El desarrollo de la crisis global por el contagio del COVID-19 y las necesarias medidas de distanciamiento social para frenar su avance, pusieron a la política fiscal y las decisiones presupuestarias en el centro del debate público. Ello es así porque se trata de la principal herramienta que tienen los Estados para contar con recursos suficientes para responder a la crisis.

Dado el impacto que esta crisis sanitaria y económica tiene en los grupos más desaventajados, las prioridades estatales deben guiarse por el respeto y cumplimiento de sus derechos, que nos dan un marco de obligaciones y principios esenciales para las respuestas a la pandemia. No es casualidad que los organismos internacionales de protección de derechos hayan requerido a los Estados que tomen medidas urgentes para proteger el trabajo y dar respuestas de seguridad social adecuadas a los sectores más afectados; asegurar el acceso a servicios básicos y a elementos de subsistencia como alimentos y medicamentos; así como aumentar el gasto público en salud, aliviar la deuda externa e impulsar la igualdad de género.

Si bien muchas de las medidas tomadas por el gobierno argentino a la fecha siguen esas recomendaciones, algunas fallan en dar una respuesta inclusiva y que, por sobre todo, asegure no dejar a nadie atrás.

Por años, desde ACIJ, hemos trabajado por asegurar el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales por medio de distintas vías, incluyendo el litigio estratégico, el trabajo presupuestario y de transparencia. Hoy nuestros esfuerzos se concentran en que estos derechos estén en el centro de las respuestas fiscales ante la pandemia. En abril publicamos una sistematización de las recomendaciones de organismos internacionales enfocados en la protección de derechos humanos y de las medidas tomadas por el gobierno nacional, donde incluimos herramientas de monitoreo colectivo e identificamos buenas prácticas para asegurar los derechos de los grupos más afectados durante la emergencia.

En Argentina, las medidas implementadas por el Estado para enfrentar la pandemia han sido diversas. Por ejemplo, se reforzó el presupuesto destinado a salud y seguridad social, se establecieron apoyos financieros a pequeñas y medianas empresas para sostener los puestos de trabajo, se creó el Ingreso Familiar de Emergencia -que consiste en transferencias monetarias para personas desempleadas, trabajadores/as informales y de casas particulares y familias de bajos recursos-, se prohibió el corte de servicios esenciales -como agua, luz, gas, telefonía, internet y cable- en caso de falta de pago para grupos de bajos ingresos, se reforzó la asistencia a comedores escolares y comunitarios, se prorrogaron los contratos de alquiler y se suspendieron los desalojos por falta de pago.

Si bien muchas de estas medidas siguen las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, hay varias razones de preocupación que plantean la necesidad de tomar medidas adicionales a las implementadas hasta la fecha. La respuesta sanitaria tardía en villas y barrios populares -donde se ven las mayores tasas de contagio– y la aplicación de protocolos restrictivos, así como las demoras que han sufrido algunas familias en el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, muestran con crudeza la desigualdad que afecta a quienes viven en situación de vulnerabilidad en Argentina. De acuerdo a proyecciones recientes, la pobreza y la indigencia experimentarán un aumento en Argentina y la región, cuestión que podría exacerbar aún más los niveles de desigualdad.

Se suman también las limitaciones para garantizar la participación adecuada de los sectores más afectados en la toma de decisiones y, fundamentalmente, para enfrentar la crisis económica en curso y resolver las dificultades de los sectores informales. No existen en Argentina mecanismos de participación adecuados en temas presupuestarios, como se destacó en la última medición de la Encuesta de Transparencia Presupuestaria, donde el país obtuvo un desempeño deficitario, especialmente en lo relativo a oportunidades de participación pública durante las etapas de formulación y ejecución del presupuesto.

Para hacer un análisis exhaustivo sobre el impacto de las medidas adoptadas por Argentina se requiere de información detallada. El Estado nacional creó una web que centraliza información sobre las nuevas medidas y, si bien se puede seguir la evolución del gasto público porque se presenta información actualizada, desagregada y en datos abiertos, no es posible acceder a información sobre destinatarios del gasto, ni a datos actualizados sobre metas físicas. Se trata de información que antes de la pandemia tampoco se publicaba y es indispensable para mejorar la credibilidad presupuestaria.

Tres cuestiones que las instituciones públicas podrían implementar para subsanar estas limitaciones son:

• sostener y profundizar la transparencia presupuestaria;
• destinar esfuerzos a implementar mecanismos de evaluación de impacto que permitan conocer el resultado de las medidas de emergencia;
• generar canales alternativos de participación que permitan a la sociedad monitorear el avance de las acciones estatales.

Por otro lado, la caída de la actividad económica ocasionada por la crisis reduce la capacidad estatal de recaudación que en Argentina ya era insuficiente. Se necesita un Estado con recursos suficientes para garantizar los derechos de los grupos más desaventajados y, para eso, no sólo se requieren políticas que atiendan la urgencia sino, fundamentalmente, medidas que avancen hacia un sistema fiscal equitativo en el largo plazo.

Un posible camino es la revisión de la política de gastos tributarios para eliminar exenciones fiscales injustificadas, que benefician principalmente a sectores de altos ingresos. También necesitamos sistemas tributarios progresivos, en los que aporten más quienes tienen mayor capacidad de pago, mediante impuestos a las riquezas que -al mismo tiempo que sirvan para financiar los enormes gastos económicos y sociales de la pandemia- sienten las bases para un sistema fiscal que no deje a nadie atrás.

Esta pandemia debería llevarnos a repensar la recaudación, el uso y el destino de los recursos públicos para revertir los inaceptables niveles de exclusión de la Argentina y permitir un acceso igualitario a derechos para quienes hoy enfrentan los costos más crueles de la crisis. Estamos, en efecto, ante una oportunidad para reflexionar sobre el rol de la política fiscal en la reducción de la desigualdad socioeconómica, tanto a corto como a largo plazo.