Newsletter No. 18 – Spanish

by | Nov 1, 2003

Índice latinoamericano de transparencia presupuestaria 2003

El pasado 12 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil en 10 países latinoamericanos lanzaron los resultados de un estudio sobre transparencia presupuestaria y participación ciudadana. El esfuerzo que fuera coordinado por Fundar – ONG mexicana – fue conducido por expertos en organizaciones de la sociedad civil en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Perú.

El Índice Latinoamericano de transparencia presupuestaria, 2003 consiste en dos partes:

  • Un reporte comparativo regional con los resultados de las encuestas realizadas en los 10 países a expertos en el proceso presupuestario. Los individuos encuestados incluyen académicos y otros expertos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas. El reporte contiene recomendaciones políticas para cada país.
  • Un reporte extensivo para cada país que cubre el marco legal y prácticas presupuestarias.

El índice encuentra que la participación ciudadana en el proceso presupuestario recibe extremadamente bajos resultados a lo largo de la región. Brasil es el país mejor evaluado en esta categoría con solo 20 por ciento de respuestas positivas. Ecuador, El Salvador, Perú y Costa Rica todos recibieron menos del 10 por ciento de respuestas positivas.

La credibilidad de los auditores internos también recibió bajas calificaciones. Ninguno de los encuestados en Ecuador fue de la opinión de que la auditoria interna tuviera credibilidad, mientras que sólo 4 y 6 por ciento de los encuestados evaluó positivamente a Colombia y a Perú, respectivamente.

La categoría con mayores respuestas positivas fue la disponibilidad y calidad de la información macroeconómica. Líderes en esta categoría fueron Chile (75 por ciento), México (64 por ciento) y Perú (58 por ciento).

El informe se puede encontrar aqui.

 

 

Historia exitosa: derechos reproductivos de la mujer, México

Durante 2002, Fundar llevó a cabo un proyecto para evaluar la cantidad de recursos públicos que México dedica a la reducción de la mortalidad materna en vista de que se ha comprometido a esta causa a nivel internacional como uno de sus principales objetivos en materia de salud. La reducción de la mortalidad materna también ha sido una de las principales preocupaciones para organizaciones de derechos reproductivos.

Para llevar a cabo este proyecto, Fundar trabajó con una coalición de organizaciones de la sociedad civil con amplia experiencia en el tema de la mortalidad maternal y cuestiones de salud reproductiva con amplia experiencia en el tema de la mortalidad materna y cuestiones de salud reproductiva. Fundar comenzó su investigación preguntándole a estas organizaciones de la sociedad civil qué tipo de información sería útil para su trabajo. Después se mantuvieron estos contactos a través del proyecto construyendo un entendimiento común sobre lo necesario para atraer atención y recursos a este tema.

Una vez que la investigación fue dada a conocer los grupos organizaron una serie de reuniones con ambas cámaras del congreso, incluyendo un foro público dedicado exclusivamente a este tema. La disponibilidad de los grupos a abrir canales de comunicación con los actores adecuados, incluyendo funcionaros oficiales, fue fundamental para hacer que los resultados del reporte fueran relevantes a los debates presupuestarios.

La alianza estratégica entre Fundar y la red de grupos dedicados a reducir la mortalidad materna ayudaron a asegurar el aumento sustancial en asistencia financiera a programas específicamente dirigidos a salud materna. El reporte intensificó los argumentos de los miembros del Congreso que trabajan en temas de género, equidad y salud, así como ayudar a estos grupos con nuevos datos.

 

 

Reunión sobre transparencia presupuestaria en África

Investigadores de organizaciones de la sociedad civil de diez países africanos llevaron a cabo una segunda reunión en Pretoria, Sudáfrica del 8-10 de octubre para discutir los avances de su investigación sobre participación y transparencia presupuestarias. El estudio es encabezado por el Proyecto de Presupuesto Africano del Servicio de Información de Sudáfrica que forma parte del Instituto para la Democracia en Sudáfrica (Idasa). El estudio africano utilizará un estudio de caso desarrollado por Idasa para guiar el trabajo y un cuestionario global desarrollado por el Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP). Los investigadores esperan lanzar los resultados de este estudio en julio 2004.

El proyecto da seguimiento a un estudio previo en el que Idasa incluyó a cinco países – Ghana, Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Zambia. A principios de año se agregaron al estudio otros cinco países del continente – Botswana, Burkina Faso, Camerún, Namibia y Uganda —. Los grupos involucrados incluyen a “Integrity” de Nigeria, “Integrated Social Development Center” de Ghana, al “Institute for Policy Research” de Namibia, al “Institute for Development Policy Analysis” de Botswana, al “Centre for Democratic Governance” de Burkina Faso y a dos grupos de Kenia, el “Institute for Economic Affairs” y el “Social Development Network”. Otros grupos incluyen al “Botswana Institute for Development Policy Analysis” (BIDPA) y a “Uganda Debt Network”. En Zambia, el Dr. Inyambo Mwanawina de la Universidad de Zambia coordinará el esfuerzo mientras que en Camerún Mbwoge Daniel Mbong del “Research for Enterprise, Industries, Technology and Development” supervisará la investigación. Los investigadores utilizarán la metodología desarrollada por Idasa para informar y guiar el esfuerzo y un cuestionario global desarrollado por el IBP.

El cuestionario del IBP es parte de un esfuerzo por promover la investigación e incidencia en el tema de la transparencia presupuestaria (ver Boletín No. 16). Hacia finales del 2004, el IBP espera que aproximadamente 35 países de la sociedad civil habrán realizado estudios para medir la transparencia en el proceso del presupuesto en África, América Latina, Europa Central y del Este y Asia Central.

 


Presupuesto de Israel, 2004

La propuesta del presupuesto federal 2004 de Israel da continuidad a las tendencias políticas del 2001 sobre austeridad fiscal como resultado de la disminución de la recaudación de impuestos a partir de la recesión. La recesión fue primeramente atribuida a la recesión que tenía lugar a nivel mundial; ahora por lo general se le atribuye al presente conflicto con los palestinos.

El sector de derecha del gobierno de Israel ha utilizado la recesión y el presente conflicto armado para impulsar esquemas neoliberales que incluyen el adelgazamiento del estado, la privatización de servicios del estado y la reducción del costo de la fuerza de trabajo.

El presupuesto 2004 propone recortes del personal del gobierno, reducción de pensiones y otros ajustes en la red de seguridad, asistencia social, educación, salud y vivienda. Al mismo tiempo, el presupuesto 2004 incluye una cuantiosa suma para financiar “tax breaks” para personas de altos ingresos.

El presupuesto de defensa sólo ha sido reducido de forma parcial, a pesar del hecho de que numerosos expertos recomiendan recortes al gasto militar tras el reciente conflicto en Iraq.

 


Asistencia financiera del Banco Asiático de Desarrollo a Indonesia

El Banco Asiático de Desarrollo Asian Development Bank (ADB) concedió un préstamo de $3.27 billones de dólares a Indonesia para llevar a cabo proyectos de reducción de pobreza a realizarse en los próximos tres años. Los proyectos cubren los siguientes sectores de la economía y sociedad en Indonesia:

  • recursos naturales y agricultura (rehabilitación comunitaria de tierras, administración de agua, recursos pesqueros, desarrollo rural, etc.)
  • energía y transporte (rehabilitación de caminos, reconstrucción del aeropuerto, mejoramiento de calidad del aire, etc.)
  • infraestructura social (educación, vivienda, protección social, etc.)
  • industria y finanzas (asistencia para empresas gubernamentales locales y estatales)

Para complementar el préstamo, el ADB ofrece un programa de asistencia técnica de $12-14 millones de dólares por año.

De acuerdo con el Instituto Bandung sobre Estudios de Gobernabilidad (BIGS), el gobierno de Indonesia ha recibido 263 préstamos equivalente a $19.1 billones de dólares desde 1996. BIGS se pregunta quién se beneficiará del nuevo préstamo dadas las condiciones de corrupción y falta de transparencia de Indonesia.

Dedi Haryadi de BIGS observa que, “somos menos optimistas sobre la efectividad del préstamo debido a la corrupción que se vive a nivel nacional, estatal y local. Aún después del cambio de gobierno de un régimen autoritario a uno democrático, la corrupción sigue escalando. Por ello, debe de haber gran cuidado en cuanto a la planeación e implementación de proyectos para que lleguen a la gente que lo necesita.”

Uno de los retos que enfrenta el ADB es cómo desarrollar un mecanismo que permita a los accionistas del proyecto beneficiarse equitativamente. Es imperativo que el ADB institucionalice la participación pública en todas las etapas de los proyectos. Ya se ha comprobado que esto puede hacer que los proyectos de desarrollo sean más sustentables. Además el ADB debe asegurarse de que todos los participantes tengan el mismo acceso a información sobre los proyectos.

El reto más grande para el ADB es sin duda animar al gobierno de Indonesia a ser menos dependiente de la ayuda financiera y revitalizar su propio capital social. Para mayor información, contactar [email protected].

 


Grupos de la sociedad civil discuten los PRSPs

Los documentos estratégicos de reducción de la pobreza (PRSP) lanzados en 1999 describen las condiciones y programas macroeconómicos, estructurales y sociales para promover el crecimiento y reducir la pobreza. Los PRSPs son preparados por los gobiernos a través de un proceso que involucra a la sociedad civil y a organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La idea es ofrecer un planteamiento comprensivo y adecuado para la reducción de la pobreza que determine cómo los préstamos de asistencia financiera pueden gastarse de mejor manera.

La participación de la sociedad civil en la implementación de los PRSPs preocupa cada vez más a aquellos países involucrados en el proceso y ya se pueden extraer interesantes lecciones de sus experiencias en en cuanto al monitoreo de los PRSPs. Recientemente la ONG “InterAction” con base en Washington, D.C. organizó varias reuniones para revisar el desempeño de los PRSPs. Una de estas discusiones se centró en la experiencia de Zambia, Malawi y Uganda en el monitoreo e implementación de los PRSP por Kathy Selvaggio de “Catholic Relief Services”quien habló de la motivación de la sociedad civil por asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el combate a la pobreza. Las ONGs dedicadas al monitoreo de los PRSPs frecuentemente se concentran en el análisis de la distribución de recursos y en la oferta de servicios públicos con la ayuda de cuestionarios y guías para recolectar información. En Malawi, “Malawi Economic Justice Network”(MEJN) ha formado tres redes a nivel local a lo largo del país par analizar gasto por sectores en salud, educación y agricultura. Los resultados de su trabajo han sido utilizados por miembros del Congreso e integrados en la planeación de la Secretaría de Educación. Para el caso de Zambia la organización “Civil Society for Poverty Reduction” (CSPR) reveló que sólo 25% del presupuesto para programas de combate a la pobreza fue utilizado.

Durante el taller “The World Bank and Civil Society: Access and Advocacy,” también coordinado por InterAction en colaboración con el “American Council for Voluntary International Action” de Washington, D.C. el pasado 17 de octubre, representantes del Banco Mundial sostuvieron un diálogo con miembros de organizaciones de la sociedad civil. En la sesión sobre PRSPs Veena Siddharth, del Banco observó que “la participación en la formulación de los PRSPs ha sido amplia más que profunda.” Por su parte, Lawrence Egulu, economista del Banco ilustró que los miembros del Parlamento no están suficientemente involucrados en los procesos PRSPs cayendo en la “auto-censura” al escribir los PRSPs, al estar fuertemente influenciados por la necesidad de recibir asistencia financiera.

 

 

Nuevo reporte del “Iraq Revenue Watch”

Guardando secretos: finanzas públicas de Estados Unidos e Irak
Las finanzas públicas de Iraq dejan mucho que desear en términos de rendición de cuentas. El “Iraq Revenue Watch” hace un llamado para mayor transparencia en la administración del Fondo de Desarrollo para Irak (DFI), que organiza la recaudación derivada de las reservas de gas y petróleo. La autoridad provisional de coalición rechazó ofrecer información sobre contratos de compras excesivas y sobre el manejo del DFI. El público iraquí, así como los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han sido dejados a oscuras sobre cómo funciona este Fondo.

El reporte hace un llamado a la autoridad provisional de coalición para revertir estas tendencias y ofrecer una serie de recomendaciones incluyendo un mayor involucramiento en el DFI por parte de Irak, el establecimiento de una mesa sobre el monitoreo y asistencia internacional y mejor acceso público a la información.

 

 

Nuevos trabajos en la biblioteca electrónica del IBP

Consulta por helicóptero: participación de la gente en la preparación de políticas para Malawi
Por Wiseman Chirwa y Michael Nyirenda/Christian Aid
Después de evaluar el clima político alrededor del PRSP de Malawi entre 2001-2002, este trabajo revisa la relación entre las OSC y el gobierno de Malawi. A pesar de considerables consultas cívicas durante el plan desarrollado por el gobierno denominado “Vision 2020”, el proceso de los PRSP se ha caracterizado por un marco limitado en cuanto a la participación de las OSCs. Este trabajo hace recomendaciones para la institucionalización de su participación y para transformar la participación de los PRSPs en procesos de participación presupuestaria.

Documentos sobre estrategias para la reducción de la pobreza (PRSPs): borrador de una guía 
Por El Proyecto de Bretton Woods
Este estudio es una útil introducción al tema de los PRSPs. Ofrece vínculos, recursos y respuestas a las principales preguntas en torno a los PRSPs y al proceso de préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Los temas que se revisan incluyen el papel de la sociedad civil en el proceso de los PRSP y su institucionalización.

Documentos sobre estrategias para la reducción de la pobreza: un  paquete para la reducción de la pobreza
Por Jenina Joy Chavez Malaluan y Shalmali Guttal/Focus on the Global South
Este trabajo cuestiona la responsabilidad participativa de los PRSPs al ser propiedad nacional. Asevera que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional aún utilizan condiciones para la implementación de políticas que ignoran errores pasados y pasan por alto las particularidades de cada contexto nacional. Los autores concluyen que ni los deseos de la sociedad civil ni los del gobierno son debidamente incorporados en los planes de acción de los PRSP. Se sugiere que los donadores internacionales puedan inhibir la relación participativa entre la sociedad civil y el gobierno.

 

 

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NUEVO MIEMBRO DEL IBP
El Proyecto Internacional de Presupuesto (IBP) se complace en anunciar que Simel Esim se ha integrado al personal de tiempo completo del IBP el pasado mes de noviembre como coordinadora de la iniciativa de la sociedad civil para el presupuesto (CSBI). El CSBI es una colaboración internacional encabezada por una red de grupos de la sociedad civil que llevan a cabo actividades de incidencia y análisis en presupuestos públicos para avanzar en términos de transparencia y rendición de cuentas en países de bajos ingresos. El CSBI ofrecerá asistencia financiera y soporte técnico a grupos de la sociedad civil en países en vías de desarrollo para mejorar los procesos e instituciones del presupuesto.

El comité del CSBI llevó a cabo su primera reunión en Washington, D.C. del 3-4 de diciembre. En esta reunión los miembros del comité identificaron los países candidatos a presentar propuestas. Los países son Burkina Faso, Etiopía, Malawi, Mozambique, Senegal, Camboya, Indonesia, Mongolia, Bolivia, Honduras y Nicaragua. Los requisitos para entregar propuestas y cartas de intento serán anunciados en la página del IBP – en español, francés, inglés y portugués -.

Antes de incorporarse al IBP, Esim trabajó por siete años en el “Internacional Center on Women” (ICRW) en donde llevó a cabo investigación e impartió asistencia técnica a organizaciones en África, América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente. Esim cuenta con un doctorado en economía por la “American University” en Washington, DC y una maestría en Relaciones Internacionales por la “Johns Hopkins School of Advanced Internacional Studies.” Para conocer más sobre el personal del IBP, ir a: https://archive.internationalbudget.org/who-we-are/staff/.

CONFERENCIA SOBRE POLÍTICA FISCAL EN CHILE

La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo llevarán a cabo la dieciseisava conferencia regional de América Latina sobre política fiscal del 26-29 de enero en la CEPAL con base en Santiago de Chile.

La conferencia se enfocará en asuntos de política fiscal a lo largo de la región latinoamericana presentando una sesión temática sobre presupuesto legislativo.

Newsletter No. 18 – English

by | Nov 1, 2003

Latin American Budget Transparency Index, 2003

On November 12, organizations in ten Latin American countries released the results of a year-long study on budget transparency and participation. The effort, coordinated by Fundar (a prominent Mexican non-governmental organization), was conducted by leading NGOs and academic researchers in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Mexico, Nicaragua, and Peru.

The Latin American Index of Budget Transparency, 2003 consists of two parts:

  • A region-wide comparative report containing the results of a perceptions survey of individuals in each of the ten countries who are knowledgeable about the budget and budget process. The surveyed individuals included legislators, academics and other experts, civil society organizations, and journalists. The report also contains specific policy recommendations for each country.
  • An extensive report for each country covering its legal framework and budget practices.

The Index found that citizen participation in the budget process received extremely low ratings across the region. Brazil, the highest-rated country in this category, was rated positively by only 20 percent of respondents. Less than 10 percent of the respondents rated transparency positively in Ecuador, El Salvador, Peru, and Costa Rica.

The credibility of internal auditors also received low ratings. Not a single respondent in Ecuador believed internal auditing to be credible, while positive ratings for Colombia and Peru were only 4 percent and 6 percent, respectively.

The category with the most positive responses was the availability and quality of macroeconomic information. Leaders in this category were Chile (75 percent), Mexico (64 percent), and Peru (58 percent).

The main report can be found at https://archive.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Latin-American-Index-of-Budget-Trasnparency-2003.pdf.

 

 

Success Story: Women’s Reproductive Rights, Mexico

During 2002, Fundar conducted a project to evaluate the amount of public resources Mexico allocates to reducing maternal mortality. The Mexican government has committed itself to this goal at the international level and has listed it as one of its main health objectives. Reducing maternal mortality has also been one of the biggest concerns of women’s reproductive rights organizations.

In conducting the project, Fundar worked with a coalition of civil society groups that have substantial experience with maternal mortality and reproductive health issues. Fundar started by asking civil society groups and networks working on maternal mortality what kinds of information would be useful to their efforts. It then maintained these contacts throughout the project, building up a shared understanding of what was needed to bring the necessary attention and resources to the issue.

Once the research was released, the coalition of civil society groups arranged a series of meetings with both chambers of Congress, including a public forum dedicated exclusively to the issue. These efforts helped to open up channels of communication with appropriate actors — including federal health officials — and were crucial to making the report’s findings relevant to ongoing discussions of the budget.

The strategic alliance between Fundar and the network of groups dedicated to reducing maternal mortality has helped to secured substantial increase in government funding to programs that specifically target maternal health. The report also bolstered the arguments of members of Congress working on gender, equity, and health issues, as well as assisting groups with a longstanding commitment to the issue by providing them with new information.

 

 

Civil Society Budget Transparency Meeting in Africa

Researchers from civil society organizations in ten African countries held a coordinating meeting in Pretoria, South Africa on October 8-10 to discuss an ongoing research project on budget transparency and participation. Leading this project is the African Budget Project of the Budget Information Service, part of the Institute for Democracy in South Africa (Idasa). The ten-country African study will employ a case-study framework developed by Idasa and a global questionnaire developed by the IBP. The researchers anticipate releasing their findings in July 2004.

This project is a follow-up to Idasa’s five-country study in 2002, which covered Ghana, Kenya, Nigeria, South Africa, and Zambia, and covers these countries plus five additional ones: Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Namibia, and Uganda. The groups involved in the project include Ghana’s Integrated Social Development Center, Nigeria’s Integrity, Namibia’s Institute for Policy Research, Botswana’s Institute for Development Policy Analysis, Burkina Faso’s Centre for Democratic Governance, the Uganda Debt Network, and two Kenyan groups, the Institute for Economic Affairs and the Social Development Network. In Zambia, Dr. Inyambo Mwanawina of the University of Zambia will lead the effort, while in Cameroon, Mbwoge Daniel Mbong of Research for Enterprise, Industries, Technology and Development will oversee the research.

The use of the IBP pilot global questionnaire (see IBP Newsletter No. 16) in the African study is part of a global effort to promote research and advocacy on budget transparency. The IBP hopes that by the end of 2004, civil society organizations in approximately 35 countries in Africa, Latin America, Eastern and Central Europe, and Central Asia will have conducted budget transparency studies.

 

 

Israel’s 2004 Budget

Israel’s proposed national budget for 2004 continues the policy of fiscal restraint begun in 2001, which was necessitated by decreased tax revenues resulting from a continuing recession. While the recession was initially blamed solely on the global recession, it is now generally conceded that the Palestinian conflict is a significant cause.

Israel’s right-wing government has used the recession and the Palestinian conflict to push through a neo-liberal structural adjustment program that includes downsizing the state, privatizing state enterprises and services, and lowering the cost of labor.

The 2004 budget proposal calls for cutbacks in, among other things, government personnel, workplace pension benefits, safety net and social assistance programs, and education, health, and housing services. At the same time, the budget also includes large tax breaks for high-income persons.

The defense budget has been reduced only slightly, despite the fact that numerous experts recommended larger cuts following the U.S. intervention in Iraq. Over-spending is to continue for Jewish settlements in the occupied Palestinian territories and a significant sum is to be spent constructing a wall between Israel and the Palestinian Authority.

 

 

Asian Development Bank Grant to Indonesia

The Asian Development Bank (ADB) has awarded Indonesia a US$3.27 billion loan for poverty- reduction projects to be carried out in the next three years. The projects cover the following sectors of Indonesia’s economy and society:

  • Agriculture and natural resources (community-based land rehabilitation, water resources management, fisheries, coastal resources, rural development, etc.)
  • Energy and transportation (road rehabilitation, airport rebuilding, air quality improvement, etc.)
  • Social infrastructure (education, housing financing, social protection, etc.), and
  • Industry and finance (assistance for local government and state enterprises)

To complement the loan, the ADB is providing a technical assistance program worth US$12-14 million per year.

According to the Bandung Institute of Governance Studies (BIGS), the government of Indonesia has received 263 loans worth US$ 19.1 billion since 1996. BIGS poses the question of who will benefit from the new loan, given Indonesia’s prevailing corruption and lack of transparency.

Dedi Haryadi of BIGS observes, “We are less optimistic about the effectiveness of the loan because of the high prevalence of corrupt practices within the national, provincial, and local governments. Even after the country’s shift from an authoritarian regime to a democratic form of government, corruption in Indonesia is more rampant every day. Hence, there should be great concern regarding the sound planning and implementation of the projects so that they effectively reach the people in need.”

One of the challenges the ADB now faces is how to develop a mechanism that will enable all stakeholders of the projects to benefit equally. It is imperative that the ADB institutionalize public participation at all stages of the projects’ planning and implementation; experience has shown that this can make development projects more sustainable. In addition, the ADB should make sure that all stakeholders have equal access to information about the projects.

The ADB’s greatest challenge, however, is to encourage the government of Indonesia to be less dependent on foreign aid and revitalize its own social capital.

For more information, contact [email protected].

 

 

Civil Society Groups Discuss PRSPs

The Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) process, launched in 1999 by the World Bank and the International Monetary Fund (IMF), involves the creation of country-specific reports that outline the country’s macroeconomic, structural, and social policies to promote growth and reduce poverty, as well as associated external financing needs. PRSPs are meant to be prepared by governments through a process involving civil society and development partners, including the World Bank and IMF. They are intended to serve as comprehensive plans for poverty reduction that determine how aid, new loans, and the proceeds from debt relief will be spent.

Civil society participation in the implementation of PRSPs is a growing concern amongst countries already involved in the process. Useful lessons can be drawn from the few existing civil society participatory experiences in monitoring PRSPs.

Recently, the Washington, D.C.-based NGO InterAction organized several meetings to review PRSP performance. At one meeting, Kathy Selvaggio of Catholic Relief Services discussed the experiences of Zambia, Malawi, and Uganda in monitoring PRSP implementation and expressed civil society’s concern that transparency and accountability be ensured during this process. In Zambia, for example, the Civil Society for Poverty Reduction found that only 25 percent of the budget for poverty reduction programs was actually disbursed. In Malawi, the Malawi Economic Justice Network has formed three networks with local chapters around the country to examine spending in the health, education, and agriculture sectors; its findings have been used to lobby members of Parliament and in planning by the Ministry of Education.

InterAction also hosted a workshop, “The World Bank and Civil Society: Access and Advocacy,” in collaboration with the American Council for Voluntary International Action in Washington, D.C. on October 17. During the workshop, World Bank representatives discussed these issues with members of civil society organizations. Veena Siddharth, World Bank Senior Partnerships Officer, observed that “the participation in PRSP formulation has been broad rather than deep.”  To support this point, World Bank economist Lawrence Egulu stated that parliaments are not sufficiently involved in the PRSP processes and often practice “self-censorship” when writing PRSPs, driven by their need for additional financial assistance.

 

 

New Iraq Revenue Watch Report

Iraq’s public finances fall short of international standards of accountability, according to a new report by Iraq Revenue Watch, Keeping Secrets: America and Iraq’s Public Finance. The report calls for greater transparency in the management of the Development Fund for Iraq (DFI), the central repository for Iraqi oil and gas revenues. The Coalition Provisional Authority has refused to disclose basic information about large purchase contracts and DFI expenditures, and the Iraqi public — as well as members of the United Nations Security Council — have been kept in the dark about how the Fund works.

The report calls on the Coalition Provisional Authority to reverse these trends and offers a set of recommendations, including increased Iraqi involvement in the DFI, establishment of the International Advisory and Monitoring Board (as mandated by the UN), and better public access to information. Go to the report here.

 

 

New Papers in the IBP Library

Consultation by Helicopter: People’s Participation in Policy Making in Malawi
By Wiseman Chirwa and Michael Nyirenda/Christian Aid
After assessing the political climate surrounding the 2001-2002 Malawi PRSP, this paper outlines the evolving relationship between civil society organizations and the Malawian government. The paper recommends steps to transform participation in the PRSP into participation in the budget process.

Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs): A Rough Guide
By Bretton Woods Project
This brief introduction to PRSPs for non-specialists answers basic questions surrounding PRSPs and the lending processes of the World Bank and IMF. Issues addressed include civil society’s role in the PRSP process and the institutionalization of PSRPs. The document also provides helpful links to information on PSRPs.

Poverty Reduction Strategy Papers: A Poor Package for Poverty Reduction
By Jenina Joy Chavez Malaluan and Shalmali Guttal/Focus on the Global South
This paper challenges the official claim that PRSPs are developed with broad domestic participation and thus reflect a country’s needs and concerns. It asserts that the IMF and World Bank still impose conditionalities that ignore past failures and disregard individual country circumstances. The paper concludes that neither civil society’s wishes nor those of the government are incorporated into PRSP-mandated policies, and suggests further that international donors may inhibit the development of a participatory civil society-government relationship.

Civil Society Budget Groups and their Participation in the Budget Process
By Marritt Claasens and Joachim Wehner/Idasa
This paper presents findings from a survey of six African countries that considers the participation of civil society budget groups in the PRSP process. The paper focuses particularly in the participation of such groups, due to the fact that the budget is perhaps the primary and certainly the most immediate vehicle through which PRSP commitments are to be realized. The countries included are Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Uganda, and Zambia.

 

Announcements

NEW IBP STAFF
The International Budget Partnership (IBP) is glad to announce that Simel Esim has joined the IBP staff last November as Senior Program Manager. She will focus on the Civil Society Budget Initiative (CSBI). The CSBI is an international collaboration led by a network of civil society groups actively carrying out analytic and advocacy work on public budgets in order to advance transparency and accountability in developing countries. The CSBI is coordinated by the IBP and seeks to accelerate government accountability and responsiveness by making public budgets more transparent and reflective of the needs of the poor. To this end, CSBI will provide financial and technical support to build the capacity of civil society institutions, in low-income developing countries, to carry out effective budget work.

CSBI held its first Steering Committee Meeting in Washington, D.C. on 3-4 December, 2003. During this meeting the members of the Committee identified target countries for the first year of the project, which are: Burkina Faso, Ethiopia, Malawi, Mozambique, Senegal, Cambodia, Indonesia, Mongolia, Bolivia, Honduras, and Nicaragua. The request for letters of intent will shortly be posted on the IBP website (in English, Spanish, Portuguese, and French).

Before joining the IBP Esim worked for seven years at the International Center for Research on Women (ICRW) where she conducted policy and operational research and provided technical assistance and training to civil society organizations in Africa, Latin America, Asia, Eastern Europe, and the Middle East. Esim holds a Ph.D. in economics from the American University in Washington, D.C. and a MA in International Relations from the Johns Hopkins School of Advanced International Studies. To know more about the IBP staff go here.

FISCAL POLICY CONFERENCE IN CHILE
The Economic Commission for Latin America, the International Monetary Fund, the World Bank, and the Inter-American Development Bank will hold the 16th Latin American Regional Conference on Fiscal Policy from 26‑29 January 2004 at the Economic Commission for Latin America in Santiago de Chile.

The conference will focus on fiscal policy issues throughout Latin America and will feature a special session on legislative budgeting.