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En 2016, la presidente de Brasil fue sometida a juicio político en un caso sensacional que recibió atención de los medios de todo el mundo. En ese momento, gran parte de la atención se enfocó en las acusaciones generalizadas de que el juicio político se relacionaba con casos de corrupción relacionados con políticos del partido oficial y de la oposición. Hubo poco debate público sobre la cuestión esencial sobre la que se basaba el procedimiento del juicio político, que había sido detectada y revelada por la institución superior de auditoría (SAI) del país. En su auditoría de las cuentas del gobierno de Brasil de 2014, la SAI había encontrado que el gobierno había utilizado trucos contables para informar un importe inferior en el déficit del presupuesto en millones de dólares, potencialmente violando la ley de responsabilidad fiscal del país. El Congreso de Brasil utilizó el hallazgo de la auditoría como base para el juicio político de la presidente.

No es la primera vez que un informe de auditoría ha derrocado un gobierno. En Canadá, un informe de auditoría de 2004 sobre el uso indebido por parte del gobierno de fondos públicos para un programa de relaciones públicas se atribuye ampliamente a la pérdida electoral sufrida por el partido involucrado. De forma similar, un informe de auditoría publicado por una SAI de India en 2014, sobre un contrato cuestionable para la compra de carbón, reforzó la imagen del gobierno involucrado como corrupto. Esta revelación generó demandas de responsabilidad que se convirtieron en el emblema de los partidos políticos de la oposición, lo que en definitiva condujo a la derrota del gobierno en las elecciones nacionales de 2015.

Casi todos los países en el mundo tienen una SAI funcional con la tarea de comprobar si los fondos públicos se administran correctamente y en línea con las prácticas coherentes de administración financiera. Las SAI reciben diferentes nombres y con frecuencia se denominan: oficina del Auditor General (en los sistemas de Westminster), el Tribunal de Cuentas (en sistemas Napoleónicos) o la Junta o Comisión de Auditoría (en partes de Asia y América Latina).

Las SAI evalúan el uso apropiado de los fondos públicos al realizar auditorías financieras que examinan la legalidad de las transacciones financieras y las auditorías de rendimiento que evalúan si los fondos públicos se usaron de manera eficiente y efectiva. Los informes de auditoría emitidos por las SAI contienen recomendaciones sobre cómo el gobierno puede mejorar la gestión financiera.

Sin embargo, con demasiada frecuencia, los gobiernos pueden ignorar los hallazgos de auditoría con impunidad, especialmente cuando no enfrentan presión por aplicar las medidas de solución recomendadas por los informes de la SAI. En la mayoría de los países, las SAI no pueden sancionar al gobierno ni obligar al poder ejecutivo a actuar en base a los informes de auditoría. Por el contrario, la SAI presenta sus hallazgos a la legislatura nacional, que luego debe decidir si tomar una acción formal en respuesta. Si bien las legislaturas pueden tener autoridad legal para exigir acciones correctivas, en la práctica con frecuencia no sancionan a los gobiernos ni exigen la implementación de las recomendaciones. La inacción legislativa puede ser resultado del partidismo basado en las afiliaciones políticas de los legisladores y ejecutivos y la falta de comprensión del contenido de los informes técnicos de auditoría.

La falta de acción de la legislatura en base a los hallazgos de auditoría con frecuencia se debe a los propios desafíos organizativos de la SAI. Las SAI con frecuencia tienen dificultades para comunicar su trabajo a audiencias externas o mantener el interés de los medios una vez que un titular sensacional ha desaparecido del foco de interés. Y muchas SAI se aíslan de contacto con la sociedad en general, por temor a que cualquier asociación con organizaciones de la sociedad civil (CSO) conduzca a acusaciones del gobierno de que los hallazgos de auditoría están sesgados y políticamente motivados.

Como resultado de la debilidad en las legislaturas y las SAI, los informes de auditoría raramente reciben el nivel de examen popular que merecen.

Afortunadamente, las SAI reconocen cada vez más la necesidad de interactuar con los ciudadanos. Las SAI en Argentina, India, Filipinas, Corea del Sur y Tanzania han establecido mecanismos para interactuar con los ciudadanos de forma creativa y significativa. Incluyen mecanismos por los que los ciudadanos pueden informar el fraude, desperdicio y abuso a través de “líneas de atención”, sugerir temas de auditoría para su revisión y participar en asignaciones conjuntas de auditoría y auditorías sociales. Tales formas de participación pública permiten transformar la manera en que el público ve el trabajo de las SAI.

El IBP cree que las SAI y las organizaciones de la sociedad civil son socios naturales con misiones superpuestas de promover la responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Una mayor interacción entre las SAI y las CSO puede producir beneficios mutuos. Las CSO en ocasiones ocupan una mejor posición que las SAI para implementar estrategias de comunicaciones que puedan presionar a los gobiernos a tomar acciones de solución en base a los hallazgos de auditoría. En países donde las SAI no tienen poder y recursos, las CSO pueden defender la necesidad de una SAI independiente y poderosa. Las CSO también pueden usar sus conocimientos de temas sociales y su presencia en el campo para compartir información sobre áreas críticas de operaciones del gobierno que requieren un examen de auditoría, e incluso pueden recopilar evidencia sobre los problemas en estas operaciones.

A su vez, las auditorías conducidas por las SAI pueden ser útiles para la sociedad civil. Las SAI poseen la obligación formal de investigar las finanzas del gobierno y sus informes de auditoría con frecuencia cubren las operaciones del gobierno en sectores sociales. Las CSO pueden usar los hallazgos de las auditorías de los sectores sociales para exigir acciones correctivas a los gobiernos sobre temas de su interés que puedan producir resultados efectivos en la entrega de servicios del gobierno en el campo.

El caso para una mayor participación entre las SAI y la sociedad civil también es consistente con un consenso emergente entre expertos que una mayor responsabilidad requerirá no solo instituciones estatales y no estatales más fuertes de supervisión sino también sistemas que promuevan mejores relaciones entre estas instituciones. Tal participación es particularmente relevante a la luz de la reducción de los espacios democráticos en el mundo y la necesidad de comprobaciones de los excesos de los gobiernos. El perfil de los hallazgos de auditoría y la falta de acciones de solución por parte de los gobiernos podría ser una forma prometedora y rentable de destacar el incumplimiento de los gobiernos en implementar proyectos con financiación pública y el cumplimiento efectivo de los servicios. Tal trabajo solo puede utilizarse para superar la inercia legislativa con respecto a las auditorías, y exponer la insensibilidad del gobierno para solucionar estos problemas, incluso después de haber sido detectados por auditorías independientes.

Lectura adicional

Esta publicación es de «That’s How the Light Gets In”: Making Change in Closing Political Environments, una recopilación de ensayos que examinan las evidencias respecto de cómo conseguir la rendición de cuentas fiscal en un entorno político más adverso. La recopilación es complementaria al Informe Anual 2016 del IBP.