités de revendication, l’analyse fiscale, les enfants et le budget sous l’angle des droits, et une révision des industries extractives.

Le troisième jour a été consacré à la présentation d’une étude sur plusieurs pays sur la transparence et la participation dans le processus budgétaire, impliquant huit pays africains: le Botswana, le Burkina Faso, le Ghana, la Namibie, le Nigeria, l’Afrique du sud, l’Ouganda et la Zambie. La journée s’est conclue sur une discussion générale autour des moyens pour faire progresser le travail sur la transparence budgétaire en Afrique francophone et sur les voies pour le service d’information budgétaire et d’autres groupes pour soutenir régionalement et internationalement ce travail.

 


 

La CSBI finance cinq projets budgétaires en 2004

L’Initiative Budgétaire de la Société Civile (CSBI), un projet de financement créé pour promouvoir le travail budgétaire de la société civile dans les pays aux faibles revenus, a annoncé qu’il financerait cinq projets budgétaires en Bolivie, au Burkina Faso, au Honduras, en Indonésie, et au Malawi en 2004-2005. La CSBI est dirigée par un comité évaluateur de groupes issus de la société civile travaillant sur les budgets et est coordonnée par l’IBP.

Les projets qui recevront le financement sont:

  • Bolivie: Il s’agit d’un partenariat entre trois organisations qui travaillent pour l’établissement d’une surveillance des prélèvements gouvernementaux. Le projet initial cherche à expliquer la réduction substantielle des revenus du gouvernement issus du secteur des hydrocarbures (pétrole). Le programme sera sous la responsabilité du CEDLA (Centre pour le Développement du Travail et les Etudes de l’Agriculture), du CESU (Centre d’Etudes Supérieures), et de «Coordinadora de la Mujer».
  • Burkina Faso: Le projet, qui représente le premier travail budgétaire au Burkina Faso, cherche à identifier et assurer les opportunités pour une plus grande transparence budgétaire et une plus importante implication de la société civile dans le processus budgétaire. Il sera sous la responsabilité du Centre pour la Gouvernance Démocratique.
  • Honduras: Le budget cherche à avoir un impact sur le budget 2005 en évaluant les dépenses récentes du gouvernement liées à la pauvreté dans le contexte de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté (PRSP). Le projet sera sous la responsabilité du FOSDEH (Forum Social pour la Dette Extérieure et le Développement au Honduras).
  • Indonésie: Le projet se base sur des efforts antérieurs pour élaborer et établir un processus de participation budgétaire dans la municipalité de West Java de Bandung. Il sera sous la responsabilité de l’Institut de Bandung pour les Etudes de la Gouvernance (BIGS).
  • Malawi: Le projet a pour but d’établir un processus de gestion des dépenses communautaires pour influencer les budgets dédiés à l’éducation aux niveaux national et sub-national. Il sera sous la responsabilité de la Coalition de la Société Civile pour une Education Basique de Qualité (CSCQBE).

 

En décembre dernier, le comité évaluateur de la CSBI a distribué la convocation pour présenter des lettres de motivation dans onze pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Le comité a reçu presque 200 candidatures, parmi lesquelles il a choisi dix organisations de huit pays pour présenter des propositions complètes afin de recevoir une assistance technique et financière. Les cinq projets qui recevront les fonds ont été sélectionnés parmi ces propositions.

Plus tard dans l’année, le comité prévoit d’annoncer un second tour de candidatures pour recevoir une aide début 2005.

 


 

Suivi des dépenses pour la réduction de la pauvreté pour 2002 et 2003, CSPR Zambie

Une nouvelle analyse des budgets de la Zambie en 2002 et 2003 montre que, alors que se réalisent les objectifs principaux de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté (PRSP), ses Programmes de Réduction de la Pauvreté (PRP) ne reçoivent pas l’attention ou le financement nécessaire. L’analyse a été rendue publique en juin par la Société Civile pour la Réduction de la Pauvreté (CSPR), une ONG qui travaille sur le suivi de la participation de la société civile dans la formulation de la PRSP de la Zambie.

Selon cette étude, les limitations dans le système de classification du budget empêchent la construction du lien entre la PRSP et les PRP. Spécifiquement: 1/ il est difficile de dire quels PRP correspondent aux objectifs spécifiques de la PRSP, et 2/ le budget n’est pas assez détaillé pour permettre de mesurer le financement que chaque PRP reçoit. Il n’y a donc pas eu d’effort délibéré pour relier le budget à la PRSP.

Malgré ces limitations, il est possible d’observer certaines inconsistances entre les objectifs de la PRSP et les dépenses budgétaires. En prenant pour base les projections de la PRSP, les dépenses globales en PRP devraient représenter 56.8% du budget. Cependant, en 2002 elles n’atteignaient que 7 puis 10.5% l’année suivante.

Par ailleurs, le financement des PRP semble être fait sur une base résiduelle, ces programmes recevant l’argent seulement après que les autres programmes sont complètement financés. Cela démontre que le problème est avant tout un problème de priorité et non un problème de manque de financement.

Le rapport recommande la réalisation d’actions de politiques publiques pour s’assurer que les PRP reçoivent tout le financement nécessaire. La défense d’une plus grande transparence dans le système de classification budgétaire pour faciliter le suivi des dépenses peut être un des moyens de relever ce défi; le rapport se réfère à des cas pour lesquels il est tout simplement impossible de déterminer le montant du financement que certains PRP reçoivent. Le rapport formule également des recommandations pour éviter des dépenses excessives dans des secteurs qui ne concernent pas la réduction de la pauvreté et réviser des lois de finance publique obsolètes.

Pour lire le rapport, aller sur: http://www.sarpn.org.za/documents/d0000853/index.php

 


 

“Uganda Debt Network” évalue le budget 2003/2004 de l’Ouganda et son lien avec la pauvreté

Une analyse récente du budget national de l’Ouganda 2003/2004 affirme que l’engagement du gouvernement à réduire la pauvreté est plus rhétorique que financier. Rendu public en mars par “Uganda Debt Network,” une coalition de défense et de lobbying d’ONG et d’individus, le rapport évalue la conformité du budget aux objectifs de réduction de la pauvreté contenus dans le plan d’action pour l’éradication de la pauvreté. Malgré l’assurance, dans le discours sur le budget 2003 et dans les antécédents du budget, que la priorité serait donnée aux secteurs clés de la réduction de la pauvreté, tels que l’agriculture, les routes, l’éduction, et la santé, le rapport établit que le budget 2003/2004 dépense moins dans ces secteurs que dans l’administration publique et la défense.

Au delà des priorités d’allocation, le rapport identifie plusieurs facteurs qui peuvent affecter la lutte contre la pauvreté. Par exemple, l’existence de multiples budgets suppléants (souvent adoptés pour maquiller des dépenses non budgétisées destinées à l’administration publique et à la défense) érode l’influence de plusieurs participants dans le processus budgétaire et conduit à des restrictions budgétaires dans des aires importantes pour le développement et la réduction de la pauvreté. En outre, dans des secteurs tels que la santé, l’argent n’est tout simplement pas dépensé de manière efficace. Autre fait préoccupant, les transferts aux gouvernements locaux ne reflètent pas le fait que les régions les plus pauvres ont de plus grands besoins.

Pour affronter certains de ces problèmes, le rapport préconise au gouvernement – conjointement à différents participants – d’examiner l’efficacité et de revoir les priorités du budget. L’UDN explique que le gouvernement devrait effectuer certaines restrictions dans les secteurs qui ne sont pas vitaux pour la réduction de la pauvreté et les objectifs de développement des infrastructures.

 


 

Rapport sur la décentralisation des ressources au Mexique, CIDE, Mexico

Le Centre de Recherche et d’Enseignement en Économie (CIDE), une institution académique basée à Mexico, a publié un nouveau rapport, Diagnostic juridique et budgétaire de la branche 33: Une étape dans l’évolution du fédéralisme au Mexique, de Jorge Ortega.

Implantée en 1998, «Ramo 33» représente un pas significatif vers la décentralisation des ressources vers des niveaux de gouvernement moins élevés au Mexique. Il inclut toutes les contributions fédérales aux entités fédérales et municipales et cherche à étendre la mise à disposition de biens et services publics de base à travers l’implication directe des gouvernements étatiques et municipaux.

Jorge Ortega, auteur du rapport, a examiné le cadre juridique des sept fonds qui constituent «Ramo 33» dans le budget national. Bien que ce programme a engendré une décentralisation des ressources importante, les critères et formules de distribution sont questionnables depuis un point de vue légal. Dans certains cas, le degré de discrétion dans l’allocation des ressources a contribué à un manque de transparence dans la distribution des fonds.

Le rapport appelle à une stratégie nationale qui promeuve des améliorations dans les lois étatiques sur la planification publique, les acquisitions, et les responsabilités budgétaires, et qui offre un cadre institutionnel et légal pour améliorer la capacité administrative en assurant une application efficace et transparente des fonds publics. Le rapport affirme qu’améliorer « Ramo 33 » implique d’observer de plus près les formules et critères pour l’allocation des ressources, ainsi que d’appliquer les ressources aux niveaux étatique et municipal de manière plus efficace. Le rapport souligne une série de recommandations pour atteindre ces objectifs, dont:

  • Etablir des formules de distribution des ressources qui promeuvent la qualité et l’efficacité dans la distribution du service
  • Récompenser les efforts de prélèvements des états et municipalités
  • Aider les niveaux moins élevés de gouvernement à acquérir progressivement leur indépendance économique par rapport au gouvernement fédéral
  • Offrir aux états et municipalités une plus grande flexibilité dans la détermination de l’utilisation des ressources
  • Etablir des engagements concrets de la part des états et municipalités pour actualiser les cadres légal et institutionnel quant au domaine fiscal et aux responsabilités concernées, comme un pré requis pour recevoir et administrer des fonds fédéraux

 


 

Des groupes budgétaires indiens critiquent le budget 2004/2005 de l’Inde

Le nouveau gouvernement de l’Inde sous l’Alliance de l’Union Progressiste (UPA) a récemment rendu public son budget pour 2004/2005. L’évènement fait suite à une déclaration du gouvernement selon laquelle il suivrait un Programme Minimum Commun ayant pour objectif de générer une croissance économique de 7% à 8% par an afin d’augmenter l’emploi, permettre le bien-être des paysans, donner plus de place aux femmes et offrir une équité absolue.

Dans un discours devant le parlement, M.D. Mistry de l’ONG indienne DISHA a défié l’engagement du gouvernement à respecter ces principes dans ce nouveau budget. Selon DISHA, pas plus de 11.2% du budget sont consacrés au secteur social, alors que la défense reçoit 13% à 14% des allocations et que les remboursements d’intérêt représentent 28% à 29%. Pourtant, le ministre des finances a insisté sur les politiques en faveur des pauvres dans les points importants du budget, à propos desquels Mistry a déclaré délibérément qu’ils distorsionnent les chiffres actuels du budget.

En fait, M. Mistry a déclaré que le budget 2004/2005 était similaire aux budgets des dix dernières années dans leur échec pour adopter des priorités politiques afin de combattre la pauvreté.

Le Centre pour le Budget et la Responsabilisation Gouvernementale (CBGA) a également fortement critiqué le budget 2004/2005, et notamment les fossés énormes entre les promesses du gouvernement dans son discours sur le budget et les allocations budgétaires actuelles. Les fossés les plus significatifs concernent les secteurs de l’éducation et de la santé. Malgré l’assurance dans le discours sur le budget que les revenus issus d’une nouvelle taxe seraient consacrés entièrement à l’universalisation de l’éducation primaire et à un programme de distribution de déjeuners à l’école, le financement de ces projets n’a pas augmenté du tout depuis le budget intérimaire 2004/2005. Dans le secteur de la santé, l’histoire est similaire: malgré une promesse dans le discours du ministre des finances, il n’est pas fait mention dans le budget du plan proposé d’assurance de santé pour les pauvres.

Pour en savoir plus sur les groupes budgétaires en Inde, aller sur: https://archive.internationalbudget.org/who-does-budget-work/findgroup/group-data/?country=in.

 


 

Nouveauté dans la bibliothèque de l’IBP

Nouvelle allocation pour le traitement ARV: une analyse du budget national 2004/2005 depuis la perspective du VIH/SIDA

Par Alison Hickey, Idasa

Ce rapport offre une évaluation initiale du cadre de financement établi dans le budget 2004/2005 de l’Afrique du sud comme réponse du gouvernement au VIH/SIDA. Il examine les nouvelles allocations pour le programme de traitement anti-rétroviral (ARV), ainsi que d’autres subventions conditionnelles pour lutter contre le virus. Etant donné que le budget contient une augmentation de 134% des financements pour les programmes de lutte contre le VIH/SIDA dans les départements provinciaux de la santé, les provinces seront sous pression pour fournir des résultats.

Le rapport analyse la part des financements ARV pour chaque province, le critère utilisé dans la répartition des fonds, et les questions budgétaires essentielles liées au nouveau flux de financements destiné au traitement ARV. La mise en place de cet important programme sera à l’origine de défis pour les relations fiscales intergouvernementales et la capacité provinciale qui devront se manifester si le programme se réalise. Le rapport compare également les augmentations des allocations au VIH/SIDA au budget national dans son entier et aux dépenses dans le secteur de la santé en général.

 


 

Annonces

ATELIER DE L’IBP A BANDUNG, EN INDONESIE

L’IBP organisera un atelier introductif sur le travail sur les budgets appliqués à Bandung, en Indonésie, du 1er au 3 décembre 2004. L’événement de trois jours offrira une vue d’ensemble de la budgétisation appliquée, en donnant aux participants le sens de l’importance du travail budgétaire appliqué ainsi qu’une liste d’opportunités en cours dans ce champ. Nous mentionnerons également plusieurs organisations qui réalisent un travail de qualité dans ce domaine. Les participants des ateliers antérieurs ont considéré que cet atelier offrait une opportunité utile pour explorer ce champ d’étude en expansion et rencontrer des gens du monde entier aux intérêts similaires. Le séminaire est destiné au nouveau personnel des groupes budgétaires déjà existants, ainsi qu’aux managers d’organisations qui veulent s’engager sur la voie du travail budgétaire. Les participants doivent eux-mêmes financer leur déplacement jusqu’à Bandung, l’IBP offrira le logement et la plupart des repas. Les places sont limitées.

PROGRAMME DE DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

Le programme sur les droits économiques, sociaux et culturels (DESC), “The Third Global Linking and Learning Program,” aura lieu à Alcochete, au Portugal, du 1er au 10 décembre 2004. Le programme est organisé par le Forum asiatique pour les droits de l’homme et le développement, le programme “International Human Rights Internship Program,” le réseau international pour les droits économiques, sociaux et culturels (ESCR-Net) et “Dignity International,” avec le support de NOVIB, Oxfam Pays-Bas, et le ministère des affaires étrangères de la Finlande.

L’objectif général du programme est de renforcer la connaissance et les capacités de ceux qui travaillent pour aider les personnes vivant dans la pauvreté extrême, à travers l’adoption d’une structure sur les droits de l’homme, et construire ainsi la capacité de mouvements de base pour promouvoir et défendre les DESC de base.

Newsletter No. 22 – English

Budget Transparency and Information Law in Mexico

On July 1, the Woodrow Wilson Center hosted the presentation “One Year of the Transparency Law” by María Marván Laborde, president of the council for the Federal Institute for the Access to Public Information (IFAI). In 2002, the Mexican Congress passed the Federal Law for Transparency and for Access to Governmental Public Information, which provides for public access to information held by the three branches of government, autonomous constitutional bodies, federal administrative tribunals, and other federal bodies. IFAI was created to process requests for information under the new law.

The law instructs all government offices to favor the “principle of publicity” and grants the public the right to seek disclosure of information not already public through a straightforward request process. It also provides a list of “transparency obligations” government should observe, such as publishing in a regular and accessible manner all information relevant to budgets, operations, personnel, the signing of contracts and concessions, and so on.

According to the Latin American Index of Budget Transparency 2003, Mexico is among the region’s leading countries with regard to the availability and quality of macroeconomic information, but important steps are still needed to improve the integrity and quality of budget information in the country. For example, the Index advised that budget information be disaggregated in all its categories so the budget and its goals could be analyzed. It also stressed the importance of providing the public with:

  • information that illustrates how proposed changes in public policies would affect revenues and expenditures
  • non-technical documents aimed at the general public that describe the budget and its goals, as well as the budget process
  • detailed and timely information aimed at institutions outside the executive branch to enable them to conduct alternative fiscal analysis
  • criteria to estimate revenue levels and comparisons of revenue flows to the original estimates

IFAI reports that most of the information requests it receives under the new law used to come from journalists, but that requests have become more sophisticated lately and now include inquiries from academic researchers, lawyers, and entrepreneurs. In addition, 10 percent of the people who submit information requests to IFAI are public officials, who have found this to be the quickest method of obtaining information about other government organizations. Since the system’s inception in June 2003, an estimated 35,400 information requests have been granted.

As part of the first anniversary of the information law diverse CSOs in Mexico organized activities in order to evaluate the usefulness of the law and to share already existing experiences. Of particular relevance has been the follow up of one case of an irregular allocation of resources in the budget 2003, which has led to a widely endorsed campaign for transparency. This campaign, and its results, will be detailed in the next newsletter.

 


 

A Conversation with CDES Ecuador on the Human Rights Approach to Budget Work

What is CDES mission?

The Center for Economic and Social Rights (CDES), based in Quito, Ecuador was formally established in 1997 to promote sustainable human development, social participation, and government accountability through research, training, and advocacy activities. CDES work in Ecuador and Latin America aims to guarantee and implement Economic, Social and Cultural Rights (ESCRs) looking in detail at indigenous rights, environmental degradation, corporate and state accountability, the impact of structural adjustment lending, external debt, and international financial institutions  – both nationally and regionally – CDES documents human rights violations of the poorest sectors in Ecuador and has worked to analyze the impact of government budget cuts in specific sectors. During the conversation with Juana Sotomayor we learn more about CDES use of budget analysis from a human rights angle.

When has budget analysis proved useful, and how?

CDES has integrated budget analysis into its work to examine the budget’s social, economic, and cultural impacts on people in different parts of society. The use of budget analysis became crucial during the health crisis of the late nineties. During this time government cuts to the national health budget translated in far-reaching reduction in personnel, facilities, and equipment and health programs with a profound impact on the most vulnerable sectors of society. In addition, government cuts contravened the constitutional right to health, which prohibits any reductions in allocations to the health budget. CDES analysis became key in the health crisis discussion that involved government agencies, multilateral institutions, and NGOs.

Currently CDES is participating in several initiatives where budget analysis will serve as a useful tool to assess the adequacy, quality, and congruency of public spending relative to public policies or international or local conventions and commitments. One of these projects intends to explore the impact of extractive industries on the peoples of the Amazon region countries, including Bolivia, Ecuador, Colombia, Peru, and Venezuela. As part of this effort, stakeholders are seeking to identify economic and social indicators in each country’s budget that can be used to evaluate whether the governments are fulfilling their commitment to use oil revenues to improve basic services in areas with high levels of poverty amongst indigenous communities. CDES is also participating in a project that monitors the right to health in indigenous communities in rural areas. As part of this project, CDES will make an effort to disaggregate health allocations and clarify their impact on women.

Has budget work helped CDES reach out to other civil society groups, decision-makers, and international organizations?

Each year since 2001, CDES has held a national dialogue on the federal budget in collaboration with Ecuador’s Congress, the Latin American Institute of Social Research, and the United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). These meetings have enabled stakeholders to learn about the social implications of the budget and the connections between economic, social, and cultural rights and the distribution of public funds. Regular participants include Jubilee 2000, indigenous people’s groups, peasants’ groups, and groups representing women and the elderly. CDES’s contribution to these dialogues has been widely recognized, as CDES has helped identify important gaps in budget information.

After four years of these dialogues, CDES (with assistance from the International Budget Partnership) has conducted an evaluation to learn participants’ views of the meetings and give CDES a sense of the direction the dialogues should take. The evaluation showed that there is great potential for the dialogues to promote the institutionalization of citizen participation in the budget process and to explore ways of expanding the legislature’s role in the budget process. UNICEF is keen to continue supporting the dialogues because they represent an opportunity to place social spending concerns on the public agenda and educate the general public about the impact of public policies on everyday life. The dialogues have also alerted legislators to the need for training and learning opportunities that can prepare them to participate more effectively in the approval stage of the budget.

CDES participation in the Latin American Index for Budget Transparency 2003 has allowed the organization to enhance its budget analysis capacity through the collaboration with budget analysis experts in the region and independent consultants. This has enabled CDES to gradually build in-house capacity to pursue its ongoing effort to monitor the use of resources and protect the right to health and education.

To know more about CDES, visit the IBP website at:
https://archive.internationalbudget.org/groups/centro-de-derechos-econmicos-y-sociales-cdes/.

 


 

Regional Applied Budget Conference, Burkina Faso

On 28-30 July the Africa Budget Project of the Institute for Democracy in South Africa (Idasa) held a Regional Applied Budget Conference for Francophone Africa. The meeting brought together a group of civil society organizations (CSOs) from 20 countries to explore the potential for applied budget work in the region.

Day one examined two case studies on the formation and development of Idasa’s Budget Information Service and the Uganda Debt Network, which demonstrated how CSOs can influence the budget process in Africa.

Day two explored the budget processes and systems in France and in francophone Africa. In most francophone African countries, civil society has only recently become involved in the budget process. Its efforts are hampered by limited access to budget information, a sometimes-difficult relationship with the executive and very constrained opportunities for interaction even in the legislative phase. In addition, parliament lacks budget analysis tools, which weakens its role in the budget process. Workshops reviewed topics such as budget work and advocacy opportunities, tax and revenue analysis, children and the budget from a rights perspective, and extractive industries review.

Day three focused on the presentation of a cross-country research study on transparency and participation in the budget process involving eight African countries: Botswana, Burkina Faso, Ghana, Namibia, Nigeria, South Africa, Uganda, and Zambia. The day closed with a general discussion on how to take budget transparency work forward in francophone Africa and how the Budget Information Service and other groups regionally and internationally can support this work.

 


 

CSBI Funds Five Budget Projects in 2004

The Civil Society Budget Initiative (CSBI), a small grant-making project created to promote civil society budget work in low-income countries, has announced it will fund five budget projects in Bolivia, Burkina Faso, Honduras, Indonesia, and Malawi in 2004-05. CSBI is led by a steering committee of civil society groups working on public budgets and is coordinated by the IBP.

The projects receiving funding are:

  • Bolivia: This is a partnership of three organizations that work to establish a government revenue watch. The initial project focuses on explaining the substantial decrease in government revenues derived from the hydrocarbon (oil) sector. The program will be undertaken by CEDLA (Center for Labor Development & Agricultural Studies), CESU (Center for Higher University Studies), and “Coordinadora de la Mujer.”
  • Burkina Faso: The project, which represents the first budget work in Burkina Faso, focuses on identifying and securing opportunities for greater budget transparency and civil society involvement in the budget process. It will be undertaken by the Center for Democratic Governance.
  • Honduras: The project focuses on influencing the 2005 budget by assessing the government’s recent poverty-related spending in the context of the national poverty reduction strategy (PRSP). The project will be undertaken by FOSDEH (Social Forum for External Debt and Development in Honduras).
  • Indonesia: The project builds on previous work to design and establish a participatory budgeting process in the Bandung municipality of West Java. It will be undertaken by the Bandung Institute for Governance Studies (BIGS).
  • Malawi: The project aims to establish a community-led expenditure monitoring process to influence national and sub-national education budgets. It will be undertaken by the Civil Society Coalition for Quality Basic Education (CSCQBE).

Last December, the CSBI steering committee distributed a call for letters of interest to 11 countries in Africa, Asia, and Latin America. The committee received nearly 200 applications, from which it chose ten organizations in eight countries to produce full proposals for financial and technical assistance. The five projects to receive grants were selected from those proposals.

Later this year, the committee expects to announce a second round of grant applications to receive support beginning in 2005.

 


 

Tracking Poverty Reduction Expenditures for 2002 and 2003, CSPR Zambia

A new analysis of Zambia’s 2002 and 2003 budgets, which shows that while the country’s broad PRSP objectives are being met, its Poverty Reduction Programs (PRSP) are not receiving the priority or funding they need. The analysis was issued in June by the Civil Society for Poverty Reduction (CSPR), a non-profit that works to ensure that civil society effectively participates in the formulation of Zambia’s PRSP.

According to the study, limitations in the budget’s classification system prevent the linkage of the PRSP with PRPs. Specifically: 1) it is difficult to tell which PRPs match up with specific PRSP objectives, and 2) the budget is not detailed enough to allow an accurate gauge of how much funding each PRP is actually receiving. Thus, there has been no deliberate effort to link the budget to the PRSP.

Despite these limitations, certain inconsistencies between PRSP objectives and budget expenditures do stand out. Based on PSRP projections, overall spending on PRPs should be 56.8 percent of the budget, yet in 2002 it was only 7 percent and in 2003 it was only 10.5 percent.

Further, PRP funding appears to be done on a residual basis, with these programs receiving money only after other programs are fully funded. This suggests that the problem is fundamentally one of priorities, not lack of funding.

The report recommends political action to ensure that PRPs receive all of their needed funding. One form this might take is advocating for increased transparency in the budget classification system to facilitate tracking of expenditures; the report points to cases in which it is simply impossible to determine the amount of funding that particular PRPs are receiving. The report also recommends advocating against over-expenditures in non-poverty-reduction sectors, as well as an overhaul of outdated public finance laws.

To read the paper, click here.

 


 

The Uganda Debt Network Assesses the 2003-04 Uganda Budget and Its Relationship to Poverty

A recent analysis of the 2003/2004 National Budget of Uganda contends that the government’s commitment to reducing poverty is more rhetorical than financial. Issued in March by the Uganda Debt Network (UDN), an advocacy and lobbying coalition of NGOs and individuals, the report assessed the budget’s conformity to the poverty-reduction goals contained in the Poverty Eradication Action Plan. Despite assurances in both the 2003 budget speech and the background to the budget that priority would be given to key poverty-reduction sectors such as agriculture, roads, education, and health, the report found that the 2003-04 budget spends less in these areas than on public administration and defense.

Beyond allocation priorities, the report identified several factors that can undermine efforts to reduce poverty. For example, multiple supplemental budgets (often adopted to make up for unbudgeted spending by the public administration and defense sectors) erode the influence of various stakeholders on the budget process and lead to budget cuts in areas important for development and poverty reduction. Also, in areas such as the health sector, money is simply not being spent effectively. Another concern is that transfers to local governments do not seem to reflect the fact that poorer regions have greater needs.

To address some of these problems, the report urges the government — in conjunction with various stakeholders — to look at budgetary efficiency and reassess budget priorities. UDN contends that the government is spreading itself too thin and should adopt cutbacks in sectors that are not vital to the country’s poverty-reduction and infrastructure-development goals.

 


 

Report on the Decentralization of Resources in Mexico, CIDE, Mexico

The Center on Research and Teaching in Economics (CIDE), an academic institution based in Mexico City, has issued a new report, Judicial and budget appraisal of branch 33 (Ramo 33) federal program: A stage in the evolution of federalism in Mexico.

Implemented in 1998, Ramo 33 represents a significant step toward decentralizing resources to lower levels of government in Mexico. It includes all the federal contributions to federal and municipal entities and seeks to expand the provision of basic public goods and services through the direct involvement of state and municipal governments.

Jorge Ortega, author of the CIDE report, examined the judicial underpinnings of the seven funds that integrate Ramo 33 into the national budget. Although the decentralization of resources generated through this program has been very important, the criteria and formulas for distribution are questionable from a legal standpoint. In some cases, the degree of discretion in allocating resources has translated into lack of transparency in the distribution of funds.

The report calls for a national strategy that both promotes improvements in state laws on public planning, acquisitions, and budget responsibilities and provides a legal and institutional framework to improve administrative capacity by ensuring the efficient and transparent application of public funds. Improving Ramo 33, the report argues, involves taking a closer look at the formulas and criteria for allocating resources, as well as applying resources at the state and municipal levels more effectively. The report outlines a series of recommendations to achieve these goals, including:

  • establishing resource distribution formulas that promote quality and efficiency in service delivery
  • rewarding the revenue collection efforts of states and municipalities
  • helping the lower levels of government gradually gain economic independence from the federal government
  • offering states and municipalities greater flexibility in determining the uses of resources
  • establishing concrete commitments from states and municipalities to update the legal and institutional frameworks regarding their fiscal, and related responsibilities as a prerequisite for receiving and administering federal funds

 


 

Indian Budget Groups Criticize India’s 2004-05 Union Budget

India’s new Union Progressive Alliance (UPA) government recently released its 2004-05 budget. This comes on the heels of the government’s announcement that it will follow a Common Minimum Program aimed at generating economic growth of 7 to 8 percent per year in order to expand employment, enhance the welfare of farmers and farm workers, and empower women and provide full equality.

In a speech before parliament, M.D. Mistry of the Indian civil society organization DISHA challenged the government’s commitment to these principles in its new budget. According to DISHA, no more than 11.2 percent of the budget is dedicated to the social sector, whereas defense receives 13 to 14 percent of allocations and interest payments account for 28 to 29 percent. This is in spite of the finance minister’s highlighting of the pro-poor policies in the country’s Budget Highlights, which Mistry said deliberately misrepresented the actual numbers in the budget.

In fact, Mr. Mistry stated, the 2004-05 budget is similar to the budgets of the past ten years in its failure to adopt pro-poor policy priorities.

Also sharply critical of the 2004-05 budget was the Centre for Budget and Government Accountability (CBGA), which pointed to the large gaps between the government’s promises in its budget speech and in the actual budgetary allocations. Some of the most striking gaps occurred in the education and health sectors. Despite assurances in the budget speech that the revenue of a new tax would be committed entirely to funding universal primary education and the mid-day meal scheme, funding for these projects has not increased at all from the interim 2004-05 budget. In the health sector the story is similar: despite a promise in the finance minister’s budget speech, there is no mention in the budget of the proposed health insurance plan for the poor.

To know more about budget groups in India, go to:

https://archive.internationalbudget.org/who-does-budget-work/findgroup/group-data/?country=in

 


 

New in the IBP Library

New Allocation for ARV Treatment: An Analysis of 2004/5 National Budget from an HIV/AIDS Perspective
By Alison Hickey, Idasa

This report provides an initial assessment of the funding framework established in South Africa’s 2004/2005 budget for the government’s response to HIV/AIDS. It examines the new allocations for the anti-retroviral (ARV) treatment program, as well as other HIV/AIDS conditional grants. Given that the budget contains a 134 percent increase in funding for provincial health departments for HIV/AIDS programs, the provinces will be under sizable pressure to deliver results.

The report analyzes each province’s share of the total ARV funds, the criteria used in apportioning these funds, and key budget issues associated with the new ARV funding stream. Rolling out the massive ARV program will create challenges for intergovernmental fiscal relations and provincial capacity that must be addressed if the program is to succeed. The report also looks at how the large increases in HIV/AIDS allocations compare to the overall national budget and to spending in the health sector generally.

 


 

Announcements

IBP TRAINING IN BANDUNG, INDONESIA
The International Budget Partnership will hold an introductory training on applied budget work in Bandung, Indonesia, on 1-3 December 2004. The three-day event will provide an overview of applied budgeting, giving participants a sense of the importance of applied budget work as well as the range of opportunities available in the field. We also will highlight several organizations doing quality work in this area. Participants in earlier trainings have found the training a useful opportunity to explore this growing field and meet people from around the world interested in it as well. The seminar is intended for new staff of existing budget groups, as well as for managers of organizations that want to start engaging in budget work. Participants must provide their own transportation to Bandung, while the IBP will provide accommodations and most meals.

ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS PROGRAM
The Third Global Linking & Learning Program on Economic, Social, and Cultural Rights will take place in Alcochete, Portugal, on 1-10 December, 2004. The program is organized by the Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia), International Human Rights Internship Program, International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net), Dignity International with support from NOVIB, Oxfam Netherlands, and the Ministry of Foreign Affairs of Finland.

The program’s overall goal is to strengthen the knowledge and skills of those working to empower people living in extreme poverty through the adoption of a human rights framework and thereby help build the capacity of grassroots movements to promote and defend basic ESC rights.