Acceso a agua potable, educación, servicios de salud, vivienda, condiciones laborales segura, libertad de discriminación y fin de la pobreza. La lista sigue, al igual que la lucha.

Pero, ¿por qué las organizaciones que se centran en la salud maternal de las comunidades rurales, el acceso a la educación para niños con discapacidad o el suministro de agua y saneamiento en barrios marginales (por dar algunos ejemplos) deberían preocuparse por la falta de información en documentos presupuestarios?

Para que se presten servicios, mejorar la equidad y cumplir con los derechos, los servicios gubernamentales deben financiarse: y esto significa recurrir al presupuesto y a documentos presupuestarios clave. Si estamos investigando problemas en torno a la educación o los servicios educativos, por ejemplo, es probable que necesitemos saber cuánta financiación se ha asignado a estas actividades, si se gasta y quién lo hace. Pero la información agregada no es suficiente: también necesitaremos detalles sobre programas específicos, por tipo de gastos, distribución entre las regiones y por nivel de gobierno. Sin tal información, es difícil hacer rendir cuentas a alguien en el gobierno por las fallas en la prestación de servicios.

La falta de suficiente información presupuestaria es desde hace mucho tiempo un obstáculo para someter a escrutinio las decisiones gubernamentales. Si bien la recientemente publicada Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS) muestra un aumento en el promedio global de transparencia presupuestaria, 86 de 117 países evaluados aún proporcionan información pública insuficiente, lo que dificulta la capacidad de la sociedad civil para hacer rendir cuentas a los gobiernos por sus acciones en torno a los recursos públicos.

Si bien la OBS captura el estado general de los datos presupuestarios, sabemos que los activistas sectoriales necesitan información más específica y detallada. Al reconocer la importancia de dichos datos para los activistas sectoriales, la IBP aumentó la OBS 2019 con un módulo adicional de transparencia presupuestaria

sectorial, evaluando la educación o la salud en países seleccionados. Este módulo se basa en conversaciones con socios de la IBP sobre sus intereses (ver imagen) y examina 10 temas de relevancia para una comprensión pública de cómo se utilizan los recursos en un sector (o función). Específicamente, se enfoca en si hay o no información (y el nivel de detalle) necesaria para responder preguntas tales como:

• ¿Qué recursos se asignan al Ministerio de Educación o Salud y cuánto se gasta?
• ¿Están disponibles en los documentos presupuestarios centrales los datos de asignaciones y gastos para el sector específico?
• ¿Cuántos fondos se asignaron a una región o departamento (distribución geográfica)?
• ¿Cómo ha cambiado la asignación de recursos a un sector en particular a lo largo de los años?
• ¿Cuál es la asignación a programas específicos, por ejemplo, salud maternal?

El módulo se realizó junto con la OBS de 2019 y evaluó a 28 de 117 países en la encuesta. Utilizó la misma metodología que la OBS, pero incluyó también unos 20 nuevos indicadores adicionales.

Los resultados generales de esta evaluación para ambos sectores, descritos en un nuevo informe de la IBP generan preocupación, incluso si no eran completamente inesperados. Entre algunos hallazgos de relevancia se incluyen los siguientes:

• Si bien muchos países brindan información sobre el gasto general para los sectores evaluados, menos países proporcionan detalles sobre los programas o actividades que se implementan dentro de ellos. Esta es información crítica para los actores que trabajan con grupos o comunidades vulnerables. Por ejemplo, es posible que no sepamos cuánto se asignó y gastó en programas para abordar la desnutrición o mejorar los índices de alfabetización.
• La distribución geográfica de los fondos para los sectores de salud y educación se presenta en solo seis de 28 países, lo que limita la capacidad de la sociedad civil para hacer un seguimiento de la asignación y los gastos presupuestarios relativos a salud y educación, y efectuar una referencia cruzada de tal información con los niveles de desnutrición, alfabetización o pobreza en dichas regiones.
• Generalmente hay más información disponible sobre qué recursos asigna (etapa de formulación del presupuesto) y aprueba la legislatura que sobre cómo se gastan los recursos. La ausencia de información relativa tanto a lo que se comprometió a un sector así como a lo que se gastó causa inquietud sobre si un gobierno cumple sus promesas y en qué medida lo hace.
• Ser capaces de evaluar lo que logran los recursos públicos no es fácil, debido a que las relaciones entre políticas sectoriales, objetivos y desempeño son débiles. Veintiuno de los 28 países evaluados han adoptado una estructura en la cual los presupuestos se vinculan más estrechamente a la finalidad del gasto; no obstante, incluso en aquellos casos, menos de la mitad proporcionan una reseña clara de las políticas sectoriales y cómo el presupuesto pretende lograrlas.

En pocas palabras, estos resultados resaltan la necesidad de información más detallada en documentos presupuestarios. Como todos sabemos, los problemas surgen en los detalles, pero por el momento los detalles no son públicos.

Para todos nosotros, inclusive aquellas organizaciones que tradicionalmente no han incorporado a su trabajo el escrutinio de presupuestos oficiales, la información más detallada se está convirtiendo en una nueva urgencia. El contexto actual exige prestar mayor atención que nunca a cómo los gobiernos están utilizando los fondos públicos para responder a la pandemia de la COVID-19. Los gobiernos están tomando decisiones importantes sobre cómo dónde y cuándo se gastan los recursos, así como a quiénes beneficiarán. Sin embargo, poca información se ha proporcionado sobre dónde, cómo y cuándo se hará eso, y quiénes serán los beneficiarios.

La buena noticia es que la sociedad civil y otros actores de alrededor del mundo están colaborando para dirigir la atención a la necesidad urgente de una mayor transparencia en tiempos de crisis y franqueza en las respuestas ante emergencias. Los gobiernos ahora tienen una oportunidad de ampliar la colaboración con la sociedad civil en el monitoreo de su respuesta ante emergencias al brindar la información detallada específica que necesitan obtener. La sociedad civil también puede aprovechar este momento para pedir la información que necesita y asegurarse de que los fondos públicos críticos para servicios y asistencia económica no se desperdicien.